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El hambre en Gaza sigue en niveles “críticos” dos meses después del alto el fuego
20 de desembre de 2025, per AuriFoto: Un niño limpia la entrada de una tienda de campaña tras las fuertes lluvias en Gaza.
El 77 por ciento de la población de Gaza continúa enfrentándose a inseguridad alimentaria aguda y se prevé que casi 101 mil niños de entre seis meses y cinco años sufran malnutrición aguda hasta octubre de 2026. La ONU pide a Israel que levante las restricciones.
La propagación de la hambruna en Gaza se ha evitado, pero la situación sigue siendo crítica, ya que toda la población de la Franja sigue sufriendo hambre, según informó el viernes la máxima autoridad mundial en crisis alimentarias.
Los expertos respaldados por la ONU han observado mejoras en la nutrición y el suministro de alimentos en Gaza desde el alto el fuego, pero afirman que 100 mil personas seguían viviendo en “condiciones catastróficas” el mes pasado.
En agosto, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) reveló que medio millón de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población de Gaza, vivían en zonas afectadas por la hambruna.
Desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en octubre, la ayuda humanitaria, incluida la ayuda alimentaria, ha aumentado, pero “solo se cubren las necesidades básicas de supervivencia”.
Aunque «ninguna zona está clasificada como hambruna», la situación es «frágil y depende de un acceso humanitario y comercial sostenido, ampliado y constante.»
«En el peor de los casos, que incluiría una renovación de hostilidades y la suspensión de las entradas humanitarias y comerciales, toda la Franja de Gaza está en riesgo de hambruna hasta mediados de abril de 2026. Esto subraya la grave y continua crisis humanitaria«, añade el informe.
“Para poner fin a esta catástrofe, se deben permitir entradas de suministros a gran escala y se debe permitir a los trabajadores humanitarios hacer su trabajo, dijo Philippe Lazzarini, el comisionado general de UNRWA
El Secretario General de la ONU dijo que “las necesidades crecen más rápido de lo que entra la ayuda”.
Desglose de datos
Fuente: IPC
El IPC mide dos parámetros: la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso a alimentos suficientes para llevar un estilo de vida saludable. La fase 5 del IPC significa el nivel más extremo, calificado como “hambruna” para una zona o “catástrofe” cuando se refiere a los hogares.
Entre octubre y noviembre, alrededor de 1,6 millones de personas (77 por ciento de la población analizada) enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 del IPC o superior). Esto incluye a más de medio millón de personas en Emergencia (Fase 4 del IPC) y 104.000 personas en Catástrofe (Fase 5 del IPC). Durante el periodo de proyección (del 1 de diciembre de 2025 al 15 de abril de 2026), se espera que la situación siga siendo grave, con alrededor de 1,6 millones de personas que aún enfrentan una crisis o, peor (IPC, Fase 3 o superiores). Esto incluye a 571.000 personas en condiciones de Emergencia (Fase 4 del IPC) y unas 1900 personas en Catástrofe (Fase 5 del IPC), lo que refleja una reducción en las condiciones más extremas.
El IPC señaló que los principales factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria son las restricciones al acceso humanitario, el desplazamiento de más de 730 mil personas y la destrucción de los medios de subsistencia, incluido más del 96 por ciento de las tierras de cultivo de Gaza, que han quedado destruidas o son inaccesibles.
El informe también analiza la situación de la malnutrición y ha encontrado que es crítica (fase 4) en la gobernación de Gaza y grave (Fase 3) en las gobernaciones de Deir al-Balah y Jan Yunis. Debido a la falta de datos, no se analizó el norte de Gaza, donde los trabajadores humanitarios informan de “niveles persistentemente elevados de casos de malnutrición y describen la situación como preocupante”.
Hasta mediados de octubre de 2026, en toda la Franja de Gaza, se prevé que casi 101.000 niños de entre seis meses y cinco años sufran malnutrición aguda y necesiten tratamiento, con más de 31 mil casos graves. Durante el mismo período, 37 mil mujeres embarazadas y lactantes también se enfrentarán a la malnutrición aguda y necesitarán tratamiento.
En todas las gobernaciones, “ningún niño de entre 6 y 23 meses cumple los requisitos mínimos de diversidad alimentaria”, según el IPC.
Alimentos inasequibles
En Gaza, Israel controla el paso tanto de los camiones comerciales como de los que portan ayuda humanitaria.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Aunque esa cifra no se ha alcanzado, en noviembre, la cobertura de las entregas humanitarias se amplió significativamente, con el 67 por ciento de los hogares recibiendo ayuda, frente al 18 por ciento de julio, principalmente a través de comidas cocinadas, panaderías y paquetes de alimentos. Los puntos de distribución de pan también están aumentando.
La disponibilidad de alimentos en los mercados ha mejorado tras la reanudación de las entregas comerciales. Sin embargo, muchas de las importaciones incluyen productos de baja calidad como alimentos ultraprocesados y dulces. Los alimentos nutritivos, como frutas y verduras frescas, están disponibles, pero son caros. Las proteínas son muy escasas y aún más caras. El 79 por ciento de los hogares no puede comprar alimentos y dependientes de la ayuda.
Restricciones al acceso
“Necesitamos un alto el fuego realmente duradero. Necesitamos más cruces y que se levanten las restricciones de artículos críticos, eliminar la burocracia, rutas seguras dentro de Gaza, financiación sostenida y acceso sin obstáculos, incluyendo para las ONG”, añadió Guterres.
Las Naciones Unidas y las ONG locales e internacionales advirtieron el miércoles que las operaciones humanitarias corren el riesgo de colapsar si Israel no elimina los obstáculos, entre los que se incluye un proceso de registro “vago, arbitrario y altamente politizado”.
Decenas de organizaciones humanitarias internacionales se enfrentan a la cancelación de su registro antes del 31 de diciembre, lo que significa que tendrán que cerrar sus operaciones en un plazo de 60 días, según informaron la ONU y más de 200 organizaciones en una declaración conjunta.
Condiciones extremas
© WFP/Maxime Le Lijour
“Me parte el corazón ver la magnitud del sufrimiento en Gaza. Las familias están soportando lo insoportable. Los niños se ven obligados a dormir en tiendas inundadas”, dijo el Secretario General
Los edificios, ya azotados por los bombardeos, se están derrumbando bajo el peso de la lluvia y el viento, cobrando más vidas civiles.
UNICEF reportó este viernes que tres niños han muerto de hipotermia en diciembre, incluyendo un niño de 29 meses ayer.
Las tormentas de las últimas semanas han provocado más muertes, inundaciones que han afectado a casi 55 mil hogares y la evacuación de 370 familias de las zonas costeras, según OCHA.
Por su parte la OMS ha informado de la OMS y sus socios han evacuado a más de 10.600 pacientes de Gaza con graves condiciones de salud, incluidos más de 5 mil 600 niños, desde el inicio de la guerra.
“Sin embargo, muchos más pacientes permanecen en Gaza a la espera de ser evacuados para recibir la atención médica adecuada”, afirmó el director de la Organización en X. “Según el Ministerio de Salud, 1092 pacientes han fallecido mientras esperaban la evacuación médica entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025. Sin embargo, es probable que esta cifra esté infravalorada”.
Publicado originalmente en Noticias ONU
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El recalentado: nuestro vínculo con la tierra
20 de desembre de 2025, per Auri
Un canto colectivo por el buen vivir y la esperanza desde nuestros pueblos, donde voces campesinas, mujeres organizadas y juventudes comparten experiencias de resistencia, agroecología y cuidado de las semillas criollas frente a las amenazas del capitalismo, los proyectos extractivos y la agroindustria.
Contenido
- Heridas de la Madre Tierra – Radio Tsinaka
- Oaxaca, mujeres milpa y agroecología desde Tlahuitoltepec – Especialidad de Comunicación Comunitaria de CESDER
- Defensa del maíz criollo – Boca de Polen
- Semillas urbanas del buen vivir – Especialidad de Comunicación Comunitaria de CESDER
- De campesino a campesino: transición agroecológica en Guerrero – Especialidad de Comunicación Comunitaria de CESDER
Créditos
- Locución: Daniela Parra (REDES A.C.) y Santiago Morales (Radio Huaya)
- Montaje: Santiago Morales (Radio Huaya)
- Masterización: Arturo Espinoza (Boca de Polen)
- Guión y coordinación: Radio Cuenca
- Foto: Archivo CESDER
- Diseño: Paulina Cervantes (REDES A.C.)
- Difusión: Daniela Parra, Thania Marreros, Daniela Bello (REDES A.C.) y Arturo Espinoza (Boca de Polen)
Publicado originalmente en Canto de Cenzontles
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Campesinos respaldan a Carlos González y exigen justicia por Marcos Aguilar
20 de desembre de 2025, per AuriFoto: Congreso Nacional Indígena
Ciudad de México | Desinformémonos. La Organización Campesina de la Sierra del Sur manifestó su respaldo al compañero Carlos González y exigió justicia por el asesinato de Marcos Aguilar, al denunciar la criminalización contra integrantes del Congreso Nacional Indígena y el hostigamiento contra comunidades indígenas y campesinas.
La organización, integrante del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, afirmó que Carlos González ha sido criminalizado «por estar al lado del pueblo y por una justicia negada para nuestros pueblos más de 500 años». Alertó que las palabras de la diputada de Morena Judith Vanegas Tapia ponen en riesgo la integridad de la Carlos González.
En el documento, la Organización Campesina de la Sierra del Sur señaló estar atentos y en alerta por cualquier cosa, y reiteró que hace responsables a los tres niveles de gobierno de la Ciudad de México de lo que pueda ocurrirle a Carlos González.
El pronunciamiento también denunció los hechos en la Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, comunidad «en resistencia y contra el despojo de sus tierras y recursos naturales».
A continuación el comunicado completo:
PRONUNCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR EN RESPALDO A CARLOS GONZÁLEZ Y EN EXIGENCIA DE JUSTICIA POR MARCOS AGUILAR
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO
La organización campesina de la sierra del sur Tepetixtla, Coyuca de Benítez (O.C.S.S) e integrante del congreso nacional indígena-consejo indígena de gobierno, condena los hechos recientes en contra de comunidades e integrantes del congreso nacional indígena como el caso del compañero CARLOS GONZÁLEZ, criminalizado por estar al lado del pueblo y la justicia negada para nuestros pueblos mas de 500 años, las palabras dichas por la diputada de morena JUDITH VANEGAS TAPIA ponen en riego la integridad de nuestro compañero CARLOS GONZÁLEZ.
DE LO CUAL responsabilizamos A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO DEL LA CIUDAD DE MÉXICO (CDMX) YA QUE EN LA PALABRAS DE LA DIPUTADA“QUE LA PRESIDENTA LO TIENE BIEN UBICADO” ESTAMOS ATENTOS Y EN ALERTA POR CUALQUIER COSA.
También denunciamos los hechos en la COMUNIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA DE SAN LORENZO DE AZQUELTAN, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, COMUNIDAD EN RESISTENCIA Y CONTRA DEL DESPOJO DE SUS TIERRAS Y RECURSOS NATURALES.
LO CUAL A COBRADO LA VIDA EN UN ATAQUE A LAS AUTORIDADES COMUNALES, DE NUESTRO COMPAÑERO MARCOS AGUILAR.
POR LO ANTES DICHO EXIGIMOS JUSTICIA Y UN ALTO AL HOSTIGAMIENTO A LA COMUNIDAD POR NO VENDERSE POR NO RENDIRSE Y POR NO CLAUDICAR EN LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA.
POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDÍGENAS Y CAMPESINOS
ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR
(TEPETIXTLA, COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO)
O.C.S.S
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México solo destinó 0.036 por ciento del gasto público a buscar e identificar personas desaparecidas
20 de desembre de 2025, per AuriPese a la crisis de desaparición y forense que se atraviesa en México, la federación y los gobiernos estatales destinaron solo 0.036 por ciento de su gasto conjunto en 2024 a búsqueda e identificación, de acuerdo con el informe En búsqueda de presupuesto 2024: inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas, realizado por Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva.
El informe advierte que esta respuesta pública es mínima y profundamente desalineada con la magnitud territorial de la crisis, pues si todo el presupuesto federal y estatal fueran 100 pesos, los gobiernos no hubieran destinado ni un centavo a unas de las crisis de seguridad y paz más importantes del país
El panorama en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas RNPDNO, hasta el 18 de diciembre del 2025 se contabilizan más de 133 mil 516 personas desaparecidas a lo que se suma la acumulación de más de 72 mil cuerpos sin identificar en instalaciones gubernamentales así como cientos de miles de fragmentos óseos.
En cuanto a las desapariciones de mujeres el RNPDNO reporta 29 mil 611 mujeres desaparecidas hasta septiembre de 2025 y aunque en términos absolutos desaparecen más hombres las mujeres enfrentan menores probabilidades de ser localizadas pues muchas son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
Pese a este escenario, el gobierno de México ha priorizado el gasto en otros rubros, como la publicidad oficial, cuyo presupuesto fue casi cuatro veces mayor al destinado a investigación, búsqueda e identificación de personas, con una asignación de 3 mil millones 892,013,437.93 de pesos, frente a 14 mil millones 147,942,754.98 pesos, respectivamente.
Distribución de presupuesto para búsqueda
En 2024, la inversión nacional, solo en búsqueda de personas desaparecidas ascendió a mil 330.2 millones de pesos. De este total, las 32 Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) ejercieron 786.1 millones (59 %), la Comisión Nacional de Búsqueda destinó 342.7 millones (25.8 %), y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada recibió 28.7 millones (2.2 %). El monto restante, 172.6 millones (13 %), provino de recursos asignados a fiscalías especializadas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
De este total de presupuesto, las organizaciones apuntaron que los casos de Tamaulipas y Michoacán resultan especialmente preocupantes; pues a pesar de ser la segunda y sexta entidad con más personas desaparecidas en el país, en 2024 ocuparon los lugares 21 y 22 en inversión en búsqueda de personas.
“Esta desproporción evidencia una falta grave de correspondencia entre la magnitud de la crisis y la asignación de recursos, limitando las capacidades de las Comisiones Locales de Búsqueda para responder de manera efectiva y profundizando los rezagos en la atención a las familias”, apuntaron dentro del informe.
Por otro lado, el estado de México, Jalisco y Nuevo León fueron los estados que más invirtieron en 2024; mientras que Yucatán y Querétaro destacan porque la inversión que tienen sus CLB es marginal, ya que destinaron menos de $1.72 millones y $2.63 millones respectivamente, quedando en último lugar, incluso muy por debajo de Tlaxcala, la tercera CLB que menos invirtió con $9.85 millones de pesos.
Distribución de presupuesto para identificación forense
En cuanto a identificación humana, la inversión nacional durante 2024 asciende a $2,561.8 millones de pesos, una cifra que superó a la que se proporción en búsqueda, debido al el peso presupuestal de la infraestructura forense federal.
El componente central de este gasto es el Centro Federal Pericial Forense, que ejerció el 64%, seguido por los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para el fortalecimiento de áreas de investigación forense y pericial en las entidades, que suman el 30.8%; mientras que a nivel local, las Comisiones Locales de Búsqueda destinaron el 4.7% específicamente a tareas de identificación, a lo que se agregan los montos ejercidos por la Unidad de Especialidades Médico Forenses y la Unidad de Ingenierías Forenses.
El informe advierte que esta distribución muestra que la inversión en identificación depende de un modelo altamente centralizado en el ámbito federal, que aunque se complementa y descentraliza parcialmente mediante los recursos del FASP, este monto sigue siendo insuficiente para consolidar la infraestructura subnacional necesaria, dejando pendiente la identificación de más de 70 mil cuerpos.
Baja California, que concentra más de 13 mil cuerpos sin identificar, ocupa apenas el noveno lugar nacional en recursos combinados para identificación provenientes del FASP y las Comisiones Locales de Búsqueda. La Ciudad de México, segunda en número de cuerpos no identificados, desciende hasta la posición 30 en inversión, mientras que el Estado de México, tercer estado con mayor acumulación de restos, apenas alcanza el lugar 13 en recursos combinados.
En contraste, los estados que más recursos ejercieron en 2024 fueron Guanajuato, Baja California Sur y Durango, quienes tienen relativamente menos cuerpos sin identificar, ocupando los lugares 17, 26 y 24, respectivamente; lo cual evidencia una marcada discrepancia entre la magnitud del problema y la respuesta presupuestaria, y muestra que los estados con mayores rezagos no lideran la inversión en identificación, reflejando criterios diferenciados de priorización, escasa coordinación nacional y un riesgo de profundización de la desigualdad territorial en materia forense.
El estudio también analizó la estructura de las Comisiones Locales de Búsqueda, identificando que en 2024 contaron con 906 personas, de las cuales solo el 19 % tenía plaza de base. Aunque en estados como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y San Luis la mayoría del personal tiene contrato fijo, la mayoría opera bajo contratos temporales, de confianza o no estandarizados, lo que provoca rotación constante, limita la especialización y dificulta la continuidad en la búsqueda, afectando directamente a las familias.
Para Elementa, Fundar y Política Colectiva, la crisis no se explica solo por la violencia o los rezagos acumulados, sino por un modelo fragmentado y sin coordinación efectiva.
Por ello, exigen a las autoridades correspondientes: aumentar la inversión pública de manera proporcional a la magnitud de la crisis; fortalecer las capacidades estatales, especialmente en servicios forenses; garantizar condiciones laborales dignas y estables para el personal de las CLB; y establecer una rectoría federal que dé coherencia, previsibilidad y continuidad a la política pública.
Este material se comparte con la autorización de CIMAC Noticias
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Denuncia AI represión y discursos estigmatizantes contra protestas en México
19 de desembre de 2025, per Admin2Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación frente a las «prácticas represivas por parte de cuerpos policiales» en movilizaciones en México y al discurso estigmatizante de la protesta social por parte de algunas autoridades «para deslegitimar las causas que las originan», especialmente en los últimos meses.
La organización de derechos humanos señaló que en al menos 14 estados del país se registró represión policial y discursos que deslegitiman los movimientos sociales, y que el uso de la fuerza en las manifestaciones fue dirigida «principalmente a personas racializadas no blancas, a personas de pueblos originarios, o mujeres que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos humanos».
«La actuación de las autoridades en contextos de manifestaciones pacíficas no está guiada por los estándares internacionales de derechos humanos, lo que conduce eventualmente al uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves de derechos humanos», puntualizó Amnistía Internacional.
Entre los casos con los que AI ejemplificó la represión en México se encuentran la agresión y amenazas a siete buscadoras de la Colectiva Madres en Resistencia en Chiapas por parte de policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, mientras protestaban frente a la fiscalía estatal para exigir justicia para sus desaparecidas, el pasado 7 de octubre; y la detención de 105 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, en Puebla, que fueron reprimidas por al menos 400 elementos policiales estatales y municipales de Teteles «con uso excesivo de la fuerza» cuando las normalistas denunciaban los problemas en los procesos de inscripción en la Normal.
«El mero ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica no debe tratarse como un delito penal. Las autoridades no deben criminalizar ni a quienes organizan ni a quienes participan en reuniones pacíficas. Además, las personas funcionarias públicas deben abstenerse de hacer declaraciones que busquen estigmatizar o incriminar a quienes simplemente ejercen sus derechos humanos», recordó la organización.
Finalmente, Amnistía Internacional llamó al Estado mexicano a abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes contra manifestantes o manifestaciones, revisar los marcos legislativos para que se apeguen a los estándares internacionales de derechos humanos y a modificar aquellos que son usados para criminalizar la protesta, como la Ley de Uso de la Fuerza.
A continuación el comunicado completo:
Amnistía Internacional observa con preocupación que, en los últimos años, y particularmente en los últimos meses, en algunas protestas se han presentado prácticas represivas por parte de cuerpos policiales y un discurso estigmatizante de la protesta social por parte de algunas autoridades para deslegitimar las causas que las originan. Esta situación ocurrió este año en al menos 14 estados del país, lo que afecta de manera importante el derecho de las personas a la reunión o protesta pacífica, que es una forma de llamar la atención sobre hechos violatorios de derechos humanos, cuando otras formas de negociación con el Estado no han dado resultado.
A ello se agrega otro elemento, pues la actuación de las autoridades en contextos de manifestaciones pacíficas no está guiada por los estándares internacionales de derechos humanos, lo que conduce eventualmente al uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves de derechos humanos.
En lo que va del año, la represión de las protestas sociales se ha observado en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. La represión de reuniones o manifestaciones pacíficas tiene otra peculiaridad y es que va dirigida principalmente a personas racializadas no blancas, a personas de pueblos originarios, o mujeres que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Las personas o comunidades recurren al derecho a la protesta pacífica para exigir el actuar de las autoridades ante ciertas problemáticas sociales. Entre los ejemplos emblemáticos están las marchas del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer; del 10 de mayo, Por la dignidad nacional, Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia o la del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las personas de comunidades originarias recurren también a ese derecho para defender sus tierras de la invasión de grandes empresas que buscan explotar sus recursos naturales en detrimento de poblaciones enteras.
Represión que prolifera
El 8 de marzo de 2025, mujeres que acudieron a las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, fueron agredidas en diversos estados del país. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reportó al menos 16 detenciones arbitrarias en Hidalgo, Chihuahua y Coahuila; el uso de gas lacrimógeno en los estados de Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo. En este último estado también hubo golpes y encapsulamientos a mujeres. En Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León manifestantes protagonizaron diversos tipos de agresiones, incluso por redes sociales, en contra de las mujeres que protestaban.
En agosto, en Puebla, policías detuvieron a cuatro mujeres que protestaban con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las mujeres fueron golpeadas y estuvieron desaparecidas por al menos seis horas. En septiembre, en la localidad de Teteles, Puebla, 105 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, fueron detenidas por al menos 400 elementos policiales estatales y municipales, con uso excesivo de la fuerza. Las estudiantes intentaban llamar la atención sobre problemas en los procesos de inscripción en dicha Escuela normal.
Amnistía Internacional publicó en 2021 el informe México: La era de las mujeres donde se detalla la represión y estigmatización a colectivas feministas que se manifestaban pacíficamente contra la violencia de género en Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Guanajuato y Ciudad de México. Las autoridades y algunos medios de comunicación calificaron esas manifestaciones como violentas lo que generó un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitimó su activismo y facilitó que tanto autoridades como particulares ejercieran más violencia en su contra.
El 2 de octubre de este año, en el Estado de México, agentes del Estado reprimieron a las personas que marcharon durante la conmemoración de la matanza de estudiantes de 1968; la organización Articulo 19 documentó agresiones contra periodistas durante las protestas ocurridas los días 1 y 3 de noviembre, registradas luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. En noviembre, agentes del Estado impidieron que personas estudiantes del Instituto Tecnológico de León (TecNM), mantuvieran su protesta pacífica para demandar a dicha institución académica atención a sus exigencias.
El 7 de octubre, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una alerta urgente por la agresión y amenazas a siete buscadoras de la Colectiva Madres en Resistencia en Chiapas por parte de policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, mientras ejercían su derecho a protestar frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir justicia para sus familiares desaparecidas.
Finalmente, el 15 de noviembre durante las protestas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, diversos videos publicados en redes dieron cuenta del uso excesivo de la fuerza por parte de policías contra manifestantes y de la estigmatización por parte de autoridades contra manifestantes.
Directrices que debe respetar el Estado mexicano
Amnistía Internacional recuerda que la protesta pacífica es un derecho que se encuentra protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando ese derecho está en juego, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar, sin discriminación, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
De acuerdo con diversos estándares internacionales de derechos humanos el Estado mexicano está obligado a cumplir diversas directrices para que realmente haya en el país una garantía del derecho a la protesta. Entre ellas está el que debe de contar con un marco jurídico que proteja y garantice el derecho a la reunión pacífica.
Sin embargo, en los hechos Amnistía Internacional ha observado que delitos como la obstrucción a las vías públicas y oposición a la obra pública y otros de tipo ambiguo como motín, pandillerismo e incluso secuestro –incluidos en los Códigos penales federal y estatales– son utilizados para criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica.
El mero ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica no debe tratarse como un delito penal. Las autoridades no deben criminalizar ni a quienes organizan ni a quienes participan en reuniones pacíficas. Además, las personas funcionarias públicas deben abstenerse de hacer declaraciones que busquen estigmatizar o incriminar a quienes simplemente ejercen sus derechos humanos.
Otra directriz tiene que ver con la facilitación de las manifestaciones pacíficas. Para ello el Estado debe contar con políticas y protocolos que guíen la actuación policial en las manifestaciones. La base de éstas debe ser la facilitación para que organizadores/as y participantes alcancen sus objetivos. Otro aspecto importante en este tema es que las manifestaciones no deben ser vistas desde el principio como violentas. Además de que la actuación policial debe evitar que ocurran problemas y mantener una relación constructiva (y voluntaria) con sus organizadores y participantes.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son emplazados en manifestaciones deben estar debidamente capacitados en la facilitación de éstas, lo cual implica que hayan recibido formación sobre las normas de derechos humanos; además, deben tener conocimiento de las leyes aplicables a las manifestaciones, así como habilidades efectivas de comunicación, negociación y mediación, entre otros temas.
Otras directrices del derecho internacional implican que: los organismos encargados de hacer cumplir la ley no deben tratar las manifestaciones como una amenaza; las detenciones arbitrarias están prohibidas en todo momento; la táctica policial de contención, conocida como “encapsulamiento”, debe evitarse; las autoridades sólo podrán recurrir a la dispersión de una manifestación como último recurso; todo uso de la fuerza debe cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y no discriminación y las autoridades deben garantizar una supervisión adecuada de cómo se lleva a cabo la labor policial.
Recomendaciones
Por lo expuesto, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano, que incluye al Ejecutivo Federal y a los estados y municipios a:
Abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes contra manifestantes o manifestaciones; revisar los marcos legislativos para que se apeguen a los estándares internacionales de derechos humanos y a modificar aquellos que son usados para criminalizar la protesta.
El llamado incluye revisar la Ley de Uso de la Fuerza; garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y que el uso de la fuerza sea solo en casos excepcionales y configurados por el derecho internacional de los derechos humanos, y bajo los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad; abstenerse de usar indebidamente el sistema de justicia para criminalizar la protesta; crear o revisar los protocolos existentes de intervención policial en manifestaciones y crear mecanismos de supervisión policial con participación de la sociedad civil.