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• El discurso oficial sobre las desapariciones forzadas es falso.- Corcuera

  29 de gener, per  Admin2

  El expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada considera que, tras la activación del artículo 34, existen pruebas suficientes para llevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU. Debido a que la respuesta de México se mantiene confidencial, el abogado plantea los posibles argumentos del Gobierno federal y expone sus inconsistencias

  El discurso oficial de que en México no se cometen desapariciones forzadas es falso, sostiene Santiago Corcuera. Para el expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, el intento del Gobierno federal de eximir de responsabilidad al Estado no impedirá que la crisis de desapariciones sea llevada ante la Asamblea General, pues se cuenta con información suficiente —denuncias, testimonios, reportes y trabajo de campo— para demostrar que este delito ocurre en el país de manera sistemática y generalizada. 

  En entrevista, el abogado considera que, a pesar del rechazo de múltiples instancias —desde la Presidencia de la República hasta el Congreso y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— a la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la decisión del CED tiene un asidero en la realidad.

  “‘Estamos muy enojados porque echaron a andar el 34 sin hacer un diagnóstico’, repiten. Nada más lean el informe [que publicó el CED] después de su visita a México en 2021 y van a ver cuántas páginas de diagnóstico hay”, apunta.

  Desde entonces, el comité advirtió sobre la probable participación de servidores públicos en las desapariciones. El informe alude a un discurso oficial que tiende a negar la responsabilidad del Estado en el delito y lo achaca principalmente a la delincuencia organizada, lo que contrasta con las informaciones recibidas por el CED. “En unos casos”, señala el documento, “se refieren al involucramiento directo de los servidores públicos, basándose en elementos probatorios contundentes como fotos, testimonios o videos. En otros, a la inacción de las autoridades y funcionarios ante la existencia de riesgos conocidos”.

  Según la cronología de la cooperación de México con el CED, en 2019 hubo una primera solicitud para que se activara el artículo 34 que finalmente no se concretó, y en 2021 se dieron otras cuatro peticiones, pero el comité decidió no proceder porque se solapaba con la visita que sus integrantes harían al país en noviembre. En abril de 2025 anunció finalmente su activación, una medida sin precedentes; la respuesta —confidencial— fue enviada por México en septiembre. Una vez revisada la información, el comité determinará si el caso es llevado ante la Asamblea General de la ONU.

  La próxima sesión del CED, la número 30, tendrá lugar del 9 al 27 de marzo. Aunque México no figura hasta ahora entre los Estados cuyos informes serán discutidos, esto no impide, según Corcuera, que el tema del artículo 34 se incorpore a la agenda.

  A reserva de conocer el documento enviado por México y tras el rechazo expresado desde el Gobierno federal por la activación del artículo 34 —la crítica más reciente fue planteada en octubre por el embajador ante la ONU, Héctor Vasconcelos—, ¿qué argumentos puede plantear el Estado mexicano para impedir que el caso llegue a la Asamblea General?

  Sospecho que está diciendo: ‘Están equivocados porque la desaparición forzada no se comete en México de manera sistemática ni generalizada’, y que la inmensa mayoría de las desapariciones que se cometen se inscriben en el artículo 3 [de la convención, en las que participan personas sin intervención del Estado]. 

  Por lo tanto, el artículo 34 [que se refiere específicamente a las desapariciones forzadas, aquellas cometidas por agentes estatales o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado] no se aplica para México. Ya el embajador Vasconcelos en su alocución ante la Tercera Comisión de la Asamblea General dijo que el comité no estaba actuando conforme a criterios objetivos [por considerar que la activación del procedimiento, prevista para situaciones excepcionales, era arbitraria].

  También intuyo que deben haber argumentado fuerte en contra de la interpretación que dio el comité sobre la participación de agentes no estatales. 

  Corcuera alude a una declaración emitida por el CED en 2023, en la cual establece que las desapariciones forzadas pueden ser cometidas por agentes del Estado, o “por personas o grupos de personas” (paramilitares, patrullas civiles, empresas de seguridad privada o delincuencia organizada) que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. 

  Sobre todo, considera el abogado, México debió argumentar sobre la interpretación del término “aquiescencia” y las circunstancias en las que puede aplicarse al Estado. “Cuando pudiendo y debiendo haber hecho algo, no lo hiciste; cuando debiendo saber que algo iba a pasar, no lo supiste por tu propia negligencia u omisión; cuando tú mismo provocaste las condiciones que están dando lugar a las desapariciones, o cuando mantienes impunidad en los casos y no persigues y no investigas”, describe.

  “A México no le pareció bien”, agrega, “que el comité emitiera esa interpretación, lo que me hace pensar que en su respuesta estará argumentando: ´Oye, tu definición de aquiescencia está mal, vas demasiado lejos´. En su intervención, Vasconcelos dijo que para cualquier interpretación sustantiva se requiere del consentimiento de los Estados parte; eso es falso”.

  

  ^{Santiago Corcuera toma la palabra durante un acto de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, realizado en 2024. (X, @Corcuera)}

  Crimen de lesa humanidad

  El expresidente del CED considera que, en su respuesta, el Gobierno federal cuestionará el carácter sistemático de las desapariciones en México. “Sí son muchas desapariciones, nadie niega que sean muchas, [dirá], pero no hay una política de Estado, un plan para poner en práctica las desapariciones, como sí lo había en los años 60, 70 y 80, durante la llamada ‘guerra sucia’”. 

  La desaparición forzada, cometida de manera sistemática y generalizada, es considerada un crimen de lesa humanidad. Si la Asamblea General concluye que es la situación de México, implicaría una grave violación a los derechos humanos. Hasta la fecha, según el registro oficial, existen más de 132,000 personas desaparecidas. Desde el sexenio de López Obrador, el número ha ido en aumento, pues de 25 víctimas diarias en promedio, la cifra se incrementó a 40 diarias durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. A esto se suma un rezago forense con más de 72,000 cuerpos sin identificar y una persistente impunidad.

  No existen precedentes sobre lo que pueda ocurrir si el caso mexicano se somete a la consideración de la Asamblea General de la ONU. Corcuera ha planteado como una posibilidad la creación de mecanismos internacionales que complementen las acciones del Estado mexicano, ya sea en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación humana o la procuración de justicia.

  “Es la primera vez que se activa este procedimiento, pero eso no quiere decir que la Asamblea General no haya adoptado resoluciones que tengan que ver con crímenes atroces como las desapariciones”, subrayó el abogado. 

  En julio de 2023, 83 países votaron a favor de la creación de la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria —que dirige Karla Quintana, excomisionada nacional de búsqueda—, con el mandato de esclarecer el paradero de las 130,000 personas desaparecidas durante los doce años que se prolongó el conflicto armado en ese país, así como brindar apoyo a las víctimas, a sobrevivientes y a sus familias.

  En un informe enviado al CED en agosto de 2025, cientos de colectivos de víctimas, familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles, académicos y activistas, entre quienes figura también Corcuera, propusieron la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico. Este mecanismo tendría como mandato identificar los patrones que permitan determinar situaciones generalizadas y sistemáticas de desaparición en el país, así como recomendar acciones para enfrentar y detener este delito, identificar los cuerpos bajo resguardo del Estado para restituirlos dignamente a sus familias, y juzgar a los responsables.

  Las organizaciones Global Rights Advocacy y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle recomendaron, en un informe publicado el pasado octubre, la creación de un mecanismo de investigación internacional independiente sobre la crisis de desapariciones y otras graves violaciones a derechos humanos en México. Este mecanismo, explican, deberá contemplar la recepción segura de información, la identificación de patrones y causas estructurales, y la rendición de cuentas de los presuntos responsables.

  ¿Qué tan fuerte es hoy el cabildeo del Estado mexicano a nivel internacional en el tema del artículo 34? ¿Qué estrategia cree que vaya a desplegar la diplomacia?

  La diplomacia mexicana es muy organizada, muy poderosa y está muy bien preparada. Y cuando digo la diplomacia mexicana, me refiero a los diplomáticos de carrera, no a funcionarios designados por el dedo del Ejecutivo. Te estoy hablando de diplomáticos experimentados, con estrategias de cabildeo fuertísimas, estructuradas y sistemáticamente aplicadas.

  Yo recuerdo en Ginebra [sede del CED y otros órganos de la ONU] los esfuerzos que los embajadores de México realizaban ante los comités [sobre derechos de las personas migrantes, la niñez o las mujeres] para hablar con sus integrantes, o con los relatores que iban a redactar las observaciones finales sobre México, para que no fueran a decir tal o cual cosa.

  No dudo que traten de hablar con los integrantes del CED de manera privada antes de que tomen una decisión respecto a México. Ahora, que si esto llega a la Asamblea General, entonces el despliegue que van a hacer en Nueva York, [donde sesiona], va a ser tremendo. 

  Y no nada más va a ser el embajador Vasconcelos y la embajadora alterna [Alicia Buenrostro Massieu], sino que van a mandar a personal desde la capital a entrevistarse con los embajadores o segundos de las misiones diplomáticas de los países que conforman la Asamblea General. Van a hacer un plan, eso tenlo por seguro.

  

  ^{El embajador Héctor Vasconcelos durante su intervención en la Asamblea General de la ONU el pasado octubre. (Captura de pantalla, X, @Hvasconcelos)}

  Desapariciones sistemáticas

  Para Corcuera, la decisión del CED de activar el artículo 34 está lejos de ser una “ocurrencia”. “[El comité puede decirle a México:] Ya te fui a visitar hasta tu casa en 2021, no me queda de otra más que mandarte al hospital. Le voy a decir a la Asamblea General que ya no puedo contigo, que de todo lo que te he dicho desde 2015 [año de sus primeras observaciones] a la fecha no me has hecho caso, y tu salud sigue empeorando”, explica.

  En marzo de 2025, un mes antes de hacer pública su resolución, el CED recibió una carta de apoyo a la activación del procedimiento, reconocida como un documento clave, firmada por 20,459 personas y colectivos.

  Desde que en 2007 ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, México ha sido uno de los países más examinados por el CED: su informe inicial —que todo Estado parte debe entregar— fue enviado en 2014 y, desde entonces, se han producido numerosos diálogos, observaciones y entregas de información complementaria. México cuenta, además, con el mayor número de acciones urgentes registradas por el comité: 757 solicitudes dirigidas al Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, de las que únicamente 78 han sido localizadas.

  El CED también ha activado otros mecanismos como las comunicaciones individuales, aceptadas por México en 2020, y la mencionada visita al país en 2021, tras años de aplazamientos. De todo esto existe registro público, a excepción de la respuesta enviada por el Gobierno federal al CED con motivo de la activación del artículo 34, que permanece confidencial a petición de México, una reserva prevista para proteger la identidad de víctimas y denunciantes, no la actuación de las autoridades.

  Para Corcuera, esta decisión dificulta un debate público informado sobre el tema, que tendría implicaciones no solo para el actual gobierno, sino para decenas de miles de familias que buscan a un ser querido desaparecido. “¿Qué provoca esto? Que personas como yo nos pongamos a tratar de adivinar y especular”, dijo.

  Desde la activación del artículo 34, el Gobierno mexicano ha promovido una serie de acciones para atender la crisis de desapariciones que asola al país. En junio de 2025, el Congreso aprobó las reformas —enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum— a la Ley General en Materia de Desapariciones y la Ley General de Población para crear una Plataforma Única de Identidad que permita realizar búsquedas y generar alertas en tiempo real al cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP) —que contará con datos biométricos— con distintas bases de datos, así como una nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

  

  ^{Una de las mesas de diálogo organizadas por la Segob con colectivos. (Juan Abundis/ObturadorMX)}

  Aunque las reformas estuvieron precedidas por mesas de diálogo con colectivos de familiares de personas desaparecidas organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), algunas familias consideran que el proceso fue una simulación. Derivado de las reformas, la presidenta anunció una revisión del registro nacional de desapariciones basada en el número de carpetas de investigación; expertos señalan que, al igual que ocurrió con el llamado “censo de AMLO”, el objetivo no es atender el problema sino reducir la cifra de víctimas.

  En septiembre, la Segob tomó protesta, en medio de un proceso de selección opaco, a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, exfiscal especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República, y el Senado de mayoría morenista renovó el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, que llevaba acéfalo desde mayo de 2024.

  Sin embargo, estas medidas están lejos de cumplir las recomendaciones del comité, que tras su visita en 2021 urgió a México a implementar una política nacional de prevención de las desapariciones forzadas, reconocer las distintas formas de responsabilidad del Estado, erradicar las causas estructurales de la impunidad, y abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública.

  ¿Cuál debería ser la respuesta del CED al Gobierno mexicano frente al argumento de que las desapariciones no son cometidas por el Estado, sino por la delincuencia organizada?

  La respuesta que se debe dar al Estado mexicano es: “Estás equivocado. [Las que] tú dices que son desapariciones cometidas por particulares, tenemos perfectos indicios de que muchísimas de ellas se cometen con autorización, apoyo y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado”.

  Hay casos cometidos por el Ejército y la Guardia Nacional, y también por policías estatales y municipales que son desapariciones forzadas propiamente dichas, pero que el discurso oficial olvida. A la convención no le importa si el agente que cometió la desaparición era federal, estatal o municipal; tampoco si era del Poder Ejecutivo, de una fiscalía, del Poder Judicial, o si era un diputado local o federal. El discurso del oficialismo de “nosotros no somos”, de que no se cometen desapariciones desde el Estado, es falso. 

  Otra manera de responder es que la desaparición forzada es una conducta de carácter continuo o permanente. La inmensa mayoría de las desapariciones que se cometieron en los años 60, 70 y parte de los 80 por agentes del Estado no están esclarecidas, no se conoce qué suerte corrieron las víctimas ni dónde están ni qué les pasó, y por lo tanto se siguen cometiendo [porque el delito no prescribe]. 

  Las desapariciones que ocurrieron en el tiempo de Echeverría, o en tiempos de Zedillo —que son poquitas, pero se derivan de una política de contrainsurgencia—, se siguen cometiendo. La conducta no cesa sino hasta que se conoce a ciencia cierta, más allá de toda duda —y nada de verdades históricas—, dónde está o qué le pasó a Rosendo Radilla [luchador social desaparecido en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el Ejército] y a todos los demás desaparecidos. 

  Al derecho internacional no le importa si era Díaz Ordaz, Zedillo o Calderón el presidente en el momento de las desapariciones; le importa la responsabilidad internacional del Estado.

  ¿Y qué piensa de la negativa del Gobierno mexicano a reconocer que las desapariciones ocurren de manera sistemática y con aquiescencia del Estado?

  Acuérdate de una cosa: las desapariciones cometidas por el crimen organizado claro que tienen un plan. Los casos en Jalisco de reclutamiento forzado de niños y jóvenes de entre 15 y 19 años para realizar actividades como sicarios, en campos de cultivo o laboratorios de drogas, ¿a poco crees que no es un plan? 

  ¿Es una política de Estado? No, es de las organizaciones criminales, pero cuando estas practican desapariciones, ejecuciones y reclutamiento como lo están haciendo, se demuestra que hay una política de esa organización de llevar adelante ese plan de manera sistemática. Ahora, cuando el Estado los deja realizar esas actividades, por omisión está siendo copartícipe de la sistematicidad de las desapariciones cometidas por agentes criminales.

  Ahí está la clave para que el comité argumente: “Oye, estas desapariciones no nada más son generalizadas o masivas, sino que además son sistemáticas”. Es decir, no son nada más múltiples casos aislados, sino que sí hay un patrón de conducta, una planificación, un llevar adelante esa planificación y ponerla en práctica de manera ordenada, [además de] connivencia, contubernio, complicidad, encubrimiento e inacción del Estado.

  Hay evidencia empírica como el rancho Izaguirre [en Teuchitlán, Jalisco], donde ves que las autoridades sabían lo que estaba pasando. Fueron [al campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación] en septiembre de 2024 y se salieron sin hacer nada. Luego lo encontró el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y se armó el escándalo. Entonces vino la negación del Gobierno federal: no es un campo de exterminio.

  También está el caso de Tabasco y La Barredora [grupo criminal presuntamente liderado por el exsecretario de seguridad estatal Hernán Bermúdez], y el horrible caso de Nayarit [durante el mandato del fiscal Édgar Veytia], donde eran ellos mismos, agentes estatales, los que estaban cometiendo las desapariciones. Hay mucha evidencia de que no es cierto lo que repite el oficialismo.

  **Foto de portada: Tras la respuesta de México a la activación del artículo 34, que se mantiene confidencial, el CED debe determinar si lleva el caso ante la Asamblea General de la ONU. (Aranza Bustamante/ObturadorMX)

  http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

  Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos

• Ataques a Rojava, «una conspiración generalizada contra los kurdos»: Murat Karayılan

  29 de gener, per  Admin2

  Sterk TV entrevistó al comandante de las Fuerzas de Defensa Popular (HPG), Murat Karayılan, que habló sobre la situación que atraviesa Rojava (Kurdistán turco) y llamó al pueblo kurdo a la resistencia total contra los ataques de milicias yihadistas aliadas al régimen de Damasco.

• Turistificación destruye cultura y territorio maya

  27 de gener, per  Auri

  Foto: Mongabay

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro Comunitario Maya U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on denunció que la turistificación en la península de Yucatán provoca despojo, violencia y pérdida cultural. Las comunidades exigieron respeto a sus territorios, alto a megaproyectos y libertad para decidir sobre sus economías y vida digna.

  “Somos mayas que habitamos el territorio de la península de Yucatán en México, personas que amamos nuestro territorio, nuestra cultura e identidad como pueblo originario”, señalaron. Recordaron que sus ancestros les enseñaron “el respeto a la madre tierra, la gratitud a la vida y la reciprocidad con la naturaleza” y que son “los hijos y las hijas del maíz sagrado”.

  El comunicado denunció que desde la creación del proyecto Cancún en 1970, la vida del pueblo maya pasó de la autonomía y autosuficiencia a la dependencia del turismo. Las milpas tradicionales desaparecen, la migración hacia polos turísticos aumenta y la lengua maya y sus elementos culturales sagrados están en riesgo ante la discriminación y el racismo estructural.

  Además, señalaron que el turismo masivo trajo consigo grupos criminales, narcotráfico y trata de personas, y que megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Maya sirven al gran capital, causando daños irreparables al medio ambiente y fragmentando el tejido social. “La industria turística capitalista despoja, mercantiliza, gentrifica, destruye y discrimina a nuestros pueblos. La turistificación es muerte para nuestras culturas”, afirmaron, exigiendo respeto a sus territorios y alto a los megaproyectos.

  A continuación el comunicado completo:

  LA TURISTIFICACIÓN ES MUERTE PARA NUESTA CULTURA

  PRONUNCIAMIENTO DESDE EL CENTRO COMUNITARIO MAYA

  U KÚUCHIL K CH’I’IBALO’ON

  Somos mayas que habitamos el territorio de la península de Yucatán en México, personas que amamos nuestro territorio, nuestra cultura e identidad como pueblo originario; llevamos en nuestro ser la memoria de un pueblo con una gran sabiduría. Nuestros ancestros y ancestras nos enseñaron el respeto a la madre tierra, la gratitud a la vida y la reciprocidad con la naturaleza. Somos los hijos y las hijas del maíz sagrado.

  Miramos con preocupación el avance imparable de la turistificación en nuestro territorio. A partir de la creación del proyecto Cancún en 1970, la vida del pueblo maya se ha transformado gravemente. Pasamos de ser un pueblo autónomo y autosuficiente, a ser un pueblo dependiente de la industria turística. Las milpas mayas, nuestra ancestral forma de cultivo, está desapareciendo. La migración de las comunidades rurales hacia los polos turístico se acelera debido a las políticas educativas y económicas que incentivan a la industria y menosprecian las formas tradicionales de economía. La lengua maya y todos nuestros elementos culturales sagrados están en riesgo ante la discriminación y el racismo estructural que el sistema económico global nos impone.

  El turismo masivo ha traído también la presencia de grupos criminales de narcotráfico, trata de personas y todo tipo de mafias que aliadas al poder político han creado una enorme economía criminal que se suma a las economías corporativas que despojan del territorio a los pueblos mayas.

  Las ejecuciones, feminicidios, extorsiones, desapariciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos se han normalizado en este paraíso natural que es hoy un paraíso de la criminalidad e impunidad.

  Las políticas estatales impulsan el turismo masivo a través de megaproyectos de infraestructura como el Aeropuerto Internacional de Tulum que se ha posicionado como el segundo con mayor número de vuelos en el estado de Quintana Roo sólo detrás del Aeropuerto de Cancún; Quintana Roo anunció en diciembre pasado un nuevo récord histórico al contabilizar 766 vuelos en un sólo día, lo cual representa el éxito de la aviación y la expansión aeroportuaria pero con un grave impacto ambiental que contribuye a la crisis climática mundial tal y como ha sido señalado por la organización Stay Grounded. Otro ejemplo es el mal llamado Tren Maya, que además de llevar pasajeros será un transporte de carga que conectará con el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec y con ello a la economía global, sirviendo a los intereses del gran capital y nunca estará al servicio de los pueblos; en nuestros territorios en queda la gravedad de daños irreparables a la naturaleza, la fragmentación del tejido social, el despojo y destrucción de sitios sagrados y un escenario listo para la llegada de más corporaciones de índole energético, turístico, agroindustrial e inmobiliario, con la protección del estado y de sus leyes y con la custodia del ejército y de las políticas de militarización emprendidas en los últimos años y que se acrecentan día con día.

  En este escenario y con la narrativa oficial que enaltece el turismo como el ideal de desarrollo sustentable y de justicia social para los pueblos, México participa en las ferias internacionales de turismo, como la FITUR de Madrid y la Feria de Turismo de Berlín. Espacios en los que convergen las corporaciones de la industria turística, agencias de viaje, de aviación, hotelería y todas las empresas del sector. Ferias mundiales clave para el capitalismo y sus fines de explotación y despojo.

  Desde el territorio maya y los territorios indígenas de México, queremos decir que la industria turística capitalista despoja, mercantiliza, gentrifica, destruye y discrimina a nuestros pueblos. Que las ferias de turismo son un espacio para la explotación, precarización, negociación del mercado y de las economías criminales. La turistificación es muerte para nuestras culturas.

  Exigimos el respeto a nuestros territorios y a las autonomías populares, alto a la destrucción de la madre tierra y al despojo de nuestros pueblos, alto a megaproyectos que dañan profundamente la identidad y culturas originarias.

  Queremos libertad para decidir por nuestras economías y nuestra vida digna. Nuestra lucha es por la vida,

  Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on

  25 de enero de 2026

• Disparos federales en Minneapolis reavivan denuncias contra el ICE

  27 de gener, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. Tras una nueva muerte por disparos de agentes federales en Minneapolis, ocurrida este día en calles de la ciudad, Amnistía Internacional Estados Unidos responsabilizó a fuerzas migratorias del gobierno estadounidense y exigió al Congreso frenar su financiamiento; la organización señaló a la Patrulla de Fronteras estadounidense y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por el uso de fuerza letal, denunció la falta de rendición de cuentas y pidió acciones urgentes para evitar más muertes.

  Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que “los disparos mortales realizados hoy por agentes de la Patrulla de Fronteras estadounidense en las calles de Minneapolis son un devastador recordatorio, el más reciente, de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla de Fronteras y Aduanas no están convirtiendo nuestras comunidades en lugares más seguros”. Añadió que estas corporaciones “están actuando impunemente, utilizan fuerza letal a plena luz del día, aterrorizan a barrios enteros y arrancan a niños y niñas pequeños de los brazos de sus familias”.

  La directora sostuvo que el homicidio “no es un incidente aislado”, sino parte de “un patrón más amplio” que permite al ICE operar “con prácticas abusivas de detención y aplicación de la ley sin apenas supervisión ni rendición de cuentas”. Fischer recordó que existen “operaciones mortales en las calles” y “torturas, desatención y otros abusos documentados en los centros de detención para inmigrantes”, sin consecuencias para la agencia, además de que la Cámara votó el jueves por incrementar su financiamiento “en miles de millones de dólares”.

  Ante este contexto, Amnistía Internacional llamó al Congreso a actuar de inmediato. “¿Cuánta gente más tiene que morir para que los dirigentes estadounidenses actúen?”, cuestionó Fischer, quien urgió al Senado a decidir entre continuar el financiamiento de “una agencia sin ley que pone impunemente vidas en peligro” o tomar medidas para refrenar al ICE. La organización pidió rechazar cualquier recurso adicional, exigir rendición de cuentas por las muertes y violaciones a derechos humanos y poner fin a las prácticas mortales: “No debe perderse ninguna vida más. No debe gastarse ni un céntimo más en permitir este horror”.

  A continuación el comunicado completo:

  Tras una nueva muerte por disparos de agentes federales en Minneapolis, Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:

  “Los disparos mortales realizados hoy por agentes de la Patrulla de Fronteras estadounidense en las calles de Minneapolis son un devastador recordatorio, el más reciente, de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla de Fronteras y Aduanas no están convirtiendo nuestras comunidades en lugares más seguros. Al contrario, están actuando impunemente, utilizando fuerza letal a plena luz del día, aterrorizando a barrios enteros y arrancando a niños y niñas pequeños de los brazos de sus familias.”

  “Este homicidio no es un incidente aislado. Forma parte de un patrón más amplio en el que se ha dado vía libre al ICE, con sus operaciones tipo paramilitar, para que lleve a cabo prácticas abusivas de detención y aplicación de la ley sin apenas supervisión ni rendición de cuentas. Desde operaciones mortales en las calles hasta torturas, desatención y otros abusos documentados en los centros de detención para inmigrantes, el ICE ha violado reiteradamente derechos humanos sin sufrir prácticamente ninguna consecuencia. De hecho, la Cámara votó el jueves a favor de incrementar su financiación en miles de millones de dólares.”

  “¿Cuánta gente más tiene que morir para que los dirigentes estadounidenses actúen? En un momento en el que se están arrebatando vidas y en el que las comunidades están exigiendo respuestas, el Congreso debe dejar de mirar hacia otro lado. El Senado de Estados Unidos se enfrenta a una decisión urgente en los próximos días: seguir derramando miles de millones de dólares de los contribuyentes en una agencia sin ley que pone impunemente vidas en peligro, o emprender acciones significativas para refrenar al ICE y dejar de financiar sus abusos.”

  “Amnistía Internacional pide al Congreso que rechace cualquier financiación adicional del ICE y que tome medidas inmediatas para hacer que este organismo rinda cuentas por las muertes y otras violaciones de derechos humanos que ha causado, y que ponga fin a las mortales prácticas de aplicación de la ley. No debe perderse ninguna vida más. No debe gastarse ni un céntimo más en permitir este horror.”

• Más de 53 mil niños, niñas y jóvenes fueron asesinados en América Latina y el Caribe en siete años

  26 de gener, per  Auri

  Foto: Joven tuvo que huir de la violencia en su país de origen (foto de archivo).

  Las agencias de salud e infancia piden políticas públicas sólidas para proteger de la violencia a millones de menores en la región. Aunque los homicidios suelen estar relacionados con el crimen organizado y las desigualdades, las agencias alertan de que la violencia está presente a edades tempranas en el hogar, la escuela y los entornos digitales.

  En América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida y el bienestar de millones de menores de edad, advierten la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en una nueva investigación. 

  El documento, titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, revela que 53.318 de ellos fueron víctimas de homicidio en la región entre 2015 y 2022.

  Más recientemente, entre 2021 y 2022, la tasa de mujeres jóvenes asesinadas se duplicó, situándose en cinco muertes por cada 100.000 habitantes. 

  En contraste, la tasa de homicidios entre adolescentes varones disminuyó de 17 a 10 muertes en el mismo período, pero sigue siendo alta. 

  Violencia sistémica

  La violencia letal está relacionada con el crimen organizado, el fácil acceso a armas, desigualdades sociales y normas de género nocivas.

  Sin embargo, en general, la violencia está presente desde edades muy tempranas. Seis de cada 10 menores de hasta14 años son objeto de algún tipo de castigo violento en el hogar, mientras una de cada cuatro adolescentes experimenta acoso escolar. También crecen los abusos en los entornos digitales.

  Fortalecer las políticas públicas

  El director regional de UNICEF, Roberto Benes, subraya que la violencia afecta múltiples entornos de la vida de los menores, desde el hogar hasta la escuela y la comunidad, y afirma que políticas públicas sostenidas pueden cambiar esta realidad. 

  Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, resalta el papel crucial de los servicios de salud para identificar a las personas en riesgo y brindar apoyo oportuno.

  El informe propone soluciones basadas en evidencia: fortalecer leyes de protección de la infancia, controlar el acceso a armas de fuego, capacitar a docentes, policías y personal de salud, apoyar a padres y cuidadores, invertir en entornos educativos seguros y ampliar los servicios de respuesta.

  La publicación fue validada en una consulta ministerial regional en octubre de 2025, con la participación de más de 300 funcionarios y representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles, con el objetivo de acordar acciones concretas para proteger a la niñez y adolescencia de la región.

  Publicado originalmente en Noticias ONU