Desinformémonos

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• Redias alerta por partos forzados en niñas en Chiapas

  10 de gener, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas afirmó que el incremento de partos en niñas de entre diez y diecisiete años y la persistencia de embarazos en menores de catorce años “no puede ni debe normalizarse”, al estar vinculados, en su mayoría, a violencia sexual, uniones forzadas y prácticas que anulan la autonomía y la identidad de las niñas, lo que configura casos de fecundidad forzada prohibidos por la legislación nacional e internacional.

  La organización señaló que el parto de una niña tsotsil de trece años ocurrido el dos de enero en el Hospital de la Mujer, en San Cristóbal de Las Casas, “no es un hecho aislado, sino reflejo de la crisis de derechos humanos, la violencia estructural y la falta de políticas públicas que acompañen el interés superior de la niñez y la adolescencia”.

  Redias expresó su “preocupación ante los matrimonios y la fecundidad forzados de niñas y adolescentes en la entidad” y recordó que, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las personas menores de dieciocho años son sujetas de derechos y se prohíben prácticas como el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas.

  La Red exigió a los tres niveles de gobierno combatir los matrimonios forzados, garantizar la identificación temprana y la atención integral de la violencia sexual, así como cumplir la Norma Oficial Mexicana 046 de la Secretaría de Salud, que establece el derecho de las víctimas de violencia sexual a la interrupción legal del embarazo. Además, demandó atención inmediata sin criminalización ni revictimización y que las procuradurías de protección elaboren planes de restitución de derechos que aseguren la protección de las niñas y la no repetición de la violencia.

• Incendios en Chubut: voces desde el fuego entre la sequía y un Estado irresponsable

  9 de gener, per  Admin2

  Foto: Matías Garay / Greenpeace

  Los incendios arrasaron 2 mil hectáreas de bosque en el Lago Epuyén en medio del verano más seco en una década. El gobierno de Chubut volvió a buscar responsables «intencionales», mientras la comunidad se organiza en brigadas, denuncia el desfinanciamiento del manejo del fuego y la Ley de Bosques, y las promesas incumplidas tras los incendios del año pasado. Entre el humo también asoman las intenciones inmobiliarias, mineras y por el manejo del agua.

  Desde la Comarca Andina (Chubut y Río Negro)

  El fuego sobre las costas del Lago Epuyén ya arrasó más de 2 mil hectáreas, destruyó 10 viviendas y obligó a evacuar a cientos de pobladores y turistas. El foco inicial, en el ingreso a Puerto Patriada, fue confirmado como «intencional» por la fiscalía local y rápidamente utilizado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para no hablar de las problemáticas de fondo —desfinanciamiento del Servicio de Manejo del Fuego, erradicación del monocultivo de pinos, restauración del bosque nativo; entre otras que ambientalistas, científicos, académicos y vecinos organizados repiten hace años—. El incendio ocurre en un contexto de sequía extrema y en el verano más seco de la última década. Tan seco que arde. Hace solo un año, Epuyén sufrió otro incendio que consumió entre 2.300 y 3.000 hectáreas, con más de 200 familias evacuadas y decenas de casas afectadas.

  A pesar de los discursos de negacionismo de la crisis climáticas a nivel nacional, en 2025, se registraron déficits de lluvia históricos en el norte y oeste patagónico, considerados entre los más secos desde 1961. El 26 de diciembre, diez días antes del inicio del incendio, el gobierno nacional tuvo que reconocer la situación y declaró la emergencia agropecuaria por sequía en Neuquén. En los primeros días de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) confirmaron que la crisis climática y la falta de precipitaciones son factores agravantes que elevan el riesgo de incendios forestales y de interfase en gran parte de la Argentina, incluyendo la región patagónica. Estos organismos declararon un “riesgo extremo” en 16 provincias, advirtiendo que las condiciones deberían considerarse “potencialmente explosivas o extremadamente críticas”. 

  El 5 de enero, Puerto Patriada arde. El deslumbrante paisaje turístico a orillas del Lago Epuyén perdió más de 2.000 hectáreas de bosque y matorrales, el fuego alcanzó una zona de interfase —límite entre el bosque y las zonas urbanizadas— en las deshidratadas calles del paraje Rincón de Lobos, allí arrasó con diez viviendas y decenas de animales.

  

  El foco del incendio se registró, según las hipótesis oficiales, en la reserva forestal ubicada en el ingreso a Puerto Patriada, en el extremo norte del Lago Epuyén, y se dispersó por la ladera norte del Cerro Pirque, que divide las localidades de El Hoyo y Epuyén. El lunes por la tarde, cuando inició el incendio, los parajes de El Hoyo fueron los más amenazados y donde, hasta ahora, se registraron pérdidas materiales del incendio. El fuego continuó rodeando el lago y avanzó en dos direcciones: hacia el oeste rumbo al paraje El Desemboque, en Lago Puelo, y hacia el sur en los parajes rurales de Epuyén. 

  Desde el primer día se volvieron a vivir las imágenes que toda La Comarca —región que reúne los pueblos cordilleranos del sur de Río Negro y norte de Chubut— tenía muy presentes del año pasado, cuando los incendios en Chubut arrasaron Epuyén; y en Río Negro, El Bolsón. Hace un año, la superficie de bosques andino-patagónicos afectada por incendios forestales fue de 31.722 hectáreas, cuatro veces más que en el verano de 2023-2024, según un informe de Greenpeace.   

  Puerto Patriada o «el recuerdo de cuando era verde»

  La repetición del fuego se asemeja a un eco, como una herida que no cierra. Mariana Cides es vecina de Puerto Patriada y cuenta que armó una brigada comunitaria a la que nombró «La Moro», en referencia a un caballo rescatado a orillas del lago Epuyén y a la camioneta en la que transporta el equipo de primer ataque contra el fuego. La vecina recuerda aquella primera noche en la que el cerro brillaba como un fósforo en la oscuridad. Ni bien hubo permiso oficial para que las brigadas comunitarias pudieran circular, emprendieron el camino de montaña.

  «Llegamos a las 20 con agua, un granito de arena. Nos quedamos colaborando hasta las 5.30, cuando ya comenzaba a amanecer. En el camino de regreso desde el lago estaba clareando y vimos todo quemado», dice e insiste con la palabra «todo». Las cifras oficiales hablan de hectáreas arrasadas, pero Cides corporiza esa estadística: «Lo que se siente no se puede describir en palabras: animales lastimados, casas quemadas, bosque quemado, las playas ya no están. Todo queda ahora en el recuerdo de cuando era verde. La verdad, es que se siente una impotencia terrible, terrible para el alma».

  

  La comunidad, esta vez y como años anteriores, vuelve a ser protagonista. «La gente, los vecinos, tienen una humanidad impagable», resume Cides. Con motobombas improvisadas, machetes, botellas de agua, y un mate que circulaba a las tres de la mañana, enfrentaron las llamas. «Estuvimos hasta cualquier hora, todos empapados, embarrados, tiznados», recuerda con cierta euforia aún en la voz y con los párpados pesados de sueño.

  Y agrega: «Va más allá de la tristeza del daño que se hace, porque nunca más volvés a ver el bosque, y no hablo de los pinos que arden como si nada». Cides habla de la vida de los árboles nativos: lengas, cipreses, coihues y ñires, que acumulaban hojarasca hace más de 60 años.  «Entonces, te fundís en un abrazo con alguien que no sabés quién es, y no te importa. No recuerdo el nombre de nadie pero si los veo o los escucho puedo reconocerlos”, cuenta con certeza. 

  Entre esas imágenes del combate al fuego, Cides habla de un niño, de unos diez años, que se les acercó a pedir que vayan a ayudar a su papá, mientras la brigada comunitaria recargaba un tótem de agua. «Era un gurisito, que estaba en la orilla, pegado al lago. Estaba con caballos de cabalgata. Y nos dijo, con toda inocencia: sacamos a éstos y allá se quemó todo el campo nuestro y también se deben haber quemado animales porque no quedaron más que esta yegua, este caballo, este otro”, enumeró.

  “Nos contó el nombre de cada uno y nos pidió que fuéramos a ver a su papá, que estaba en el campo, pero no llegamos, era un infierno”, retrata Cides y grafica: fuego a cada lado del camino, las indicaciones para senderismo consumidas sobre los árboles. Volvieron a buscar agua en la orilla ante tanto calor. Las hojas de los árboles se retorcían, achicharradas por el fuego, que siguieron combatiendo con otro grupo de pobladores y prestadores turísticos. 

  La organización comunitaria frente al desfinanciamiento nacional

  Mientras los vecinos organizados comunitariamente acompañaban o suplen las tareas de los brigadistas del desfinanciado Servicio del Manejo del Fuego provincial y nacional, el gobernador Ignacio Torres ofrecía una conferencia de prensa para anunciar que «los miserables que prendieron fuego van a terminar presos». El contraste se hace evidente: mientras la comunidad se organiza con lo que tiene a mano, el Estado aparece con discursos punitivos sin garantizar recursos permanentes ni respetar el modo de habitar y vivir en los territorios por parte de la población local.

  

  Durante el combate del fuego, según relatos de brigadistas comunitarios, el cuerpo olvida el hambre, también el cansancio e incluso el calor que se refleja e impregna por completo en la piel. En aquella adrenalina no existe registro, el cansancio parece nacer después, al descansar. Cides dice no haber visto brigadistas o bomberos, muchos menos autoridades, durante las primeras horas transcurridas. El gobierno provincial habló luego de la acción de 6 aviones hidrantes, 1 helicóptero, camiones cisterna de Vialidad Nacional y, luego del tercer día, un  Boeing 737 Fireliner enviado desde Nación.

  A pesar de los anuncios del gobernador con el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente Javier Milei desfinancia el Servicio del Manejo del Fuego desde el inicio de su  gestión. En el Presupuesto 2026, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del presupuesto nacional, contará con 20.131 millones, lo que implica una caída real del 69 por ciento con respecto a 2023 y del 53,6 por ciento con respecto a 2025.

  El fuego sobre Rincón de Lobos, los pinos y la Ley de Bosques

  «Lo de anoche fue dantesco», cuenta Juan Pablo «Pocho» Acosta, ingeniero agrónomo, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y vecino del paraje Rincón de Lobos. Desde su casa se veía el Cerro Pirque encendido durante la noche. En aquel paraje muchos vecinos se autoevacuaron y los que quedaron, se mantienen atentos al movimiento del fuego llevado por el viento. Lo hacen durmiendo por turnos y con los tanques de agua comunitarios y las autobombas preparadas.

  También se escuchan pasar los aviones hidrantes y autobombas de los servicios provincial y nacional de Manejo del Fuego, pero con el cerro prendido «solo se puede controlar cuestiones muy puntuales», advierte Acosta y agrega: «Los ataques al fuego son para resguardar vidas humanas y evitar que se dañe infraestructura, pero el monte se sigue quemando hasta que haya una lluvia».

  

  Entonces, marca uno de los problemas de fondo, de lo que no se hizo hasta que el fuego se inició. «El gobierno dio de baja el fondo fiduciario de la Ley de Bosques, que aporta los recursos para el trabajo preventivo y el ordenamiento forestal. Ahora estás trabajando sobre la emergencia y sobre la emergencia no alcanza nada».  El manejo del monocultivo de pinos es un problema central La Comarca, año tras año vecinos, asambleas, técnicos y académicos denuncian el descontrol de los planes forestales que, entre la década de 1970 y 1990, impulsaron la implantación de variedades de pino del hemisferio norte, un tipo de árbol con gran capacidad de combustión.

  «Los planes de restauración de monte nativo están muy atados al financiamiento nacional de la Ley de Bosques, que hoy está desfinanciada», insiste el integrante de UTT y habla de lo que se repite en cada incendio: «La presencia de especies exóticas como el pino, te cambia la dinámica del fuego, es mucho más virulenta en un bosque de pino que en un bosque nativo. El fuego promueve la colonización de estas especies y los ciclos ígneos se repiten con más fuerza». 

  Agotado de esperar que el fuego no llega a su casa y a la de sus vecinos, Acosta se toma un tiempo, piensa y propone un plan de 5 ejes de política pública para prevenir los incendios en Chubut:

  • Erradicación de exóticas (pino, principalmente)
  • Restauración de bosque nativo
  • Fortalecimiento del combate del fuego (personal y equipamiento)
  • Educación ambiental
  • Fortalecimiento y ordenamiento de la producción de pequeños productores familiares que viven las reservas provinciales y nacionales y en sus entornos.

  Los incendios en Chubut, una tragedia repetida ¿por «intencionalidad» de quién?

  Claudia Sastre, comunicadora e integrante de la Asamblea de Vecinos de Epuyén, es testigo de cómo el fuego avanzó por la ladera sur del Cerro Pirque hacia los parajes rurales de Epuyén, que un año atrás vio arder hectáreas y viviendas bajo el fuego. El avance del foco de este verano obligó a la evacuación de las personas en el desembocadura del río homónimo, pero aún no alcanzó a las zonas de viviendas. Sastre vió caer las cenizas del incendio sobre su casa: «Está todo blanco, como si hubiera nevado», dice y agrega: «Es una catástrofe, se perdió toda la biósfera». 

  Azul Gatti Yapur, quien perdió su casa en las llamas de enero de 2025 y pertenece a la Asamblea de Vecinxs Damnificadxs de Epuyén, dice casi envuelta en una risa nerviosa: «Ahora mojo el techo de la estructura de mi casa para que esta vez no se queme, es muy desesperante» y denuncia: «No terminaron de llegar las ayudas del incendio anterior y ya estamos atravesando uno nuevo». Su comentario, es parte de un pliego de reclamos de la asamblea de vecinos y vecinas que va desde la solicitud de extensión del subsidio para alquiler hasta la entrega de fondos para reconstruir lo perdido para quienes aún no lo han recibido.  

  

  Gatti Yapur participa de un espacio que se organiza ante cada emergencia para cocinar viandas y alcanzarlas a las brigadas comunitarias. Durante la conversación se distrae con gritos, anuncios de ingredientes y cantidades entregadas. Sostiene que «este momento es de cocinar, mojar las casas y conversando cómo seguir». «La comarca es muy buena organizándose ante emergencias pero no lo es para mantener la organización durante el resto del tiempo, por ejemplo, sosteniendo reclamos sobre anuncios que aún no se cumplieron«.

  Sastre suma en esa misma línea y denuncia: «Tras los incendios llegaron 7 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional. En Epuyén no cambió nada para el combate del fuego y a los damnificados les quedó muy poco. Los incendios son un gran negocio para los funcionarios». Repasa entonces las hipótesis del fuego y da lugar a la presencia de focos intencionales, como el gobernador Ignacio Torres denunció, pero abre el paraguas respecto de las investigaciones posteriores y de la estigmatización del Pueblo Mapuche. 

  Durante la conferencia de prensa brindada por Torres junto a Santilli, el gobernador mantuvo la misma narrativa de la búsqueda de un enemigo interno que el año pasado, aunque evitó hablar explícitamente del Pueblo Mapuche, mediáticamente acusados y judicialmente perseguidos por los incendios en Chubut de 2025. Santilli reforzó la idea hablando de una recompensa de 50 millones de pesos para quien aportara información. “Son los mismos violentos. Hay una conexión también en cuanto a la modalidad de estos delitos y obviamente el fuego no distingue jurisdicción, ni nacional, ni provincial, ni interprovincial», dijo Torres.

  

  Ante los dichos, Gatti Yapur no se sorprende, al contrario, asegura que “es lo que vienen haciendo, culpando en lugar de responsabilizarse por la falta de prevención y cuidado, de manejo de implantaciones de pinos, entre otras». Pocas días atrás, el gobernador del Chubut lanzó otra hipótesis al hablar del hallazgo de, al menos, seis granadas de guerra en el Lago Epuyén, dentro del Parque Municipal Puerto Bonito, cercano a las llamas de estos días.

  Torres confirmó que los explosivos pertenecían al Ejército y que, por los números de serie, se pudo establecer que eran propiedad del Ministerio de Defensa. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Carlos Díaz Meyer, el mismo que interviene en la búsqueda de responsables de los focos ígneos, sin resolver aún la causa sobre el siniestro del 15 de enero de 2025 en la misma localidad. 

  En ese contexto, Torres afirmó nuevamente que «todos los años se quiere sembrar miedo y terror en la zona» y que «cualquiera que quiera asustar a la comunidad va a terminar preso». Otra vez el fuego, otra vez el discurso punitivista que desliga la responsabilidad del Estado para colocarla sobre los autores materiales, ignorando la problemática territorial de fondo. «Luego del incendio de enero del año pasado se realizó hasta una pericia de la Policía Federal en la que se probaba que hubo líquidos acelerantes del fuego, pero la investigación no avanzó. Si no hay resultado de las investigaciones y solo se criminaliza por criminalizar, da mucho que pensar«, reflexiona Sastre sobre los discursos oficiales.  

  

  La periodista de la Radio Asamblea insiste en otras hipótesis del fuego, las que denuncian desde hace años: «El desfinanciamiento del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, por ejemplo. Hace menos de un mes despidieron a cinco técnicos que estaban haciendo trabajos de reforestación, le rescindieron el contrato. El servicio está desfinanciado, no cumplen los acuerdos paritarios, las brigadas están siempre igual, mal equipadas y mal pagas. No ha cambiado nada«. 

  Si la palabra que da vueltas es «intencionalidad» —avalada por esa políticamente difusa cifra oficial que indica que el 95 por ciento de los incendios son provocados por acción humana—, Sastre sospecha de la que está detrás del negocio de que, cada verano, los bosques nativos se incendien sin tareas de prevención ni previas ni posteriores: «Si hay intencionalidad es de los que quieren quedarse con el territorio y no de los los que vivimos en él. Intereses inmobiliarios, mineras, capitales extranjeros, la explotación del agua. El agua es un nuevo commodity y los incendios son el rifle sanitario«, sentencia. 

  Como ejemplo, Sastre habla del paraje Arroyo Mina, donde vive al pie del Cerro Coihue: «Ya está señalado como que, en algún momento, se va a prender fuego. Hay mucho bosque nativo, pero también hay manifestaciones para realizar emprendimientos mineros. Hay más de 20 manifestaciones mineras en todo el ejido de Epuyén». 

  La repetición del fuego no es solo una estadística: es un trauma colectivo que se renueva cada verano, una herida que se abre en el mismo territorio, en los mismos cuerpos.

  Edición: Nahuel Lag

  Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

• Asesinan al periodista Carlos Castro en Veracruz

  9 de gener, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. El periodista de 26 años Carlos Castro fue asesinado por sujetos armados la noche de este jueves en un restaurante de Poza Rica, Veracruz, donde cubría temas policíacos y de seguridad, dirigía el portal informativo Código Norte Veracruz y había colaborado en los medios Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque.

  De acuerdo con compañeros de Castro, el joven había denunciado amenazas y en 2024 la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le había otorgado medidas de protección, que presuntamente le fueron retiradas meses antes del crimen. El Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas, que condenó el asesinato, informó que las medidas otorgadas “lo llevaron incluso a salir temporalmente del municipio ante el riesgo identificado”.

  “Tener medidas de protección no debe ser sinónimo de vulnerabilidad ni un respaldo insuficiente ante agresiones extremas. La implementación y seguimiento efectivo de estas medidas es una responsabilidad de las autoridades encargadas y su fracaso en proteger la vida de un profesional de la prensa expone fallas graves en los mecanismos de protección existentes”, criticó el Observatorio en un comunicado.

  

  La organización exigió que las autoridades realicen una investigación “pronta, exhaustiva, profesional e imparcial” que considere la labor periodística de Castro como línea de investigación principal y que esclarezca las circunstancias relacionadas con las medidas de protección previamente concedidas, su seguimiento y cumplimiento.

  El asesinato de Castro se registró alrededor de las 19 horas de este 8 de enero en el negocio “TrogueBirria”, que administraba junto a su familia. Al lugar llegaron sujetos desconocidos y fuertemente armados que huyeron después de dispararle.

  De 2005 a 2024, al menos 31 asesinatos de periodistas fueron cometidos en Veracruz, una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó que México es el segundo país “más peligroso para ejercer el periodismo”, sólo por detrás de Palestina.

  

• La guía integral del imperialismo en Venezuela

  9 de gener, per  Admin2

  El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a manos del imperialismo estadounidense marca una nueva y gravísima escalada en la agresión sostenida contra la soberanía de Venezuela. Lejos de tratarse de un hecho aislado o excepcional, este episodio se inscribe en una ofensiva prolongada que combina guerra económica y financiera, deslegitimación política, coerción militar y producción de consenso mediático y hegemonía cultural. Frente a la confusión informativa, la propaganda y la proliferación de narrativas especulativas, este artículo propone un marco de análisis para comprender la lógica estructural del imperialismo contemporáneo y situar este ataque en el contexto del asedio que Venezuela viene sufriendo desde hace décadas.

  Imperialismo y sistema-mundo capitalista: un marco de análisis

  Desde la perspectiva del análisis de sistemas-mundo, el capitalismo no se entiende como una suma de economías nacionales aisladas, sino como una totalidad histórica estructurada por relaciones jerárquicas de dominación y dependencia, articuladas a través del intercambio desigual. En este marco, el imperialismo no constituye una deformación coyuntural ni el resultado excepcional de crisis o guerras concretas, sino la dimensión constitutiva del sistema-mundo capitalista, inseparable de su lógica histórica de expansión y de su necesidad permanente de acumulación a escala global.

  El imperialismo puede definirse, así, como el modo jerárquico mediante el cual se organiza la captura, transferencia y apropiación del valor en el mundo. Este proceso se basa en la subordinación estructural de unas sociedades a otras dentro de una división internacional de la producción y el trabajo que separa a los países que no retienen el valor que producen de aquellos que lo capturan y concentran gracias al intercambio desigual. Esta jerarquización configura los polos clásicos del sistema —centro y periferia, o Norte y Sur global—, así como espacios intermedios de semiperiferia, donde coexisten dinámicas contradictorias de apropiación y dependencia. El imperialismo, en este sentido, segrega y ordena el mundo para garantizar la acumulación de capital, apoyándose en la extracción barata de trabajo, bienes materiales y energía, y en la externalización sistemática de costes hacia la periferia.

  Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social

  Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social. La dominación económica —basada en el control de los flujos de valor, el endeudamiento, las sanciones o el acceso a los mercados— se ve reforzada por instrumentos políticos y diplomáticos, por la amenaza o el uso efectivo de la coerción militar, y por formas de hegemonía cultural y mediática que contribuyen a legitimar el orden existente en el imaginario social. Estos ámbitos no funcionan de manera compartimentada, sino que se combinan y retroalimentan en distintos grados de coerción y consenso, buscando un equilibrio que permita naturalizar la subordinación imperialista y normalizar la captura de valor como un hecho inevitable o incluso deseable.

  La participación activa de los Estados es clave en esta arquitectura de dominación. A través de marcos legales, acuerdos internacionales, dispositivos diplomáticos y, llegado el caso, el uso de la fuerza militar, se crean las condiciones para que las corporaciones transnacionales y las entidades financieras concentren la mayor parte de los beneficios del comercio global. En este contexto, puede hablarse de Estados imperialistas, fundamentalmente situados en el centro del sistema-mundo capitalista, frente a otros Estados cuya inserción estructural es de dependencia, independientemente de sus proyectos políticos internos o de sus aspiraciones de desarrollo. Las distintas fases históricas del imperialismo —colonial, neocolonial y neoliberal— muestran continuidades y rupturas en estas formas de dominación, generalmente asociadas a periodos de hegemonía de potencias concretas, siendo Estados Unidos el actor central del imperialismo contemporáneo.

  Este marco permite analizar el caso venezolano no como una anomalía ni como un conflicto estrictamente interno, sino como una expresión concreta de las tensiones del sistema-mundo capitalista y de las formas contemporáneas de agresión imperialista. Las dinámicas económicas, políticas, diplomáticas, mediáticas, culturales y militares que han atravesado Venezuela en las últimas décadas, hasta desembocar en la abierta intervención militar de estos días contraria al derecho internacional, solo pueden comprenderse plenamente si se las sitúa dentro de esta lógica estructural de dominación, captura de valor y disciplinamiento de la periferia.

  Venezuela en el engranaje del imperialismo contemporáneo

  Situar el caso venezolano dentro del marco del sistema-mundo capitalista implica abandonar explicaciones excepcionalistas o moralizantes y entenderlo como una expresión concreta de las dinámicas estructurales del imperialismo contemporáneo. Lejos de tratarse de un mero conflicto bilateral, de un “fracaso interno” o de una supuesta “deriva autoritaria”, la agresión sostenida contra Venezuela debe leerse como parte de un proceso de disciplinamiento de la periferia en un contexto de crisis, reconfiguración geopolítica y declive relativo de la hegemonía estadounidense.

  Desde el inicio del proceso bolivariano, la soberanía venezolana fue objeto de una confrontación sostenida por parte del imperialismo estadounidense y sus aliados regionales. Ya durante la presidencia de Hugo Chávez (1999–2013), esta ofensiva adoptó múltiples formas que anticipan los mecanismos hoy desplegados contra Venezuela. El golpe de Estado de abril de 2002 —respaldado por sectores empresariales, mediáticos y militares, y legitimado de facto por Washington— marcó un punto de inflexión, seguido pocos meses después por el paro petrolero de 2002–2003, un sabotaje económico dirigido a paralizar PDVSA y asfixiar al Estado venezolano. A estos episodios se sumaron operaciones de desestabilización política y financiera, como el financiamiento de la oposición a través de agencias estadounidenses (USAID y NED), la presión internacional durante el referéndum revocatorio de 2004, y la detección de tramas paramilitares vinculadas a Colombia, como la llamada Operación Daktari en 2004. 

  En las últimas décadas (y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010) Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación,

  Estos hechos se inscribieron, además, en un entorno regional crecientemente militarizado, con la expansión de la presencia estadounidense en Colombia y la realización de ejercicios militares que simulaban escenarios de intervención en Venezuela, que incluyen el precedente de la Operación Balboa en 2001, liderada por España en coordinación con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Paralelamente, se consolidó una guerra mediática internacional orientada a erosionar la legitimidad del gobierno bolivariano y a preparar el terreno simbólico para formas más abiertas del uso de la fuerza. Lejos de constituir episodios aislados, estos precedentes revelan una estrategia prolongada de injerencia que combina presión económica, conspiración política, amenaza militar y disciplinamiento discursivo, y que encuentra su continuidad —con medios más radicalizados— en la fase actual de agresión imperialista contra Venezuela.

  El imperialismo puede definirse, así, como el modo jerárquico mediante el cual se organiza la captura, transferencia y apropiación del valor en el mundo. Este proceso se basa en la subordinación estructural de unas sociedades a otras dentro de una división internacional de la producción y el trabajo que separa a los países que no retienen el valor que producen de aquellos que lo capturan y concentran gracias al intercambio desigual. Esta jerarquización configura los polos clásicos del sistema —centro y periferia, o Norte y Sur global—, así como espacios intermedios de semiperiferia, donde coexisten dinámicas contradictorias de apropiación y dependencia. El imperialismo, en este sentido, segrega y ordena el mundo para garantizar la acumulación de capital, apoyándose en la extracción barata de trabajo, bienes materiales y energía, y en la externalización sistemática de costes hacia la periferia.

  Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social

  Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social. La dominación económica —basada en el control de los flujos de valor, el endeudamiento, las sanciones o el acceso a los mercados— se ve reforzada por instrumentos políticos y diplomáticos, por la amenaza o el uso efectivo de la coerción militar, y por formas de hegemonía cultural y mediática que contribuyen a legitimar el orden existente en el imaginario social. Estos ámbitos no funcionan de manera compartimentada, sino que se combinan y retroalimentan en distintos grados de coerción y consenso, buscando un equilibrio que permita naturalizar la subordinación imperialista y normalizar la captura de valor como un hecho inevitable o incluso deseable.

  La participación activa de los Estados es clave en esta arquitectura de dominación. A través de marcos legales, acuerdos internacionales, dispositivos diplomáticos y, llegado el caso, el uso de la fuerza militar, se crean las condiciones para que las corporaciones transnacionales y las entidades financieras concentren la mayor parte de los beneficios del comercio global. En este contexto, puede hablarse de Estados imperialistas, fundamentalmente situados en el centro del sistema-mundo capitalista, frente a otros Estados cuya inserción estructural es de dependencia, independientemente de sus proyectos políticos internos o de sus aspiraciones de desarrollo. Las distintas fases históricas del imperialismo —colonial, neocolonial y neoliberal— muestran continuidades y rupturas en estas formas de dominación, generalmente asociadas a periodos de hegemonía de potencias concretas, siendo Estados Unidos el actor central del imperialismo contemporáneo.

  Este marco permite analizar el caso venezolano no como una anomalía ni como un conflicto estrictamente interno, sino como una expresión concreta de las tensiones del sistema-mundo capitalista y de las formas contemporáneas de agresión imperialista. Las dinámicas económicas, políticas, diplomáticas, mediáticas, culturales y militares que han atravesado Venezuela en las últimas décadas, hasta desembocar en la abierta intervención militar de estos días contraria al derecho internacional, solo pueden comprenderse plenamente si se las sitúa dentro de esta lógica estructural de dominación, captura de valor y disciplinamiento de la periferia.

  Venezuela en el engranaje del imperialismo contemporáneo

  Situar el caso venezolano dentro del marco del sistema-mundo capitalista implica abandonar explicaciones excepcionalistas o moralizantes y entenderlo como una expresión concreta de las dinámicas estructurales del imperialismo contemporáneo. Lejos de tratarse de un mero conflicto bilateral, de un “fracaso interno” o de una supuesta “deriva autoritaria”, la agresión sostenida contra Venezuela debe leerse como parte de un proceso de disciplinamiento de la periferia en un contexto de crisis, reconfiguración geopolítica y declive relativo de la hegemonía estadounidense.

  Desde el inicio del proceso bolivariano, la soberanía venezolana fue objeto de una confrontación sostenida por parte del imperialismo estadounidense y sus aliados regionales. Ya durante la presidencia de Hugo Chávez (1999–2013), esta ofensiva adoptó múltiples formas que anticipan los mecanismos hoy desplegados contra Venezuela. El golpe de Estado de abril de 2002 —respaldado por sectores empresariales, mediáticos y militares, y legitimado de facto por Washington— marcó un punto de inflexión, seguido pocos meses después por el paro petrolero de 2002–2003, un sabotaje económico dirigido a paralizar PDVSA y asfixiar al Estado venezolano. A estos episodios se sumaron operaciones de desestabilización política y financiera, como el financiamiento de la oposición a través de agencias estadounidenses (USAID y NED), la presión internacional durante el referéndum revocatorio de 2004, y la detección de tramas paramilitares vinculadas a Colombia, como la llamada Operación Daktari en 2004. 

  En las últimas décadas (y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010) Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación,

  Estos hechos se inscribieron, además, en un entorno regional crecientemente militarizado, con la expansión de la presencia estadounidense en Colombia y la realización de ejercicios militares que simulaban escenarios de intervención en Venezuela, que incluyen el precedente de la Operación Balboa en 2001, liderada por España en coordinación con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Paralelamente, se consolidó una guerra mediática internacional orientada a erosionar la legitimidad del gobierno bolivariano y a preparar el terreno simbólico para formas más abiertas del uso de la fuerza. Lejos de constituir episodios aislados, estos precedentes revelan una estrategia prolongada de injerencia que combina presión económica, conspiración política, amenaza militar y disciplinamiento discursivo, y que encuentra su continuidad —con medios más radicalizados— en la fase actual de agresión imperialista contra Venezuela.

  Así pues, en las últimas décadas —y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010— Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación, en la que se han combinado sanciones económicas, asfixia financiera, deslegitimación diplomática, operaciones de desestabilización política, amenazas militares, acciones encubiertas y una intensa guerra mediática y cultural. Esta articulación de instrumentos responde con claridad a los automatismos del imperialismo descritos anteriormente: un equilibrio relativo entre coerción y consenso destinado a forzar un cambio de régimen con el fin de imponer la sumisión del país a los circuitos de acumulación del capital global.

  El eje económico ha sido central en esta ofensiva. Tras la desestabilización interna provocada por las guarimbas en 2014 —que acompañaron al incremento de la financiación directa de Estados Unidos a la oposición—, desde 2015, y de forma cualitativamente más agresiva a partir de 2017 y 2019, las sanciones unilaterales estadounidenses, contrarias al derecho internacional, no solo han castigado severamente la capacidad del Estado venezolano para comerciar, financiarse y sostener políticas públicas, sino que han funcionado como un mecanismo de guerra económica orientado a erosionar las condiciones materiales de reproducción social. Las sanciones financieras impuestas en 2017 bloquearon el acceso a los mercados internacionales de crédito e impidieron la refinanciación de la deuda, mientras que el embargo petrolero de facto instaurado en 2019 contra PDVSA, acompañado de la confiscación de activos estratégicos en el exterior, profundizó el colapso de los ingresos públicos y de la capacidad de importación del país.

  Estudios del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estimaron que, solo entre 2017 y 2018, las sanciones contribuyeron a 40.000 muertes evitables en Venezuela

  Las consecuencias materiales de este estrangulamiento han sido ampliamente documentadas. Estudios del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estimaron que, solo entre 2017 y 2018, las sanciones contribuyeron a 40.000 muertes evitables, al restringir el acceso a alimentos, medicamentos, insumos hospitalarios y servicios básicos, mientras otros estudios elevaron esta cifra a más de 100.000 hasta 2020. Informes de agencias de Naciones Unidas han constatado el deterioro sostenido de los indicadores de salud, nutrición y mortalidad infantil y materna en el contexto del colapso económico inducido. En 2018, un funcionario del propio Departamento de Estado de Estados Unidos reconocía abiertamente el objetivo de esta política al afirmar que las sanciones habían forzado a Venezuela a entrar en default y que el “colapso total” era la prueba de que la estrategia estaba funcionando.

  Este proceso de asfixia económica ha ido acompañado de una desposesión financiera directa, en la que han participado activamente instituciones de los países centrales. El caso del oro venezolano retenido por el Banco de Inglaterra resulta particularmente ilustrativo. Bajo el argumento de “no saber quién es el gobierno legítimo”, el Reino Unido se negó a devolver reservas soberanas pertenecientes al Estado venezolano, incluso en plena emergencia del covid. De forma paralela, activos estatales por valor de decenas de miles de millones de dólares fueron congelados en el exterior, y empresas estratégicas como Citgo quedaron bajo control judicial en Estados Unidos, privando al país de recursos fundamentales.

  Este eje económico se articuló con una ofensiva política y diplomática destinada a negar la soberanía venezolana en el plano internacional. Tras el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, en enero de 2019 se produjo el reconocimiento inmediato por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados de Juan Guaidó como autoridad paralela, sin haberse presentado ni tan siquiera a las elecciones presidenciales. Esto sería acompañada, un mes después, de un intento de entrada desde la frontera colombiana bajo el pretexto de la “ayuda humanitaria”. Estos episodios pusieron de manifiesto el papel desempeñado por gobiernos, organismos multilaterales y alianzas regionales en la elaboración de un consenso internacional para el cambio de régimen y la intervención, normalizando una interpretación notablemente elástica de la legalidad internacional en favor de los intereses del hegemón.

  Cuando estas herramientas no produjeron los resultados esperados, la lógica imperialista recurrió a formas de acción más directas. En agosto de 2018 tuvo lugar el intento de asesinato de Nicolás Maduro

  Cuando estas herramientas no produjeron los resultados esperados, la lógica imperialista recurrió a formas de acción más directas. En agosto de 2018 tuvo lugar el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro mediante drones con explosivos. En años posteriores, se intensificaron los despliegues navales estadounidenses en el Caribe, con incursiones mercenarias como la Operación Gedeón en mayo de 2020 y las recientes operaciones de interdicción bajo el argumento de la “guerra contra el narcotráfico”, que ha resultado en el asesinato extrajudicial y sin pruebas de más de un centenar de personas, de las que se sabe que muchas de ellas eran simples pescadores artesanales de la zona. En este contexto, la declaración del fentanilo como “arma de destrucción masiva” o la criminalización del Estado venezolano mediante narrativas como la del llamado Cartel de los Soles cumplieron con la función de construir un marco moral que legitimara la violencia imperialista ante la opinión pública. Resulta revelador que esta última acusación haya sido eliminada al iniciarse las audiencias judiciales contra Maduro, evidenciando su carácter instrumental y propagandístico.

  Por supuesto, este dispositivo coercitivo no se sostiene únicamente mediante la fuerza. La producción de consenso ha sido igualmente clave. Para ello, ha proliferado la promoción internacional de liderazgos opositores, y los reconocimientos y dispositivos simbólicos de legitimación por medio del uso de premios institucionales, desde el Premio Sájarov de la Unión Europea a los ultraderechistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hasta el Premio Nóbel a la primera o el novedoso sainete del Premio de la Paz de la FIFA a Donal Trump. A ello se ha unido una cobertura mediática sistemáticamente sesgada —con la reiteración acrítica de términos como “dictador”, “tirano”, “autárquico” o “régimen” en prensa generalista tanto como en prensa rosa o deportiva— para configurar una estrategia cultural destinada a naturalizar la intervención y a presentar el cambio de régimen como una causa deseable, humanitaria e incluso pacífica. Como en otros escenarios históricos, la hegemonía cultural funciona aquí como complemento indispensable de la coerción financiera y militar, haciendo de la agresión una parte central del sentido común político.

  El crudo pesado venezolano adquiere una importancia específica, ya que podría servir para complementar las limitaciones del crudo ultraligero procedente del fracking estadounidense

  Pero detrás de esta ofensiva no hay solo una voluntad de disciplinamiento, castigo o dominio en términos abstractos. Venezuela ocupa un lugar estratégico en la geografía material del capitalismo global, especialmente por sus reservas energéticas. Aunque el petróleo venezolano es ultrapesado y costoso de refinar, su relevancia no puede evaluarse al margen de la configuración actual del mercado energético global. Venezuela concentra unas de las mayores reservas probadas de crudo del planeta —en torno a los 300.000 millones de barriles, mayoritariamente en la Faja del Orinoco—, un volumen comparable o incluso superior al de grandes productores como Arabia Saudí o Irán, aunque sometido a condiciones geológicas y técnicas complejas. La fuerte caída de la producción —hoy situada en torno a los 900.000–1.100.000 barriles diarios frente a los más de tres millones alcanzados en su pico histórico—, respondería al efecto de las sanciones en la asfixia financiera del país y el consecuente deterioro deliberado en inversión e infraestructuras. 

  En este contexto, el crudo pesado venezolano adquiere una importancia específica, ya que podría servir para complementar las limitaciones del crudo ultraligero procedente del fracking estadounidense, que se estima insuficiente por sí solo para abastecer la demanda de diésel y otros destilados medios. Además, este petróleo venezolano encaja con la capacidad instalada de las grandes refinerías del Golfo de México, diseñadas precisamente para procesar crudos densos y con alto contenido en azufre. A ello se suma un factor logístico nada menor: la proximidad geográfica —unas 1.500–2.000 millas náuticas frente a las 8.000–10.000 desde Oriente Medio— reduce los costes de transporte (y, por tanto, de uso de crudo) y los riesgos de exposición a los potenciales cuellos de botella estratégicos en Ormuz, Suez o Bab el-Mandeb, en un escenario de creciente inestabilidad global. Esta combinación de reservas, calidad del crudo, infraestructura de refinación y geografía explica por qué el control territorial y logístico del petróleo venezolano, sin ser el único, sigue siendo un elemento de peso en las disputas geoeconómicas contemporáneas, más allá de los relatos coyunturales con los que se intenta justificar la agresión. Pero es que además, el control de estos recursos no solo tiene implicaciones energéticas, sino también financieras y monetarias, al ser parte de una política destinada a reforzar el papel del dólar en el comercio internacional energético con el fin de apuntalar una hegemonía en crisis.

  Venezuela aparece como una plaza clave en un repliegue táctico más amplio de Estados Unidos hacia sus esferas de influencia (que incluye el esfuerzo por disciplinar a Europa, Japón y Corea del Sur)

  En este sentido, Venezuela aparece como una plaza clave en un repliegue táctico más amplio de Estados Unidos hacia sus esferas de influencia (que incluye el esfuerzo por disciplinar a Europa, Japón y Corea del Sur), en un momento de transformación, combustión y disputa estratégica a escala mundial. No se trata únicamente de renovar la Doctrina Monroe por medio del “Corolario Trump” parareafirmar el viejo “patio trasero” —como los imperialistas estadounidenses menosprecian a América Latina—, sino de consolidar posiciones frente a posibles competidores sistémicos al tiempo que se afianzan dependencias y liberan recursos para el eje central de la confrontación geopolítica contemporánea. El caso venezolano, lejos de ser marginal, se inscribe así en el corazón de las contradicciones del imperialismo en su fase actual, cuando el centro del mismo percibe que ha perdido el control hegemónico sobre el resto.

  Hechos frente a conspiraciones: la obligación estratégica de la información frente a la confusión mediática imperialista

  El recorrido hasta aquí realizado permite extraer una conclusión fundamental: sin herramientas de análisis estructural, las agresiones imperialistas aparecen como hechos medio confusos, excepcionales o a veces inexplicables, que incluso parecen ser producto de actitudes magolómanas o ataques psicóticos. En realidad, responden a patrones históricos bien conocidos. Comprender el imperialismo como un sistema, y no como una suma de excesos, errores o conspiraciones aisladas, no es un ejercicio intelectual abstracto, sino una condición política imprescindible para poder identificar al agresor, nombrar la violencia y articular respuestas colectivas.

  En contextos de crisis, zozobra y desinformación, esta tarea se vuelve aún más urgente. La ofensiva imperialista no se libra únicamente en los planos económico, diplomático o militar, sino también en el campo de la producción de conocimiento. Lo que circula masivamente en esos momentos no es información neutral, sino, en el mejor de los casos, propaganda: relatos diseñados para desorientar, fragmentar, sembrar sospechas y desplazar el foco desde los hechos comprobables hacia un terreno pantanoso de especulación permanente. El último de ellos ha sido el destinado a deslizar la posibilidad de que la hasta ahora vicepresidenta, y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, haya sido la figura que ha traicionado a Nicolás Maduro. Sin pruebas, sin datos, sin nada, la acusación ha permeado los debates de buena parte de una supuesta izquierdaen redes sociales que, a merced de los algoritmos, que ni tan siquiera se ha atrevido cuestionar el origen de la tesis, a pesar haber sido propagada de manera profusa por el propio Donald Trump, los servicios de inteligencia estadounidenses y medios con sede en Miami. Esto pone en evidencia que, cuanto mayor es la capacidad de difusión mediática del hegemón, más eficaz resulta su estrategia de desinformación y confusión. 

  Frente a una agresión imperialista que hace apenas unas décadas habría provocado movilizaciones masivas, hoy asistimos con demasiada frecuencia a una sustitución del análisis por teorías conspirativas recicladas

  La especulación sin pruebas, la amplificación acrítica de narrativas fabricadas en centros de poder hostiles y la obsesión por tramas opacas terminan haciendo el juego al imperialismo, debilitando la capacidad de denuncia, erosionando la confianza política y fragmentando a quienes deberían estar construyendo respuestas comunes. Allí donde se necesita claridad, unidad y fuerza, se introduce confusión, sospecha y parálisis. No se trata de negar la complejidad de los procesos ni de clausurar el debate, sino de poner en cuarentena las narrativas que responden a intereses imperiales evidentes y de no convertir la incertidumbre en un mercado de rumores. La historia del imperialismo demuestra que su mayor eficacia no reside solo en la violencia que ejerce, sino en su capacidad para desarmar políticamente a sus adversarios, incluso desde posiciones que se reclaman críticas o de izquierdas.

  Efectivamente, frente a una agresión imperialista que hace apenas unas décadas habría provocado movilizaciones masivas, hoy asistimos con demasiada frecuencia a una sustitución del análisis por teorías conspirativas recicladas, a menudo, como hemos visto, procedentes de los mismos aparatos mediáticos y de inteligencia que han impulsado históricamente las campañas de desestabilización contra Venezuela y otros países del Sur global. Frente a ello, recuperar el análisis materialista, atender a las estructuras, identificar los intereses en juego y sostener una crítica anclada en hechos verificables no es una opción más entre otras, sino una obligación estratégica. En un mundo atravesado por una crisis sistémica de extraordinarias dimensiones y por la consecuente intensificación de las agresiones imperialistas, el rigor y la disciplina intelectuales no son ningún lujo, sino una forma de resistencia activa y una condición imprescindible para reconstruir la solidaridad internacional y la acción colectiva que agresiones como las que estamos experimentando exigen.

  Por ello, conviene centrarse en los hechos que conocemos. Es decir, las sanciones, el saqueo de activos, las amenazas militares, las operaciones encubiertas, la violencia económica sistemática y, por supuesto, el secuestro del presidente constitucional y su esposa en contra del derecho internacional —en tiempos en que cada vez queda más en evidencia que tal derecho apenas ha parecido serlo mientras le ha servido al hegemón para sostener el control global—. Es por medio de estos hechos corroborables que evitamos el fango de la opinión infundada y nos podemos centrar en lo que en este momento resulta esencial: denunciar la flagrante violación estadounidense de la soberanía de Venezuela, exponer la amenaza que esto representa para el resto del mundo y, consecuentemente, exigir la inmediata liberación de los ciudadanos venezolanos Nicolás Maduro y Cilia Flores.

  Este material se comparte con autorización de El Salto

• Abandonan “censo” de AMLO; anuncian nuevo cómputo de desapariciones

  9 de gener, per  Admin2

  Una suma de errores, como la falsificación de las firmas de víctimas y funcionarios en los cuestionarios realizados a las familias de personas desaparecidas, marcó el fin de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Aunque Sheinbaum dijo que continuaría, ahora plantea una revisión del registro nacional basada en el número de carpetas de investigación

  La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (ENBG), creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para dar certeza sobre el número “real” de desapariciones, fue abandonada en este sexenio por una suma de “graves errores” que hizo imposible validar la información reunida desde su inicio, en mayo de 2023. Estos incluyen —según fuentes consultadas por este medio—  la falsificación en los formularios de firmas de víctimas que presuntamente habían sido localizadas y de funcionarios que les daban validez, la pérdida de centenares de cuestionarios realizados a familias de personas desaparecidas, y el borrado de nombres del registro oficial sin formalizar el proceso. 

  Desde hace casi dos años, el Gobierno federal dejó de informar públicamente sobre las cifras de personas localizadas mediante la estrategia nacional; en abril de 2024 se detuvieron las visitas casa por casa en los estados para preguntar a las familias sobre sus parientes desaparecidos, y también fue desmantelado el centro telefónico desde donde se hacían llamadas para indagar sobre el paradero de  las personas ausentes. Nadie, ni la presidenta, ha informado qué ha ocurrido con ese plan que, en el arranque de su administración, dijo que iba a continuar; tampoco se hizo del conocimiento de las madres buscadoras. Simplemente, el tema salió de la agenda pública. 

  En la “mañanera” del pasado 14 de noviembre, Sheinbaum sorprendió con el anuncio de una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que nutren principalmente las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda, y que en la actualidad supera las 133,000 víctimas, cuyos resultados debían ser presentados antes de finalizar el año, y ahora se espera que sean dados a conocer en los próximos días. El 18 de diciembre, también desde Palacio Nacional, la mandataria precisó que la actualización de este instrumento, que administra la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), incluirá cuántas personas han sido localizadas, cuántas permanecen desaparecidas, cuántas tienen una carpeta de investigación, cuántas son ausencias voluntarias, y cuántos casos se relacionan con la delincuencia organizada. 

  “Ahora, por ley”, dijo Sheinbaum, “solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación; precisamente, por este tema de que se registraba un nombre y no había datos adicionales, […] ni tampoco quién la había subido a la plataforma”. 

  La revisión del registro nacional, indicó la presidenta, es resultado de las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas el pasado junio —tras las mesas encabezadas por la secretaria Rosa Icela Rodríguez que la Segob organizó con colectivos de familiares—, que contemplan la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá realizar búsquedas en tiempo real, al cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP) de las personas desaparecidas con bases de datos como registros administrativos, la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el propio RNPDNO. 

  La falsificación 

  El fin de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, conocida como el “censo” de AMLO, se fraguó en una sala de juntas de la CNB, donde se reunieron en junio de 2024 funcionarios de la Secretaría de Bienestar (SB) encabezados por su titular, Ariadna Montiel, y de la comisión nacional —entonces dirigida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún—, representada por el director general de Acciones de Búsqueda, Carlos Alberto Reyes Campos, para revisar y validar la información que se había generado en el censo, según aseguraron dos extrabajadores del organismo que estuvieron presentes y pidieron omitir su nombre. 

  Estas dos instancias fueron las encargadas de procesar los datos recabados en las visitas casa por casa, realizadas por integrantes de las comisiones de búsqueda estatales y por servidores de la nación. Las respuestas a los cuestionarios sobre el paradero de la persona desaparecida posteriormente eran escaneados y digitalizados. El objetivo final era depurar el RNPDNO, que cuando fue anunciado el censo sumaba más de 110,000 víctimas.

  Ese día de junio de 2024, tres meses antes de que acabara el sexenio de AMLO, los funcionarios de la CNB descubrieron que se habían perdido centenares de cuestionarios, y que la SB había copiado a mano la información digitalizada en nuevos formatos, con el propósito de que pudieran ser validados en la etapa de revisión. Para hacerlo, falsificaron tanto las firmas de víctimas de desaparición que habían sido localizadas como las de funcionarios, afirmaron las fuentes. Esto invalidó la información, y la estrategia no se retomó.

  

  ^{Imágenes de las jornadas de búsqueda casa por casa presentadas en el informe de marzo de 2024. (Presidencia)}

  Los cuestionarios habían sido escaneados para que pudieran ser cotejados con los documentos en papel, pero debido a que muchos se habían perdido, dice una de las fuentes, “lo que hicieron [en la SB] fue copiar la información que ya tenían digital en un [nuevo cuestionario o] formato físico, y para poder hacerlo falsificaron tanto las firmas de algunas víctimas como de funcionarios”.

  Se dieron cuenta al descubrir firmas de personas que ya no trabajaban en la CNB, rúbricas que no se parecían a las originales, tipos de escritura que no coincidían con los del cuestionario digitalizado, y errores como apellidos mal escritos.

  Para Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos de Fundar México, la ENBG fue poco clara desde el principio; el hecho de que inicialmente fuera anunciada como un censo daba una idea de cómo toda la discusión se centraba en las cifras, una forma de minimizar la problemática. Sumado a eso, señala, “las listas originales con las cuales empezaron el ejercicio no habían pasado por ningún sistema de verificación o de cotejo para tratar de descartar homónimos”.

  Los homónimos, personas con el mismo nombre, fueron un problema recurrente al que se enfrentaron quienes salían a campo, pues las listas que les proporcionaron no contenían en un inicio la fotografía de las personas desaparecidas, lo que dificultaba el trabajo. Tampoco verificaban los datos de documentos como la CURP para confirmar si la persona presuntamente localizada era la misma que buscaban. 

  La instrucción presidencial de “actualizar” el registro nacional contribuyó a la renuncia de Karla Quintana a la CNB en agosto de 2023. “La intención, muy clara y lamentable”, declaró tras su salida, “es reducir las cifras de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”.

  Su sucesora, Reyes Sahagún, cuestionada desde su nombramiento por su falta de experiencia para el cargo y su proximidad a Morena, retomó la ENBG, y continuó con una metodología que consistió en comparar el registro nacional con bases de datos administrativas (como programas sociales, vacunación por covid, IMSS o el padrón del INE) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona.  

  También se implementó una búsqueda masiva “casa por casa” y por llamadas telefónicas, que generó acusaciones de revictimización por parte de las familias, pues en algunas ocasiones la policía intentó entrar en el domicilio de los encuestados para comprobar si la persona desaparecida estaba escondida. El temor de las familias de las víctimas era que el verdadero propósito de esta apuesta federal fuera “rasurar” el registro, ya que AMLO rechazaba que su sexenio pasara a la historia —con más de 50,000 casos— como el de mayor número de desapariciones. 

  A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab informaron sobre la clasificación errónea de decenas de casos —desde víctimas de la “guerra sucia” como Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que no estaba en la base de datos de la ENBG, hasta Antonio Díaz Valencia, defensor de Aquila desaparecido en 2023 que figuraba como “ubicado”—, así como de personas registradas con el estatus de localizadas cuando en realidad seguían desaparecidas. 

  

  ^{Luisa María Alcalde explicó, cuando era secretaria de Gobernación, en qué consistía la formalización de las localizaciones. (Presidencia)}

  Escaso avance

  La última actualización del llamado censo de AMLO fue en marzo de 2024, aunque el expresidente había asegurado que los avances se informarían mensualmente. Entonces, durante una conferencia “mañanera” en Palacio Nacional, aseguró que se habían localizado 20,193 personas —aún en proceso de formalizar—. La mitad, 10,717, pudo ser ubicada por la información de autoridades locales, y el resto, por las visitas casa por casa (4,656), por informes de defunción (4,629), y por hallarse en centros penitenciarios (191).

  El proceso para formalizar una localización consiste en integrar la prueba de vida al expediente de búsqueda o carpeta de investigación, registrar la localización en las bases de datos —federales y estatales—, e informar a la persona denunciante. 

  En abril de 2025, iniciado el sexenio de Sheinbaum, la Segob informó, según datos solicitados vía Transparencia, que, como resultado de la estrategia, tenían 24,433 registros de personas localizadas, apenas un avance del 21% con respecto a las cifras de marzo de 2024. Pero nuevamente no aclaraba cuántos casos se habían formalizado. Informó también sobre 18,653 registros con indicios de vida o fallecimiento, sin desagregar las cifras.

  En otras clasificaciones, los 36,022 registros con identidad, pero sin datos para la búsqueda, reportados por el gobierno en diciembre de 2023, se incrementaron en abril de 2025 a 46,012 (28%), y el número de 26,090 personas sin identidad confirmada disminuyó a 10,915 (58%). 

  En una nueva solicitud de Transparencia, la Segob informó que, desde 2022 hasta el 2 de abril de 2025, 11,380 registros, poco más de la mitad del total de localizaciones informadas en marzo del año anterior, habían cambiado su estatus en el RNPDNO a personas localizadas con vida, y que 2,059 registros correspondían a personas localizadas sin vida.

  Carlos López Buburrón, investigador en el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México (Colmex), considera que, para López Obrador, la CNB no dio los resultados que esperaba.  “Narrativamente hablando no pegó la idea de que tantas personas habían sido localizadas, sino más bien pegó la idea de ‘tantas personas no tienen un registro adecuado, bien hecho’”, señala el politólogo.

  Observa que, al tiempo que bajaron los homicidios dolosos en el país —hasta el 37%, según las últimas cifras del Gobierno federal—, han aumentado las desapariciones; en el primer año del sexenio de Sheinbaum, la proporción se elevó a 40 víctimas diarias. 

  Bajar las cifras

  En las semanas previas a la reunión de junio de 2024 había una gran presión de Carlos Alberto Reyes, el directivo de la CNB, para que se validaran los cuestionarios y, de ese modo, se pudiera formalizar el proceso y cambiar el estatus de las personas desaparecidas a localizadas, lo que permitiría reducir el número de registros en el RNPDNO. En un chat de WhatsApp creado en abril de ese año por Reyes, el equipo del organismo tenía que informar sobre las actualizaciones en cada estado: el número de expedientes revisados, los documentos faltantes, si la información había sido validada. 

  Según los reportes de varios integrantes del equipo —a los que tuvo acceso este medio—, los casos no podían ser validados porque faltaban pruebas de vida, o porque el expediente no estaba completo o no contaba con los “documentos físicos”.

  De hasta mil registros, los trabajadores de la CNB solo podían validar cuatro, debido a los errores o falta de datos, ejemplifica uno de los extrabajadores, que participó en esa etapa. “Ante eso se planeó instalar un nuevo call center para conseguir la información faltante, pero nunca se llevó a cabo”. 

  Otro problema que enfrentaron fue que los siervos de la nación, cuando encontraban a personas con una ficha vigente de desaparición, no lo informaban a sus familiares, ni siquiera a quien había levantado el reporte, indicó una de las fuentes que hizo trabajo de campo. 

  Lo único que solicitaba la SB era que el registro de desaparición fuera dado de baja del RNPDNO. “La intención era bajar la cifra, nunca fue notificar a la familia”, agrega. 

  “[Y] yo no los puedo dar de baja del registro nacional hasta que no garanticen que ya tienen comunicación con su familia”, precisa el exfuncionario de la CNB. 

  En uno de los mensajes del grupo de WhatsApp, un integrante del equipo del organismo pide que se den a conocer los criterios para registrar a una persona como “localizada con vida”, pues aunque se ha especificado por qué no puede modificarse el estatus en el RNPDNO, “los registros fueron cambiando”.

  La validación de datos de la CNB permitió detectar casos en los que no era posible concluir que una persona hallada en una visita era la misma que tenía el reporte de desaparición. Sucedió, por ejemplo, con menores que eran buscados con datos surgidos de credenciales de elector, que por su edad no podían haber expedido.

  “El plan era que se iba a regresar toda esa información a la Secretaría de Bienestar para que volvieran a entrevistar en las casas y consiguieran la información que faltaba o era errónea”, dijo uno de los extrabajadores de la CNB. Pero esto nunca se concretó. 

  Inicialmente, quienes acudían a las visitas casa por casa no habían sido capacitados en el trato a las familias de personas desaparecidas, lo que se tradujo en numerosas quejas de revictimización; esto cambió cuando en la CNB se elaboró una guía sobre cómo abordar a los familiares y se dejó de acudir a los domicilios con elementos de la Guardia Nacional (GN).

  El centro telefónico o call center instalado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para preguntar a familiares si las personas desaparecidas habían regresado a casa también fue reportado por malas prácticas. Integrantes de la GN, asignados para hacer las entrevistas, se presentaban en las llamadas con nombres falsos y carecían también de capacitación para hablar del tema, señaló una persona que trabajaba en esa área, quien pidió no ser identificada. A veces, como reportó este medio, las llamadas generaban sospechas, miedo o falsas expectativas en las familias buscadoras.

  

  

  ^{Mensajes enviados por Carlos Alberto Reyes, de la CNB, en mayo y julio de 2024. (Especial)}

  Costo político

  El 29 de octubre de 2024, poco después de asumir la presidencia, Sheinbaum dijo que seguiría con la estrategia nacional, que fue diseñada durante su periodo como jefa de gobierno en la Ciudad de México, y que  adoptó AMLO para todo el país después de que la hoy mandataria presumió el resultado de las primeras jornadas realizadas en la capital en 2022. “Esta metodología la vamos a seguir”, afirmó.

  Cuando el Gobierno federal dio a conocer la última actualización de cifras en marzo de 2024, la Ciudad de México presumía las tasas de éxito más altas: 3,080 personas localizadas de un total de 7,416 casos. Actualmente, el RNPDNO registra 7,551 personas desaparecidas, más que  la cifra inicial.

  López Buburrón, del Colmex, considera que esta administración apostó por una serie de reformas legales que coinciden con la activación del artículo 34, anunciada en abril por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por considerar que las desapariciones en el país ocurren de manera generalizada y sistemática. Tras analizar la respuesta del gobierno mexicano, el organismo podría llevar el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas.

  En Palacio Nacional se vieron obligados a abordar el creciente número de desapariciones, agrega, tras el descubrimiento el pasado marzo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En este centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación se encontraron cientos de prendas y zapatos, presuntamente pertenecientes a jóvenes que eran reclutados o atraídos con propuestas falsas de trabajo para después ser obligados a unirse a las filas del grupo criminal y, si se negaban, eran asesinados. 

  Ese hecho generó diversas movilizaciones y protestas en el país, donde la imagen de los zapatos sobre el asfalto se convirtió en un símbolo de las desapariciones, y las imágenes del rancho Izaguirre trascendieron a nivel internacional. 

  “Cuando tienes un escándalo de ese tamaño, algo visualmente tan poderoso [como la imagen de las prendas abandonadas], en un estado que dentro de un año va a ser sede mundialista, el costo político de seguir hablando del censo públicamente era muy alto”, afirma el investigador.

  Reemplazar al RNPDNO

  La afirmación de Sheinbaum de que solo serán consideradas personas desaparecidas quienes tengan abierta una carpeta de investigación significa para el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), centrar la problemática en la labor del Ministerio Público. 

  “Al final, es la política de buscar que en todos los casos solamente se contabilicen los expedientes penales para registrar los números en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que va a ser empleada, de facto, como una forma de reemplazar al RNPDNO”. 

  

  ^{La imposibilidad de validar la información reunida, debido a la pérdida de documentos y falsificaciones de firmas, obligó a cancelar la ENBG. (Óscar Guerrero/Cromática/ObturadorMX)}

  Alerta también sobre el hecho de que aquellas familias que recurrían a las comisiones locales de búsqueda para denunciar una desaparición, por tener indicios de una colusión de las fiscalías con el crimen organizado, podrían quedarse sin esa posibilidad, al igual que las familias de personas migrantes, que denunciaban su ausencia en los consulados o la propia cancillería. 

  La desconfianza en los ministerios públicos, agrega, aumenta la posibilidad de un subregistro en el RNPDNO, al igual que depender de una carpeta de investigación para contabilizar a una persona desaparecida, ya que algunas fiscalías locales se niegan a recibir denuncias. 

  Ante el anuncio de Sheinbaum, madres buscadoras del Grupo Vida como Silvia Ortiz, señalan que el problema es de origen, pues los registros no contienen los datos completos por acción u omisión de las autoridades ministeriales. Su temor es que, por esta falta de datos, tengan que iniciar desde cero la investigación, y los casos de larga data queden en el olvido. 

  Durante la “mañanera” del pasado día 18 de diciembre, la presidenta dijo que muchos de los casos “históricos” de desaparición no se relacionan con la delincuencia organizada y menos aún son causados por el Estado. “Hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares”, aseguró, “pero las familias, obviamente, los reportan como ´desaparecidos´ porque no se comunican con ellos”. 

  Para Contreras, es “irrelevante si la persona estaba peleada con la familia o no, el punto es la obligación del Estado, que es saber dónde está, asegurarse primero de que está bien y ya después determinar si hubo o no un delito, pero eso no es posible si no se sabe dónde está la persona desaparecida”.

  Si bien el término de ausencia voluntaria existe en el Protocolo Homologado de Búsqueda, agrega el abogado, el temor se centra en el cierre de carpetas de investigación ante la falta de pruebas aportadas por familiares, a eso se le suman los contextos de personas que no pueden denunciar por razones de inseguridad, violencia, e incluso falta de traductores en comunidades indígenas, y “también por la cantidad de fiscalías locales a las que las familias les tienen terror”. 

  Hace unas semanas fue aprobado el nuevo Protocolo Homologado de Búsqueda, que integra las nuevas herramientas establecidas en las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones. El documento, según reportes periodísticos, obliga a los ministerios públicos a iniciar una investigación cuando reciban el reporte de una desaparición, y a realizar análisis de contexto en los casos de larga data.

  Para el abogado del Centro Prodh, la intención de la presidenta es clara: “Que la cifra de 133,000 personas desaparecidas deje de sonar como un gran problema y se convierta en una cuestión de ‘seguramente no regresaron a la casa esas personas, pero están bien’. Y entonces dejar de reconocer la problemática de la desaparición, la dimensión de la crisis, la magnitud de la gravedad de la violencia en nuestro país”. Al final, concluye, va a ser la misma política implementada en el sexenio de López Obrador para intentar reducir las cifras de personas desaparecidas.

  **Foto de portada: Andrés Manuel López Obrador al anunciar, en diciembre de 2023, los primeros resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. (Presidencia)

  http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

  Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos