Desinformémonos

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• Israel lanza ataques aéreos en el Líbano, alegando que tienen como objetivo infraestructuras de Hizbulá y Hamás

  6 de gener, per  Auri

  Israel lanzó ataques aéreos en el sur y el este del Líbano y afirmó que estos tenían como objetivo infraestructuras de Hizbulá y Hamás. El Ministerio de Salud del Líbano dijo que un ataque con drones contra un automóvil en el sur del Líbano hirió el lunes a dos personas. Israel ha continuado lanzando ataques contra el Líbano a pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Hizbulá e Israel que entró en vigor en 2024.

  Mientras tanto, en Gaza, las fuerzas armadas israelíes atacaron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el área de Al-Mawasi, al noroeste de Jan Yunis. Una niña de cinco años y su tío murieron en el ataque y otros dos menores resultaron heridos. Militares israelíes también dispararon a un niño en la cabeza en Beit Lahia, una ciudad situada en el norte de Gaza, cerca de la “línea amarilla”, una demarcación que deja a más de la mitad de la Franja bajo ocupación israelí.

  Publicado originalmente en Democracy Now

• Violencia en el año nuevo

  6 de gener, per  Auri

  Por encima de los buenos deseos que compartimos entre los familiares y amigos, la trágica realidad se enseñorea en el mundo y nuestro continente. La renovación de promesas que hacemos para ser mejores en el año venidero se resquebraja con las malas noticias que nos llegan de todas las regiones del orbe. Siempre es reconfortante para quienes aún podemos darnos un tiempo de descanso, reencontrarnos con la gente cercana para compartir momentos de alegría. Nuestra mayor ilusión es iniciar el año con buenas noticias, con compromisos reales de los gobiernos que deben promover y alcanzar la paz y dar fin a las guerras que solo traen muerte y desolación.

  No podemos mantenernos impasibles ante el genocidio de Gaza que ha traído destrucción y muerte entre la población civil, sobre todo de los niños y niñas y mujeres. También tenemos que condenar la intervención militar y los ataques perpetrados por el gobierno de Estados Unidos contra la república de Venezuela. Estas acciones militares han violado el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y la no intervención.  La agresión militar registrada en la madrugada del 3 de enero es una demostración de fuerza que se empeña en causar terror y someter con violencia a cualquier nación. Esta acción es una amenaza para la paz en la región porque un gobierno que se siente como el más poderoso del mundo se erige como un super policía que pisotea los derechos humanos para hacer justicia por propia mano.

  Esta escalada militar compromete la vida, la integridad y los derechos humanos de la población venezolana y de la región en su conjunto. El llamado es a que cese de inmediato toda acción armada y prevalezca el respeto irrestricto al derecho internacional. Es también urgente atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano por medios pacíficos con garantías de verdad, justicia y reparación.

  En medio de esta vorágine bélica, nos atolondra la propaganda fútil de los grandes consorcios comerciales que nos hacen creer que consumiendo sus productos encontraremos la felicidad. Somos presa fácil de la atmosfera consumista que nos esclaviza como compradores compulsivos que nos orilla a gastar lo que no tenemos. En este ambiente ficticio nos envuelve y arropa la vanidad y lo superfluo, el lucimiento efímero y los gastos suntuosos. Nos perdemos en la niebla de lo fatuo y quedamos atrapados en la entelequia del próspero año nuevo.

  En nuestro estado los contrastes sociales son abismales: mientras en Acapulco miles de turistas disfrutaban la pirotecnia en la bahía, bailando y brindando, en la Montaña las detonaciones de armas largas retumbaban en la pesada noche del año nuevo. En la carretera que va de Huitzapula, municipio de Atlixtac a la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas se suscitaron dos hechos violentos. En la madrugada del miércoles 31 fue asesinado con arma de fuego el joven Rafael Castro Nava, un mentor de la Nación encargado de supervisar los negocios o empresas que se registran en el programa jóvenes construyendo el futuro. Su esposa que sobrevivió al ataque fue trasladada al IMSS-BIENESTAR de Tlapa.

  En la mañana del primero de enero se reportó un incidente en la cabecera municipal de Copanatoyac. Tres jóvenes que circulaban en un auto en el centro de la población desobedecieron a los policías municipales que les había marcado el alto. La situación se complicó cuando el joven que manejaba el vehículo aceleró y derrapó. Al salir del vehículo sacaron sus armas para evitar la detención y en la trifulca los policías privaron de la vida a uno de los jóvenes y los otros dos quedaron detenidos. Al interior del vehículo encontraron más armas y cartuchos.

  El viernes 2 de enero nuevamente volvió la violencia en la comunidad me pháá de Huitzapula. Desde las 7 de la mañana iniciaron las balaceras entre habitantes de Huitzapula y la policía comunitaria asentada en San Juan Escalerilla. En esta agresión perdió la vida la señora Natalia quien iba con sus dos hijos. Se desconoce en que estado de salud se encuentren. Durante el día se escuchaban detonaciones de armas de fuego. Los dos grupos permanecen apertrechados. La situación se ha complicado porque en las agresiones han incorporado drones que han caído en los techos y las casas del poblado. Las familias están atemorizadas porque no saben dónde guarecerse, porque varias casas son de teja. La población ha pedido la intervención de la guardia nacional que se encuentra en el crucero de Lucerito. A pesar de que hay confrontaciones armadas se mantiene al margen. Sus retenes son infructuosos porque las camionetas circulan con personas armadas sin ser molestadas. Ante esta pasividad la población deduce que están del lado de los delincuentes. Los llamados de auxilio no llegan a palacio de gobierno ni a la mesa de coordinación para la construcción de la paz.

  Esta crisis de seguridad que nos coloca en el desfiladero de la muerte ha dado paso para que la población se arme y busque hacerse justicia por propia mano. En la Montaña hay lugares donde la delincuencia tiene el control de los caminos y lugares estratégicos para asaltar, asesinar o secuestrar. En Cochoapa el Grande la gente ubica a 3 grupos delictivos que se encuentran en la ruta que va a Dos Ríos. Nadie se atreve a denunciarlos, tampoco a enfrentarlos por el armamento que cargan. Las autoridades municipales saben, pero prefieren el silencio para no encarar a quienes delinquen. Varios asesinatos han quedado sin ser denunciados porque tienen que esperar por muchas horas al ministerio público y no están dispuestos a que los cuerpos se los lleven al Semefo. Las familias, que en su mayoría son jornaleras agrícolas optan por dar la vuelta hasta Ometepec para librarse de los atracos. Los pocos operativos que han realizado los cuerpos de seguridad son infructuosos porque solo se reducen a recorrer unos kilómetros de la ruta y se regresan. Van mas de 8 años que la gente sigue condenada a padecer el flagelo de la delincuencia.

  Este problema no se erradicará con puras declaraciones a los 4 vientos. Tomando como referencia un texto de la profesora de derecho internacional público de la Universidad Complutense de Madrid, Thairi Moya Sánchez en un Estado no habrá cambios de fondo si existen al interior de las instituciones gubernamentales cadenas de encubrimiento, si el aparato de procuración y administración de justicia funciona con la lógica del negocio y no del derecho. Lo más grave es que existen algunas instituciones públicas donde la frontera entre la autoridad y el delito se desdibuja, y con ello se diluye la promesa básica de proteger a la población.

  Con la descomposición de las instituciones de gobierno y el quiebre del estado de derecho, un estado deja de ser un muro fuerte y se vuelve más bien en el principal canal delictivo con la participación de los mismos funcionarios públicos que terminan actuando en contra de la gente que pide seguridad. En lugar de garantizar justicia brindan impunidad a los grupos criminales. Todo comienza con la simbiosis de pago de “favores” que se toleran en ambos lados del mostrador.

  El problema de la corrupción no nace al margen de la burocracia; se robustece cuando recibe el beneplácito de los altos mandos que están en la cúspide de la pirámide. El funcionario de mayor rango se convierte en la bisagra que abre de par en par las puertas del Estado a la infiltración delictiva. “El crimen organizado adopta la lógica del parasitismo. Se alimenta de los presupuestos, las leyes, las protecciones y los uniformes oficiales, mientras deteriora los controles internos. Las normas se retuercen a conveniencia de los poderosos en detrimento de la justicia; se aprueban leyes que legitiman lo ilícito o se manipulan las ya vigentes para garantizar la impunidad, y los tribunales quedan paralizados bajo presiones políticas.”

  Con la jerarquía contaminada y la legalidad maleable, la corrupción escala “de abajo arriba y de arriba abajo” en un círculo que reproduce las prácticas de la ilegalidad. Lo que sucede es que los altos mandos que se corrompen incorporan a sus subordinados, quienes se encargan de proteger a sus superiores. Ese intercambio profundiza la dependencia mutua y multiplica los delitos, pues quienes los cometen saben que, lejos de ser castigados, serán premiados por sostener la estructura.

  “Cuando el parásito controla los sistemas inmunológicos del Estado —contralorías, fiscalías, cortes— emerge el aparato criminal en el Poder. Las leyes se adaptan al delito, la represión se convierte en negocio, los medios son silenciados y escrutar a los máximos responsables resulta prácticamente imposible”.

  Consumada la metamorfosis, el Estado criminal adopta rasgos de cleptocracia —literalmente, “gobierno de ladrones”— donde el saqueo se vuelve política oficial. Los recursos públicos financian campañas, ejércitos privados y fortunas familiares; la fiscalización independiente se asfixia, y la violencia se normaliza como método de gestión de los conflictos o presiones sociales.

  En ese entramado, la impunidad actúa como pegamento: sin castigos ejemplares a los verdaderos criminales, ni transparencia radical, la red se reproduce, se exporta y acaba integrada en estructuras transnacionales que la retroalimentan. Así, el Crimen Organizado Estatal —definido como la acción concertada de funcionarios de rango medio o alto que utilizan recursos públicos, por ejemplo, para cometer delitos como narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, deja de ser una suma de mordidas aisladas para convertirse en la captura total del Estado mediante corrupción, violencia selectiva, opacidad financiera y violaciones a los derechos humanos. Al final de cuentas lo que más le importa a los políticos es mantenerse en el poder y hacer grandes negocios con el erario público. La autora tiene razón al titular su texto con esta aseveración “Cuando el crimen organizado viste traje de estado.”

  Publicado originalmente en Tlachinollan

• A los represores, “la FIFA los ampara”: Ángel Cappa

  6 de gener, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. “No importa si se trata de represores o de los líderes máximos del capitalismo, la FIFA los ampara porque hace negocio con ellos. Es inaudito que inventaran una medalla por la paz exclusivamente para Trump porque Estados Unidos está acaparando los principales eventos del deporte mundial”, opinó el exdirector técnico argentino de futbol, Ángel Cappa, frente a la actitud de la Federación de Futbol con el gobierno estadounidense y su mandatario, Donald Trump, a quien premió en diciembre con el “Premio FIFA de la Paz”.

  Luego del operativo militar orquestado por Trump para secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela, el pasado 3 de enero, Cappa recordó que “la FIFA siempre se ha conducido como un organismo mafioso que maneja un capital enorme en todo el mundo y siempre ha estado relacionada con los líderes de los gobiernos más opresivos”.

  “No me extraña que premie como pacifista a Trump, lo mismo que no me sorprende que tenga en sus filas a Mauricio Macri (ex presidente de Argentina envuelto en escándalos de corrupción y responsable de Fundación FIFA)”, aseguró el también analista deportivo.

  Asimismo, Cappa criticó “la complicidad y la hipocresía” de algunos gobiernos americanos y europeos que celebran las decisiones de Trump, a pesar de que el imperialismo estadounidense y sus funcionarios “no tienen ningún pudor en disimularlo: los atropellos al derecho internacional, contra la democracia y contra todo aquello que se les oponga”.

  El premio de la paz creado por la FIFA fue entregado al presidente de Estados Unidos, uno de los tres países donde en 2026 se llevará a cabo la Copa del Mundo, junto con México y Canadá, a pesar de que tan sólo en el último año bombardeó a seis países desde que llegó por segunda vez al poder.

  “Es un gesto inaudito que la FIFA dé un premio al representante del país que más guerras y conflictos ha generado en el mundo”, agregó Cappa, quien consideró el rechazo al Mundial y la inasistencia a sus actividades como una forma de protesta contra el imperialismo detrás del macroevento.

  Con información de La Jornada

• Otra Navidad con presos políticos

  6 de gener, per  Admin2

  Foto: BioBio

  “La libertad del individuo es incrementada y no limitada por la libertad de todos. Sólo soy libre cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. Lejos de limitar o negar mi libertad, la libertad de los demás es su condición necesaria y su confirmación. Sólo soy libre en el verdadero sentido de la palabra en virtud de la libertad de los demás, de manera que cuanto mayor es el número de personas libres que me rodean, y cuanto más amplia, profunda y extensa es su libertad, más profunda y amplia será la mía.”

  Libertad e igualdad, Mikhail Bakunin

  Durante julio del 2021 Gabriel Boric, en ese entonces candidato presidencial, visitó a los presos de la revuelta de octubre del 2019 en la Cárcel Santiago Uno. Visita en la cual reafirmó su compromiso con la búsqueda de verdad, justicia y reparación, como también destacando que continuaría impulsando el indulto para quienes consideraba presos políticos y abogando por condiciones carcelarias dignas en todo el país. En su período de candidato presidencial, el indulto a los presos de la revuelta fue uno de sus puntos más polémicos para los medios masivos de comunicación alineados con el empresariado y clases dominantes, y a la vez lo más pedido por los amplios sectores populares.

  Visita que no pasó desapercibida y causando un conjunto de incidentes: agresiones al abanderado de la burguesía progresista, problemas internos entre familiares y organizaciones en apoyo a los presos políticos de la revuelta, lo que se debió a la profunda desconfianza política a Boric y su sector (Frente Amplio), como a las críticas hacia su historial legislativo. En enero de 2020, Boric y gran parte del Frente Amplio votaron a favor de la idea de legislar la «Ley Antisaqueos y Antibarricadas». Como también por otra parte estaba el factor de liberar a los presos de la revuelta: era el equilibrio precario entre los intereses de la “progresía” chilena que oportunistamente buscaba capitalizar políticamente el deseo y el sufrimiento de miles de familias populares y sus amigos y familiares presos que buscaban liberarlos de alguna forma.

  De las más de 25.000 detenciones iniciales durante los primeros meses de revuelta, la gran mayoría no terminaron en penas de cárcel. Muchos procesos terminaron en libertad vigilada, arresto domiciliario o fueron sobreseídos por falta de pruebas. Esto, sin embargo, se debió gracias a la gran presión de las movilizaciones de organizaciones sociales y familiares de estos detenidos y presos.

  En diciembre de 2022, Gabriel Boric (ya siendo presidente) indultó a 13 personas (12 de ellos presos de la revuelta de octubre) dando así por terminada la utilización de la revuelta para sus propios intereses políticos. Con la consolidación en el poder del progresismo (FA/PC), ahora venía la reestructuración político-económica de la clase dominante y con ello la represión de las clases populares, una vez más. Desde fines de 2024 y principios de 2025, aún queda este grupo reducido de presos de la revuelta en prisión efectiva (aproximadamente unas 13 o 15 personas). La mayoría de ellos condenados por delitos específicos como incendio o infracción a la Ley de Control de Armas (específicamente por lanzamiento de artefactos incendiarios).

  Entre estos presos de la revuelta que aún siguen condenados, se encuentra Nicolás Piña, quien fue detenido el 12 de febrero de 2021 en el sector de Pío Nono (barrio Bellavista). Se le acusó de formar parte de un grupo que atacó un furgón de Carabineros. Estuvo en Santiago 1 hasta marzo de 2022, cuando su defensa logró cambiar la cautelar por arresto domiciliario tras pagar una caución de $20 millones de pesos (para lo cual la familia debió dejar la casa de su abuela como garantía). En octubre del 2023, el Segundo Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago lo condenó a un total de 10 años y un día de cárcel: 7 años por homicidio frustrado a carabinero en ejercicio y 3 años y un día por lanzamiento de artefacto incendiario. Al momento de dictarse la sentencia definitiva, Piña no se presentó a cumplirla y se mantuvo en rebeldía de la justicia durante casi dos años, cuando fue recapturado el 22 de diciembre de 2025 en Santiago Centro.

  El caso de Nicolás Piña se convirtió en un rostro visible de las agrupaciones de familiares de los presos de la revuelta que exigían la libertad para ellos: con Nicolás Piña, como en muchos otros casos más, fue condenado sin pruebas: el mismo día que Nicolás es detenido fue sometido a un examen de hidrocarburo para detectar residuos de bencina en sus manos o en su cuerpo y los resultados dieron negativo. A pesar de esto, el 2° TOP de Santiago optó por creer en los testimonios de efectivos de Carabineros que se infiltraban en las manifestaciones para detener personas, cuyos criterios dejaron mucho que desear.

  Además, se comprobó que estos efectivos lo hicieron sin la tutela de un juez como exige la ley. Y en segundo lugar, no coordinaron sus acciones a través del canal de comunicación que tiene Carabineros para esos fines, la señal CENCO. En vez de eso, lo hicieron a través un grupo de WhatsApp que bautizaron «Patrulla Cazadores» que, dicho sea de paso, ¡no fue periciado en el juicio! Estos agentes represores fueron conocidos como los “intramarcha”.

  Con estos antecedentes queda más que claro el carácter clasista de la justicia en un sistema como este: donde se criminaliza al pobre con leyes como antisaqueos, antibarricadas, gatillo fácil, antitomas, en donde el pobre es usado como carne de cañón para los intereses de sujetos, más o menos progresista, según lo amerite la situación como Boric. En donde el pobre queda encarcelado por no tener los recursos para defenderse, con un mínimo grado de humanidad frente a jueces coludidos en diferentes hechos de corrupción. Una vez más se dice: la cárcel es solo para los pobres; y una vez más: otra navidad más, otro año nuevo más con nuestros compañeros encarcelados.

• Edgar Martín, defensor de la tierra, cumple dos meses sin protección en Oaxaca

  6 de gener, per  Admin2

  Unión Hidalgo, Oaxaca. El 30 de diciembre pasado, el defensor ambiental zapoteca Edgar Martín Regalado cumplió dos meses desde que de facto se redujeron sus medidas de protección en campo.

  “Se vuelve más riesgoso defender”, afirma tras seguir realizando recorridos en dos sitios sagrados para su pueblo natal –La Llovizna y Loma Lope–, donde ha denunciado la extracción ilegal de minerales y material pétreo de parte de elementos de la Secretaría de Marina (a través de Grupo Ferrocarrilero del Sureste) y de la autoridad local de Unión Hidalgo (a través de un contratista de Juchitán).

  Edgar explicó que el 30 de octubre, durante una mesa de paz y seguridad que convoca el secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se determinó que ya no debería de contar con protección, presuntamente porque su actividad de defensor causa molestias en propiedad privada. Y recientemente, por denunciar públicamente, el activista ha vivido intimidación.

  

  “El 23 de diciembre, cuando acudí al palacio municipal a presentar una solicitud de información, me topé con el presidente municipal y ahí me dijo que colecciona notas periodísticas para actuar en mi contra cuando proceda, y además le dice a la gente que por mi culpa las obras no se realizarán, lo cual representa estigmatización de la defensa de los derechos humanos”, externó.

  Por esta situación de riesgo, el activista y ambientalista recibe el acompañamiento de la organización estatal Código DH, y también ha informado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), cuyos integrantes ya visitaron en dos ocasiones la comunidad.

  El Mecanismo de Protección también se ha comunicado y le tiene agendada una reunón para una próxima evaluación de riesgos en la Ciudad de México.

  “Código DH le ha informado de mi caso a la Oficina de la ONU en México para que se restablezca completamente la seguridad a mi persona», indicó. A pesar de los riegos, aseguró que la lucha no se ha terminado, y sigue recorriendo kilómetros cada semana para vigilar que no se extraiga material ilegal.

  Edgar explicó que el material extraído es para cubrir el camino que une al deportivo Zapotal con la comunidad de Cerro Iguana, y a pesar de que la autoridad local ya sabe de la orden judicial y la recomendación de las instancias medioambientales, “parece no importarle” y rompe con el Estado de Derecho, igual que lo hace el crimen organizado.

  “Él como autoridad municipal sabe que el banco de piedra no cuenta con permiso vigente, tal y como lo especifica el oficio: MEDIOAMBIENTE /OS/ UJ/1243/2025, logrando su clausura. Hay más bancos autorizados donde pudiera adquirir, pero no, no quiere gastar y prefiere actuar en la ilegalidad o por compromisos adquiridos”, recalcó.

  Por último, Regalado dijo que es urgente que se visibilice y se denuncien este tipo de actos, que si bien lo ponen en riesgo, también afectan la vida comunitaria y ecológica de Unión Hidalgo, comunidad ubicada al sur del Istmo de Tehuantepec.

  En este municipio, desde el año 2024 comenzó la rehabilitación de las vías del ferrocarril de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde Edgar también ha denunciado la deforestación de más de 12 mil árboles endémicos y algunos en peligro de extinción.