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Pacto Europeo de Migración y Asilo o la guerra contra los migrantes
7 de juliol, per adiospgou07/07/2026
Fuente:El Pacto Europeo de Migración y Asilo incorpora novedades como la ampliación de Eurodac a menores desde los seis años, los procedimientos acelerados en frontera y un uso más amplio de los conceptos de "país seguro". Todo esto refuerza el enfoque securitario de la política migratoria europea y contribuye a la reducción de garantías para los migrantes.
Para conocer a qué nos enfrentamos con la reciente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), hay que superar el enredo de los “valores civilizatorios europeos” y sus pretendidas alturas morales y desentrañar la materialidad de las políticas que se están implementando.
Es cierto que ni la priorización del control de las fronteras exteriores de la UE ni su externalización son nuevas. Lo que hace el PEMA es llevarlas más lejos en el sentido de una mayor securitización —tratamiento de la migración en términos de enemigo externo— y de una menor protección de las vidas de los y las migrantes. Una de las incorporaciones más preocupantes en este sentido es la creación de una suerte de limbo territorial en la frontera. De esta forma, quienes hayan llegado a territorio europeo a través de lo que la UE califica como "vías irregulares" no se considerarán en territorio europeo pese a hallarse físicamente en él –opera una ficción jurídica según la cual no se autoriza formalmente la entrada en el territorio del Estado miembro mientras dura el procedimiento fronterizo–. En este nuevo no lugar se llevará a cabo el “triaje”, esto es, la discriminación entre personas aptas y no aptas como demandantes de protección internacional.
Menos garantías, menos protección
Este nuevo "procedimiento de frontera" acelera los plazos del proceso de solicitud de asilo con la consecuencia de que reduce las garantías legales de las personas solicitantes, que pueden quedar privadas de libertad durante los siete días de duración del procedimiento, incluyendo a familias con menores y a menores no acompañados.1 No está claro que este tiempo de detención exija una autorización judicial, ni tampoco se garantiza el derecho a asistencia letrada o humanitaria. Ni siquiera se especifica si, en caso de denegación de la solicitud, habrá posibilidad de impugnación respecto de la misma. En caso de interponerse recurso, tampoco se prevén suspensiones automáticas que impidan que una persona sea deportada antes de que se reconozca su derecho de asilo.
Aunque para la UE es una prioridad el “retorno” de las personas migrantes, es decir, su deportación, de momento solo consigue deportar a un 20% de los inmigrantes que reciben una orden de expulsión. Para acelerar y mejorar el proceso de expulsión el PEMA ha creado dos figuras: la del "país seguro de origen" y la de "tercer país seguro". La primera se concreta en un listado común de siete países etiquetados como seguros donde un país puede declararse "seguro" aunque parte de su territorio no lo sea o, de manera específica, no lo sea para alguna minoría concreta—. En esta lista, figuran países como Marruecos, Túnez, Bangladesh y Colombia, y también estados candidatos a adherirse a la UE (como Turquía). A esta lista común, cada país miembro añade su propia lista discrecional de países seguros.
Este concepto de "país seguro de origen" se utiliza para deportar a los solicitantes de asilo a los países de los que huyeron
En la práctica, este concepto de "país seguro de origen" se utiliza para deportar a los solicitantes de asilo a los países de los que huyeron, así como a Estados por los que hayan transitado, tengan o no algún tipo de vínculo con ellos (cultural, familiar, laboral, etc.) –a través de la figura complementaria de "tercer país seguro”–. Quedan así legalizadas políticas estatales de externalización de fronteras y de creación de "centros de retorno", esto es, de centros de detención que llevan tiempo siendo promovidos por diferentes gobiernos europeos como el italiano y el danés en Albania y Ruanda respectivamente.*
Criminalización de los migrantes
Así pues, el PEMA radicaliza la criminalización de la migración en tres sentidos. Primero porque las personas privadas de libertad en centros de detención en un país tercero tienen menos garantías legales que si estuvieran en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) dentro de un país de la UE. La diferencia esencial es que los CIE intracomunitarios están sujetos a un control judicial y unos estándares de derechos fundamentales homogéneos dentro del espacio UE, mientras que los centros en terceros países dependen de la voluntad y capacidad institucional del país anfitrión. En otras palabras, aunque en los centros externalizados los motivos y plazos de la detención o el trato y las condiciones materiales en las que esta se desarrolla dependen de la legislación del Estado que ordena el traslado, ¿cómo se fiscaliza esto en la práctica? Es preciso recordar aquí que ni las personas encerradas en centros de detención ni las internas en un CIE han perdido su libertad por haber perpetrado delito alguno, sino únicamente por haber cometido una infracción administrativa. Parece necesario apuntar por último que las personas encerradas en los CIE padecen una situación de privación de libertad menos garantista que las presas: porque el régimen interno de los CIE depende de un reglamento –y no de una ley orgánica–, porque estos no cuentan con la supervisión permanente de una institución específica como es el juez de vigilancia penitenciaria, porque es la policía quien custodia su seguridad. Porque, en definitiva, cuanto menos control judicial y menos garantías, más fácil resulta ejecutar las expulsiones, aunque sea a costa de los derechos de las personas.
En segundo lugar, porque las medidas punitivas se extienden también a la solidaridad: el Consejo de la UE aprobó en diciembre de 2024 —con el único voto en contra de España— un reglamento que amplía la definición del delito de apoyo a la inmigración irregular y aumenta las penas de prisión a los llamados "facilitadores". En el punto de mira de esta regulación están, evidentemente, todas las personas, colectivos u ONG que defienden la libertad de movimiento actuando de forma solidaria con vecinos y vecinas que se encuentren en situación administrativa irregular o "sin papeles".
Eurodac facilitará el perfilamiento y discriminación racial permitiendo el acceso a sus datos con fines policiales
Por último, porque las personas migrantes y demandantes de protección internacional pasan a convertirse en delincuentes potenciales engrosando la base de datos biométricos y alfanuméricos del sistema Eurodac, también afectada por el PEMA a través del reglamento 2024/1358. Eurodac incluirá los datos biométricos de menores a partir de los seis años; impedirá que personas a las que se haya denegado el asilo en un país de la UE traten de solicitarlo en otro y facilitará el perfilamiento y discriminación racial permitiendo el acceso a sus datos con fines policiales.
Nos hallamos, por tanto, en un escenario de guerra a la migración. Una migración que se construye, de entrada, como enemigo externo –aunque una parte de ella vaya a permanecer también como enemigo interno–. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Para la socialdemocracia europea y para la izquierda en general la causa de "todo lo malo" podría resumirse en el avance de la extrema derecha. Es cierto que vivimos en un contexto de fuerte derechización tanto a nivel institucional como social. También es verdad que, en términos de políticas de migración y asilo, esta extensión de ideas fuertemente reaccionarias, nativistas y racistas se despliega a una escala global. Las consecuencias son conocidas: el papel del ICE, el fortalecimiento del punitivismo o pogromos en ciudades europeas. Los miedos sobre lo que pueda suceder son, por tanto, más que legítimos.
Sin embargo, ¿en qué medida cabe reducir la consolidación de la Europa fortaleza que encarna el PEMA al influjo del trumpismo o la militarización de las fronteras al marco actual de derechización global? Desde una apuesta de transformación que pretenda abrir un conflicto contra estas políticas, parece más productivo entender la radicalización del racismo como una consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por gobiernos de uno y otro signo en los estados europeos y, desde luego, en la UE como proyecto supranacional.
Mitos de la inmigración
Puede resultar más útil por tanto preguntarnos por qué una Europa envejecida con baja natalidad querría cerrar sus fronteras. Y aquí la respuesta tentativa es que las fronteras no se están cerrando, sino haciéndose cada vez más infranqueables y letales "solo" para una parte proporcionalmente muy menor de las personas que migran. Según los datos aportados por el sociólogo y geógrafo Hein de Haas en Mitos de la inmigración, "entre 1997 —año en el que se iniciaron los conteos sistemáticos— y 2020, el número anual medio de llegadas por mar registradas desde el norte de África hasta Italia, España y Malta […] fue de 64.600 llegadas anuales a esos tres países. Aunque son cifras significativas, se trata solo de aproximadamente el 3 o 3,5 % de los dos millones (de media) de migrantes no pertenecientes a la Unión Europea que entran en la UE todos los años". Para los países que integran la Unión Europea, en general, se calcula que las entradas irregulares suponen alrededor de un 5 % respecto del total de entradas desde países no miembros.
¿Qué sentido tiene el denso entramado represivo que el PEMA apuntala?
En la actualidad, los países europeos dependen fuertemente de la mano de obra extranjera, como bien ha aprendido Gran Bretaña que sigue sufriendo las consecuencias del Brexit. Las migraciones no se han detenido, que fue una de las promesas del Brexit, sino que han cambiado de origen. La gente migra por motivos laborales y en busca de buenas condiciones materiales de vida. Es preciso pelear para que estas no dependan de un empleo explotado. En cualquier caso, mientras entramos en conflicto con el capital, conviene no romantizar la migración. Es inusual que alguien decida separarse de su lugar de origen —de sus referentes culturales, de sus vínculos afectivos, de la lengua en la que piensa— para buscarse la vida en las condiciones más hostiles —no hablamos, por supuesto, de los migrantes ricos, ni de los turistas—, si no es porque estás buscando construir un futuro mejor. "La demanda laboral es el principal motor de la migración", añade de Haas, por eso esta se ajusta a los periodos de crecimiento y de recesión de las economías; por eso los países no cierran sus fronteras cuando necesitan mano de obra.
Pero entonces, si la mayoría aplastante de los inmigrantes cruza legalmente las fronteras del país de destino y los porcentajes de población extranjera solo aumentan cuando crece la demanda laboral, ¿qué sentido tiene el denso entramado represivo (Frontex, centros de internamiento, centros de deportación, externalización de las fronteras) que el PEMA apuntala? Queremos señalar aquí tres finalidades de esta pedagogía de la crueldad aplicada a la libertad de movimiento.
En primer lugar, es preciso construir alteridades más o menos monstruosas para poder justificar la dureza de las políticas de extranjería que se aplican a los "migrantes legales", esto es, al 95 % de las personas que entran en avión y con visado a los países de la UE, una vez se agoten sus permisos de turistas o estudiantiles. Para poder mantener un segmento del trabajo abaratado, esto es, para justificar que una buena parte de la población trabaje sin derechos laborales y sin acceso a bienes y servicios considerados básicos para el resto de sus vecinos, lo más sencillo es ponerlos bajo sospecha. Sospechosos, para empezar, de haber venido a aprovecharse de "lo nuestro". Por este motivo, la población extranjera o simplemente racializada siempre va a estar, por ejemplo, bajo la lupa del abuso de los servicios sociales. La desconfianza pasa a criminalización cuando, además, algunos orígenes, géneros, edades o religiones concretos se describen y definen —a través de discursos políticos y mediáticos— como amenazas directas a la integridad física de la ciudadanía legítimada o de los supuestos valores superiores de "la civilización europea". Este es el caso de los discursos y políticas islamófobas —políticas contra la radicalización, retenciones y detenciones de perfil racial—, que definen a los hombres racializados y, en especial, a "los moros" como esencialmente machistas y potenciales violadores de las mujeres blancas. También son objeto de especial vigilancia y señalamiento los hombres racializados que no son ricos, sobre todo si son jóvenes: por su visibilidad, porque usan un espacio público cada vez más privatizado, y porque sus formas —música, vestimenta, horarios— molestan a una población autóctona cada vez más atomizada, envejecida y temerosa.
Demonizar a un otro fácilmente reconocible —y aquí la construcción racial siempre ha sido esencial para el capitalismo— abre una esperanza para quienes ya sufren las peores consecuencias de la crisis, o, más en general, para quienes temen un proceso de proletarización futuro. El discurso económico de la escasez —el "no hay para todos", ni pensiones, ni comida, ni casas, ni hospitales— propaga un miedo existencial que alimenta el racismo social. Este es el caso de los pogromos que se han producido recientemente en diferentes puntos de la geografía europea: ataques a centros de menores extranjeros o de refugiados y/o destrucción de bienes, empresas, comercios, casas, coches o centros de culto de personas extranjeras o de origen extranjero, desde Belfast a Torre Pacheco.
Estas políticas persiguen acostumbrarnos a la existencia de redadas de perfilamiento racial en nuestras calles y plazas
En un contexto de crisis como en el que nos encontramos, sin una organización de los temores y rabias que esta produce, sin una gestión política de las frustraciones capaz de señalar la fuente real de los problemas, lo que se impone es una gramática de fascistización social, esto es, de creación de un enemigo interno y de naturalización de políticas de vigilancia, control y castigo contra este enemigo. Estas políticas persiguen acostumbrarnos a la existencia de redadas de perfilamiento racial en nuestras calles y plazas, a la presencia permanente de la policía en los barrios, colegios, hospitales o centros de salud de las áreas de menos renta. También pretende naturalizar una gestión securitaria de los espacios públicos, las estaciones de autobuses, los accesos al metro o los parques al tiempo que familiarizarnos con esa imagen de la policía poniéndose sus guantes negros para acercarse a cualquier grupo de adolescentes que no parezcan de Hakuna y no cuenten con la edad o los recursos suficientes para consumir en una terraza.
Lo que tiene lugar aquí es, también, un entrenamiento del poder punitivo estatal que, en el caso de España cuenta, además, con la Ley mordaza. Los nuevos poderes represivos que posibilitó se imponen hoy, sobre todo, a ciertas partes de la población, en especial, al proletariado extranjero así como a las personas organizadas que luchan contra la desigualdad social y la devastación capitalista, pero ha sido erigido para aplicarse a todas las fracciones sociales sobrantes, esto es, a los no integrados y a los no integrables.
El aire que respiramos está contaminado de derechización, de nativismo. A la vez, el suelo europeo es cada vez más la tierra que compartimos con una población que ha dejado de ser blanca gracias a quienes llegaron a reclamar lo que también es suyo. En palabras de Frantz Fanon, "Europa es literalmente la creación del Tercer Mundo. Las riquezas que la ahogan son las que han sido robadas a los pueblos subdesarrollados". Nuestro anhelo de emancipación actual podría declinarse en esta pregunta: ¿serán capaces de mestizaje los hijos de la colonización y la proletarización en proyectos y prácticas que pongan patas arriba la ecología capitalista que hoy destruye la vida?
- Durante el procedimiento de cribado, que puede prolongarse hasta siete días, las personas deben permanecer a disposición de las autoridades en los lugares designados y no son autorizadas a entrar formalmente en el territorio del Estado miembro. En función de la legislación aplicable y del procedimiento en el que sean encuadradas, esta situación puede implicar una privación de libertad o una restricción muy intensa de la libertad de movimiento. ↩︎
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Primera encuesta sobre estrés anticipatorio por los polígonos eólicos en Cantabria
6 de juliol, per Nadia06/07/2026
La amenaza de los polígonos eólicos también deja huella antes de que comiencen las obras: preocupación, tristeza, ansiedad y sensación de pérdida sobre el modo de vida rural. Es lo que recoge una encuesta pionera en Cantabria sobre el estrés anticipatorio asociado a estos proyectos.
Elaborada en el marco del proyecto AMorosos en defensa de los bosques campurrianos frente a los polígonos eólicos y adaptada a partir de la escala científica Anticipatory Solastalgia Scale (ANSOS), la encuesta recoge las respuestas de 90 vecinos y vecinas y sitúa la valoración media del malestar en 6,34 puntos sobre 7.
La investigación pone cifras, por primera vez en Cantabria, a un impacto sobre la salud que, según denuncian, sigue siendo el gran ausente en las evaluaciones ambientales de estos proyectos. En muchos casos, este estrés se prolonga desde hace más de una década y afecta a la salud mental, la calidad de vida y la percepción del territorio.
Los resultados muestran niveles muy elevados de preocupación, tristeza y ansiedad entre las personas vecinas de las zonas afectadas. La media global de la encuesta alcanza los 6,34 puntos sobre 7 —a solo 0,66 puntos de la máxima valoración posible—, con valores especialmente altos en la preocupación por la pérdida de aspectos valorados del entorno (6,82), la tristeza por el cambio visual del paisaje (6,72), la tristeza ante una transformación no deseada del territorio (6,65) y la pérdida de elementos únicos de la naturaleza (6,61).
La encuesta también recoge un fuerte impacto sobre la percepción del modo de vida rural. La amenaza al estilo de vida alcanza una media de 6,06 sobre 7, mientras que la incertidumbre que obliga a modificar el ritmo de vida se sitúa en 5,79 y la ansiedad por el impacto en la ganadería, la agricultura y el turismo rural llega a 5,76.
En algunas zonas, este estrés se viene padeciendo desde hace más de 10 o 15 años, desde que llegaron las primeras amenazas. Tal como señalan diversos estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos, los daños provocados por el estrés crónico aumentan con el tiempo de exposición y pueden afectar progresivamente a la salud mental y física de las personas. “He acabado quemada y con repercusiones en mi vida laboral, salud y familia tras 11 periodos de alegaciones”, asegura una encuestada.
Los testimonios inciden también en la preocupación por el paisaje, la economía rural y las generaciones futuras: “No solo afecta a la naturaleza sino también al ser humano. Fomenta la despoblación”; “Cantabria es un entorno privilegiado por la calidad de vida que ofrece. Este proyecto afectará al paisaje para siempre, tanto a nivel de vegetación como de ganadería”; “con la excusa de la ‘sostenibilidad’, las grandes empresas están transformando las zonas rurales de nuestro país de una manera salvaje… Empeoran las condiciones de vida en los territorios afectados”; o “son proyectos innecesarios que no nos benefician a ningún vecino. Al contrario, nos perjudican a nosotros, al entorno y a las futuras generaciones”.
En definitiva, las personas participantes alertan especialmente de daños que consideran definitivos e irreversibles sobre el patrimonio natural, el paisaje y las actividades económicas tradicionales del medio rural.
Ante estos resultados, los promotores de la encuesta solicitan a las instituciones competentes —Gobierno de Cantabria, Delegación del Gobierno y ayuntamientos— la paralización inmediata
de los proyectos que, según denuncian, están generando un daño prolongado sobre la salud y la calidad de vida de la población.
Asimismo, reclaman que, antes de seguir adelante con cualquier tramitación o ejecución, se incorporen estudios públicos, rigurosos y realizados por equipos sin vinculación económica ni contractual con las empresas promotoras, que evalúen sus efectos sobre la salud mental y física de las personas afectadas, así como sobre el tejido social, económico y territorial del medio rural.
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Guía Antirracista y Antirrepresiva
6 de juliol, per Nadia06/07/2026
Fuente:El 3 de julio de 2026, hemos realizado una rueda de prensa para presentar el trabajo que venimos desarrollando junto a SOS Racismo Nafarroa.
Esta guía es el resultado de un trabajo conjunto que ambas organizaciones venimos desarrollando desde hace varios meses, con el objetivo de ofrecer una respuesta colectiva frente a la violencia policial que sufren las personas migrantes y racializadas.
Desde SOS Racismo Nafarroa nos preocupa profundamente la manera en que los cuerpos y fuerzas de seguridad persiguen, vigilan, coaccionan y ejercen violencia contra las personas migrantes y racializadas, amparándose en el discurso racista de la seguridad.
Aunque en Navarra no existan CIEs, en los últimos años hemos sido testigos de múltiples redadas policiales, identificaciones por perfil racial y deportaciones en caliente. Estas prácticas evidencian la persistencia de políticas de control migratorio que vulneran derechos fundamentales y afectan de manera desproporcionada a las personas migrantes y racializadas.
Desde Salhaketa Nafarroa, llevamos tiempo señalando el auge represivo, securitario y punitivito como forma de abordar los conflictos que emanan del propio devenir cotidiano bajo el orden social capitalista. El 1 de julio, se cumplieron 11 años de la aprobación de la Ley Mordaza, que es el marco legal que da sustento y poder a los cuerpos policiales para ejercer violencia contra los sectores más empobrecidos y para atacar los derechos políticos y sociales de la clase trabajadora.
En este contexto, presentamos esta guía ante la llegada de los Sanfermines, ya que las fiestas se convierten, año tras año, en un escenario en el que se intensifican las actuaciones policiales contra las personas que se dedican a la venta ambulante y contra personas racializadas que simplemente disfrutan del espacio público. No obstante, esta guía pretende tener más recorrido. En septiembre se iniciará una ronda de formación para aquellos colectivos que lo soliciten, además de sacar y difundir una guía extensa y complementaria a la que publicamos hoy.
Por ello, hemos elaborado esta infografía con la intención de ofrecer información útil y accesible sobre los derechos de las personas frente a una identificación o una actuación policial. También pretende proporcionar herramientas y ofrecer sugerencias para que quienes sean testigos de una intervención sepan cómo actuar, de manera segura, para documentar los hechos, apoyar a la persona afectada y contribuir a la defensa de sus derechos.
Nuestro objetivo es que esta guía sea una herramienta de prevención y de acompañamiento. Conocer nuestros derechos es una forma de protegerlos y de hacer frente a prácticas discriminatorias que no pueden normalizarse en una sociedad democrática.
Esperamos que este material sea de utilidad para las personas migrantes y racializadas, para el movimiento social y para toda la ciudadanía comprometida con la defensa de los derechos humanos. Porque combatir el racismo institucional y la violencia policial es una responsabilidad colectiva.
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Dos décadas del movimiento por la vivienda: De la burbuja inmobiliaria al conflicto social y de clase de los alquileres
5 de juliol, per Nadia05/07/2026
Fuente:El problema de la vivienda en el Estado español no emerge con la crisis de 2008, pero es en ese momento cuando se transforma en un conflicto social de primer orden. Si tuviéramos que situar un punto de arranque para este ciclo, podríamos señalar la aprobación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, impulsada por el gobierno de José María Aznar. Esta norma supuso un punto de inflexión al liberalizar grandes cantidades de suelo y facilitar su conversión en bien especulativo, intensificando un proceso previo de mercantilización de la vivienda que ya venía desarrollándose en décadas anteriores.
La década de la burbuja (2000–2008): propiedad, deuda y despolitización
A comienzos de los años 2000, el modelo de vivienda en España se consolidaba sobre tres pilares: la promoción masiva de vivienda en propiedad, la financiarización del acceso mediante crédito hipotecario y una débil estructura de alquiler social. Bajo los gobiernos de José María Aznar y posteriormente José Luis Rodríguez Zapatero, el crecimiento económico estuvo fuertemente vinculado al sector inmobiliario.
Más allá de su dimensión jurídica o urbanística, esta transformación debe entenderse como parte de una reconfiguración más amplia del capitalismo español, en la que la vivienda se consolidó como un eje central de acumulación. La expansión inmobiliaria no fue únicamente un fenómeno económico, sino también un mecanismo de reorganización de las relaciones de clase: amplios sectores de la clase trabajadora fueron integrados en el ciclo de acumulación a través del endeudamiento a largo plazo, vinculando su reproducción material a la propiedad privada de la vivienda y al sistema financiero.
De este modo, el acceso a la vivienda dejó de ser una cuestión vinculada a derechos sociales o políticas públicas para quedar subordinado a la lógica del mercado. La figura del pequeño propietario hipotecado se generalizó como forma dominante de acceso, al tiempo que se debilitaban alternativas como el alquiler asequible o la vivienda pública. Este proceso contribuyó a desarticular formas de conflicto más abiertas, y desplazando las tensiones sociales hacia el ámbito de lo privado, el endeudamiento individual y la indisciplina financiera.
Sin embargo, esta aparente integración contenía una contradicción de fondo: la extensión del crédito no eliminaba las desigualdades estructurales, sino que las reconfiguraba bajo nuevas formas o las camuflaba bajo esa burbuja que servía para el enriquecimiento de una minoría. La dependencia del salario, la precarización del empleo y la financiarización de la vida cotidiana situaban a amplias capas sociales en una posición de vulnerabilidad latente, que estallaría con la crisis de 2008 directamente vinculada a la pérdida masiva de empleo y reconfiguración también del mundo laboral.
Antes de ello, durante este periodo previo a la burbuja que estalló, el conflicto en torno a la vivienda permaneció relativamente desarticulado, pero no dio pie al surgimiento del movimiento por la vivienda y la aparición de colectivos como la «Plataforma por una Vivienda Digna» (2003) y «V de Vivienda» en 2006. Experiencias puntuales que ya denunciaban en manifestaciones y acciones específicas el encarecimiento y la especulación, pero sin alcanzar aún niveles de masividad sostenida.
Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el acceso a la vivienda pasa así de estar articulado en torno a la expansión crediticia bancaria y la propiedad, a convertirse en un campo de lucha social y de clase, organización popular y disputa política de primera línea. La crisis no solo evidenció los límites del modelo inmobiliario, sino que abrió un ciclo de politización en el que la vivienda dejó de ser percibida como una aspiración individual para reaparecer como un problema colectivo. Sin embargo, las salidas estratégicas a esta problemática también encontrarían límites políticos en nuestra trinchera.
Crisis, desposesión y emergencia del conflicto (2008–2011)
El estallido de la crisis financiera internacional en 2008 supuso el derrumbe del modelo económico sobre el que se había sostenido el crecimiento español durante más de una década. La explosión de la burbuja inmobiliaria no afectó únicamente al sector de la construcción o al sistema bancario: golpeó de lleno las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la clase trabajadora, especialmente aquellos que habían sido incorporados al ciclo económico mediante el endeudamiento hipotecario, la temporalidad laboral y la dependencia absoluta del salario.
La destrucción masiva de empleo fue especialmente intensa en sectores altamente precarizados y vinculados al propio ciclo inmobiliario —construcción, hostelería, servicios auxiliares o trabajo migrante— dejando a cientos de miles de familias sin capacidad para sostener pagos hipotecarios contraídos durante los años de expansión financiera. Entre 2008 y 2011, el desempleo se disparó mientras aumentaban de forma acelerada las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.
Pero el elemento que convirtió esta situación en un conflicto social de gran alcance fue la naturaleza profundamente violenta del régimen hipotecario español. A diferencia de otros países, perder la vivienda no implicaba cancelar la deuda: tras el desahucio, las familias continuaban arrastrando cargas económicas de por vida. La crisis reveló así una realidad que había permanecido parcialmente oculta durante los años de supuesta bonanza: la vivienda no funcionaba como garantía de estabilidad, sino como un mecanismo de subordinación económica y disciplinamiento social.
En ese contexto, muchas personas experimentaron una ruptura brusca entre las promesas de ascenso social ligadas a la propiedad y la realidad material de la crisis. La imagen del «propietario integrado» empezó a resquebrajarse al ritmo de los embargos, el desempleo y la pobreza sobrevenida. La financiarización de la vivienda mostraba entonces su verdadero rostro: miles de familias trabajadoras expulsadas de sus hogares mientras las entidades bancarias eran rescatadas con recursos públicos.
Es precisamente en este escenario donde comienza a emerger un nuevo ciclo de organización social alrededor de la vivienda. En 2009 nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, inicialmente en Barcelona, impulsada por activistas provenientes de luchas vecinales y por el derecho a la vivienda previo. Su aparición marcó un cambio importante en la forma de abordar el conflicto habitacional: frente al aislamiento individual de las personas endeudadas, las PAH (Plataformas de Afectadas por la Hipoteca) construyeron espacios colectivos donde compartir experiencias, defenderse mutuamente y politizar una situación que hasta entonces se vivía muchas veces desde la culpa o el fracaso personal.
Las asambleas abiertas, el asesoramiento colectivo y las primeras paralizaciones de desahucios comenzaron a extender una idea sencilla pero profundamente disruptiva para el contexto de la época: si el problema era colectivo, la respuesta también debía serlo. El desahucio dejó progresivamente de percibirse como un drama privado para convertirse en una expresión visible de la crisis social y de los efectos del modelo inmobiliario español sobre la clase trabajadora.
En ciudades como Madrid, el aumento de los desahucios afectó especialmente a barrios obreros y periferias urbanas donde el endeudamiento había penetrado con más fuerza en los años anteriores. Allí es donde comenzaron a tejerse redes de solidaridad, apoyo mutuo y resistencia que posteriormente conectarían con las dinámicas asamblearias abiertas por el ciclo del Movimiento 15M.
La crisis de 2008 no generó automáticamente un movimiento de vivienda organizado, pero sí creó las condiciones materiales para su emergencia inmediata. La combinación entre el empobrecimiento, la pérdida de vivienda, el descrédito institucional y la ruptura de las expectativas de estabilidad abrió un nuevo escenario de conflicto social en el que la vivienda pasó a ocupar un lugar central dentro de las luchas de clase en el Estado español, y que no nos abandonaría hasta la actualidad.
El ciclo de las PAH y el 15M (2011–2014): organización, legitimidad social y expansión
La irrupción del Movimiento 15M supuso un salto cualitativo en el escenario político y social abierto tras la crisis. Las plazas, las acampadas y las asambleas populares expresaron un malestar acumulado frente al desempleo, la precariedad, la corrupción y la pérdida de expectativas de amplias capas de la población trabajadora, especialmente entre jóvenes y sectores golpeados por la crisis hipotecaria. En ese contexto, la lucha por la vivienda encontró un terreno fértil para expandirse y arraigar socialmente.
Las Plataforma de Afectados por la Hipoteca se multiplicaron por todo el territorio y comenzaron a consolidarse como una de las expresiones más reconocibles del nuevo ciclo de movilización. Su capacidad para combinar apoyo mutuo, acción directa y legitimidad social permitió romper parcialmente el aislamiento que sufrían miles de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios. La imagen de vecinas y vecinos frenando desahucios, enfrentándose colectivamente a comitivas judiciales y policía, o señalando públicamente a entidades bancarias, consiguió generar amplios niveles de simpatía social.
Uno de los elementos más relevantes de este periodo fue precisamente la construcción de espacios donde personas sin experiencia política previa comenzaron a organizarse colectivamente alrededor de problemas materiales inmediatos. Las asambleas de vivienda se convirtieron en lugares de politización cotidiana, aprendizaje colectivo y solidaridad práctica, especialmente en barrios obreros y periferias urbanas. En ciudades como Madrid, muchas PAH y asambleas de vivienda crecieron estrechamente vinculadas a las dinámicas abiertas por el 15M, espacios sociales okupados y a las redes comunitarias que emergieron en los barrios.
Durante estos años, el movimiento logró instalar la cuestión de la vivienda en el centro del debate público. La campaña por la ILP de la dación en pago, presentada en 2013 con más de un millón de firmas, fue probablemente el mayor ejemplo de esta capacidad de acumulación social. Aunque sus principales demandas fueron bloqueadas institucionalmente, la campaña evidenció hasta qué punto el problema habitacional había dejado de ser percibido como una cuestión individual para convertirse en un conflicto político de alcance general.
Al mismo tiempo, este crecimiento también mostró algunos de los límites que atravesarían el ciclo político. La centralidad de la emergencia social y la necesidad inmediata de responder a los desahucios empujaron muchas veces al movimiento hacia dinámicas centradas en la gestión del conflicto caso a caso. La enorme legitimidad social de las PAH convivía así con dificultades para consolidar estructuras más estables de organización de clase capaces de superar la lógica reactiva impuesta por la urgencia habitacional.
A pesar de esas contradicciones, el ciclo abierto entre 2011 y 2014 dejó una huella profunda. La vivienda se consolidó como un terreno central de conflicto social y miles de personas atravesaron experiencias de autoorganización y lucha colectiva que marcarían el desarrollo posterior del movimiento de vivienda en el Estado español.
Institucionalización y reconfiguración (2014–2019)
A partir de 2014, el ciclo abierto tras la crisis y el 15M comenzó a entrar en una nueva fase. El desgaste de las movilizaciones, junto con la apertura de expectativas electorales e institucionales, desplazó parte importante de la energía acumulada en los movimientos sociales hacia el terreno parlamentario y municipal. La irrupción de Podemos y de distintas candidaturas municipalistas expresó, en buena medida, ese intento de traducir el malestar social surgido durante los años anteriores en representación institucional, mediante una vía neorreformista de la que a día de hoy todavía se siguen dando algunos coletazos.
El movimiento por la vivienda no quedó al margen de este proceso. Muchas de sus figuras más visibles, cuadros organizativos y sectores militantes pasaron a integrarse —de forma directa o indirecta— en proyectos institucionales, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona. La llegada de candidaturas municipalistas a distintos ayuntamientos generó amplias expectativas en torno a la posibilidad de transformar las políticas de vivienda desde las instituciones y abrir una nueva etapa tras los años más duros de la crisis hipotecaria.
Sin embargo, este desplazamiento también tuvo consecuencias importantes para el propio movimiento. En muchos casos, la lógica de la movilización y la autoorganización fue perdiendo centralidad frente a dinámicas más orientadas a la interlocución institucional, la mediación administrativa o la gestión técnica del conflicto habitacional. Parte del tejido organizativo construido durante los años anteriores entró en una fase de desmovilización parcial, mientras la resolución de los problemas de vivienda volvía a situarse, en gran medida, en el terreno de la representación política.
Al mismo tiempo, el propio problema habitacional estaba cambiando de forma. Mientras descendían las ejecuciones hipotecarias más masivas de la primera etapa de la crisis, comenzaba a consolidarse una nueva ofensiva vinculada al mercado del alquiler, la especulación urbana y la entrada de fondos de inversión en barrios populares. La expansión de plataformas turísticas, la subida de rentas y los procesos de expulsión de población trabajadora transformaron progresivamente el mapa del conflicto, especialmente en grandes núcleos urbanos.
En este contexto comenzaron a surgir nuevas herramientas organizativas, como sindicatos de inquilinas e inquilinos y espacios de vivienda con una orientación más estable hacia la organización colectiva del conflicto. Estas experiencias recogían parte de la herencia acumulada por las PAH, pero también expresaban la necesidad de adaptarse a un nuevo escenario social y económico.
Las contradicciones del periodo también pusieron sobre la mesa algunos límites más profundos del ciclo anterior. La enorme legitimidad social alcanzada por el movimiento no siempre se tradujo en una consolidación de estructuras de clase capaces de sostener niveles altos de independencia política y organizativa frente a las instituciones. La integración de buena parte del conflicto en marcos institucionales y electorales tendió a desplazar horizontes más amplios de transformación social, reduciendo en muchos casos la lucha por la vivienda a demandas parciales o reformas gestionables dentro del propio sistema político y económico.
Si bien el periodo entre 2014 y 2019 pueda entenderse como una fase de repliegue, fue también un momento de transición y reconfiguración en el que el movimiento de vivienda comenzó a enfrentarse a nuevos problemas, nuevas formas de explotación y nuevas preguntas estratégicas sobre cómo reconstruir organización popular más allá de los límites impuestos por la institucionalización del conflicto.
De la crisis hipotecaria a la crisis del alquiler (2019–postpandemia)
A finales de la década y justo previo a la pandemia del COVID-19, el conflicto en torno a la vivienda había cambiado de forma, aunque no de raíz. Si durante los años posteriores a 2008 la imagen más visible de la crisis había sido la de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ligados a la deuda bancaria, el nuevo escenario estuvo marcado por el encarecimiento del alquiler, la especulación urbana y la creciente imposibilidad de amplios sectores de la clase trabajadora —especialmente jóvenes, personas migrantes y trabajadores precarizados— de sostener una vida estable en las grandes ciudades.
En ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla o Valencia, la subida continuada de los alquileres se combinó con salarios estancados, temporalidad laboral y procesos de turistificación que expulsaban población trabajadora de barrios enteros. El acceso a la vivienda dejó de estar ligado principalmente a la propiedad hipotecada y pasó a expresarse cada vez más a través de alquileres abusivos, contratos —en el mejor de los casos— temporales, habitaciones sobreocupadas y una inseguridad residencial permanente. Para muchas personas, pagar el alquiler comenzó a absorber una parte desproporcionada del salario, consolidando una situación de dependencia y vulnerabilidad estructural.
En este contexto comenzaron a expandirse los sindicatos de inquilinas y distintas organizaciones de vivienda que intentaban responder a esta nueva fase del conflicto habitacional. Muchas de estas experiencias recogían herramientas heredadas del ciclo de las PAH —asambleas abiertas, acompañamiento colectivo, paralización de desahucios o negociación con propietarios—, pero adaptadas a una realidad marcada por el alquiler y la presencia creciente de fondos de inversión y grandes propietarios inmobiliarios.
La pandemia de COVID-19 profundizó aún más esta situación. El confinamiento y la crisis económica evidenciaron hasta qué punto la vivienda constituía una cuestión central para la reproducción de la vida de la clase trabajadora. Mientras millones de personas quedaban encerradas en condiciones precarias o perdían ingresos de forma abrupta, las rentas inmobiliarias continuaban funcionando como un mecanismo de extracción económica incluso en medio de la emergencia social.
Las medidas impulsadas durante esos años —moratorias parciales de desahucios, pequeñas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos o posteriores intentos de regulación del alquiler— apenas modificaron los fundamentos estructurales del problema. Aunque introdujeron ciertos límites temporales o mecanismos de contención, no cuestionaron el peso del mercado inmobiliario, la concentración de propiedad ni la lógica especulativa que atraviesa el modelo de vivienda en el Estado español.
Al mismo tiempo, la nueva expansión del movimiento de vivienda volvió a poner sobre la mesa debates estratégicos que ya habían aparecido durante el ciclo anterior. La capacidad de generar apoyo mutuo y responder a situaciones urgentes siguió siendo una de las principales fortalezas del movimiento, pero también reaparecieron dinámicas centradas casi exclusivamente en la gestión de casos individuales o en la interlocución institucional. La herencia organizativa de las PAH seguía muy presente, tanto en sus aciertos como en algunos de sus límites.
En ese sentido, una parte del movimiento comenzó a plantear la necesidad de superar formas de intervención marcadas únicamente por la emergencia habitacional o por horizontes reformistas limitados. La cuestión de la vivienda volvía a mostrar que el problema no podía entenderse de forma aislada, separado de la precariedad laboral, las políticas migratorias, la brecha de género o el propio funcionamiento del capitalismo contemporáneo.
La experiencia acumulada durante estas dos décadas deja así una contradicción abierta. Por un lado, el movimiento de vivienda ha conseguido construir niveles importantes de legitimidad social, autoorganización y capacidad de resistencia. Por otro, sigue enfrentándose al riesgo constante de institucionalización, fragmentación y absorción dentro de marcos políticos incapaces de cuestionar las bases estructurales del modelo económico. Sin una perspectiva de clase más amplia, conectada con otros espacios de conflicto social y laboral, las luchas por la vivienda corren el peligro de quedar reducidas a formas de gestión parcial de la precariedad, fácilmente integrables dentro de un sistema que continúa haciendo de la vivienda un negocio para lucro de la clase dominante.
Hacia una confederación de vivienda como expresión de una lucha de clases con un horizonte anticapitalista
Las dos primeras décadas del siglo XXI han convertido la vivienda en uno de los principales terrenos de conflicto social en el Estado español. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta la crisis del alquiler posterior a la pandemia, el movimiento de vivienda ha sido capaz de articular formas de solidaridad, resistencia y organización popular que marcaron profundamente a toda una generación política. Las PAH, las asambleas barriales, los piquetes antidesahucios o los sindicatos de inquilinas lograron romper el aislamiento de miles de personas y situar en el centro una realidad que durante años había sido presentada como un fracaso individual y no como una consecuencia estructural del modelo capitalista de vivienda.
Al mismo tiempo, la experiencia acumulada durante este ciclo también deja lecciones y contradicciones que no pueden obviarse. La centralidad de la emergencia habitacional y la lógica de la gestión de casos concretos permitió sostener amplias redes de apoyo mutuo, pero dificultó en muchos momentos la consolidación de estructuras políticas y organizativas más estables, con capacidad para ir más allá de la respuesta inmediata. Del mismo modo, la integración de parte importante del movimiento dentro de dinámicas institucionales y electorales terminó desplazando buena parte de la fuerza acumulada hacia espacios sometidos a los límites del propio sistema político, debilitando la autonomía organizativa y reduciendo horizontes de transformación más profundos.
En el actual escenario de precarización creciente, ofensiva rentista y encarecimiento generalizado de la vida, la cuestión de la vivienda vuelve a plantear la necesidad de reconstruir herramientas de organización con mayor arraigo social, perspectiva de clase y capacidad de confrontación sostenida. Los nuevos sindicatos de vivienda y de barrio surgidos en distintos territorios expresan parcialmente esa búsqueda: espacios que intentan superar la fragmentación del ciclo anterior y conectar el problema habitacional con otras formas de explotación que atraviesan a la clase trabajadora, desde la precariedad laboral hasta el racismo institucional, la violencia patriarcal o la expulsión urbana de la población migrante y empobrecida.
En ese sentido, la necesidad de avanzar hacia formas más amplias de coordinación aparece cada vez con más fuerza. La construcción de una gran Confederación de la Vivienda —territorial, combativa y asentada sobre la autoorganización— podría constituir un paso importante para superar algunos de los límites del ciclo anterior. No únicamente como una suma de colectivos o plataformas, sino como una herramienta capaz de articular sindicatos de vivienda, organizaciones barriales y expresiones del sindicalismo de clase en una estructura común, con capacidad de generar conflicto sostenido y construir poder popular de clase desde abajo. Frente a la burocratización, la cooptación institucional o la dispersión organizativa, el reto sigue siendo construir un movimiento de vivienda con raíces profundas en los barrios y centros de trabajo, capaz no solo de resistir los efectos del mercado inmobiliario, sino de confrontar las condiciones materiales que hacen posible su existencia al sistema.
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Albania, convirtamos el «fin de la historia» en un esperanzador futuro
4 de juliol, per adiospgou04/07/2026
Fuente:Albania, convirtamos el «fin de la historia» en un esperanzador futuro
1 julio, 2026 Deja un comentario
Capi Vidal
Hace varias semanas que Albania empezó a estar en el candelero por las masivas protestas diarias de la población ante un hecho intolerable como era el proyecto de complejo turístico de lujo en una zona considerada como una de las más sensibles del Mediterráneo. Al parecer, Ivanka Trump, hija del inicuo y enloquecido presidente actual de Estados Unidos, encaprichada de la región, realizó ya a principios de este año 2026 una visita al país acompañada de un equipo de arquitectos para examinar lo que iba a ser el emplazamiento de un proyecto urbanístico que llevaría a cabo la empresa de su marido. El complejo turístico abarca una zona deshabitada por seres humanos, la isla de Sazan, rodeada de un parque nacional marino biológicamente muy rico, pero también zonas costeras de la península. Una visita reciente al país me ha hecho constatar dos cosas: una, que la concesión del proyecto al yerno de Trump parece un hecho ya imparable como ejemplo de un país que están convirtiendo en un acomodo turístico, con una perversa concepción del “progreso” a costa de la población y el medioambiente; la otra, que las manifestaciones no son únicamente por este hecho concreto, tal vez la gota que ha desbordado el vaso, sino como críticas indignadas ante un sistema corrupto sometido a cruentas políticas neoliberales. Y ello a pesar de encontrarse en el gobierno desde 2013 un Partido Socialista (también al frente del país entre 1997 y 2005), para mayor sorpresa, heredero del Partido del Trabajo, la única fuerza política durante el periodo comunista.
Merece la pena que echemos un vistazo a la convulsa historia de este pequeño país, situado en el sureste de la península balcánica, para tratar de comprender como en tantas otras partes del mundo. lo que han sido las sociedades humanas y, con la esperanza de un mundo más libre, justo e inteligente ajeno a la gris y desesperanzada realidad actual de un capitalismo desalmado, lo que puede llegar a ser. Sin extendernos demasiado sobre muchos siglos atrás, desde las tribus ilirias de la Antigüedad a la pertenencia de Albania a diversos imperios (romano, búlgaro, bizantino…), siendo el de más larga duración el otomano, cuya sometimiento llega, con algunas interrupciones, desde el siglo XIV hasta la declaración de independencia en 1912. Nos encontramos en ese fecha, entonces, con el Estado independiente Albanés, que en la primera mitad del siglo XX pasa por varios periodos monárquicos y republicanos, según los intereses imperantes, y por las invasiones del fascio italiano y del nazismo alemán, hasta formar parte del bloque socialista después de la Segunda Guerra Mundial con la derrota del fascismo.
Enseguida, pasaré a detallar aspectos de más de cuatro décadas de una feroz y orwelliana dictadura comunista, pero antes quiero mencionar un imprescindible libro que he podido leer durante mi estancia en el país. Se trata de Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia, de Lea Ypi, escrito en 2021; la autora, nacida en Tirana en 1979, es una influyente experta en teoría política dentro de cuya línea de investigación se encuentra el propio marxismo desprendido, con seguridad, de su autoritaria praxis leninista y estalinista. Quizá por esa especialización, algunas voces, tendenciosas y/o intelectualmente perezosas, acusaron a su libro de poco menos que de “añoranza del comunismo”; más adelante, veremos que no es así en absoluto, sino que realizó Ypi una obra honesta, a mi modo de entender con una gran valía literaria fusionando memoria autobiográfica, novela y ensayo; se trata de la visión de una niña educada en un sistema dictatorial, del que sus padres eran opositores, influida por una tradición religiosa prohibida en el país y también por la raigambre aristocrática de esa abuela con excesivo carácter que tanto quiso, y que viviría traumáticos cambios a medida que crecía. Si alguien quiere encontrar simplezas y maniqueísmos políticos, tan del gusto en la actualidad, no es en absoluto su libro. El subtítulo de la obra, de forma inteligente, alude quizá de forma irónica al “fin de la historia”; recordaremos, a propósito de ello, cómo a principios de la década de los años 90 del siglo XX, tras la caída de la URSS y el fracaso del comunismo originado en Marx (doctrina más bien teleológica, en función de la lucha de clases como motor histórico, que sostenía el advenimiento del paraíso comunista gracias al dominio final del proletariado), el politólogo Francis Fukuyama aludió, efectivamente, al fin de la historia y de las ideologías para, de forma obviamente muy interesada, establecer la primacía del liberalismo y de su sistema económico, el capitalismo.
Pero, adentrémonos en el peculiar periodo comunista (1945-1991) dentro de un pequeño país que, por fidelidad a la política estalinista abogando por una supuesta pureza de principios marxistas-leninistas, acabó aislándose de su propio bloque ideológico. A finales de noviembre de 1944, los partisanos del Partido Comunista Albanés, al mando de los cuales se encontraba ya el futuro dictador Enver Hoxha, entran en la capital Tirana para considerar al país libre de invasores (fascistas italianos y alemanes nazis). El régimen socialista albanés se iba a caracterizar por la defensa de la integridad nacional y por una crítica exacerbada a los que consideraba revisionistas, o incluso traidores, a la doctrina del marxismo-leninismo que, en la teoría, iba a liberar a la humanidad y a qué precio; si, especialmente, desde una innegociable moralidad antiautoritaria que busca la emancipación individual unida a la colectiva, unida a la experiencia que nos da la historia, solo deberíamos repudiar y ridiculizar a todos aquellos que justifican las mayores aberraciones en nombre de la pureza ideológica (como una forma de llamar al detestable dogmatismo), denunciando el “desviacionismo” de la auténtica doctrina, la Albania socialista parece uno de los ejemplos históricos más evidentes. De esa manera, un pequeño país dirigido con mano de hierro por Hoxha, apelando a una suerte de nacional-comunismo, acabará rompiendo hasta en tres ocasiones con los que deberían ser sus aliados: Yugoslavia (la que era su influencia geográfica más cercana, ya estableciendo la ruptura a finales de los años 40), la Unión Soviética (en los años 60, con la desestalinización encabezada por Jrushchov) y China (a finales de los 70, acusada, claro, de traicionar la Revolución Cultural); no obstante, ningún país donde supuestamente se estaba implementando el socialismo de Estado escapó de la acusación de haberse alejado de los principios del marxismo-leninismo.
Una paranoica sensación de asedio sobre una posible invasión extranjera, bien por parte de las potencias occidentales, bien por las del bloque soviético, acompañada de una retórica belicista que rivalizaba con cualquier régimen fascista, justificó la purga de supuestos enemigos del partido, del “pueblo” y del socialismo. Como síntoma de ese ambiente, se construyeron infinidad de búnkeres a lo largo de la región (las estimaciones más elevadas hablan de cientos de miles), algo que sorprenderá a los visitantes foráneos; algunos, han sido convertidos en objetos históricos y otros, simplemente abandonados. Utilizando la metáfora de ser el último bastión irreductible del marxismo-leninismo conjugada con los mitos nacionales, como es el caso del héroe medieval Skanderberg, se apelaba constantemente al coraje de un pueblo albanés sometido a una férrea dictadura. Como en todo totalitarismo, la sociedad albanesa acabó fraccionada en dos bloques: los afines y lo desafectos al sistema. Cuando fallece Enver Hoxha en 1985, su sucesor en el poder Ramiz Alia tuvo al parecer la intención de continuar con las mismas políticas; sin embargo, ya se estaba produciendo la perestroika de Gorbachov y el bloque “socialista”, incluido ese reducto supuestamente inexpugnable que era Albania, se tambaleaba. Lea Ypi, en su muy recomendable obra autobiográfica Libre, nos introduce desde su visión de niña en esos últimos años del régimen a partir de la desaparición de Hoxha. Quizá uno de los mayores esperpentos narrados en la obra se produce cuando las familias, sumidas en la carestía, rivalizaban por tener en sus hogares como elemento de distinción algo exótico llegado del exterior como era una simple lata de Coca-cola. La niña Lea, adoctrinada por el culto a la personalidad de un sistema dictatorial y totalitario, del que no eran afines sus padres, no comprende cómo prefieren ese objeto consumista a un retrato del tío Enver a modo de un Gran Hermano orwelliano que todo lo vigila.
No tardaría el país, en la década de los 90, en abrazar el mercado “libre” y caer en el capitalismo global más desenfrenado. Con las primeras elecciones, llegará al poder el llamado Partido Democrático de Albania y supondrá el inicio de políticas de privatizaciones donde imperó la corrupción y se produjeron la llegada del desempleo y de una tremebunda inflación. Será el inicio de una época tremendamente dramática para los albaneses, gran parte de los cuales partirán en busca de países europeos donde tengan mayores oportunidades; al respecto, resulta muy significativa y recomendable la película Lamerica, dirigida por Gianni Amelio en 1994, que nos narra cómo decenas de miles de albaneses, a principios de los 90, cruzan el Adriático hacia Italia en barcos abarrotados para encontrarse que la realidad se distancia mucho de sus deseos sobre una vida mejor. Y hay que denunciar con fuerza que a día de hoy, ya transcurrido un cuarto de siglo del nuevo milenio, en una época de vergonzoso auge reaccionario dejando a un lado la solidaridad y los mejores valores humanos, los derechos de las personas migrantes se han visto vulnerados mediante vergonzosos acuerdos recientes entre los Estados italiano y albanés para crear centros de detención y repatriación de todos aquellos solicitantes de asilo en la vieja y mezquina Europa.
Aquella década de los 90 en la Albania poscomunista, que el padre de Lea Ypi definirá como políticamente sin izquierda ni derecha, solo con “comunistas nostálgicos” y “aspirantes a liberales”, se continuaban realizando imparables reformas estructurales que aseguraban homologar el país con Europa y el advenimiento de la prosperidad (tal vez, como una vez se esperó el paraíso comunista). Estas promesas del capitalismo, junto a sustanciosas donaciones privadas al Partido Democrático en el poder (el cual, obviamente, estimuló las inversiones), empujaron a la gente (se habla de, al menos, dos tercios de la población) a poner sus ahorros en manos de ciertas empresas que estaban ya operando desde 1991, las cuales afirmaron devolverían su dinero a la gente con alto tipos de interés; no tardaría en destaparse el fraude, a partir de las elecciones de 1996, declarándose esas compañías insolventes y dando lugar a una crisis que se definió como auténtica guerra civil. En enero de 1997, comienzan los levantamientos de la indignada población contra el gobierno y el Partido Democrático, el cual había ganado las elecciones de forma dudosa; alguien definió aquellas protestas como una revuelta contra el capitalismo, pero mostrándose igualmente contrarios al comunismo autoritario, que como en tantas ocasiones sufrió una brutal represión con la connivencia de las potencias europeas para restituir el sistema. Quien desee hacer un sucinto, aunque estremecedor, seguimiento de lo ocurrido en aquellas primeras semanas de 1997, una vez más, recomiendo el impagable libro de Lea Ypi. Unas nuevas elecciones en aquel año canalizaron el descontento y el Partido Socialista (como ya dije, heredero del partido único durante el comunismo), junto a otras fuerzas aliadas, obtuvo una aplastante victoria; a pesar de su denominación como socialista, las políticas económicas que realizó (en dos etapas, la última iniciada en 2013 llega hasta la actualidad) han sido ultraliberales con una intolerable corrupción, que nos traslada a las protestas actuales.
Merece la pena un inciso para realizar algunos apuntes religiosos, y hay que decir, de nuevo acudiendo a la historia reciente, que Enver Hoxha declaró el país en 1967 como el primero ateo de la historia estableciendo severas penas para los practicantes de cualquier fe. Por supuesto, de nuevo desde una perspectiva antiautoritaria, no hay que confundir un ateísmo combativo contra cualquier dogma religioso (como es el caso del que subscribe) con ninguna imposición de cualquier cosa a las personas y hay que ser, siempre la moral obliga, partidarios de la libertad de conciencia. Quizá la forzada laicidad impuesta durante el periodo comunista no fue excesivamente traumática, ya que al parecer la población ha mostrado más bien indolencia hacia la religión abrazando una u otra fe por circunstancias históricas e intereses personales (algo que, bien pensado, resulta inherente a la creencia religiosa).
Para el caso que nos ocupa, no es quizá muy conocido que la Madre Teresa de Calcula era de origen albanés y resulta llamativo, y significativo respecto a la traumática evolución del país, que una figura desconocida hacía no tanto por aquellos lares acabara dando nombre a un aeropuerto y con la erección de diversos monumentos ante la, seguramente, indiferencia de la población. Personalmente, nunca he podido entender semejantes loas, algo que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo como sinónimo de persona altamente altruista, hacia alguien con lo que considero una doble moral, por decirlo sin palabras gruesas, que santifica la pobreza y el sufrimiento más que combatirlos; aunque, por otra parte, quizá es una excelente y más que coherente representante de cierta concepción de la doctrina cristiana, que estoy seguro no es exclusiva del conjunto de los creyentes. Para finalizar esta breve disertación sobre la cuestión religiosa, hay que decir que como herencia de la dominación otomana de varios siglos se encuentra en Albania una población de mayoría musulmana (siendo la siguiente la cristiana ortodoxa y la católica), aunque como ya he mencionado resulta fundamental aclarar que con notable indiferencia hacia la religión. Es importante mencionar que algunas teocracias o países musulmanes, como es el caso de Turquía, se han dedicado a invertir considerable capital en los últimos años construyendo mezquitas en el país para tratar de influir cultural y, por supuesto, económicamente; mi visita a varios de estos templos islámicos me hizo comprobar, afortunadamente en aras de un horizonte ajeno a dogmatismos religiosos, la escasa afluencia actual más allá del interés cultural.
Al menos que yo conozca, el anarquismo organizado, es decir, un socialismo antiautoritario con pleno respeto a las libertades individuales, no tiene un tradición en Albania, habiendo sido más bien marginal. Si alguna tendencia libertaria pudo ser introducida en las primeras décadas del siglo XX como influencia italiana, el comunismo se impuso en los años 20 como fuerza revolucionaria y, de forma evidente, cualquier otra corriente fue ferozmente reprimida por la dictadura de Enver Hoxha durante más de cuatro décadas. Como curiosidad, en mi visita al país, un guía albanés muy crítico con el sistema, que había vivido durante bastantes años en Argentina, mencionó que las políticas económicas de los últimos años habían sido casi “libertarias”. Por supuesto, no pude más que intervenir y aclarar esa perversión actual del término acaparado por aquellos que representan la peor cara del liberalismo; lo libertario, como sinónimo prácticamente de anarquismo, representa un modo de vida y de organización social horizontal y estrechamente vinculado a la solidaridad, algo ajeno a esos meros partidarios de un capitalismo sin barreras. No obstante, especialmente para países sin tradición ácrata como es el caso de Albania, huyendo de toda tentación doctrinaria, es mucho mejor mencionar la autogestión social. Quizá, a diferencia de las producidas en 1997 que sabían a qué se oponían, pero sin tener claro qué tipo de sociedad deseaban, suponga esto un horizonte esperanzador para las protestas actuales, hartas de corrupción, oligarquías y de todo tipo de explotación.
