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• Acreditan tortura contra indígena ñuhü Diego Bonilla, perpetrada por policías de Veracruz

  21 d’abril, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) acreditó la tortura que policías ministeriales de Veracruz cometieron contra el indígena ñuhü Diego Bonilla en 2023, y emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado para la reparación integral del daño, informaron organizaciones de derechos humanos.

  La recomendación fue dirigida el pasado 16 de abril, cuando la CEDHV acreditó que Bonilla fue privado arbitrariamente de su libertad y torturado por policías en la fiscalía en Huayacocotla. La resolución de la Comisión, además, determinó que la Fiscalía Especializada «incumplió su obligación de investigar la tortura de manera diligente», precisaron las organizaciones.

  Bonilla, originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, fue testigo del homicidio de su amigo el 29 de mayo de 2023, por lo que al día siguiente fue trasladado a Huayacocotla para rendir su testimonio en la fiscalía de Veracruz, donde policías ministeriales «lo inmovilizaron amarrándolo con una cobija, luego lo presionaron con las rodillas, trepados sobre su cuerpo, y comenzaron a meterle agua por la nariz repetida y violentamente» para que incriminara a otra persona por el crimen, como explicaron el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, entre otras organizaciones, en 2025.

  De acuerdo con la denuncia del 14 de abril de 2025, el testimonio de Bonilla «fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ni su versión real», para detener a Silverio Reyes, hoy preso por el crimen a pesar de que Diego Bonilla nunca lo señaló como responsable. Durante su declaración ante el fiscal itinerante, en presencia de una intérprete oficial, Bonilla relató en su lengua cómo fue torturado por la policía, pero «tanto el Fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio” y redactaron una versión “que Diego no entendió” y que “le pidieron firmarla y retirarse», precisaron.

  Casi un año después de la denuncia, la Comisión emitió una recomendación a la fiscalía tras acreditar la tortura contra Bonilla, por lo que las organizaciones exigieron que la institución la acepte y la cumpla, «al representar una oportunidad para fortalecer la garantía de derechos y prevenir la repetición de actos de tortura».

  Entre las recomendaciones de la Comisión se encuentra la reparación integral del daño, que incluya atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural, así como «la investigación efectiva de los policías ministeriales señalados como responsables» y la adopción de medidas institucionales por parte de la Fiscalía, como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas.

  «Su aceptación y adecuada implementación representa una oportunidad para reparar los derechos de Diego en este caso y enviar un mensaje claro de que la tortura – en particular la cometida en contra de personas indígenas – no será tolerada en Veracruz», indicaron las organizaciones, que recordaron el caso de Bonilla «no es aislado», pues «la tortura continúa siendo una práctica generalizada en el país y en particular, en el estado de Veracruz».

  De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es la segunda entidad a nivel nacional con más investigaciones por tortura, con 2 mil 594 casos entre 2019 y 2025, y la primera a nivel nacional en número de víctimas, con 4 mil 813. De ellas, «las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados, y la Policía Ministerial figura de manera recurrente como autoridad señalada», acotaron las organizaciones.

  A continuación el comunicado completo:

  La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) dirigió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) tras acreditar la tortura contra Diego Fernando Bonilla, una persona indígena Ñuhü de la Sierra Norte de Veracruz, por parte de la Policía Ministerial. Las organizaciones de derechos humanos firmantes solicitamos a la Fiscalía que acepte y cumpla esta recomendación, al representar una oportunidad para fortalecer la garantía de derechos y prevenir la repetición de actos de tortura.

  El 29 de mayo de 2023, Diego Fernando, presenció un homicidio en su comunidad, El Pericón de Texcatepec, Veracruz. Al día siguiente, fue llevado a la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla, perteneciente a la FGEV, para rendir su declaración; ahí fue torturado por policías ministeriales para obligarlo a incriminar a otra persona. Diego se negó a declarar hechos que no había presenciado. En la misma sede, frente a la intérprete para la toma de su declaración, Diego le informó que había sido víctima de tortura. No obstante, fue obligado a firmar hojas en blanco, que posteriormente fueron utilizadas para elaborar una declaración que nunca consintió. Dicha declaración fabricada fue empleada para detener a una persona.

  Con el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Diego Fernando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, radicada bajo el expediente DAI/0161/2023. 

  Asimismo, denunció formalmente los actos de tortura ante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, de la FGEV, quien inició la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023. Pese a ello, esta autoridad no realizó una investigación diligente y, en 2025, determinó el cierre del caso. 

  El 16 de abril de 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió la Recomendación 17/2026, dirigida a la Fiscalía General del Estado, en la que acreditó que Diego fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a tortura, lo cual fue documentado conforme al Protocolo de Estambul. Asimismo, determinó que la Fiscalía Especializada incumplió su obligación de investigar la tortura de manera diligente.

  En consecuencia, la Comisión recomendó la reparación integral del daño, incluyendo atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural; la investigación efectiva de los policías ministeriales señalados como responsables; y la adopción de medidas institucionales por parte de la Fiscalía, como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas.

  Este caso no es aislado, la tortura continúa siendo una práctica generalizada en el país y en particular, en el estado de Veracruz. De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), esta entidad es la segunda a nivel nacional con más investigaciones por tortura, 2,594 entre 2019 y 2025, y la primera a nivel nacional en número de víctimas, con 4,813. Las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados, y la Policía Ministerial figura de manera recurrente como autoridad señalada.

  Por lo anterior, las organizaciones firmantes urgimos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que acepte a la brevedad la recomendación y dé cumplimiento integral a sus puntos como una prioridad. Como lo mencionó la propia Fiscal del Estado en su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, en enero de este año, estas recomendaciones son una oportunidad de “mejorar institucionalmente” y de enviar un mensaje claro contra la impunidad en casos de tortura.

  Su aceptación y adecuada implementación representa una oportunidad para reparar los derechos de Diego en este caso y enviar un mensaje claro de que la tortura – en particular la cometida en contra de personas indígenas – no será tolerada en Veracruz.

  

• Procesan a más de 110 personas por ayudar a personas migrantes en 2025

  21 d’abril, per  Admin2

  Foto: En cubierta, Orestes, suboficial de puente, reúne a la tripulación y explica las maniobras necesarias para preparar la bajada de las RHIB, las lanchas rápidas que se convierten en la primera línea de acción en caso de rescate. (Jaime Pérez Rivero)

  La ayuda humanitaria se convierte en delito en la Europa fortaleza, una “realidad distópica”, en palabras de Silvia Carta, responsable del estudio sobre la criminalización de la ayuda a migrantes que se ha hecho público este 21 de abril. 

  Según el informe, realizado por la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum) y otras ONG, al menos 110 personas en la Unión Europea han sido procesadas en 2025 por ayudar o asistir a personas migrantes. De ellas, 41 fueron “criminalizadas” por rescatar o ayudar a migrantes en el mar; 17 por participar en protestas y otras formas de desobediencia civil; 12 por ayudar a cruzar fronteras; diez por proporcionar asistencia jurídica o información y ocho por dar comida, agua y ropa.

  Las cifras confirman una “tendencia preocupante”, con cifras similares documentadas en los años previos: al menos 142 personas fueron criminalizadas en la UE en 2024; al menos 117 en 2023; al menos 102 en 2022; y al menos 89 entre enero de 2021 y marzo de 2022. 

  Los países que más persiguen la solidaridad con los migrantes son Grecia, con 50 casos; Polonia (20), Italia (19) y Francia (14). Según detalla, la duración media de los procedimientos registrados supera los tres años. Además de los casos particulares, el estudio halló once casos de organizaciones sociales que han sido víctimas de multas y sanciones administrativas por esta ayuda a la población migrante, la mayoría de rescate de personas en alta mar. El estudio también documenta al menos 33 casos de “acoso no judicial” como intimidación y campañas de difamación. 

  “Los procesos contra defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil en solidaridad con migrantes crean un entorno de criminalización diseñado para intimidar, agotar y silenciar”

  Las perspectivas no son buenas para los siguientes años. La autora del informe augura que las “tendencias de criminalización” solo pueden empeorar tras la aprobación de la Directiva de Retorno de la UE, que normalizará una vez validada las deportaciones a terceros países. Con esta propuesta, analiza Carta, se “corre el riesgo de que más personas sean arrestadas o llevadas a juicio por ayudar a quienes lo necesitan y de que los propios migrantes sean acusados de tráfico”. 

  “Las campañas de difamación, la persecución, el acoso policial, la legislación arbitraria y los procesos contra defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil en solidaridad con migrantes crean un entorno de criminalización diseñado para intimidar, agotar y silenciar”, declara Alkistis Agrafioti Chatzigiann, abogada del Consejo Griego para los Refugiados, otra de las organizaciones que ha participado en el informe.

  Este material se comparte con autorización de El Salto

• El Estado, principal agresor a personas defensoras: informe CEMDA

  21 d’abril, per  Admin2

  El Estado mexicano, en sus diferentes órdenes de gobierno, es el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país; en tanto, la delincuencia organizada se convirtió en el segundo agresor y, las empresas privadas son el tercer agresor, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

  Al presentar la edición 12 del “Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México”, CEMDA expresó su preocupación por la falta de una política pública que ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.

  De acuerdo a los datos presentados, en 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas, entre ellas la estigmatización, la intimidación y la difamación. Hubo un notorio incremento con el año anterior, donde hubo 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas.

  En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales. CEMDA precisó que “el hecho de que no haya datos no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido”; también es probable que exista un subregistro en el número de homicidios.

  Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental fueron en 2025 el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético, con 16. Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, del territorio con 41 y del suelo con 32, señala el informe.

  Además, los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la CDMX con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de ellos representa el 56.2% de los eventos de agresión totales.

  El informe de CEMDA también destaca a Jalisco, ya que se registraron 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad adicionalmente, ocurrieron 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.

  En cuanto a la identidad cultural de las víctimas, las comunidades indígenas que más recibieron ataques durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas. Otras comunidades, como chontales, otomíes, mayas, purépechas, mixtecas, entre otras, también fueron víctimas de agresiones.

  Otro dato destacable del informe, es que se incrementaron las agresiones contra mujeres y organizaciones de la sociedad civil y comunidades. El 74.7% de los registros corresponde a estas dos últimas. En tanto que las agresiones a mujeres consistieron principalmente en intimidación, hostigamiento, difamación, amenazas, violencia de género, criminalización y la estigmatización.

  Descarga el informe de CEMDA aquí.

  Publicado originalmente en La Coperacha

• Autonomías: Impulsos, frenos y lecciones

  21 d’abril, per  Admin2

  El 19 de febrero del 2026, en el auditorio de AIDESEP (la mayor organización indígena del Perú) se efectuó un diálogo sobre procesos autonómicos rurales y urbanos. Sobre los primeros participaron en forma presencial líderes jóvenes del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia), Pueblo Sarayaku (Ecuador), GTANW (Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís), Nación Chapra (Perú). Sobre los procesos urbanos se proyectaron videos sobre Acapatzingo (México), las comunas urbanas Kitucara de Quito (Ecuador), los barrios urbanos de Cherán Keri (México), Vale di Susa (Italia), y sobre Perú, la defensa social y ambiental urbana ante el anillo vial en Lima y la autonomía de 1973-1983 de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES).

  Sigue un resumen de los inter aprendizajes principales y que son insumos para las construcciones autonómicas heterogéneas, tanto rurales como urbanas.

  Procesos que impulsan las autonomías

  • Las grandes luchas históricas que generan el “crecimiento” de cada pueblo
  • Las juventudes mantengan viva la memoria colectiva y fortalezcan su vínculo con reconocer los hitos históricos y los procesos de resistencia.
  • Enriquecer el conocimiento sobre estos legados y asegurar su transmisión.
  • Resistencia histórica territorial, no solo en lo material, sino también espiritual.
  • El territorio como eje central de las autonomías, no solo como espacio físico, sino como un sistema integral que articula vida, cultura, espiritualidad y sostenibilidad.
  • Construcción de legitimidad propia, como prioridad, y luego o en paralelo el reconocimiento legal estatal. Principio de realidad sobre lo formal burocrático.
  • La fuerza de resistencia comunal (rural/urbana) ante las agresiones capitalistas
  • La participación, fuerza y propuestas de las mujeres en la acción organizada
  • Imaginar formas de gobernanza con alternancia entre hombres y mujeres
  • El amor del cuidado de la comunidad y del compromiso con las futuras generaciones
  • El amor a la naturaleza, y con la necesidad de cuidar la armonía y el “buen vivir”
  • La familia como base de la organización, y el debate sobre género para adecuarlo y permear de manera estructural las organizaciones
  • Las autonomías no solo en su dimensión política, sino también para garantizar una mejor calidad de vida integral.
  • El rol central del manejo de cuencas como base territorial, como principal garantía para la soberanía de los pueblos
  • La socialización, movilización y estrategias con amplia participación comunitaria
  • La protección de la unidad interna con manejo adecuado de las divergencias
  • El control, convivencia y defensa del territorio milenario
  • La autodefensa y la “guardia que somos todos” para defender los derechos
  • La vivencia de cada generación de que es posible no subordinarse ante el Estado

  Amenazas que frenan las autonomías

  • El sistema educativo que viene desde fuera de los territorios y quiebra la transmisión de los valores, cosmovisiones y estructuras autonómicas
  • La penetración y descontrol de los programas clientelares y asistencialistas del Estado, empresas, ciertas ONGs, iglesias y partidos políticos
  • La violencia política y social de múltiple origen (narcotráfico, petroleras, minería, policial, etc) que asesina liderazgos y debilita el tejido comunitario
  • Las sectas religiosas que destruyen la espiritualidad propia y dividen la organización
  • Los partidos políticos, que “parten” a los pueblos, organizaciones y autogobiernos
  • El divisionismo por la penetración de agendas particulares no colectivas, así como desde visiones externas y no propias

  Autonomías, Estados, Partidos y Ciudades

  • Nunca olvidar o minimizar la larga historia de opresión de los Estados actuales
  • El reto global, no solo local, de cambiar sistemas políticos que ya no funcionan
  • Formas de autogobierno evidencian estructuras alternativas al Estado moderno, basados en la colectividad y el consenso
  • Las autonomías no solo representan una alternativa frente a la colonial modernidad, sino también formas de vida basadas en el cuidado y la reciprocidad
  • La prioridad de fortalecer nuestro modelo propio: Territorio Economía y Ambiente
  • “La tierra no nos necesita, nosotros necesitamos la tierra”, como relación no extractiva sino de interdependencia.
  • Pasar de una lógica de resistencia a una de propuesta política activa, dialogando incluso con el Estado.
  • Control territorial que limita actores externos, incluyendo el divisionismo partidario.
  • Justicia indígena basada en saberes y la autoridad de mayores reconocidos
  • Aprender a incidir políticamente sin perder la identidad y fortaleciendo la autonomía
  • La lucha por derechos sociales donde confluyen movimientos rurales y urbanos
  • La importancia de pasar por una escuela de formación autonómica antes de postularse a cargos estatales y así asegurar el compartir la visión autónoma
  • La relación con el Estado es para trabajar conjuntamente, fortaleciendo el modelo indígena y que nos satanicen de “enemigos”.
  • El debate entre dos tipos de autonomías, la propia de los pueblos para defender el territorio; y aquella manipulada por los capitalistas para el extractivismo destructor
  • Afrontar el reto en ciertas zonas del discurso autónomo apropiado por las empresas
  • La ayuda eventual del Estado es bienvenida pero nunca condicionada o impuesta
  • Derecho del apoyo estatal para desarrollar nuestros bionegocios, trueques y comercios con más productos propios y menos externos
  • Las motivaciones autonómicas también atraviesan las ciudades, siendo necesario articularlas, generando puentes, aprendizajes compartidos y estrategias conjuntas

• Inflación: economía de destrucción masiva

  21 d’abril, per  Admin2

  A fines de marzo del 2026 fuimos testigo de un alza histórica en los combustibles. Esto se debe a que bajo el gobierno de José Kast se ha impulsado una reforma para reducir la intervención del MEPCO, ampliando las bandas de fluctuación y permitiendo un traspaso más rápido de los precios internacionales a los consumidores locales. Pero aquí surge la duda: ¿Qué es el MEPCO? y ¿Cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana?

  El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) es un dispositivo estatal que interviene en la determinación del precio de las mercancías energéticas (gasolina, diésel, gas). El MEPCO opera sobre la esfera de la circulación. El Estado chileno intenta «suavizar» las fluctuaciones de este valor a través de un impuesto específico variable. Cuando el precio internacional sube (por escasez o guerra), el Estado reduce el impuesto, actuando como un amortiguador para que el capital individual no vea encarecidos sus costos de producción (capital constante) de manera súbita.

  El gobierno de Kast busca que el precio de mercado se alinee rápidamente con su precio de producción internacional, eliminando lo que consideran «distorsiones» fiscales. Al dejar de subsidiar (gastar plusvalía social capturada vía impuestos) la estabilización del combustible, el Estado libera recursos para el pago de deuda o reducción de carga impositiva a grandes capitales, favoreciendo la tasa de ganancia de los sectores dominantes a costa del consumo de la clase trabajadora. El Estado deja de absorber la contradicción entre el valor internacional del petróleo y la capacidad de pago local.

  Con el intento de invasión de EEUU a Irán (febrero-marzo 2026) ha generado un shock de oferta en la oferta de combustibles, como el petróleo, que es un insumo utilizado mundialmente, por lo que su encarecimiento eleva el valor de casi todas las mercancías (transporte, alimentos, manufactura). Si el MEPCO ya no amortigua esta alza por la reforma de Kast, el aumento del costo de la energía se traslada directamente al precio final. En guerras y conflictos armados, como está sucediendo hoy en día con Irán, se destruyen las fuerzas productivas y se alteran las rutas de circulación de mercancías. Esta inestabilidad crea la oportunidad para que otros centros de capital realicen ganancias extraordinarias mediante el alza de precios. Los países dependientes como Chile sufren una desposesión de sus divisas y de la riqueza generada internamente, la cual viaja hacia los centros de poder global para compensar las pérdidas causadas por la guerra.

  Marx divide el capital invertido en la producción en Capital Variable (salarios) y Capital Constante (medios de producción). El combustible (petróleo, bencina, diésel) es una materia auxiliar del capital constante. El valor del combustible no desaparece; se transfiere íntegramente al producto final. Si el precio del transporte o de la energía para las máquinas sube debido a la guerra en Irán o la desregulación del MEPCO, el valor de cambio de todas las mercancías que requieren transporte o energía para ser producidas aumenta proporcionalmente.

  Marx explica que los precios no oscilan simplemente al azar, sino en torno a los precios de producción. Cuando el capitalista individual ve reducida su tasa de ganancia, porque ahora gasta más en insumos, para defender la cuota de ganancia, los capitalistas de todas las ramas intentan elevar sus precios de venta. Entonces, la inflación es el proceso mediante el cual el sistema capitalista de valorización intenta redistribuir el impacto del alza del costo energético para que la tasa de ganancia no caiga por debajo de los niveles de acumulación necesarios.

  Cuando la inflación sube por el costo de los combustibles y el gobierno de Kast decide no intervenir (reformando el MEPCO), está permitiendo que el valor real acumulado en los ahorros y salarios de las familias sea expoliado. Al subir los precios sin reajuste, esa diferencia de valor no desaparece; se transfiere a los dueños de los medios de producción y a los sectores financieros. Al desmantelar o debilitar este mecanismo, el gobierno de Kast «libera» el flujo de valor para que el capital internacional (las petroleras y el mercado financiero) cobre el precio de mercado pleno. Se desposee a las clases populares de un mecanismo de seguridad económica para garantizar la rentabilidad de los flujos de capital global. Es, en términos de Harvey, una depredación del fondo de consumo de las clases trabajadoras.

  Al subir el combustible y por ende los alimentos, el poder adquisitivo del salario nominal cae. Aunque el trabajador trabaje las mismas horas, el valor que recibe a cambio de su jornada compra menos medios de subsistencia. El tiempo de trabajo necesario para reproducir su vida aumenta, reduciendo el salario relativo de facto si no hay reajustes salariales, o bien, empujando a la clase trabajadora por debajo de sus niveles mínimos de subsistencia, lo que Marx denomina la pauperización.

  La acumulación de capital aumenta la tendencia monopólica de los mercados, al reducirse en menos empresas, pero mayormente coordinadas entre ellas, lo que fortalece el poder de control del gran capital sobre los capitales más pequeños y se multiplican los niveles de subordinación de la pequeña burguesía, el significado material de que los fijadores de precio se empiezan a comportar como monopolios omnipotentes sobre todo quién no tiene mercancías o servicios sustitutivos. Por lo tanto esto impacta en mayores magnitudes a los sectores más dependientes y precarizados: enfermos, niños, cuidadores (por ejemplo), este terrorismo económico tiene un foco especialmente aporofobico. La dicotomía izquierda y derecha se vuelve en: administración/ornamento de la miseria o terrorismo económico

  Aquí reside el núcleo del conflicto de clases. Si los precios de los medios de subsistencia (comida, transporte público) suben, pero el salario nominal se mantiene igual, ocurre una caída del salario real. Al subir los precios por la inflación, el tiempo de trabajo que el obrero dedica a reproducir su propio valor (trabajo necesario) se vuelve insuficiente en términos de poder de compra. El capitalista captura una mayor parte de la jornada laboral como plusvalía, ya que el «costo» de mantener vivo al trabajador (el salario) compra menos bienes que antes. La inflación, bajo esta óptica, es una herramienta de expropiación indirecta de la riqueza producida por el trabajador. La inflación es un arma de la clase capitalista dentro de la lucha de clases.

  La inflación no es un mero «fenómeno monetario» como sugiere la economía neoclásica, sino una manifestación de las contradicciones en la valorización del capital. Además del alza en el capital constante (como los combustibles), Marx nos permite identificar otras formas en las que se gesta la inflación:

  1. El dinero tiene valor porque representa una cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. En el sistema actual de «dinero fiduciario» (sin respaldo en oro), el Estado emite signos de valor. Si el Estado emite una cantidad de papel moneda que supera con creces la suma de los valores de las mercancías en circulación, cada unidad de papel representa menos valor real. Esta emisión suele usarse para financiar el gasto estatal (especialmente en crisis o guerras como la de Irán). Al licuarse el valor del dinero, el capitalista puede subir precios, pero el trabajador, cuyo salario es un contrato nominal fijo, ve cómo su fuerza de trabajo se vende por un valor real cada vez menor.

  2. Marx plantea la Ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. A medida que la tecnología avanza, el capitalista invierte más en máquinas (capital constante/trabajo muerto) y menos en trabajadores (capital variable/trabajo vivo), que son los únicos que crean nuevo valor. Cuando la tasa de ganancia cae, los grandes capitales (monopolios u oligopolios) intentan compensar esa pérdida mediante el aumento de los precios de venta por encima de su valor. En sectores concentrados, la inflación es una vía para que el capital más fuerte «succione» plusvalía de otros sectores más débiles o directamente del fondo de consumo de los trabajadores.

  3. Disrupciones en el Tiempo de Rotación del Capital, el capital debe circular: Dinero → Mercancía → Dinero Incrementado (D-M-D’). La inflación puede nacer de bloqueos en este ciclo. Si la producción de medios de subsistencia (alimentos, vivienda) se estanca, mientras la demanda crece, el precio de mercado se dispara por encima del valor. En contextos de inestabilidad política, los capitalistas pueden retirar mercancías de la circulación (acaparamiento) esperando que el precio suba. Esto reduce la oferta artificialmente, forzando un alza de precios que no responde a un cambio en el valor, sino a una estrategia de realización de ganancia extraordinaria. Finalmente con el caso de la guerra con el bloqueo de rutas de circulación de mercancías, también hace que el ciclo del capital no pueda concretarse, creando así disrupciones y por ende crisis en su valorización.

  Para la economía clásica y liberal (neoclásica en su versión contemporánea), la inflación es vista casi exclusivamente como un fenómeno monetario o un desajuste entre la oferta y la demanda. Pero como hemos analizado hasta aquí, este fenómeno se da desde las relaciones de producción y sus contradicciones entre intereses de cada clase, el liberalismo mira los precios como señales aisladas.

  Ahora bien analicemos parte de las medidas propuestas por el gobierno de Kast para hacer frente a la crisis:

  1. Para fomentar la competitividad de Chile frente a los estándares de la OCDE, se propone reducir la tasa del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% al 23% para medianas y grandes empresas. Los impuestos a las empresas son una parte de la plusvalía social que el Estado captura para financiar la reproducción del sistema (infraestructura, salud, seguridad). Marx explica que el capital vive en una lucha constante contra la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Al bajar el impuesto del 27% al 23%, el gobierno de Kast está entregando directamente un 4% adicional de plusvalía a los dueños del capital. No es «competitividad», es un subsidio directo a la ganancia privada. El liberalismo dice que esto genera empleo. El capitalista sólo invierte si espera más ganancia. En un contexto de inflación y guerra, es más probable que ese ahorro fiscal se destine a la especulación financiera o a la fuga de capitales que a crear empleos con salarios dignos. Este 4% que deja de percibir el Estado es valor que se resta al «salario indirecto» de la clase trabajadora (hospitales, escuelas, subsidios al transporte). Es decir, el trabajador pierde servicios públicos mientras el capitalista aumenta su acumulación.

  2. La creación de un subsidio macroeconómico al empleo formal, permitiendo a los empleadores recuperar parte de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. La propuesta de que los empleadores «recuperen parte de las cotizaciones previsionales» es una de las medidas más problemáticas para la clase trabajadora. El salario se compone de una parte directa (dinero) y una parte diferida (cotizaciones para salud y vejez). Al permitir que el empleador «recupere» estas cotizaciones mediante un subsidio estatal, el Estado está pagando parte del Capital Variable que debería pagar el capitalista. El capitalista obtiene la fuerza de trabajo, pero no paga su costo de reproducción total. El Estado (con dinero de impuestos que pagamos todos, mayoritariamente vía IVA) subsidia la nómina de las empresas. Esto no es «apoyo laboral», es extracción de plusvalía financiada por el pueblo. Al no haber «barreras de acceso», las empresas pueden rotar personal o mantener salarios bajos, sabiendo que el Estado cubre la diferencia. Esto presiona el salario relativo a la baja, pues la tajada que el capitalista pone de su bolsillo es cada vez menor en relación a la riqueza que el trabajador produce.

  Este plan económico de Kast fracasa en resolver la crisis de fondo por tres razones:

  1. La inflación actual está impulsada por el costo del combustible (valor mundial influido por la guerra en Irán). Bajar impuestos o subsidiar cotizaciones no altera el precio del petróleo. Las empresas seguirán subiendo precios para defender sus márgenes, y el alivio fiscal que reciben simplemente se sumará a sus ganancias, sin frenar el encarecimiento de la vida.

  2. El subsidio al empleo puede mantener el «puesto de trabajo», pero si el salario real sigue cayendo por la inflación y el salario indirecto (servicios públicos) se deteriora por el menor recaudo fiscal, el trabajador es más pobre que antes aunque tenga un contrato formal.

  3. Si el Estado inyecta subsidios masivos (dinero) mientras la producción está estancada o los costos de energía son altos, se genera una presión inflacionaria adicional. El capitalista, al ver que el trabajador tiene «un poco más» de dinero por el subsidio o el empleo, subirá los precios de los medios de subsistencia (pan, arriendo, transporte) para capturar ese subsidio estatal. El valor fluye del Estado → Trabajador → Capitalista, terminando siempre en las manos de este último.

  Cabe destacar por último que en contextos como el descrito aquí, de desposesión y carestía a las clases populares, las cuales son continuamente desangradas por el cálculo egoísta de la clase capitalista, es el caldo de cultivo de las revueltas y revoluciones, las cuales siempre buscarán apagar, a golpe de democracia o a golpe de cañón. Solo depende de las fuerzas organizadas de las clases populares no repetir aquella historia.