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• Exigen al Estado «romper pacto de impunidad» a 28 años de la masacre de Acteal

  22 de desembre de 2025, per  Admin2

  Foto: Las Abejas de Acteal

  Ciudad de México | Desinformémonos. A 28 años de la masacre que dejó 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres tsotsiles asesinados en Acteal, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) exigió al Estado mexicano «reconocer su responsabilidad y asumir un compromiso verdadero para romper el pacto de impunidad».

  Hasta ahora, señaló el Frayba, el Estado no ha reconocido los crímenes de lesa humanidad cometidos el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, en el marco del Conflicto Armado Interno que aún está «irresuelto». «La guerra contra los pueblos indígenas se prolonga y se alimenta de la impunidad, sostenida en el contexto de violencia contrainsurgente implementada mediante el Plan de Campaña Chiapas 94», explicó el centro.

  Añadió que en 2005 el caso de Acteal se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo Informe de Fondo «sigue pendiente». Durante ese tiempo, varios familiares han fallecido «sin alcanzar justicia ni reconocimiento de responsabilidad por la Masacre de Acteal», mientras continúan «vigentes» los mecanismos de violencia en Chiapas, «profundizados por la crisis de derechos humanos».

  El Frayba denunció que la impunidad, las omisiones del Estado y la continuidad de la violencia en la entidad impiden esclarecer la responsabilidad intelectual y material de la masacre de 1997, así como individualizar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen de lesa humanidad.

  Este 22 de diciembre comenzó en Acteal la jornada de conmemoración de las 45 víctimas masacradas en la comunidad tsotsil. Un día antes, la organización pacífica de Las Abejas de Acteal realizó un encuentro juvenil que incluyó «una jornada formativa y comunitaria» sobre la no violencia, resistencia y autonomía y defensa de la tierra y el territorio.

  La conmemoración de este lunes incluye una misa oficiada por el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, así como la participación de músicos y jóvenes de la comunidad para recordar a sus víctimas y exigir justicia y garantías de no repetición.

  A continuación el comunicado completo:

  Nuestro silencio habla en la oscuridad.

  Aquí siguen:

  Con su palabra que arde como fuego en el camino.
  Alzan la voz coral donde emerge
  la Paz de los cuatro rumbos.

  Fragmentos de poesía del libro El Camino de la No-violencia de Las Abejas de Acteal.

  A 28 años de la Masacre de Acteal, el Estado mexicano continúa sin reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Conflicto Armado Interno, aún irresuelto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reafirma su compromiso de caminar junto a las y los sobrevivientes, así como con la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, guardianes dignos de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

  Hace 20 años se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo Informe de Fondo sigue pendiente. En este tiempo, varios familiares han fallecido sin alcanzar justicia ni reconocimiento de responsabilidad por la Masacre de Acteal: herida abierta perpetrada por el grupo paramilitar de Chenalhó el 22 de diciembre de 1997, cuando fueron ejecutadas 45 personas (18 mujeres —cuatro de ellas embarazadas—, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres), además de 26 personas gravemente heridas.

  La guerra contra los pueblos indígenas se prolonga y se alimenta de la impunidad, sostenida en el contexto de violencia contrainsurgente implementada mediante el Plan de Campaña Chiapas 94. Esta estrategia, como se observa en las acciones contra la tierra recuperada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mantiene vigentes los mecanismos de violencia, profundizados por la crisis de derechos humanos. Todo ello impide esclarecer la responsabilidad intelectual y material, así como individualizar, juzgar y sancionar a los responsables de este crimen de lesa humanidad.

  La espera es larga, la paciencia profunda. Saludamos a nuestras compañeras y compañeros sobrevivientes, y a Las Abejas de Acteal, quienes han transformado el horror en La Otra Justicia: acción simbólica de paz, lucha y resistencia. Desde su Casa de la Memoria y de la Esperanza han abrazado las luchas de abajo, solidarizándose con quienes sufren. Ellos conocen el dolor de los pueblos y nos han enseñado la grandeza de su solidaridad: palabra que, al ser pronunciada o actuada, se vuelve gigante, cargada de dignidad.

  Que ningún acto, en ningún rincón del planeta, permanezca en la indiferencia.

  Exigimos al Estado mexicano reconocer su responsabilidad y asumir un compromiso verdadero para romper el pacto de impunidad de la Masacre de Acteal. Desde el Frayba seguiremos insistiendo y actuando, siempre junto a las hermanas y hermanos de Las Abejas de Acteal, luchando codo a codo.

  Desde este lugar decimos con firmeza:

  Ni perdón ni olvido.

  Verdad y Justicia para Acteal.

• Con golpes y gas pimienta, reprimen a comuneros que se oponen a imposición de Cablebús en Milpa Alta

  22 de desembre de 2025, per  Admin2

  Foto: Comuneras y comuneros de Milpa Alta y sus nueve pueblos organizados contra el cablebús

  Ciudad de México | Desinformémonos. Un grupo de choque golpeó y lanzó gas pimienta contra los comuneros que protestaron este domingo en San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta, por la imposición del proyecto de la línea 6 del Cablebús, cuya aprobación fue votada durante “una consulta simulada” entre el gobierno de la Ciudad de México y el “pseudodirigente agrario” José Luis Linares Castro, acusó el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

  Por la violencia cinco comuneras y cinco comuneros resultaron heridos, “algunos incluso con fracturas”, por los golpes a manos del grupo de choque encabezado por Linares Castro, quien “se ha enriquecido administrando para su beneficio los recursos y brigadas forestales del programa Altepetl bienestar para el bosque manejado por el gobierno de la Ciudad de México”, explicó el CNI-CIG.

  Los comuneros de los nueve pueblos nahuas que forman la Comunidad Nahua de Milpa Alta buscaron frenar la consulta a mano alzada que el gobierno capitalino organizó en San Francisco Tacoxpa para aprobar la nueva línea del Cablebús, que forma parte de los proyectos de infraestructura “para forzar el despojo” de las tierras comunales de Milpa Alta y “su integración forzada a la mancha urbana”.

  “Con alrededor de un centenar de personas y con el uso de violencia, el gobierno de la CDMX pretende legitimar un proyecto de muerte que implica despojo, destrucción y deterioro del tejido social en contra de los pueblos de Milpa Alta”, denunció por su parte la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi).

  Tras la represión a los comuneros, los pueblos de Milpa Alta bloquearon la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec para denunciar la violencia contra sus derechos y su integridad física, así como para exigir que se detenga la construcción de la línea del cablebús en su territorio, pues fue aprobada en “consultas simuladas orquestadas desde los gobiernos en complicidad con caciques y grupos de choque serviles a sus intereses”, agregó el CNI-CIG.

  La Anavi responsabilizó a los tres niveles de gobierno por las agresiones contra los comuneros y denunció a la alcaldía de Milpa Alta, a cargo de Octavio Rivero Villaseñor, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi) y a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), además de a los integrantes de las brigadas coordinadas por Linares.

  Finalmente, el CNI-CIG exigió que se castigue a Linares Castro y el grupo de choque, así como a todos los funcionarios del gobierno involucrados en la violencia, además de la cancelación del proyecto de transporte en las tierras y territorios de Milpa Alta.

• Organizaciones piden a la Unión Europea y a México frenar el cierre del espacio cívico

  20 de desembre de 2025, per  Auri

  Foto: Amnistía Internacional

  Ciudad de México | Desinformémonos. Más de 20 organizaciones mexicanas y europeas solicitaron a la Unión Europea y al Estado mexicano acciones urgentes frente al debilitamiento del espacio cívico, la securitización e instrumentalización de la cooperación internacional y los retrocesos en derechos humanos, durante el 11° Seminario con Organizaciones de la Sociedad Civil, realizado el 16 de diciembre en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco del XIII Diálogo de Alto Nivel de Derechos Humanos México–Unión Europea.

  El encuentro reunió a organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, y se sostuvo como un espacio formal de interlocución con más de trece años de continuidad. Las organizaciones advirtieron que el diálogo ocurre en un contexto birregional marcado por graves violaciones a derechos humanos, la reducción del espacio cívico y un cambio de paradigma en la cooperación internacional.

  Durante la jornada, las organizaciones compartieron análisis críticos y emitieron recomendaciones en materia de movilidad humana, derechos de los pueblos originarios, desapariciones forzadas, personas privadas de libertad, represión policial, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, empresas y derechos humanos, así como sobre el Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea.

  Las organizaciones alertaron también sobre la criminalización de la solidaridad, la erosión del Estado democrático de derecho y los recortes a la cooperación internacional, además de señalar la ausencia de altos funcionarios de la Unión Europea en el Seminario. Finalmente, exigieron mecanismos de seguimiento conjunto, la centralidad de los derechos humanos en la relación bilateral y que iniciativas como Global Gateway no prioricen intereses geopolíticos o comerciales sobre el bienestar de las comunidades y los territorios.

  A continuación el comunicado completo:

  Organizaciones mexicanas y europeas solicitan a la Unión Europea y al Estado mexicano acciones frente al debilitamiento del espacio cívico, la securitización e instrumentalización de la cooperación y los retrocesos en derechos humanos

  • El diálogo sucede en un contexto birregional caracterizado por graves violaciones a derechos humanos, la reducción del espacio cívico y una securización y cambio de paradigma de la cooperación internacional.
  • Las organizaciones mexicanas y europeas emitieron recomendaciones en materia de movilidad humana, derechos de los pueblos originarios, desapariciones, fortalecimiento del Estado de Derecho, personas privadas de libertad, represión policial, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, empresas y derechos humanos, Acuerdo Global modernizado, entre otras áreas de preocupación.

  Ciudad de México a 18 de diciembre de 2025.- El 16 de diciembre, más de 20 organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente tanto mexicanas como europeas nos reunimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para llevar a cabo el 11° Seminario con Organizaciones de la Sociedad Civil que ocurre en el marco del XIII Diálogo de Alto Nivel de Derechos Humanos México – Unión Europea (UE), un mecanismo que se ha sostenido por más de trece años como una buena práctica, y un importante canal formal de interlocución, involucrando significativamente a la sociedad civil.

  El objetivo del Seminario es dialogar acerca de las necesidades que existen en materia de derechos humanos, buscando aportar elementos al diálogo entre las autoridades de ambas latitudes, que abonen a ajustar las políticas públicas y alinear la cooperación para cumplir con las obligaciones de garantizar los derechos fundamentales en México y la Unión Europea. En este espacio se quiere reafirmar la importancia de una red internacional de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales. 

  Desde su primera edición, este espacio ha evolucionado con los aportes que desde las organizaciones hemos colocado, y que seguimos impulsando, con la intención de que el seminario tenga la mayor trascendencia en el intercambio y los acuerdos alcanzados entre las autoridades mexicanas y europeas en el marco del diálogo político, así como en las prioridades de cooperación, y el impacto efectivo en el ecosistema de los derechos humanos.

  A lo largo de la jornada, organizaciones de la sociedad civil compartimos análisis críticos sobre la situación de los derechos humanos en ambas regiones y formulamos decenas de recomendaciones en múltiples ámbitos, entre ellos: movilidad humana; derechos de los pueblos originarios; desapariciones forzadas y la labor de las mujeres buscadoras; condiciones de las personas privadas de libertad; represión policial y criminalización de la protesta social; protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; uso de tecnologías de vigilancia sin salvaguardas adecuadas; devastación ambiental; responsabilidad empresarial y transición energética, entre otras problemáticas urgentes.

  De igual forma, alertamos sobre el cierre progresivo del espacio cívico, la criminalización de la solidaridad y la erosión del Estado democrático de Derecho, tanto en países de la UE como en México, y el avance de marcos normativos que obstaculizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y atentan contra el goce de los derechos humanos y las libertades. A ello se suman los recortes a la cooperación internacional, su creciente securitización e instrumentalización y los impactos de políticas europeas, como el Global Gateway, que pueden tener impactos directos en comunidades  y territorios fuera de Europa como México.

  Sin embargo, también identificamos áreas de oportunidad y mejora en este ejercicio. A lo largo del Seminario observamos la ausencia de altos funcionarios por parte de la UE, lo cual resulta preocupante, ya que transmite la impresión de que este espacio se reduce a un ejercicio meramente formal o de cumplimiento, sin reflejar un compromiso genuino con la escucha activa, el intercambio sustantivo de recomendaciones ni la rendición de cuentas; así como la ausencia de funcionarios de la UE que puedan responder y prestar cuentas sobre el cumplimiento de derechos humanos y fundamentales al interno de la Unión.

  Reiteramos que la presencia, tanto de las autoridades mexicanas como europeas de alto nivel en este espacio es fundamental. Año con año hemos subrayado que su participación y la interlocución con las organizaciones es un componente indispensable para garantizar que las preocupaciones, evidencia y propuestas de la sociedad civil sean tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisión. 

  En ese mismo sentido, expresamos nuestra disposición a colaborar en el fortalecimiento del Seminario, mediante el desarrollo de metodologías más eficaces y de herramientas de seguimiento que sean verdaderamente inclusivas y participativas, y que permitan dar continuidad a las recomendaciones y peticiones formuladas.  Defendemos, valoramos y reivindicamos espacios como este porque constituyen un canal imprescindible de diálogo directo entre autoridades y sociedad civil, fortalecen la confianza institucional y permiten construir respuestas conjuntas basadas en evidencia frente a los desafíos en materia de derechos humanos. 

  A partir de lo anterior, las organizaciones solicitamos de manera prioritaria y puntual la consideración de cinco recomendaciones de carácter transversal, que pensamos son fundamentales y que deberán orientar la cooperación birregional: 

  1. Establecer un mecanismo de seguimiento conjunto entre la UE, el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil de ambos lados, de manera estructurada y permanente, que garantice avances reales y rendición de cuentas sobre los acuerdos tomados entre cada sesión del Diálogo de Derechos Humanos.
  2. Poner los derechos humanos en el centro de las relaciones entre México y la Unión Europea, de manera transversal y coherente, y en este sentido, fortalecer el componente de derechos humanos del Acuerdo Global México – UE, entre otros, garantizando la participación efectiva en los grupos consultivos de las organizaciones de la sociedad civil y comunidades de los territorios con actividades empresariales europeas.
  3. Proteger de manera activa y robusta el espacio cívico, Estado de derecho y los derechos humanos, mediante acciones y políticas públicas, y contribuir a frenar las iniciativas y narrativas globales que atentan contra el Estado de derecho y la libertad de expresión,  que obstaculizan y criminalizan la labor de la prensa y las personas defensoras de derechos humanos y de ambiente, tierra y territorio y organizaciones de la sociedad civil, en México y en la UE;
  4. Por parte de la UE y sus estados miembros, detener los recortes en materia de cooperación internacional y priorizar recursos con el Estado mexicano y con las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos humanos, para garantizar financiamiento estable, flexible y accesible para organizaciones, personas defensoras y periodistas tanto en México como en la UE.
  5. Asegurar que la estrategia Global Gateway no reemplace la cooperación tradicional ni priorice intereses geopolíticos y comerciales por sobre el bienestar humano y los intereses de las comunidades locales. Estos proyectos deben cumplir con evaluaciones de impacto ambiental y social transparentes, inclusivas e integrales, consultas públicas y comunitarias efectivas, y mecanismos de quejas accesibles y transparentes. En lo que respecta a los Pueblos Indígenas, esto también incluye el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)

  Firman:

  • Amnistía Internacional
  • Antigone
  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
  • Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México
  • Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) 
  • Consorcio Oaxaca
  • Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México (DMRKM)
  • Educación e Investigación (PODER)
  • EQUIS: justicia para las mujeres 
  • Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
  • Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C. (INEPPA)
  • Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
  • Ligue des droits de l’Homme
  • Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR)
  • Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
  • Open Arms
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
  • Red EU-LAT
  • Saami Council
  • Servicios y Asesoría para la Paz – SERAPAZ
  • Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
  • Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

• Colombia: Jericó, el pueblo que logró frenar la exploración de cobre, pero enfrenta la violencia de los grupos armados

  20 de desembre de 2025, per  Auri

  José Luis Bermúdez cuenta que desde que llegó el proyecto minero de Quebradona al municipio de Jericó, en el sureste antioqueño de Colombia, su familia se dividió entre quienes apoyaban la industria y quienes se opusieron, como él, para defender el agua y la tierra. Hoy, cuenta que la relación con sus hermanos se rompió, pero celebra algo: la Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la solicitud de prórroga a la empresa para extender la exploración de cobre en la región.

  “Después de 17 años de estar luchando contra una multinacional minera, recibimos la noticia con mucho agrado porque este es un territorio fértil para la producción de alimentos, para la caficultura, es una cordillera que produce agua no solamente para los humanos, sino para animales y plantas”, dice Bermúdez, uno de los 11 campesinos en proceso judicial tras oponerse al proyecto minero.

  La negativa de las autoridades nacionales para el proyecto minero representa un respiro para los defensores del territorio, quienes enfrentan acusaciones por los supuestos delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Sin embargo, saben que su labor no termina aquí, pues reconocen que Jericó enfrenta un ambiente de violencia, presuntamente ligado con la industria minera.

  Ambientalistas y defensores cuentan a Mongabay Latam la transformación que ha tenido Jericó tras 17 años de conflicto socioambiental por la minería, el cual está lejos de terminar.

  

  Un freno a la mina Quebradona

  La mina de cobre Quebradona —un proyecto propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro en el mundo— había solicitado una cuarta prórroga de la concesión minera, la cual no superó la etapa de exploración, ante el riesgo de graves impactos ambientales, principalmente a los acuíferos de la región. El proyecto tenía previsto una vida útil de 21 años para extraer cerca de 5 millones de toneladas de concentrado de cobre, mayoritariamente, así como oro y plata.

  Sin embargo, la autoridad minera decidió negar una nueva extensión por una “falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social en el territorio”.

  En la resolución final, consultada por Mongabay Latam, la institución destaca factores técnicos, legales y sociales para negar la extensión del título minero.

  Un elemento clave es que la etapa de exploración ya alcanzó el límite legal de 9 años que establece el contrato de concesión. La siguiente etapa, la de construcción, estaba prevista para iniciar el 9 de diciembre de 2025. Sin embargo, esta no puede iniciar sin licencia ambiental.

  El segundo elemento es el componente social, donde la AGN señala que la minera no entregó evidencia de “alguna estrategia de relacionamiento social en territorio que permita ver avances en aras de generar espacios de socialización previa con los diferentes grupos en territorio”.

  Esta actividad es necesaria debido a las tensiones sociales que existen en el territorio y en su área de influencia desde hace 15 años.

  Además, argumenta que al ser declarado como un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE), implica tener exigencias más altas de fiscalización y control.

  Otro factor importante fue que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia declaró y delimitó una zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal en varios municipios del suroeste antioqueño, incluido Jericó, cuya extensión abarca la concesión minera.

  

  De acuerdo con esta reserva, mientras esté vigente, las autoridades mineras y ambientales “no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales”.

  Lina María Velásquez Escobar, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, destaca la resolución minera, ante el conflicto socioambiental que ha dividido a Jericó y ha derivado en procesos judiciales, como el que enfrentan los 11 defensores campesinos acusados de presunto secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales.

  “Que una multinacional extranjera en este momento haya querellado en un municipio a más de 80 personas y que esté judicializando a 11 campesinos es un precedente desastroso para una empresa que pretende explotar minería en un territorio”, dice Velásquez a Mongabay Latam tras la resolución de la Agencia Nacional de Minería.

  Si bien consideran esta decisión como una victoria importante, saben que aún no es definitiva, pues legalmente la empresa lamentó la resolución y sostuvo que agotará los procedimientos legales “ante las instancias administrativas y jurisdiccionales».

  “Tenemos que seguir vigilantes. Si la gente no se concientiza de los daños tan desastrosos que causa la minería, seguramente van a volver a intentarlo, aunque ya quedó plasmado que en el suroeste de Antioquia la minería no se acepta”, sostiene Bermúdez.

  Mongabay Latam contactó a la Minera de Cobre Quebradona para conocer más detalles sobre las acciones legales que podría tomar contra la decisión oficial, sin embargo la empresa respondió que su posicionamiento por el tema sólo será un comunicado emitido el pasado 4 de diciembre donde rechazan la decisión.

  

  Sureste antioqueño, una tierra en disputa

  Los municipios de Jericó y Támesis despertaron el interés minero no solo de las industrias legales, sino también de grupos armados, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, de acuerdo con el Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño, elaborado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Vamos Mujer, Conciudadanía, Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

  El informe publicado en noviembre pasado aborda el aumento de homicidios en municipios estratégicos donde el Clan del Golfo se ha extendido, especialmente mediante el Bloque Edwin Román Vásquez, un grupo paramilitar especializado en minería con presencia reciente en Jericó y Támesis, precisamente donde se localiza la mina de cobre Quebradona.

  Carlos Andrés Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación, explica que si bien la región no había estado exenta de disputas por conflictos armados, la presencia de este grupo ha encendido las alarmas en una región que no se había distinguido por la extracción de minerales.

  “Edwin Román Velásquez es un bloque completamente minero que ya ha asegurado la hegemonía en el occidente antioqueño con una explotación muy fuerte de la mina Buriticá que actualmente es explotada por la empresa minera china Zijin-Continental Gold”, expone el abogado.

  

  De acuerdo con el informe, los 253 asesinatos registrados en los primeros ocho meses de 2025 superaron los de todo el año anterior. Solo en Jericó, los homicidios aumentaron un 300 % respecto a 2024. Este indicador, junto con la presencia de grupos paramilitares hace aún más complejo el conflicto socioambiental por la minería.

  “El temor que tenemos en este momento es que, una vez suspendido el registro minero y la exploración, busquen por vía ilegal sacar los recursos que no pudieron sacar por vía legal”, señala  Zapata, uno de los autores del informe, sobre el interés minero de grupos armados.

  El documento recoge las denuncias de habitantes de la zona sobre la presencia de actores armados en sus territorios. Dicen haber visto a hombres vestidos de negro y encapuchados patrullar las veredas en zona de influencia del proyecto minero Quebradona.

  Al respecto, AngloGold Ashanti Colombia ha salido a negar cualquier vínculo con grupos armados que operan en la zona cercana al proyecto minero. Consultada por Mongabay Latam, la empresa únicamente remitió a comunicados entre julio y septiembre de 2025, donde “rechaza cualquier manifestación de violencia contra la sociedad civil de la subregión y condena toda forma de vulneración de los derechos humanos”.

  El informe recaba también otras señales de violencia contra defensores del territorio en Jericó. Entre abril y septiembre documentaron amenazas directas a líderes campesinos y juveniles que participan en movilizaciones contra la minería. En varios casos, los responsables se identificaron como miembros de las AGC.

  “Se le han metido a la gente y le han cogido los celulares para revisar contactos. Hay acciones que nos evidencian que este año básicamente hay una presencia paramilitar activa en el polígono”, destaca Zapata.

  Velásquez también menciona el incremento que ha tenido Jericó en enfrentamientos armados, principalmente en el corregimiento de Palocabildo, donde se encuentra la mayoría de campesinos defensores del agua y del territorio.

  “La angustia se ha incrementado muchísimo en los campesinos y en los líderes del territorio. Todos sienten un gran riesgo porque hay un precedente importante”, sostiene la ambientalista en referencia a la criminalización de los defensores.

  

  El conflicto no termina aquí

  Defensores y ambientalistas saben que el conflicto socioambiental está lejos de terminar, por lo que también llaman a autoridades a atender medidas que frenen la expansión criminal que ponga en riesgo a las personas defensoras y los recursos que protegen.

  “Se necesita una respuesta integral a una problemática que rebasa el conflicto socioambiental y que se está viviendo en este momento por la minería. Urge una actuación integral, no solamente militar, que es hasta ahora la que han desplegado”, dice Zapata a Mongabay Latam.

  La próxima audiencia de judicialización en el proceso contra los 11 campesinos será en agosto de 2026. Bermúdez se dice tranquilo, pese a la tensión y a las acusaciones en su contra, pero cuenta que no quiere que pase con Jericó lo que sucede en otros territorios sumidos en la violencia por los conflictos armados.

  “Estos territorios han sido de paz y no queremos ser como el Cauca, el Chocó, la Guajira, destruidos por la violencia por abrirle las puertas a estas multinacionales. Es lo que en el suroeste de Antioquia no queremos que suceda”, reconoce.

  Velásquez espera que Jericó pueda tener un cierre de año más tranquilo tras la resolución de las autoridades nacionales, aunque sabe que solo es una pausa, para enfrentar lo que viene.

  “Hacía rato no teníamos una Navidad tranquila en Jericó y para todos fue una noticia muy alentadora saber que ya la minera no puede seguir realizando ninguna actividad en el territorio”, sostiene.

  Imagen principal: Integrantes de la Mesa Ambiental de Jericó se han reunido con elementos de seguridad, ante el clima de violencia en la región. Foto: cortesía Lina María Velásquez.

  Publicado originalmente en Mongabay

• El hambre en Gaza sigue en niveles “críticos” dos meses después del alto el fuego

  20 de desembre de 2025, per  Auri

  Foto: Un niño limpia la entrada de una tienda de campaña tras las fuertes lluvias en Gaza.

  El 77 por ciento de la población de Gaza continúa enfrentándose a inseguridad alimentaria aguda y se prevé que casi 101 mil niños de entre seis meses y cinco años sufran malnutrición aguda hasta octubre de 2026. La ONU pide a Israel que levante las restricciones. 

  La propagación de la hambruna en Gaza se ha evitado, pero la situación sigue siendo crítica, ya que toda la población de la Franja sigue sufriendo hambre, según informó el viernes la máxima autoridad mundial en crisis alimentarias.

  Los expertos respaldados por la ONU han observado mejoras en la nutrición y el suministro de alimentos en Gaza desde el alto el fuego, pero afirman que 100 mil personas seguían viviendo en “condiciones catastróficas” el mes pasado.

  En agosto, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) reveló que medio millón de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población de Gaza, vivían en zonas afectadas por la hambruna.

  Desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en octubre, la ayuda humanitaria, incluida la ayuda alimentaria, ha aumentado, pero “solo se cubren las necesidades básicas de supervivencia”. 

  Aunque «ninguna zona está clasificada como hambruna», la situación es «frágil y depende de un acceso humanitario y comercial sostenido, ampliado y constante.»

  «En el peor de los casos, que incluiría una renovación de hostilidades y la suspensión de las entradas humanitarias y comerciales, toda la Franja de Gaza está en riesgo de hambruna hasta mediados de abril de 2026. Esto subraya la grave y continua crisis humanitaria«, añade el informe.

  “Para poner fin a esta catástrofe, se deben permitir entradas de suministros a gran escala y se debe permitir a los trabajadores humanitarios hacer su trabajo, dijo Philippe Lazzarini, el comisionado general de UNRWA

  El Secretario General de la ONU dijo que “las necesidades crecen más rápido de lo que entra la ayuda”. 

  Desglose de datos

  

  Fuente: IPC

  El IPC mide dos parámetros: la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

  La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso a alimentos suficientes para llevar un estilo de vida saludable. La fase 5 del IPC significa el nivel más extremo, calificado como “hambruna” para una zona o “catástrofe” cuando se refiere a los hogares. 

  Entre octubre y noviembre, alrededor de 1,6 millones de personas (77 por ciento de la población analizada) enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 del IPC o superior). Esto incluye a más de medio millón de personas en Emergencia (Fase 4 del IPC) y 104.000 personas en Catástrofe (Fase 5 del IPC). Durante el periodo de proyección (del 1 de diciembre de 2025 al 15 de abril de 2026), se espera que la situación siga siendo grave, con alrededor de 1,6 millones de personas que aún enfrentan una crisis o, peor (IPC, Fase 3 o superiores). Esto incluye a 571.000 personas en condiciones de Emergencia (Fase 4 del IPC) y unas 1900 personas en Catástrofe (Fase 5 del IPC), lo que refleja una reducción en las condiciones más extremas.

  El IPC señaló que los principales factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria son las restricciones al acceso humanitario, el desplazamiento de más de 730 mil personas y la destrucción de los medios de subsistencia, incluido más del 96 por ciento de las tierras de cultivo de Gaza, que han quedado destruidas o son inaccesibles.

  El informe también analiza la situación de la malnutrición y ha encontrado que es crítica (fase 4) en la gobernación de Gaza y grave (Fase 3) en las gobernaciones de Deir al-Balah y Jan Yunis. Debido a la falta de datos, no se analizó el norte de Gaza, donde los trabajadores humanitarios informan de “niveles persistentemente elevados de casos de malnutrición y describen la situación como preocupante”.

  Hasta mediados de octubre de 2026, en toda la Franja de Gaza, se prevé que casi 101.000 niños de entre seis meses y cinco años sufran malnutrición aguda y necesiten tratamiento, con más de 31 mil casos graves. Durante el mismo período, 37 mil mujeres embarazadas y lactantes también se enfrentarán a la malnutrición aguda y necesitarán tratamiento.

  En todas las gobernaciones, “ningún niño de entre 6 y 23 meses cumple los requisitos mínimos de diversidad alimentaria”, según el IPC.

  Alimentos inasequibles

  

  En Gaza, Israel controla el paso tanto de los camiones comerciales como de los que portan ayuda humanitaria.

  El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.

  Aunque esa cifra no se ha alcanzado, en noviembre, la cobertura de las entregas humanitarias se amplió significativamente, con el 67 por ciento de los hogares recibiendo ayuda, frente al 18 por ciento de julio, principalmente a través de comidas cocinadas, panaderías y paquetes de alimentos. Los puntos de distribución de pan también están aumentando.

  La disponibilidad de alimentos en los mercados ha mejorado tras la reanudación de las entregas comerciales. Sin embargo, muchas de las importaciones incluyen productos de baja calidad como alimentos ultraprocesados y dulces. Los alimentos nutritivos, como frutas y verduras frescas, están disponibles, pero son caros. Las proteínas son muy escasas y aún más caras. El 79 por ciento de los hogares no puede comprar alimentos y dependientes de la ayuda. 

  Restricciones al acceso

  “Necesitamos un alto el fuego realmente duradero. Necesitamos más cruces y que se levanten las restricciones de artículos críticos, eliminar la burocracia, rutas seguras dentro de Gaza, financiación sostenida y acceso sin obstáculos, incluyendo para las ONG”, añadió Guterres.

  Las Naciones Unidas y las ONG locales e internacionales advirtieron el miércoles que las operaciones humanitarias corren el riesgo de colapsar si Israel no elimina los obstáculos, entre los que se incluye un proceso de registro “vago, arbitrario y altamente politizado”.

  Decenas de organizaciones humanitarias internacionales se enfrentan a la cancelación de su registro antes del 31 de diciembre, lo que significa que tendrán que cerrar sus operaciones en un plazo de 60 días, según informaron la ONU y más de 200 organizaciones en una declaración conjunta.

  Condiciones extremas

  

  © WFP/Maxime Le Lijour

  “Me parte el corazón ver la magnitud del sufrimiento en Gaza. Las familias están soportando lo insoportable. Los niños se ven obligados a dormir en tiendas inundadas”, dijo el Secretario General

  Los edificios, ya azotados por los bombardeos, se están derrumbando bajo el peso de la lluvia y el viento, cobrando más vidas civiles.

  UNICEF reportó este viernes que tres niños han muerto de hipotermia en diciembre, incluyendo un niño de 29 meses ayer. 

  Las tormentas de las últimas semanas han provocado más muertes, inundaciones que han afectado a casi 55 mil hogares y la evacuación de 370 familias de las zonas costeras, según OCHA.

  Por su parte la OMS ha informado de la OMS y sus socios han evacuado a más de 10.600 pacientes de Gaza con graves condiciones de salud, incluidos más de 5 mil 600 niños, desde el inicio de la guerra.

  “Sin embargo, muchos más pacientes permanecen en Gaza a la espera de ser evacuados para recibir la atención médica adecuada”, afirmó el director de la Organización en X. “Según el Ministerio de Salud, 1092 pacientes han fallecido mientras esperaban la evacuación médica entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025. Sin embargo, es probable que esta cifra esté infravalorada”.

  Publicado originalmente en Noticias ONU