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• El Estado genocida de Israel forma a policías de Mendoza en la «lucha contra el terrorismo»

  23 d’abril, per  Admin2

  Foto: El Otro Diario

  Mientras el Estado de Israel continúa con el genocidio contra la población palestina y pesa una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad emitida por la Corte Penal Internacional sobre su primer ministro, Benjamin Netanyahu, el gobierno de Mendoza, a cargo de Alfredo Cornejo, envió al comisario Mario Riili a Israel a capacitarse en la «lucha contra el terrorismo». Allí, Riili – denunciado penalmente por violencia institucional contra ambientalistas – participó de la capacitación, que incluye intercambio de experiencias en materia de seguridad, inteligencia y control del orden público, en un contexto de creciente aumento de la criminalización de la protesta social en la provincia. Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierten que dicha formación refuerza una política de seguridad basada en la «lucha contra el enemigo interno» y que este tipo de acuerdos «buscan legitimar la represión de la protesta social bajo el pretexto de la ‘lucha contra el terrorismo’ «. Anteriormente, también hubo formaciones similares del Estado israelí a comisarios y funcionarios de diferentes puntos del país, como Rosario y Tucumán.

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  Según le decreto 2343/25, que se publicó el 14 de noviembre del año pasado en el Boletín Oficial de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo autorizó al comisario inspector Mario Riili a viajar a Israel durante el mes de noviembre, para concurrir al «Seminario de Capacitación referido a la Comprensión Profunda de las Amenazas Terroristas, Desafíos Actuales en Materia de Seguridad y Manejo de Crisis».

  Allí, Riili – denunciado penalmente por violencia institucional contra ambientalistas – participó de la capacitación, que incluye el intercambio de experiencias en materia de seguridad, inteligencia y control del orden público, en un contexto de creciente aumento de la criminalización de la protesta social en la provincia.

  

  Imagen: El Otro Diario.

  De hecho, según informó El Otro Diario el 24 de octubre de 2025, el comisario Riili fue denunciado penalmente como responsable de haber golpeado y lesionado a Liza Rule, reconocida bailarina y miembro de la agrupación H.I.J.O.S., durante una represión de una manifestación en defensa del agua frente a la Legislatura de Mendoza. De acuerdo con la denuncia presentada entonces por Rule, a través de su abogado Alfredo Guevara, el comisario «personalmente, y con la concurrencia de otros policías de género masculino, procedió a tomarla por la espalda, golpearla en distintas partes del cuerpo, siendo arrastrada hacia el interior de la Legislatura Provincial».

  También se trata del mismo comisario que – vestido de civil y sin identificación – la noche del 11 de diciembre del año pasado comandó el operativo que reprimió a la protesta contra la megaminería en Uspallata y terminó con más de una decena de personas detenidas (dos de ellas periodistas) en las inmediaciones del Km 0 de la Ciudad de Mendoza.

  «Es parte de una política de formación represiva orientada a identificar al pueblo que lucha como enemigo interno»

  Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierten que estas iniciativas «no son neutrales ni inocuas, sino que forman parte de una política de formación represiva orientada a identificar al pueblo que lucha como enemigo interno», remarcando que la noción de «terrorismo» funciona como una categoría amplia que habilita la criminalización de distintos sectores sociales en lucha.

  «Se pretende trasladar a nuestro país experiencias desarrolladas en un Estado que ejerce la represión sistemática sobre el pueblo palestino«, sostiene CORREPI, en referencia al rol de Israel en los territorios palestinos ocupados y a las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

  Y agregó, sobre este tipo de formaciones en un contexto de aumento de la represión y criminalización de la protesta social: «no es un hecho aislado, sino parte de un proceso de consolidación de herramientas de control social que apuntan a disciplinar la protesta«.

  Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) fueron contundentes al señalar que “se está profundizando una doctrina represiva que identifica al pueblo que lucha como enemigo interno”. En esa línea, denunciaron que este tipo de acuerdos “buscan legitimar la represión de la protesta social bajo el pretexto de la ‘lucha contra el terrorismo’”.

  El organismo también vinculó esta política con un proceso más amplio de endurecimiento de las fuerzas de seguridad en la provincia. “No es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática que apunta a disciplinar a quienes se organizan y luchan”, sostuvieron en su comunicado, en el que advierten sobre el avance de herramientas de control y vigilancia.

  Este tipo de formaciones no es un hecho nuevo. Ya ha habido otras formaciones del Estado de Israel hacia comisarios y funcionarios en diferentes puntos del país, como Rosario y Tucumán.

  Desde esta agencia ya hemos contado cómo la provincia de Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, quien giró a la derecha tras el triunfo de Javier Milei, avanza en la coordinación de temas tan sensibles como la seguridad, la agricultura y el agua, junto a organizaciones vinculadas al Estado de Israel. Todo esto también en un contexto provincial del aumento de las políticas represivas, como sucedió el año pasado con las represiones contra trabajadores de ATE y repartidores de Pedidos Ya en Yerba Buena, que dejaron heridos y detenidos en una ciudad pequeña de la provincia.

  También se registraron en el último tiempo capacitaciones en Israel del personal policial de Santa Fe, incluyendo agentes de la zona de Rosario, también enfocadas en la «lucha contra el terrorismo» y manejo de situaciones críticas. También se han registrado antecedentes de expertos israelíes invitados para capacitar a policías rosarinos.

  En tanto, como informa Prensa Obrera, no es la primera vez que el Estado de Israel se entromete en cuestiones de seguridad interna en los últimos años:

  ➤ Durante la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, Israel le dio armamento y el Mossad colaboró con la Side.

  ➤ En 2009, el gobierno de Cristina Fernández impulsó una ley para asociar a la Argentina al complejo industrial-militar de Israel. Esto, mientras tenía lugar la Operación Plomo Fundido, en la cual el sionismo asesinó a más de 1.4000 palestinos y utilizó fósforo blanco.

  ➤ El entonces gobernador peronista José Alperovich contrató al Mossad para entrenar a la policía provincial, e incluso agentes del organismo oficiaron como sus guardaespaldas.

  ➤ Mauricio Macri, desde su lugar como jefe porteño, nombró a Fino Palacios como líder de la Policía Metropolitana por recomendación de la CIA y el Mossad. Palacios fue acusado de escuchas ilegales sobre familiares de víctimas del atentado a la Amia, políticos y empresarios, de encubrimiento del atentado a la mutual israelí, y participó de la represión contra la rebelión de 2001.

  ➤ Un Diego Santilli aspirante a gobernador bonaerense propuso que la asesina policía de la provincia sea entrenada por el sionismo. Bajo la gobernación del PRO, con María Eugenia Vidal a la cabeza, el Grupo Halcón, los responsables de la seguridad personal de la exgobernadora y altos funcionarios realizaron viajes de capacitación a Israel para aprender técnicas de su Ejército.

  ➤ Finalmente, en el último tiempo, la empresa israelí Rafael Systems, artífice del famoso «Domo de Hierro», aterrizó en Argentina para proveer tecnología militar y de inteligencia (Infobae). Esta compañía, en la que está metido Eduardo Elsztain, también aportó su tecnología para que las Fuerzas Armadas británicas realicen ejercicios en las Malvinas (Agenda Malvinas).

  Publicado originalmente en ANRed

  
  

• Comunidades logran fallo que ordena descontaminar los ríos de la cuenca La Antigua

  23 d’abril, per  Admin2

  Desde la zona montañosa de la Sierra Madre Oriental hasta su desembocadura en el Golfo de México, el río La Antigua, en Veracruz, recorre cerca de 148 kilómetros y atraviesa 27 municipios, donde miles de personas dependen de él para actividades como la pesca, el turismo y el deporte. Sin embargo, los altos niveles de contaminación por descargas de aguas residuales ponen en riesgo no sólo estas actividades, sino toda la biodiversidad que depende del río, incluida la de importantes áreas protegidas: el Parque Nacional del Cofre de Perote y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).

  Para las comunidades de esta cuenca, La Antigua no es únicamente un cuerpo de agua: representa vida, sustento e identidad. Por eso, a lo largo de los años, se han organizado para defender el río de diferentes amenazas. Hoy lograr su saneamiento es el principal objetivo.

  “Si no amas tu territorio no lo vas a defender. Para nosotros el río está vivo. Aquí la gente le dice el patrón, el amigo, el que te da consejos y también te regaña”, explica Alejandro Gallardo, habitante de Jalcomulco, uno de los pueblos asentados a la orilla del cauce y donde surgió el Colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por Ríos Libres (PUCARL).

  Ese vínculo con el territorio fue el detonante de un movimiento social que se organizó cuando, en 2013, un megaproyecto hidroeléctrico del consorcio brasileño Odebrecht quiso instalarse en el río.

  “Cuando se metieron con el río se metieron con todos, con algo muy importante para nosotros”, recuerda Gallardo al hablar de la movilización comunitaria que tomó fuerza entre 2013 y 2014.

  

  Aunque el proyecto fue detenido, los riesgos no han desaparecido.

  Durante un año, en 2022,  las comunidades monitorearon el río para conocer el estado real del agua. Los resultados fueron alarmantes: el 100 %  de los sitios analizados presentaron niveles de Escherichia coli —una bacteria que indica contaminación por materia fecal—, por encima de los límites permitidos para el contacto humano y para la vida acuática.

  A partir de estos hallazgos, las comunidades promovieron un amparo por el derecho a un ambiente sano y lograron una resolución legal histórica: una jueza federal del juzgado quinto del distrito de Veracruz ordenó en 2025 a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a 12 ayuntamientos y a dos comisiones municipales del agua implementar acciones inmediatas para reducir la contaminación en los ríos de la cuenca La Antigua.

  Los integrantes dicen que la defensa del río, desde que llegó la primera amenaza hasta ahora, ha cambiado: “pasamos de la lucha, atacar, a agarrar el sartén por el mango”, dice José Luis Rodríguez Six, integrante del colectivo y uno de los monitores del río.

  Cuando el río estuvo a punto de convertirse en una presa

  La central hidroeléctrica que pretendía instalar Odebrecht contemplaba levantar una presa de 100 metros de altura y 700 metros de longitud, alimentada por los ríos Texolo y Los Pescados. Dicha presa sería capaz de almacenar 135 millones de metros cúbicos de agua y formar un embalse artificial de 440 hectáreas.

  Representantes de la empresa visitaron las comunidades para promover el proyecto con promesas de desarrollo económico y nuevas oportunidades para la región: “Nos decían que no nos preocupáramos, que el proyecto iba a ser bueno para el pueblo, que nuestros botes iban a seguir funcionando y que habría más turismo”, recuerdan habitantes de la zona.

  Los pobladores, sin embargo, concluyeron que el proyecto beneficiaría principalmente a la empresa: “Les dijimos: va a ser bueno para ti, para tu negocio, no para el pueblo”, relatan.

  

  A partir de entonces comenzaron a desarrollarse asambleas comunitarias a lo largo de la cuenca, además de protestas y acuerdos colectivos para impedir el avance del proyecto. Los ejidos y comunidades negaron el acceso a la empresa y establecieron mecanismos de vigilancia territorial.

  Incluso se instaló un campamento permanente de vigilancia llamado Centinelas del Río, ubicado en el predio Tamarindo, entre Coatepec y Jalcomulco, donde se había detectado actividad relacionada con la obra.

  El campamento funcionó durante casi siete años, con turnos de vigilancia las 24 horas y la participación rotativa de habitantes de distintos municipios de la cuenca.

  “El río unió a la gente. En el campamento llegaban personas de distintos pueblos, más allá de partidos o diferencias, a contar su historia con el río”, recuerdan los participantes.

  Con el tiempo, el proyecto hidroeléctrico fue abandonado. Años después, además, Odebrecht fue involucrada en un escándalo internacional de corrupción, al admitir en 2016 que pagó sobornos a funcionarios en varios países para obtener contratos de obras públicas.

  

  Una nueva amenaza: el levantamiento de la veda del agua

  Tras frenar el proyecto hidroeléctrico, las comunidades enfrentaron un nuevo desafío.

  En 2018, al final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se emitió un decreto para levantar las vedas hidrológicas establecidas desde 1950 en 10 cuencas del país, entre ellas las de los ríos La Antigua y Actopan. La intención entonces era regular la pesca y la sobreexplotación de especies.

  La medida abría la posibilidad de otorgar concesiones de grandes volúmenes de agua —hasta 70 % del caudal disponible— a empresas privadas.

  Ante ese escenario, comunidades de la cuenca iniciaron una estrategia de defensa jurídica junto con abogados ambientalistas.

  Argumentaron que el decreto vulneraba derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana, el derecho al agua y a un ambiente sano.

  En mayo de 2020, un juez federal del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en Veracruz declaró inconstitucional el levantamiento de las vedas, las cuales finalmente fueron restablecidas en 2022.

  El monitoreo comunitario que evidenció la contaminación

  Mientras se desarrollaban estas disputas legales, las comunidades comenzaron a identificar otro problema creciente: la contaminación del río.

  Ante la falta de información pública sobre la calidad del agua, organizaciones locales impulsaron un proceso de monitoreo comunitario. Loni Hensler, integrante de la organización defensora ambiental, Territorios Diversos para la Vida A.C. (TerraVida), explica que en 2022 el movimiento dio un paso hacia una organización más estructurada.

  “Debido a la falta de transparencia de las autoridades, decidimos formar un grupo de monitoreo comunitario y capacitarnos con la metodología del programa Global Water Watch”, explica Hensler.

  Global Water Watch es una organización civil y red de monitoreo ciudadano del agua que trabaja con comunidades, académicos y voluntarios para medir la calidad de ríos, arroyos y cuerpos de agua.

  Se establecieron 13 sitios de monitoreo en la cuenca del río La Antigua y cinco más en manantiales de la cuenca vecina del río Actopan. Más de 40 personas participaron en el proceso, realizando muestreos mensuales durante un año.

  “Tomábamos muestras, analizábamos parámetros con reactivos y después comparamos los resultados”, explica José Luis Rodríguez Six, uno de los monitores.

  Los resultados fueron preocupantes.

  

  El diagnóstico identificó la presencia de contaminación por materia fecal  producto de las descargas de drenaje sin tratamiento.

  Además, los habitantes de la comunidades identificaron, a través de solicitudes de acceso a la información, la falta de infraestructura sanitaria, la ausencia de plantas de tratamiento y fallas en las mismas. Es el caso de Jalcomulco, donde la planta de tratamiento permanece abandonada desde hace años, por lo que las aguas residuales impactan directamente en el río.  Mongabay Latam solicitó al ayuntamiento su versión, pero no respondió a la petición.

  “Antes de que llegue el momento en que ya no podamos meternos al río, todavía estamos a tiempo de identificar el problema y sanearlo. Y el diagnóstico nos permite decirle a la autoridad estás contaminando, haz algo”, señala Rodríguez Six.

  La vía legal para exigir el saneamiento

  Con base en la información recopilada, las comunidades presentaron un amparo ante la justicia federal. En mayo de 2025, una jueza de distrito concedió una suspensión definitiva, una decisión judicial que ordena corregir de inmediato la contaminación generada.

  La resolución ordena a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a 12 ayuntamientos y a dos comisiones municipales de agua implementar acciones para reducir la contaminación.

  Mongabay Latam envió preguntas a la Conagua, pero hasta la publicación de esta nota la entidad no respondió.

  La decisión judicial consideró que los estudios comunitarios evidencian un escenario de contaminación severa, con riesgos para los ecosistemas y la población. Además, se fundamentó en principios del derecho ambiental precautorio, es decir, que ante la incertidumbre científica las autoridades deben privilegiar la protección del agua y de la naturaleza.

  Para Hensler, el proceso demuestra el papel de la sociedad civil en la defensa ambiental: “La sociedad civil está cubriendo una obligación que por ley corresponde al Estado”, afirma.

  Desde la resolución en mayo pasado, una comisión del PUCARL ha realizado reuniones con los ayuntamientos y llevado oficios para señalar las acciones prioritarias a realizar. También han organizado foros sobre la gestión y manejo de aguas residuales con el fin de hacer un diseño técnico del tema.

  Mientras los ayuntamientos han tenido una respuesta lenta, otros como el de Xalapa, han interpuesto recursos de revisión contra el amparo. “Algunos tienen muy buena disposición y han pedido asesoría para saber cómo gestionar el tema. Otros como Tlaltetela organizaron el primer foro por el agua”, contó Hensler.

  

  Un río que conecta la montaña con el mar

  La contaminación del río La Antigua no solo afecta a las comunidades locales. Especialistas advierten que el problema también impacta ecosistemas río abajo, hasta su desembocadura en el Golfo de México puesto que transportan sedimentos, bacterias y nutrientes que pueden alterar incluso los ecosistemas marinos, generando pérdida de biodiversidad y daños a los arrecifes.

  De hecho, la cuenca conecta dos áreas naturales protegidas de gran relevancia: el Parque Nacional del Cofre de Perote y desemboca en el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, cerca del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).

  En una  investigación publicada en 2025, investigadores de Terravida advierten que “las descargas de los ríos traen consigo contaminación por residuos urbanos, agrícolas, industriales, residuos sólidos humanos y de ganadería, sedimentos a gran escala y plásticos, entre otros. Todo ello genera un impacto acumulado y un fuerte estrés en la vida arrecifal, así como diversas enfermedades”.

  Loni Hensler, quien es parte de la investigación, señala que las fuentes de contaminación sobre el Parque Nacional Arrecifal han aumentado en los últimos años, primero por las descargas directas de aguas negras —hasta 2019 se encontraron 210 descargas— y otras indirectas a través de los ríos de las cuencas de La Antigua, Jamapa y Papaloapan.

  “Hay estudios que evidencian el impacto de la contaminación de los ríos y el mar en los arrecifes del parque arrecifal con alteraciones ecológicas, daños a los hábitats acuáticos, pérdida de biodiversidad y especies, y efectos en la salud humana”, dice Hensler.

  Por ello, el saneamiento de la cuenca es considerado clave para la conservación de los ecosistemas costeros.

  

  De la resistencia al saneamiento del río

  Tras más de 15 años de organización, las comunidades continúan desarrollando estrategias para proteger el agua. Una de ellas son las Asambleas Comunitarias por el Agua de la Cuenca La Antigua, impulsadas por el colectivo PUCARL.

  En estos encuentros participan habitantes, organizaciones y especialistas para analizar los problemas ambientales y definir acciones colectivas. Las reuniones se realizan de forma trimestral y rotativa en distintos municipios de la cuenca.

  Laura Aguirre, integrante de Guardianes del Agua y quien participa en estas asambleas, explica que estos espacios han fortalecido la organización comunitaria: “Es un espacio donde se crean relaciones de confianza entre personas de distintas comunidades que comparten la defensa del agua”, señala.

  Las asambleas permiten intercambiar información sobre la situación de los ríos y coordinar acciones para su saneamiento.

  Para Aguirre, enfrentar la crisis del agua requiere una estrategia de largo plazo que combine inversión pública, planeación y coordinación entre autoridades y comunidades.

  “El reto más importante es político: lograr que quienes administran el agua cumplan con su responsabilidad de sanear los ríos y evitar su contaminación”, afirma.

  Para quienes crecieron a la orilla del río, la defensa del agua forma parte de una historia que se transmite entre generaciones.

  “A nuestros abuelos les tocó defender la tierra; ahora a nosotros nos toca cuidar el río, conservarlo y sanearlo para las generaciones que vienen”, dicen los integrantes del movimiento.

  Las comunidades saben que evidenciar la contaminación es solo una parte del camino. El desafío ahora es restaurar el río y garantizar que siga siendo fuente de vida para quienes habitan la cuenca.

  *Imagen Principal: Actividades de vigilancia y monitoreo de la cuenca del río La Antigua. Foto: PUCARL

  Publicado originalmente en Mongabay Latam

  
  

• Afectados por metales tóxicos denuncian abandono del Estado: menores de edad corren mayor riesgo

  23 d’abril, per  Admin2

  Foto: Difusión

  La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox) advierte que, a más de cuatro años del Plan Especial Multisectorial (PEM) que debía atender a los peruanos afectados por metales, su implementación no ha sido efectiva y no ha llegado a las regiones perjudicadas con la contaminación de las industrias extractivas.

  Por esa razón, los representantes de las trece regiones que integran la plataforma exigen la ampliación del Plan Especial Multisectorial (PEM), el cual se encuentra en su quinto año de vigencia, al ser aprobado en 2021 mediante el Decreto Supremo 037-2021-MINAM. Pese a las diversas reuniones de coordinación, el plan solo ha alcanzado el 20 % de su ejecución total, debido a los constantes cambios entre los responsables y representantes de los sectores a cargo.

  Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2020 se identificaron a más de diez millones de personas están expuestas a metales pesados en 212 distritos del Perú. Sin embargo, en 2025, la exposición se ha incrementado a 339 distritos con riesgo de exposición, donde los menores de edad se encuentran en mayor riesgo. Esta situación, señalan los afectados, representa un peligro constante para la salud pública ya que la presencia de metales en el ambiente y en el organismo puede generar problemas de desarrollo, cáncer, problemas respiratorios, enfermedades gastrointestinales, abortos espontáneos y afectaciones a la salud mental.

  A pesar de la problemática, para el 2025, el Gobierno destinó S/ 13 774 198 soles para la atención exclusiva de los peruanos afectados por metales. Es decir, 2 soles por persona. Este es uno de los presupuestos más bajos en los últimos diez años.

  Áncash, Cusco, Puno, Lima, Callao, Junín, Huancavelica, Pasco y son las regiones que en 2026 tienen la ejecución presupuestal más baja respecto al tratamiento de personas afectadas por metales pesados, pese a albergar casos emblemáticos de contaminación como Huarmey, Espinar, Simón Bolívar, Llallimayo, San Mateo, Coata y La Oroya.

  

  Foto: Difusión

  Las poblaciones más vulnerables son niños y mujeres. En 2025, afirman los afectados, más de diez niños fallecieron por la contaminación ambiental provocada por la extracción de petróleo, mercurio y cadmio, mientras que 30 393 menores continúan esperando la atención del Estado, y se encuentran en riesgo de seguir en la desatención pues no se crea el Registro Nacional de Personas Expuestas y Afectadas por Metales, una herramienta clave para la atención preventiva y el monitoreo en salud.

  El próximo 12 de mayo se cumple un año del fallecimiento de Zoe Carrión Trujillo, una niña de 12 años, de Cerro de Pasco, que vivió con arsénico y plomo en la sangre debido a la actividad minera a tajo abierto donde opera la compañía minera Volcan.

  “Mientras el Estado retrasa las acciones, miles de familias continúan enfermando. Es urgente que se realicen diagnósticos, se registre a los afectados y se garantice una atención integral”, señalaron desde la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox)

  En tanto, mientras la actividad minera aumenta, la atención a los expuestos a metales se reduce. En 2025, la inversión minera tuvo un incremento de 9 millones de dólares en comparación al 2024 y se espera que, para el 2026, esta siga en ascenso. Sin embargo, el presupuesto para atender a las personas afectadas sigue siendo una deuda.

  Publicado originalmente en SPDA Actualidad Ambiental

• Comité ONU, desapariciones forzadas y aquiescencia en México

  23 d’abril, per  Admin2

  En el marco de la visita a México de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el artículo analiza motivos y respuestas, disputas y narrativas políticas en torno a la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas de remitir la situación de México a la Asamblea General de la ONU. 

  Acciones directas de fuerzas del Estado, coludidas con criminales, perpetraron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Su aquiescencia y complicidad autorizaron la masacre de Allende, Coahuila, la masacre de migrantes en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, o las fosas y matanzas de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011. También hay ejemplos recientes y seriales de fosas y desapariciones masivas, impunes y sistemáticas en muchos estados: Teuchitlán, Tlajomulco y Tala, en Jalisco, o Salvatierra, Irapuato y Juventino Rosas, en Guanajuato, entre otros, son recordatorios de connivencia estatal-criminal.  

  El 2 de abril, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) resolvió  solicitar al Secretario General de la ONU que “remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen” (CED/C/MEX/A.34/D/1). 

  Es la primera vez en la historia del CED que, en virtud del art. 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente desde 2010, se toma esta resolución, pues “concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”. Cabe remarcar que el CED ONU es parte del sistema de Naciones Unidas y no una especie de unidad externa de asesores, como han afirmado varios comentaristas, funcionarios y la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Además, lleva trabajando con y sobre México unos 14 años, entre visitas, informes, colaboraciones e interlocuciones con actores sociales y gubernamentales. 

  El Artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como “la detención, privación de libertad o secuestro cometido por agentes del Estado (servidores públicos), o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.  Una parte de la cada vez más enrarecida discusión pública reciente, detonada tras la decisión del Comité, se está centrando sobre la interpretación de esta definición “clásica” de la desaparición, heredada de las experiencias totalitarias del siglo XX, de las prácticas represivas coloniales europeas y, particularmente, del caso “prototípico”, mas no exclusivo, de las dictaduras del Cono Sur de las décadas de 1970 y 1980. 

  El gobierno mexicano, en voz de la presidencia, el gabinete e incluso de organismos supuestamente independientes como la CNDH, en varias ocasiones –sobre todo a partir del caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en marzo del 2025– ha tratado de acotar o extralimitar fáctica y narrativamente el alcance y las implicaciones de lo que podemos entender hoy por desaparición forzada. 

  En el contexto del rechazo y las respuestas del gobierno al Comité, un desacierto, reflejado también en la presentación de la nueva versión o actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, es querer separar arbitraria y tajantemente las desapariciones ocurridas hasta el 2005, como forzadas y producto de la represión estatal, y aquellas posteriores, como cometidas por particulares y el crimen organizado, o sea, sin participación del Estado. Aunque puede haber prevalencia de una u otra modalidad en periodos distintos de la historia reciente, la línea de separación no es neta, la información es parcial, y no existe una fecha de inicio o fin de un determinado régimen de violencia y desapariciones, sino dinámicas que se confunden y solapan. Resulta arbitrario e instrumental querer determinar que, ahora, ya no habría desapariciones forzadas porque todo depende de la delincuencia organizada. Con esta definición, no se está tomando en cuenta la responsabilidad estatal en la tolerancia persistente y la impunidad para con estos delitos. Lo que ya no hay, como también el Comité ha afirmado, es la evidencia de una política federal o centralizada que ordene las desapariciones, pero es otra cosa.

  Además, si el corte temporal se justificara por el incremento del protagonismo militar en la seguridad pública o la declaración de “guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón, debería comenzar el 11 de diciembre del 2006, o incluso antes, con el inicio del Operativo México Seguro de Vicente Fox el 11 de junio de 2005, y, en cierto sentido, continuaría hasta la fecha, pese a ciertos cambios en la estrategia de seguridad, en la narrativa y en el enfoque de política social-laboral. Más allá de las fechas, la discusión es relevante porque deberíamos relacionar y explicar la evolución en el tipo y los motivos de las desapariciones en México con factores políticos y sociales de mediano y largo plazo, entrelazados, como la militarización, la seguridad pública, el modelo económico, la política social y la evolución del propio Estado y sus aparatos.

  Otra falacia ha sido declarar que el alcance del informe se limita a solo cuatro estados y a periodos anteriores al 2018, cuando en realidad abarca la mayoría de las entidades y también casos recientes en Jalisco y Guanajuato, entre otros, relacionados ya no solo con desapariciones sino también con la crisis forense, de fosas comunes y clandestinas masivas, documentadas por el Centro de Datos de la Ibero León o la Plataforma Ciudadana de Fosas, en ausencia del Registro Nacional (y los estatales) de Fosas previstos en la ley y nunca implementados. 

  Evidencias del Comité ONU y la sociedad civil

  Por otro lado, el CED ONU, otros actores internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sectores de la academia, asociaciones de víctimas y sobrevivientes de las violencias contemporáneas, han ido adaptando al entendimiento y uso estratégico de la letra de los tratados, in primis la Convención, pero también el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, según las circunstancias actuales, y realidades político-territoriales concretas. Estas son distintas de aquellas que dieron origen al concepto, y se caracterizan por formas híbridas de guerra y conflicto, por la confusión y multiplicación de actores y lógicas de las desapariciones, por violencias sociopolíticas y estatales directas, estructurales e indirectas, por áreas grises de colusión estatal-criminal-empresarial, por paralegalidades y redes mafiosas complejas: son factores que posibilitan las desapariciones, la explotación humana o el ocultamiento sistemático de los cuerpos, y las utilizan estratégica, sistemática o masivamente para una multiplicidad de fines instrumentales y expresivos. 

  Es por ello que, yYa en su conclusión-decisión, el CED pone a consideración de la Asamblea General la necesidad de adoptar acciones orientadas a: (i) Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y (ii) Establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan. Se reconoce y ofrece apoyo, entonces, ante la colusión. Y ante asesinatos y desapariciones de personas defensoras y buscadoras, cuyas historias de vida y búsqueda relata el sensible y doloroso, pero a la vez necesario e impactante, proyecto de denuncia y memoria de Luciérnagas en el porvenir. Memorial de personas buscadoras asesinadas y desaparecidas en México (2010–2026).

  Con base en una gran cantidad y variedad de fuentes, tanto oficiales como sociales y académicas, proporcionadas por el gobierno y por colectivos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, el CED ONU recolectó evidencia de múltiples violencias, desapariciones y violaciones a derechos humanos que, lejos de representar casos individuales, han ido conformando dinámicas estructurales y patrones persistentes en parte de las realidades territoriales del país durante el último cuarto de siglo. 

  Asimismo, el documento señala que “al 28 de febrero de 2026 el Comité había registrado un total de 819 peticiones de acción urgente relacionadas con desapariciones en México, lo que representa alrededor del 36,5% del total de los casos registrados en virtud del artículo 30 de la Convención”. México es el país con el mayor número de acciones urgentes del mundo. Se trata de una “solicitud que realiza el Comité a un Estado para que tome de forma inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a una persona desaparecida e investigar su desaparición”. Desde hace más de una década, organizaciones como IDHEAS han apoyado a las familias a presentar y dar seguimiento a muchos de estos procedimientos. Desde 2021, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha acompañado unas 25 acciones urgentes, realizando talleres con los colectivos sobre esta herramienta, la cual finalmente brinda mucha información al Comité y ayuda a construir comprensiones de los entramados y patrones de las desapariciones forzadas en regiones específicas.  

  El Comité ha reconocido los avances y esfuerzos hechos, particularmente desde 2017-2018, en materia legal e institucional en el país, pero, según las evidencias recabadas, estos han sido insuficientes en la práctica. El CED no es una comisión de investigación y, mediante el art. 34 de la Convención, activa un procedimiento preventivo, no una condena en contra de un gobierno o un partido, porque involucra al Estado mexicano como tal, en su continuidad histórica y política, como actor internacional. Esto representa una esperanza para miles de familiares de personas desaparecidas que, por muchos años, no han logrado conseguir búsqueda y justicia, verdad y reparación con mecanismos internos u ordinarios. 

  Aquiescencia y Estado

  Si entendemos al Estado como población, territorio, instituciones y, finalmente, como comunidad política, el llamado de atención, desde adentro o desde afuera de las fronteras nacionales, sobre la gravedad de la situación de las desapariciones forzadas, en este territorio bajo la jurisdicción de lo que llamamos y pensamos como “México”, tiene una dimensión colectiva y vuelve a poner en el centro nudos irresueltos y heridas abiertas: la aquiescencia, la tolerancia y banalización de las violencias, en este siglo XXI, fue permeando vidas cotidianas, medios de comunicación, discursos políticos, estadísticas y prácticas institucionales hasta el punto en que más de 72 mil cuerpos sin identificar, más de 130 mil personas desaparecidas y centenares de colectivos y familiares en búsqueda, destapando miles de fosas clandestinas, ya parece ser algo “normal”. La gravedad de la situación descrita por el Comité es evidente, no tanto o no solo por las cifras, todavía objeto de diatribas, opacidades y reclasificaciones, pero, en cualquier caso, tremendamente altas, sobre desapariciones forzadas, fosas clandestinas y cuerpos sin identificar. 

  Lo anterior se ha dado en el contexto de procesos de larga data y sus repuntes en las últimas dos décadas: la creciente militarización de las tareas de seguridad pública, la paralela escalada armamentista del crimen organizado, la paramilitarización y diversificación económica de varios de estos grupos delincuenciales o empresas criminales armadas, la extensión de su control territorial y de “áreas grises” de colusión con aparatos y funcionarios estatales de los tres niveles. La desaparición ha servido como tecnología y dispositivo de dominación, terror, retaliación y despojo, ya no tanto o no solo como instrumento de represión de la disidencia política como en la época de la contrainsurgencia de finales del siglo XX. Pero, si bien en su ejecución han adquirido gran presencia los grupos criminales, no es posible borrar de un plumazo la responsabilidad estatal por apoyo, autorización o, cuando menos, aquiescencia con los perpetradores.

  Aquiescencia proviene del latín acquiescentia, significando consentimiento o aceptación y deriva del verbo acquiescere (“reposar”, “descansar”, “estar tranquilo con algo”). O sea, una forma del “quieto vivir”, dejar hacer y dejar pasar, que en términos legales se va traduciendo en perfiles de complicidad y tolerancia hacia un fenómeno delictivo. 

  Este concepto ha sido blanco de críticas, por ejemplo, por parte de Enrique Ochoa, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, porque según él se habría abusado del propio concepto, ampliando demasiado su ámbito de aplicación. En redes sociales, el funcionario expresó que el mandato del Comité “es monitorear la aplicación de la Convención en la materia, no el de reinterpretarla”, y que los informes de ese grupo “representan exclusivamente la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales”. Esto en respuesta a un post de X del presidente del CED, Juan Pablo Albán, en que puntualizaba las funciones y mandato del Comité, el contenido real (no manipulado mediáticamente) del informe, y denunciaba las descalificaciones en su contra.

  En entrevistas radiofónicas, Ochoa sostuvo que México rechaza la decisión del CED porque hace un uso e interpretación del Tratado de Roma sobre crímenes de lesa humanidad y “se excede en su mandato porque está ampliando de manera indebida el alcance” de la “aquiescencia”, es decir, “el consentimiento o autorización del estado”, así que el problema es “equiparar las desapariciones forzadas cometidas por grupos del crimen organizado con actos cometidos por agentes gubernamentales, por lo que pudiera implicar la misma responsabilidad del estado, lo que no es acorde con los términos de la Convención”. Se trata, en mi opinión, de una posición incorrecta, pues es la propia convención que “equipara”, más bien tipifica, como desaparición forzada la que es cometida por un servidor público, pero también la cometida por un particular con el consentimiento o apoyo de aquél. Además de la evolución histórico-social y del contexto, la interpretación normativa y pro persona de los instrumentos jurídicos, así como la sustanciación de un concepto como la aquiescencia con base en las experiencias documentadas en México, deberían conformar aportes de avanzada y no causales de descalificaciones.

  Si bien en el debate político mexicano el tema parece ser nuevo, no lo es para quienes trabajan sobre desapariciones, para organismos internacionales y el mismo Comité. Justo en 2023 el CED publicó la “Declaración sobre los agentes no estatales”, en el contexto de la Convención (CED/C/10), en donde, coherentemente con lo que en estos días ha defendido, explica que por “aquiescencia” se entiende que el Estado “conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de comisión de una desaparición forzada por personas o grupos de personas, pero que concurre alguna de las siguientes circunstancias”. 

  Acciones directas de fuerzas del Estado, en contubernio con criminales, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala en 2014. Su aquiescencia y complicidad autorizaron la masacre de Allende, Coahuila, la masacre de migrantes en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, o las fosas y matanzas de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011. ¿Y sigue esto hoy? Las desapariciones son delitos y violaciones permanentes, continúan hasta la fecha, así que un Estado sigue siendo responsable hasta dar con el paradero de las personas y esclarecer los hechos, no solo penalmente. Hay ejemplos recientes y seriales de fosas y desapariciones masivas, impunes y sistemáticas en muchos estados: localidades como Teuchitlán, Tlajomulco y Tala, en Jalisco, o Salvatierra, Irapuato y Juventino Rosas, en Guanajuato, entre muchas otras, son recordatorios de connivencia estatal-criminal.  

  La postura oficial debería plantearse más desde el Estado y el país que del gobierno y de facciones políticas. Sin embargo, se desató una polémica en bucle sobre las desapariciones, una realidad opaca por definición, cada vez más enturbiada por las autoridades: patadas de ahogado y respuestas gubernamentales al CED ONU, por un lado, y, por otro, actitudes aprovechadas manipuladoras de ciertas oposiciones políticas que se han vuelto especialistas en explotar cualquier tema de violencia para su beneficio y confundir la discusión. En medio del caos, la sociedad y, sobre todo, familiares y víctimas escarban la tierra, esperando destellos de verdad y justicia. 

  El CED, las víctimas y organizaciones acompañantes documentaron que hay patrones en las desapariciones que se repiten de manera no aleatoria. Son parte de ataques sistemáticos o generalizados a la población, con niveles de conocimiento o tolerancia del Estado. Son realizados, en buena parte, por actores no estatales organizados. Por tanto, existen indicios o condiciones de crímenes de lesa humanidad, aun cuando no se den en todo el territorio nacional, en todo momento o como producto de una política federal o centralizada. 

  Esto difícilmente puede ser negado en la historia reciente de México y debería constituir un acicate para procesos profundos de justicia transicional y memoria, reforma de las fiscalías y criterios de oportunidad, de reconstitución de centros de identificación forense y planes estatales de exhumación de fosas comunes, pero sobre todo implica el desmantelamiento de redes criminales y su protección política a todos los niveles.

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  *Fabrizio Lorusso es Investigador del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Universidad Iberoamericana León (ReDLab); integrante de Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

  Foto de portada: Integrantes del CED de la ONU en 2022 visitando los trabajos de búsqueda en campo de la Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos. Crédito: especial, Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

  Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos

• A 19 años del aborto legal en CDMX, activistas denuncian persistencia de la criminalización

  23 d’abril, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. A casi 19 años de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en la Ciudad de México, organizaciones y activistas alertaron que la criminalización persiste, reflejada en la apertura de mil 587 carpetas de investigación entre 2015 y febrero de 2026. “Esto confirma que la criminalización sigue vigente”, advirtieron, al exigir la eliminación del delito de aborto del Código Penal local.

  Durante una conferencia, integrantes de organizaciones señalaron que, pese a los avances en el acceso a la interrupción legal del embarazo, el sistema penal continúa operando contra mujeres y personas gestantes. En 2025, la capital concentró 244 de las 890 carpetas abiertas a nivel nacional. “Es un lamentable récord para la ciudad”, afirmó Fernanda Castro, de GIRE, quien subrayó la falta de información sobre el origen de estas denuncias y la ausencia de claridad sobre si corresponden a abortos voluntarios o forzados.

  Autoridades capitalinas destacaron que desde 2007 se han realizado 300 mil interrupciones legales del embarazo en servicios públicos sin registrar muertes maternas. Sin embargo, reconocieron que la eliminación del delito del Código Penal “es una prioridad”, en un contexto donde la despenalización aún es parcial y desigual en el país. Activistas insistieron en que los apoyos institucionales y la ampliación de servicios no sustituyen la necesidad de erradicar el enfoque punitivo.

  Organizaciones señalaron que mantener el aborto como delito perpetúa el estigma y la violencia institucional. “No sabemos muy bien qué está pasando, y urge esclarecer estos datos para atender el problema de raíz”, indicó Castro. Añadieron que el incremento de carpetas, que creció 32 por ciento de 2024 a 2025, evidencia la necesidad de una estrategia integral que garantice el derecho a decidir sin criminalización ni discriminación.