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Israel expulsa de Gaza a Médicos sin Fronteras y a otras 36 ONG
31 de desembre de 2025, per Admin2La reforma del registro de ONG llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y de Lucha contra el Antisemitismo obligará a decenas de ONG que trabajan en territorios ocupados y Gaza a cerrar. En concreto, 37 organizaciones humanitarias perderán su licencia a partir del 1 de enero de 2026 y deberán dejar de funcionar en estos territorios a partir de marzo, según anunció el 30 de diciembre el Gobierno israelí.
Entre las entidades afectadas destaca Médicos Sin Fronteras (MSF), una organización que atiende a una de cada cinco camas en los hospitales gazatíes.
La reforma de la normativa de ONG fue lanzada el pasado marzo y obligaba a las ONG internacionales a entregar información personal de todos su empleados en la Franja de Gaza. Con la decisión de retirar la licencia a estas 37 ONG, el 15% de las organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza ya no podrán seguir haciéndolo, según Associated Press.
El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, acusó a estas ONG de “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”. Además de Médicos Sin Fronteras, que ofrece asistencia sanitaria a medio millón de personas en Gaza, la lista incluye a Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados, Defense for Children International o el Comité Internacional de Rescate, según el periódico israelí Haaretz. Cáritas, Ayuda en Acción y Acción contra el hambre están también en la lista de ONG vetadas, según Al Jazeera.
Desde MSF acusan a Israel de señalar a la organización sin pruebas en un momento en en que Gaza “necesita más atención médica, no menos”. La retirada de la ONG de Gaza afectaría a cientos de miles de personas que dependen de su asistencia. Según sus propias cifras, MSF realizó 800.000 consultas médicas en 2025, trató más de 100.000 traumatismos, ejecutó más de 22.000 cirugías y asistió el nacimiento de más de 10.000 bebés.
La persecución a las ONG independientes se suma a la criminalización de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), acusada sin prueba de conexiones con Hamás, y el asesinato de mas de 500 trabajadores humanitarios en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
Este material se comparte con autorización de El Salto
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El descarrilamiento de la Primavera Oaxaqueña
31 de desembre de 2025, per Admin2Tuvo que ocurrir una tragedia de grandes dimensiones para que se develaran con fuerza la corrupción, las irregularidades, la simulación y la violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, de los trabajadores y de la población en general que habitamos en el Istmo de Tehuantepec. Todos ellos resultado de la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico.
A pesar de los esfuerzos realizados por algunos medios de comunicación, por organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de los mismos pueblos afectados para hacer visible la magnitud de los agravios, fue hasta que ocurrió la desgracia de Nizanda en pleno domingo del día de los Inocentes, cuando la opinión pública nacional volteo la vista hacia la región istmeña.
Agravios que van desde la consulta simulada, operada en marzo de 2019 por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así, como, una política gubernamental orientada a fracturar a las comunidades, imponiendo autoridades agrarias y usando programas de contención social como Sembrando Vida para condicionar la ejecución de obras. Para los pueblos ayuujk y binizaa que ofrecieron mayor resistencia ante los despojos y afectaciones ambientales fue usada la represión abierta y la criminalización, como ocurrió en Palomares, Estación Sarabia, Mogoñe Viejo, Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba, Rincón Viejo, Donají y Puente Madera, hechos que fueron documentados en 2024 por la Misión Civil de Observación integrada por 23 organizaciones nacionales e Internacionales de comunicadores, redes y grupos de derechos humanos, ambientalistas, feministas y de organizaciones y pueblos indígena.
En torno al CIIT, hay muchos casos que ya hemos documentado pero que es necesario no dejar de lado, como son el violento desalojo cometido por militares y policías estatales en contra de los y las campesinas mixes del Campamento Tierra y Libertad en Mogoñe Viejo Guichicovi ocurrido en abril del 2023; la criminalización de más de 60 indígenas por defender sus tierras y viviendas, la constante violación de los derechos laborales de los trabajadores por parte de la empresa ABCD Arquitectura, sin olvidar el clima de asedio constante en contra de integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Un aspecto del que pocos hablan por temor, pero que la gran mayoría de los istmeños sufrimos a diario, es qué con la llegada del Corredor Interoceánico (CIIT), se desato en toda la región, una oleada de violencia e inseguridad, expresada en numerosos asesinatos principalmente en Juchitán, Salina Cruz y en Matías Romero y por la extorsión a miles de transportistas, empresas constructoras, autoridades locales, comerciantes, y taxistas. A pesar de los operativos de la Guardia Nacional y de la militarización ejercida por los elementos de la SEMAR, la inseguridad se mantiene y en el pueblo donde vivo, hay balaceras un día si y el siguiente también.
El descarrilamiento del día de los Inocentes revelo los altos niveles de corrupción y opacidad que han sido propios a la ejecución de las obras del CIIT, expresada principalmente en los volúmenes insuficientes de la cama de balastre, la no modificación del trazo de la curvas de La Herradura subiendo de Nizanda con rumbo a Chivela, Ixtaltepec y los durmientes carcomidos de madera que no fueron sustituidos, Desde el mismo año 2019 y por las prisas del gobierno en iniciar este proyecto emblemático de la cuarta transformación, arrancaron los trabajos sin permisos, concesiones, proyectos , planeación ni estudios de impacto ambiental, las irregularidades cometidas en ese primer momento por la empresa Daniferrotools SA de CV y posteriormente por empresas como Torres y Asociados y el Grupo Constructor Janus fueron denunciadas ante la Auditoria Superior de la Federación la cual confirmo las denuncias y sanciono a las empresas. Sin embargo, la información fue reservada al ser considerado este megaproyecto como de Seguridad Nacional, aunque el plan maestro del mismo lo realizara la empresa de Singapur Surbana Jurong y que fue constante la presencia de funcionarios norteamericanos en la región, como fue el caso, de la visita en marzo del 2023 de John Kerry.
“Bienvenida a la Realidad” fue la expresión breve pero contundente con la que la trabajadora del hospital del Issste de Tehuantepec, Renata Arreola Castro recibiera a la presidenta Sheinbaum, en su visita a esa unidad hospitalaria, donde le expuso de manera directa la gran cantidad de carencias, como son la falta de equipo, personal médico, medicinas, insumos y la constante violación a los derechos laborales de los y las trabajadoras. Con la Tragedia de los Inocentes se develó la terrible situación y la simulación que es norma en el sistema de salud pública del Istmo oaxaqueño. El mismo día del descarrilamiento 18 heridos fueron trasladados al Hospital de Campo número 37 del IMSS ubicado en Matías Romero, donde por falta de personal, camas y medicamentos, permanecieron unas 10 horas sin ser atendidos y 12 de los pacientes tuvieron que ser referidos a hospitales de Salina Cruz. Sus familiares denunciaron el maltrato y la falta de información sobre el estado de sus parientes de parte del personal médico y de la SEMAR.
A menos de un mes que se realice el proceso revocatorio de mandato del gobernador Salomón Jara (al que por cierto la tragedia le interrumpió sus vacaciones en Nueva York), muchos oaxaqueños seguramente recordaran el papel jugado por el gobierno estatal ante las numerosas irregularidades, corruptelas y violaciones a los derechos de los pueblos relacionadas con el CIIT. El gobierno de Oaxaca se ha cerrado casi por completo al dialogo con los afectados, intervino abiertamente en la imposición de autoridades agrarias y municipales, dividiendo a los pueblos, además operó abiertamente la criminalización y los ataques violentos en contra de varias comunidades en resistencia. Los pueblos no olvidan y el 25 de enero del año que ya inicia, cuando se realice el ejercicio revocatorio, seguramente estos pueblos manifestaran su descontento en contra de un gobierno caracterizado por la cerrazón, la simulación, el nepotismo, la corrupción y el ejercicio abierto de la represión. Los pueblos no Olvidan. La Primavera Oaxaqueña slogan de este gobierno puede tener su fin en pleno Invierno.
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Opopeo avanza en su autonomía pese a la guerra legal del ayuntamiento
31 de desembre de 2025, per AuriFoto: Consejo Supremo Indígena de Michoacán
Ciudad de México | Desinformémonos. El proceso de autonomía de la comunidad indígena de Opopeo y sus Encargaturas del Orden avanzó tras la derrota del Ayuntamiento de Salvador Escalante en 10 juicios ciudadanos, con los que buscó frenar la elección del Jefe de Tenencia y anular la consulta donde las comunidades decidieron ejercer su derecho al autogobierno, informaron comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán el 30 de diciembre de 2025.
Desde San Gregorio, El Querendal, El Tepetate, Felipe Tzintzun, La Estacada, La Puerta, Los Palmitos, Tzitzipucho, Turiran y Casas Blancas, las comunidades recordaron que el ayuntamiento impugnó cada etapa del proceso autonómico y perdió todos los recursos legales. Los fallos, emitidos por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ratifican la consulta y ordenan al Cabildo de Salvador Escalante sesionar en un plazo de cinco días para autorizar la transferencia directa del presupuesto que corresponde legal y proporcionalmente a Opopeo.
En las resoluciones, el tribunal instruyó al cabildo a aprobar la ministración de recursos “sin emitir evaluaciones subjetivas u opiniones personales”, lo que las comunidades interpretaron como un freno a los intentos de sabotaje institucional. “Perdieron la elección del Jefe de Tenencia, la consulta de autogobierno y todos los juicios que han presentado”, afirmaron, al señalar que el ayuntamiento financió demandas y promovió la confrontación comunitaria con recursos públicos.
Las comunidades exigieron al Ayuntamiento de Salvador Escalante que acate las sentencias y cese la ofensiva contra la libre autodeterminación. Advirtieron que no aceptarán más dilaciones y que responsabilizan al cabildo de las movilizaciones que puedan realizarse para exigir el cumplimiento de los fallos. “Opopeo y sus Encargaturas ya despertaron”, sostuvieron, al reiterar que la lucha por la autonomía no es negociable y que la responsabilidad de cualquier conflicto recaerá en las autoridades municipales.
A continuación el comunicado completo:
La autonomía en Opopeo y sus Encargaturas va, el Ayuntamiento de Salvador Escalante perdió 10 juicios
AL AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE
A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL ESTADO MEXICANO
Comunidades indígenas y afrodescendientes de #Michoacán a 30 de diciembre de 2025.
El proceso de autonomía de Opopeo y sus Encargaturas del Orden de San Gregorio, El Querendal, El Tepetate, Felipe Tzintzun, La Estacada, La Puerta, Los Palmitos, Tzitzipucho, Turiran y Casas Blancas ha derivado en 10 juicios ciudadanos, desde la elección del Jefe de Tenencia, hasta la impugnación de la validez de la consulta donde ganaron su autonomía.
Los sendos juicios presentados son: TEEM-JDC-277/2024, TEEM-JDC-239/2025 y TEEM-JDC-241/2025 acumulados, TEEM-JDC-245/2025, así como los diversos TEEM-JDC-249/2025. TEEM-JDC-250/2025 y TEEM-JDC-251/2025 unificados, TEEM-JDC-252/2025 y finalmente TEEM-JDC-254/2025, TEEM-JDC-256/2025 acumulados, todos y cada uno de ellos perdidos por el Ayuntamiento de Salvador Escalante y los opositores al autogobierno.
Los últimos de ellos fueron sentenciados por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán #TEEMich la semana pasada y recientemente notificados a las autoridades tradicionales, en ellos, en síntesis, se ratifica la consulta donde Opopeo y sus Encargaturas ganaron la autonomía y se ordena al Cabildo de Salvador Escalante sesionar en un plazo de 5 días para habilitar la transferencia del presupuesto que legal y proporcionalmente le corresponde a Opopeo y sus comunidades, sin emitir evaluaciones subjetivas u opiniones personales, limitándose a aprobar correctamente la ministración de recursos directos.
En este contexto, exigimos categóricamente al Ayuntamiento de Salvador Escalante que cese de realizar y financiar demandas en contra de la libre autodeterminación de Opopeo, deje de crear grupos de choque con el erario y acate cabalmente las resoluciones de los tribunales. En perspectiva, perdieron la elección del Jefe de Tenencia, la consulta de autogobierno y todos los juicios que han presentado. El mensaje es claro, Opopeo y sus Encargaturas ya despertaron y el proceso de autonomía va.
Por ello, emplazamos al Ayuntamiento a que no retrase mas la autonomía de Opopeo, de lo contrario, los hacemos directamente responsables de las movilizaciones que realizaremos en breve, para exigir que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de las sentencias respectivas.
Finalmente, ofrecemos disculpas a la ciudadanía por las afectaciones durante las manifestaciones, pero el Ayuntamiento no nos deja otra opción, ya se le ha ganado en múltiples ocasiones con la ley en la mano, pero sistemáticamente se niega a aceptar el autogobierno de Opopeo y sus Encargaturas, por lo que la responsabilidad final, es del Cabildo Municipal.
¡JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN
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Comunidades señalan a la Marina por descarrilamiento del Corredor Interoceánico
31 de desembre de 2025, per AuriCiudad de México | Desinformémonos. La Asamblea de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio responsabilizaron a la Secretaría de Marina por el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido el 28 de diciembre de 2025, que dejó personas fallecidas y heridas, al señalar que se trata de la consecuencia directa de un megaproyecto impuesto, militarizado y construido sin respeto por la vida.
En un pronunciamiento conjunto, las asambleas expresaron su solidaridad con las familias afectadas y afirmaron que “esta tragedia no fue un hecho aislado ni un accidente imprevisible”, sino el resultado de un proyecto ejecutado con prisa y sin controles de seguridad. Señalaron que la Secretaría de Marina es responsable directa por encargarse de la planeación, construcción, administración y operación del corredor, su tren y los parques industriales, además de actuar “como promotora, juez y ejecutora de un proyecto civil protegido por la fuerza armada”.
Las comunidades denunciaron que el Corredor Interoceánico se desarrolló mediante esquemas de subcontratación en los que participan empresas favorecidas por redes de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias, sin supervisión independiente ni respeto por las condiciones del territorio. “Hoy esas decisiones tienen consecuencias concretas: cuerpos heridos, vidas truncadas y familias devastadas”, afirmaron, al recordar que desde hace años advirtieron los riesgos de inaugurar obras para cumplir calendarios políticos y atraer inversiones.
Las asambleas sostuvieron que el proyecto, presentado como progreso y bienestar, responde en realidad a un corredor logístico al servicio del capitalismo global, destinado al traslado de mercancías, energía y capitales, y no a garantizar derechos para los pueblos del Istmo. “Como el llamado Tren Maya, este tren nunca fue para los pueblos”, afirmaron, y exigieron verdad, justicia, castigo a los responsables, reparación integral a las víctimas y el alto inmediato a lo que calificaron como “un modelo de muerte”, al reiterar que “la vida de los pueblos vale más que sus trenes, parques industriales y negocios”.
A continuación el comunicado completo:
EL DESCARRILAMIENTO ANUNCIADO DE UN MEGAPROYECTO DE MUERTE
Desde la Asamblea de la Comunidad Binniza de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresamos nuestra solidaridad profunda con las familias de las personas fallecidas y heridas en el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025. Acompañamos su dolor y su rabia, porque esta tragedia no fue un hecho aislado ni un accidente imprevisible: fue la consecuencia directa de un megaproyecto impuesto, militarizado y construido a prisas sobre el desprecio a la vida.
Lo decimos con claridad y sin rodeos: este crimen tiene responsables. La Secretaría de Marina es responsable directa por ser la encargada de la planeación, construcción, administración y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su tren y parques industriales. La SEMAR ha asumido un papel que no le corresponde, actuando como promotora, juez y ejecutora de un proyecto civil protegido por la fuerza armada y operado sin transparencia ni rendición de cuentas.
Denunciamos que este megaproyecto se ha desarrollado mediante esquemas de subcontratación, donde participan empresas favorecidas por redes de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias, sin controles reales de seguridad, sin supervisión independiente y sin respeto por las condiciones del territorio. Hoy esas decisiones tienen consecuencias concretas: cuerpos heridos, vidas truncadas y familias devastadas.
Desde hace años advertimos los riesgos del Corredor Interoceánico. Advertimos que la prisa por inaugurar obras, cumplir calendarios políticos y atraer inversiones pondría en peligro a las comunidades y a quienes usaran esta infraestructura. Advertimos que no se puede construir “desarrollo” sobre vías mal planeadas, territorios fragmentados y decisiones impuestas desde arriba. Nadie escuchó.
Este proyecto se nos vendió como progreso, empleo y bienestar. Pero día a día se desenmascara su verdadero rostro: un corredor logístico al servicio del capitalismo global, diseñado para mover mercancías, energía y capitales entre océanos, no para garantizar derechos ni mejorar la vida de los pueblos del Istmo.
Como el llamado Tren Maya, este tren nunca fue para los pueblos. El transporte disfrazado de pasajeros es solo un pretexto temporal. Su destino real es convertirse en un tren de carga, articulado a puertos, parques industriales, gasoductos y zonas francas. Para ese modelo, nuestras vidas, nuestras tierras y nuestras culturas son un estorbo.
La tragedia del 28 de diciembre confirma lo que hemos denunciado incansablemente: que el Corredor Interoceánico pone en riesgo permanente a la población; que la militarización no da seguridad, solo impunidad; que la imposición genera violencia, división comunitaria y muerte; y que este modelo de “desarrollo” necesita criminalizar, perseguir y callar a quienes lo cuestionan.
No es casual que mientras avanzan las obras aumenten la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales, y lo más grave, las amenazas, detenciones arbitrarias, procesos judiciales y campañas de difamación contra defensoras y defensores del territorio. No es casual que se utilice al Estado, a la Marina y al sistema judicial para intentar quebrar la organización comunitaria. Es parte del mismo engranaje de despojo.
No aceptamos que esta tragedia sea minimizada ni administrada con discursos oficiales. No aceptamos investigaciones simuladas ni promesas vacías mientras el proyecto continúa intacto. Exigimos verdad, justicia, castigo a los responsables, reparación integral a las víctimas y el alto inmediato a este modelo de muerte.
Nuestra lucha no es ideológica ni caprichosa: es por la vida, por la dignidad y por el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio. Seguiremos organizándonos, denunciando y resistiendo, porque el Istmo no es una zona de sacrificio y nuestros pueblos no están en venta.
No más muerte en nombre del “progreso”.
La vida de los pueblos vale más que sus trenes, parques industriales y negocios.
Atentamente,
Asamblea de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)
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Continúa el genocidio del movimiento social en el Sur de Bolívar
30 de desembre de 2025, per AuriComunidades y organizaciones sociales denuncian el asesinato del dirigente campesino Jairo Alberto Díaz por parte del Clan del Golfo. Exigen acciones del Estado para desmantelar el paramilitarismo.
Secuestro y asesinato en medio de la indiferencia institucional
El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo paramilitar vinculado con la fuerza pública, secuestró al dirigente social Jairo Alberto Díaz durante la noche del 21 de diciembre en la vereda El Jardín de San Pablo, Sur de Bolívar.
Integrantes del Clan del Golfo lo trasladaron por la fuerza hacia el corregimiento de Cañaveral Bajo.
A pesar de que organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos alertaron de inmediato al Personero Municipal, al Inspector de Policía y a otras entidades para salvaguardar su vida, la respuesta institucional fue que «no es día laboral y toca atender el caso en horario de oficina».
El cuerpo de Jairo Díaz apareció asesinado en la mañana del 22 de diciembre.
Un líder histórico que sembraba vida
Jairo Alberto Díaz, oriundo de Vegachí (Antioquia), vivía desde hacía 20 años en la región.
Fue uno de los fundadores de la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar (ASAMISSUR) y dedicó varios años a trabajar en la Junta de Acción Comunal (JAC).
En el momento de su muerte, era el tesorero de la JAC de la Vereda El Jardín y de la Asociación.
Las organizaciones lo describieron como un dirigente histórico, reconocido por su valiosa trayectoria. Padre de cinco hijos, se sostenía de cultivos de pancoger.
«Era una persona que sembraba vida y dignidad», expresaron.
Una muerte política anunciada
La comunidad responsabiliza al Clan del Golfo del asesinato. Este grupo había declarado una «muerte política y jurídica» a ASAMISSUR, la organización de Díaz, y le había prohibido reunirse o hacer presencia en el municipio.
Aunque Jairo no recibió amenazas directas, varios hombres identificados como integrantes de las AGC acabaron con su vida, según las denuncias de las comunidades.
Señalaron que estas acciones buscan «debilitar el tejido social y comunitario de la región».
Serranía de San Lucas. Foto Ecos Disonantes
Exigencias de justicia y desmantelamiento paramilitar
Las organizaciones solicitan al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que esclarezcan este crimen y actúen contra los responsables del genocidio que enfrentan las comunidades.
También exigen sanciones para los funcionarios que omitieron atender el caso.
Reiteran la exigencia al gobierno de Gustavo Petro y al Estado colombiano para que desmantelen el paramilitarismo y la doctrina militar que, a su juicio, permiten el exterminio del movimiento social.
Entre las organizaciones que condenan los hechos se encuentran el Congreso de los Pueblos, el CNA, REDHER, la Corporación Jesús María Valle y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), entre otras.
Un genocidio que no se detiene: 185 líderes asesinados en 2025
El crimen de Díaz no es aislado. En abril de 2024, el Clan del Golfo asesinó al dirigente campesino Narciso Beleño.
La Fiscalía señaló al excoronel José Alejandro Castro Cadavid como presunto autor intelectual. Estos y otros casos permanecen en la impunidad.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que, solo en 2025, la cifra de dirigentes sociales asesinados en todo el país asciende a 185 víctimas. Este crimen se enmarca en un conflicto territorial complejo donde, además del Clan del Golfo y el ELN, opera la Primera División del Ejército Nacional.
Minería ilegal y guerra territorial: El trasfondo económico
Un habitante del Sur de Bolívar, bajo reserva de identidad, declaró que el Clan del Golfo es dueño de más de 50 retroexcavadoras en la región, con las que adelanta minería ilegal, causa daño ambiental y explota laboralmente a la población, en muchos casos sin pagarles e incluso asesinándolos.
A su vez, el ELN sostiene un enfrentamiento armado con el Clan, por lo que ha realizado varios ataques contra la maquinaria y demás estructura para explotar oro. Como represalia, el grupo paramilitar dirige sus ataques contra la población civil y las organizaciones sociales.
Jairo Díaz y ASAMISSUR habían denunciado reiteradamente las afectaciones de esta explotación minera en el territorio y sus daños a la fauna y la flora.
Sur de Bolívar. Foto Ecos Disonantes.
La deuda del Estado: Protestas y exigencias
Durante el gobierno de Petro, las organizaciones han realizado numerosas protestas exigiendo el desmonte del paramilitarismo y de la doctrina de seguridad que consideran causante del genocidio contra comunidades, organizaciones y líderes sociales.
El asesinato de Jairo Díaz se convierte en otro símbolo de una deuda histórica de protección y justicia que el Estado no ha saldado.
Este material se comparte con la autorización de Colombia Informa