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• Agricultores evaluarán biodiversidad del suelo con microscopio portátil

  22 de gener, per  Auri

  El dispositivo se adapta a un celular y logra diversos niveles de ampliación. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

  Gracias a una iniciativa de la UNAM, encabezada por el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo (PUEIS) y el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT), agricultores del país podrán evaluar la biodiversidad del suelo con el uso de microscopios portátiles de bajo costo que pueden llevarse en una mochila al campo, adaptarse a un teléfono celular con cámara y lograr aumentos para explorar una amplia gama de animales microscópicos.

  Realizadas las observaciones, los campesinos aplicarán un método desarrollado en esta casa de estudios para evaluar la biodiversidad, el cual será validado a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, Colombia y Burkina Faso (África Occidental), informaron cuatro colaboradores del proyecto.

  “Esta iniciativa se inscribe dentro del programa Doctores de los Suelos, impulsado por la FAO a nivel global y del cual el PUEIS es el encargado en México. El proyecto busca capacitar a los agricultores para que aprendan a evaluar la salud del suelo y promover un manejo sostenible en la agricultura”, explicó Blanca Prado Pano, coordinadora del PUEIS e investigadora del Instituto de Geología (IG).

  “Elaboramos el método con colegas biólogos de varias entidades dentro y fuera de la UNAM. Cuando lo propusimos a la FAO dijeron que tenía el gran inconveniente de que necesitaba un microscopio y lo rechazaron. Entonces buscamos a Martha Rosete y a José Ocampo, quienes desarrollaron el microscopio. Lo valioso de este invento es que hará posible que los agricultores pasen de un conocimiento teórico a conocer a los organismos que tiene su suelo, además de que demuestra lo que las colaboraciones de diversas áreas de la UNAM pueden lograr”.

  Diseño en 3D

  La idea original de diseñar un microscopio portátil y de bajo costo con impacto social es de José Ocampo López Escalera, estudiante del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), quien tiene como codirectora de tesis a Martha Rosete Aguilar, investigadora del ICAT, física y doctora en óptica.

  “El reto parecía complicado, pero logramos construir un dispositivo de muy bajo costo, portátil, con piezas accesibles, varias de ellas impresas en 3D, lo que facilita que se replique en otros lados, pues la idea es lograr una aplicación con incidencia social”, comentó Ocampo López Escalera.

  Además de las piezas en 3D, el instrumento tiene valeros, tornillos y una pila recargable con un cargador de teléfono celular convencional, utiliza luz LED y cuenta con una lente sencilla de plástico, pero intercambiable para ver diferentes niveles de amplificación.

  “Comenzaremos la construcción de 15 microscopios para que se hagan pruebas de validación. Tenemos impresoras 3D en el ICAT, en el Instituto de Física (IF), donde también nos han ayudado, y en ECOSUR, y estamos imprimiendo en los tres sitios para acelerar el proceso”.

  Dijo que se inició un registro de diseño industrial para proteger la autoría del dispositivo y evitar la apropiación o que alguien lo venda. “Pero tenemos la idea de publicar cómo se construye el microscopio para que sea de utilidad en otros sitios”.

  Por su parte, Rosete Aguilar destacó que las necesidades del proyecto del PUEIS requirieron diseñar un instrumento robusto, que se pueda guardar en una mochila y llevar al campo, que no fuera pesado y fácil de utilizar.

  Consideró que este proyecto combate la idea de que la microscopía es cara y sofisticada, y que se debe ser un especialista en óptica para manejarlo.

  Desarrollo del mecanismo

  Carolina Avilés Junco, académica del PUEIS, detalló que el método para evaluar biodiversidad se ha desarrollado con académicos de diferentes dependencias de la UNAM como Francisco Armendáriz Toledano y su equipo del Instituto de Biología; José Guadalupe Palacios Vargas e Isaac Romero Acevedo Rojas, de la Facultad de Ciencias; Gabriela Castaño Meneses, de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la ENES Juriquilla, y Teresita de Jesús Santiago Vera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Sur, la única que no es de esta casa de estudios.

  Las primeras pruebas del dispositivo se realizarán en Xochimilco, al sur de Ciudad de México.

  Publicado originalmente en Gaceta UNAM

• Expertos en derechos humanos denuncian ataques sistemáticos de Israel contra la educación palestina

  22 de gener, per  Auri

  Expertos independientes* denunciaron que los continuos asaltos del Ejército israelí contra la Universidad de Birzeit, en la Cisjordania ocupada, constituyen un ataque directo al derecho a la educación y no hechos aislados. Según afirmaron, se trata de una política sistemática destinada a debilitar las instituciones educativas palestinas.

  La denuncia se produce tras la incursión militar del pasado 6 de enero, cuando soldados israelíes irrumpieron en el campus de la universidad durante el horario académico, con más de 8000 estudiantes presentes. De acuerdo con los expertos**, las fuerzas de seguridad forzaron las entradas y dispararon munición real, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Al menos 41 personas resultaron heridas, varias de ellas por disparos, y algunos estudiantes permanecen hospitalizados.

  La operación coincidió con una protesta estudiantil contra la violencia ejercida sobre prisioneros palestinos y el sistema israelí de detenciones políticas masivas. Los expertos señalaron que se han llevado a cabo redadas en universidades palestinas sin ninguna justificación.

  Los expertos advierten que estos ataques violan el derecho internacional humanitario y la Cuarta Convención de Ginebra, al tratarse de una institución civil. Además, sitúan estos hechos dentro de una política más amplia que los expertos definen como “escolasticidio”, es decir, la destrucción sistemática de la educación mediante ataques a estudiantes, docentes e infraestructuras académicas.

  *Los expertos: Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Paula Gaviria, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Ashwini K.P., Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. 

  **Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

  Publicado originalmente en Noticias ONU

• Se disparan hasta 155 por ciento alquileres en México por el Mundial 2026

  22 de gener, per  Admin2

  Foto: 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juarez

  Ciudad de México | Desinformémonos. “Hemos visto reflejado un alto movimiento en el alquiler y arrendamiento para cubrir la alta demanda de la Copa Mundial de Futbol, que se está centralizado en la Ciudad de México, y ha habido un incremento de 155 por ciento”, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Jenny Althair Rivas Padilla.

  Según reconoció Rivas en su primer mensaje al frente de la AMPI, la alta demanda de alquileres y arrendamientos se debe a que los asistentes al Mundial 2026, que en México se llevará a cabo en la capital, Guadalajara y Monterrey, están previendo sus alojamientos.

  “Ese incremento que se ve reflejado en las cifras es derivado del evento deportivo más importante organizado por la FIFA y es nivel nacional la efervescencia”, dijo la líder de las empresas inmobiliarias.

  Mientras la AMPI y las empresas celebran el incremento en el alquiler, los vecinos y comunidades que habitan las zonas alrededor de los estadios donde se realizarán los partidos denuncian la gentrificación, los desplazamientos y desalojos forzados, el encarecimiento de los servicios y el despojo de recursos provocados por el evento deportivo, que comenzará en junio de este año.

  Tan sólo el pasado 19 de enero, vecinos, colectivos y organizaciones por el derecho a la vivienda y contra la gentrificación manifestaron su rechazo al Mundial 2026 y la FIFA y exigieron que las autoridades garanticen dejen de beneficiar a las empresas inmobiliarias.

  La protesta se realizó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el proyecto de la ministra Estela Ríos para reformar el artículo 60 constitucional, que amenazaba con quitar, entre otros puntos, la protección frente a los desalojos forzados. Durante la acción, funcionarios anunciaron que el proyecto finalmente fue retirado, mientras los pobladores levantaban pancartas con consignas como “Queremos vivienda, el Mundial nos vale vrg”, “Vivienda digna para las mujeres desalojadas” y “Vivienda sí, desalojo no”.

• Niegan autorización a megaproyecto portuario en Manzanillo, celebran organizaciones

  22 de gener, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. Por la falta de evaluación de los impactos y el riesgo a la integridad ecológica, social y productiva de la Laguna de Cuyutlán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización en materia de impacto ambiental para el desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, celebraron organizaciones y colectivos ambientalistas y de derechos humanos.

  Si bien celebraron la resolución de la Semarnat, las organizaciones exigieron la cancelación permanente del proyecto y el reconocimiento de la Laguna de Cuyutlán para protegerla de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación tóxica, a través de un programa de conservación, restauración y desarrollo sostenible para las comunidades tradicionales.

  Las organizaciones señalaron que la decisión de la Semarnat «es coherente con las comunidades y colectividades» que denunciaron que no existe sustento social, técnico, económico ni ambiental que garantice que el proyecto pueda realizarse «sin profundizar la crisis social por la pérdida de bienes culturales y de medios de vida de comunidades tradicionales que dan identidad a las y los colimenses; por la pérdida de biodiversidad; por la exposición a tóxicos derivada de derrames durante la operación; por la destrucción de la laguna y por el incremento de impactos asociados al cambio climático».

  Además de los efectos ambientales y sociales, entre los que se encuentran el desplazamiento de la fauna marina, la contaminación por químicos y la escasez de agua potable, las organizaciones denunciaron que para la implementación del proyecto, impulsado por la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo (Asipona), agentes del gobierno se presentaron en domicilios particulares de personas de los ejidos afectados «para presionarlas, señalando que, si no aceptan el proyecto, podrían perder su pensión del Bienestar».

  «Esta práctica constituye una forma de coacción inaceptable que vulnera el derecho a una participación libre, informada y sin amenazas. Sin embargo, persisten prácticas preocupantes: ASIPONA y Marina continúan retirando celulares en reuniones con cooperativas y comunidades, y se mantiene la falta de acceso efectivo a la información, transparencia y convocatoria a espacios adecuados de consulta y deliberación, no solamente de presentación unilateral de información», acusaron en un comunicado, firmado por colectivos y organizaciones como Demarem, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).

  De acuerdo con la resolución de la Semanarnat, se requieren nuevos estudios ambientales que incluyan modelaciones de la hidrodinámica lagunar y sus interacciones con los vasos adyacentes I, III y IV, además de inventarios de flora y fauna terrestres en los sitios adicionales, con plazos más amplios.

  Ya en septiembre de 2025, la asociación Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem) y el colectivo Salvemos Cuyutlán, Laguna Viva habían denunciado que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada para la ampliación del puerto de Manzanillo era «una burla hacia la sociedad civil y hacia los pueblos que dependen de la Laguna de Cuyutlán, así como hacia todos los colimenses», pues además de omitir análisis contenía «errores absurdos», «incoherencias en los mapas», entre otras irregularidades.

  Frente a la resolución de la Semarnat, las organizaciones convocaron a toda la sociedad civil a mantenerse «informada, organizada y activa» frente al proyecto que traería «más destrucción, más contaminación y más problemas para Colima».

  A continuación el comunicado completo:

  La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó la autorización en materia de impacto ambiental para el desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, promovido por la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, S.A. de C.V. (ASIPONA). Esta decisión es coherente con las comunidades y colectividades que han señalado que no existe sustento social, técnico, económico ni ambiental que garantice que este proyecto pueda realizarse sin profundizar la crisis social por la pérdida de bienes culturales y de medios de vida de comunidades tradicionales que dan identidad a las y los colimenses; por la pérdida de biodiversidad; por la exposición a tóxicos derivada de derrames durante la operación; por la destrucción de la laguna y por el incremento de impactos asociados al cambio climático.

  Tal y como se reconoce en el resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-10367-25, del expediente 06CL2025V0012-68, el proyecto —e incluso la reconfiguración que plantearon los evaluadores de la Universidad de Colima y la ASIPONA durante el proceso de evaluación de impacto ambiental— presenta efectos e impactos que no han sido debidamente identificados, evaluados ni atendidos, y que ponen en riesgo la integridad ecológica, social y productiva de la Laguna de Cuyutlán.

  Entre los efectos señalados se encuentra que la reconfiguración del proyecto considera la construcción de infraestructura sobre un área de intercomunicación con el Vaso I podría suponer una reducción en el intercambio de agua y en el transporte sedimentario, alterando el funcionamiento de la laguna.

  La resolución de SEMARNAT reconoce que se requieren nuevos estudios ambientales, incluyendo modelaciones de la hidrodinámica lagunar y sus interacciones con los vasos adyacentes I, III y IV; así como inventarios de flora y fauna terrestres en los sitios adicionales, con plazos más amplios. Todo ello para una identificación adecuada de efectos e impactos que considere acumulación, sinergias e intensidad, incluyendo el impacto de especies invasoras y exóticas asociadas al tráfico marítimo internacional.

  Asimismo, el acuerdo señala que en la reconfiguración sigue contemplándose la remoción de manglar y no se toma en cuenta que su deterioro progresivo (por alteraciones físico-químicas) puede provocar una pérdida aún mayor. El proyecto y su modificación no garantizan la conservación del ecosistema ni el mantenimiento de su funcionalidad a largo plazo.

  

  Por otro lado, los contaminantes químicos tóxicos derivados de la operación presentan un alto potencial de dispersión hacia los vasos III y IV, precisamente en áreas propuestas como nueva zona ambiental. Debe recordarse que la Laguna de Cuyutlán ya cuenta con reconocimientos y categorías de alta relevancia: Humedal de Importancia Internacional (Convención Ramsar), región hidrológica prioritaria, sitio prioritario marino, Área de Importancia para la Conservación de las Aves, y sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad de extrema y alta prioridad. Esta situación afectaría la calidad del agua y, con ello, a las especies comerciales de peces e invertebrados, a zonas de alimentación de aves residentes y migratorias, y a la producción salinera local.

  También existe documentación sobre los impactos del puerto Manzanillo en operación sobre ballenas, tortugas marinas, delfines, aves y cocodrilos, derivados de colisiones, contaminación acústica y lumínica, así como de la alteración y destrucción de hábitats. Estos impactos se incrementarían con el proyecto, aun con la reconfiguración propuesta.

  Además, las medidas de mitigación asociadas a la fauna podrían derivar en el desplazamiento de fauna en sobrepasar la capacidad de carga de los vasos III y IV, pudiendo resultar en la disminución de los tamaños poblaciones de animales, afectaciones en reproducción y supervivencia; alteración de interacciones ecológicas y tramas  tróficas; y una reducción de la resistencia del ecosistema frente a perturbaciones como el cambio climático.

  

  Finalmente, se reconoce la aplicación del Acuerdo de Escazú en materia de derechos de acceso, participación y consulta, asegurando que la población en general y las comunidades colindantes cuenten con información oportuna, completa y comprensible, para influir significativamente en las decisiones. En este sentido, no puede repetirse el clima de amenazas y falta de transparencia que encabezó el anterior encargado, el capitán de Marina Francisco Javier Robles Carbajal, ya removido tras las denuncias presentadas. La seguridad de las personas defensoras y periodistas es un pilar fundamental de Escazú.

  Además, denunciamos que agentes del gobierno se han presentado en domicilios particulares de personas de los ejidos afectados para presionarlas, señalando que, si no aceptan el proyecto, podrían perder su pensión del Bienestar. Esta práctica constituye una forma de coacción inaceptable que vulnera el derecho a una participación libre, informada y sin amenazas. Sin embargo, persisten prácticas preocupantes: ASIPONA y Marina continúan retirando celulares en reuniones con cooperativas y comunidades, y se mantiene la falta de acceso efectivo a la información, transparencia y convocatoria a espacios adecuados de consulta y deliberación, no solamente de presentación unilateral de información.

  

  De estos puntos declarados en la resolución de SEMARNAT podemos concluir, en coherencia con la propia autoridad ambiental, que no es social, económicamente ni ambientalmente viable la construcción de un puerto en la Laguna de Cuyutlán, debido a impactos trascendentales que no pueden ser resueltos por ninguna vía técnica o científica moderna. Por lo que proponemos lo siguiente:

  1. La cancelación permanente del proyecto del Puerto Nuevo Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, así como la derogación de los decretos presidenciales: Acuerdo por el que se delimita y determina el recinto portuario del Vaso II del Puerto Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2023; y el Decreto de habilitación del puerto de Laguna de Cuyutlán ubicado en el Municipio de Manzanillo, en el Estado de Colima, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 2023.
  2. Reconocer a la Laguna de Cuyutlán como una solución basada en la naturaleza ante la triple crisis planetaria reconocida por la ONU: por la pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación tóxica. Para ello, impulsar un programa de conservación, restauración y desarrollo sostenible para las comunidades tradicionales, así como su uso como espacio de educación ambiental, adaptación y mitigación de los efectos negativos de esta crisis.
  3. Ampliar el reconocimiento como sitio Ramsar a los vasos I y II, y realizar la consulta y creación de las áreas naturales protegidas terrestres, lagunares y marinas necesarias y actualmente en trámite.
  4. Reivindicamos que el verdadero progreso y desarrollo de la región debe construirse fortaleciendo a quienes han sostenido, por décadas, formas de vida y economías locales vinculadas de manera sustentable a la Laguna de Cuyutlán y su ecosistema. Exigimos políticas públicas, inversión y programas que apoyen de manera real y permanente a salineros, agricultoras y agricultores, apicultoras y apicultores, cooperativas pesqueras, iniciativas de ecoturismo, conservación y estudio y demás actividades comunitarias que dependen de la salud de la laguna. No aceptamos que se venda como “progreso” o “desarrollo” la destrucción del ecosistema: destruir la laguna es destruir trabajo, cultura, identidad y futuro para Manzanillo y Colima y perder la oportunidad de enderezar el rumbo hacia una forma de coexistencia armónica entre las personas y las distintas formas de vida que nos sostienen.

  

  Convocamos a toda la sociedad civil a mantenerse informada, organizada y activa frente a un proyecto que traería más destrucción, más contaminación y más problemas para Colima. La defensa de la Laguna de Cuyutlán es la defensa de la vida, del trabajo digno y del futuro de Manzanillo.

  Firman las comunidades, colectividades y personas defensoras del territorio: Cooperativa de Apicultores; Cooperativa de Salineros; Cooperativa de Pescadoras; DEMAREM; Pura Vida; Tsikini; Vigilemos Manzanillo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT); Conexiones Climáticas; La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).

• Vacíos y mentiras de la Fiscalía con las familias de desaparecidos en Guerrero

  22 de gener, per  Admin2

  Este miércoles 21 de enero, una decena de colectivos de desaparecidos se reunieron con el Fiscal General del estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda, en Chilpancingo para exigir búsquedas y denunciar los retrasos de las entregas de cuerpos hacinados en el Servicio Médico Forense (Semefo).

  Lo que ahondó su preocupación de las familias fue la noticia que llevó Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la entidad, de pasar Semefo a la Fiscalía General del Estado (FGE). Les cayó como agua fría porque dijo que la gobernadora emitirá un decreto para la transición. Molestó mucho a los colectivos porque señalaron que no confían en la Fiscalía. Al contrario, han estado insistiendo que el Semefo pase a ser una institución descentralizada.

  Con lágrimas en los rostros buscadoras reclamaron a las autoridades más atención y compromiso con sus desaparecidos. Al subsecretario de Desarrollo Político y Social le dijeron que la gobernadora no puede tomar decisiones sin consultar y sin la participación de los colectivos.

  Las autoridades de la Fiscalía siguen con la indolencia. Dejan a su suerte a las familias. Los engañan diciendo que no tienen caninos para las búsquedas. A pesar de que entregan oficios, hacen marchas y bloqueos no les hacen caso. “Aunque no es nuestra responsabilidad realizar búsquedas lo hacemos porque queremos encontrarlos, pero no se vale que nos engañen”, dijo una señora.

  Las familias reclamaron a las autoridades de la Fiscalía la pérdida de expedientes, falta de empatía, falencias en peritos y peritas, así como materiales para desarrollar los trabajos de búsqueda; en ocasiones no cuentan siquiera con guantes. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas está acéfala. Lo peor de todo es que no hay un Centro de Identificación Humana que esté a la altura de las necesidades de las víctimas en Guerrero.

  Lo más grave es la denuncia que hicieron contra Héctor Ramírez Chávez, coordinador General de los Servicios Periciales, acusado de acoso sexual y laboral. Las buscadoras reprobaron la infamia de este funcionario. Por eso, dijeron, “no tenemos confianza en la Fiscalía. Señor Fiscal ponga atención con sus trabajadores…” para que no se siga ejerciendo violencia en la casa de la justicia.

  Los resultados “maquillados”: falencias

  Héctor Ramírez Chávez, coordinador General de los Servicios Periciales, al inicio de la reunión informó que “en Chilpancingo se realizaron 39 búsquedas, en Acapulco 43. Del primero de enero al 15 de diciembre de 2025 se identificaron y se entregaron 261 cuerpos a sus familiares. En el mes de enero de 2026 se llevan cuatro búsquedas. Del 16 de diciembre al 19 de enero de 2026 se llevan identificados y entregados 25 cuerpos”.

  “El Servicio Médico Forense tiene bajo su resguardo físico 884 cuerpos, por lo que la Coordinación General de Servicios Periciales llevó a cabo el análisis de toda esta información que fue anexada por Semefo y quedaron restantes 819 cuerpos porque hay 49 casos duplicados, y se entregaron 7 cuerpos de los 884 y en nueve casos son restos no humanos. A partir del 21 de octubre hasta el 20 de enero se han analizado de los 819 cuerpos un total de 211 cuerpos. Quedan por analizar 608 cuerpos”, dijo Héctor Ramírez.

  Para el mar de desaparecidos y cuerpos, sólo dijeron que tienen un total de 29 cédulas de identificación de 2018 al 2025, donde están los datos de la persona desaparecida y se están realizando búsquedas. Mientras, hay mil 40 cuerpos que se encuentran en el Centro Estatal de Resguardo Forense desde noviembre de 2016 al 28 de noviembre de 2025.

  Francisco Martínez Delgado, titular de la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en su informe destacó las 29 personas identificadas por huellas dactilares desde finales de 2025. Las carpetas de investigación de Acapulco son 7; de Chilpancingo son 17 que abarcan Tierra Colorada, Chilapa y Tixtla; de Zihuatanejo es 1; Costa Chica son 2; Norte y Tlapa, uno respectivamente.

  El INE facilita la información personal de las personas desaparecidas; por ejemplo, Jorge Pacheco Bravo de la colonia Santa Anita, del municipio de Tlapa de Comonfort; Francisco Santana Calixto de la localidad de San Vicente, municipio de Malinaltepec, y así con 27 personas desaparecidas más.

  Se ufanaron de la reunión del 9 de diciembre, en Chilpancingo se iniciaron 243 carpetas, localizando 180 personas. Fueron 49 más que el 2024 que se localizaron a 131.

  En la judialización presentaron un avance de 500 por ciento. Mencionaron la “sentencia de 25 años en un caso de Tres Palos. La semana pasada se logró una sentencia de condena de un asunto mediático de la ciudad de Tlapa, de la región de la Montaña, donde el responsable del delito de un hecho que ocurrió en el 2019 se logró que lo condenaran a 25 años de prisión. Es importante señalar que fue también en colaboración con el equipo jurídico del colectivo Luciérnaga, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”, dijo Francisco Martínez.

  Informaron que durante los 21 días de enero han iniciado 17 carpetas de investigación y llevan 16 víctimas localizadas. Los trabajos se realizan con equipo interdisciplinario. Además, adquirieron nuevos equipos porque los que están son obsoletos, drones acuáticos para Acapulco, Costa Chica y costa Grande y otros lugares en que se necesiten y nuevos georadares.

  En la eterna incertidumbre, hasta encontrarlos 

  Del colectivo Luciérnaga, Neil Arias, lamentó que la Fiscalía tenga rezagos importantes. Los cuerpos de personas tienen que pasar más de cuatro años para entregarlos. No revisan las carpetas. “Hay expedientes que están extraviados de la Montaña. No están las carpetas de investigación y si preguntamos nos dicen que ya las mandaron a Chilpancingo, a la fiscalía, a la dirección, y cuando venimos aquí no tienen nada”.

  Teodoro Gallegos, padre de Manuel Alejandro Gallegos Valle, desaparecido en 2010, “les propongo un trabajo artesanal, revisar hoja por hoja los expedientes. Dicen que tienen muchísimos equipos para poder identificar, drones aéreos, acuáticos. No hay que hablar con lo que no tenemos, hay que hablar de lo que tenemos y no ha sido implementado para las búsquedas”.

  “Nuestros seres queridos sencillamente son un número más para la Fiscalía. No estoy en contra de servicios periciales, pero no se ha hecho nada, porque si tenemos 884 restos óseos en Semefo, y supuestamente tenemos muchos reactivos e instrumentos para identificar, no se ha avanzado. No se habla de identificación humana, se conformó un centro, yo lo estuve viendo y analizando que no era el idóneo porque para empezar, 600 gavetas no son suficientes por la crisis humana que se vive. Pónganse en el papel de padre. Los exhorto a que trabajen. Cuando coman un sagrado alimento, piensen en todos nosotros cómo estamos”, les dijo a las autoridades.

  David Molina del Colectivo Lupita Rodríguez señaló que debe haber una estrategia para todos los “cadáveres que han sido encontrados, identificados y no reclamados para darlos a sus familiares, porque no se pueden dar así nada más. Debe existir respeto para las víctimas”.

  “No se puede ni caminar en Semefo, hay más de 800 cuerpos, pero es necesario que haya una intervención de la Fiscalía. Se le planteó en diciembre a la Secretaria de Salud y dijo que no le tocaba. Ya están rebasados los refrigeradores y no alcanza a darles la conservación que se necesita. Se necesita identificarlos. Lo inaudito es que no cuentan con equipo de análisis de contexto, no hay ni en la Comisión Estatal de Búsqueda. Mientras no haya un análisis de contexto, las búsquedas son simuladas porque no toman en cuenta el antes y después de las circunstancias”, reclamó David.

  La reunión duró tres horas, desde las 11 de la mañana, con una lluvia de intervenciones de las familias que salieron desalentadas. El Fiscal se comprometió a seguir realizando las reuniones cada mes. Acordaron que el 4 de febrero tendrán una reunión con la gobernadora. Las familias saben que sus esperanzas están en la unidad que estrechen con los que tienen el mismo dolor e incertidumbre: las buscadoras y buscadores.

  Publicado originalmente en Tlachinollan