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Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio consiguen la paralización del polígono eólico Somaloma-Las Quemadas
21 de maig, per Ak-rata21/05/2026
Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio celebran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se anula la autorización administrativa y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del polígono eólico Somaloma-Las Quemadas. El fallo ha sido otorgado ante la demanda interpuesta por la Asociación Territorio Cántabro, la herramienta administrativo-judicial que emplean los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, contra las resoluciones del Gobierno de Cantabria que dieron luz verde a esta instalación. El fallo determina que la empresa promotora no realizó un análisis global y riguroso de los efectos acumulativos y sinérgicos dentro de la envolvente de diez kilómetros establecida a partir de los aerogeneradores. En concreto, la sentencia subraya que, si bien el promotor presentó un informe de impactos acumulativos, este “resulta incompleto, con enunciados excesivamente generalistas” y con “estimaciones sin aparente sustento o rigor”. Asimismo, la magistrada firmante constata que “no es lo mismo un monte o pico con aerogeneradores que todos los montes en diez kilómetros llenos de aerogeneradores”.
Por este motivo, la resolución judicial vincula directamente el impacto de este proyecto con los otros seis polígonos eólicos colindantes en la misma zona de afección que constan en tramitación: Cotío, Ornedo, Henestrosas, Morosos, Olea y Quintanillas. El tribunal exige que todos ellos se evalúen conjuntamente para evitar una fragmentación artificial que oculte el verdadero impacto ambiental, paisajístico y urbanístico. Los Colectivos Vecinales afirman que la sentencia sienta un precedente jurídico fundamental en la lucha contra la especulación eólica en Cantabria y consideran que “con este fallo en la mano, el resto de polígonos en tramitación en el extremo sur de Cantabria deberían ser anulados en cascada: empezando por Morosos, que inexplicablemente recibió hace un par de meses la DIA favorable, y siguiendo por Cotío, Ornedo, Henestrosas, Olea y Quintanillas”.
En relación con esta sentencia, desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio vuelven a denunciar el “discriminatorio Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que nos están tratando de imponer”. En este sentido, explican que el artículo 64.2 del anteproyecto de ley del PROT establece que se considera zona de exclusión eólica para los proyectos energéticos, por sus especiales valores paisajísticos, naturales, ambientales y culturales, a toda Cantabria, con la excepción del Área Funcional de Campoo-Los Valles y una pequeña zona en el Área Funcional Oriental en los municipios colindantes con Castilla y León y el País Vasco. Los Colectivos Vecinales apuntan que este hecho es muy grave, pues sugiere que las zonas donde se permitiría el expolio poseen un menor valor ecológico, una afirmación que, según declaran, carece de veracidad y que, además, no viene acompañada de los informes técnicos y científicos que la acrediten.
Inciden en que esta falta de rigor técnico deriva en un agravio comparativo manifiesto entre los distintos valles de Cantabria. Mientras que el PROT blinda específicamente a la franja costera y las comarcas de Liébana, Saja-Nansa, Trasmiera y Valles Pasiegos, dictaminando la inviabilidad de polígonos eólicos o fotovoltaicos por sus “excepcionales valores ambientales y estratégicos”, desprotege arbitrariamente al centro-sur y extremo suroriental de la región. Al utilizar estos argumentos para salvar unos valles mientras se permite el sacrificio de otros, la normativa establece una jerarquía territorial totalmente injustificada. Por otro lado, los Colectivos advierten de que muchas de las zonas donde el Gobierno descarta el aprovechamiento eólico se enfrentan a otro tipo de sacrificio: la urbanización y turistificación sin límites.
Además, explican que la Red de Infraestructura Verde y Azul (RIVA) es el instrumento ambiental de mayor jerarquía dentro del PROT. A pesar de basarse en una metodología científica avanzada desarrollada por el IHCantabria, presenta un fallo estructural muy grave, dado que omite por completo la existencia del ecosistema de la cabecera del Ebro como una unidad continua y funcional, invisibilizando precisamente el origen del río Ebro, el más caudaloso de España. En lugar de reconocer este punto estratégico donde nacen las aguas del río como una gran zona protegida y unificada de alto valor ecológico, denuncian que el PROT fragmenta el entorno en parches aislados y dispersos de forma arbitraria, ocultando su extraordinario valor ambiental e hidrológico.
Detallan también que la omisión del ecosistema de la cabecera del Ebro en la RIVA y el PROT invisibiliza la conexión natural que existe entre los manantiales y arroyos que nacen en las montañas de la comarca de Campoo-Los Valles y que forman el caudal del río Ebro en su nacimiento, un hecho que invalida el rigor técnico del documento destinado a garantizar la protección y conservación de este espacio natural. Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio afirman que esta omisión tiene consecuencias directas, ya que es uno de los motivos por los cuales no se valora la importancia ambiental del sur de Cantabria, lo que la Administración aprovecha para aprobar el PROT y autorizar la implantación de polígonos industriales eólicos en esta comarca.
En esta línea, apuntan a que el desarrollo de estas infraestructuras, con sus respectivas excavaciones masivas, cimentaciones de hormigón y viales para maquinaria pesada, provocará un impacto severo e irreversible en el ciclo hidrológico, alterando los acuíferos y destruyendo la conectividad que la RIVA pretende garantizar en el PROT. Aseguran que “esto no es una hipótesis, sino la realidad ya constatada en las obras del polígono eólico El Escudo, ubicado en la Sierra del Escudo, que forma parte de la cabecera del Ebro, donde se han alterado gravemente y destruido los humedales y turberas que captan el agua de las precipitaciones y recargan los manantiales y arroyos que dan origen al río”. Añaden que también se podrían generar impactos en los procesos hidrogeológicos y en la red de aguas subterráneas del acuífero Puerto del Escudo, bajo los cursos de agua de los ríos Pas y Besaya, en la cara norte de la divisoria de aguas.
Finalmente, han hecho alusión al último megaproyecto de aerogeneradores del que teníamos noticias hace tan solo unos días en Cantabria, el polígono eólico Anjana. Este proyecto está siendo tramitado por el MITECO, se ubicaría en la comarca de Campoo-Los Valles y estaría integrado por dos núcleos independientes, separados entre sí por unos siete kilómetros. Describen que uno de ellos afectaría directamente al Monte Hijedo, un enclave de extraordinario valor ambiental y paisajístico en la cabecera del río Ebro. Se trata de uno de los principales pulmones de la región, un monte de más de 1.500 hectáreas que constituye una de las masas de bosque de roble albar más importantes de España y que, en los últimos años, está permitiendo la dispersión y expansión de la población oriental de oso pardo cantábrico. Por ello, los Colectivos Vecinales declaran que, dada su singularidad ecológica, derivada de su alto grado de conservación y su especial sensibilidad ambiental, este espacio requiere la máxima protección y conservación, así como extremar la cautela ante cualquier actuación susceptible de comprometer la integridad del bosque y su entorno.
Asimismo, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, relativa a Somaloma-Las Quemadas, resulta plenamente relevante para este proyecto por su extrema proximidad, al situarse apenas a dos kilómetros. Por todo ello, afirman que esto obliga a evaluar con especial rigor los efectos acumulativos y sinérgicos derivados de la incidencia conjunta de los polígonos eólicos que se pretenden construir en esa misma zona del sur de Cantabria.
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Inicio de la acampada/ayuno contra la desatención sanitaria en las cárceles del estado español
21 de maig, per Nadia21/05/2026
Fuente:* Nota de Briega: Ahora mismo la prisión de El Dueso en Santoña se encuentra sin medicxs que atiendan la salud de las personas presas.
Inicio de la acampada/ayuno contra la desatención sanitaria en las cárceles del estado español. Madrid. 20-30 de mayo.
Alrededor de las 11 de la mañana del pasado martes algo más de una docena de personas, entre ellxs lxs dos que van a realizar un ayuno los próximos diez días Pope y Ana, se han asentado en la plaza frente al Congreso de los Diputados de Madrid, con pancartas, sacos y sillas para dar inicio a la acampada que va a constituir el punto central de la movilización colectiva contra la desatención sanitaria den las prisiones del estado español entre los días 20 y 30 de mayo.
Inmediatamente han hecho acto de presencia una docena de agentes de la Policía Nacional, que tras revisar la documentación de lxs presentes les han comunicado que no está permitida la concentración de más de 20 personas y han avisado a la policía municipal que es la competente en el control de los espacios públicos.
De momento no ha habido más problemas y la acampada prosigue con normalidad bajo una continua vigilancia policial.
Ante el alarmante agravamiento de la situación sanitaria en las cárceles del estado, y el insoportable e intolerable número de muertes entre los muros de las prisiones, diferentes colectivos e individualidades se unen para denunciar y visibilizar esta vulneración de derechos de las personas presas e impulsar medidas y actuaciones para corregirla sin renunciar a principios anticarcelarios y antipunitivistas. Hay muertes por negligencia institucional.
La asistencia sanitaria en los centros penitenciarios depende del Ministerio del Interior y no de los servicios autonómicos de salud salvo en las 3 comunidades con las competencias transferidas en esta materia (Cataluña, País Vasco y Navarra). Se trata de un modelo mixto donde la atención primaria se lleva a cabo por Instituciones Penitenciarias (o por medios ajenos concertados cuando no se disponen de propios) y la asistencia especializada se presta a través del Sistema Nacional de Salud.
La comparativa entre centros con competencias transferidas y centros no transferidos concluye que la ratio de personal asistencial por persona interna es mayor en los centros transferidos y existe una mayor accesibilidad tanto a la atención especializada como a la atención de urgencia.Esta falta de transferencia de las competencias deriva en determinadas problemáticas, como son:
Falta de cobertura de plazas
En la actualidad solo el 30% de las plazas de personal sanitario están cubiertas lo que supone un ratio de 3,46 medicxs por cada mil personas presas, muy lejos de la media europea de 8 médicxs por cada mil internxs, y que existan siete centros que no cuentan con ningún médicx en su plantilla (a fecha de
septiembre de 2024).
Esto es debido a la falta de atractivo de estas plazas en comparación con las del Sistema Nacional de Salud puesto que son parte de la Administración Central del Estado y sus funciones están reguladas en la Ley General Penitenciaria, su salario medio es de 1450 euros brutos, inferior a la media de puestos equivalentes en los centros de salud, y una mayor carga de trabajo y burocrática al no solo atender a funciones médico-asistenciales sino también las médico-instrumentales tales como las cuestiones administrativas relativas a la atención sanitaria, el control medioambiental del centro y las funciones de informe y propuesta a los órganos de gobierno de la prisión, entre otras.Incidencia de enfermedades
La prisión, por su propia naturaleza, es causa de enfermedad y padecimientos físicos y mentales. Pero la deficiente atención sanitaria actual por abandono supone, no solo una vulneración de sus derechos fundamentales sino también, una grave amenaza directa a la salud y la vida.La falta de personal y medios producen deficiencias asistenciales como las siguientes:
– La mayoría de los servicios médicos se prestan por videoconferencia.
– El personal de enfermería se ve obligado a realizar tareas ajenas a sus competencias para cubrir la falta de personal médico.
– Alta tasa de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, tuberculosis), que reciben además una atención insuficiente.
– Restricciones de acceso a determinados tratamientos
– Retraso o ausencia de tratamiento
– Dificultad de acceso a la atención médica adecuada, suficiente y oportuna, así como a la atención especializada.
– Seguimiento inadecuado o abandono del seguimiento de enfermedades crónicas.
– Al depender del Ministerio del interior es difícil que prevalezca el criterio médico que vela por la salud del paciente sobre el de la autoridad penitenciaria.Falta de atención especializada a patologías psiquiátricas y alta tasa de suicidios.
El sufrimiento psíquico es uno de los problemas graves de las personas presas y se traduce en sobremedicación, reinstitucionalización y patologización. La desatención médica en el ámbito psiquiátrico reduce la asistencia a la mera prescripción farmacológica.
El 30% de la población reclusa refiere que está en tratamiento con medicación psiquiátrica y más del 20% ha intentado alguna vez quitarse la vida. La tasa de suicidio en prisión es 8 veces más alta que la de la población general.El sistema penitenciario español solo cuenta con dos hospitales psiquiátricos (Sevilla y Foncalent) dedicados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad y no actúan como hospitales de referencia para la atención psiquiátrica que se realiza en las enfermerías y módulos de los centros penitenciarios.
NUESTRAS REIVINDICACIONES
Los centros penitenciarios tienen el deber encomendado de “velar por la vida, salud e integridad física de las personas privadas de libertad”. Hay que recordarles ese deber. Además, y para garantizarlo, reivindicamos lo siguiente:– Asegurar a las personas presas la misma atención sanitaria que al resto de ciudadanas del Estado en cumplimiento de sus derechos fundamentales.
– Transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a los servicios de salud autonómicos, en cumplimiento de la Ley 16/2003, del 28 de mayo, para la Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
– Garantizar la existencia de canales de denuncia efectivos y confidenciales.
– Registrar de forma precisa el número de muertes en prisión y sus circunstancias
– Asegurar el cumplimiento de la pauta médica establecida previa al ingreso o la realización de un diagnóstico adecuado así como el seguimiento médico oportuno.
– Informar adecuadamente al paciente sobre cualquier cambio, modificación o interrupción del tratamiento.
– Respetar el carácter confidencial de los datos referentes a la salud.
– Instauración de un sistema quién ha solicitado atención médica, quién ha recibido atención y, en su caso, los motivos por los que no se ha realizado.
– Información, facilitación e impulso de hábitos de vida saludables.
– Implicación activa de los Colegios de Médicos y Enfermería, así como Sindicatos Sanitarios, en la defensa de los derechos sanitarios de las personas presas.(Trabajo completo en: https://saludylibertadaragon.wordpress.com)
Desde mayo de 2025 más de una docena de presos y sus familiares están denunciando la existencia de un brote de sarna y la desatención que han venido y siguen sufriendo en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León). Desde ese mismo momento, con el apoyo de algunxs solidarixs, se han venido desarrollando varias iniciativas y se han presentado multitud de quejas y denuncias ante las instituciones.
Con la intención de dar un nuevo impulso, que suponga un salto cualitativo en la extensión de la iniciativa/campaña, sumando nuevas adhesiones y fuerzas, se convoca una nueva movilización colectiva entre los días 20 y 30 de Mayo de 2026. Se hace un llamamiento a grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos e individualidades a contribuir y participar, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo sus principios y criterio particular (mas info sobre como participar: https://desatencionenprision.noblogs.org)Seguiremos informando: desatencionenprision.noblogs.org
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«Contigo, La Libre se queda»: salvar el derecho a la ciudad
20 de maig, per Patricia Manrique20/05/2026
La Libre, centro social santanderino y muestra de la potencia de lo comunitario, necesita ahora todo el apoyo para asegurar su pervivencia
Hace unos días tuve el placer de participar en un pódcast grabado por La Vorágine que, con el nombre “Hablamos de Santander”, busca sondear ideas, proyectos e ilusiones para imaginar un Santander más habitable. El programa se propone, así, ahondar en lo que en sociólogo y filósofo Henri Lefebvre denominó, allá por 1968, “Derecho a la ciudad”, apuntando con el concepto a una idea democrática del espacio urbano, que reivindica el derecho a configurarlo de un modo acorde a nuestras necesidades humanas y colectivas, en lugar de dejarla en manos de los intereses financieros. En los últimos tiempos, el concepto ha crecido de la mano del geógrafo David Harvey, quien lo entiende como el derecho a cambiarlo todo y a cambiarnos, de este modo, a nosotros mismos, a nosotras mismas.
El tipo de ciudad que queremos, apunta Harvey, no puede estar divorciado de nuestros anhelos respecto a lazos sociales, relaciones con la naturaleza, estilos de vida, tecnologías y valores estéticos. Sin embargo, la calidad de la vida urbana viene determinada por las empresas y tiende a medirse por criterios puramente economicistas, convertida en una mercancía, como las propias ciudades, en manos de una economía política que convierte en esenciales el consumismo o el turismo mientras deja en un muy segundo plano la revitalización de los barrios o la renovación de las infraestructuras municipales.
Lefebvre explicaba esto señalando que el capitalismo convierte la ciudad en valor de cambio, que es algo que sucede cuando el suelo se compra para especular, las viviendas se transforman en activos financieros o pisos turísticos, y las plazas se llenan de terrazas privadas. El derecho a la ciudad, al contrario, exigiría priorizar el valor de uso: la ciudad como un lugar para habitar, encontrarse, jugar, tejer redes de apoyo mutuo y, en resumen, vivir de manera digna, respondiendo a las necesidades de las vecinas, no a las tasas de rentabilidad de fondos de inversión.
Por ello, no debemos aceptar el escenario estático que nos den, ya construido, burócratas o promotores inmobiliarios: hay que apropiarse de la ciudad, algo que se hace desmercantilizando espacios. Cuando un barrio recupera un solar para hacer un huerto urbano o una comunidad se organiza para rescatar un local de las dinámicas del mercado inmobiliario, se está ejerciendo de manera directa el derecho a la ciudad, dejando de ser consumidores pasivos para ser productores activos o «prosumidores» de nuestro entorno.
Ese es justo el caso de La Libre: una librería asociativa y centro social autogestionado que lleva 25 años construyendo hábitat y ejerciendo el derecho a la ciudad junto a la amplia comunidad que convive en ella. Organizada sin jefes ni ánimo de lucro y sostenida con trabajo comprometido voluntario, cuotas de socias y la venta de libros de pensamiento crítico, llevaba 15 años en la Rampa de Sotileza cuando la propiedad les comunicó que el local se ponía en venta. El derecho a la ciudad y su propio derecho a existir chocaron entonces de bruces con un mercado inmobiliario santanderino que raya lo indecente, en el que, según datos de Idealista, la oferta de alquiler se ha reducido a la mitad, mientras que los precios han aumentado un 40%. Y La Libre no es el único centro social amenazado: tanto Eureka, referencia cultural alternativa en San Simón, como Smolny, centro de profundas raíces barriales en El Carmelo, están en solfa también por la voracidad inmobiliaria.
Pero el derecho a la ciudad se ha de ejercer con toda la fuerza en momentos así, y la asamblea que gestiona el espacio se puso manos a la obra demostrando que existe una potencia económica y organizativa fuera del sistema mercantil y bancario tradicional, haciendo realidad la compra del local —unos 140.000 euros— desde una realidad más que precaria, mediante el apoyo directo de su comunidad. Una parte, unos 40.000 euros, se financió con donaciones directas, y el grueso de la compra se afrontó con un préstamo de tres personas de la comunidad a quienes ahora hay que devolver el dinero. Desde que se supo la situación de esta institución del común en nuestra ciudad, muestra viviente de que hay una tercera vía, radical y alternativa a lo privado y lo público, nadie dudó de la consigna: “¡La libre se queda!” y en común se está haciendo posible.
Desde el 1 de mayo hay en marcha una campaña de microfinanciación o crowdfunding, en la página Migranodearena.org, que a día de hoy ha logrado una cifra impensable desde el discurso de la impotencia, pero que se ha hecho realidad con el compromiso colectivo —unos 55.000 euros cuando escribo estas líneas—. Aunque queda lo peor, la parte más dura de la campaña hasta completar los 100.000 euros que hay que devolver a las personas, comunes y corrientes, que decidieron poner sus ahorros, la Libre, ya no hay duda, se queda, y lo hace como institución del común de Santander.
Cada vez son más los proyectos que tratan de salir de la pinza entre lo privado y lo público estatal, apuntalando un concepto de lo común, del “procomún”, que La Libre representa muy bien y que apunta a lo que no es de nadie porque es de todas y todos. Mientras lo privado se basa en la exclusión y el beneficio propio y lo público implica pérdida de soberanía por la delegación, lo común nos devuelve la agencia en un universo de la inclusión y la corresponsabilidad: ni meras clientes ni simples administradas, podemos ser protagonistas del devenir de nuestras vidas, de nuestras ciudades, en este caso.
Se trata de una noción que supone una posibilidad radical de transformación porque va a la raíz de lo que somos: seres vulnerables e interdependientes en un entorno que también lo es. Lo común, la comunalización que es su praxis, apunta a cuidar de los ecosistemas de relaciones antes que de los beneficios y prima la suficiencia por encima de la eficiencia. Políticas para “reencantar el mundo”, como propone la pensadora y activista Silvia Federici, que se encarnan en movimientos sociales —muchos de ellos, en honor a la verdad, de entornos rurales del sur global—que permiten vislumbrar otros afectos y racionalidades, reconectan con la naturaleza y reinventa al ser humano más allá de la trampa del individuo y la identidad.
Reencantar Santander, hoy, es sostener La Libre, para asegurar que la ciudad no se convierta definitivamente en un tablero de Monopoly vacío de vidas. Hagamos que este pedazo de nuestra ciudad sea del común para siempre.
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Los soldados israelíes disparan y embisten a los barcos de la Flotilla para poner fin a esta misión
20 de maig, per Nadia20/05/2026
Fuente:A última hora de la tarde del 19 de mayo, la marina israelí ha asaltado hoy las últimas embarcaciones de la Flotilla Global Sumud que navegaban rumbo a Gaza. Según han denunciado los canales de comunicación de la Flotilla, los soldados israelíes han disparado contra distintos barcos y un barco ha sido embestido. Se trata del Sirius, que ha conseguido llegar a unas 80 millas náuticas de la costa de Gaza antes de ser violentamente interceptado por un barco israelí A833D, como ha quedado registrado en un vídeo.
“428 civiles desarmados de más de 40 países han sido secuestrados ilegalmente por uno de los ejércitos más fuertemente armados del mundo”, detallan en su comunicado los miembros de este movimiento proderechos humanos.
Se trata de una detención ilegal y un secuestro de los activistas, ya que Israel los ha interceptado en aguas internacionales, fuera de su jurisdicción. Según la organización, las 428 personas detenidas no han tenido contacto con asistencia letrada, se les ha negado el acceso consular y sus familias no han sido informadas de dónde están. Se estima que 40 de ellas tienen pasaporte español.
Los precedentes indican que serán retenidos en las dependencias militares de Ashdod, también, que pueden ser objetos de torturas y malos tratos, tal y como han denunciado algunas de las participantes en misiones anteriores. Según TRT World, el canal público de noticias turco, 87 de las activistas han comenzado una huelga de hambre para protestar por su detención y en solidaridad con las personas palestinas presas en cárceles palestinas.
El equipo de la Flotilla Global Sumud ha referido que los equipos legales están recopilando pruebas contra los comandantes, agentes y actores políticos implicados en las brutales acciones de Israel contra la flotilla en múltiples jurisdicciones: “La impunidad no es una condición permanente, está habilitada y ejecutada por estructuras de poder coloniales que tienen que ser desmanteladas".
Concentración en repulsa
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La Huelga de Alquileres de 1931 en Barcelona, vista en el siglo XXI
19 de maig, per Nadia19/05/2026
Fuente:¿Qué Hacer, ya?
Los diversos indicadores de la crisis energética, nos enseñan que hay personas que no tienen la suerte de poder tirar para adelante con su proyecto de vida, o difícilmente tienen una vida digna, todo porque el sistema capitalista en que vivimos, se ha encargado de pisar a los más débiles, aquellos que apenas tienen, una oportunidad para agradecer a la vida, a veces, simplemente por el azar de haber nacido en uno u otro lugar.
Ya Proudhon y Bakunin cuestionaban “la Herencia” porque ensancha cada vez más la diferencia de clases que indiscutiblemente favorece a unos para castigar a otros muchos, pero hoy está historia de la herencia, parece que ya no tiene recorrido y, sin embargo, es una de “las madres del cordero”, de ese capitalismo que acumula la miseria y la arrincona, en vez de gestionar la herencia dentro del bien común, del “patrimonio acumulado universal”, que es el trabajo acumulado que pasa de generación en generación, es decir, gestionarlo como lo que debería ser o formar parte de lo común “patrimonio acumulado universal”, que en definitiva es todo aquello que queda como patrimonio horizontal y del cual se beneficia toda la sociedad.
Con el vaivén de la historia, cuando hoy día estamos cada vez más alejados de los problemas reales del conjunto de la población; cuando el sistema capitalista ha apostado por aquello de “Sálvese quien pueda” y dejemos al azar la benevolencia de la naturaleza que nos acompañe en el cambio climático, la contaminación, en el envenenamiento de las tierras, las aguas y los alimentos que ingerimos y continuamos cayendo en la distracción de la guerra, guerra, guerra, muerte, muerte más muerte, que no nos lleva más que al desastre, y mientras tanto, ahora que deberíamos tener una mirada mucho más profunda por el comportamiento nuestro con respecto al planeta y tratar de rectificar, para que futuras generaciones tuvieran una oportunidad, el mundo hoy está gobernado por energúmenos fascistas, que sin duda nos llevan al desastre total.
Hoy, cuando las injusticias se han impuesto a la normalidad de una sociedad en construcción, donde cada vez más, queda mucho por construir los enlaces de las personas que deben ser el bastión de esa comunidad que tanto anhelamos, mientras algunos de nosotros, esperamos los buenos momentos de la REVOLUCIÓN, que lo debe cambiar todo, o al menos lo esencial que nos aporte vida, puesto que sabemos que no basta de uno ni de muchos, sino de todos. Se hace largo el camino.
En este caso, y recordando la Huelga de Alquileres de 1931 y sus precedentes, recordemos a la “Unión de Defensa de Inquilinos” que ya a finales de 1919 tuvo que organizarse rápidamente, para plantar cara a los propietarios y su cámara de la propiedad, en un contexto realmente de conflicto, en 1919 en Barcelona, recordemos aquella lucha social por la reducción de las 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso que trajo aquella huelga de febrero, marzo de 1919 que consiguió por primera vez la jornada de 8 horas todo y que no fue de aplicación inmediata, por la resistencia de muchos empresarios, aunque el presidente del gobierno Conde de Romanones lo firmará para que de alguna manera, llegará la paz social, no se empezó a aplicar hasta octubre o noviembre de 1919, y acto seguido la patronal en las fiestas de Navidad y año nuevo de aquel año, organizó una huelga salvaje empresarial, Look out, que no era más que un pacto del hambre de los obreros, un castigo a la CNT-AIT y aquellos obreros que les había obligado a negociar el trabajo a la baja.
Así pues, la respuesta de la patronal fue una venganza brutal de clase, para provocar el hambre en las familias de los obreros, un lockout, que duró todo el mes de diciembre y los primeros diez días del mes de enero de 1920, y una de las condiciones para volver al trabajo, era romper el carnet sindical de la CNT-AIT.
El odio de clase de la burguesía catalana sobre la CNT-AIT era patente, por ello, no dudaron en asesinar a los grandes hombres del anarcosindicalismo.
La subsistencia obrera en este proceso fue dura, pero gracias a las cooperativas de consumos los obreros o mejor una buena parte de aquellas familias pudieron resistir, la cornada que le propició la burguesía.
El proyecto de la exposición internacional de 1929 trajo a Barcelona una importante mano de obra procedente de la emigración que llegaba en su mayoría por vía marítima.
Mientras esa efervescencia de trabajo desorbitado estaba en proceso, la burguesía, “bien pensante”, apenas se preguntó dónde deberían dormir y descansar aquellos jóvenes obreros y sus familias que hacían posible, con el esfuerzo del trabajo y sus manos, y levantaban el proyecto que los empresarios catalanes soñaban para ampliar sus dividendos.
Bien en aquel momento no existía ninguna prestación económica y todos aquellos obreros tuvieron que ir a vivir, bien en barracas en la periferia de la ciudad, o se llegaron a construir viviendas a través de pequeños terratenientes que pusieron sus terrenos para la especulación en los barrios limítrofes, también algunas cooperativas religiosas, algunas muy pocas con carácter social principalmente en Sabadell con el anarcosindicalista Bruno Lladó y las casas baratas que el patronato de la vivienda de la ciudad distribuyó por los barrios periféricos de la ciudad, donde no había ningún tipo de servicio a unos cuantos kilómetros a la redonda, como por ejemplo el Prat Vermell en Zona Franca.
En aquel 1931, cuando en Barcelona llegaba con retraso los vientos del Crack del 29 en New York y las obras de la gran exposición Universal del 29 en Barcelona tomaban sus últimas vueltas, después de un proyecto de construcción de una buena parte de la ciudad, así como una parte de lo que hoy conocemos como Línea 1 y 3 del metro de Barcelona. La urbanización de la montaña de Montjuïc, la Plaza de España y sus aledaños y la vía rápida de la calle Balmes, donde los ferrocarriles catalanes fueron soterrados para convertir la calle Balmes en una vía rápida, que debía servir como autopista para los nuevos y flamantes automóviles Ford que habían adquirido las clases burguesas de la ciudad, que ahora debía desplazarse hasta el recinto de la exposición universal en la avenida Cristina, con rapidez.
Bien cuando todo ese trabajo estuvo listo, y con la llegada de una nueva clase política en el gobierno de España, en un periodo en que se puso fin a la Monarquía y se asentaba 2ª República, nacida el 14 de abril de 1931, los obreros que ya empezaban a organizarse en la CNT-AIT creyeron que con los republicanos las negociaciones serían más fáciles, ya que aquellos políticos de izquierdas entenderían mejor las reivindicaciones sobre la precaria situación de los obreros.
Sin embargo, los hechos no fueron como los obreros habían pensado.
El Comité de Defensa Económica, que partía del sindicato de la Construcción de la CNT-AIT ubicado en la calle Mercaders 26, su primer paso fue, que todos aquellos que tuvieran problemas con el alquiler se pusieran en contacto con el CDE para desde allí primero valora la situación de cada uno de los inquilinos y establecer, a partir de metros cuadrados y ubicación de la vivienda, que cuantía era justa y debería abonar de alquiler, después esa estimación se haría llegar al propietario para que tomara en consideración, la situación actual de crisis y fuera consecuente con ello.
Pero la respuesta empresarial fue completamente inhóspita y correosa, por lo que la cámara de la propiedad no quiso saber nada en esa dirección y no solo eso, sino que se procuró los servicios del poder para castigar con el desahucio, aquellos que se negaban a abonar el alquiler.
Bien esa lucha en 1931 tuvo diversos episodios referentes a manifestaciones, resistencia a los desahucios, donde hay que tener en cuenta que la Guardia de Asalto creada por la República, por primera vez será la fuerza que actúa con contundencia contra los inquilinos, que no pueden hacer frente a la subida desmesurada de los alquileres y más teniendo en cuenta, que este hecho se produce en un momento de crisis, de “paro forzoso”.
Una Guardia de Asalto, que había sido entrenada y educada para actuar sin miramientos, con saña, incluso contra mujer y niños si era preciso.
Bien una vez detenido todo el comité de defensa económica, al gobernador civil Oriol Anguera de Sojo, no se le ocurrió nada mejor que ir al día siguiente, a la cárcel Modelo e instalarse en el despacho del director de la prisión para llamar uno a uno a los detenidos, y de uno en uno reírse en su cara, el resultado de toda esa maniobra, fue un motín en la Modelo de Barcelona y al día siguiente, una huelga solidaria en la ciudad, por los hechos acaecidos en la cárcel, la huelga, tuvo en vilo a todo el centro de la ciudad, hasta que la Guardia de Asalto, consiguió ocupar, el local social del sindicato de la Construcción, en la calle Mercaders.
El resultado de aquella tropelía del Estado, sería de más de doscientos detenidos y siete obreros muertos.
A partir de aquel momento la propiedad se proclamó, como ganadora y satisfecha de aquella contienda, porque tenía todo el sindicato de la construcción detenido en prisión. Días más tarde entrevistado Santiago Bilbao una de las cabezas visibles de aquella huelga y miembro del Comité de Defensa Económica, declaró en un artículo del periodista Paco Madrid que la huelga había estado un existo, ya que las familias obreras, en aquellos cuatro meses se habían ahorrado más de 12 millones de pesetas, que habían servido para dar de comer y vestir a sus hijos, además que en algunos barrios la huelga continuaba, por lo que aquel esfuerzo estaba muy bien empleado, además se habían creado una serie de asociaciones de inquilinos que trabajaban para gestionar los alquileres a la baja, en toda la ciudad, incluso en aquellos barrios como el ensanche, en que nadie se había movido por este motivo de la huelga de los alquileres.
En 1936, durante el tiempo de la revolución los alquileres en Barcelona se rebajaron al 50 % de descuento, había un sindicato de inquilinos, que era quien se encargaba de gestionar y recaudar el importe del precio de los alquileres, el sindicato de alquileres tenía sus oficinas en la calle Robador y a través de la prensa obrera insistía que los inquilinos fueran a depositar el importe del alquiler cada mes, hasta su sede en la calle Robador. También en aquellos tiempos de revolución, en la ciudad de Badalona se llegó a legislar, para la abolición de la propiedad vertical y a cambio, esa propiedad, paso a ser propiedad horizontal, es decir, se abolió la propiedad privada, hecho mucho más acorde, con lo que se estaba viviendo en aquel momento.
Después, la derrota, los cementerios, las cárceles, el silencio, la miseria de una España derrotada.
En la cual a finales de los 50, concretamente en 1959, en el periódico ABC del 2 de mayo de 1959, el falangista José Luis Arrese, dice: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios, aspiramos a que la vivienda sea de quién vive y que de la renta limitada pasemos al ideal de la venta limitada”[1].
Sin duda, es bueno saber que, lo que Arrese quería, era premiar en primer lugar su tropa, aquellos soldados y falangistas que estuvieron al lado de las tropas franquistas. Después vendría el resto.
A primeros de los setenta con el boom de la construcción y la gran emigración de aquellos años, ya fuera en Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia, los emigrantes que en aquel entonces ya llegaban con el tren desde Andalucía y Extremadura o desde Galicia y otros lugares, al llegar a nuevos barrios limítrofes de la ciudad como eran en Barcelona, Belvitche, Llefia, Badalona, Mombau, etc. Los emigrantes se instalaban en las nuevas viviendas, en muchos casos, que aún no habían sido terminadas la obra, con la firma de unas importantes letras que iban venciendo cada mes, avaladas por la banca que constó “dios y su madre” de pagar, pero se pagaron.
A partir de ahí, en democracia, los pisos de renta limitada fueron desapareciendo, y cada familia tenía la oportunidad de vender o malvender aquellos pisos que llegó un momento que fueron suyos.
Años después, con la llamada democracia en marcha, con la ley Boyer de 1984 el parque habitacional se convirtió en un espacio de libre mercado de inversión cosa que en España se remató con una nueva ley en la etapa de José María Aznar, con la liberación del suelo de prácticamente toda España. Hecho que permitió, que los especuladores de todo el mundo pusieran los ojos y los pies en la Península Ibérica, en esta nueva oportunidad, para los especuladores asegurándose un marco legal, que permitió la perversidad de aquellos que no tienen escrúpulos, que han abusado de la vida y la bondad de las personas que no tienen los mismos afanes egoístas que los especuladores, son esas personas que juegan con la vida de los demás, a los que llegan a llamar “Bichos” cuando tratan de echarlos de sus propias casas.
Ese afán por la propiedad que ha pervertido a todos esos especuladores de todos los niveles. Desde aquellos que tienen la apariencia de legales como aquellos roedores miserables que enturbian y se aprovechan de la situación que ha propiciado la situación actual.
Así pues, lo que se trata hoy, no es ya de diferenciar entre “fondos buitres”, “inmobiliarias”, pequeños propietarios y estafadores.
Se trata de poner cara a la especulación de unos pocos sobre la mayoría, entender la definición de la propiedad y sobre todo de la multipropiedad a la cual, en absoluto se la puede entender como ahorro, si no como un acto de bandidaje, de usurpación del esfuerzo de los trabajadores por aquellos que quieren ser dueños de lo ajeno.
Así pues, hoy día, principalmente se trata de denunciar la multipropiedad como un acto de usura de aquellos que tratan de vivir con el esfuerzo de los demás, en este caso de la mayoría.
La multipropiedad es un acto detestable, que no cabe en una sociedad democrática que plantea que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna.
De alguna manera hay que recobrar el “sentido común” que tenía nuestros padres y nuestros abuelos.
¿Y qué representa recuperar el sentido común de nuestros padres y de nuestros abuelos?, es muy sencillo, es volver a entender y hacer parte de nuestra vida, actos tan sencillos, en los que no intervenga la usura, y para ello por el momento necesitamos de una buena legislación, que solo pueden llegar a realizarse a partir de unos políticos que sean capaces de servir al pueblo, para cubrir las necesidades en esta materia.
A partir de este momento es vital entender el “Sentido Común” como un bien preciado, pero en absoluto como en estos momentos nos tratan de encauzarlo, con la lógica burguesa y el arraigo de la propiedad, como un hecho consumado, que favorece a unos poco y castiga cada vez a más personas, y familias, se trata de cuestionar el sentido común que campea hoy en la sociedad, recuperar el sentido común de nuestros predecesores, que sin la necesidad de un aprendizaje académico, eran capaces de razonar hacía el bien común, dentro de una sociedad, desde la normalidad de todos sin excepción.
Es un término que debemos interpretar con una sensibilidad natural que interrelaciona las personas de una comunidad, con un proyecto común, que abarca todos los campos de la vida cotidiana, con la máxima cotidianidad posible, para en definitiva crear una sociedad lo más armónica posible.
Para que pase a un segundo plano, reflexiones que nada benefician a lo común cuando hoy en día solo hay que ver en los medios sociales, como se desprecia o se insulta a aquel que no ha tenido ni la suerte de la herencia, ni la suerte de los que practican la especulación de la vivienda como un hecho normal y legal, ya que, quien ejerce el poder se ha encargado de favorecer las iniciativas de todos aquellos que se aprovechan del trabajo ajeno, y eso parece no tener fin.
Por eso, es fundamental recuperar la normalidad del sentido común de padres y abuelos, que en definitiva debería ser una norma de respeto al buen gusto y a la historia y el sacrificio que seguro hicieron la mayoría de las generaciones anteriores, que aprendieron a compartir aquel poco que tenían, y ahora descartar las controversias que pueden llegar a tener aquellos intereses que abundan en las familias acomodadas que vive de la especulación, es decir, a costa, del esfuerzo de unos muchos. En definitiva, ese sentido común debe de facultarse en la vida práctica del conjunto de la sociedad, porque lo importante es darles una oportunidad a todas las vidas.
Sabemos que la estructura económica de este país, y el entorno de occidente, puede ser similar y en algunos casos fuera de nuestro territorio, ya hace un tiempo en que hay una preocupación por sus conciudadanos, y eso es vital, ya que actualmente quienes tienen que afrontar los alquileres es un acto que podemos considerar un robo, una agresión a la integridad de las personas que ven como un porcentaje muy elevado de su esfuerzo en el trabajo, va a para al especulador de turno.
Al final, mientras la sociedad o sociedades no sean capaces de realizar la revolución desde abajo, mientras vivamos en sociedades con un sistema de “Plutocracia” y no tanto de “democracia” hay que armar y buscar a los políticos que tengan el valor suficiente, para trabajar realmente por los intereses del pueblo, de las personas y buscar la equidad del sistema, no hay otra, que los especuladores tengan el camino cerrado y no puedan realizar esas operaciones especulativas en prejuicio de los más.
Mientras tanto, sabemos que una sociedad que está reculando y perdiendo derechos civiles, no lo tiene fácil, pero sin duda, necesitamos de esa mirada, y de ese sistema que debe de equilibrar una sociedad que viva en paz consigo misma.
Por lo que el camino no puede ser otro que desterrar las mafias y los especuladores fuera del esfuerzo de los trabajadores a los que les arrebatan su salario.
[1] ABC 2 de mayo de 1959.
Texto de Manel Aisa Pàmpols, publicado su blog en mayo de 2026. Él es autor de La Huelga de Alquileres de 1931 y el Comité de Defensa Económica, editado por El Lokal, año 2014 (con reedición en el 2018).
