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El Astillero acoge esta tarde «Ladrones de fuego», un documental sobre los incendios forestales desde el abandono rural y la gestión del monte
31 de juliol, per Nadia31/07/2026
Hay incendios que comienzan mucho antes de la primera llama. Empiezan cuando se cierra un camino, desaparece un rebaño y el monte pierde las manos que sabían cuidarlo. En ese tiempo casi invisible, sitúa su mirada Ladrones de fuego, la nueva película documental del director y productor audiovisual Francisco José Vaquero Robustillo.
Producida por Metáfora Visual, Ladrones de fuego nació al escuchar a habitantes de territorios afectados por los incendios forestales en 2025. El proyecto que el equipo estaba preparando quedó en suspenso y la cámara se desplazó hacia los lugares donde el fuego dejaba su herida. La película reúne testimonios de personas afectadas, bomberos forestales y voces vinculadas al campo, los montes y la biología, y amplía la mirada del incendio hacia la gestión del territorio y las propuestas para cuidar los ecosistemas y sostener la vida rural.
El resultado atraviesa buena parte de la geografía española. La parte vinculada a los incendios se rodó en Palencia, León, Zamora, Ourense y Cáceres; las experiencias de gestión y prevención llevaron después al equipo hasta Álava, Soria, Navarra y Tarragona. La película desplaza así la mirada del momento espectacular de las llamas hacia aquello que sucede durante el resto del año: cómo se gestiona el monte, quién permanece en él y qué conocimientos desaparecen cuando un territorio pierde población y actividad.
El título, Ladrones de fuego, deja deliberadamente una pregunta abierta. Vaquero prefiere que sea el público quien decida quiénes son esos «ladrones». La imagen remite al mito de Prometeo y lo invierte: si Prometeo robó el fuego a los dioses para entregárselo a los seres humanos, la película pregunta quién se lo ha arrebatado hoy al mundo rural.
Durante siglos, el fuego formó parte de la relación de las comunidades rurales con el territorio. Vaquero sostiene que «desde hace unas décadas el fuego se ha prohibido, se ha demonizado» y que una herramienta también empleada para manejar el paisaje ha terminado asociándose casi exclusivamente a su dimensión destructiva.
Ladrones de fuego no se limita al diagnóstico. Entre las respuestas que recoge aparecen la gestión forestal, la introducción de ganado de forma consciente y bien gestionada y políticas que permitan sostener la vida en los pueblos. «Cada territorio, cada lugar, cada ecosistema necesita de un ganado diferente y una forma de gestionar diferente», señala Vaquero. La película reivindica así algo aparentemente sencillo: que la prevención se construye durante todo el año y que no existe una única receta válida para todos los paisajes.
Uno de los hilos centrales del documental es el trabajo de los bomberos forestales. Sus testimonios desplazan la mirada desde el verano hacia los meses en que el incendio todavía puede prevenirse. También acercan al público a las distintas condiciones laborales del colectivo, al riesgo y a la exigencia profesional de quienes intervienen cuando la emergencia ya ha desbordado el paisaje.Vaquero considera difícilmente aceptable que quienes «se juegan la vida por defender un patrimonio natural, cultural, social e histórico» trabajen, en algunos territorios, en condiciones que califica de «nefastas». El rodaje le hizo valorar también «la importancia de las personas como agricultores y ganaderos que, aun no siendo bomberos forestales, dan su vida —en ciertos momentos de forma literal— por defender los pueblos y los montes que son de todos».
La proyección en El Astillero permitirá continuar esa conversación con el director después de la película. Vaquero, fundador de Metáfora Visual y director de Ganado o desierto y Vidas irrenovables, insiste también en la interdependencia entre el mundo rural y el urbano y en la necesidad de entender el cuidado del territorio como una responsabilidad
compartida. «Esto solo se puede revertir con la colaboración de todos», afirma, apelando al bien común y al respeto y cuidado de los recursos naturales.
La conversación saldrá de la sala dos días después. El domingo 2 de agosto, desde las 12:00 horas, la Finca de Rosequillo, en Villaescusa, acogerá la Romería Son Gigantes: una jornada de música, propuestas infantiles, artesanía y producción local que convertirá la defensa del territorio en encuentro y celebración. Primero, la pantalla para comprender lo que sucede cuando el paisaje deja de cuidarse; después, la romería para recordar que un territorio también se sostiene cuando quienes lo habitan se reúnen.
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Una mujer es deportada tras haber denunciado una agresión en el CIE de Barcelona
31 de juliol, per Nadia31/07/2026
Fuente:Vanessa Cevallos es una mujer de 41 años que tiene cuatro hijos y que vivía en España desde el año 2000. El 19 de mayo de 2026, el Tribunal de Instancia de Vilanova i la Geltrú autorizó el ingreso de Vanessa Cevallos en el CIE de Barcelona por una orden de expulsión del 16 de junio de 2023. Cinco días después de entrar en el CIE, la mujer de origen ecuatoriano sufrió una agresión por parte de un funcionario de la Policía Nacional en el módulo R-5 de este centro.
Había cubierto su litera con una toalla para poder dormir bien y tapar la luz del pasillo. A las 23 horas, un funcionario empezó a dar golpes con la porra en la puerta de la celda, mientras le pedía que quitara la toalla de la litera. A pesar de que trataba de explicarse, el policía empezó a gritar lo siguiente: “Tú que mierda te crees”, “no eres nadie, no sois nadie aquí” o “poned las quejas que queráis que me la suda, me lo paso por el forro de los cojones”. A las 2 de la mañana, estos mismos gritos y golpes se repitieron. Esta situación provocó que Vanessa Cevallos sufriera una crisis de ansiedad y taquicardias, y se orinase encima por el miedo.
A pesar de que su compañera de celda, Liliana Pamela López, pidió en reiteradas ocasiones un médico para atender a Vanessa Cevallos, el funcionario contestó: “Llamar las veces que queráis, que ya sabéis que hoy no hay médico”. Debido a la desesperación causada, Vanessa se autolesionó y se dio un cabezazo contra el espejo para poder ser atendida.
Finalmente, a las 2:30 de la mañana, los funcionarios llevaron a las dos internas al patio para tratar de tranquilizarlas. Mientras ambas se encontraban en el patio, el funcionario que amedrentó a Vanessa siguió riéndose de ella. La ambulancia no llegó al CIE hasta las 3 de la mañana y el funcionario que había originado el incidente quería acompañar a Vanessa al Hospital Universitario de Bellvitge. A raíz de estos hechos, el 27 de mayo, Vanessa volvió a tener una crisis de taquicardias y ansiedad que derivó en autolesiones.
La presentación de la denuncia y la deportación de Vanessa
La asociación antirracista t.i.c.t.a.c. ha ofrecido asesoría jurídica a Vanessa Cevallos desde que ocurrió la agresión. Altamira Guelbenzu, abogada y miembro de la cooperativa jurídica IACTA, presentó una denuncia por estos hechos el 2 de junio de 2026. La letrada, en representación de Vanessa Cevallos y Liliana Pamela López, exigía al CIE de Barcelona la identificación de los funcionarios de Policía Nacional que habían prestado servicio esa noche. El funcionario que cometió esta agresión no portaba su número de placa y Vanessa le describió como un “señor alto, fuerte y calvo”. “Yo pedí varias veces el número de placa al funcionario, pero nunca me lo dio”, afirma Vanessa Cevallos.
Además, Guelbenzu también pidió las grabaciones de las cámaras existentes en el módulo y patio desde las 20 horas del 24 de mayo hasta las 5 de la mañana del día siguiente. También se reclama al CIE una explicación de los motivos por los que Vanessa no recibió atención médica hasta que llegó la ambulancia a las 3 de la mañana.
“Cuatro días después de poner la denuncia, se deporta a la compañera de Vanessa (Liliana Pamela López)”, explica Altamira Guelbenzu. A pesar de que la única testigo de la agresión fue expulsada del país, la Sección de Instrucción nº23 del Tribunal de Instancia de Barcelona admitió a trámite la denuncia. Guelbenzu declara que “fue una sorpresa porque nos hacen caso muy pocas veces.”
Vanessa se sometió a un examen médico forense que confirmó la crisis de ansiedad que había sufrido aquella noche del 24 de mayo. Además, pudo declarar ante la jueza del caso el miércoles 1 de julio. Incluso, “la jueza afirmó que iba a preguntar al CIE sobre la identidad del funcionario implicado”, destaca la abogada. Sin embargo, en la mañana del 6 de julio, Altamira Guelbenzu recibe una llamada de la actual pareja de Vanessa. “A las siete y media de la mañana, me llama su pareja diciéndome que se la han llevado. El CIE había mandado un e-mail al juzgado el domingo diciendo que el lunes a las nueve tenía un vuelo hacia Quito. No teníamos margen de actuación alguno”, explica Altamira Guelbenzu.
Vanessa Cevallos fue avisada de su deportación esa misma mañana del 6 de julio. “A las 7 menos 10 de la mañana, me levantaron de la habitación 191 y me dijeron que tenía que recoger mis cosas. Me sacaron en pijama. No me dejaron coger el teléfono en ningún instante, ni avisar a Altamira o al padre de mis hijos. A duras penas, cogí el teléfono y pude decirle a mi novia que me deportaban”, sostiene Vanessa.
Esta deportación tuvo lugar a pesar de que Altamira Guelbenzu había solicitado el 15 de junio unas medidas cautelarísimas para evitar que se deportara a Vanessa. Además, debido a que Vanessa y su expareja estaban muy cerca de recuperar la custodia de sus dos hijos menores, Guelbenzu pedía también el fin del internamiento de Vanessa en el CIE. La Sección de lo Contencioso-Administrativo nº9 del Tribunal de Instancia de Barcelona denegó ambas medidas el 2 de julio, solo cuatro días antes de la deportación de Vanessa.
El proceso de reunificación de Vanessa con sus hijos
Vanessa Cevallos es madre de cuatro hijos y dos de ellos son menores de edad (tienen 8 y 7 años). “En pleno COVID, discutí con mi ex y nos separamos. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA, organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña) nos quitó a los niños en ese momento porque no tenía medios económicos ni documentación en regla, y el piso de protección oficial en el que vivía estaba en nombre de mi expareja”, recuerda Vanessa Cevallos.
En principio, los niños estuvieron en una residencia de Aldeas Infantiles en Sant Feliu de Codines. Hoy en día, los menores se encuentran en la Casa d'Infants del Vendrell. Tanto los niños como los padres han recibido la atención psicóloga de Rosa Rabbani, psicóloga y terapeuta familiar de la asociación El Turó Salut Mental. “Al principio, Vanessa estaba totalmente destruida y tuve que trabajar con ella el trauma que supone que te quiten unos hijos”, resalta Rabbani.
No obstante, “desde 2022, empecé a hablar con mi ex para tratar de volver a reunirme con mis hijos. Anteponemos la crianza, la felicidad y la seguridad de nuestros hijos a nuestros problemas como adultos”, desvela Vanessa Cevallos. Según Rosa Rabbani, “la evolución de Vanessa y su expareja como padres ha sido buenísima. He visto un enorme esfuerzo por parte de los dos de reconducir las cosas, de reconstruir una vida en la que puedan tener cabida dos niños”.
Durante estos seis años, la familia estaba trabajando en un proceso de retorno familiar junto a los profesionales de la asociación El Turó Salut Mental. De hecho, el Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Alt Penedés iba a decretar el regreso de los hijos con sus padres. “Estaba decidido ya que los niños iban a volver con sus padres. Durante el último curso, los niños han ido a un colegio cercano a la casa donde viven sus padres. Los padres estaban todas las tardes con ellos. Cuando salían del colegio, los iban a buscar, los llevaban al centro y estaban con ellos haciendo los deberes. Por la mañana, volvían a ir al centro para buscarlos y llevarlos al colegio”, detalla Rosa Rabbani.
Esto mismo aparece recogido en un informe psicológico elaborado por Rosa Rabbani que fue incorporado a la solicitud de medidas cautelarísimas ejercida por Altamira Guelbenzu. En el propio informe, se explica que “una interrupción o ruptura del vínculo con su madre podría tener consecuencias gravemente perjudiciales para los dos menores, tanto a nivel emocional como en la estabilidad del proceso de reunificación familiar”.
Además, Altamira Guelbenzu afirma en esa solicitud de medidas cautelarísimas que “la administración pretende ejecutar una orden de deportación basada en una realidad de 2023 (cuando Vanessa no tenía contacto diario con sus hijos), ignorando los hechos nuevos de 2026”. Guelbenzu considera que no se debe deportar a Vanessa porque mantiene un arraigo familiar sólido en España y se provocaría una vulneración del artículo 135 de la Ley 29/1998 (situación de especial urgencia) y el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor (interés superior del menor).
Sin embargo, la Sección de lo Contencioso-Administrativo nº9 del Tribunal de Instancia de Barcelona considera que este proceso de retorno familiar no es suficiente y que la deportación de Vanessa no vulnera el interés superior del menor ni la protección de la vida familiar. “Esto solamente ocurre cuando la decisión la toman personas tremendamente crueles. Es una forma de acallar a las personas que se atreven a denunciar”, sostiene Rosa Rabbani. Para Altamira Guelbenzu, “la Administración y la Justicia no han tenido en cuenta el interés de los menores. Es una brutalidad y algo muy cruel”.
No es el primer caso en el CIE de Barcelona
El CIE de Barcelona, también conocido como CIE de la Zona Franca, cuenta con varias agresiones y casos de malos tratos en su historial. El 21 de julio de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite una demanda por una agresión ocurrida en el centro el 12 de enero de 2020. El Gobierno de España no realizó la investigación correspondiente en su momento. Un agente de policía golpeó con el puño al demandante, que se dirigía a su habitación, y le hizo caer. Posteriormente, el interno (una persona afectada por el síndrome de abstinencia de cocaína) fue inmovilizado y varios agentes le trasladaron a la enfermería, donde le suministraron Diazepam.
Esa misma noche del día de la agresión, el demandante trató de suicidarse. Esta persona no pudo relatar estos hechos ante ningún tribunal porque fue expulsado del país 11 días después. Cuando volvió a España para declarar (febrero de 2021), las autoridades policiales no aportaron la totalidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto. Tras presentarse un recurso ante la Audiencia Provincial, el caso fue sobreseído en junio de 2024.
es otro ejemplo de actuación negligente por parte del CIE de Barcelona. Tras haber saltado la valla de Melilla, Idrissa Diallo fue detenido y permanecía en el CIE de Barcelona desde el 20 de diciembre de 2011. El 5 de enero de 2012, Diallo fue trasladado de urgencia a un hospital por una insuficiencia cardiaca, muriendo horas después. Compañeros de celda de Idrissa Diallo denunciaron una omisión del deber de socorro por parte de los agentes policiales del CIE. La familia de Idrissa Diallo desveló que no se les comunicó su muerte y su cuerpo fue localizado cinco años después de su fallecimiento. Tras la recogida de 17.840 firmas, la plaza barcelonesa Antonio López dejó de portar el nombre y la estatua de este esclavista para pasar a denominarse la plaza Idrissa Diallo.
La actual vida de Vanessa en Ecuador
Cuando el vuelo de Vanessa aterrizó en Quito, las autoridades españolas no le prestaron ningún tipo de ayuda. “Me dejaron tirada en Quito y me dijeron “Bueno, qué tengas suerte”. Solo tenía 20 euros y tuve que coger un autobús que tardó 9 horas hasta Guayaquil”, cuenta Vanessa. Ella vive actualmente con su abuela en Guayaquil y trata de mantener el máximo contacto posible con sus hijos. “No hay un día que yo no hable con ellos por teléfono, pero siempre acabamos llorando”, lamenta Vanessa.
La deportación de Vanessa ha provocado que el proceso de retorno familiar haya quedado paralizado. “El proceso está ahora en pausa. De pronto, la mitad de las dos personas que tienen que hacerse cargo de dos niños ya no está. Ahora tienen que valorar si el papá solo va a poder hacerse cargo de los niños”, comenta Rosa Rabbani. La psicóloga también observa que “los niños están fatal y tristes. Lloran mucho cada vez que se les saca el tema porque quieren ver a su mamá”.
A nivel judicial, la ausencia de Liliana Pamela López y Vanessa Cevallos complica en gran medida el futuro de la denuncia contra el funcionario del CIE de Barcelona. Según Altamira Guelbenzu, “en el proceso penal, nos estamos quedando sin pruebas porque se ha expulsado a las dos únicas testigos y perjudicadas”. Guelbenzu, como miembro del Grupo de Apoyo al Módulo de Mujeres, sigue asesorando a Vanessa tras su deportación a Ecuador.
“Yo voy a volver. Y si tengo que estar cinco años en la sombra, voy a estar cinco años en la sombra. Pero, me parece injusto que, llevando más de 25 años en España y teniendo cuatro hijos aquí, se me haya deportado sin considerar el daño psicológico irreversible que pueden sufrir mis hijos”, concluye Vanessa Cevallos. En el momento de publicación del reportaje, El Salto ha tratado de ponerse en contacto con el CIE de Barcelona, pero no ha recibido respuesta.
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Comunalismo libertario: lo común, el cuerpo y la vida en el centro
29 de juliol, per Patricia Manrique29/07/2026
(Originalmente publicado en el periódico CNT nº 444. Dosier: "Por la revolución social")
A noventa años de la Revolución Social de 1936, de aquella experiencia de vida en común en la que las colectivizaciones fueron producto material de un músculo revolucionario vivo y no de una mera planificación abstracta proyectada al porvenir, nos encontramos ante la imperativa necesidad de subvertir un orden de las cosas que es una guerra declarada contra la vida. Y solo podemos hacerlo en común y por lo común, actualizando el comunismo libertario con las herramientas que nos ha dado la lucha. Por ello, no conmemoramos desde la nostalgia, como quien recuerda un hito petrificado de la historia obrera; queremos activar aquella potencia revolucionaria en un presente de guerra social permanente en el que el credo neoliberal nos condena a una existencia invivible.
El pensamiento anarquista no sólo está en plena renovación sino que, además, ha ganado actualidad. Un “anarquismo extramuros”, en expresión de Tomás Ibáñez, enriquece el panorama de las luchas del presente adoptando herramientas analíticas y de lucha libertarias. Extirpando ciertos tics decimonónicos, del positivismo científico y algunos mitos de la Ilustración y apoyados en las herramientas críticas del post-estructuralismo, la deconstrucción, los feminismos antiesencialistas y el pensamiento decolonial, surgen interesantes actualizaciones de las ideas libertarias como el «anarquismo posfundacional» del propio Ibáñez, de impronta foucaultiana. Su lectura nos conmina a evitar el error de entender el poder como un bloque monolítico ubicado en las altas esferas del Estado. Muestra, así, que el poder es relacional, capilar y omnipresente, por lo que pensar que para la revolución baste con destruir el Estado es una ilusión. El poder coloniza nuestras relaciones cotidianas, lenguajes y dispositivos tecnológicos, siendo la libertad, en consecuencia, una práctica de resistencia, un ejercicio cotidiano de desobediencia, y no tanto un punto de llegada. Ibáñez advierte, asimismo, de que la sociedad perfecta no existe y pretender imponer un modelo puede conducir al totalitarismo.
El desafío revolucionario actual pasa por desactivar los micropoderes que reproducimos cada día y reactivar la brújula de lo común desde la rotunda materialidad del cuerpo, comunalizando, esto es, conjugando en común la existencia toda. Para Suely Rolnik, feminista deleuziana, la revolución fracasa si solo cambia las estructuras estatales pero deja intacto el inconsciente colonial-capitalista, porque la emancipación exige una insurrección del deseo que nos lleve a crear redes de afinidad frente a la subjetivación neoliberal. John Holloway, por su parte, propone multiplicar los espacios donde rescatemos nuestra potencia creativa y comunitaria de forma horizontal y asamblearia, saboteando la reproducción del capital mediante la negativa a obedecer sus lógicas en nuestra vida. La revolución se hace, a su juicio, expandiendo los espacios liberados, “en las grietas" del sistema, en esos surcos donde se siembra hoy la praxis de lo común, alternativa al binarismo tóxico de lo público-estatal y lo mercantil-privado. Se trata, como puede observarse, de ideas, todas ellas, muy afines al pensamiento libertario.
Volviendo al binarismo público/privado, necesitamos superar en nuestros análisis esta dicotomía impuesta, funcional al capitalismo (neo)liberal, para poner en juego las políticas de lo común, la comunalización. Ni una "tercera vía" tibia ni, como a menudo se presenta, un mero complemento a la generalidad capitalista, se trata de un cambio de lógica radical que coloca nuestra vulnerabilidad e interdependencia en el centro de la reflexión política, impugnando la trampa del individualismo. Prácticas por todo el planeta — recogidas, por ejemplo, por Dardot y Laval en Común: ensayo sobre la revolución en el siglo XXI— muestran que mientras lo privado se basa en la exclusión y lo público-estatal en la gestión lejana y la delegación, lo común se sostiene mediante la inclusión, la corresponsabilidad y el cuidado. No “es” ni “se tiene” —herencia del antiesencialismo y del antisustancialismo—: se hace comunalizando, a través de la práctica de comunidades que deciden qué es esencial para su vida y lo gestionan colectivamente, devolviendo la agencia a quienes ya no admiten ser clientes ni administrades.
Somos herederes de modos de vida en común expropiados por los cercamientos capitalistas que Silvia Federici ha historizado, mostrando que el capitalismo no medró por "evolución natural", sino aplastando violentamente alternativas comunales viables. Y la globalización actual opera el cercamiento final de nuestros bienes comunes —cultura, vivienda, salud, educación…— como ponen de relevancia de Vandana Shiva a Naomi Klein, para quienes recuperarlos constituye nuestro principal deber ecológico y político. Con El amanecer de todo, de David Graeber y David Wengrow, podemos entender, además, lo común, no como una etapa histórica ya superada por la evolución hacia el individuo-propietario, sino como un modo de organización del mundo y de las relaciones sociales siempre latente en la(s) historia(s) de la humanidad. Su marginalización obedece más a construcciones ideológicas que a inevitabilidades antropológicas.
Una de las grandes lecciones de la Revolución Social de 1936 es que el estallido colectivizador no brotó de la nada, que fue el fruto maduro de décadas de cultura obrera organizada, de formación emancipatoria en los ateneos libertarios y de un sólido músculo colectivo y comunal previo. La teórica Peggy Kornegger ha analizado, en su "Anarquismo: la conexión feminista", un clásico de esta corriente, cómo décadas de colectivismo y de cooperación rural asentaron las bases para que el anarquismo teórico arraigara con fuerza en la península. Editora de la revista feminista norteamericana The Second Wave [La Segunda Ola], popularizó el lema radical "lo personal es político" a través de un prisma netamente libertario. Hoy encontramos interesantes apuntes para una perspectiva comunalista libertaria en los cruces entre los ecofeminismos materialistas y las economías de los cuidados que sitúan la vida en el centro de la acción política, rompiendo con la escisión burguesa entre el ámbito de la producción y la reproducción. Comunalizando los cuidados, despojamos al mercado de su capacidad de mercantilizar nuestras necesidades más íntimas.
La economía autogestionada que la CNT ha defendido desde su X Congreso es una plasmación práctica de comunalización libertaria. Los grupos autogestionados de consumo, las huertas colectivas, las cooperativas de trabajo asociado o de vivienda en cesión de uso, los grupos de trabajos colectivos… no son meras alternativas de producción y consumo, sino herramientas de combate cotidianas que expropian terreno y poder al mercado capitalista. Permiten dotarnos de una infraestructura revolucionaria que hace posible la sostenibilidad de nuestras existencias fuera del capitalismo.
Noventa años después de nuestra revolución libertaria disponemos de mejores herramientas teóricas y prácticas para operar una transformación profunda que desaloje el credo neoliberal de nuestras entrañas, instituyendo la praxis de la comunalización como nuevo sentido común en nuestras sociedades. Esta emancipación no se dará en los altares de la política abstracta y androcéntrica y exige lo que he llamado en otro lugar “domestizar lo político”: desplazar la mirada para poner en el centro de la política económica autogestionada la zoé —la vida vulnerable, corpórea y ecodependiente que compartimos cada terrícola—, vinculada al ámbito doméstico, constantemente despolitizado en la historia occidental. Porque la revolución pasa, necesariamente, por la alegría de sentir en común que nuestras vidas son felizmente vivibles y es una cuestión comunal pero, a la vez, íntima. Y nos va la vida en ello.
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Puñetazos y patadas: la UE señala malos tratos en las cárceles de Huelva, Algeciras y Puerto III
29 de juliol, per Nadia29/07/2026
Fuente:Bofetadas, puñetazos, golpes con porras, patadas y falaka (método de tortura que consiste en golpear la planta de los pies con porras), son algunas de las violencias que se producen en las cárceles del Estado Español denunciadas por el último estudio del Comité para la Prevención de la Tortura de la Unión Europea (CPT).
El informe recoge las denuncias en centros penitenciarios entre enero de 2024, año en el que se produjeron 281 denuncias, y el primer trimestre de 2025, en el período se recogieron 81 denuncias. Este estudio de la UE “demuestra una tendencia al alza” ya que en tanto en 2023 como en 2022 se produjeron menos denuncias de este tipo: 262 y 247 respectivamente.
“Si no se pueden monitorizar las agresiones puede pasar de todo”, expone el activista anti tortura Jorge del Cura sobre la falta de registro de muchos casos de malos tratos en las cárceles.
Este informe pone especial foco en los tres centros penitenciarios donde más se han recogido estas agresiones en todo el territorio, los tres son andaluces: Huelva (20 denuncias), Algeciras (17) y Puerto III (16). Estas tres instituciones concentran más del 14% de todas las denuncias cometidas en los 70 centros penitenciarios del Estado español.
La cárcel de Huelva, “un agujero negro”
Un interno en silla de ruedas entrevistado por la delegación del CPT denunció que el 22 de febrero de 2025 “un grupo de funcionarios de prisiones entró en su celda y procedió a proponerles golpes con porras en la cabeza y el torso, así como patadas en la pierna” , la agresión se produjo después que el prisionero anunciara su intención de autolesionarse.
Otro preso en la prisión onubense denunció ante el comité de la UE que el 7 de agosto de 2024 “tras ser escoltado a la sala de registros del Módulo 16 esposado a la espalda fue objeto de una serie de insultos homófobos tanto verbales como físicos por parte de los funcionarios de prisiones”. La supuesta agresión incluyó: bofetadas en la cara, puñetazos en el pecho y golpes con una porra en las nalgas y la parte posterior de las piernas. Un certificado médico del mismo día corrobora las lesiones.
Estas son dos de las denuncias que recoge el informe elaborado por la UE. La respuesta del Gobierno acerca del episodio de febrero de 2025 es que “las lesiones que constan en el informe médico del interno. difícilmente encajan con el relato de hechos que se recoge en el informe de elevación de Jefatura de Servicios” y que la actuación está siendo objeto de una investigación aún en proceso. También expone que no se visionaron las cámaras ni extrajeron las grabaciones de las imágenes que pudieran existir.
“La cárcel de Huelva es un agujero negro, es muy complicado saber lo que pasa en el informe anterior, en 2020, la CPT ya dijo que llegaba información conflictiva que era muy difícil de contrastar”, expone Jorge del Cura, activista contra la tortura y Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. El último informe elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura(MNP), órgano perteneciente al Defensor del Pueblo, en 2025 expuso acerca de la cárcel onubense que el centro penitenciario no había cumplido con lo exigido en una visita en 2021 “ dotar a los centros de cámaras fotográficas o dispositivos análogos que permitan la captura de fotografías o imágenes de las lesiones”.
En la visita que el organismo estatal realizó en 2021 tras la petición del Comité antitortura de la UE que visitó el enclave en 2020, el MNP elaboró una serie de indicaciones que fueron rechazadas por el CP Huelva como eliminar las concertinas y mallas en los patios del módulo de régimen cerrado, cubrir las vacantes de funcionarios, especialmente de facultativos médicos o que se dicten las órdenes oportunas para que se tomen fotografías de las lesiones. Del Cura recuerda “si no se puede monitorizar las agresiones puede pasar de todo”.
Según el sindicato CSIF la cárcel de Huelva alberga actualmente a 1.350 personas, un 134% más de su capacidad. En 2022 los sindicatos Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y UGT ya denunciaban que “el centro penitenciario de Huelva vive uno de los peores momentos de su historia” y que tenía un déficit del 50% de los trabajadores sanitarios que se necesitan para la asistencia.
Puerto III, sin personal médico
El 4 de marzo de 2025, según alega a la comisión un interno de la cárcel Puerto III, tras pedir en varias ocasiones tabaco y “en vista de su estado de agitación, un grupo de diez funcionarios de prisiones entró en su celda, lo inmovilizó y procedió a agredirlo físicamente con puñetazos, patadas, golpes de porra incluso en la planta de los pies mientras yacía en el suelo esposado”.
El informe del MNP de 2024 exponía que en el Puerto III hay un déficit del 67% en personal médico
El certificado médico emitido ese mismo día confirma las heridas que le produjo la supuesta agresión. La respuesta del Gobierno español a este caso expone que la “agitación y violencia” del interno provocó que se “ordenara la intervención con uso de fuerza”.
El informe señala que además de las agresiones físicas se produjeron en el período de estudio en el centro penitenciario del Puerto III 348 medidas de aislamiento, y en aproximadamente el 29% de los casos, por un período de 10 a 14 días. El informe del MNP de 2024 exponía que en el Puerto III hay un déficit del 67% en personal médico.
Es bastante habitual en la prisión de Puerto III que los presos se quejen de la retirada de su medicación. La falta de personal sanitario afecta a toda la prisión pero se ceba especialmente con las personas más vulnerables”, expone Marta Hornos, responsable de Cárceles en la Apdha.
Algeciras, una de las cárceles con mayor mortalidad
Una interna de la prisión de Algeciras, según expone el informe del comité de la UE, denunció que el 8 de diciembre de 2024 al “mostrar signos de agitación aparentemente debido a su solicitud de medicación” un grupo de “seis funcionarios de custodia entraron en su celda y la golpearon varias veces con una porra en las piernas”. Posteriormente como indica el informe fue trasladada a una celda de aislamiento.
El certificado médico posterior indicaba la presencia de varios hematomas en las piernas “compatibles con las medidas de sujeción aplicadas”. La respuesta del Gobierno español sobre este caso es que “ante la imposibilidad de mantener con ella una comunicación normal, la incoherencia de su discurso y la agresividad con la que se le enfrentaba, se decide la intervención con uso de fuerza física personal y defensas de goma”.
En 2022 el Defensor del Pueblo realizó una visita al centro penitenciario Botafuegos-Algeciras en el que expuso entre distintas cuestiones la deficiencia en el registro de las denuncias de malos tratos así como que muchas de las denuncias de internos realizadas durante 2020 no estaban anotadas en el Libro de Registro de Quejas de Malos Tratos de la institución.
“Hay una opacidad absoluta que suele venir por la existencia de descontrol de algunos espacios, lo que genera impunidad”, expone Marta Hornos, portavoz de Cárceles de la Apdha.
Otro de los focos era la preocupación por la desaparición de la unidad de apoyo a drogodependientes y a la atención a la salud mental. La cárcel de Algeciras es uno de los centros donde más muertes a causa de suicidio y sobredosis se registran en todo el Estado español. Según el sindicato ACAIP entre 2018 y 2024 al menos 34 reclusos habían fallecido en el centro a causa de sobredosis o suicidio. En 2025 se produjeron 4 fallecimientos por sobredosis en este Centro penitenciario y el pasado marzo según fuentes policiales varios internos murieron al consumir drogas impregnadas en cartas.
Impunidad y silencio
“La práctica de la tortura en los espacios de privación de libertad en el estado español, en especial las prisiones, preocupan a todos los organismos internacionales”, sostiene Hornos, que añade que se conoce muy poco al respecto “Hay una opacidad absoluta que suele venir por la existencia de descontrol de algunos espacios, lo que genera impunidad”.
Según la portavoz de la Apdha es muy difícil que las internas e internos denuncien este tipo de situaciones: “En la mayoría de los casos no llegan a plantear denuncia ante el juzgado de guardia por miedo a las represalias y a que no confían en que la denuncia prospere, pues en la mayoría de las ocasiones estas denuncias son archivadas, sobre todo si no van acompañada de un parte de lesiones que corrobore el relato y en muchas ocasiones, es difícil obtenerlo”.
En el caso de que la persona agredida consiguiese denunciar y que prosperase no se asegura que se realice una investigación exhaustiva como expone Del Cura “los jueces de instrucción generalmente piden información a los centros penitenciarios y con eso mismo archivan la denuncia”.
La tendencia al alza de este tipo de denuncias corresponde según el activista a un contexto “de mano dura cada vez más fuerte, se han olvidado de la inserción” y que esta violencia se encuentra muy legitimada dentro de la sociedad “el 99% de las películas y series de policía son una apología a la tortura y los malos tratos”. Y además añade “es muy difícil cambiar esto, no hay voluntad política, se niega la existencia de estas torturas o se minimiza”.
Hornos pone el foco en señalar en la falta de funcionamiento de los protocolos “Faltan mecanismos efectivos e independientes de control: el Mecanismo Nacional por ejemplo no entra a investigar casos concretos y el Defensor del Pueblo se inhibe afirmando que es un tema judicial”.
Según el informe SPACE I 2025 del Consejo de Europa los centros penitenciarios tienen una de las tasas de suicidios más elevadas de toda EU, con una media de 7,5 por cada 10.000 internos. En las prisiones españolas además se cumplen de las condenas más altas, una media de permanencia de 20 meses, muy superior al promedio europeo de 8,8 meses.
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Otro fallecimiento en la prisión de Zaballa, Araba
28 de juliol, per Nadia28/07/2026
Fuente:El pasado martes nos encontramos con la triste noticia de otro fallecimiento en la prisión de Zaballa.
Desde Salhaketa Araba queremos, ante todo, hacer llegar nuestro más sentido pésame a la familia y a las personas allegadas, en un momento tan difícil como éste.
J.J.H., de 60 años, natural de Bizkaia, cumplía condena en el módulo 3 de la cárcel de Zaballa. Su salud llevaba tiempo empeorando: un deterioro cognitivo severo le impedía reconocer nombres y rostros, algo que la propia prisión reconocía habiéndolo sacado del módulo para mantenerlo casi siempre bajo vigilancia en la enfermería. Su único vínculo familiar cercano era una hermana de avanzada edad, ella misma con problemas de salud, en ningún caso en condiciones de asumir su cuidado. Que una persona con este grado de deterioro siguiera en prisión, sin que se activaran las medidas alternativas que la ley contempla para casos como el suyo, no es un descuido puntual: es el reflejo de un sistema que prefiere seguir castigando y encerrando antes que reconocer sus propios límites.
En los días previos a su muerte había manifestado dolor en el costado y sangre en las heces. Había sufrido también una caída que llamó la atención de sus compañeros de módulo: no sangró como cabría esperar de un golpe de ese tipo. Un detalle que hoy, visto con perspectiva, señala hacia una gravedad que nadie quiso ver a tiempo.
El lunes 20 fue una funcionaria quien tuvo que forzar la situación para que el personal médico accediera a valorarlo, estando J.J.H. ya visiblemente muy mal. La funcionaria se encontró primero con una negativa y con un consiguiente conflicto. Gracias a su insistencia, J.J.H. acabó siendo trasladado al hospital. Murió esa misma noche.
Quienes han podido reconstruir lo ocurrido no han sido ni la dirección del centro ni los servicios médicos, sino un grupo de presos que llevaba tiempo cuidando de él de manera informal. Este dato, por sí solo, dice mucho: nos habla de la resistencia y la solidaridad que las personas privadas de libertad ponen en práctica en un contexto marcado por el castigo y el abandono, que los quisiera enemigos entre ellos. Nos dice también que dentro de la cárcel, el cuidado y la información terminan recayendo en quienes menos margen tienen para ejercerlos, mientras la institución guarda silencio. No hablamos de una filtración de información incómoda ni de un fallo puntual de comunicación: el silencio es parte del engranaje que sostiene a la cárcel tal y como funciona, y frente a él hace falta construir formas propias de mirar y de organizarnos desde fuera.
Hablar de transparencia, para nosotras, no puede reducirse a que la administración cumpla con algún trámite mínimo. Hablar de transparencia es reivindicar que la sociedad tiene derecho a saber qué pasa dentro de una cárcel y a ponerlo en cuestión, es abrir de una vez el debate sobre en qué condiciones viven las personas presas, y es asumir, entre todas, que lo que ocurre tras esos muros también es responsabilidad política de quienes estamos fuera.
La muerte de J.J.H. no puede leerse como un hecho aislado. Zaballa acumula ya demasiadas muertes bajo custodia en los últimos años, y cada una de ellas debería obligarnos a repensar qué tipo de justicia y de sociedad estamos sosteniendo con nuestro silencio.
CONVOCAMOS CONCENTRACIÓN EN GASTEIZ EL JUEVES 30 DE JULIO EN LA PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA A LAS 12:00.
