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• Más de tres mil personas marchan hacia la Cañada Real contra los derribos y por el derecho al territorio

  2 de febrer, per  Admin2

  Foto: Manuel del Valle

  El sábado 31 de enero, alrededor de 3.200 personas procedentes de varios puntos de Madrid recorrieron a pie los 3,3 kilómetros que separan la estación de metro de Valdecarros, en Vallecas, y el sector 6 de la Cañada Real. Convocada por la asociación Tabadol, de vecinas de este sector, y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Vallekas y La Laboratoria, la marcha ha denunciado los desalojos forzosos de familias de la Cañada y defendido su derecho a permanecer en el que consideran un barrio más de Madrid.

  La movilización arrancó a las 11 de la mañana en un día frío pero soleado tras una semana de intensas lluvias. El recorrido, embarrado y lleno de obstáculos, tuvo que ser acondicionado los días previos por un grupo de voluntarios que allanó el terreno, quitó escombros y adaptó montículos para el acceso, lo que demuestra según los organizadores hasta ese punto llega el abandono institucional que sufre el territorio.

  La marcha, encabezada por mujeres de origen magrebí que portaron una pancarta con el lema “Cañada se queda” escrito en árabe, castellano, romaní y caló, estuvo dinamizada en todo momento por Houda Akrikez, portavoz de Tabadol, que durante el recorrido repitió lemas como “vecina, defiende tu vivienda”, “ni derribos, ni escombros, ni expulsiones” o “Almeida, ¡la autoconstrucción vuelve!”. Su asociación, integrada por mujeres del sector 6, lleva décadas luchando por unas mejores condiciones, aunque se organiza más intensamente desde que en octubre de 2025 varias familias del sector recibieron cartas de derribo y desalojo, algunas firmadas por un funcionario del Ayuntamiento de Madrid a pesar de haber sido inhabilitado en septiembre de 2025 precisamente por un derribo ilegal.

  

  Esta marcha ha sido el momento clave de la campaña Cañada se queda, que también ha seguido un curso legal. Hace poco, las tres asociaciones organizadoras celebraron que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid suspendió la orden de demolición de dos viviendas de mujeres del sector 6, considerado la “irreparabilidad del perjuicio” que ocasionaría el derribo. Una victoria legal que esperan que sea la primera de muchas, y que acompañan con acciones de visibilización como la del sábado.

  “Somos tres mil personas gritando que Cañada se queda”

  Detrás de las mujeres que encabezaban la marcha aparecían los hombres, casi todos de origen magrebí. Entre ellos, uno de los vecinos del sector 5, cuya casa aún no tiene orden de demolición, ha venido a apoyar para “defender sus casas” y protestar por los problemas que sufren, como la retirada de la recogida de basuras o el corte de luz, muy difícil de aguantar, sobre todo para los niños. “No puedes cambiarte a otro lado, ya tiene uno su casa”, decía este hombre, que habita la suya desde 2004. Cuando compró su terreno, “había españoles de antes, llevaban como 30 años”, recordaba. Como muchos vecinos, aseguraba haber gastado un dineral en adaptar su vivienda en todos esos años. “Ahora para cambiar de un sitio a otro es complicado”.

  

  La marcha pasó por zonas embarradas y difíciles, en las que la comitiva, incluyendo gente mayor o padres y madres con niños y carritos de bebé, tuvo que franquear grandes charcos, pisar barrizales, acceder por montículos de tierra y cruzar una autovía cerrada.

  Durante el trayecto, Akrikez celebró, micrófono en mano, la asistencia de gente: “Mañana dirán que somos cuatro moras. ¡Somos tres mil personas gritando alto y claro Cañada se queda!”. Más adelante, señaló al horizonte, donde asomaban varios edificios de Los Ahijones, uno de los desarrollos urbanísticos del sur que muchos consideran la causa de que intenten borrar la Cañada Real: “Mira atrás. Por culpa de esos edificios nos quieren echar de nuestras casas. ¡Pero no nos vamos!”, gritó.

  Después aparecieron viviendas de un perfil más humilde: las del sector 6 de la Cañada, donde los vecinos recibieron a la comitiva asomados a puertas o ventanas a su paso. Entre ellos Antonio, cuya familia compró en 2000 el terreno donde ahora vive. Repartida en cuatro casas autoconstruidas, su numerosa familia de “cuatro hermanos”, entre la que hay varios niños muy pequeños. “Todos se han criado aquí. Este vino con un año aquí”, dijo señalando al más mayor, que está en la veintena. Desde hace ya un lustro sobrellevan el corte de luz con cuatro generadores colocados en medio de la parcela, que hacen mucho ruido: “De noche nos metemos dentro de las casitas y no escuchas mucho, pones la tele y vale, ya estamos acostumbrados. Muy mal. Y el dinero, que se va mucho dinero, todos los días 20 pavos de gasolina”, lamentó.

  

  Ellos aún no tienen fecha de demolición, aunque sabe que “echarnos nos van a echar”. Pero afirmaba de manera contundente que no quieren irse: “Perdemos lo que es la familia. Queremos estar todos unidos, la familia”. A varios de sus parientes ya los han realojado en pisos en municipios como Alcalá de Henares o Mejorada del Campo, y asegura que “se pierde el contacto, ya no es lo mismo”. No se han intentado movilizar, pero apoyan las acciones de la campaña por la Cañada.

  

  “La lucha por Cañada habla de nuestro pasado y futuro”

  La marcha ha concluido en un descampado cerca de la sede de Tabadol, donde las mujeres de esta asociación han ofrecido una comida popular de platos y postres árabes y los colectivos Charanga de Palomeras Bajas y Solfónica, su música. Allí, Akrikez ha leído un manifiesto en el que reivindicó las tres décadas de lucha frente al acoso en Cañada de asociaciones como la suya y recordó que “la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas son cómplices de este abandono y de esta violencia prolongada”. También ha destacado en que en Cañada confluyen luchas muy diversas: la de la vivienda, la feminista, la antirracista, la gitana, la ecologista, etc.

  Marta Malo, portavoz de La Laboratoria, señala que marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el Madrid que queremos. “Cañada nos habla de nuestro pasado, de las luchas que construyeron Madrid como lo que es hoy, la autoconstrucción y la pelea de los barrios del sur por un Madrid que fuera realmente para todos. Pero también en Cañada vemos el futuro: el acoso inmobiliario y la expulsión de las personas más empobrecidas en su cara más cruenta; también, la fuerza de la autoconstrucción, el tipo de tejidos que se generan y su capacidad de resistencia, y eso es muy inspirador en un contexto de crisis cada vez más acuciante”.

  

  Señala que esta marcha ha sido construida desde abajo, y que ha sido impresionante su acogida por parte de diferentes colectivos, que han acudido a hacer “este camino que tantas veces hacen las mujeres y hombres del sector 6, a veces con niños pequeños, de noche, con bastones… Hacerlo todas juntas reivindicando que Cañada es un barrio más de Madrid y que se va a quedar. Ha sido un éxito, creo, justamente por toda esa generosidad desplegada. Y ha sido un primer paso de una lucha que se viene”.

  Este material se comparte con autorización de El Salto

• Más de 30 muertos en la Franja

  2 de febrer, per  Admin2

  Al menos 32 palestinos murieron este sábado en la Franja de Gaza, entre ellos siete niños, debido a múltiples ataques israelíes a lo largo del enclave pese al alto el fuego en vigor, confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad y de la Defensa Civil.

  “Los equipos de Defensa Civil han completado la operación para recuperar los cuerpos de los mártires de entre los escombros de la comisaría de policía de Sheij Radwan. La mayoría de ellos niños y mujeres”, detalló en un comunicado Mahmud Basal, el portavoz de la Defensa Civil Palestina.

  Un misil israelí impactó en la mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando 17 muertos, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa. Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior gazatí, entre las víctimas mortales hay al menos nueve policías, entre ellos cuatro agentes mujeres; pero también cuatro personas que estaban detenidas y otros civiles.

  Otros tres gazatíes murieron en un ataque israelí contra una vivienda familiar en el oeste de la ciudad de Gaza, cerca de un complejo escolar de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, según detalló una fuente local del enclave. Y en la madrugada murieron en otros bombardeos otros 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya la jornada más letal desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

  Con sus muertes, ya son cerca de 530 los palestinos que fallecieron desde la entrada en vigor de la tregua entre Israel y Hamas, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que se han sumado las últimas víctimas.

  Publicado originalmente en Página 12

• Denuncian injerencia de la Procuraduría Agraria en ejidos de Zacatecas por Presa Milpillas

  30 de gener, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco denunció la injerencia de la Procuraduría Agraria en ejidos de Zacatecas para impulsar el proyecto de la Presa Milpillas, y presentó una queja formal contra el responsable de esa dependencia en el estado, por acciones que consideran violatorias de los derechos agrarios, en el ejido El Potrero, municipio de Jiménez del Teul.

  De acuerdo con el movimiento, el martes 27 de enero entregaron la queja a Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria, en contra de Francisco Pérez Compeán, responsable de la oficina en Zacatecas. Señalaron que, en lugar de fortalecer a los ejidos y garantizar sus derechos como sujetos agrarios, el funcionario “se ha dedicado a visitar casa por casa” para desprestigiar al movimiento y promover la aceptación del proyecto de la presa entre ejidatarias y ejidatarios.

  Las comunidades denunciaron que estas acciones buscan convencer a la población de aceptar la construcción del embalse en El Potrero, y que incluso el funcionario ha realizado entregas de butacas en escuelas, “como si fuera personal de la Secretaría del Bienestar”, actos que calificaron como proselitistas o de coacción, en un contexto marcado por procesos electorales próximos.

  El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco afirmó que dará seguimiento a la respuesta que emita el titular de la Procuraduría Agraria y reiteró su rechazo a cualquier forma de presión institucional para imponer el proyecto de la Presa Milpillas. Las comunidades exigieron respeto a la autonomía ejidal y a sus derechos territoriales, y llamaron a visibilizar estas prácticas que, señalaron, atentan contra la libre decisión de los pueblos.

  A continuación el comunicado completo:

  Boletín de Prensa | Movimiento denuncia injerencia de la Procuraduría Agraria en ejidos de Zacatecas por Presa Milpillas

  por remamx | Ene 29, 2026 | Declaraciones/boletines, destacado, Zacatecas

  Jiménez del Teul a 29 de Enero de 2027

  Desde el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco hacemos público que el martes 27 del presente entregamos a Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria (PA), una queja contra Francisco Pérez Compeán, responsable de la oficina de la PA en Zacatecas, por la injerencia que ha ejercido en diversos ejidos y, de manera particular, en el ejido El Potrero, municipio de Jiménez del Teul, donde se pretende construir el embalse de la Presa Milpillas.

  En lugar de cumplir con su obligación de fortalecer a los ejidos y garantizar nuestros derechos como sujetos agrarios, este funcionario —desde el primer día en el cargo— se ha dedicado a visitar casa por casa para, por un lado, desprestigiar a nuestro movimiento y, por otro, promover el proyecto de la Presa Milpillas, intentando convencer a las y los ejidatarios de aceptarlo.

  Asimismo, como si fuera personal de la Secretaría del Bienestar, ha estado entregando butacas a algunas escuelas en actos que consideramos proselitistas y/o de coacción: acciones que parecen buscar abrir camino ante las elecciones próximas o presionar para que se acepte el proyecto.

  Estaremos muy pendientes de la respuesta que emita el procurador. Anexamos la queja y agradecemos de antemano su difusión y apoyo.

• Denuncian criminalización de familias por obras del Corredor Interoceánico en Chiapas

  29 de gener, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte presentaron una denuncia penal contra siete familias de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, para exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, en el marco de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

  La organización informó que la querella fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de invasión de bienes nacionales. Afirmó que se trata de “un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres”, y sostuvo que recurrir al derecho penal para resolver conflictos territoriales y sociales “es una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho”.

  Desde su sede en Tonalá, municipio colindante con Arriaga y Pijijiapan, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa advirtió que estos hechos “podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza”, al utilizar el sistema penal como mecanismo de presión, intimidación y desplazamiento. Subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de respetar y garantizar los derechos humanos, y recordó que los desalojos forzosos sin garantías procesales ni consulta previa constituyen violaciones graves.

  El organismo señaló que el caso se inscribe en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, donde comunidades han denunciado falta de consulta previa, libre e informada, además de riesgos de despojo territorial y ruptura del tejido comunitario. Exigió el cese inmediato de la persecución penal, la revisión de las denuncias por parte de la Fiscalía General de la República, la apertura de un diálogo con las familias afectadas y la suspensión de cualquier intento de desalojo mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas.

• Pueblo Sikuani continúa lucha contra el despojo de tierras

  29 de gener, per  Auri

  Indígenas denuncian que los menonitas y la empresa Aliar les impiden el acceso a territorios restituidos en Puerto Gaitán (Meta). Varios integrantes de esta iglesia cristiana enfrentan procesos judiciales por daño ambiental y afectación al pueblo ancestral.

  El 14 de enero de este año, una jueza falló una tutela a favor de comunidades indígenas y ordenó a la empresa Agropecuaria ALIAR S.A. La Fazenda, a la comunidad menonita y a otros particulares que controlan predios colindantes con territorios ancestrales de la comunidad sikuani, abstenerse de impedir, restringir u obstaculizar el ingreso y tránsito por los caminos tradicionales, así como de imponer controles, registros, exigencias de autorización o cualquier medida que afecte su libre circulación, autonomía e intimidad, hasta que se defina el proceso de servidumbre.

  En 2024, la Agencia Nacional de Tierras entregó al pueblo Sikuani dos predios. Sin embargo, según denuncian los indígenas, integrantes de la iglesia menonita bloquean los accesos mediante cercados y cerramientos, lo que impide el ingreso a los territorios ancestrales de las comunidades indígenas Barrulia, Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael de Warrojo, ubicadas en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta).

  Además de las acusaciones por acaparamiento de tierras, los menonitas son señalados de utilizar sus extensas propiedades para obstaculizar el tránsito indígena. Paralelamente, según los Sikuani, los acusan de supuestos delitos en un proceso de estigmatización contra su pueblo.

  La iglesia menonita posee varias hectáreas en el departamento del Meta y enfrenta múltiples denuncias. Se les acusa de beneficiarse del despojo de tierras mediante la compra de terrenos a bajo precio después de que grupos paramilitares desplazaran a la población indígena.

  

  Restitución de territorios

  La Agencia Nacional de Tierras devolvió al pueblo Sikuani los predios Campoalegre (más de 6.200 hectáreas) y Cuba Libre (7.000 hectáreas). Esta decisión se basó en sentencias judiciales que reconocen a esta comunidad como víctima del conflicto armado, ya que fue despojada de territorios protegidos.

  Los predios restituidos benefician a 22 comunidades indígenas, cada una conformada por entre siete y 30 familias.
  Varias entidades estatales, incluida la Fiscalía colombiana, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Tierras, han cuestionado las acciones de los menonitas. Las acusaciones incluyen contaminación ambiental, destrucción de la naturaleza y apropiación de territorios despojados por paramilitares.

  

  ¿Quiénes son los menonitas?

  Integrantes de esta iglesia de origen alemán y suizo llegaron al territorio en 2014, principalmente desde México. En 2016, el grupo religioso adquirió 32.000 hectáreas donde cultivan soya y maíz.

  En 2017, después del declive del paramilitarismo a principios de los años 2000, las comunidades Sikuani decidieron retornar a sus tierras. Al llegar, encontraron sus territorios ocupados por los menonitas, una comunidad religiosa cristiana creada en el siglo XVI en Europa Central.

  Los menonitas ejercen considerable influencia en la región. En 2024, contaron con autoridades locales y regionales que, junto a policías y civiles armados, intentaron despojar a los indígenas de sus territorios.

  Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, intervino en varias ocasiones para solicitar a las autoridades locales la suspensión de los desalojos contra los Sikuani.

  

  Indígenas Sikuani resistieron al desalojo de sus territorios por la policía en 2024.

  Menonitas en América Latina

  De acuerdo con el investigador Yann Le Polain, en la actualidad hay 214 colonias menonitas en nueve países de América Latina, entre ellos Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México, Perú y Paraguay.

  La Guardia Indígena de Caimito en Perú expulsó a los menonitas, grupo religioso al que la justicia de ese país ordenó en diciembre del 2023 dejar de deforestar en los bosques de Masisea. Sin embargo, la colonia menonita continuó con la deforestación e incumplieron la orden de la justicia peruana.

  Este grupo se dedica a los monocultivos de soya, maíz, arroz y frijol con alta tecnología y el uso de pesticidas que contaminan los ríos aledaños.

  

  Irregularidades y resistencia

  Las comunidades indígenas denuncian irregularidades en las compras de tierras por parte de los menonitas y señalan que estos reciben apoyo paramilitar en la región. El pueblo Sikuani reclama en total 58.000 hectáreas y exige la constitución de un resguardo. Actualmente, las comunidades permanecen alerta ante posibles ataques a sus territorios.

  En 2024, hombres y mujeres Sikuani resistieron un intento de desalojo violento ejecutado por policías y civiles armados. Los indígenas insisten en que los menonitas son acaparadores de tierras en complicidad con el paramilitarismo.

  A mediados de agosto del mismo año, la Fiscalía colombiana imputó a 12 extranjeros de esta comunidad religiosa por delitos de deforestación y daño ambiental en zona de importancia ecológica.

  El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural señaló que algunos predios comprados por los menonitas pertenecían a Rodrigo Vargas Cuéllar, identificado como socio del paramilitar y narcotraficante Guillermo Acevedo, alias “Memo Fantasma”, relacionado con la exvicepresidenta y exministra Marta Lucía Ramirez.

  

  Marta Lucía Ramirez.

  Protección legal y desalojos

  Mientras tanto, el pueblo Sikuani se amparó en el Decreto 2333 de 2014, que les otorga derechos ancestrales sobre esas tierras. Cinco años después, en un segundo intento, la Agencia Nacional de Tierras reconoció su posesión en junio de 2022.

  En 2024, la alcaldía de Puerto Gaitán, la policía, la personería y civiles armados violaron directrices nacionales y desalojaron los predios Campo Alegre y Cuba Libre, habitados por los Sikuani.

  Con tractores derribaron los ranchos de paja de 500 familias, quienes luego fueron obligadas a trasladarse a un parque propenso a inundaciones en Puerto Gaitán. Esta decisión favoreció a los menonitas. Los Sikuani interpusieron una tutela que el juez 38 penal del circuito falló a favor de los indígenas veinte días después del desalojo.

  

  Menonitas

  Exigencias territoriales

  Las autoridades indígenas del pueblo Sikuani exigen la restitución de 58.000 hectáreas de su territorio en el Meta. Un total de 135 familias reclaman la devolución de sus tierras y denuncian la apropiación y acumulación por parte de extranjeros.

  «Queremos estar tranquilos en nuestro territorio, cultivando nuestros usos y costumbres, porque como indígenas necesitamos nuestra tierra madre para vivir en paz y libertad», declaró en 2024 la gobernadora indígena Alba Rubiela Gaitán, una de las lideresas que representa a la autoridad tradicional del territorio Barrulia del pueblo Sikuani.

  Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras anunció que hasta ahora formalizó la entrega de miles de hectáreas a esta comunidad indígena en el Meta. La entidad explicó que se enfocó en la restitución y ampliación de territorios ancestrales, con la constitución del resguardo Aseinpome (más de 1.400 hectáreas) y la entrega del predio Yamato (más de 1.500 hectáreas) en Puerto Gaitán.

  Publicado originalmente en Colombia Informa