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Comunidades indígenas denuncian incumplimientos de SADER Michoacán y anuncian jornada de lucha
24 d’abril, per AuriFoto: Consejo Supremo Indígena de Michoacán
Ciudad de México | Desinformémonos. Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán denunciaron el incumplimiento sistemático de apoyos al campo por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal y exigieron la destitución de su titular, al señalar omisiones, negligencia y manejo irregular de recursos públicos destinados a programas productivos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán advirtió que, pese a contar con presupuesto, la dependencia no ha entregado insumos básicos ni ha atendido compromisos previamente acordados con las comunidades.
El Consejo, integrado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de pueblos p’urhépecha, otomí, mazahua, nahua y afromexicano, señaló que desde 2025 persisten adeudos en diversos programas. En el caso de Fertilizantes Químicos y Compostas, tres comunidades no han recibido insumos pese a haber cumplido requisitos y pagos. En Obras por Cooperación, al menos diez comunidades siguen sin recibir cemento para infraestructura hidráulica y agropecuaria. En Consume lo que Produces, se adeudan desde hace dos años huertos, aves de corral y proyectos de hongos a 25 comunidades. También denunciaron retrasos en Infraestructura Pecuaria, donde 15 comunidades no han recibido materiales comprometidos.
Las comunidades afirmaron que estos compromisos están documentados y presupuestados, pero acusaron que la dependencia “jinetea los programas y recursos destinados a los apoyos al campo”, además de no acudir a reuniones convocadas por autoridades federales. “Es una institución que, pese a tener un millonario presupuesto, es incapaz de resolver los problemas más elementales por ineficacia u omisión”, señalaron en su pronunciamiento.
Ante este escenario, el Consejo exigió una investigación y auditoría para deslindar responsabilidades, así como la separación del cargo del titular de la dependencia. Advirtió que, de no resolverse los pendientes, las comunidades emprenderán una jornada de lucha en defensa del campo. “No podemos quedarnos callados”, afirmaron, al reiterar su demanda de justicia, territorio y autonomía para los pueblos originarios.
A continuación el comunicado completo:
El campo de las comunidades indígenas, entre el abandono e incumplimiento gubernamental #CSIM
A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MICHOACÁN
A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 23 de abril de 2026.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos e instituciones religiosas, constituido por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Mazahuas, Nahuas y Afromexicanos, manifestamos colectivamente lo siguiente:
Desde hace más de un año, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán #SADER ha incumplido con la entrega de los apoyos y los programas sociales para las comunidades, pese a que ya fueron cumplidos los requisitos, comprobaciones y pagos correspondientes, en el programa de Fertilizantes Químicos y Compostas, no ha proporcionado fertilizante a tres comunidades desde abril del año 2025, pese a que ya se entregaron todos los requerimientos y el pago respectivo.
Para ejemplificar también, en el programa Obras por Cooperación, no entregó el cemento para obras de infraestructura hidráulica y agropecuaria a diez comunidades originarias programadas para el año 2025, de igual forma, en el programa Consume lo que Produces, desde hace dos años, debe la entrega de huertos de hortalizas, aves de corral y hongos a 25 comunidades, así mismo, en el programa Infraestructura Pecuaria debe desde hace dos años la entrega de materiales para el desarrollo de la actividad ganadera a 15 comunidades, entre otros incumplimientos.
Todos estos compromisos se encuentran debidamente minutados y presupuestados, sin embargo, SADER jinetea los programas y recursos destinados a los apoyos al campo y ganadería para los pueblos indígenas, aunado a lo anterior, no asiste a las reuniones de trabajo programadas por la Secretaría de Gobernación con las comunidades, en resumen,
es una institución que pese a tener un millonario presupuesto es incapaz de resolver los problemas más elementales por ineficacia u omisión.
En un sistema funcional y democrático, estos hechos deberían bastar para iniciar una investigación y auditoría con el objetivo de deslindar responsabilidades, así como ser separado del cargo en lo que finalizan las indagatorias.
En este contexto, los pueblos y comunidades indígenas no podemos quedarnos callados, a petición de las autoridades tradicionales que conforman el CSIM, demandamos la destitución del titular de SADER Michoacán por no cumplir sus funciones, carecer de iniciativa para resolver los problemas y actuar con negligencia. Finalmente, emplazamos al Gobierno de Michoacán para que solucione los pendientes y problemas del campo, de lo contrario, en breve, emprenderemos una Jornada de Lucha en Defensa del Campo.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Consejo Supremo Indígena Michoacán #CSIM
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Comunidades articulan resistencias contra la gentrificación y el despojo en encuentro nacional en Oaxaca
24 d’abril, per AuriFoto: Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
Ciudad de México | Desinformémonos. Comunidades indígenas, pueblos originarios, barrios y organizaciones de distintos territorios del país denunciaron que la gentrificación, la turistificación y el despojo forman parte de una misma lógica estructural que reorganiza ciudades y territorios en función del capital, durante el Segundo Encuentro Nacional contra la Gentrificación y la Turistificación realizado en Oaxaca. Las y los participantes advirtieron que estos procesos no son aislados, sino que responden a un modelo que desplaza poblaciones, mercantiliza la vida y profundiza la desigualdad tanto en contextos rurales como urbanos.
En el pronunciamiento final, las comunidades señalaron que “los procesos de gentrificación, turistificación y despojo no son fenómenos aislados”, sino parte de un sistema que privilegia la acumulación sobre la vida. Denunciaron que este modelo se expresa en el desplazamiento por aumento de rentas, la imposición de megaproyectos, la privatización del agua y la precarización del trabajo. Frente a ello, acordaron fortalecer la organización comunitaria, defender el territorio como espacio de vida y articular luchas entre el campo y la ciudad. “El territorio no es una mercancía: es memoria, identidad, comunidad y vida”, afirmaron.
Las organizaciones también advirtieron que la crisis hídrica, la especulación inmobiliaria y la criminalización de quienes defienden sus territorios forman parte del mismo entramado de despojo. Señalaron que el agua ha sido apropiada para sostener proyectos turísticos e industriales, mientras comunidades enfrentan escasez y contaminación. En ese contexto, exigieron regulación del mercado inmobiliario, defensa del espacio público, reconocimiento del trabajo autónomo y mecanismos de protección frente a la violencia. Además, denunciaron que la cultura es utilizada como atractivo comercial mientras se desplaza a quienes la sostienen, lo que calificaron como extractivismo cultural.
El encuentro también vinculó estas problemáticas con la crisis de desapariciones en México y con dinámicas globales de militarización y control territorial. Las comunidades expresaron su solidaridad con familias buscadoras y señalaron que “la desaparición no ocurre en el vacío”, sino que forma parte de procesos de reconfiguración territorial. Finalmente, acordaron construir una red permanente de articulación entre luchas, compartir herramientas organizativas y sostener una agenda común. “Frente al despojo y la destrucción, nuestra respuesta es la organización colectiva para defender lo común”, concluyeron.
A continuación el comunicado completo:
PRONUNCIAMIENTO FINAL
2º Encuentro Nacional contra la Gentrificación y la Turistificación
Oaxaca, Territorios en Resistencia, abril de 2026
Reunidas comunidades indígenas, pueblos originarios, barrios, colonias, organizaciones, colectivxs, redes urbanas y personas provenientes de distintos territorios del país y de otras geografías de lucha, afirmamos que los procesos de gentrificación, turistificación y despojo que enfrentamos no son fenómenos aislados ni exclusivos de ciertos lugares, sino expresiones de un mismo modelo estructural que reorganiza los territorios rurales y urbanos en función de la acumulación de capital, a costa de la vida.
Este modelo impone una lógica que atraviesa todas las escalas: desde comunidades rurales afectadas por megaproyectos hasta colonias urbanas desplazadas por la especulación inmobiliaria; desde la privatización del agua hasta la mercantilización de la cultura; desde la precarización del trabajo hasta la criminalización de quienes habitan, trabajan y defienden lo común, lo público, lo colectivo.
Hoy, las ciudades y los territorios son rediseñados para el turismo, la inversión extranjera y los grandes capitales, expulsando a quienes históricamente les han dado vida. Frente a ello, reconocemos que nuestras luchas están profundamente conectadas y que solo mediante la articulación podremos enfrentar este modelo.
Desde Oaxaca territorios en resistencia, pero también de profundas tensiones, levantamos una voz colectiva que no solo denuncia, sino que propone, articula y construye caminos comunes.
TERRITORIO Y PERMANENCIA:
El territorio no es una mercancía: es memoria, identidad, comunidad y vida. El despojo territorial implica no solo la pérdida de tierra, sino la ruptura de tejidos sociales, formas de organización y relaciones comunitarias.
En contextos urbanos, este despojo se expresa como desplazamiento por aumento de rentas, turistificación, cambios de uso de suelo y expulsión silenciosa; en contextos rurales, como imposición de megaproyectos y extractivismo. Ambos procesos son parte de la misma lógica.
Propuestas y acuerdos:
– Fortalecer las asambleas comunitarias y barriales como espacios legítimos de decisión tanto en lo rural como en lo urbano.
– Impulsar procesos de defensa del territorio que integren ciudad y campo, reconociendo sus interdependencias.
– Generar observatorios comunitarios de despojo y desplazamiento.
– Construir mecanismos de defensa colectiva ante desalojos, desplazamientos y conflictos territoriales.
VIVIENDA DIGNA Y DERECHO A LA CIUDAD:
La vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de disputa. La especulación inmobiliaria, las plataformas de renta temporal y el turismo están transformando barrios enteros, expulsando comunidades y rompiendo el tejido comunitario.
El derecho a la vivienda no puede separarse del derecho a la ciudad: a habitar, permanecer, decidir y construir colectivamente los espacios urbanos.
Propuestas y acuerdos:
– Impulsar organización de inquilinos y redes de defensa contra desalojos.
– Exigir regulación efectiva del mercado inmobiliario y de plataformas de renta turística.
– Promover modelos colectivos de vivienda (cooperativas, propiedad social, vivienda comunitaria).
– Defender el arraigo comunitario como derecho fundamental.
– Recuperar el espacio urbano como espacio de vida, no de especulación.
AGUA Y BIENES COMUNES:
El despojo también se materializa en la apropiación de los bienes comunes. El agua, en particular, está siendo privatizada, sobreexplotada y desviada para sostener modelos turísticos e industriales.
La crisis hídrica afecta tanto a comunidades rurales como a colonias urbanas, evidenciando la desigualdad en el acceso y la gestión.
Propuestas y acuerdos:
– Defender el agua como un derecho colectivo y no como mercancía.
– Fortalecer sistemas comunitarios de gestión del agua.
– Articular luchas urbanas y rurales en defensa de los bienes comunes.
– Denunciar el uso prioritario del agua para megaproyectos y turismo.
– Impulsar procesos de monitoreo comunitario y transparencia en la gestión hídrica.
– Exigir un alto a los proyectos mineros por su uso abusivo y contaminación del agua.
– Exigir la regulación del consumo de agua por parte de empresas ya instaladas, el uso de plantas tratadoras y la reparación de los daños ambientales ocasionados.
– Organizarse para la siembra de agua con la plantación de flora nativa y endémica en cuencas y ríos.
TRABAJO Y ECONOMÍAS POPULARES:
La economía desde abajo sostiene la vida en nuestros territorios. Sin embargo, el comercio autónomo, el trabajo independiente y las economías populares enfrentan criminalización, desplazamiento y precarización.
En las ciudades, el reordenamiento urbano y turístico expulsa a comerciantes; en otros contextos, el control territorial y la violencia limitan su ejercicio.
Propuestas y acuerdos:
– Reconocer el comercio autónomo como trabajo digno y esencial.
– Defender el derecho al uso del espacio público.
– Construir redes de economía solidaria entre territorios.
– Generar mecanismos de protección frente a violencia, extorsión y criminalización.
– Articular un frente amplio de trabajadores autónomos que construya agenda propia.
CULTURAS VIVAS Y COMUNIDAD:
La cultura no es un recurso explotable: es una forma de vida. La turistificación transforma prácticas culturales en espectáculo, despojándolas de su sentido comunitario.
Este proceso afecta tanto a comunidades indígenas como a barrios urbanos, donde la identidad es utilizada como atractivo comercial mientras se desplaza a quienes la sostienen.
Propuestas y acuerdos:
– Defender la autonomía cultural frente a su mercantilización.
– Proteger espacios comunitarios, rituales y de memoria.
– Fortalecer prácticas culturales vivas desde los territorios.
– Denunciar la apropiación cultural y el extractivismo simbólico.
SEGURIDAD, CONTROL Y DERECHOS:
El modelo de despojo se sostiene mediante mecanismos de control: militarización, vigilancia, criminalización de la protesta y represión.
Estos dispositivos afectan tanto a quienes defienden territorios como a quienes luchan por vivienda, trabajo o servicios básicos en las ciudades.
Propuestas y acuerdos:
– Documentar y visibilizar violaciones a derechos humanos.
– Construir redes de protección comunitaria.
– Defender el derecho a la protesta y la organización.
– Denunciar la criminalización de defensoras y defensores del territorio.
En el contexto del Mundial de Fútbol FIFA 2026, reconocemos y abrazamos la lucha incansable de las madres y familias buscadoras que, desde hace años, enfrentan la impunidad y la indiferencia institucional para exigir verdad y justicia. En el marco de los eventos inaugurales y las movilizaciones públicas, han recordado que la desaparición de personas en México es una herida abierta que no puede ocultarse bajo la lógica del espectáculo.
Las acciones de los colectivos de búsqueda al ocupar el espacio público, nombrar a sus desaparecidos y sostener la exigencia de aparición con vida, evidencian no solo la ausencia de sus familiares, sino también la responsabilidad estructural de un Estado que no ha garantizado justicia. Su lucha representa una defensa radical de la vida, frente a un contexto que normaliza la violencia y el olvido.
Reconocemos que esta crisis está profundamente vinculada con las dinámicas de despojo, militarización y control territorial que atraviesan el país. La desaparición no ocurre en el vacío: forma parte de un entramado que permite la reconfiguración de los territorios. Por ello, asumimos la búsqueda y la exigencia de justicia como una causa central dentro de nuestras luchas.
Expresamos nuestra solidaridad con las comunidades, pueblos, barrios, colonias, organizaciones y colectividades que se están movilizando en la Ciudad de México y en otros territorios en el marco del Mundial 2026. Estas resistencias evidencian que los impactos de estos eventos no son temporales, sino parte de un proceso continuo de despojo, reordenamiento urbano y control territorial.
Reconocemos la importancia de articular luchas que, aunque parezcan distantes, comparten causas estructurales. Lo que ocurre en una ciudad, en un barrio o en una comunidad está profundamente conectado con dinámicas económicas y políticas más amplias.
En ese sentido, denunciamos también el contexto internacional marcado por la guerra, el intervencionismo y las políticas de dominación impulsadas por Estados Unidos, sus alianzas sionistas y del norte global, que se expresan en agresiones contra pueblos como el palestino, el iraní, así como en las presiones contra Venezuela y Cuba. Estas dinámicas forman parte de un mismo sistema que privilegia la acumulación de capital sobre la vida.
El Mundial 2026 se desarrolla, además, en un momento de reconfiguración económica en América del Norte, donde la renegociación de acuerdos comerciales profundiza condiciones que favorecen el despojo, la privatización y la subordinación de nuestros territorios a intereses globales.
Frente a ello, afirmamos que la articulación, la solidaridad y la organización desde abajo son fundamentales para enfrentar un modelo que opera a escala global, pero que impacta directamente en cada territorio.
Reconocemos que las luchas no están separadas: el despojo que ocurre en una comunidad está vinculado con el que ocurre en un barrio o en una ciudad.
La fragmentación ha sido una herramienta del sistema; la articulación debe ser nuestra respuesta, es por ello que acordamos en general:
> Construir una red permanente entre luchas urbanas y rurales.
> Compartir herramientas organizativas, legales y comunicativas.
> Generar espacios de encuentro periódicos entre territorios.
> Impulsar agendas comunes que integren todos los ejes.
Este encuentro no concluye: se transforma en una red activa de organización, resistencia y construcción colectiva.
Reafirmamos que:
✓ Defender el territorio es defender la vida.
✓ Defender la vivienda es defender la comunidad.
✓ Defender el trabajo es defender la dignidad.
✓ Defender lo común es defender el futuro.
En ese camino, sostenemos que la articulación entre comunidades indígenas, barrios, colonias, movimientos urbanos y sectores populares no es solo necesaria: es urgente.
Porque frente al despojo y la destrucción, nuestra respuesta es la organización colectiva para defender lo común.
Dicho todo lo anterior, desde el 2do Encuentro Nacional contra la Gentrificacion y la Turistificacion, EXIGIMOS:
La liberación inmediata e incondicional de Ahmad Sa’adat, así como de todas las personas presas por motivos políticos en el mundo, encarceladas por luchar contra la opresión, la ocupación y la injusticia, por la defensa de los derechos, territorios y bienes comunes.
Información sobre el Distribuidor Vial y el proyecto de modernización del llamado Parqueo del Amor, que pretende y amenaza con el desalojo de más de 200 familias comerciantes.
Que se reconozca legal y socialmente el trabajo y las economías populares como parte fundamental de la estructura económica y social de Oaxaca.
Que se detengan los desalojos y se regulen los precios de renta para proteger a las familias y pequeños negocios.
Que se implementen políticas públicas que apoyen, no que persigan, al comercio local, la artesanía y la producción comunitaria.
Que se respete el uso de suelo habitacional y productivo, y no se permita que todo se convierta en espacio turístico o inmobiliario.
Alto al despojo en Lomas de San Jacinto en la Ciudad de Oaxaca.
Alto al despojo de tierras de compañero Miguel Sánchez Hernández en playa Salchi, Cuatunalco.
Absolución para las y los compañeros de Playa El Coyote, defensores de su territorio ante el despojo del cartel del despojo que encabeza Israel Carreño. Dicha audiencia se llevará a cabo el día 28 de abril 2026.
Cárcel al cartel del despojo que lidera Israel Carreño en la Playa El Coyote, Santa María Huatulco.
Respeto a la legítima Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul (1972), alto al despojo y cancelación del proyecto ecocida residencial Punta Faro, en El Coyul, Huamelula.
Justicia para Eugui Roy a 6 años de su asesinato, no se ha realizado ninguna investigación, ni se ha integrado su carpeta.
Respeto al Comité Comunitario El Aguaje en Jalapa del Marqués, alto a la exclusión por parte del Municipio.
Respeto a la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera, alto a la presión y control del Senador Antonino Morales Toledo sobre el Municipio de San Blas Atempa.
Registro fotográfico por @dgneracion
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Impunidad total: a un año del cobarde asesinato de Marco Antonio Suástegui
24 d’abril, per AuriEl 18 de abril de 2025, un hombre se acercó a Marco Antonio Suástegui Muñoz y le disparó en varias ocasiones. Era plena temporada vacacional en la playa Icacos de Acapulco, Guerrero. Marco Antonio murió el 25 de abril a consecuencia de las heridas de bala que sufrió.
Marco Antonio se distinguió por ser un aguerrido y valiente líder social que dirigió el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP). Defendió el río Papagayo y a las comunidades olvidadas del Acapulco rural frente al proyecto de la presa La Parota y los empresarios que buscan saquear los recursos naturales de la región. A pesar de que Marco Antonio fue amenazado, criminalizado, encarcelado y torturado, nunca desistió. Hasta sus últimos días organizó a las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los prestadores de servicios turísticos del puerto de Acapulco para que juntos defendieran sus derechos.
A un año de su asesinato, el crimen se encuentra en la total impunidad. La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) ha sido gravemente omisa en el impulso de la investigación, dejando pasar tiempo que resulta crucial para esclarecer un crimen de este calado. Además, a la fecha no ha sido detenido el autor material del delito. Tampoco ha construido líneas de investigación que acerquen la justicia a la familia de Marco Antonio y a toda la gente que le siguió durante años.
En el aniversario de este cobarde asesinato, exigimos que las autoridades del estado de Guerrero cumplan con su obligación de realizar una investigación seria, imparcial, exhaustiva y eficaz que permita castigar a los responsables del asesinato. Es una deuda histórica frente al legado de Marco Antonio Suástegui Muñoz como líder social y defensor de los derechos humanos de los pueblos y comunidades del estado de Guerrero.
Atentamente
Taula per Mexic
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Instituto de Derecho Ambiental (IDEA)
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Múnich, Alemania)
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Iniciativa Sinaloa; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
(Integrada por 88 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro De Derechos Humanos Don Sergio Morelos; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), (Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Frontera con Justicia A.C. Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.);Tsikini. Brote Pro Justicia y Dignidad (Jalisco), Uno de Siete Migrando (Chihuahua), Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
Publicado originalmente en Tlachinollan
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Un reservista del Ejército israelí mata a dos palestinos durante un ataque de colonos en Cisjordania
24 d’abril, per AuriUn reservista del Ejército israelí mató el martes a disparos a dos palestinos cerca de una escuela de Al-Mughayyir, una localidad situada al noreste de la ciudad de Ramala, en los territorios ocupados de Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino identificó a las víctimas como Aws al-Naasan, de 14 años, y Jihad Abu Naim, de 32 años, quienes murieron en un ataque conjunto de colonos y soldados israelíes que dejó a otras tres personas heridas. Testigos presenciales afirman que se produjo una ráfaga de disparos después de que los colonos y las fuerzas armadas israelíes llegaron a Al-Mughayyir. El Ejército de Israel dijo que el autor de los disparos era un reservista del Ejército fuera de servicio que no había sido movilizado. Asimismo, el Ejército israelí dijo que el atacante no había sido arrestado y que el incidente estaba siendo investigado. Estas fueron las palabras expresadas por Kathem al-Haj Ahmed, quien presenció el ataque.
Kathem al-Haj Ahmed: “Esta es la realidad que vivimos en nuestro pueblo. Esta es una operación de desplazamiento. Su objetivo es desplazarnos. Nos atacan por todos lados, [hemos sido atacados por] pastores, gente común, agricultores. Y tanto el Ejército como los colonos están intercambiando sus roles durante los ataques”.
Publicado originalmente en Democracy Now
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Defensores en riesgo: activistas «continúan enfrentando desafíos estructurales» en México, advierte relatora de la ONU
23 d’abril, per Admin2Foto: Isabel Mateos Hinojosa / Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. Los defensores de derechos humanos en México «continúan enfrentando desafíos estructurales», advirtió la relatora especial de la ONU Mary Lawlor, quien lamentó que «persisten preocupaciones sobre la continuidad de los ataques» contra los activistas.
«Durante los seis años de mi mandato, he recibido innumerables informes sobre graves agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en México. Lamentablemente, persisten preocupaciones sobre la continuidad de los ataques», destacó Lawlor, la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Lawlor puso por «ejemplo trágico» de la situación el caso de Chiapas, donde se exhibe «la variedad de riesgos y represalias» contra los defensores que se oponen a los intereses «del crimen organizado, algunas autoridades públicas, y las grandes empresas».
Entre los casos particulares en Chiapas, recordó los asesinatos del defensor y sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, perpetrado el 20 de octubre de 2024, y del defensor de los derechos humanos maya tsotsil Simón Pedro Pérez López, el 5 de julio de 2021, así como la detención «presuntamente arbitraria» del defensor de derechos humanos tsotsil Versaín Velasco García; los recientes allanamientos repetidos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; y «la inseguridad grave sufrida» por las madres buscadoras locales.
«Los tres niveles del gobierno deben reafirmar su compromiso de trabajar con las personas defensoras y hacer frente a las causas fundamentales de la injusticia y desigualdad en la sociedad mexicana», destacó Lawlor.
Finalmente, la relatora llamó a las autoridades a explorar «medidas apropiadas» a las personas defensoras detenidas de manera arbitraria en el país, a proteger y reconocer a los buscadores de desaparecidos como defensores de derechos humanos, y a respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado frente a cualquier iniciativa que se relacione con su territorio, su organización y su cultura.
A continuación el comunicado completo:
Una experta de la ONU* advirtió hoy sobre la compleja situación de seguridad que viven las personas defensoras de los derechos humanos en México.
“Durante los seis años de mi mandato, he recibido innumerables informes sobre graves agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en México. Lamentablemente, persisten preocupaciones sobre la continuidad de los ataques”, manifestó Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
“El gobierno ha tomado algunas medidas para hacer frente a este fenómeno, pero si bien se reconocen avances, estos continúan enfrentando desafíos estructurales.’’
La Relatora Especial puso la situación en el sur del país, en particular en el Estado de Chiapas, como ejemplo trágico.
“El Estado de Chiapas exhibe la variedad de riesgos y represalias a los que se enfrentan las personas defensoras en el país, y los grupos de personas defensoras que se hacen frente a riesgos especialmente elevados,” dijo Lawlor. “Vemos cómo se entrecruzan los intereses del crimen organizado, algunas autoridades públicas, y las grandes empresas, y cómo estos intereses generan una situación de inseguridad para quienes defienden los derechos humanos.”
La Relatora Especial destacó los casos emblemáticos de los asesinatos del sacerdote indígena tzotzil Padre Marcelo Pérez Pérez y el defensor de los derechos humanos maya tsotsil Simón Pedro Pérez López en 2024 y 2021; la detención presuntamente arbitraria del defensor de derechos humanos maya tzotzil Versaín Velasco García; los recientes allanamientos repetidos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; y la inseguridad grave sufrida por las madres buscadoras locales.
“Los tres niveles del gobierno deben reafirmar su compromiso de trabajar con las personas defensoras y hacer frente a las causas fundamentales de la injusticia y desigualdad en la sociedad mexicana.”
La Relatora Especial invitó a las autoridades a explorar medidas apropiadas a las personas defensoras detenidas de manera arbitraria en el país, a proteger y reconocer a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos como personas defensoras de los derechos humanos, y a respectar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado, en conformidad con el Convenio 169 del OIT.
La Relatora Especial está en contacto con el Gobierno en relación con estas preocupaciones y los casos individuales mencionados.