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Familias buscadoras denuncian más de mil hallazgos forenses en Tláhuac-Chalco y exigen investigación
18 d’abril, per AuriCiudad de México | Desinformémonos. Familias buscadoras de la Ciudad de México y el Estado de México denunciaron el hallazgo de mil 76 restos y fragmentos óseos en las lagunas de la zona Tláhuac-Chalco, resultado de jornadas de búsqueda iniciadas el pasado 7 de abril. Señalaron que este descubrimiento no es producto de la labor institucional, sino del trabajo, vigilancia y exigencia de las propias familias, quienes evitaron que evidencias fueran ignoradas o desechadas.
En su pronunciamiento, acusaron a las autoridades de opacidad, irregularidades y falta de capacidad técnica en el manejo de los restos, lo que pone en riesgo la identificación de las víctimas y rompe la cadena de custodia. También denunciaron intentos de minimizar los hallazgos al catalogarlos como restos arqueológicos sin sustento, así como omisiones graves en la investigación, pese a antecedentes de hallazgos humanos en la misma zona.
Las familias advirtieron que enfrentan condiciones de búsqueda precarias y falta de seguridad, además de actos de revictimización por parte de autoridades. Asimismo, señalaron intentos de obstaculizar la cobertura de medios de comunicación, lo que, afirmaron, busca ocultar la magnitud de la crisis de desapariciones en el país.
Finalmente, exigieron que la búsqueda continúe sin interrupciones, el aumento inmediato de personal especializado, el procesamiento adecuado de cada hallazgo y la instalación de mecanismos de seguimiento con participación de las familias. Subrayaron que cada fragmento encontrado representa la posibilidad de identificar a una persona desaparecida y reiteraron su exigencia de verdad, justicia y dignidad.
A continuación el comunicado completo:
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Sobrevivientes del caso Atenco denuncian persistencia de impunidad ante la Corte IDH
18 d’abril, per AuriFoto: Centro Prodh
Ciudad de México | Desinformémonos. A casi 20 años de los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, mujeres sobrevivientes de tortura sexual denunciaron en una audiencia de supervisión que el Estado mexicano no ha cumplido con las medidas ordenadas para garantizar justicia, reparación y no repetición.
Durante la audiencia, señalaron que persisten obstáculos y omisiones en la implementación de las resoluciones, así como falta de coordinación entre instituciones encargadas del caso, lo que ha impedido avances reales en las investigaciones y en la atención integral a las víctimas.
Las sobrevivientes destacaron que no existen progresos en la identificación y sanción de los responsables, especialmente en los niveles de mando, lo que mantiene el caso en la impunidad. Además, denunciaron deficiencias en el acceso a atención médica y psicológica, así como procesos institucionales que continúan generando revictimización.
Advirtieron que el incumplimiento de la sentencia no solo afecta a las víctimas, sino que permite que prácticas como la tortura sexual continúen, por lo que reiteraron la exigencia de justicia, verdad y garantías efectivas para evitar que estos hechos se repitan.
A continuación el comunicado completo:
Mujeres de Atenco: sobrevivientes señalan la persistencia de impunidad en audiencia ante la Corte IDH A casi 20 años de los actos de tortura sexual en el caso Mujeres de Atenco, las sobrevivientes denunciaron la indolencia del Estado en su renuencia por cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana. El “Tiempo de mujeres” solo arriba cuando se combate la impunidad y se erradican todas las formas de violencia contra las mujeres, incluída la tortura sexual. Ciudad de México, a 16 de abril de 2025.- A días de cumplirse 20 años de los hechos de represión el 3 y 4 de mayo del 2006, que derivó en detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual en Atenco, y tras 8 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera su sentencia en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, las sobrevivientes participaron en una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento, donde denunciaron la prevalencia de la impunidad, la indolencia la garantía de acceso de atención médica y psicológica y la inadecuada implementación de garantías de no repetición, que habilita la prevalencia de la práctica de la tortura sexual y otras violaciones graves a derechos humanos.
La audiencia fue convocada por el Tribunal Interamericano para escuchar de las víctimas, sus representantes y el Estado mexicano cuál es el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas como reparación. Como señalaron las mujeres, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), persisten omisiones y obstáculos para la implementación de las reparaciones, adicionalmente existe falta de coordinación entre las instituciones responsables de cumplir con la sentencia, particularmente entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la falta de colaboración de la Guardia Nacional. Recordaron que si bien en 2019 se instaló una mesa de alto nivel para cumplir con el fallo, esta no se sostuvo en el tiempo.
A detalle sobre las medidas incumplidas, las mujeres expusieron ante las juezas y jueces que a la fecha no ha habido avances en la investigación a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Las sobrevivientes tuvieron que interponer acciones legales frente a la fragmentación de las investigaciones en el fuero local y federal, sin que a la par la fiscalía federal generara un plan de investigación integral que abordara el operativo en su conjunto e investigara la cadena de mando, por lo que la impunidad estructural persiste. Además, resaltaron las omisiones de la FEVIMTRA en garantizarles su derecho a participar y ser informadas sobre la investigación, que se suman a su actuación deficiente al presentar en reiteradas ocasiones solicitudes de órdenes de aprehensión con múltiples falencias y que no atienden el marco fáctico constatado por la Corte IDH, al no incluir la responsabilidad de mandos superiores.
«El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables y el caso permanece en impunidad. Nunca nos ha presentado un plan de investigación pese a qué lo hemos solicitado de manera reiterada. No ha garantizado la información y nuestro derecho a coadyuvar. Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales hemos señalado. Ustedes escucharán supuestos avances, pero esto no es así. Es importante que haga una resolución que tome en cuenta las exigencias y se marque el camino a seguir para su cumplimento”, expresó Edith Rosales, una de las mujeres sobrevivientes, durante su intervención.
Las sobrevivientes también evidenciaron la indolencia y negligencia que han tenido que enfrentar para recibir un tratamiento médico y psicológico a cargo de la CEAV, apuntando múltiples eventos de revictimización, especialmente por la falta de coordinación interinstitucional, el acceso oportuno a medicamentos y complejidades en los procesos administrativos, que no ponen al centro las necesidades de las víctimas sino de las instituciones, generando una carga para ellas, y que cuestionan la verdadera garantía de un servicio prioritario y gratuito, como fue ordenado por el Tribunal regional.
“Al recibir la sentencia de la Corte estábamos convencidas que sería una oportunidad para abrir un camino de justicia no sólo para nosotras, sino para otras mujeres que permanecen en prisión, sin acceso a acompañamiento, justicia o atención médica y psicológica (…) El Estado ha tenido 20 años para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades, generar mecanismos para evitar la repetición de los hechos a múltiples escalas (…) Después de 20 años seguimos pidiendo algo que debería ser una certeza para todas las mujeres: seguridad, un trato digno y una vida libre de violencia para todas las mujeres”, añadió Norma Jiménez durante la audiencia virtual.
En cuanto a las garantías de no repetición, las mujeres y las organizaciones acompañantes expusieron que si bien se han registrado acciones en torno al mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, el mismo no ha logrado modelos de actuación para el seguimiento y atención a los casos que se le presentan. Por su parte, se destacó que la próxima emisión de un segundo Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual en el país será de la mayor relevancia para conocer más sobre la persistencia de la práctica y las acciones de las instituciones respecto de la misma.
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Jornaleros y jornaleras explotadas y sin derechos en los campos agrícolas
18 d’abril, per AuriEste 16 de abril de 2026 inició el foro denominado “Sembrar el derecho a la seguridad social para las personas jornaleras agrícolas”, en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) en la Ciudad de México. Estuvieron presentes seis jornaleras de Guerrero, Baja California, Sonora y Sinaloa que dibujaron las condiciones laborales en las empresas agroindustriales y las falencias del Estado mexicano. Sara lo sintetizó con la frase: “como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, tiempo de la mujer indígena, pero no sabemos cuando va a llegar a la Montaña” de Guerrero.
“Soy inmigrante desde que nací, fui niña jornalera, soy mujer jornalera y creo que me voy a morir siendo jornalera. Desde las rancherías a los campos registrados, el patrón no nos da el seguro social. Nos registra unos meses y luego nos da de baja. Hace una semana mi hija estaba embarazada y se desangró. En el hospital le exigían el seguro social, pero no tiene porque el patrón no le brinda. Ahorita mi hija está en cama y no le pagan porque no trabaja en los campos agrícolas de Sinaloa. Les pido que nos tomen en cuenta. Las jornaleras somos importantes porque con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, mantenemos al mundo entero”, relató Sara de la Montaña de Guerrero.
Señalaron que hay más de 2.6 millones de jornaleros y jornaleras en el país. Pedro Kumamoto, Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en su intervención señaló que de “acuerdo con datos recientes del Inegi en 2024 nos dice que el 90 por ciento de esas personas no estaba afiliada en ese momento a la Seguridad Social, y que 7 de cada 10 no tenían acceso a algún tipo de salud. Es que el diseño de la Seguridad Social en México muchas veces ha estado construido desde el centralismo, desde una priorización de lo urbano, desde el machismo, sin considerar las características del trabajo del campo, su movilidad, sus tiempos, sus ciclos, sus formas”.
La inauguración del foro fue coordinado por Jessica Rodríguez Balderas, Directora Ejecutiva de Proyectos e Investigacion de la CISS. Después de realizar un comentario breve sobre la asistencia de una representación de autoridades del Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y jornaleras, pasó el micrófono a los ponentes.
Luisa Obrador Garrido Cuesta, Directora Normativa de Incorporación y Recaudacion del IMSS, señaló que están comprometidos en cumplir el “compromiso 63 de seguridad social a jornaleros, agrícolas y pesca que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre de 2024”. Dijo que en San Quintín la mano de obra que se ha detectado es femenino principalmente y que están habilitando un módulo para dar información sobre los beneficios de tener la seguridad social, sobre todo los cinco seguros que tiene el Instituto Mexicano.
Luisa Obrador asegura que hay promotores que salen a territorio para explicar a la gente los beneficios necesarios como salud, maternidad, guarderías, riesgos de trabajo y prestaciones económicas… “Nosotros estamos comprometidos y, por supuesto, estaremos retomando las inquietudes desde los diferentes puntos de vista, desde la Conferencia Interamericana, por supuesto, de Seguridad Social, el tema de la Secretaría del Trabajo, el Congreso de la Unión, desde la academia o desde la base trabajadora”.
Las familias jornaleras no sólo les exprimen hasta la última gota de vida en los campos agrícolas, sino que tienen que padecer la falta de acceso gratuito a los servicios de salud. Sin embargo, Luisa Obrador abundó en su ponencia que están realizando un enorme esfuerzo para asegurar a los trabajadores agrícolas. “Este año México estará mandando su informe sobre lo que suscribió en el convenio para que justamente haya seguridad social y visibilizar el trabajo de las compañeras del hogar”. Finalizó con el reforzamiento de la infraestructura hospitalaria y que sólo en los 15 días de marzo contrataron a 11 mil médicos especialistas. Además, dijo que en nuestro país la cobertura es a toda la familia.
Por su parte, Alejandro Salafranca, titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo, habló de la informalidad laboral que a nivel nacional es del 52 por ciento, y “una informalidad agraria de más del 80 por ciento. A la informalidad no hay que combatirla, hay que seducirla. Es decir, debemos hacer tan atractiva la formalidad, que la formalidad y sus ventajas imanten el interés de la informalidad”. Las reformas a las pensiones son “un elemento de atracción enorme para la formalidad”, así como salarios retributivos. El titular de Trabajo Digno informó que el salario mínimo se aumentó y se acortó la brecha salarial de género.
En una “batería de medidas articulan un constructo de política de Estado”, bautiza Alejandro el cómo hacer atractiva la formalidad para seducir a la informalidad. Y luego interroga la realidad de las jornaleras y jornaleros: “qué hacemos con el sector agrario; qué hacemos con el campo que sostiene la seguridad alimentaria de la nación. Cómo hacemos para que ese universo de personas, muchas de ellas mujeres, que sostienen en sus dedos, en sus manos, en sus hombros, en sus espaldas, en sus piernas, la seguridad alimentaria del país”, pero con un trabajo formal y seguridad social.
Alejandra Haas Paciuc, Directora Ejecutiva de Oxfam México y parte de la Alianza Campo Justo, considera que hay décadas de atraso en una agenda para las personas jornaleras y necesita ser tomada con toda la seriedad. Antes de entrar al tema agradeció al secretario general de CISS, Pedro Kumamoto, y una lista de autoridades. “Estamos aquí bajo la premisa de que todas y todos tenemos la obligación de ser aliadas en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las mujeres jornaleras y sus familias”.
“Veo en este foro a mujeres muy jóvenes que han acompañado a sus familias desde pequeñas en el trabajo y han iniciado su vida laboral en los campos. Llevan una vida entera de experiencia trabajando en la producción agrícola para abastecer de alimentos a México y a otros países. Nos encontramos en un momento político clave. Desde la Alianza Campo Justo reconocemos una voluntad política renovada. Iniciativas como el Plan de Justicia para San Quintín, la aprobación del Certificado Laboral Agroexportador y la apuesta del IMSS por los Centros de Educación y Cuidado Infantil, las CESIS, demuestran que es posible mover el engranaje institucional”, dijo la directora de Oxfam México.
Sin embargo, anotó que hay enormes retos porque hay una “realidad del 86.6 por ciento de las jornaleras, como lo decía Alejandro Salafranca, que sigue sin afiliación a la Seguridad Social, y 7 de cada 10 carecen de servicios de salud. Esta exclusión sistemática golpea aún más a la comunidad”. No puede ser un pretexto dejar a las familias jornaleras fuera de la ley sólo porque migran de un estado a otro. La cobertura universal debe garantizarlo el Estado y el sector agroempresarial tiene la obligación de cumplir”.
Al concluir hizo un llamado “enérgico para que toda política pública considere estas desigualdades. No hay justicia laboral sin derecho al cuidado, sin protección a la maternidad, sin acceso a la salud y sin garantías de vivir libres de violencia. La agenda de hoy y mañana es vital”.
Rogelia González Luis, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, sobre la población jornalera, comentó que “aunque sostiene buena parte de la economía agrícola de México han permanecido históricamente en los márgenes de la protección estatal. Las mujeres jornaleras de Oaxaca, mayoritariamente indígenas, parten de sus comunidades en busca de una vida mejor que el territorio de origen aún no les ha podido garantizar”.
“La migración de nuestras mujeres indígenas no siempre es una opción, es con frecuencia la respuesta a una marginación extrema. Migran porque sus territorios han sido castigados por los desastres humanos, por la falta de escuelas o por la carencia de empleos dignos en sus comunidades de origen. Para ellas, es una ruta de escape frente a matrimonios forzados o la violencia familiar. Sin embargo, las extenuantes jornadas del campo se ven día a día sin prestaciones, sin seguridad social y bajo una discriminación sistémica por ser indígenas y hablantes de sus lenguas originarias… Para ellas el derecho al descanso y al cuidado es un lujo inexistente”, dijo Rogelia en el foro.
En el foro las mismas jornaleras, integrantes de organizaciones de derechos humanos y académicas como Maria Antonieta criticaron las fuentes en la mesa de las brechas de información y políticas públicas. No hay estadísticas siquiera para diseñar e implementar políticas de Estado centradas en las familias jornaleras. Los pequeños avances se pierden en los enormes retos que tienen las autoridades federales para cumplir con los derechos constitucionales de las y los jornaleros que, como dice Sara, están en el fondo de las montañas.
Publicado originalmente en Tlachinollan
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Cientos de personas protestan en Tel Aviv por la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania después de que se levantara una prohibición de manifestaciones
18 d’abril, per AuriEn Israel, cientos de personas se manifestaron el jueves en Tel Aviv en protesta por la escalada de ataques de colonos israelíes contra palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Organizaciones en defensa de los derechos humanos afirman que se trató de la protesta más multitudinaria de este tipo celebrada en Israel hasta la fecha. La manifestación se produjo después de que la Corte Suprema del país levantara una prohibición en contexto de guerra sobre las concentraciones en espacios públicos, que estuvo vigente durante varias semanas.
Publicado originalmente en Democracy Now
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Mujeres en rebeldía desde la Costa de Chiapas
18 d’abril, per AuriDesde el Fogón de las Palabras, nos comparten historias que son el resultado de una serie de talleres realizados en la zona costa de Chiapas, en colaboración con Mujeres del Frente Cívico Tonalteco, El Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas y del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Estas mujeres cuentan la situación de tarifas altas de pago de luz en sus comunidades que las llevó a organizarse para exigir su derecho a este servicio básico y mejorar su vida cotidiana junto con otras mujeres de la región.
Contenido
- Mujeres en rebeldía desde la Costa de Chiapas – El Fogón de las Palabras
Créditos
- Locución: Montserrat Balderas Ramírez y José Guillermo Buenrostro Aguiñón (Radio Cuenca)
- Guion y montaje: Alejandra Carrillo (Boca de Polen)
- Foto: Rubén Daniel Hernández Lobato
- Montaje y Masterización: Santiago Morales (Radio Huayacocotla) y Arturo Espinoza (Boca de Polen)
- Foto: El Fogón de las Palabras
- Diseño y difusión: Paulina Cervantes, Thania Marreros, Daniela Parra, Daniela Bello (REDES A.C.) y Arturo Espinoza (Boca de Polen)
- Coordinación: Alejandra Carrillo (Boca de Polen)
Publicado originalmente en Canto de Cenzontles