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• Israel abre de manera limitada el paso de Rafah

  2 de febrer, per  Auri

  Paso de Rafah, frontera entre el sur de la Franja de Gaza y Egipto.Foto: Gloucester to Gaza

  Tras casi dos años cerrado por las autoridades israelíes, se reabre el paso de Rafah, que conecta Egipto con Gaza para evacuar a los palestinos heridos y enfermos.

  Han tenido que pasar dos años —se cerró en mayo de 2024— para que Israel haya decidido abrir el paso de Rafah, entre Gaza y Egipto, para permitir la salida de personas heridas o que precisan atención médica de urgencia (solo para aquellas que lo hagan a pie). El paso se abrirá de manera bidireccional —algunos pocos gazatíes podrán salir del enclave, y otros podrán volver—. Esta decisión se toma tras un fin de semana aciago en el que las fuerzas israelíes han asesinado a una treintena de personas en Gaza. Desde la firma del alto el fuego, el pasado mes de octubre, Israel ha matado a más de 500 palestinos en el enclave.

  De momento, se calcula que solo entre 50 y 150 personas al día podrán transitar de un territorio a otro. Solo podrán abandonar el enclave aquellas personas con una urgencia médica, junto a sus acompañantes, y previa autorización de las autoridades israelíes. Los movimientos de personas, además de por Israel, estarán monitorizados por la Misión de Supervisión Fronteriza de la Unión Europea y Egipto. Según informa el periódico israelí Haaretz, al otro lado del paso hay decenas de ambulancias esperando y 150 hospitales egipcios habrían preparado sus instalaciones para poder acoger a las personas que lo requieran. Por el lado gazatí, la población se queja de la poca información al respecto y las versiones contradictorias que están recibiendo. De hecho, próximamente se pondrá un sistema de registro por el cual se valorará cada caso en función de la urgencia de las dolencias.

  Visita de Steve Witkoff a Israel para abordar el inicio de la segunda fase del acuerdo

  Hasta el cierre definitivo del paso, unos 100.000 gazatíes pudieron abandonar el enclave hacia Egipto. De todos ellos, se calcula que unos 80.000 aún permanecen allí esperando para volver a Gaza; los otros se habrían instalado en otros puntos de Europa. Ahora, y según fuentes de organizaciones humanitarias internacionales, unos 20.000 precisan ayuda médica inmediata.

  La media, discretamente aplaudida —por llegar tarde y ser limitada—, ha sido una de las demandas más importantes por parte de la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias. De hecho, se hubiese tenido que implementar durante los primeros días de la primera fase tras la firma del acuerdo, pero esto no ha ocurrido hasta ahora, cuando ya se empieza a poner en marcha una hipotética segunda fase, impuesto y supervisado por la polémica Junta para la Paz de Donald Trump. En esta segunda fase, en principio, Hamás tiene que deponer las armas, y se prevé que las tropas israelíes se retiren del territorio, algo que, en base a lo que ha sucedido durante la primera fase, es improbable que suceda. También se prevé que el Comité Nacional para la Administración de Gaza impulsado por Estados Unidos que tienen que gobernar en el enclave eche a andar.

  La reapertura limitada del paso a palestinos heridos o enfermos —ya que no se incluye la ayuda humanitaria o el ingreso de periodistas al territorio— coincide con la visita del enviado especial para Oriente Medio de Donald Trump, Steve Witkoff, a Israel. Witkoff se reunirá con el jefe de las FDI y con el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu. Según ha trascendido —y así lo informa la agencia de noticias iraní Tasnim—, Witkoff podría aprovechar su visita a la región para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Por el momento, no se saben más detalles.

  Médicos Sin Fronteras, sin permiso para trabajar en Gaza

  Tras meses de estrangular a las organizaciones humanitarias internacionales, en los últimos días se ha sabido que Médicos Sin Fronteras (MSF) tendrá que finalizar sus labores humanitarias en Gaza. Israel ha prohibido a la organización seguir trabajando en el enclave tras negarse esta a proporcionar datos personales de sus empleados locales, algo exigido por los israelíes. Si bien Israel asegura que usará esta información solo para propósitos administrativos, no hay motivos para pensar que así sea. La organización, que ha perdido más de 15 empleados en el genocidio de Gaza, tendrá que abandonar el enclave a más tardar el 28 de febrero.

  Este material se comparte con la autorización de El Salto

• Demuestran tortura y tratos inhumanos en cárceles de Chiapas ante representantes de la ONU

  2 de febrer, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) entregó pruebas de la tortura, tratos crueles e inhumanos, fabricación de culpables, represión política y condiciones carcelarias de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas, durante la tercera visita oficial a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU.

  De acuerdo con la información del Frayba, al menos 20 casos de tortura y violaciones a derechos humanos se registraron en el sistema carcelario de Chiapas entre 2010 y 2025, de los cuales cuatro corresponden a personas privadas arbitrariamente de su libertad y torturadas por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en los municipios de Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

  Entre los casos recopilados, el Frayba destacó el caso de Óscar Trinidad Carvajal, detenido el 4 de noviembre de 2025 y actualmente recluido en el CERSS Número 3, «sin atención médica ni cuidados adecuados para su recuperación tras la tortura sufrida». «Asimismo, el joven estudiante Yonny Ronay Chacón González, detenido y torturado el 3 de marzo de 2019, fue sentenciado a 31 años con 6 meses de prisión por un delito que no cometió», expuso el centro de derechos humanos.

  Además de la tortura y los tratos crueles, los detenidos que ingresan a los CERSS enfrentan trabajos forzados, mala alimentación, falta de atención médica, hacinamiento y constantes amenazas «tanto de grupos de autogobierno internos como de las propias autoridades penitenciarias», agregó el Frayba. Dentro de las celdas, continuó, los presos han denunciado cateos, robo de pertenencias, extorsiones tanto de otros internos como del personal del CERSS, trabajos forzados y la obligación de pagar un «impuesto» para poder utilizar las literas.

  «En Chiapas, la Fiscalía para la Investigación del Delito de Tortura fue clausurada y, en abril de 2025, se instauró la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos. Hasta la fecha, esta instancia no ha generado avances significativos», acusó el centro de derechos humanos.

  Frente a la tortura como «práctica generalizada» en las cárceles de Chiapas, el Frayba exigió a las autoridades mexicanas actuar contra «el autogobierno y la corrupción» en los CERSS de y que las denuncias por tortura y malos tratos no queden en la impunidad, a través de investigaciones «de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales».

  Finalmente, demandó que las declaraciones obtenidas bajo tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento y e insistió en la necesidad de respetar el derecho a la dignidad de las personas privadas de la libertad, «garantizando la seguridad e integridad física y psicológica tanto de los internos como de sus familiares».

  A continuación el comunicado completo:

  El Subcomité para la Prevención de la Tortura[1] (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una visita oficial a México. En el marco de su mandato, el SPT acude a lugares de privación de la libertad —prisiones, instalaciones militares, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias— para evaluar el trato que reciben las personas y sostener entrevistas bajo el principio de estricta confidencialidad, con el fin de evitar represalias. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) aportó información sobre la situación de la tortura y las condiciones carcelarias en Chiapas. Esta fue la tercera visita oficial del SPT a México, tras las realizadas en 2008 y 2016.

  La documentación que realizamos da evidencia que las violaciones a los derechos humanos en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) persisten. Desde el momento mismo de la detención, diversas personas privadas de libertad son sometidas a actos de tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes, siguiendo patrones de fabricación de culpables y represión política. Al ingresar a los CERSS, enfrentan además trabajos forzados, mala alimentación, falta de atención médica, hacinamiento y constantes amenazas tanto de grupos de autogobierno internos como de las propias autoridades penitenciarias.

  A pesar de las reformas y de la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la tortura continúa siendo una práctica generalizada. La falta de acceso a la información, tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), constituye una barrera para obtener datos públicos, afectando la democracia y limitando la posibilidad de mejorar las condiciones en los centros de detención.

  Hemos documentado 20 casos de tortura y violaciones a derechos humanos en el sistema carcelario entre 2010 y 2025. Cuatro de ellos corresponden a personas privadas arbitrariamente de su libertad y torturadas por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en los municipios de Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Destaca el caso de Óscar Trinidad Carvajal[2], detenido el 4 de noviembre de 2025, actualmente recluido en el CERSS No. 3, sin atención médica ni cuidados adecuados para su recuperación tras la tortura sufrida. Asimismo, el joven estudiante Yonny Ronay Chacón González[3], detenido y torturado el 3 de marzo de 2019, fue sentenciado a 31 años con 6 meses de prisión por un delito que no cometió.

  Las denuncias de las personas privadas de la libertad y de sus familiares revelan que la situación carcelaria es inadecuada debido a la sobrepoblación. Existe una segregación injustificada en celdas con condiciones precarias, lo que impide a los internos y a sus familias sostenerse económicamente. En circunstancias específicas, la autoridad cobra un 10% por el ingreso de materiales y la venta de productos, utilizándolo como forma de sanción o castigo. Los traslados injustificados continúan siendo un problema constante que expone a los internos a situaciones de vulnerabilidad y desventaja, llegando incluso a obstaculizar la reinserción social con sus familias o el desarrollo de sus procesos penales, ya que en muchos casos no son trasladados junto con sus expedientes, lo que provoca el incumplimiento del principio de continuidad.

  En materia de salud, los internos presentan de manera recurrente dolores de estómago y vómitos debido a la ingesta de alimentos en mal estado, sin recibir atención médica adecuada. La mayoría padece estrés postraumático y ansiedad generalizada. Dentro de las celdas han sufrido cateos, robo de pertenencias, extorsiones tanto de otros internos como del personal del CERSS, trabajos forzados y la obligación de pagar un “impuesto” para poder utilizar las literas.

  En Chiapas, la Fiscalía para la Investigación del Delito de Tortura fue clausurada y, en abril de 2025, se instauró la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos. Hasta la fecha, esta instancia no ha generado avances significativos.

  Frente a ello, exigimos a las autoridades mexicanas tomen acciones contra el autogobierno y la corrupción en los CERSS de Chiapas. Asimismo, demanda que las denuncias por tortura y malos tratos no queden en la impunidad, que se realicen investigaciones de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales, y que las declaraciones obtenidas bajo tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento. Es indispensable respetar el derecho a la dignidad de las personas privadas de la libertad, garantizando la seguridad e integridad física y psicológica tanto de los internos como de sus familiares.

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  [1] ONU. (2026, enero 22) México: Organismo de la ONU para la prevención de la tortura regresa al país en busca de avances concretos. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2026/01/mexico-un-torture-prevention-body-returns-seeking-concrete-progress

  [2] La Silla Rota. (2026, enero 12). El comerciante que murió por tres minutos tras golpiza de policías. La Silla Rota. https://lasillarota.com/estados/2026/1/12/el-comerciante-que-murio-por-tres-minutos-tras-golpiza-de-policias-578526.html

  [3] Relatores Especiales de la ONU. (2025). Solicitud de información del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; del Relator Especial sobre el Derecho de toda Persona al Disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y del Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. Naciones Unidas. https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25210

  Estado mexicano. (2025). Respuesta a la solicitud de información de los Relatores Especiales de la ONU. Naciones Unidas. https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36715

• Familiares de desaparecidos pegan más de 3 mil cédulas de búsqueda en Jalisco

  
  2 de febrer, per  Admin2

  Familiares del colectivo Luz de Esperanza pegaron más de 3 mil cédulas de búsqueda frente al Palacio de Gobierno de Jalisco y sus alrededores, para visibilizar a sus seres queridos desparecidos.

  

  Héctor Flores, cofundador del colectivo y padre buscador de su hijo Héctor Daniel, señaló que actualmente desaparecen por día alrededor de 30 personas en la entidad y que las autoridades no tienen voluntad para enfrentar esta crisis humanitaria, que a nivel nacional suma más de 135 mil personas desaparecidas.

  

  Los integrantes del colectivo aseguraron que ellos seguirán con acciones en las calles y apelaron a la sociedad a organizarse para que no haya un desaparecido más.

• El imperio virtuoso

  2 de febrer, per  Admin2

  Imagen: Representación del interior de un “buque ataúd” transportando migrantes irlandeses a América (Rodney Charman, 1970). / Maritime Enyclopedia Fandom

  La industria del entretenimiento es una herramienta fundamental del hegemonismo occidental. En estrecha colaboración con el complejo político, militar, financiero y mediático, su producción penetra diariamente en todos los hogares desempeñando una función ideológica clave, perfectamente identificada y conocida. Vista en retrospectiva, la industria de Hollywood logró convertir en proezas, epopeyas y románticos relatos esa enciclopedia universal de la infamia que contiene la historia del colonialismo europeo, y muy particularmente la de los británicos, parientes directos del actual hegemón. La lista de las películas que ensalzan los grandes crímenes coloniales está aún por completar, pero basta citar clásicos como Lawrence de Arabia (1962), 55 días en Pekín (1963), Zulú (1964) o Kartum (1966) para recordar cómo toda una generación creció arrullada y entretenida por ese género exaltador cuya leyenda interiorizó.

  Resulta ilustrativo cotejar la lectura de cualquier obra seria sobre la acción del imperio británico en India o China con películas como Victoria y Abdul (2017), de Stephen Frears, o Tai Pan (1986), de Daryl Duke, para mesurar el nivel de vileza de tal bombardeo. Frears presenta la relación de cálida amistad entre la reina Victoria y su criado indio en una época en la que los indios morían de hambre en espantosas crisis directamente relacionadas con la gestión colonial. La película de Duke se inspira en la figura de William Jardine (1784-1843) para montar una ficción romántica, erótica y heroica alrededor del principal narcotraficante de la historia que condenó a la drogodependencia a 150 millones de chinos, y se convirtió en uno de los hombres más poderosos y ricos de su tiempo. 

  Mantenido durante más de dos siglos de violencia, racismo y explotación, el imperio británico todavía se presenta de la forma más altiva y arrogante como una empresa civilizadora y modélica, al lado de los imperios francés, español, portugués etc., declarados defectuosos o manifiestamente fallidos.

  El orgullo hacia el pasado colonial está, sin duda, vergonzosamente vigente en muchas viejas naciones imperiales

  “Para algunas naciones, España por ejemplo, la apertura del mundo fue una invitación a la prosperidad, al boato y la ambición, un antiguo modo de proceder. Para otras, como Holanda e Inglaterra, fue la ocasión de hacer cosas nuevas, de subirse a la ola del progreso tecnológico”, escribe David S. Landes (La riqueza y la pobreza de las naciones, 1998). Esa coherencia con el más que ambiguo “vector del progreso”, que apunta con satisfacción el ilustre historiador de Harvard, quizá explique la actual y renovada nostalgia por el imperio británico, sobre la que advierten dos autores críticos con el fenómeno (Hickel y Sullivan). “Libros de gran repercusión como Empire: How Britain Made the Modern World, de Niall Ferguson, y The Last Imperialist, de Bruce Gilley, han afirmado que el colonialismo británico trajo prosperidad y desarrollo a India y otras colonias. Hace dos años una encuesta de YouGov reveló que el 32% de los británicos se sienten orgullosos de la historia colonial del país”, apuntan. 

  Ese mismo orgullo hacia el pasado colonial está, sin duda, vergonzosamente vigente en muchas otras viejas naciones imperiales, pero en ninguna parte como entre los “ingleses de ambos lados del Atlántico”, que Benjamín Franklin definió como “el núcleo más importante del pueblo blanco”, tiene ese sentir más consecuencias para el presente. 

  “El imperio, tal y como había sido, llegó a su fin formalmente en la década de 1960, pero su infeliz legado sigue presente en el mundo actual, donde se producen numerosos conflictos en los antiguos territorios coloniales”, observa Richard Gott en su compendio sobre el imperialismo británico (Britain´s Empire, 2012). “Si Gran Bretaña tuvo tanto éxito con sus colonias, ¿por qué muchas de ellas siguen siendo fuentes importantes de violencia y disturbios?”, se pregunta. Los británicos –reducidos ahora a la humilde categoría de ayudantes del sheriff, en mayor medida que el resto de los europeos– “han seguido librando guerras en las tierras de su antiguo imperio en el siglo XXI, y gran parte de la población británica ha regresado sin cuestionamientos a su antigua postura de aceptar sin pensar lo que se hace en su nombre en lugares lejanos del mundo”, dice Gott. El papel, que en el siglo XIX desempeñaron la “civilización”, el “comercio” y el “cristianismo” impuestos a los “salvajes”, lo desempeña ahora la ideología de los derechos humanos, la igualdad de géneros y otras nobles causas. Por todo ello, recordar las ejemplares hazañas de tan virtuoso imperio no es un ejercicio histórico, sino un imperativo para la comprensión del presente y muy en particular para la comprensión de la complicidad europea (política, financiera, comercial, militar y mediática) con el genocidio palestino.

  El Gulag británico

  El imperio británico era una dictadura militar en la que los gobernadores coloniales imponían la ley marcial a la menor disensión. Durante más de 200 años fue escenario de constante revuelta y violencia represora. En la propia metrópoli, centenares de miles fueron confinados en el Gulag insular de su majestad. Especialmente después de que la independencia de Estados Unidos cerrara aquel territorio colonial del nuevo mundo –en los treinta años anteriores a 1776 la cuarta parte de los emigrantes llegados a Maryland eran convictos–, islas del Caribe como las Bermudas y Roatán, en Honduras; de Asia, como Penang, en Malasia, o del Índico como las Seychelles o Andamán, formaron parte del presidio insular británico, que también envió a muchos reclusos indios y chinos a Singapur. En el XIX, las Seychelles fueron prisión para líderes de revueltas y notables locales, de Zanzibar, Somalia, Egipto o Ghana, que por una u otra razón no podían ser ejecutados. El arzobispo Makarios, líder del nacionalismo helénico de Chipre, estuvo allí recluido en fecha tan cercana como 1956. Pero fue Australia, la gran isla-continente, que ofrecía espacios ilimitados, el gran destino que el gobierno necesitaba para los “detritos sociales” de su catastrófica revolución industrial, gran hito de ese “progreso” glosado por Landes.

  Como mantener a los presos en las cárceles metropolitanas era caro, se les sentenciaba a penas de deportación a Australia

  En 1840, la mitad de la población de Tasmania, unos 30.000, la formaban reclusos. Como mantener a los presos en las cárceles metropolitanas era caro, las sentencias mínimas de deportación a Australia para quitárselos de encima, incluso por pequeños hurtos, eran de siete años. Entre 1788 y 1868, 162.000 condenados fueron enviados a Australia, entre ellos 4.000 sindicalistas, cartistas, luditas, las famosas “hijas de Rebeca” de Gales, que rompían peajes y barreras para protestar contra la privatización y los peajes en las carreteras, así como 2.000 revolucionarios irlandeses. 

  La terrible situación de represaliados y condenados de la metrópoli represaliando y masacrando a su vez a la población nativa en las colonias, que tan vivamente se dio en los Estados Unidos con las naciones indias, se repitió en otras colonias europeas y también en Australia. En 1824, el gobernador militar de Nueva Gales del Sur dio licencia a los colonos, muchos de ellos exconvictos deportados, para matar aborígenes a discreción. El gobernador se llamaba Thomas Brisbane y su apellido da hoy nombre a una de las grandes ciudades australianas.

  La hambruna de Irlanda

  Algunos consideran la hambruna de China durante el Gran Salto Adelante (1958-1962) como la mayor de la historia. Un siglo antes, la hambruna de Irlanda (“An Gorta Mór”) fue bastante peor que la china si se tiene en cuenta la proporción de población implicada. Con ocho millones de habitantes, el hambre y sus consecuencias se llevaron a entre uno y dos millones de irlandeses. Algunos lugares perdieron la tercera parte de su población, la mitad muerta y la otra mitad por emigración. (Patrick Joyce, 2024. Remembering Peasants. A personal History of a Vanished World).

  “He visitado los desoladores restos de lo que en su momento fueron nobles pieles rojas en sus reservas de Norteamérica y he explorado los barrios negros donde están degradados y esclavizados los africanos”, escribía en 1847 James Hack Tuke, un filántropo cuáquero inglés en una carta tras su visita a Connaught, “pero nunca he visto tanta miseria, ni una degradación física tan avanzada, como la de los moradores de los lodazales de Irlanda”.

  Otros países como Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Rusia, también sufrieron plagas de la patata en 1846 y 1847 pero, a diferencia de lo que ocurrió en Irlanda bajo el dominio británico, paralizaron las exportaciones de los demás alimentos para compensar la pérdida. La política inglesa destinaba a la exportación los alimentos producidos en Irlanda, una estrategia cuyo mantenimiento se consideraba más importante que la vida de los irlandeses. Uno de los protagonistas de esa política, el subsecretario de Hacienda Charles Trevelyan, estaba más preocupado por “modernizar” la economía irlandesa que por salvar vidas, así que vio en la hambruna una oportunidad para aplicar reformas radicales de libre mercado.

  “No nos cabe la menor duda de que, por causa de las inescrutables pero invariables leyes de la naturaleza, el celta es menos activo, menos independiente y menos trabajador que el sajón. Esta es la arcaica condición de su raza”, escribía The Times, el diario central del establishment imperial.

  The Economist, el mismo semanario que en los años noventa del siglo XX predicaba las virtudes de la terapia de choque rusa, que dejó por el camino una factura demográfica de medio millón –sobre todo hombres en edad laboral– mientras denostaba la mala reforma china, publicaba el 30 de enero de 1847 un editorial dedicado a la crisis irlandesa: “Que los inocentes sufran junto con los culpables es una triste realidad”, decía, “pero es una de las grandes condiciones en las que se basa la existencia de toda sociedad. Cada violación de las leyes de la moral y el orden social conlleva su propio castigo. Esa es la primera ley de la civilización”. (En The Economist and the Irish Famine, Crooked Timber).

  Desde el siglo XVI, en Irlanda, estaba vigente un diezmo por el cual los irlandeses, mayormente católicos, debían pagar a la iglesia protestante

  Desde el siglo XVI, en Irlanda, estaba vigente un diezmo por el cual los irlandeses mayormente católicos debían pagar la décima parte de sus ingresos anuales para financiar la iglesia protestante. Hasta 1829, los católicos que rechazaban el juramento protestante de lealtad a la corona no podían acceder a empleos públicos. Durante la hambruna, los teólogos protestantes ingleses atribuían la plaga de la patata al “papismo”, es decir al catolicismo, que había “provocado la cólera de Dios”. El semanario satírico Punch publicaba constantemente caricaturas que presentaban a los irlandeses como simios brutos, sucios, perezosos, violentos y únicos responsables de su propia desgracia.

  En 1847, mientras el Times ignoraba los desastres de la hambruna, en Estados Unidos se puso en marcha una campaña de ayuda que dejó en evidencia al gobierno de Londres. Los paquetes en los que ponía “Irlanda” eran transportados gratuitamente en ferrocarril y se fletaron 114 barcos con ayuda.

  En los barcos ingleses que transportaban a los emigrantes irlandeses a América, las condiciones eran tan espantosas que uno de cada cuatro moría durante el viaje

  El holocausto irlandés continuaba para los que lograban emigrar. En el último de los tres siglos de la trata negrera, a lo largo de la cual unos diez millones de africanos fueron transferidos al Nuevo Mundo, con la mitad de ellos muertos en el proceso de captura y transporte, según uno de los grandes historiadores de ese tráfico (Joseph Miller, 1988, en Way of Death), los emigrantes irlandeses conocieron un destino no muy diferente. En los barcos ingleses que transportaban a los emigrantes irlandeses a América, las condiciones eran tan espantosas que uno de cada cuatro moría durante el viaje o en los seis meses posteriores a su llegada al Nuevo Mundo. La mortandad registrada en lo que fue descrito como “buques ataúd” no era inferior a la de los barcos que transportaban esclavos africanos a las colonias. Que esa mortalidad fuera particularmente alta en los barcos ingleses, describe una clara negligencia criminal: por cada muerte de un emigrante a bordo de un barco americano, había cuatro en uno británico y por cada enfermo que llegaba a Estados Unidos en un barco norteamericano, llegaban cinco en un buque británico. En 1847, de los 98.000 emigrantes que llegaron a Canadá en barcos ingleses, 25.000 murieron en el viaje o a los seis meses de su llegada. Todo esto fue noticia en la prensa de Estados Unidos y de Canadá, pero el Times de Londres lo ignoraba. El gobierno británico solo comenzó a tomar medidas en 1854, siete años después. (Thomas Gallagher. Hambre en Irlanda: la elegía de Pady, 2007).

  La industria del entretenimiento ha ignorado por completo la hambruna de Irlanda, pero en 2018 una rara excepción irlandesa producida en Luxemburgo presentó Black 47, del director y guionista Lance Daly, una película de acción con trepidante ritmo de western construida sobre el entramado de aquella histórica tragedia. The Times resaltó esta vez la “machista teatralidad” del film, del que apuntó que “todo es profundamente absurdo, pero dentro de un entorno inquietantemente profundo”. The Independent destacó el carácter “excesivamente sombrío” de lo que calificó como “western de patatas” en alusión a los spaghetti western, y The Guardian lamentó que “la caricaturización de los villanos disminuya el impacto” de esa estupenda película que de todas formas fue un éxito de taquilla… 

  Irlanda en Occidente y Birmania en Oriente fueron los territorios más potentes y tenaces en su resistencia a los ingleses, por lo que la represión fue allí particularmente cruda, pero también en India las convulsiones, hambrunas y revueltas fueron crónicas. 

  India 

  Según una estimación reciente, solo en los cuarenta años que van de 1880 a 1920 la colonización británica causó en la India unos 100 millones de muertes provocadas por el empobrecimiento de la población y la mayor frecuencia y mortandad de las hambrunas. (Jason Hickel, Dylan Sullivan, How British colonialism killed 100 million Indians in 40 years). “Se trata de una de las mayores crisis de mortalidad inducida por políticas de la historia de la humanidad”, señalan los autores. “Es mayor que la suma combinada de muertes que se produjeron durante todas las hambrunas de la Unión Soviética, la China de Mao, Corea del Norte, la Camboya de Pol Pot y la Etiopía de Mengistu”, todas ellas en el siglo XX, dicen. Antes de eso, en 1770, una gran hambruna asoló Bengala matando a unos diez millones de sus habitantes, la tercera parte de la población. La situación fue agravada por el monopolio del arroz y otros productos impuesto por la Compañía Británica de las Indias Orientales que gobernaba el territorio. El colapso y los impuestos, combinados con la sequía y el hambre, marcaron el inicio del dominio inglés en India, un cuadro que se mantendría durante 200 años.

  El político inglés más importante de la Segunda Guerra Mundial, Wiston Churchill, fallecido en 1965, era un racista confeso

  Desde su llegada al subcontinente en el siglo XVII, Gran Bretaña destruyó el sector manufacturero de la India, que exportaba tejidos a todo el mundo. El régimen colonial eliminó los aranceles para los productos textiles británicos y creó un sistema de impuestos y de barreras internas que impedían a los indios vender sus productos dentro del país y mucho menos exportarlos. “Si la historia del dominio británico de India tuviera que condensarse en un único dato, sería este: entre 1757 y 1947 no hubo incremento del ingreso per cápita y en la segunda mitad del XIX los ingresos se redujeron seguramente en más de un 50 por ciento”, dice Mike Davis (Late victorian Holocausts, 2002). La nueva economía colonial fragilizó a las poblaciones ante las sequías y fenómenos naturales adversos que propiciaban el hambre. Según el historiador Robert C. Allen (Global Economic History: A Very Short Introduction, 2011), bajo el dominio británico, la pobreza extrema pasó del 23% en 1810 a más del 50% a mediados del siglo XX, los salarios reales disminuyeron y las hambrunas se hicieron más frecuentes y más mortales. ¿Pasado remoto?

  El político inglés más importante de la Segunda Guerra Mundial, Wiston Churchill, fallecido en 1965, era un racista confeso. En los años cuarenta del siglo XX se refirió a los indios como “un pueblo bestial con una religión bestial” y de la hambruna de 1943 en Bengala, que dejó tres millones de muertos, afirmaba que “fue culpa suya por reproducirse como conejos”. En 1919, Churchill se declaró “totalmente a favor del uso del gas venenoso contra las tribus incivilizadas”. En los años treinta definía a los palestinos como “hordas bárbaras que solo comen estiércol de camello”. Antes de la guerra fue un admirador de Mussolini (“no pude evitar sentirme encantado por su porte gentil y sencillo y su sereno aplomo”) y tenía palabras de elogio para Hitler en 1937, el año de Gernika: “A uno le puede disgustar el sistema de Hitler y, sin embargo, admirar sus logros patrióticos. Si nuestro país fuera derrotado, espero que encontremos un campeón tan admirable que nos devuelva el valor y nos conduzca de nuevo a nuestro lugar entre las naciones”. En la campaña electoral de 1955, Churchill propuso para el partido conservador un lema que muchos europeos suscriben hoy: “Mantener a Gran Bretaña blanca”. 

  Publicado originalmente en CTXT

• Cuando hablamos de autonomía territorial

  2 de febrer, per  Admin2

  

  Las lecciones que aprendemos del materialismo histórico-dialéctico nos recuerdan que no debemos alejarnos demasiado del trabajo cotidiano de la lucha “a ras del suelo”, para evitar que nuestro argumento se desvanezca en abstracciones alejadas del materialismo. Lamentablemente, hoy en día esta lección no se recuerda con frecuencia. Un buen crítico de nuestras experiencias y de nuestras políticas de defensa de la autonomía territorial, entendida como ejercicio intelectual y científico, debería preguntarse por qué los movimientos sociales, las comunidades y los territorios muestran desconfianza hacia el Estado y buscan, aquí y allá, más autonomía frente a él. ¿Qué ha provocado estas desconfianzas? ¿Qué fenómenos históricos afectan a los pueblos, llevándolos a discutir los límites de su acción colectiva con mayor autonomía?

  Desde el inicio, necesitamos rechazar dos argumentos simplistas y baratos en el mercado de la crítica. El primero es que, si la imagen típica del revolucionario marxista tiende a defender la maximización de la presencia del Estado en nuestras vidas, y el neoliberalismo busca reducir el Estado, entonces quienes discuten la autonomía frente al Estado estarían más cerca del neoliberalismo que de un campo revolucionario. Este argumento perezoso no pregunta de qué Estado estamos intentando protegernos al debatir la idea de territorio. ¿Se trata de un Estado que respeta sus propias leyes o de uno que comete masacres en serie contra pueblos racializados bajo las peores alegaciones posibles? ¿Buscamos autonomía frente a un Estado que nos protege de agentes imperialistas y de la influencia neoliberal, o de un Estado que impone culturas extranjeras y subordina la sociabilidad de nuestra gente a la agenda del mercado? Es obvio que el debate sobre la ampliación de la autonomía territorial también se alimenta del fracaso de las revoluciones nacionalistas ya sin aliento en nuestro continente. No todo el mundo está dispuesto a convertirse en sacrificio para el estallido revolucionario del primer vanguardista que montó su estrategia y esperó a que la historia sucediera. Hay mucha gente defendiendo sus territorios frente al Estado capitalista.

  El segundo argumento es el que crea una relación directa entre decolonialidad y defensa de las autonomías territoriales. [Para los fines de este texto, ignoraré el conjunto de imprecisiones entre estudios subalternos, poscolonialidad y lucha territorial, que serían irrelevantes si no fueran planteadas por intelectuales reconocidos. Concentrémonos en la lucha de los pueblos.] Tomemos el caso más clásico de autonomía territorial en nuestro continente: los zapatistas. ¿Acaso hemos escuchado desde las montañas del sur de México respaldos a teorías decoloniales o críticas a ellas? Solo intelectuales con credenciales que pueden permitirse esta ignorancia tan asimétrica —blanco de críticas de los estudios subalternos— podrían creer que el zapatismo avala cánones intelectuales que, aquí y allá, han coqueteado con el pensamiento neoliberal.

  En un evento a finales de 2025 en tierras zapatistas, en el Semillero de Pirámides, Carlos Aguirre Rojas (UNAM) planteó junto a comandantes zapatistas una crítica muy objetiva al pensamiento decolonial. Con la seguridad que le es habitual, dijo: “Son imposiciones de la ideología burguesa”. Argumenta que la idea de decolonialidad identifica solo al enemigo externo, como si la acción colonial viniera de afuera, mientras que la sumisión política ocurre con enemigos internos, tan colonizadores como —y a veces más perversos que— los externos.

  Alguien podría objetar que la crítica vino de un intelectual externo al zapatismo, lo cual sería injusto con Rojas, dado que él ha dedicado su vida al pensamiento neozapatista, como prefiere llamarlo. Sería justo entonces recordar la declaración del Subcomandante Inusrgente Moisés:

  “Nosotros, los zapatistas, NO queremos volver a ese pasado, ni solos, ni mucho menos de la mano de quienes quieren sembrar el rencor racial y alimentar su nacionalismo decadente con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes, y que nos quieren convencer de que, con la caída de ese imperio, los pueblos originarios de esta tierra fuimos derrotados.”

  ¿Acaso este fragmento no contiene una parte sensible de la crítica al pensamiento decolonial y a ese ancestralismo que hoy se ve relevante en librerías y redes sociales? ¿No apunta Moisés que esa visión idealizada de los pasados indígenas sirve a una causa injusta en el presente, sobre todo en el contexto mexicano?

  Tal vez, entonces, en lugar de insistir en este tipo de argumento que no contribuye a construir posibles unidades en nuestras grandes luchas, ni al avance de la lucha de clases, sería mejor preguntarnos: ¿cuáles son las razones que nos llevan a hablar tanto de autonomía territorial? Vivimos, al inicio del siglo XXI, una aurora del progresismo que incorporó en gobiernos y partidos de centroizquierda parte de los movimientos sociales en América Latina. ¿Se evalúa como positivo el resultado de esta experiencia? ¿O estos gobiernos tuvieron límites muy claros y, sobre todo, en la lucha por la tierra hubo retrocesos considerables?

  Como escribimos en Por tierra y territorio:

  “Entendemos que hubo una relación no saludable entre muchos movimientos, territorios y el Estado. Casi siempre, esta relación fue mediada por un partido y sus intereses en concordancia con los intereses de los poderosos. Entonces, cuando hablamos de autonomía, estamos diciendo que es necesario disminuir nuestras demandas al Estado, a los políticos y a las clases dominantes. Esto no significa alejarnos completamente del diálogo con este Estado violento. La lucha real, la vida real, exige que conversemos con el Estado y con los políticos, pero siempre recordando que este diálogo es con lucha y enfrentamiento frente al Estado. Hay que retomar la buena práctica de negociar con el machete sobre la mesa y con las hoces al fondo.”

  Estamos hablando de un Estado patriarcal, racista y neoliberal que chantajea a los pueblos y hostiga sus territorios continuamente. Siempre es un proyecto de desarrollo aquí, extracción de materias primas allá, una línea de transmisión para pasar a otro lado. En esto, las comunidades se destruyen por migraciones laborales o estudiantiles, sus tierras son tomadas y todo este sacrificio no busca construir una sociedad mejor; al contrario, se convierte en acumulación de capital de la manera más vil posible. No estamos hablando de trenes de alta velocidad para la gente, ni de la instalación de una universidad popular o un hospital público; hablamos de incrementos productivos para la acumulación de capital sobre los despojos de los territorios y sus pueblos.

  El debate sobre autonomía territorial ayuda a resolver problemas concretos y cotidianos para quienes están al ras del suelo. Por ejemplo, hay comunidades que buscan construir protocolos de consulta previa, libre e informada, para defenderse de acciones del Estado y del capital en sus territorios. Esta es una cuestión objetiva: buscar la defensa de la autonomía del territorio para decidir qué puede o no ocurrir allí. ¿Ignora esto la existencia del Estado? No, es reconocer que existe, es real, y debemos prepararnos para los conflictos, porque probablemente no nos defenderá sin lucha.

  Hay muchos otros ejemplos: quilombos y tierras indígenas pierden hectáreas por líneas de transmisión o carreteras no solicitadas; las plantas eólicas generan energía, pero los pueblos no pueden beneficiarse de ella y aún deben pagar sus cuentas y soportar los daños. ¿Estos proyectos sirven a los pueblos o a la demanda de energía y logística del capital? Sin autonomía territorial, ¿estas comunidades estarían más o menos seguras para sobrevivir en su tierra?

  Quien piensa que solo las revoluciones nacionales son relevantes puede no percibir la importancia de que los pueblos vivan en sus territorios ni la relevancia de la lucha territorial en la lucha de clases. Pero si los intelectuales no lo perciben, las élites propietarias sí: cada palmo de tierra defendido por quilombolas, indígenas, extractivistas, genera menos tierra disponible en el mercado capitalista. La lucha territorial tiene un impacto directo en la reproducción del capital.

  Uno de los argumentos más interesantes de los latifundistas contra la lucha por la tierra es que genera “inseguridad jurídica” sobre la propiedad de medios de producción. Esto es objetivable: cada tierra recuperada cuestiona títulos fraudulentos y el incumplimiento de la función social. Esta “inseguridad jurídica” es también una contestación ideológica del valor de la propiedad privada, tan central para nuestras luchas. Indudablemente, esto es lucha de clases mucho más concreta que elegir un diputado de izquierda o crear un canal progresista en redes sociales.

  La idea de que la autonomía territorial no puede enfrentar al imperialismo refleja una inversión histórica sintomática. El Brasil de 1964 a 1985 tenía un Estado nacional con empresas estatales, presencia militar y nacionalismo típico de las dictaduras latinoamericanas. ¿No fue todo esto utilizado para mantener la intervención estadounidense? ¿No estuvo el imperio brasileño alineado con intereses británicos en el siglo XIX? Por otro lado, los territorios organizados por pueblos sin presencia estatal lograron mantener formas de vida no capitalistas. La presencia cultural colonial es más fuerte donde hay más circulación de mercancías y presencia del Estado. Recordemos: Palmares resistió más que la URSS, luchando contra potencias mundiales. Reconocer la importancia del Estado no debería invalidar la capacidad de los territorios en lucha de enfrentar al imperialismo.

  Finalmente, quiero subrayar otra razón para hablar de autonomía territorial: un territorio permite la reproducción de otros modos de vida, incluso no capitalistas. La Tenondè Porã (tierra indígena guaraní en São Paulo) permite la existencia del modo de vida guaraní, distinto del capitalista-metropolitano. El Quilombo dos Machado en Porto Alegre permite la existencia del modo de vida quilombista, crucial en la crisis de inundaciones de la ciudad. La RESEX de Canavieiras (BA) permite la vida de pescadores y ribereños, defendiendo el litoral incluso durante la crisis del petróleo en el noreste.

  Estos modos de vida crean nuevas sociabilidades, teorías políticas y formas de luchar contra el capitalismo. Quien sabe vivir en comuna es quien vive en comunidad, no quien teoriza desde la distancia. Estos modos de vida conservan hoy las condiciones de vida del planeta: los territorios son los más preservados, con menos impacto sobre los biomas. Como defiendo con Neto Onirê Sankara: un territorio que conserva las condiciones de vida es un trabajador que produce tiempo en la historia humana, y nos da la oportunidad histórica de derrotar al capital. Frente a la crisis climática, cada palmo de tierra defendido desde la autonomía territorial conserva más biodiversidad que si estuviera en manos del capital. Esta lucha debería considerarse tan esencial como la comida que comes, el aire que respiras y el agua que bebes, pues en última instancia, esta lucha es la que te lo da todo.

  Referencias:
  https://teiadospovos.org/sexta-parte-uma-montanha-em-alto-mar/https://www.aatr.org.br/post/quilombo-graciosa-finaliza-protocolo-de-consulta-prévia-livre-e-informada