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La lucha docente sigue presente
9 de desembre, per adiospgou09/12/2025
La lucha docente sigue presente
El pasado lunes 24 de noviembre algo más de 150 personas se reunían frente al Parlamento de Cantabria. Mientras tanto, dentro, VOX y PRC unían sus votos a los del PSOE para rechazar los presupuestos del PP y una de las razones era, precisamente, la falta de acuerdo en el conflicto educativo. 150 manifestantes no tumban unos presupuestos, pero 9.000 docentes sí lo han hecho. Y, sin embargo, 150 personas frente al Parlamento parecen indicar que la lucha docente está desinflada. ¿Qué está ocurriendo realmente?
Hay un hecho objetivo en cualquier lucha antagónica, sea del tipo que sea: más allá de la retórica, de la narración, del relato y de mirarnos el ombligo, todo lo que no sea una victoria es una derrota. Se podrán “avanzar posiciones” que nos sitúen en un mejor escenario para otros conflictos, se podrá tener una “victoria moral” que nos proporcione fuerzas en otros contextos: pero si no se gana, se pierde. Y, desde esa perspectiva, a día de hoy, 25 de noviembre, en el conflicto educativo por la adecuación salarial el colectivo va perdiendo frente a Sergio Silva. Y, precisamente por lo argumentado en este párrafo, tan pronto ceda Silva (se haya “llegado a un acuerdo”, dirá la prensa burguesa) el profesorado lo habrá ganado. Por tanto, no hay razones para cantar victoria, pero tampoco para tirar la toalla. Hay que, simplemente, afinar el tiro.
Es cierto: 150 personas parecen la muestra viva de una derrota anunciada. Pero merece la pena pararse a mirar otros indicadores para fijarnos en qué momento estamos realmente del conflicto. A modo de ejemplo, me centraré en el apoyo a las jornadas de huelga. A lo largo de este conflicto, la Junta Personal Docente en su conjunto ha convocado un total de cuatro jornadas de huelga unitaria. Los seguimientos de éstas han sido: 67% en la del 3 de abril; 52,3% en la del 28 de mayo; 52,8% en la del 29 de mayo, 51,3% en la del 23 de octubre. Las diferencias de un punto porcentual no creo que merezcan tenerse en cuenta, teniendo en cuenta que pueden verse afectadas por días de permiso solicitado, bajas o que determinado día se trabaje o no en jornada parcial.
Es cierto que hay una bajada importante (15,7 puntos) entre el primer y el último día de registro de huelga. Con todo, creo que debe tenerse en cuenta que el 3 de abril se convocó una única jornada de huelga, mientras que en el caso de las del 28-29 de mayo y la del 23 de octubre todo el personal docente estaban convocado a dos días de huelga (en el caso del 28-29 de mayo, ambos días para todos los cuerpos; en el caso del 23 de octubre, esa misma semana se convocó a colegios, institutos, centros de idiomas y conservatorio y escuelas de arte por separado). El conflicto tiene distintos niveles de intensidad dependiendo de la exigencia de las acciones concretas y de su extensión en el tiempo. Algunas otras cuestiones se podrían añadir para reforzar esta tesis: impresionantes movilizaciones de miles de personas frente a tristes concentraciones de poco más de cien personas; la extraordinaria movilización de primaria frente a los titubeos de secundaria o el esquirolismo insultante de escuelas de idiomas…
Si acaso no está bajando el apoyo, ¿es posible que aumente? Merece la pena recordar que en esta última ocasión, un único sindicato de la Junta, Comisiones Obreras, decidió realizar una convocatoria diferente: frente al día común (23 de octubre) y otro día adicional por cada centro de trabajo, CCOO mantuvo la convocatoria inicial (desde el 20 al 24 de octubre para todos los cuerpos). El seguimiento en estos días fue mínimo y ha servido a algunas personas para argumentar que el funcionariado docente no quiere profundizar el conflicto o que “ya se nota el cansancio” y empiezan a tirar la toalla. Creo que es un análisis incorrecto: una de las claves narrativas de este conflicto ha sido, precisamente, la unidad sindical; el escaso seguimiento parece más bien un castigo a la estrategia de haber roto con la Junta que un rechazo a la herramienta en sí misma. Y no digo, con esto, que el profesorado cántabro esté dispuesto a ir a la huelga de una semana o indefinida: digo, simplemente, que no ha habido una oportunidad real para probarlo. El seguidismo del personal trabajador a la Junta, tampoco sería, en cualquier caso, una buena noticia.
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Todos estos datos creo que demuestran un hito máximo de apoyo en una acción puntual y una «base mínima de compromiso» que es mayoritaria. La poca variación entre los datos de mayo y octubre creo que revelan que el apoyo real a la causa no ha disminuido. La lucha docente, aunque los ritmos se prolonguen, no ha perdido fuerza. Pero lo cierto es que el apoyo tampoco ha aumentado y, a más largo es un conflicto, más posibilidades tiene la facción “conservadora” de acabar triunfando: a fin de cuentas, solo tiene que aguantar el tipo.
Creo que la palabra que mejor define el estado actual del conflicto es, precisamente, estancado. No está derrotado (llevar a la huelga a más de la mitad de un cuerpo de 9.000 personas trabajadoras y manifestaciones frecuentes que superan los 5.000 y 6.000 participantes, con picos de hasta 8.000 difícilmente puede llamarse derrota) pero no consigue avances. Ante el problema que esto supone, cabe preguntarse, ¿qué estrategias puede seguir el personal docente para salir de este estancamiento?
Creo que puede ser contraproducente incidir más en los centros que más movilizados están. Quienes trabajamos en algunos centros educativos movilizados hemos visto como, en numerosas ocasiones, se repiten las visitas sindicales pero, ¿de qué sirven esas visitas, si ya estamos movilizados y movilizadas? Algunos centros han tenido un seguimiento en torno al 70% en todas las acciones habidas. ¿Es posible llegar al 100%? Probablemente el coste para intentar alcanzarlo (discusiones sobre aplicar una u otra estrategia, debates bizantinos y burgueses sobre la libertad individual del esquirol a perjudicar al resto) sea mayor que las posibilidades reales de aumentar esa participación. Creo que una horquilla de participación entre el 50 y el 67% es lo suficientemente fuerte como para realmente imponer sus demandas si realmente se lo proponen.
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Pese a esto, creo que sería importante ampliar la base del conflicto. No tanto para intentar superarlo sino para ir “sustituyendo” el (lógico) cansancio de los compañeras y compañeros. Creo que es posible aumentar esta base mediante la implicación de compañeros y compañeras cuyos centros de trabajo no hayan tenido una participación importante en las movilizaciones. Es importante que el personal trabajador docente pueda identificar en qué centros ha sido mayor o menor la participación en el conflicto para incidir más en los que menos; para apoyar a aquellas personas compañeras que, solas, apenas se atreven a ir a la huelga o ven muy complicado organizar una asamblea. En este sentido, ya se han comenzado a organizar actos en algunos centros y, en los siguientes meses, se espera que se repliquen en otros. Permanezcan con atención vigilantes.
Así, dado que estamos ante un conflicto laboral, creo que la principal y primera estrategia, que ya está en marcha, debe ser desbordar las demandas del profesorado. La adecuación salarial es justa y necesaria pero, observando la precariedad laboral general y que una mayor parte del cuerpo los docentes vienen de realizar otros trabajos, no parece un motor suficiente para movilizar de forma constante y permanente a los trabajadores y trabajadoras de la educación pública. Ahora bien, si incluimos otras medidas, como las ratios, el fortalecimiento de los equipos de orientación o la reducción de burocracia, la implicación de los docentes a la lucha será, probablemente mayor.
Sobre este aspecto, el consejero Silva —ebrio de poder y creyéndose ganador del conflicto salarial— busca imponer tribunales en las oposiciones a partir de sus afines (3 de cada 5 miembros elegidos por Consejería, y no al azar como era hasta ahora) y que la calificación de oposiciones anteriores no se mantenga en posteriores oposiciones. Ambas medidas podrían tener un efecto arrollador sobre el personal nuevo: por una parte, que hayan pasado el filtro (ideológico) de Consejería; por otra, que estén en una situación más precaria (a fin de cuentas, cada dos años tendrían que “reciclarse o morir”) lo que ayuda a que sean más dóciles ante futuros conflictos laborales. Es necesario (y posible) movilizar tanto a las personas aspirantes de futuras oposiciones como a los veteranos interinos.
Algunas de estas demandas del profesorado son de carácter general, como las expresadas más arriba. Pero existen otros dos niveles que creo que pueden ser igual de interesantes: en primer lugar, aquellas demandas relacionadas con el centro en sí mismo: rehabilitación de espacios, mantenimiento de los equipos electrónicos, disposición de materiales…; en segundo lugar, aquellas que tienen que ver con el entorno del centro, especialmente con la accesibilidad y la peligrosidad del tráfico rodado, pero también pueden ser otras como la cercanía de una casa de apuestas. Ambas tienen la ventaja de que evidencian una realidad obvia para aquellas personas que trabajamos en centros educativos: que nuestro centro de interés siempre es el alumnado.
Se abre aquí el debate, siempre eterno en el conflicto educativo, sobre si debemos construir una alianza con las familias para conseguir nuestros objetivos —con el peligro de que nuestras demandas de clase queden olvidadas, o que perdamos el tiempo en intentar convencer a alguien que no quiere ser convencido—, o si debemos, por el contrario, ignorar a las familias —con el peligro de que las familias se conviertan en ariete en nuestra contra. Probablemente (y no negaré que es una manera elegante de eludir el debate) debamos seguir nuestra propia hoja de ruta como trabajadores y trabajadoras pero con la información y amabilidad debida al resto de la comunidad educativa.
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Pero quizás más importante en relación a estas demandas locales sea el hecho de que la planificación, organización y selección de estas demandas solo puede partir de la comunicación entre colegas de centro de trabajo, algo que fortalece los lazos a la hora de llevar a cabo cualquier acción (sean encierros, manifestaciones o huelgas). Toda acción reivindicativa en un conflicto laboral parte del centro de trabajo y, cuanto más fuerte sea la base, más lejos podrá llegar el vértice.
Esto nos lleva, como no, a una nota final. Quizás todos los actores implicados (los sindicatos, por supuesto, pero también el personal de los centros) hemos dejado demasiado espacio público a la participación de los partidos políticos en todo este asunto. Un conflicto laboral no puede depender del circo electoral de PP, PRC, VOX y PSOE de que la sucesora de Revilla consiga convencer a una arribista acechada por el fascismo de Vox, todo esto ante la inoperancia del Partido Social-liberal. Ya hace demasiado que se dijo eso de que la victoria (¿o era la emancipación?) de la clase trabajadora será obra de la clase trabajadora misma. Si el PRC consigue arrancarle unos presupuestos al PP —algo, a día de hoy, poco probable— sería para nuestra lucha, en el mejor de los casos, una victoria pírrica. Sí, es cierto, que eso implicaría haber convencido al conservadurismo del PRC de la fuerza del profesorado; pero no dejaría de ser una participación en el juego de trileros que es el Parlamento cántabro que dejaría desarmado al personal docente ante futuros enfrentamientos. Solo con centros de trabajo realmente organizados los trabajadores de educación el personal educativo tendrán la oportunidad de resistir ante futuros embistes de este u otro gobierno y de avanzar para ganar derechos.
El título de este artículo es, precisamente, un cántico que se escuchaba en la manifestación del lunes. Un cántico que no era muy habitual pero que refleja, precisamente, esa situación actual de estancamiento. Los y las docentes seguimos aquí, sí, pero si no nos organizamos desde abajo, y pronto, nuestro conflicto se disolverá como lágrimas en la lluvia. Es ahora.
Artículo del boletín Briega en papel nº 72 diciembre 2025
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¿Vuelve la mili? (y 2)
9 de desembre, per adiospgou09/12/2025
Fuente:¿Vuelve la mili? (y 2)
Una revisión de lo que está pasando ahora con el servicio militar obligatorio en Europa y por dónde van los tiros, también en España.
Ver también:
¿Vuelve la mili? (1)Rafael Ajangiz, para Tortuga.
En el capítulo anterior ya concluíamos que estamos ante la vuelta del servicio militar obligatorio en Europa. En este segundo, vamos a repasar las decisiones que están tomando los distintos países europeos que hoy por hoy no tienen mili obligatoria, prestando una especial atención a este nuestro país ibérico.
Países sin servicio militar obligatorio
Empezamos por un clásico europeo del servicio militar voluntario. El Reino Unido abolió la mili obligatoria en 1960. Lo hizo, aunque en aquel momento tenía déficit de reclutamiento, en función de su historial de solo acudir a la leva en tiempos de guerra. Y lo hizo al revés de Estados Unidos, que intentó prolongar la mili obligatoria para alimentar sus guerras en otros continentes, algo que le salió mal, porque se encontró con una fortísima resistencia interna cuando Vietnam hasta el punto de evitar desde entonces cualquier intención de volver al reclutamiento obligatorio. No hay vuelta atrás. Es tal la tradición histórica en el Reino Unido que cuando, en las elecciones de 2023, sobre la base de un evidente déficit del reclutamiento voluntario, el gobierno conservador de Sunak propuso la vuelta a la mili obligatoria, hubo tal reacción contraria de las generaciones jóvenes que el Partido Laborista reaccionó firmemente en contra y, poco después, los analistas militares confirmaron que recuperar la obligatoriedad no era la manera de resolver el déficit de reclutamiento voluntario.
Seguimos por los primeros países que, en 1992-93, decidieron abolir la mili obligatoria: Bélgica y Holanda. Bélgica, que lo hizo en 1992, es uno de los modelos adaptativos más mencionados hoy en día. Este país ofrece a quienes cumplen 17-18 años un servicio militar de doce meses con una paga mensual de 2.000 euros, en la esperanza de que se queden en las fuerzas armadas; si no lo hacen, quedarán como reservistas durante otros diez años. Con este programa, también abierto a mujeres, Bélgica espera incorporar a 1.000 voluntarios en el primer año y hasta 7.000 nuevos voluntarios en cada año posterior hasta llegar a disponer de una fuerza de hasta 40.000 reservistas no profesionales en 2030. Un programa que, en palabras del Gobierno, pretende disponer de suficientes efectivos sin tener que recurrir a la recuperación del servicio obligatorio, algo a lo que se oponen la mayoría de fuerzas políticas e incluso los propios militares, que insisten en que no tienen ni presupuesto, ni infraestructura ni equipamiento para formar a reemplazos de conscriptos.
Holanda pretende más que doblar sus efectivos militares, de los actuales 70.000 hasta unos 200.000, para 2030. Un primer paso es mandar a quienes cumplan 17 años, hombres y mujeres, un cuestionario voluntario donde deben dar cuenta de su formación, capacidades y motivaciones, así como cercanía o afinidad con la política de defensa. El objetivo es ofrecerles un “año de servicio” para que prueben la carrera militar. Simultáneamente, el Gobierno está promoviendo un servicio comunitario voluntario de 80 horas, en el que ya participan unos 25.000 jóvenes cada año, con ánimo de incorporar unos 110.000, la mitad de la cohorte anual. Podría entenderse como el camino para establecer un servicio nacional obligatorio equivalente al de Suecia.
Francia evitará imponer un servicio militar obligatorio mientras siga funcionando la incorporación de jóvenes al servicio nacional en sus dos variantes civil y militar, es lo que dijo el presidente Macron en 2018. El objetivo del Gobierno es asegurar suficientes efectivos militares y para ello necesita incorporar al servicio militar voluntario entre 60.000 y 70.000 jóvenes cada año. Un primer paso para ello fue la creación en 2019 del “Service National Universel” (SNU). El SNU, coordinado con las fuerzas armadas, está dirigido a jóvenes entre 15 y 17 años y dura un mes. En 2023 participaron 40.135 voluntarios, la mayoría de ellos en servicios comunitarios.
El SNU sería una primera toma de contacto para promover el servicio militar voluntario. En realidad, según documentos oficiales, el Gobierno está trabajando con cuatro escenarios: 1) un servicio militar voluntario que incorpore a esos 60.000-70.000 al año, algo que mejoraría la incorporación al ejército profesional, así como el reclutamiento de la Guardia Nacional; 2) un servicio civil obligatorio de cinco meses, seguido de tres meses de formación militar voluntaria; si 600.000 jóvenes (el 75% de la cohorte anual) hicieran ese servicio civil, bastaría con que un 10% de ellos realizase también el servicio militar voluntario para cumplir con las cifras; 3) un servicio obligatorio que empezase con un tronco común de 12 días y luego se dividiese en cinco meses de servicio civil o bien tres meses de servicio militar; 4) la recuperación del servicio militar obligatorio con un servicio civil de mayor duración. Como podemos ver, es muy posible que Francia recupere el servicio obligatorio en sus dos vertientes civil y militar.
En julio de 2025, hemos asistido en Alemania a un intenso debate sobre la recuperación del servicio militar obligatorio, incluso incluyendo a mujeres. Esta propuesta fue impulsada por el ministro de Defensa Boris Pistorius sobre la base de que Alemania debe incrementar los efectivos militares. Haciendo referencia al modelo sueco, propuso concretamente que, al cumplir 18 años, todos los jóvenes con pasaporte alemán recibieran una invitación formal para incorporarse a un entrenamiento militar básico de 6 meses que luego podría ampliarse hasta 17 meses de servicio. La idea no fue bien recibida por los neoliberales del Freie Demokratische Partei y también llegaron críticas desde su propio partido, el Sozialdemokratische Partei. En cambio, la Christlich Demokratische Union, cuya ex-líder Angela Merkel fue precisamente quien decidió el fin de la mili en 2011, se posicionó a favor de recuperar el servicio obligatorio.
El debate ha durado meses y, finalmente, este mismo noviembre, el Gobierno de coalición ha aprobado la propuesta de Pistorius de enviar, a partir de 2027, un cuestionario digital obligatorio para registrar datos de capacidad física y mental, así como motivación e interés, para identificar quienes podrían incorporarse al servicio militar. Un servicio militar en principio voluntario pero que contempla la posibilidad de un alistamiento parcialmente obligatorio e incluso un sorteo para elegir quintos en caso de que no se logren los objetivos de reclutamiento. Nos encontramos con un medio camino entre los modelos belga y sueco y, aparentemente también, con una futura vuelta al servicio obligatorio.
En mayo de 2024, la Lega propuso una ley para recuperar en Italia un servicio civil o militar obligatorio de seis meses de duración para los jóvenes entre 18 y 26 años, con implantación o gestión regional en vez de nacional. La propuesta fue registrada en el Congreso pero aún no se ha aprobado. Al actual ministro de Defensa, Guido Crosetto (Fratelli d’Italia), no le convence la propuesta a pesar de que, como hemos visto más arriba, los votantes de su partido estarían a favor en casi un 70%. El problema es que el 73% de los jóvenes a quienes se impondría la obligación está rotundamente en contra.
Llegamos a España. Partimos de un déficit histórico en el reclutamiento militar voluntario así como de efectivos militares (ver reciente artículo en Tortuga) a pesar de la “buena imagen” de las fuerzas armadas españolas en las encuestas del CIS y a pesar de la aprobación de medidas “compensatorias” para hacer más ventajosa la profesión militar (al respecto, es interesante consultar los estudios e informes del Observatorio de la Vida Militar). Así las cosas, no hemos oído, como pasa en los países del entorno, ninguna voz proponiendo la recuperación de la mili obligatoria, ni tan siquiera VOX ha dicho esta boca es mía, y eso teniendo en cuenta que, como hemos visto más arriba, casi el 70% de sus votantes apoyaría esa vuelta a la mili. Como dijo la ministra Margarita Robles en marzo de 2024 en la Comisión de Defensa del Senado: “en España no va a haber servicio militar obligatorio, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.
Aunque a veces nos cueste decirlo, el mayor logro del movimiento antimilitarista en este país fue la abolición del servicio militar obligatorio. Cuando en 1996 el candidato Aznar prometió el fin de la mili, el SMO era ya un cadáver viviente debido a una masiva objeción de conciencia espoleada a su vez por una exitosa desobediencia civil insumisa sin parangón mundial (solo podríamos encontrar equivalente en la resistencia norteamericana a la guerra de Vietnam y eso que era una guerra a morir en país lejano). De aquellas lluvias, estos lodos. Margarita Robles se las ve y se las desea para legitimar socialmente a las fuerzas armadas. Tal como lo atestiguan estudios propios, ni tan siquiera el envío de fuerzas españolas a misiones internacionales, esa gran apuesta que comenzó con el despliegue en Bosnia-Herzegovina en 1995, ha servido para mejorar su imagen. Hasta los desfiles militares suenan mal. De ahí que hoy su mejor baza sea la UME. Mientras, quien sin duda se ha beneficiado de la mayor inversión en Defensa de los últimos decenios ha sido una industria de defensa que ha cooptado los espacios de decisión gubernamental.
Con todo, como hemos visto más arriba, hay algún dato que nos avisa de que esa renta está perdiendo fuerza con el cambio generacional. El 27% de los jóvenes españoles entre 18 y 29 años estaría hoy a favor de recuperar el servicio militar obligatorio, algo impensable en nuestros buenos tiempos de movilización insumisa. De esto no se habló en el reciente encuentro de Basoa pero, sin duda, habría que darle una vuelta.
En abril de 2024, algunos líderes militares reclamaron la vuelta del servicio militar obligatorio en Portugal. A favor estaba la ultraderechista Chega y en contra el Partido Comunista. Tanto el Partido Social Demócrata como el Partido Socialista guardaron silencio. Las encuestas arrojaron entonces un 47% a favor frente a un 37% en contra, pero sigue sin hablarse de ello.
La República Checa es unos de esos países donde el apoyo a un servicio militar obligatorio ha crecido desde la invasión de Ucrania. De todas maneras, el apoyo a esta idea está todavía por debajo del 50% y ningún partido la ha propuesto en serio. En septiembre de 2024, el ministro de Defensa de Bulgaria, Atanas Zapryanov, anunció que su país no recuperaría el servicio militar obligatorio pero que estaban valorando diversas maneras de entrenamiento militar de la población.
Países con servicio militar obligatorio
Podemos identificar tres modelos principales entre los países que han seguido manteniendo o bien han recuperado recientemente la mili obligatoria: 1) servicio obligatorio en el que se llama a filas a una mayoría de los quintos, el caso de Austria, Suiza, Estonia, Finlandia o Grecia; 2) obligación por sorteo, donde se llama a quienes dicte el bombo, el caso de Dinamarca, Letonia o Lituania; 3) servicio obligatorio selectivo, donde se elige a los quintos en función su nivel formativo y su motivación o interés por lo militar, el caso de Suecia y Noruega. En la práctica, como hemos visto más arriba, el porcentaje de quienes finalmente cumplen con la mili cambia mucho de país a país y va desde el 8% de Suecia hasta el 90% de Austria; entre medio quedan Dinamarca y Noruega (13%), Suiza (43%), Lituania (43%), Estonia (50%), Finlandia (70%) y Grecia (83%). Letonia empezará en 2026.
Entre estos, los cuatro países nórdicos son los más mencionados hoy en día como posibles modelos a emular. Tres de ellos incorporan también a mujeres: Noruega desde 2015, Suecia desde 2018 y Dinamarca desde 2025. Incorporar a mujeres se está convirtiendo en tendencia, muy evidente ya en los casos de Bélgica y Holanda, pero con Francia, Alemania y Grecia dispuestas a ello. Todo por la igualdad (y asegurar un reclutamiento suficiente). Además, los cuatro países nórdicos están incorporando como criterio de reclutamiento selectivo el hecho de tener conocimientos informáticos avanzados.
Entrando más en detalle, Finlandia es el ejemplo emblemático de país con servicio militar obligatorio. El reclutamiento implica a 27.000 hombres cada año, aproximadamente el 70% de la cohorte de edad, a los que hay que sumar otras 1.500 mujeres como voluntarias. En Dinamarca, la mayoría de las 4.700 incorporaciones anuales son “voluntarias” y el resto hasta completar aforo resultan de un sorteo que incluye por igual a hombres y mujeres desde este año 2025. El Gobierno quiere llegar a reclutar un mínimo de 7.000 para el año 2033, así que es bastante probable que año tras año vayan aumentando lxs elegidxs por sorteo.
Noruega y Suecia tienen un sistema semi-obligatorio centrado en encontrar perfiles concretos. El objetivo no es entrenar a grupos enteros de edad sino reclutar solamente a quienes cumplan con las necesidades operativas de las fuerzas armadas. A los 17 años, todo joven, hombre o mujer, tiene que rellenar un cuestionario sobre su salud física y mental, antecedentes criminales, e interés o motivación para incorporarse a las fuerzas armadas. Sobre estos datos iniciales y algunas entrevistas después, las fuerzas armadas “invitan” a quienes consideran candidatxs más idónexs. En Noruega, de los 60.000 jóvenes del reemplazo anual, alrededor de un 13% termina haciendo la mili, dos tercios son hombres y un tercio son mujeres. En Suecia, que suspendió el servicio obligatorio en 2010 pero lo recuperó en 2017, aproximadamente un 8% del reemplazo termina haciendo la mili, de los que una cuarta parte son mujeres. Además, desde 2023, se incluye también un servicio civil en sectores sensibles como servicios de emergencia y de mantenimiento o soporte en el suministro de energía eléctrica. Empieza a haber análisis técnicos sobre la solvencia del modelo.
Tradiciones diferentes, tendencias convergentes
Estamos en un contexto de incremento del gasto militar y de los efectivos militares para hacer frente a las “nuevas amenazas” a nuestra soberanía, ahora pensando más en la defensa del territorio y sus fronteras que hace algunos años; habría que añadir también la defensa de intereses de todo tipo, económicos sobre todo. Se empiezan a oír voces recordando el contrato social, los derechos y valores ciudadanos, las libertades que nos hemos dado, también la patria. Nos encontramos, sin duda, en un escenario de preparación de la guerra, de una gran guerra, hay que decirlo.
El reclutamiento sigue siendo esencial para el sostenimiento de las fuerzas armadas de todo país europeo, pero ahora más, porque el que tenemos se revela insuficiente para los nuevos tiempos pre-bélicos. Por eso mismo, el discurso oficial apela a la participación y cooperación ciudadana para hacer posible un nuevo modelo de reclutamiento. Los modelos que más se escuchan en Europa son el belga y el sueco. El primero es voluntario, el segundo es obligatorio, pero ambos son selectivos, buscan incorporar gentes con las capacidades, habilidades y motivaciones que necesitan las fuerzas armadas. Ambos, también, incluyen tanto a hombres como mujeres.
La tendencia es clara: es muy posible que termine imponiéndose la obligatoriedad, cuya forma y grado dependerá de la realidad de cada país. Y ello frente a una juventud, escasa por la baja tasa de natalidad, que respira de otra forma, que reclama independencia, que valora las ofertas en función del mercado, que no va a ser tan fácil de convencer. Y ahí es donde entramos nosotras las antimilitaristas.
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Todo tiene un final y un porqué
8 de desembre, per Nadia08/12/2025
Fuente:Han pasado más de quince años desde que el primer número de Todo por Hacer –un monográfico sobre la huelga general de septiembre de 2010– vio la luz. Unos meses después (en febrero de 2011), decidimos embarcarnos en la aventura de empezar a publicar un periódico nuevo cada mes, que, tal y como escribimos en nuestra presentación, era fruto de “la ilusión y el esfuerzo de varias compañeras por sacar adelante un proyecto autogestionado que contribuya a visibilizar nuestras posturas en un formato –el papel– que, lejos de haberse vuelto obsoleto y anacrónico, sentimos que tiene sus propias ventajas: una cierta perdurabilidad, la difusión ‘mano a mano’, la presencia física en la calle, etc”.
En esa época, muchas anarquistas madrileñas veíamos que nuestras ideas y acciones no hallaban eco entre las personas ajenas a nuestro círculo y que, si bien era un momento de variada y buena contrainformación en la red, entendíamos que se necesitaba dar un paso más y dirigirnos a un público más amplio. Por eso fundamos un periódico gratuito, en el que el dinero no fuera un impedimento para conocernos, que se encontrara en nuestros sitios de referencia (centros sociales, sindicatos, manifestaciones, etc) pero que también estuviera en bares, en el metro, en bibliotecas, asociaciones de vecinas… con el fin de llegar a cuanta más gente, mejor.
Desde entonces, hemos sacado adelante 179 números –incluyendo un par de ellos que, por culpa de la pandemia de 2020, no pudimos imprimir– repletos de artículos de análisis y de opinión, tratando en los mismos “de dar difusión a noticias que vayan más allá de un mero titular, que nos inspiren y mantengan su vigor aun con el paso de las semanas”. Y es ahora, con mucha pena, con la que os anunciamos que este proyecto está llegando a su fin.
Uno de los motivos por los que hemos decidido echar el cierre –quizás el principal– se debe al cansancio que arrastramos. El Todo por Hacer lo conformamos un pequeño grupo de amigas que todos los meses nos peleamos con los elementos para rascarle tiempo a nuestra vida personal, familiar, laboral y de militancia para encontrar tiempo para escribir artículos, buscar fotos, maquetar el número, llevarlo a nuestros puntos de distribución habituales, repartirlos en manifestaciones u otros eventos, enviarlos por correo a nuestras suscriptoras y difundir el contenido por redes sociales. En los últimos quince años nuestras circunstancias vitales han cambiado en muchos sentidos –hemos tenido criaturas, entrado en curros nuevos, hemos pasado por varias mudanzas, etc– y cada mes que pasa vamos acusando el agotamiento que ello supone. Sencillamente, no vemos sostenible continuar con el mismo ritmo. Y es que precisamente, aunque el hecho de ser “un pequeño grupo de amigos” cercanos y afines es una de las razones de que hayamos conseguido llegar hasta aquí, también ha sido un arma de doble filo que ha dificultado la incorporación de nuevas personas al proyecto de forma duradera, quedándonos sin un relevo natural para el proyecto.
Por otro lado, el contexto en el que nació este proyecto ha cambiado radicalmente. A finales de 2010 y principios de 2011 nos encontrábamos sumidas en una gran crisis económica y se respiraba inquietud en las calles, la rabia contra el sistema político y financiero supuraba y parecía que en cualquier momento se podría producir un gran estallido social. Unos meses después, arrancaría el 15-M, se producirían manifestaciones masivas y dos huelgas generales y, con ello, sentíamos que de alguna forma la clase obrera podría superar el sistema tradicional de democracia representativa parlamentaria. Es en este contexto en el que volcamos nuestros esfuerzos a dirigirnos a las personas que no se identificaban necesariamente como anarquistas pero que participaban en los movimientos sociales de la época para mostrarles lo que la organización colectiva, horizontal y asamblearia podía conseguir al margen de los representantes públicos. En otras palabras, nuestra intención no era hacer un periódico de anarquistas para anarquistas (lo cual habría estado más centrado en la teoría o en el debate interno), sino generar una herramienta para que nuestras ideas o interpretación de la actualidad pudieran ser visibles en una manifestación por la sanidad pública, en el mercado del barrio o en nuestro centro de trabajo, todo ello para contribuir a la formación de ideas antiautoritarias, críticas y transformadoras.
Sin embargo, tres lustros después, con la excepción de algunos movimientos como el propalestino, el feminismo y, de vez en cuando, el de vivienda, por lo general los movimientos sociales se encuentran de capa caída y la receptividad hacia nuestras ideas, también. El asentamiento de las ideas de la ultraderecha en el sentido común colectivo, las apuestas institucionales de experimentos fallidos como Podemos y Sumar que desmovilizaron al asamblearismo horizontal, la represión a los movimientos en general y al anarquismo en particular y la erradicación de espacios como centros sociales okupados, asociaciones vecinales cedidas, bibliotecas populares, etc. han reducido considerablemente nuestro ámbito de influencia.
Es un hecho que cada vez nos lee menos gente. En nuestra “época dorada” la tirada de nuestros números en papel podía ascender a los 3.500 ejemplares algunos meses y los artículos de nuestra página web tenían unos 6.000 lectores (cifras que, además, se dispararon durante los meses que duró la pandemia y nos encontrábamos confinadas). Sin embargo, la forma de acceder a noticias –o, incluso, se puede hablar de consumirlas– ha cambiado drásticamente en los últimos años y cada vez se lee menos. Los podcasts y los vídeos en redes están desplazando a los artículos en internet y, en mayor medida, en papel. Por esta razón (unida quizás a un deterioro en la calidad de nuestros artículos y una disminución de nuestra actividad en redes), actualmente nuestra tirada en papel es de 1.500 unidades y nuestros artículos reciben 300 visitas a lo sumo. No es tanto que pensemos que el formato papel ha quedado obsoleto (aunque quizás para gran parte de la generación más joven sí lo esté), al contrario, creemos que sigue teniendo cierta cabida. Sin embargo, el esfuerzo requerido a día de hoy para difundir el proyecto y hacer llegar la publicación a más gente es mayor que hace unos años (a nivel de redes sociales, por ejemplo) y nuestras fuerzas y nuestra red de apoyo han menguado: nos acercamos a los 40 años y estamos cada vez más desconectadas de los movimientos y colectivos más jóvenes y de sus espacios. Además, las manifestaciones multitudinarias en las que repartíamos el periódico todos los meses, ahora no son tan frecuentes. Por todo ello, queremos dar paso a nueva generación que puede comunicar ideas antiautoritarias de formas diferentes, llegando a un público más amplio, a través de los formatos que vean oportunos.
A pesar de todo, no queremos ser derrotistas y pensar que no tiene ningún eco todo lo que hemos hecho hasta ahora. Aun con todo, a día de hoy siguen siendo muchísimas las personas y colectivos que apoyan al Todo por Hacer de muchas maneras: escribiendo o proponiendo artículos, enviándonos reseñas, repartiendo el periódico, donando dinero… Después de pasar años sudando la gota gorda para conseguir pasta haciendo conciertos, rifas y lo que se nos ocurriera, por fin logramos que el proyecto se autofinancie mediante las suscripciones, que además han hecho también que la distribución de más de la mitad de la tirada salga por esta vía, y que han seguido sumando espacios de distribución hasta el último momento, con más de 30 espacios de todo tipo donde se puede encontrar fuera de Madrid (centros sociales, librerías, bibliotecas, bares, comercios, etc). Gente que nos sigue escribiendo para agradecer, para rebatir, para aportar… Demasiada gente y demasiados proyectos sin los que nunca habríamos conseguido esta constancia y que han seguido ahí hasta el último momento. Un enorme GRACIAS no es suficiente para transmitir las fuerzas que nos habéis dado y lo que nos habéis hecho sentir. Cuando pensamos en quienes nos habéis ayudado a sacar adelante este proyecto se nos viene a la mente una letra del cantautor Producto Interior Bruto: “Os he visto esforzaros por aquéllo en lo que creéis, y a que pase el tiempo y que ahí permanecéis. Os veo dándole vueltas a cómo mejorar, pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad. […] Os he visto creando aquéllo que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. […] Y sé que tengo suerte de teneros cerca; no encuentro belleza en los que nunca se rebelan”.
El hecho de que estemos dando un paso atrás no quiere decir que no estemos orgullosas de todo lo que hemos hecho al sacar, de forma ininterrumpida, 179 números de nuestra publicación, en los que hemos abordado debates importantes, hemos informado de luchas sociales, hemos colaborado con campañas urgentes y hemos proporcionado un altavoz a asambleas de vivienda, a sindicatos de base, a sindicatos de barrio, a asambleas vecinales, a colectivos contra la gentrificación, a organizaciones feministas, antirracistas, de defensa de los derechos LGTBIQ+ y de las personas trans, antifascistas, a grupos antirrepresivos y anticarcelarios, etc. Todo ello escribiendo artículos que bebían de influencias muy diversas, con estilos e ideologías distintas y con las que podemos tener nuestras diferencias, pero con los que hemos encontrado espacios comunes –como el antifascismo, la solidaridad contra la represión, el feminismo, la defensa de los derechos conquistados, etc– para trabajar de forma colectiva y horizontal para dar respuestas colectivas a los problemas más graves de nuestros entornos (desahucios, despidos, redadas racistas, represión policial, etc).
Con el orgullo de haberlo hecho lo mejor que hemos sabido, anunciamos el inminente fin de este proyecto. No queríamos cerrarlo sin avisar previamente, puesto que no nos gustan los finales abruptos; pensamos que es preferible avisar con un mínimo de antelación e informar de nuestro proceso interno. Sacaremos nuestro último número (que será el 180) el próximo mes de enero, cuando cumplamos exactamente quince años. Así nos despedimos con un número redondo. Nos habría gustado llegar a los 200, pero eso supondría aguantar casi dos años más y no nos da la vida.
Quizás este adiós no sea totalmente definitivo. No nos vemos capaces de seguir con el ritmo de la publicación mensual, pero nuestra intención es ir sacando, de vez en cuando, algunos números monográficos dedicados a temas relevantes. Y, en cualquier caso, nos seguiremos viendo en las calles y en nuestros espacios cercanos.
Cuando publicamos el número 150 de Todo por Hacer en julio de 2023, escribimos que “para que cualquier proyecto surja y sobreviva, se necesita creérselo y tirar para adelante con constancia y dedicación. También, y para evitar el pesimismo y la sensación de inutilidad o de derrota, creemos que es importante ser conscientes de que las luchas y las militancias tienen ciclos, momentos de explosión y de reflujo y que con ello debemos convivir y adaptarnos, tratando de seguir vivas en los momentos en los que parece que no tenemos incidencia para estar siempre preparadas para cuando llegue nuestro momento”. Como ya hemos dicho, ya no tenemos fuerzas para seguir con la misma constancia y dedicación que antes, pero nos encantaría que surgiera otro proyecto similar al nuestro y continuara con esta labor. Porque insistir e insistir, crear lazos solidarios con otros proyectos y personas y marcarse objetivos que sean realizables en el corto plazo, pero bellos y motivadores en el horizonte, puede ayudar a nuestros proyectos sean duraderos y que puedan ser un ejemplo de que una sociedad libre e igualitaria es posible.
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Entrevista con Julen Rekondo sobre la problemática del amianto
7 de desembre, per Pajaro Observador07/12/2025
En este sentido, llevamos unos meses recibiendo con cuentagotas algunas informaciones mediáticas sobre el inicio de la creación de un vertedero de amianto aquí, en Cantabria, en el municipio de Castañeda, en una zona que linda con el municipio de Piélagos. Todo ello, con una opacidad muy grande, mucha desinformación por parte de los ayuntamientos implicados y el Gobierno de Cantabria. Por las últimas referencias mediáticas, parece que los primeros pasos de la obra ya han incluso comenzado, sin tener evidencia o garantía clara de que este lugar vaya ser un espacio de almacenamiento seguro, convirtiéndose en lo que se denomina un “vertedero de seguridad”. Las últimas noticias que hemos recopilado apuntaban titulares como “El vertedero de Castañeda recibe la autorización para tratar residuos con amianto”, algo que, tras revisar el Boletín Oficial de Cantabria hemos podido constatar que en junio la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente otorgaba a la empresa que gestiona el vertedero existente, Integraciones Ambientales de Cantabria, S. A., y al Ayuntamiento de Castañeda, la autorización ambiental para llevar a cabo este proyecto, aunque en ningún momento se especifica que este vaya a transformarse en un "vertedero de seguridad".
Hace un tiempo leíamos noticias en relación al futuro derribo del antiguo y enorme edificio del hospital de Valdecilla, en Santander, la residencia, el cual contiene enormes cantidades de amianto que dificultan su demolición, y parece que este proyecto de vertedero, entre otras cosas, podría tener mucho que ver con este proceso de derribo, al leer titulares como “Cantabria contará con vertedero de amianto tras derribo de Residencia de Santander”, “El amianto obligará a desmontar la Residencia planta a planta”.
Ante todo este contexto de falta de información pública y opacidad por parte de los ayuntamientos de Castañeda, Piélagos y el Gobierno de Cantabria, y de cara a saber qué es este proyecto y los riesgos que puede implicar si se llega a implementar, hemos hablado con Julen Rekondo, quien estudió Ciencias Químicas, es técnico y consultor ambiental, también divulgador en varios medios de comunicación, está en varias organizaciones ecologistas y fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998. Como complemento a todo lo hablado en el programa, Julen nos amplió las informaciones con la entrevista por escrito que os compartimos en este artículo:
ENTREVISTA CON JULEN REKONDO
Sobre la problemática del amianto
¿Qué es el amianto?
El amianto (o asbesto) es un grupo de minerales fibrosos de origen natural conocidos por su resistencia al calor, a la corrosión y por ser buenos aislantes. Se ha utilizado históricamente en una amplia gama de productos, especialmente en materiales de construcción como tejas, baldosas y tuberías de fibrocemento, así como en frenos y embragues de automóviles. Su inhalación, sin embargo, es extremadamente peligrosa, ya que puede causar enfermedades graves como el cáncer y la asbestosis.
¿Por qué se ha venido usando y qué problemas a nivel de salud humana en particular y ambiental en general se descubrió que implica?
El amianto se usó ampliamente durante el siglo XX hasta la década de 1970, cuando el reconocimiento público de los peligros para la salud del polvo de asbesto llevó a su ilegalización en la construcción convencional y en la protección contra incendios en la mayoría de los países. A pesar de esto y en parte porque las consecuencias de la exposición pueden tardar décadas en surgir, se cree que al menos cien mil personas al año mueren a causa de enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto según la OMS.
A pesar de la gravedad de las enfermedades relacionadas con el asbesto, el material se ha utilizado ampliamente en todo el mundo, y se cree que la mayoría de los edificios anteriores a la década de 1980 contenían asbesto. Muchos países aún apoyan el uso de asbesto como material de construcción, y la extracción de asbesto está en curso, con Rusia como el principal productor, produciendo alrededor de un millón de toneladas en 2015.
El asbesto representa un peligro para la salud bien conocido. La inhalación de fibras de asbesto puede conducir a varias afecciones pulmonares graves; al respecto las autoridades médicas demostraron que los productos relacionados con el asbesto/amianto provocan asbestosis y cáncer con una elevada mortalidad desde 1906, demostrado por Montague Murray. Pero no fue hasta 1931 cuando comenzó a regularse y tenerse en cuenta la peligrosidad del mineral, en Reino Unido, con la muerte de Nellie Kershaw, considerada la primera trabajadora con asbestosis por exposición de amianto en su puesto de trabajo. La primera publicación oficial que demostró una relación entre el asbesto y la asbestosis fue Mesothelioma of pleura and peritoneum following exposure to asbestos in the London Area.
El amianto en España
Utilizado por grandes industrias y por la construcción, el amianto fue un material utilizado a lo largo del siglo pasado, que se popularizó en las décadas de los 70 y 80. Estudios determinan que su vida útil es de unos 25-30 años, y a partir de ese momento comienza a descomponerse y a emitir fibras que generan graves enfermedades en la salud humana.
En España se prohibió la instalación de elementos con amianto el 14 de junio del año 2002. No obstante, se calcula que los españoles viven entre más de 3 millones de toneladas de amianto, presente en casas, edificios, infraestructuras industriales y de ocio y en el medio ambiente.
¿Cuál es la diferencia entre amianto y uralita?
La diferencia es que amianto es el mineral peligroso y uralita es el nombre comercial de un producto de fibrocemento (una mezcla de cemento y fibras) que contenía ese mineral, popularizado por la empresa Uralita S.L. En España, ambos términos se usan a menudo de forma indistinta para referirse al fibrocemento con amianto, debido a la gran penetración de esta marca en el mercado. Hoy en día, existe "uralita sin amianto", un material de fibrocemento seguro que se diferencia del original por no contener el mineral peligroso.
Diferencia entre Amianto y Asbestos
No existe diferencia entre amianto y asbestos, ya que son sinónimos. Ambos son conceptos que sirven para agrupar un grupo de seis minerales metamórficos fibrosos, compuestas por silicatos de cadena doble, con una estructura cristalina y que contienen finas fibras con una longitud por encima de las 5 micras y un diámetro inferior a 3 micras.
La palabra asbestos si la traducimos del latín significa «incombustible» e «inextingible»
¿Cuál es la situación legal en España y en Europa?
En España, el uso, comercialización y fabricación de amianto están prohibidos desde 2002, según la Orden ministerial del 7 de diciembre de 2001. Esta prohibición sigue vigente y se complementa con el RD 396/2006 para la manipulación segura y la eliminación de los materiales que ya existían, que además incluye sanciones por incumplimiento. A nivel europeo, la Directiva 2009/148/CE establece un marco legal para la protección de los trabajadores frente a la exposición al amianto, prohibiendo su uso y estableciendo normativas para su manejo y eliminación.
Asimismo, el Real Decreto 396/2006, establece estrictas medidas de seguridad aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Cabe recordar que el Parlamento Europeo aprobó, el 14 de marzo de 2013, una Resolución titulada “Riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065(INI)”. En ella se instaba a la UE, a la Comisión y a los Estados miembros a que inventariasen la presencia de amianto y elaboraran mapas de localización para, posteriormente, realizar planes de acción para su eliminación antes de 2028.
¿Cuál es la situación en otros territorios del mundo? A pesar de estos riesgos, ¿se sigue utilizando en algunos lugares?
El amianto sigue siendo utilizado en países como India, China, Rusia, Estados Unidos e Indonesia, a menudo en productos de fibrocemento para techos y paredes. La exportación de amianto continúa desde países como Rusia, Kazajistán, Canadá, China, Perú y Brasil, exponiendo a los trabajadores a sus peligros, especialmente en naciones con regulaciones laborales más laxas.
Países que lo prohíben: Un número creciente de países, incluyendo toda la Unión Europea, Argentina, Chile, Colombia y Canadá, han prohibido total o parcialmente el uso y comercio de amianto.
Países que lo siguen usando: Países como Rusia, China, India, Indonesia, Estados Unidos y Brasil continúan con la producción y/o importación de amianto, especialmente para productos de construcción.
La uralita desarrollada a partir de 2002 ya no tiene amianto, por lo que no implicaría estos riesgos, ¿esto es así?
Sí. La uralita fabricada a partir de 2002 ya no contiene amianto porque su uso está prohibido en España desde ese año, por lo que no implicaría los mismos riesgos. Sin embargo, la uralita instalada antes de 2002 sí puede contener amianto, y solo se considera peligrosa si sus fibras se liberan al aire, por ejemplo, si el material se daña o se deteriora. La uralita comercializada después de 2002 utiliza sustitutos como la fibra de vidrio, que no son perjudiciales para la salud.
En Cantabria, en el municipio de Castañeda, en una zona que limita con el de Piélagos, se está proyectando un vertedero, con muy poca transparencia…¿existen alternativas de gestión que se puedan reivindicar en lugar de almacenarlo en un vertedero? ¿No queda otro remedio que almacenarlo en un vertedero? ¿Qué se debe reivindicar? ¿Una gestión fiable a nivel estatal? ¿Unos límites al almacenamiento para evitar procesos de importación de amianto de otros territorios?
Gestión de residuos: Debe ubicarse en un vertedero de seguridad que cumpla con los requisitos de la normativa vigente.
Aislamiento del suelo: El subsuelo debe tener una baja permeabilidad (conductividad hidráulica) y un espesor adecuado para evitar fugas y contaminar el agua subterránea.
Protección contra fenómenos naturales: La ubicación debe tener en cuenta los criterios de sismicidad y otros factores que puedan afectar la estabilidad de la instalación.
Aislamiento y sellado: Se debe garantizar el aislamiento del amianto del exterior, por ejemplo, mediante el sellado con hormigón.
Control de la contaminación: Se deben implementar medidas de control y vigilancia para prevenir la dispersión de fibras de amianto en el aire y en el agua.
¿Cómo se destruye el amianto?
Cuando el material llega al vertedero, este puede tener diversos finales, como pueden ser su almacenamiento (El cual es el método más barato), su eliminación completa o su transformación en un material inerte. Destacar, que todos estos procesos a excepción del almacenamiento, no se realiza en un vertedero de amianto, y algunos de ellos, ni siquiera se aplican por razones económicas y técnicas.
A continuación, diferentes procesos en plan descriptivo-informativo (otra cuestión son las críticas que se pueden hacer al respecto):
Almacenamiento: Actualmente, es el método más utilizado en todos los países del mundo debido a su alto coste de destrucción, por lo que normalmente se trata como los residuos nucleares, se entierra bajo tierra con un recubrimiento de hormigón. Periódicamente, debe efectuarse una evaluación del riesgo de exposición probable de los operarios del vertedero que se ocupan de transportar o enterrar las bolsas de residuos, los cuales deben someterse a muestreos individuales. Los empleados deben protegerse contra el riesgo de exposición (provocada, por ejemplo, por la rotura de las bolsas o los embalajes de los residuos durante su transporte o enterramiento) mediante la utilización de equipos de protección adecuados (filtros de partículas de alta eficacia en el aire acondicionado de las cabinas de los vehículos y uso de equipos de protección respiratoria aptos para amianto y ropa protectora, así como vestuarios o instalaciones de descontaminación).
Vitrificación: Este proceso se lleva a cabo en plantas de transformación de residuos, las cuales incineran el amianto a una temperatura superior a los 1400 grados, el cual hace una reacción química que convierte el residuo peligros en uno inerte reutilizable como conglomerado de construcción. El problema de este proceso, que consume mucha energía y recursos, por lo que no sale rentable.
Método ABCOV: Sólo hay una empresa en el mundo que procesa el amianto para su conversión a través de procesos químicos patentados, que convierten el amianto en arena y como material inerte. Aquí te adjunto su metodología por si le quieres echar un vistazo: ABCOV.
Proyecto «Amiante»: Es un proyecto que funciona a través de los Fondos Europeos que tiene como fin convertir el amianto en material inerte a través de un proceso que no influya ecológicamente en el entorno. No parece que esté en funcionamiento a día de hoy.
INERTAM: Consiste en un proyecto francés que ya lleva 30 años en funcionamiento con una capacidad de hasta 8000 toneladas al año, que consiste en convertir el asbesto en un mineral llamado «Cofalit» a través de un proceso de vitrificación especial que alcanza los 1500º. Así, el contenedor que contiene amianto se coloca en una zona dónde se prepara el residuo para mezclarlo con sílice, calcio, combustible y yeso, de modo que, a través de un procedimiento totalmente automatizado, se transforma en un material inerte, el cual no posee propiedades cancerígenas y puede emplearse de nuevo para la construcción cumpliendo el ciclo del reciclaje. Destacar que la marca Cofalit es una marca patentada.
ThermalRecycling: Es una planta diseñada en Francia. El proceso científico desde 2008 por el que pasa se llama desnaturarización (Denaturing), el cual consiste en transformar el asbesto en una sustancia nueva llamada «Calmag» que pueda emplearse para la construcción de carreteras, a través de un proceso comercialmente viable. Están tratando de que este material pueda emplearse para pavimiento y otros elementos de la construcción.
Cuestiones a reivindicar:
- Gestión pública y no privada.
- Participación social en todo el proceso.
- Inventario de amianto en Cantabria, y, en función de ello, límites a su almacenamiento en un vertedero de seguridad.
- Establecimiento de ciertos criterios sobre la ubicación del vertedero: Los criterios para la ubicación de un vertedero de amianto deben incluir la consideración de la sismicidad del área, la geología, la hidrogeología y la distancia a zonas pobladas, además de cumplir con la normativa de la Ley 7/2022. Es esencial que el vertedero sea un vertedero autorizado, yo diría, de seguridad, que siga estrictos protocolos para garantizar la contención del amianto y evitar la liberación de fibras peligrosas al medio ambiente.
- Sismicidad: La ubicación debe ser analizada según los criterios de sismicidad de la normativa vigente, como la Norma de Construcción Sismorresistente en vigor (NCSR-02).
- Geología: Se deben considerar los criterios geológicos para asegurar la estabilidad del emplazamiento a largo plazo.
- Hidrogeología: Es crucial evaluar la vulnerabilidad del acuífero para prevenir la contaminación del agua subterránea.
- Distancia a zonas pobladas: Se deben establecer distancias seguras para evitar la exposición de la población al amianto.
- Cumplimiento normativo: La ubicación debe ser un vertedero autorizado y cumplir con todos los requisitos de la normativa vigente, en particular, con la Ley 7/2022.
¿Es obligatorio retirar un material con amianto que esté instalado y en uso?
En primer lugar, hay que mencionar la Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. En concreto, esta orden prohíbe las actividades de comercialización y uso del amianto como materia prima. Por su parte, el artículo 4 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, redunda en dicha prohibición al recoger expresamente las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto en la extracción del amianto, la fabricación y la transformación de productos de amianto o la fabricación y transformación de productos que contienen amianto añadido deliberadamente, exceptuando de tal prohibición únicamente el tratamiento y desecho de los productos resultantes de la demolición y de la retirada del amianto.
No obstante, conforme a la normativa, los materiales o productos con amianto fabricados e instalados con anterioridad a la prohibición que entró en vigor en el año 2002, pueden seguir instalados y en uso mientras dure su vida útil, no siendo obligatorio retirarlos siempre y cuando estén en buen estado y no presenten riesgos de liberación de fibras al ambiente. En este sentido, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, que afecta a la fabricación, comercialización y uso de estas fibras y de los artículos y mezclas que lo contengan, realiza esta misma puntualización. Esto es debido a que en la mayoría de los casos para que haya exposición a fibras de amianto debe haber manipulación del material con amianto, sobre todo si se trata de materiales denominados no friables.
Finalmente, cuando un material haya alcanzado el final de su vida útil, hay que retirarlo conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006.
¿A que riesgos de salud humana y ambiental se puede ver expuesta la población en las cercanías de un vertedero como este?
La población cercana a un vertedero de amianto está expuesta a riesgos graves para la salud y el medio ambiente debido a la inhalación de fibras que pueden causar enfermedades respiratorias como la asbestosis y cánceres como el de pulmón y mesotelioma. Los riesgos ambientales incluyen la contaminación del suelo y del agua subterránea por la lixiviación de las partículas y la dispersión de las fibras por el aire.
Se debe realizar pruebas fuera del área de reducción para confirmar que no haya niveles elevados de fibra fuera del área de trabajo.
¿Cómo es la situación en otros territorios a nivel de la existencia de otros vertederos?
La situación de los vertederos de amianto varía globalmente: muchos países del Norte Global han prohibido su uso y cuentan con regulaciones específicas, mientras que en otras regiones el amianto sigue siendo utilizado y exportado, aumentando el riesgo de vertederos ilegales y mal controlados. Países como Rusia y China continúan su producción y uso, mientras que otros como Canadá, aunque ya no lo extraen, lo envían a países en desarrollo donde la legislación es menos estricta. Esto crea una doble situación: por un lado, la gestión de residuos en países con prohibiciones, y por otro, el peligro creciente en regiones con poca regulación y vertidos ilegales.
El vertedero de Zaldibar en Bizkaia recibió 4.235 toneladas de materiales de construcción que contenían amianto, como placas, tuberías y canaletas de fibrocemento. El vertedero pasó de ingresar 2.954 toneladas en 2017; a 2.592 en 2018; y a 4.235 en 2019, un incremento del 43% en solo dos años, según cifras del Gobierno vasco.
¿A la hora de denunciar a nivel político, hacia dónde debe dirigir los focos la ciudadanía? ¿Hacia quienes toman las decisiones a nivel municipal, a nivel regional, a nivel estatal o incluso a nivel europeo?
Fundamentalmente a nivel municipal y regional, que son quienes tienen las competencias.
BIBLIOGRAFÍA
www.residuosprofesional.com/tag/amianto/
(Colaboro en esta Revista, muy interesante a nivel de información)
DIRECTRICES PARA LA RETIRADA DEL AMIANTO INSTALADO. Ministerio de Sanidad.
https://www.insst.es/documentacion/material-tecnico/preguntas-tecnicas-f...
https://www.retema.es/blog/el-impacto-de-la-nueva-ley-de-residuos-en-los...
https://www.gisgal.com/wp-content/uploads/2025/11/Guia-para-particulares...
https://www.eldiario.es/euskadi/blogs/viento-del-norte/cinco-anos-despue...
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La huelga general política y sus límites
5 de desembre, per Redacción05/12/2025
Los últimos meses han estado marcados por una intensificación de las movilizaciones sociales contra el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando sobre el pueblo palestino. En distintos lugares del mundo, la clase trabajadora ha mostrado una solidaridad constante, saliendo a las calles, organizando huelgas de estibadores y denunciando la complicidad de los gobiernos occidentales con la maquinaria de guerra israelí. Sin embargo, a pesar de este impulso, las “iniciativas” sindicales que han buscado canalizar esa rabia y el descontento en forma de huelga general han tropezado con los propios límites de una huelga política.
Creo necesario reflexionar sobre lo ocurrido en estas huelgas por Palestina, en especial la del 15 de octubre (15-O), y más ampliamente sobre el papel del sindicalismo en las luchas internacionales contra el imperialismo y el capitalismo global. Lo hago no desde el juicio fácil, sino desde la convicción de que las herramientas de nuestra clase —la huelga, la solidaridad, la autoorganización— deben usarse con rigor, estrategia y compromiso real. Sin esa responsabilidad, en el mejor de los casos, podemos ir a rebufo de los movimientos sociales y dejar que estos marquen el ritmo de la actividad política de los sindicatos. En el peor, simplemente puede ser percibido como oportunismo para atraer a los movimientos sociales al sindicato, sin más pretensión que hacer propaganda y aparecer en la foto.
Una crítica necesaria a las huelgas políticas recientes
Quiero comenzar señalando, desde el respeto pero con claridad, que las últimas huelgas convocadas en torno a Palestina han mostrado un preocupante grado de improvisación. Al igual que la del año anterior, la huelga del 15-O se organizó con prisas, sin un diálogo profundo con las secciones sindicales y sin una campaña sólida que pudiera darle cuerpo político y sindical. Lo que podría haber sido una expresión genuina de internacionalismo proletario, terminó pareciendo en buena medida un gesto vacío: un ejercicio de oportunismo por parte de ciertas derivas sindicales más preocupadas por “no quedarse atrás” que por construir una verdadera correlación de fuerzas.
Esta falta de planificación ha sido consecuencia directa de que las huelgas no han partido de un trabajo de base real y, más importante todavía; sin entrar en un diálogo y en un muy necesario debate con las secciones sindicales. Aunque la iniciativa pueda parecer valiente —porque toda huelga lo es—, su ejecución ha sido débil, carente de arraigo y de continuidad. La huelga ha sido un fracaso en términos cuantitativos, por lo que podemos afirmar que su modo de convocatoria no ha estado a la altura del reto político que enfrentamos. En muchos sectores, salvo honrosas excepciones como el del metal, la huelga no ha calado con la fuerza necesaria. No era extraño encontrar en los piquetes a militantes de los sindicatos convocantes que desconocían la propia huelga, lo que me hizo preguntarme si realmente sólo se había anunciado por redes sociales y ni siquiera por las vías internas de los sindicatos.
Más allá de la urgencia: construir desde la base
En el seno de las organizaciones del anarquismo social organizado, y en especial en los sindicatos combativos que no han convocado, se había hablado tras la anterior huelga de la importancia de no actuar desde la urgencia ni desde el miedo a parecer indiferentes; sino desde la planificación y el trabajo paciente en los espacios de autoorganización de clase, especialmente aquellos que atienden demandas inmediatas. Sin embargo, vemos cómo esa reflexión no ha terminado de traducirse en práctica. Nuevas convocatorias —que ni siquiera han sido impulsadas por estos sindicatos que no participaron en la anterior— han resonado con los mismos plazos ajustados y sin una articulación suficiente entre territorios.
Mientras tanto, los otros sindicatos —los que ni la convocaron la primera vez ni la segunda, y que se han limitado a apoyarla— han hecho una crítica a esto mismo, pero sin ningún tipo de propuesta o espíritu propositivo. Esto me hace preguntarme si realmente nos importa esta cuestión, más allá de los puntuales apoyos —necesarios y bienvenidos—, o si vemos potencial en la lucha por Palestina.
Creo que dentro de estos sindicatos críticos con la huelga se considera que esta cuestión debe ser apoyada: asistir a las manifestaciones, apoyar a les activistas o dar voz a esta causa por redes sociales. Sin embargo, el sector que cree que esta cuestión puede ser una fuerza motriz dentro de la clase trabajadora para sacar cuestiones más presentes a la luz es minoritario. Más aún ahora, con la paulatina desactivación del apoyo de las masas a raíz del tramposo acuerdo de «paz» promovido por EE. UU. para favorecer a Israel. Y creo que es esto mismo lo que nos da pistas sobre una posible reactivación en el futuro y, por lo tanto, una responsabilidad de aplicar nuestras críticas en el presente.
Si realmente creemos en la capacidad de la clase trabajadora para intervenir en los procesos históricos, debemos asumir que las huelgas políticas no pueden ser un mero acto simbólico. Tampoco podemos ir a rebufo de los movimientos sociales más vanguardistas y dejar que estos marquen el ritmo inmediatista en el que se enmarca su actividad política.
Los espacios de lucha pueden y deben trascender el seno del sindicato o de los movimientos sociales: llevar estas cuestiones a los barrios, a las asambleas por la vivienda y articular la demanda de libertad para el pueblo palestino como una cuestión más de sus necesidades inmediatas.
No deberíamos desaprovechar el potencial concienciador de esta solidaridad internacional: hay una capacidad unificadora, totalizante, en esta cuestión. Los repuntes de la barbarie sionista, y su consecuente solidaridad, deben convertirse en momentos de acumulación de fuerza, en espacios donde se unan las luchas laborales, anticoloniales, feministas y ecologistas que enfrentan a un mismo enemigo: el sistema capitalista global.
El genocidio como expresión del capitalismo contemporáneo
El genocidio palestino no puede entenderse como un hecho aislado ni como una tragedia localizada. Es parte de una estructura más amplia de dominación: el imperialismo, el extractivismo, la militarización y la lógica de acumulación sin límites que sostienen al capitalismo contemporáneo. La colonización de Palestina es el laboratorio permanente de las técnicas de control, represión y desposesión que luego se exportan al resto del mundo.
En ese sentido, el genocidio no es una excepción, sino una manifestación extrema del orden económico y político global.
Desde esta perspectiva, la lucha contra el genocidio palestino debe ser también una lucha contra el capitalismo, contra los Estados que lo sostienen y contra las dinámicas que precarizan nuestras vidas en todas partes. No hay solidaridad internacional sin confrontación directa con las condiciones materiales que permiten y reproducen la barbarie.
Una propuesta: hacia una huelga por la autoorganización de clase
La huelga no sólo puede ser una herramienta de lucha, sino un punto de partida para una acumulación de fuerzas. Una huelga que no se limite a exigir el fin del genocidio, sino que lo sitúe como el punto de partida de una denuncia más amplia contra el sistema de opresión capitalista a nivel internacional y también en el Estado español.
Esta huelga debería articularse, a mi parecer, en torno a varias ideas:
La solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia del imperialismo.
La lucha contra la precarización laboral y vital que afecta a la clase trabajadora.
La resistencia ante el creciente autoritarismo estatal, como demuestran casos recientes de represión política y sindical (las Seis de Suiza).
La oposición frontal al avance de la ultraderecha y su alianza con el capital.
La actuación clave en sectores estratégicos como el armamentístico o el transporte de mercancías (especialmente el marítimo). Sin estos será difícil que la huelga tome un cariz mayor y movilice a otros sectores.
Porque el genocidio no es más que uno de los vértices —quizás el más brutal y desgarrador— del sistema de clases que oprime globalmente a la clase trabajadora.
Enmarcar la cuestión palestina en la lucha de clases no es una exageración: es reconocer que el capitalismo mata, expolia y coloniza. Es romper con la idea de que hay sectores más o menos oprimidos que necesitan nuestra ayuda, y comprender que todos los problemas de nuestra clase, por soportables o terribles que sean, tienen una misma raíz.
