Desinformémonos

Articles

• Agresión letal e impunidad total

  21 d’abril, per  Auri

  El 18 de abril de 2025 Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor del medio ambiente fue agredido a balazos cuando se dirigía a su camioneta, estacionada a unos metros de la playa Icacos. Era viernes santo, y a pesar de que las playas de Acapulco estaban atestadas de turistas, Marco Antonio decidió retirarse ante las amenazas de muerte que había recibido. Los delincuentes seguían sus pasos, conocían sus movimientos y estaban al acecho para que no se les escapara. A pesar de los 4 mil efectivos de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en la zona turística, los autores del artero crimen actuaron sin temor a ser detenidos.

  Cuatro semanas antes Marco Antonio había relatado a una investigadora del Mecanismo federal de Protección a Defensores y Periodistas los incidentes que había enfrentado. En la sesión que tuvo el defensor con los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo planteó la necesidad de que le brindaran protección policiaca por los inminentes riesgos que corría. Los funcionarios no dimensionaron los hechos que Marco Antonio relató, al contrario, consideraron que exageraba en su narrativa. Les incomodaba su lenguaje directo y su estilo bravucón. Interpretaron que solo quería andar con policías en el puerto para lucirse y demostrar que el gobierno lo protegía. Trivializaron su testimonio e ignoraron su planteamiento.

  Las comunidades afros que conforman el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) sabían del gran peligro que corría Marco Antonio. En las asambleas dominicales les compartía la situación que estaba viviendo, aún así nunca dejó de asistir a las reuniones de Cacahuatepec. Siempre estuvo en primera fila defendiendo la tierra y el río Papagayo. En lugar de que los gobernantes reconocieran su trabajo y le proporcionaran seguridad, lo denostaron, lo persiguieron y en tres ocasiones lo encarcelaron por oponerse a la construcción de la presa La Parota.

  La lucha del CECOP siempre estuvo centrada en la defensa de los bienes comunales de Cacahuatepec, se acuerparon para impedir que la CFE construyera la cortina. El no a la Parota fue rotundo cuando supieron que desplazarían a más de 25 mil habitantes de una docena de comunidades. Resistieron por varios años y ganaron 6 juicios agrarios.  Sin embargo, los empresarios y políticos vieron una oportunidad de oro la entrada de las organizaciones criminales a las comunidades rurales. Ellas se encargaron de fragmentar a las comunidades y someterlos con amenazas, extorsiones y asesinatos. Lograron cooptar a personas de la zona para que poco a poco las comunidades abandonaran la lucha. El terror los inmovilizó. Los crímenes horrendos que acontecían en la ruta de la Costa Chica fue mermando el ánimo dominando un sentimiento fatalista.

  Poco a poco Marco Antonio empezó a percatarse de que las amenazas se incrementaban porque también en las asambleas dominicales llegaban personas para advertirle que dejara de denunciar al gobierno. Antes y después de la desaparición de su hermano Vicente continuaron las amenazas. Marco Antonio estaba desconcertado porque en el mismo núcleo de Cacahuatepec había personas acechándolo, ya no se sentía seguro ni en su comunidad. Valoraba que los riesgos aumentaban en los recorridos que hacía a las comunidades y en sus traslados al puerto de Acapulco.

  El líder del Cecop que rentaba motos acuáticas enfrentó también el problema de las cuotas. En varias ocasiones llegó a manifestar que no podía continuar con esta loza pesada de la extorsión, porque era trabajar solo para la delincuencia. Con el liderazgo y la autoridad moral que tenía Marco habló con los trabajadores de las playas para que se organizaran porque solo como grupo podían contener la avalancha delincuencial. Era una batalla perdida porque la gente vivía atemorizada, prefería pagar la cuota que armarse de valor para hacer frente a la delincuencia. Marco Antonio percibió que la gente tenía miedo porque sabía que los hilos de la telaraña delincuencial estaban en todos los negocios de las playas.

  Al ver que era enfrentarse a un monstro, Marco solicitó al Mecanismo medidas de protección más duras como la protección policiaca. Planteó en varias ocasiones la presencia de elementos de la Guardia Nacional como una medida extrema para continuar con su trabajo como defensor del medio ambiente.

  Con los desastres naturales causados por los huracanes Otis y John Marco Antonio visitó las comunidades afectadas para realizar censos de los daños y al mismo tiempo buscó apoyo con Fundaciones y organizaciones solidarias para impulsar la reconstrucción de viviendas, el saneamiento del agua y la recuperación de parcelas y huertas. Los peligros se incrementaron ante la ausencia de las autoridades.

  Desde diciembre de 2024 Marco Antonio constató que andaban tras de él. Ubicaba a gente en la playa donde trabajaba y también se daba cuenta que en las asambleas llegaban personas extrañas. Se preocupó más cuando alguien se acercó para amenazarlo. Tenía la intención de compartirnos estos incidentes y planeamos que fuera el domingo de ramos, sin embargo, el encuentro no se concretó, porque iniciaba la temporada alta en las playas de Acapulco. Lamentablemente no fue posible vernos porque el viernes santo por la tarde Marco Antonio había sufrido una agresión letal.

  Los defensores del medio ambiente como Marco Antonio Suástegui están siempre en la línea de fuego porque realizan su trabajo en lugares donde hay disputas férreas por el control territorial. Son enclaves donde se tejen alianzas con empresarios que cuentan con el respaldo de autoridades que legalizan el despojo de tierras y la extracción sin control de los recursos pétreos. Se urden jugosos negocios con giros de la economía criminal sumiendo en la miseria a los verdaderos dueños del río papagayo.

  Las comunidades del CECOP han seguido el ejemplo de Marco Antonio para defender el agua del río Papagayo. Su lucha contra La Parota fue estratégica para garantizar que el río siga corriendo, bañando las tierras de los agricultores y asegurando la alimentación de las familias pobres. El Cecop fue un ejemplo de resistencia pero también de sabiduría, ellos conciben al agua como un bien sagrado y no como una mercancía. Lo sabios y sabias de las comunidades rurales saben que existen los dueños en los manantiales, por ello se debe de pedir permiso para roturar la tierra, para extraer el agua y hasta para pedir la lluvia. Cuando no se hace es cuando llegan los huracanes que arrasan con todo. Es la furia de la naturaleza   que pone en riesgo nuestra sobrevivencia.

  En Guerrero la clase política se ha extraviado por su ambición de poder. Todo lo ve como negocio, busca en todo momento sacar la mejor tajada de cualquier proyecto. No le interesa cuidar la naturaleza, mucho menos respetar los bienes comunes que han sabido cuidar los pueblos. Para ellos el agua representa un signo de pesos, sobre todo en lugares turísticos. Se aprovechan de las comunidades rurales que han sabido cuidar el agua para impulsar proyectos extractivistas que surtan de agua a los hoteles del gran turismo. La prioridad son los emporios hoteleros porque son negocios redituables. No les interesa garantizar el acceso al agua a las colonias pobres porque ahí hay pérdidas, tampoco le dan prioridad a las comunidades rurales para generar infraestructura hídrica que mejore su calidad de vida.

  A pesar de que el río está en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, las familias carecen de llaves de agua porque representan pérdidas. En los últimos meses el gobierno municipal ha querido construir los pozos radiales en Aguacaliente, sin consultar a las comunidades que habitan en el afluente del río Papagayo. Argumentan que son compromisos asumidos por la presidenta de la república y por eso mismo se tienen que construir los pozos radiales, por encima de lo que opinen los dueños de estas tierras. La gente del Cecop ha tenido que parar los trabajos para hacer visible su protesta y exigir que las autoridades escuchen sus demandas.

  La figura de Marco Antonio se robustece con esta lucha que continúan las comuneras y comuneros de Cacahuatepec. Tienen claro que deben defender la tierra con el acero en la mano, y que no pueden tirar por la borda su legado. Marco Antonio es un defensor del medioambiente que las autoridades de los tres niveles de gobierno lo criminalizaron y encarcelaron, siempre lo catalogaron como un actor incómodo e indómito. Nunca se sometió a los partidos políticos, por el contrario, fue firme en sus convicciones, solidario con los campesinos pobres, siempre dispuesto a dar la batalla contra quienes saquean sus territorios y los engañan con promesas falsas. Marco Antonio nunca se vendió, mucho menos bajó la guardia. Siempre encaró al poderoso, denunció sus tropelías y denunció a los empresarios que han sobre explotado el río y saqueado sus riquezas.

  Marco evidenció al gobierno morenista que arrastra los mismos vicios de la corrupción, que se colude con grupos de la delincuencia, que encubre a los que violan los derechos humanos, que hace negocios privados con el dinero público, que utiliza el poder para amafiarse con los empresarios y jefes del crimen organizado. Nunca se calló y por eso lo desecharon como aliado incondicional. Nunca buscó la comodidad ni el lucro. Fue coherente con su modo de vivir y de pensar. Vivió como cualquier campesino que sabe trabaja la tierra y que vive modestamente con lo que produce en el campo.

  A un año de su asesinato vemos lejos la justicia para Marco Antonio. No hay una persona detenida, tampoco se ha tomado en cuenta como una línea de investigación el trabajo de Marco Antonio como defensor del medio ambiente. Exigimos al gobierno estatal y a la Fiscalía del estado que acelere las investigaciones porque hay datos fehacientes sobre los autores materiales. La Fiscalía está obligada a rendir información a la familia de qué avances hay en la investigación, de cómo fue el modus operandi del crimen. No puede escudarse en argumentos como la alteración de la escena del crimen; que no funcionaron las cámaras de vigilancia y que no hubo declaraciones por parte de testigos o de familiares. La obligación de las autoridades es ejercer acción penal contra los responsables materiales e intelectuales. Actuar con debida diligencia para garantizar justicia a las familias y agrietar el muro de la impunidad que encubre a delincuentes que tienen pacto con las autoridades.

  Publicado originalmente en Tlachinollan

• Comunidades rechazan presa Milpillas y acusan simulación en consulta oficial

  21 d’abril, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. Habitantes de Jiménez del Téul rechazaron la construcción de la presa Milpillas y denunciaron una “simulación” en la consulta pública organizada por autoridades federales y estatales en Sombrerete, al realizar de forma paralela una asamblea comunitaria donde expresaron su oposición al proyecto. “Esta es la auténtica asamblea del pueblo, y no la que organizó Semarnat, que quiere arreglar un problema de nuestra casa en la casa del vecino”, señalaron durante el encuentro al que acudieron más de 300 personas.

  Mientras la consulta oficial duró apenas una hora y reunió a funcionarios y un número reducido de asistentes, la asamblea comunitaria se extendió por casi tres horas con la participación de campesinos, académicos y pobladores que cuestionaron los impactos técnicos, ambientales y financieros del proyecto. La presa, destinada a abastecer de agua a la zona metropolitana de Zacatecas, implicaría la inundación de alrededor de 300 hectáreas de tierras ejidales.

  Los habitantes recordaron que durante más de una década han rechazado la obra ante promesas gubernamentales que califican como engañosas. Denunciaron que el proyecto responde a intereses empresariales, en un contexto donde grandes volúmenes de agua son concesionados a industrias mineras y cerveceras, mientras la población enfrenta escasez y acceso a agua contaminada. “A nosotros no nos toman en cuenta como seres humanos”, acusaron.

  La oposición también se sostiene en un contexto de amenazas y violencia contra defensores del territorio, algunos de los cuales han sido desplazados o incorporados a mecanismos de protección. En la región, marcada por altos niveles de marginación, los pobladores insistieron en que la presa no resolverá sus necesidades y profundizará el despojo de recursos naturales.

• Amnistía Internacional denuncia fallas estructurales en la investigación de feminicidios en México

  21 d’abril, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. «La impunidad en los feminicidios en México persiste como una deuda estructural del Estado», denunció Amnistía Internacional al exigir a la Fiscalía de la Ciudad de México una investigación con debida diligencia en el caso de Edith Valdés. La organización advirtió que garantizar verdad, justicia y reparación integral sigue pendiente en un contexto donde la impunidad alcanza el 98 por ciento.

  El organismo señaló que el caso refleja prácticas sistemáticas como la falta de activación inmediata en la búsqueda de mujeres desaparecidas, investigaciones atravesadas por estereotipos de género y actos de corrupción. Exigió agotar todas las líneas de investigación, incluida la trata de personas, evitar la revictimización de la familia y esclarecer la posible participación de diversos actores en el delito.

  También advirtió que, pese a la existencia de fiscalías especializadas, protocolos y marcos legales, continúan fallas graves como la pérdida de evidencias, la falta de diligencias y la ausencia de una perspectiva de género efectiva. Estas deficiencias evidencian que el sistema de justicia no responde a la magnitud de la violencia contra las mujeres.

  “Hoy, como hace 30 años, son las familias quienes buscan, investigan y exigen justicia”, señaló la organización, al denunciar que la carga de la búsqueda recae en las víctimas mientras las instituciones mantienen prácticas que perpetúan la impunidad.

  A continuación el comunicado completo:

  La deuda persistente del Estado frente a los feminicidios en México

  Amnistía Internacional se solidariza con la familia de Edith Valdés, víctima de feminicidio en la Ciudad de México, y hace un llamado urgente a la Fiscalía de la CDMX a garantizar una investigación con debida diligencia y enfoque de derechos humanos.

  Es fundamental que las autoridades:

  • Realicen un análisis de contexto que permita agotar todas las líneas de investigación, incluida la trata de personas.
  • Investiguen la posible participación de diversos actores en el delito.
  • Se abstengan de revictimizar a la familia.
  • Garanticen el acceso a verdad, justicia y reparación integral del daño.

  Este caso no es aislado. En México han pasado más de 30 años desde que comenzaron a documentarse los feminicidios y, pese a la creación de fiscalías especializadas, leyes, protocolos y mecanismos de coordinación entre autoridades, las fallas estructurales persisten.

  Las autoridades continúan:

  1. Sin activar de inmediato la búsqueda de mujeres desaparecidas, bajo el argumento de esperar 72 horas.
  2. Negando investigaciones con base en estereotipos de género, como “se fue con el novio”.
  3. Incurriendo en prácticas de corrupción, solicitando dinero a las familias para iniciar investigaciones.

  A ello se suman deficiencias documentadas por Amnistía Internacional en el informe Juicio a la justicia

  • Pérdida de evidencias clave.
  • Las autoridades no investigan de forma suficiente, no siempre se examinan todas las líneas de investigación posibles en cada caso y/o no se realizan las diligencias necesarias para agotar una línea de investigación de forma exhaustiva.
  • Falta de aplicación real de la perspectiva de género.

  La actuación de la familia de Edith, que tuvo que presionar a las autoridades para activar su búsqueda, refleja una realidad dolorosa: hoy, como hace 30 años, son las familias quienes buscan, investigan y exigen justicia.

  La impunidad en casos de feminicidio ronda el 98%, y las familias continúan enfrentando no solo la pérdida, sino también la violencia institucional.

  Amnistía Internacional reitera lo señalado desde hace más de 20 años en su informe Muertes intolerables sobre “la necesidad de una profunda reforma estructural de la administración de justicia para que sus procedimientos y capacidades de investigación garanticen a las víctimas el pleno acceso a la justicia”.

  Hoy, esa reforma sigue pendiente. Las fiscalías carecen de personal técnicamente calificado, recursos y herramientas para investigar con debida diligencia.

• Ecuador: minería ilegal y grupos armados desplazan a cientos de indígenas chachi en la costa norte

  20 d’abril, per  Auri

  Unas 350 personas de la nacionalidad indígena chachi se han visto obligadas a huir de su territorio ancestral debido a la violencia provocada por la minería ilegal de oro en Esmeraldas, provincia costera ecuatoriana que limita con Colombia. En la zona operaría el Frente Óliver Sinisterra, disidencia de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con las Fuerzas Armadas y el Ejército ecuatoriano.

  “Hay un desplazamiento forzado provocado por violencia y miedo”, dice a Mongabay Latam el sacerdote José Antonio Maeso, coordinador de la Pastoral Social Cáritas de Esmeraldas, organización que ha acompañado de cerca a las comunidades chachi y que trabaja desde hace 50 años en el norte de la provincia.

  Otras 350 personas permanecen en las comunidades, pero sin poder salir de sus casas, sin acceso a sus cultivos ni a los ríos que los conectan con los centros urbanos. La minería ilegal y los hechos de violencia se registran entre las comunidades La Tranca, Calle Mansa y Corriente Grande. Estos datos se desprenden de un informe levantado por organizaciones sociales de la zona, al que tuvo acceso este medio.

  

  La crisis es el resultado de un proceso de más de dos décadas de incursión minera progresiva en el territorio de la nacionalidad chachi. En los últimos cinco años, la actividad ilícita se ha intensificado, afirman las fuentes en el territorio, con la protección de grupos delincuenciales colombianos y ecuatorianos.

  Esto sucede en un contexto de una ausencia estatal histórica en el límite norte del país. “Ha sido una frontera muy permeable y con muchos conflictos, sobre todo con mucho abandono estatal”, asegura Maeso. Las comunidades chachi no son las únicas afectadas, también lo son las comunidades afroesmeraldeñas, añade. Además, en la zona habita el pueblo epera, que también estaría impactado, señala a Mongabay Latam una religiosa que trabajó en el área.

  La superficie ocupada por la minería formal e informal en la provincia de Esmeraldas aumentó significativamente a partir de 2020, de acuerdo con la herramienta MapBiomas Ecuador. En pocos años, la minería pasó de ocupar unas 100 hectáreas a cubrir 683 hectáreas en 2024, el dato más reciente. La actividad minera se concentra en el norte de la provincia.

  La Defensoría del Pueblo aseguró a Mongabay Latam que activó acciones de acompañamiento y monitoreo ante el desplazamiento, además de abrir una investigación defensorial. También señaló que solicitó información sobre las acciones realizadas para garantizar derechos de la población a instituciones gubernamentales, como el Ministerio del Interior y el de Educación.

  El asesinato de un minero habría sido el detonante

  

  El detonante de este pico de violencia habría sido el asesinato de un promotor de la minería ilegal, según información que recogió Maeso. El minero habría sido un esmeraldeño que coordinaba las acciones con los dueños de las maquinarias y grupos armados delincuenciales que tienen presencia en la provincia, relata José*, un líder indígena que prefiere mantener el anonimato por seguridad.

  El minero se habría valido de grupos armados para obligar a los líderes de La Tranca, Calle Mansa y Corriente Grande a firmar un acuerdo que supuestamente autorizaba el uso del territorio comunitario para la extracción. “Forzaron a los líderes y dirigentes con arma en mano para que firmen el documento”, dice el dirigente comunitario.

  “Los grupos armados exigían que se les adjudicara 50 hectáreas de territorio”, dice la religiosa consultada, según información que recogió.

  El cuerpo habría estado desaparecido, por lo que el 20 de marzo pasado, un grupo de familiares del minero habría navegado sobre dos embarcaciones por el río Cayapas y entrado al territorio chachi en busca de información.

  

  Las comunidades denunciaron que el grupo estuvo conformado por unas 20 personas con características similares a combatientes guerrilleros, armados con fusiles y equipados con material de combate militar. La comunidad La Tranca habría quedado incomunicada y bajo el control de los hombres armados. Al no obtener información, los familiares del minero adoptaron una actitud “contraria y agresiva”, señala José.

  “Para nosotros, como chachis, fue una sorpresa. No conocemos nada sobre eso”, asegura Pedro, otro dirigente comunitario. Además, señala que la víctima de asesinato tenía conflictos mineros en otras zonas de la provincia. Hasta el momento, desconocen las causas y los responsables del hecho violento.

  Solo saben que tres días después, los familiares hallaron partes del cuerpo cerca de La Tranca. La Fiscalía General del Estado le dijo a Mongabay Latam que desconoce el hecho violento y el desplazamiento, por lo que no hay investigaciones en curso.

  Esta muerte violenta generó “una conmoción sin precedentes en las comunidades”, según Maeso. En este escenario, los habitantes de La Tranca, Calle Mansa y Corriente Grande se desplazaron hacia otros puntos de la provincia. “La población prefirió no enfrentarse, sino ponerse a buen recaudo”, asegura José.

  

  Pedro fue uno de los primeros en salir de su comunidad, pues fue amenazado directamente por oponerse a la minería, asegura. Más tarde, las amenazas se dirigieron a sus familiares, por lo que también tuvieron que desplazarse. Los desplazados “están en momentos difíciles, necesitan alimentos, no tienen dinero”, dice el dirigente.

  De la minería artesanal al crimen organizado

  En el norte de Esmeraldas, la minería artesanal es una actividad tradicional con la que han subsistido sus habitantes, de acuerdo con Manolo Morales, miembro de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental Ecolex, que está acompañando a las comunidades chachi. En este tipo de minería, se usan platos o bateas con agua para separar el material pétreo del oro. Por eso no tiene los graves impactos ambientales que deja el uso de excavadoras para remover el lecho de los ríos y de piscinas de mercurio para facilitar la extracción del oro.

  Hace unos 25 años, operadores mineros ilegales con excavadoras y clasificadoras empezaron a rondar el Centro Jurídico Tsejpi, una agrupación de comunidades chachi al noreste de la zona actualmente afectada, de acuerdo con José. Sin embargo, su presencia era esporádica.

  

  Todo cambió hace unos 10 años cuando la violencia empezó a incrementarse en el país. En los últimos cinco años la minería ilegal se intensificó. “Se nota que las actividades en la zona norte están acompañadas por grupos armados que protegen los intereses de los mineros”, señala el dirigente indígena.

  El informe antes citado documenta que en las comunidades Agua Salada y Las Palmeras del Centro Jurídico Tsejpi existen ocho frentes de trabajo. Unas 16 maquinarias y alrededor de 160 personas externas a las comunidades operaban en el sitio. También se estimó que se consumían 600 tanques de combustible al mes. A 2025, 223 hectáreas habrían sido afectadas en territorio chachi.

  La minería se está realizando al borde de los ríos, de acuerdo con Pedro, y los mineros se habrían tomado tierras que estaban destinadas al cultivo de cacao para la subsistencia y comercialización. Además, como resultado, el agua estaría contaminada. “Para ellos, los ríos son la vida, son su fuente de alimentación, especialmente de proteína”, añade la religiosa.

  Los mineros ilegales comenzaron en el río Zapallo y se empezaron a expandir hacia otros ríos de la zona, hasta que en noviembre de 2025 llegaron por el río Cayapas a la comunidad La Tranca, cuenta José.

  

  Después del asesinato del promotor minero y las amenazas por parte de sus familiares, las 13 familias de La Tranca y gran parte de los habitantes de las otras dos comunidades fueron desplazados, recoge el informe comunitario. Los que se fueron dejaron atrás sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia.

  Los que se quedaron están enfrentando escasez alimentaria por no poder salir a pescar, trabajar en sus fincas o moverse hacia zonas comerciales de abastecimiento. “Las amenazas han sido tan insistentes, tan fuertes que los mantiene en vilo de la desesperación e incertidumbre”, asegura José.

  Pedro además advierte de obstáculos para brigadas de salud y atención social por los cierres fluviales impuestos por grupos armados que controlan la zona y extorsionan a los navegantes a cambio de permitirles el paso. A esto se suma la distancia de las comunidades con la ciudad más cercana, Borbón, que está a ocho horas en transporte fluvial desde la zona actualmente afectada.

  Disidencias de las ex FARC operarían en territorio chachi

  

  El 17 de febrero, un operativo de las Fuerzas Armadas en el norte de Esmeraldas resultó en la detención de unas 10 personas que pertenecerían al Frente Óliver Sinisterra, según comunicó la institución en sus redes sociales. En el lugar decomisaron un fusil, una pistola traumática -un arma no letal o de baja letalidad-, tres escopetas, 80 cartuchos y dos cargadores.

  “Estas organizaciones no solo estarían brindando seguridad a la minería ilegal, sino expandiendo su influencia hacia sectores estratégicos como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí [parroquia donde están las comunidades afectadas], Cabuyal y Playa de Oro, consolidando posibles corredores de economías ilícitas”, de acuerdo con las Fuerzas Armadas. Este no es el único operativo en el que se ha detenido a presuntos miembros del Frente Óliver Sinisterra en Esmeraldas.

  El sacerdote Maeso señala que no puede negar ni afirmar la presencia del Frente Óliver Sinisterra en el territorio chachi, pues, por un lado, esto puede favorecer a las narrativas de guerra gubernamentales, que, asegura, ya han causado falsos positivos con la detención de indígenas chachi que ya fueron liberados. Y añade: “Hay un proceso de paz en Colombia, por lo que hay que ser muy prudentes en las afirmaciones que puedan dañar ciertos procesos”.

  Los hombres armados que llegaron al territorio chachi no se identificaron, pero por sus acentos sí se reconoció que el grupo está conformado por personas ecuatorianas y colombianas, de acuerdo con José.

  

  El 31 de marzo, las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación en el río Cayapas. Se realizaron controles en las comunidades La Tranca y Calle Mansa, donde encontraron y destruyeron un campamento minero ilegal con dos excavadoras y una clasificadora, según información que la Armada del Ecuador publicó en sus redes sociales.

  No obstante, no hubo detenidos. José explica que las Fuerzas Armadas sobrevolaron la zona en al menos dos ocasiones, días antes de la incursión, por lo que los operadores mineros pudieron huir del sitio. “Los militares entraron, cumplieron su misión y regresaron a sus bases. La población está abandonada, sin saber qué ocurrirá”, afirmó.

  Las comunidades temen la actitud retaliatoria de los familiares del promotor víctima de asesinato. Además, a Manolo Morales le preocupa que, así como se ha visto en otros casos, los mineros ilegales vuelvan con más fuerza ante la falta de medidas permanentes de protección del territorio y de sus habitantes.

  Décadas de abandono estatal

  

  “Los distintos gobiernos han tenido a este sector del país abandonado”, dice Morales. “No solamente a la población chachi, sino también al pueblo afroecuatoriano y a todos los que viven ahí”, añade. Esmeraldas es la provincia con mayor tasa de desempleo y una de las más pobres del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

  A 2025, 91 de cada 100 habitantes estaban en el desempleo. Además, 56 de cada 100 entraron a la categoría de pobreza multidimensional, que mide el acceso a educación, trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación, y hábitat, vivienda y ambiente sano.

  Pedro cuenta que para acceder a salud y otros servicios en la ciudad, deben navegar hasta Borbón y desde ahí tomar transporte terrestre por cuatro horas más hasta la ciudad de Esmeraldas. José, por otro lado, señala que la infraestructura escolar es “pésima y deprimente” y los servicios básicos son prácticamente inexistentes.

  Otro síntoma de la ausencia estatal en la provincia tiene que ver con las medidas cautelares que prohibieron todo tipo de minería en el norte de Esmeraldas en 2011. Ese año, el Ministerio del Interior solicitó medidas cautelares por los impactos ambientales que estaba ocasionando la minería ilegal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, donde ahora se dan los hechos violentos y de desplazamiento.

  

  La solicitud fue concedida y se ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional realizar operativos de control para evitar la minería ilegal.

  De acuerdo con Morales, las medidas debían permanecer vigentes hasta que el Estado demuestre que la población local tiene acceso a atención médica, agua potable y todos los derechos básicos garantizados.

  «El Estado no está haciendo respetar [las medidas]», afirma el especialista. «De hecho, no hay ningún punto de control en el norte de Esmeraldas para evitar que ingrese maquinaria, minerales o insumos a los ríos», añade. El puerto fluvial de Borbón sería un punto estratégico para ejercer ese control.

  La Defensoría del Pueblo está a cargo de dar seguimiento al caso. Morales reconoce que la institución sí ha hecho su trabajo, pero que dado que “las defensorías a nivel provincial son bastante reducidas, su capacidad de atender estos temas es menor”.

  

  La institución defensorial le dijo a Mongabay Latam que mantiene el seguimiento al proceso judicial de las medidas cautelares. Además informó que un juez constitucional dispuso la conversión del caso a una acción de protección, por considerar que existiría una presunta vulneración de derechos y no únicamente una amenaza.

  Medidas para asegurar un retorno seguro

  Frente a la magnitud de la crisis, las organizaciones que acompañan a las comunidades plantean la necesidad de tomar acciones inmediatas y de mediano plazo. Maeso señala la urgencia de organizar brigadas de salud física y mental. Además, recomendó que se busque personal que hable chapalá, la lengua de la nacionalidad chachi, y que conozca la cosmovisión del pueblo para que la intervención sea pertinente.

  Morales, por otro lado, resaltó que este problema no se puede resolver solamente “con una entrada al territorio o con una acción de eliminación de maquinaria”. “Debe haber un acompañamiento permanente por un buen tiempo, para que la gente tenga confianza de retornar a su territorio”, añade.

  

  “Seguimos buscando a las autoridades provinciales y nacionales para que nos ayuden a salir de esta situación”, asegura Pedro. Espera que los chachi puedan volver pronto a sus territorios, para que los actores ilegales no crean que los han abandonado.

  José, por su parte, exige que se respete el territorio comunitario, que no existan injerencias de grupos extraños y que no se provoquen más amenazas ni incertidumbre a la población. Y concluye: “Pedimos al Gobierno nacional que se tomen las medidas necesarias para expulsar o disuadir definitivamente la presencia de hombres armados en la zona y las pretensiones de continuar con la actividad minera”.

  *Los nombres reales de los líderes indígenas fueron cambiados por razones de seguridad.

  **Imagen principal: el 31 de marzo de 2026, la Armada realizó un operativo en el alto Cayapas. Foto: cortesía Armada del Ecuador

  Publicado originalmente en Mongabay

• Las dos desapariciones de José

  20 d’abril, per  Auri

  José Vázquez Colebrina, trabajador del ayuntamiento como recolector de basura durante 25 años, está desaparecido desde el 5 de junio del 2013. A pesar que el 5 de mayo de 2015 algunos restos se encontraban en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), las autoridades nunca le avisaron a los familiares hasta 12 años después. El pasado 30 de marzo le dijeron a Nora Elsi, esposa de José, que en tres meses le van a dar los resultados.

  El día funesto en que desapareció José conducía el carro de basura que dejaría en el rastro municipal de Chilpancingo. Al salir ingresó a su vehículo marca pointer, color rojo, cuando llegaron dos carros cerrándole el paso. Hombres armados le apuntaron con las armas y con violencia lo sacaron. Lo subieron a otro vehículo, con la cabeza abajo se lo llevaron. Una mujer y su chalán fueron testigos, quienes dieron la mala noticia a la esposa de José.

  Elsi quedó paralizada por unos segundos, pero luego reaccionó para ir a buscarlo en las carreteras, hospitales y otros lugares por dos días. Con su desesperación consideró que sería mejor interponer la denuncia en el ministerio público y “les dije que a mi esposo se lo habían llevado hombres armados”.

  Las búsquedas continuaban pegando la foto de José en las calles y en las colonias periféricas hasta Zumpango. Al tercer día, Elsi fue al SEMEFO para preguntar si había noticias de su esposo, pero no hubo nada sobre su paradero. Ahí conoció a María Guadalupe Rodríguez Narciso, madre del jóven desaparecido Josué Molina Rodríguez. Así fue como Elsi se integró al Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, y que después de que murió doña Lupita el colectivo lleva su nombre.

  Les hicieron pruebas genéticas a sus hijos. Ha sido difícil porque cada vez que iba a la Fiscalía había amenazas de que si no dejaba de buscar a su esposo le iba a pasar lo mismo. Junto con doña Lupita tuvo que luchar para que las autoridades federales le dieran seguimiento a la desaparición de José. Se realizaron huelgas de hambre y marchas para que les reconocieran como víctimas.

  “En 2018 mi caso llega a la Ciudad de México porque me daba mucho miedo lo que estaba viviendo en Chilpancingo. Empezamos a trabajar con las autoridades federales y la Policía Federal. El 10 diciembre del 2024 me notificaron que me presentara en la Ciudad de México en el ministerio público, policía federal y perito. Cuando llegué me dijeron que los restos de mi esposo estaban en SEMEFO desde el 5 de mayo del 2015. El perito de SEMEFO me dijo delante de mis compañeros del colectivo que encontró un hueso largo y el cráneo, eran 28 restos en total”, comenta doña Nora Elsi.

  Las autoridades de la Fiscalía de Guerrero no le dijeron nada de los restos de José. El dolor y la impotencia para la familia fue devastadora. No podían asimilar que les hayan ocultado durante 12 años hallazgos de restos que podrían ser de José. Todo se sabría en tres meses.

  Las irregularidades siguieron porque perdieron varios restos óseos en el SEMEFO de Chilpancingo. Ahora le quieren entregar ocho restos que obtuvo la policía federal y la policía científica. Doña Elsi considera que hay más elementos en la carpeta que no se están considerando.

  Los de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) se deslindaron de toda responsabilidad porque sostienen que solo hay “ocho huesitos” y que es lo único que van a entregar porque el resto está extraviado. Pretendían hacerle la entrega sin estudios científicos para deslindarse de todo. “Lo desaparecieron los delincuentes, ahora el Estado lo vuelve a desaparecer”.

  “Siento que es algo injusto. Yo siempre tenía la esperanza de encontrarlo completo y pues a pesar del tiempo pensábamos que lo íbamos a encontrar vivo. Es doloroso que nos digan que solo son unos huesitos. Las autoridades deben de dar la cara y decir dónde están los demás restos de mi esposo. Ahora sentimos mucho coraje e impotencia hacia las autoridades porque hacen eso, porque si lo encontraron desde el 2015 no nos dijeron. Lo peor es que de los 8 restos podrían ser 4, 2, 1 o nada”, reclama doña Elsi.

  Exigió que las autoridades de Guerrero se hagan responsables del extravío de los restos de su esposo José y que hagan la entrega de todo lo que encontraron. “Solo quiero encontrar a mi esposo, pero que no me mientan y me lo vuelvan a desaparecer”, denunció la esposa de José.

  Las falencias en el SEMEFO de Chilpancingo es grave. Lo peor de todo es que la Fiscalía deja a las familias a su suerte y no se responsabiliza de los errores. Hay sendas irregularidades que no han podido corregir. Las dos desapariciones de José son la muestra del desdén y el desprecio de las autoridades.

  Publicado originalmente en Tlachinollan