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• Pueblos cholultecas condenan criminalización a defensa del agua en Puebla

  28 d’agost de 2025, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. «Nos acusan de vandalismo y alzar la voz, ¿y quién los castiga a ellos por robo y saqueo del agua?», cuestionaron los pueblos y organizaciones cholultecas en defensa del agua que este martes protestaron en la Ciudad de México para exigir un alto a la extracción del líquido por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y empresas como Agua de Puebla.

  «Se escandalizan porque se pintaron unos vidrios en símbolo de protesta. ¿Ya los limpiaron? Porque ustedes podrán limpiar sus vidrios, pero nosotros no podemos recuperar nuestros ameyales y ríos que nos robaron con llevarse mas de 26 mil millones de litros de agua cada año, durante 30 años de nuestras comunidades, sin permiso alguno», denunciaron el Comité Ciudadano en Defensa del Agua de Xoxtla, el Comité en Defensa del Agua de Nealtican, el Comité en Defensa del Agua de Acuexcomac, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, y Cholultecas Unidxs en Resistencia.

  El pasado 26 de agosto, los pueblos de Xoxtla, Nealtican, Cholula y Acuexcomac exigieron frente a las oficinas de la Conagua que les devuelva la administración del líquido y que no se otorgue la ampliación a las concesiones del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable (SOAPAP) / Agua de Puebla en sus territorios, así como demandaron la suspensión inmediata de la extracción del agua en las comunidades, en cumplimiento de los convenios firmados con las comunidades afectadas en 1994 y 1997.

  Durante la protesta, los pueblos realizaron pintas y pegaron pancartas con consignas como «Fuera Conagua» y «El agua es de los pueblos», lo que medios locales y nacionales, así como usuarios en redes sociales, calificaron de «vandalización». «Van a proceder contra un grito campesino, contra un grafiti en un vidrio, y el daño moral, el trauma social que el Estado ha causado en los pueblos de Nealtican, Xoxtla y Acuexcomac por la imposición de la extracción de agua, ¿ese quien la castiga? ¿Quién la condena?», cuestionaron los pueblos.

  De acuerdo con las comunidades, desde que la Conagua gestiona la administración del líquido vital en sus territorios el manantial y el Río El Batan se han secado en Santa María Acuexcomac, así como el Río Prieto en Xoxtla, el Almolo en San Pedro Tlaltenango, el Río Atenco en San Antonio Cacalotepec, el Río Actipan en San Rafael Comac, entre otros cuerpos de agua.

  Los defensores del agua aseguran que continuarán con su lucha por el agua y exigieron un alto a la criminalización de quienes se oponen al saqueo por parte de empresas y gobiernos.

  A continuación el comunicado completo:

  Gobernador: El vidrio se limpia, nuestro río… quién nos lo devuelve

  Nos acusan de vandalismo y alzar la voz y quien los castiga a ellos por robo y saqueo del agua

  Solo soberbia colonialista recibimos ¿Donde esta la justicia?

  El pasado 26 de agosto los pueblos de la región cholulteca y de los volcanes nos manifestamos en las afueras de la Conagua en Puebla para exigir: 1. No se otorgue ampliación a las concesiones del SOAPAP/Agua de Puebla en Nealtican, Acuexcomac, Xoxtla y San Andrés Cholula. 2. Se suspenda de manera inmediata la extracción del agua en estas comunidades, en cumplimiento de los convenios firmados con las comunidades afectadas en 1994 y 1997. 3. Se regrese a los pueblos el derecho de administrar el agua que se encuentra en su territorio.

  Recolectamos miles de firmas de los pueblos originarios de la región cholulteca y de los volcanes para demostrar que no es una demanda de solo los que fuimos a la Conagua, sino de miles de personas de las comunidades e incluso de la ciudad. El gobierno se dice abierto al diálogo, sin embargo nos cerraron las puertas de la Conagua, nos negaron el diálogo y ni siquiera nos querían recibir las firmas ¿Es esa la apertura que señala el Estado? Doble discurso es lo que es.

  Se escandalizan porque se pintaron unos vidrios en símbolo de protesta ¿Ya los limpiaron? Porque ustedes podrán limpiar sus vidrios, pero nosotros no podemos recuperar nuestros ameyales y ríos que nos robaron con llevarse mas de 26 mil millones de litros de agua cada año, durante 30 años de nuestras comunidades, sin permiso alguno.

  El gobernador Alejandro Armenta y el Secretario de Gobernación Samuel Pala, se victimizan como Estado porque un campesino le alzo la voz a un policía al no querer borar unas fotos que tomo de su rostro sin su autorización, con argumento tan pueril quieren tapar la soberbia con que trataron a los pueblos cholultecas de donde se llevan 26 mil millones de litros de agua al año para regalarselas a Concesiones Integrales. Con un grito y una pinta quieren tapar el daño del río seco y un ahuehuente agonizante. Los pueblos no agredieron físicamente a ningun policía, pero el Estado (Conagua, Gob. Estado y SOAPAP) ya dañó físicamente de manera casi irremediable la riqueza acuífera de la región cholulteca y contra sus actos de corrupción y muerte, quien los señala? ¿Quien los castiga?

  Nosotras, nosotros, por eso estamos enojad@s, porque se llevaron el agua sin nuestro permiso, nos estan dejando secos, y ni siquiera nos oyen y nos atienden en sus propias oficinas, eso es soberbia del Estado, colonialismo, les interesa nuestro pueblo por su agua, sus recursos naturales, para venderlos, no le interesamos las personas afectadas. El actuar del Gobierno del Estado, la Conagua, SOAPAP y Agua de Puebla esta coordinado a la criminalización de la justa demanda de los pueblos de cese a la extracción del agua por parte del SOAPAP/Agua de Puebla

  Van a proceder contra un grito campesino, contra un grafiti en un vidrio, y el daño moral, el trauma social que el Estado ha causado en los pueblos de Nealtican, Xoxtla y Acuexcomac por la imposición de la extracción de agua ¿Esa quien la castiga? ¿Quién la condena?

  En un comunicado la Segob señala que tras la entrega de nuestro pliego petitorio se buscará la mesa de acuerdos, ante lo cual reiteramos que la petición es que vayan a las comunidades a dialogar en asamblea, ya dejamos en claro los puntos a tratar en la asamblea en los documentos entregados y estamos entoces a la espera de su presencia en las comunidades de donde Agua de Puebla se beneficia con la extracción de más de 26 mil millones de litros de agua al año, dejándonos secos y sin agua.

  Como gobierno critican que nos haya acompañado compañer@s de la 28 de octubre, nosotr@s criticamos que los acompañe Agua de Puebla en sus mesas de trabajo, en sus negocios, en sus demandas penales y reuniones y a nosotr@s, la Conagua nos cierre la puerta y el gobierno del estado nos dice vándalos. Con todo su aparato de poder quieren ponerse como víctimas cuando ustedes son los que nos estan robando el agua, saqueando y matando la vida, no ensuciando unos vidrios.

  Desde que la Conagua administra el agua en la región cholulteca se la ha dado a puras empresas y el pueblo no tiene para abastecerse del vital líquido del cual gozo por siglos en abundancia ¿Es esto justo? ES ROBO DEL ESTADO ¿Donde esta la justicia para los pueblos? ¿Donde esta la razón?

  Es por eso nuestra desición de exigir a Conagua nos devuelva la administración del agua a los pueblos, pues desde que la Conagua “cuida” nuestra agua en bien de la nación se nos ha secado el manantial y el Río El Batan en Santa María Acuexcomac, el Río Prieto en Xoxtla, el Almolo en San Pedro Tlaltenango, el Río Atenco en San Antonio Cacalotepec, el Río Actipan en San Rafael Comac, entre otros cuerpos de agua.

  Ellos ya dañaron esa gran herencia que nos dejaron nuestros ancestros y que es es la vida, el pasado, el presente y el futuro, sin ella no hay futuro ¿Cuanto vale la vida? ¿Del lado de quien debe estar la justicia? ¿Vale mas un vidrio pintado? ¿Alzar la voz a un policía que te graba sin tu permiso?

  ¡Exigimos un alto a la criminalización contra los defensores del agua y la vida!

  ¡Alto al robo y saqueo del Agua para Concesiones Integrales!

  Comité Ciudadano en Defensa del Agua de Xoxtla, Comité en Defensa del Agua de Nealtican, Comité en Defensa del Agua de Acuexcomac, Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, Cholultecas Unidxs en Resistencia.

• Presa «Margarita Maza» avanza sin consulta ni estudios ambientales en Oaxaca: OCCAMA

  28 d’agost de 2025, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. La presa “Margarita Maza”, presentada como solución al abasto hídrico en la Zona Metropolitana de Oaxaca, avanza sin estudios completos, sin consulta previa a las comunidades y con irregularidades en el proceso de licitación, denunció el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA).

  El OCCAMA advirtió que la presa, ubicada en Rancho Viejo, Sola de Vega, junto con un acueducto de más de 100 kilómetros, una planta potabilizadora y redes de interconexión, podría replicar los errores del anterior proyecto Paso Ancho. Aunque se han anunciado inversiones de hasta 7 mil 840 millones de pesos, no existen aún estudios técnicos concluidos ni la Manifestación de Impacto Ambiental pública.

  Desde 2024, el colectivo ha solicitado información sobre el proyecto y ha planteado alternativas comunitarias para garantizar el agua en los Valles Centrales, como la cosecha de lluvia, el riego eficiente y la producción orgánica, sin recibir respuesta. Afirman que tanto el gobierno federal como el estatal escogen megaproyectos sin respetar los derechos de los pueblos ni considerar opciones basadas en la naturaleza y la gestión comunitaria.

  El observatorio exigió una mesa pública para debatir el proyecto, con la participación de comunidades y sociedad civil. También pidió reorientar recursos a reparar la red de distribución urbana y cumplir con la legislación ambiental, agraria y de derechos indígenas. “Nuestra agua no se defiende con obras impuestas, sino con respeto al territorio y a quienes lo habitan”, señalaron.

  A continuación el comunicado completo:

  Pronunciamiento Presa Margarita Maza 270825Descarga

• ¿Cómo se lava el oro ilegal en el sistema financiero de Estados Unidos?

  28 d’agost de 2025, per  Admin2

  La extracción ilegal del oro en la Amazonía no solo está deforestando la selva, contaminando los ríos con mercurio o financiando al crimen organizado, también se está insertando en el sistema financiero de Estados Unidos, cuyas leyes y regulaciones han sido clave para lavar las ganancias de una de las economías ilícitas más grandes y de mayor crecimiento en el mundo.

  A esta conclusión llegó un informe de la coalición de organizaciones que integran Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), dedicada a identificar vacíos legales en Estados Unidos para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.

  Hablamos con Gonzalo Ortuño López, periodista de Mongabay Latam, quien conversó con una de las autoras del informe de la coalición FACT.

  Lee la nota completa aquí.

  Publicado originalmente en Mongabay Latam

• “La Lista Apresa y los vuelos de la muerte”, una investigación que desafía el silencio oficial

  28 d’agost de 2025, per  Admin2

  Un equipo independiente confirmó el origen militar de una lista con 183 nombres de personas detenidas-desaparecidas entre 1972 y 1974 —presuntas víctimas de los “vuelos de la muerte”—, dada a conocer en agosto de 2024. El peritaje coteja documentos judiciales, archivos históricos y testimonios que aportan nuevos datos para seguir develando una de las caras más brutales de la llamada “guerra sucia”

  Cuando Lidia Nario Gómez tenía apenas un año de vida, su padre Gabriel Nario López —comerciante y chofer de pasajeros— fue desaparecido junto a su hermano Pascual por elementos del ejército el 11 de agosto de 1974 en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. La familia no tuvo información concreta sobre su paradero hasta medio siglo después, cuando sus nombres aparecieron en una lista de manufactura castrense junto a otras 181 personas detenidas-desaparecidas entre 1972 y 1974. Todas ellas, posibles víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”.

  Lo mismo les ocurrió a Angélica María y a María de Lourdes Ramírez Hernández, hijas de Gorgonio Santiago Alvarado —compositor y cantante—, detenido-desaparecido el 24 de noviembre de 1974, también en Atoyac y a manos de militares. Angélica tenía poco más de un año; María de Lourdes, ocho meses. 

  “Mi mamá siempre dijo que a mi papá se lo habían llevado los militares. Esta lista, que al principio nos angustió mucho, es la [confirmación] de que lo que ella decía era cierto”, le dijo María de Lourdes a la periodista Marcela Turati, autora del reportaje que dio a conocer el documento.

  A un año de la revelación —que desató una discusión pública sobre su veracidad y pertinencia para la causa de las víctimas de la “guerra sucia”—, A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab publican y lanzan La Lista Apresa y los vuelos de la muerte, un periódico mural desplegable y un sitio web que contiene los resultados de una investigación independiente —realizada por Turati y los historiadores Lucero San Vicente, Javier Yankelevich y Camilo Vicente Ovalle— que arroja nuevos datos sobre esta estrategia de exterminio que, contrario a lo que se piensa, no fue exclusiva de las dictaduras sudamericanas.

  En el periódico mural, pensado para ser entregado a familiares de personas desaparecidas, académicos y sociedad en general, se analiza minuciosamente una carta —y la lista adjunta con 183 nombres agrupados en 25 viajes, presuntos “vuelos de la muerte”— que en mayo de 2004 entregó a Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité ¡Eureka!, un supuesto desertor del Ejército: Benjamín Apresa, quien habría estado comisionado en la Base Aérea Militar No. 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, bajo las órdenes del capitán Javier Barquín Alonso, a quien señalaba como “el autor material de estos crímenes”.

  “Me percaté de la forma en que desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avión Aravat […] para arrojarlos al mar”, escribe en la carta que se reproduce en la publicación. 

  Este documento, y otros que hacen también referencia a los “vuelos de la muerte”, permanecieron en los archivos de doña Rosario durante años; en 2012, el acervo fue trasladado al Museo Casa de la Memoria Indómita y posteriormente digitalizado —de 2014 a 2023— por el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

  

  Un documento auténtico y la hipótesis central

  Hasta donde el equipo interdisciplinario pudo indagar —tras una investigación autogestionada de seis meses—, la lista fotocopiada que acompaña la misiva proviene de un documento auténtico. Fue mecanografiado en una Olivetti Diaspron 82 —regionalizada al español—, modelo utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en aquellos años. Su estilo y tipografía son coherentes con otros documentos de origen castrense —como el Manual de Grupos de Comando—, y la información contenida coincide con otras fuentes, como denuncias de familiares, documentos de inteligencia, y testimonios de militares y sobrevivientes a los que tuvieron acceso. 

  Las evidencias recopiladas hasta ahora apuntan a una sola hipótesis: que todas las personas nombradas en la lista —incluidas diez que no figuran en ningún registro de víctimas— probablemente fueron arrojadas al mar. Se trata de prisioneros “muy diversos”, que no comparten —la mayoría— parentesco ni militancia, que fueron detenidos-desaparecidos en lugares y momentos distintos —incluso con años de diferencia—, y que fueron agrupados y trasladados en “viajes” que no corresponden con los traslados “ordinarios” de las fuerzas represivas.

  A diferencia de estos casos, agencias como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) solían mover a los prisioneros de un centro de reclusión a otro, usarlos como informantes, liberarlos o presentarlos ante el Ministerio Público luego de ser torturados, pero de cada uno de esos movimientos existe evidencia documental, explica Vicente Ovalle. 

  A esto se suma que ninguna de las víctimas fue vista después de 1975; su rastro se pierde en instalaciones militares, incluida la base aérea de Pie de la Cuesta, de donde se sabe, por declaraciones de pilotos y bitácoras de mantenimiento de aeronaves, que salían los “vuelos de la muerte”. 

  “Si no fueron al mar, ¿a dónde iban estos viajes? [consignados en la lista] […] Es altamente probable que se trate de ‘vuelos de la muerte’”, aseguró el historiador durante una de las presentaciones —virtuales— de la investigación, ante familiares y sobrevivientes de la “guerra sucia”, el 25 de junio pasado.

  Vicente Ovalle, al igual que Javier Yankelevich, ha formado parte de otros esfuerzos de esclarecimiento de la verdad. El primero como integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH) —creada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador—, y el segundo como jefe de la unidad de investigación de la Comisión Nacional de Búsqueda encargada de los casos de la “guerra sucia”, entre 2019 y 2024.

  Una segunda presentación pública de La Lista Apresa y los vuelos de la muerte tuvo lugar en Guerrero, en Atoyac y Chilpancingo, los días 19 y 20 de julio. Desde entonces, el equipo ha recibido más testimonios y nuevos datos que se suman a los obtenidos por Turati desde agosto de 2024, además de confirmaciones de familiares y colectivos que han decidido incorporar este trabajo a sus respectivas carpetas de investigación.

  “Sabíamos de testimonios de personas y familias que decían: ‘Mi mamá siempre soñó que mi papá estaba en el mar’, o ‘un militar ya nos había dicho que ese había sido su destino’”, dice Turati. Lo que el equipo confirmó durante la presentación en Guerrero es que muchos de estos testimonios aún no se incorporan a las investigaciones de la “guerra sucia” que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió hace más de 20 años, o incluso a los informes elaborados por organismos de derechos humanos y mecanismos institucionales de verdad y justicia.

  “Mi papá no pertenecía a la guerrilla. No hablaba ni para bien ni para mal [del movimiento armado]”, aseguró Nario Gómez, de 51 años, luego de compartir su historia. “Que nos reparen lo mucho que nos quitó [el Estado]”, exigió.

  La última presentación de La Lista Apresa y los vuelos de la muerte tuvo lugar este 20 de agosto en la Ciudad de México, en la Casa Refugio Citlaltépetl, donde se dio a conocer formalmente el sitio web de la investigación, que incluye mapas, anexos y vínculos a las fuentes consultadas.

  

  Un juicio histórico olvidado

  Cuando en mayo de 2004, Apresa, el presunto desertor, se comunicó con Ibarra de Piedra, Barquín llevaba dos años siendo juzgado por un tribunal militar junto con los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo —piezas claves de la estrategia contrainsurgente en Guerrero— por el homicidio de 143 campesinos desaparecidos en la década de los 70, incluidos 16 que figuran en el documento que llegó a manos de la madre activista. En esa fecha, la prensa reportaba sobre su posible absolución.

  Ibarra nunca creyó en los juicios, y siempre rechazó cualquier información que apuntara a que las personas desaparecidas hubiesen sido arrojadas al mar. Su exigencia de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, no admitía esa posibilidad. “Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo que fueron arrojados al mar y que no hay manera de identificar a las víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo Militar No. 1”, dijo doña Rosario en una entrevista publicada en 2002. Esa sigue siendo “la respetable postura” de un sector de ¡Eureka!, advierte Turati.

  Los fiscales sostenían, con base en declaraciones de soldados, pilotos y mecánicos que trabajaron en Pie de la Cuesta —incluidas en la Averiguación Previa Militar 34/2000 del caso contra Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín Alonso—, que los cuerpos de las víctimas fueron arrojados al mar desde aeronaves militares. El expolicía Gustavo Tarín —testigo clave de la causa penal— identificó al Arava 201 de fabricación israelí —con matrícula 2004, posteriormente cambiada a 2005— como uno de los aviones utilizados para trasladar prisioneros y arrojarlos al océano, en tanto que el mecánico Margarito Monroy Candia detalló que esos vuelos se realizaban de madrugada —con una duración aproximada de una hora—, y que en cada traslado se llevaban los cuerpos de cinco a ocho personas ejecutadas.

  Esta última declaración, advierte el equipo de investigación, coincide con las bitácoras de mantenimiento del Arava 2005, que contienen poco más de 30 vuelos atípicos —nocturnos, con un mismo origen y destino— realizados entre 1974 y 1979 de manera consistente; otros más tuvieron lugar, de forma esporádica, hasta 1981. 

  También coincide con la estructura de la Lista Apresa, pues los nombres de los 174 hombres y nueve mujeres se encuentran agrupados en 25 “viajes” —no se consignan como vuelos— de hasta ocho pasajeros, sin fecha de salida ni retorno. La mayoría de estas personas fueron detenidas en Guerrero en 1974, cuando se recrudeció la represión en contra del Partido de los Pobres, del profesor Lucio Cabañas, y de su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que en mayo de ese mismo año había secuestrado al senador —y candidato a gobernador del estado— Rubén Figueroa Figueroa.

  Además de los nombres completos de las víctimas, la lista incluye sus seudónimos, lugar y fecha de captura, y las unidades militares o policiales responsables de su detención. Un documento que comparte estos y otros datos —como el grupo guerrillero al que pertenecían— se encuentra descrito en la AP Militar 34/2000, que menciona libretas de pasta gruesa que eran llenadas por un sargento de la Policía Militar, entregadas a Quirós Hermosillo y resguardadas por Barquín Alonso.

  Veinte de las personas incluidas en la lista fueron apresadas en Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Oaxaca, antes de ser agrupadas con las detenidas en Guerrero. Según el equipo de investigación, estas capturas evidencian el alto nivel de vigilancia que las fuerzas represivas mantenían sobre el Partido de los Pobres y las actividades de su dirigente, quien había establecido contacto con otras organizaciones político-militares en esos estados.

  

  Pie de la Cuesta, destino final

  De ninguna de las víctimas que aparecen en la Lista Apresa se tiene noticias —verificables— después de 1975, incluido el caso de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, detenido en abril de ese año. 

  Aunque un guerrillero de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) llamado Rubén Ramírez González dijo haber reconocido su voz en 1977 en el Campo Militar No. 1, las fichas de seguimiento de la DFS —que cerraron con la inscripción “FIN FIN FIN FIN” en febrero de 1975—, una cruz inscrita junto a su nombre —que solo otras seis personas de la lista tienen—, y el testimonio de un sobreviviente que lo vio salir escoltado entre un numeroso grupo de prisioneros de Guerrero —uno de los cuales figura en la lista— apuntan a que el dirigente fue sacado de la cárcel clandestina y posiblemente  trasladado en uno de los viajes de la Lista Apresa.

  “Revisamos la información que se tiene sobre Salas Obregón y no hay, salvo el testimonio de un compañero que pretendidamente lo escuchó, ninguna otra información que diga que haya permanecido [en el Campo Militar No. 1] hasta 1977. Por el contrario, encontramos diversos testimonios que señalan que Salas Obregón sale [de ahí] en 1974”, explicó Vicente Ovalle.

  Por eso, el equipo insiste en su hipótesis principal, que considera altamente posible que todas las personas incluidas en la lista hayan sido arrojadas al mar. “Estos 25 viajes que aparecen en la Lista Apresa muy probablemente hayan salido de la base aérea militar, pues muchas de las personas detenidas-desaparecidas, después de su detención, fueron llevadas [allí]”, agregó el historiador, autor del libro Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980.

  Es el caso de Teresa Estrada Ramírez, militante de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), detenida el 1 de septiembre de 1974 por la DFS en la Ciudad de México, e incluida en la investigación. Aunque el procurador general de la república, Óscar Flores Sánchez, emitió un informe en 1979 para evadir la responsabilidad del Estado mexicano en este y otros casos de desaparición forzada —alegando supuestas liberaciones o muertes en combate—, el guerrillero Arturo Gallegos Nájera, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dijo haber visto a Estrada Ramírez en Pie de la Cuesta a los 20 días de su detención.

  El equipo señala en su investigación la necesidad de “regresar a sus historias para identificar la violencia específica cometida contra las mujeres, como la violencia sexual”.

  La militante de las FAL es una de las siete personas agrupadas en el viaje 8, en el que también se encuentran los hermanos Gabriel y Pascual Nario López. En entrevista, Lidia Nario Gómez compartió que la última pista que tenía, antes de conocer la Lista Apresa en agosto de 2024, era que su padre y su tío fueron trasladados en algún momento a Pie de la Cuesta. Un sobreviviente de esta cárcel clandestina le aseguró, en 2011, haberlos escuchado conversar, cerciorándose cada hora de que siguieran juntos. No los pudo ver porque estaba vendado, pero otra de las personas detenidas le dijo: “Son los hermanos Nario, los traen de Atoyac”.

  Gabriel y Pascual, al igual que Teresa, fueron incluidos en uno de los informes apócrifos del procurador Flores Sánchez. De acuerdo con el funcionario, los hermanos resultaron muertos en combate —junto con otras 42 personas, militantes del Partido de los Pobres— durante el operativo de rescate del senador Figueroa el 8 de septiembre de 1974, semanas después de que fueran detenidos, a bordo de su camioneta, por elementos de la 27.ª Zona Militar.

  “Cuando el procurador afirmaba que las personas desaparecidas estaban prófugas o habían sido ajusticiadas por sus propios grupos, lo hacía sin exponer evidencia alguna. Además, negaba la existencia de prisiones clandestinas, que hoy tenemos la certeza de que sí existieron. Por el contrario, la lista tiene elementos corroborados. Las verdades históricas de quienes han pretendido desde el poder público dar carpetazo a los casos de desaparición siempre se han caído por falta de evidencia”, apuntó César Contreras León, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

  Otro testimonio que centra la mirada en Pie de la Cuesta es el de la sobreviviente Elva Fuentes Organista, hija de Julio Fuentes Martínez y sobrina de Esteban Organista Zamora, integrantes del Partido de los Pobres, detenidos en noviembre de 1974 y agrupados en el viaje número 22. Fuentes Martínez había sido detenido en el Estado de México, trasladado al Campo Militar No. 1 y, finalmente, llevado a Pie de la Cuesta, donde ya se encontraba Organista Zamora, quien fue conducido directamente a ese lugar tras su detención en Coyuca de Benítez.

  Elva estuvo detenida en la base aérea militar entre noviembre y diciembre de 1974, cuando tenía 15 años. Allí pudo oír el nombre de su tío y “sentir y escuchar” a su padre; ambos fueron torturados en presencia del otro. “Hubo un día en que yo ya no lo oí [a mi padre], pero no supe si lo sacaron. No me di cuenta. Nunca oí balazos. Lo que sí oía [era que] el helicóptero se bajaba y que había movimiento. No sé si sacaban a alguien o [lo] traían. El helicóptero se iba, pero en las noches; al ratito llegaba”, dijo Fuentes Organista en entrevista con Turati en 2023.

  

  Otras conclusiones de la investigación

  Aunque la Sedena niega que conserve documentación relativa al periodo de la contrainsurgencia —después de transferir 486 cajas de su acervo al Archivo General de la Nación en 2002—, las y los investigadores afirman que la sola existencia de la Lista Apresa demuestra que existió documentación, producida por las Fuerzas Armadas, relativa a detenciones, interrogatorios, traslados y destino de personas que continúan desaparecidas. “[Esa documentación] permanece oculta o fue destruida”, explican en sus conclusiones.

  En septiembre de 2024, integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad 1965-1990 —encargados de la inspección de los archivos militares en 2022 y 2023— denunciaron que la dependencia “ocultó, mutiló y alteró” un sinnúmero de expedientes correspondientes a ese periodo, mismos que podrían constituir evidencias de violaciones graves a los derechos humanos.

  Además, el equipo asegura que la Lista Apresa se suma a decenas de fuentes que coinciden en la existencia de “una estrategia de exterminio que incluía arrojar al mar, desde aeronaves, a víctimas detenidas-desaparecidas”, y que abarcan confesiones de soldados a familiares de personas desaparecidas o a sobrevivientes, menciones dentro de los cuarteles, relatos de pobladores, recuerdos de pescadores de la zona, y declaraciones detalladas del personal de la Fuerza Aérea que operaba los aviones Arava.

  La Lista Apresa, insisten, no es un documento sin sustento que legitime el actuar del Ejército —interesado en no remover el pasado—; es, por el contrario, una evidencia más de la coordinación entre distintas agencias estatales, militares, policiales y de inteligencia para sembrar el terror entre la población civil, mediante la perpetración de desapariciones forzadas de manera sistemática. “No exculpa, incrimina”, escriben. 

  El número de posibles víctimas, además, no se reduce a este documento, ya que las bitácoras de mantenimiento incluidas en la AP militar 34/2000 hacen referencia a otros vuelos atípicos realizados después de diciembre de 1974, tras el asesinato de Cabañas, cuando el Estado mexicano buscó aniquilar a otras disidencias políticas y grupos armados.

  El equipo reconoce, no obstante, que en su investigación no pudieron relacionar los viajes con las bitácoras incluidas en la AP militar; que no encontraron información sobre diez de las 183 personas que figuran en la lista, y que no pudieron confirmar la identidad de Benjamín Apresa. Tarín, en declaraciones hechas desde Estados Unidos en contra de Acosta, Quirós y Barquin, habla de un avión Aravat —con una t al final, error que se repite en la carta a doña Rosario—, pero más allá de esa coincidencia no hay plena certeza de que se trate de la misma persona. 

  Y el grupo de investigadores aclara: la lista en sí misma no permite determinar el paradero de ninguna de las personas nombradas. Es necesario que el Ejército brinde toda la información que aún tiene, como las bitácoras de los vuelos, los traslados de las personas detenidas, los interrogatorios, las fotografías, los archivos que ha mantenido en secreto.

  Contreras León, quien representa a familiares de víctimas de la “guerra sucia”, insiste en lo fundamental de este trabajo independiente, puesto que aún existen 250 expedientes abiertos en la FGR por delitos cometidos durante ese periodo, y la mayoría son sobre casos de personas desaparecidas.

  “Es una pista fundamental en estos casos que tienen medio siglo y al menos dos décadas de abandono por parte de la fiscalía. Esta investigación es un punto de partida, es la evidencia de que se puede saber más, y nos permite seguir señalando que la FGR tiene una deuda histórica con las familias”, asegura.

  Esta es, finalmente, una investigación viva, advierten Turati, San Vicente, Ovalle y Yankelevich. “El único convencimiento que nos guía —aseguran en la publicación— es la pregunta sobre el destino de las personas desaparecidas y el compromiso de contribuir a encontrarlas. Nuestro objetivo es acercar esta investigación a las familias de las personas mencionadas en la Lista Apresa para que puedan usarla como una herramienta en su búsqueda de justicia y verdad”.

  Quien tenga información, puede compartirla con el equipo a través del correo contacto@adondevanlosdesaparecidos.org. Cada nombre, cada fecha y cada recuerdo pueden ayudar a reconstruir el destino de las personas detenidas-desaparecidas que, a la fecha, siguen siendo buscadas por sus familiares, amigos y compañeros de lucha. 

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  Para saber más sobre esta investigación, consulta el micrositio de La Lista Apresa y los vuelos de la muerte: https://quintoelab.org/la-lista-apresa/

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  **Foto de portada: La Lista Apresa incluye los nombres de 183 personas detenidas-desaparecidas, de las que quince se muestran en este collage, que incluye a Ignacio Salas Obregón (esquina superior izquierda), y en el otro extremo, a Teresa Estrada Ramírez. 

  http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

  Marcos Nucamendi es periodista e investigador. Licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de A dónde van los desaparecidos.

  Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos

• La flotilla hacia Gaza más grande de la historia

  28 d’agost de 2025, per  Admin2

  El 27 de julio de 2025, el ejército israelí interceptaba el Handala, una embarcación de la Flotilla de la Libertad que se dirigía hacia Gaza cargada de ayuda humanitaria e impulsada con el objetivo de visibilizar el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Antes de eso, el 9 de junio, el ejército del Estado sionista asaltaba el Madleen, iniciativa que se dirigía a Gaza con los mismos propósitos. Varios grupos de activistas intentarán, este domingo 31 de agosto, romper el cerco y llegar a aguas palestinas, aunque en esta ocasión lo harán a lo grande: decenas de barcos civiles partirán desde el puerto de Barcelona, que serán acompañados, más tarde, por embarcaciones desde otros países como Túnez, y confluirán el 4 de septiembre en alta mar. “Participarán delegaciones de más de 44 países, entre ellos Malasia, Estados Unidos, Brasil, Italia, Marruecos, Sri Lanka, Túnez, Países Bajos y Colombia, entre otros”, avisan desde la Global Sumud Flotilla, la plataforma que impulsa la iniciativa.

  En cuanto a los integrantes, ya han confirmado su asistencia la activista Greta Thunberg, quien ya fuera en la tripulación del Handala y acabó deportada desde Israel o Thiago Ávila, activista que fue apresado a bordo del Madleen. Y también otros activistas que ya participaron en la Marcha Global hacia Gaza, una iniciativa que pretendía entrar por vía terrestre pero que vio su intento frustrado en Egipto debido a la actuación de las fuerzas de seguridad de este Estado egipcias, que bloquearon su camino y detuvieron a varios de sus integrantes.

  “Queremos dar un paso más grande, hay que escalar, hay que llevar la presión más alta”, expresan desde la flotilla, mientras Israel ha asesinado ya a más de 62.800 palestinos y palestinas, y ya hay 315 víctimas mortales por desnutrición 

  Este es el caso de Saïf Abukeshek, activista hispano-palestino miembro de la coordinación de la Marcha Global por Gaza y también de la Global Sumud Flotilla, que atiende a El Salto días antes de embarcar hacia Gaza. Explica que la flotilla global comenzó a fraguarse hace dos meses, como un “espacio colectivo”  de “solidaridad con Gaza”, entre el Global Movement for Gaza, la Sumud Flotilla del Magreb, la Sumud Susantara (Asia) y la coalición internacional de la Flotilla de la Libertad, que lleva más de 15 años organizando misiones por mar, desde que en 2010 un convoy de seis barcos y 700 activistas zarpara hacia Palestina. Esta primera flotilla fue atacada por Israel, y nueve activistas y un periodista murieron en la ofensiva. 

  Escalar la presión

  “Queremos dar un paso más grande, hay que escalar, hay que elevar la presión”, expresa Abukeshek, mientras Israel ha asesinado ya a más de 62.800 palestinos y palestinas, y ya hay 315 víctimas mortales por desnutrición, por el bloqueo que mantiene el gobierno de Netanyahu a la ayuda humanitaria, que entra en Gaza con cuenta gotas. Al mismo tiempo, la mayoría de gobiernos occidentales no han roto sus relaciones con el Estado sionista.

  “En España, durante los últimos 22 meses, el trabajo contra el genocidio ha sido muy importante. Es una referencia en Europa de la solidaridad con Gaza”, Saïf Abukeshek de la Global Sumud Flotilla

  En cuanto a la selección del puerto de Barcelona como primer punto de salida, el activista hispano-palestino relata que “en España, durante los últimos 22 meses, el trabajo contra el genocidio ha sido muy importante. Es una referencia en Europa de la solidaridad con Gaza”. Al mismo tiempo, se da la “contradicción” de que siguen partiendo barcos con armas desde varios puntos del Estado, y Barcelona es uno de ellos. “Queremos que nuestros puertos participen de una manera activa en la defensa de los derechos humanos”, concluye.

  Abukeshek admite que no tiene muchas esperanzas en la acción institucional de la comunidad internacional, tal y como ha experimentado después de ser detenido en Egipto. Denuncia que sufrió torturas tras ser apresado en su intento de integrar la marcha en pie hacia Palestina y que no ha habido consecuencias. «No hemos visto ninguna actuación. Como siempre, se han favorecido más las relaciones diplomáticas que los derechos humanos. Aunque la embajada de España sabía donde estaba, no vino nadie a interesarse por mí», se queja.

  Protestas en Tel Aviv

  Mientras tanto, crece la oposición a la actuación del gobierno de Netanyahu, también dentro de Israel. Así, y después de que el Ejecutivo se negara a acatar el alto al fuego propuesto por Qatar y Egipto, y respaldado por Hamás, y continúa multiplicando los ataques, como el del pasado lunes que acabó con la vida de una veintena de palestinos y palestinas, entre ellos cinco periodistas en el Hospital de Jan Yunis, cientos de personas se concentraban este martes en las calles de Tel Aviv para exigir al Gobierno que acabe con la violencia.

  Tal y como recoge Europa Press, y en alusión a las estimaciones del Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, más de 350.000 personas han acudido a las manifestaciones en contra de la política del primer ministro israelí. Piden que acepte el alto al fuego, que supondría el canje de los prisioneros en manos de Hamás. 

  Sin embargo, estas protestas no parecen haber tenido efecto. Mientras se cerraba este artículo, Israel proseguía masacrando zonas civiles, y sus tropas asesinaban a tiros al atleta palestino Alam Abdulá al Amur, mientras se dirigía a recoger comida. Una práctica habitual en una Gaza donde ya no queda un lugar seguro ni ninguna acción vital se realiza sin un peligro asociado. Situación que la flotilla global quiere situar en las portadas de todo el mundo.

  Este material se comparte con autorización de El Salto