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Niegan autorización a megaproyecto portuario en Manzanillo, celebran organizaciones
22 de gener, per Admin2
Ciudad de México | Desinformémonos. Por la falta de evaluación de los impactos y el riesgo a la integridad ecológica, social y productiva de la Laguna de Cuyutlán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización en materia de impacto ambiental para el desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, celebraron organizaciones y colectivos ambientalistas y de derechos humanos.

Si bien celebraron la resolución de la Semarnat, las organizaciones exigieron la cancelación permanente del proyecto y el reconocimiento de la Laguna de Cuyutlán para protegerla de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación tóxica, a través de un programa de conservación, restauración y desarrollo sostenible para las comunidades tradicionales.

Las organizaciones señalaron que la decisión de la Semarnat «es coherente con las comunidades y colectividades» que denunciaron que no existe sustento social, técnico, económico ni ambiental que garantice que el proyecto pueda realizarse «sin profundizar la crisis social por la pérdida de bienes culturales y de medios de vida de comunidades tradicionales que dan identidad a las y los colimenses; por la pérdida de biodiversidad; por la exposición a tóxicos derivada de derrames durante la operación; por la destrucción de la laguna y por el incremento de impactos asociados al cambio climático».

Además de los efectos ambientales y sociales, entre los que se encuentran el desplazamiento de la fauna marina, la contaminación por químicos y la escasez de agua potable, las organizaciones denunciaron que para la implementación del proyecto, impulsado por la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo (Asipona), agentes del gobierno se presentaron en domicilios particulares de personas de los ejidos afectados «para presionarlas, señalando que, si no aceptan el proyecto, podrían perder su pensión del Bienestar».

«Esta práctica constituye una forma de coacción inaceptable que vulnera el derecho a una participación libre, informada y sin amenazas. Sin embargo, persisten prácticas preocupantes: ASIPONA y Marina continúan retirando celulares en reuniones con cooperativas y comunidades, y se mantiene la falta de acceso efectivo a la información, transparencia y convocatoria a espacios adecuados de consulta y deliberación, no solamente de presentación unilateral de información», acusaron en un comunicado, firmado por colectivos y organizaciones como Demarem, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).

De acuerdo con la resolución de la Semanarnat, se requieren nuevos estudios ambientales que incluyan modelaciones de la hidrodinámica lagunar y sus interacciones con los vasos adyacentes I, III y IV, además de inventarios de flora y fauna terrestres en los sitios adicionales, con plazos más amplios.

Ya en septiembre de 2025, la asociación Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem) y el colectivo Salvemos Cuyutlán, Laguna Viva habían denunciado que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada para la ampliación del puerto de Manzanillo era «una burla hacia la sociedad civil y hacia los pueblos que dependen de la Laguna de Cuyutlán, así como hacia todos los colimenses», pues además de omitir análisis contenía «errores absurdos», «incoherencias en los mapas», entre otras irregularidades.

Frente a la resolución de la Semarnat, las organizaciones convocaron a toda la sociedad civil a mantenerse «informada, organizada y activa» frente al proyecto que traería «más destrucción, más contaminación y más problemas para Colima».

A continuación el comunicado completo:

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó la autorización en materia de impacto ambiental para el desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, promovido por la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, S.A. de C.V. (ASIPONA). Esta decisión es coherente con las comunidades y colectividades que han señalado que no existe sustento social, técnico, económico ni ambiental que garantice que este proyecto pueda realizarse sin profundizar la crisis social por la pérdida de bienes culturales y de medios de vida de comunidades tradicionales que dan identidad a las y los colimenses; por la pérdida de biodiversidad; por la exposición a tóxicos derivada de derrames durante la operación; por la destrucción de la laguna y por el incremento de impactos asociados al cambio climático.

Tal y como se reconoce en el resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-10367-25, del expediente 06CL2025V0012-68, el proyecto —e incluso la reconfiguración que plantearon los evaluadores de la Universidad de Colima y la ASIPONA durante el proceso de evaluación de impacto ambiental— presenta efectos e impactos que no han sido debidamente identificados, evaluados ni atendidos, y que ponen en riesgo la integridad ecológica, social y productiva de la Laguna de Cuyutlán.

Entre los efectos señalados se encuentra que la reconfiguración del proyecto considera la construcción de infraestructura sobre un área de intercomunicación con el Vaso I podría suponer una reducción en el intercambio de agua y en el transporte sedimentario, alterando el funcionamiento de la laguna.

La resolución de SEMARNAT reconoce que se requieren nuevos estudios ambientales, incluyendo modelaciones de la hidrodinámica lagunar y sus interacciones con los vasos adyacentes I, III y IV; así como inventarios de flora y fauna terrestres en los sitios adicionales, con plazos más amplios. Todo ello para una identificación adecuada de efectos e impactos que considere acumulación, sinergias e intensidad, incluyendo el impacto de especies invasoras y exóticas asociadas al tráfico marítimo internacional.

Asimismo, el acuerdo señala que en la reconfiguración sigue contemplándose la remoción de manglar y no se toma en cuenta que su deterioro progresivo (por alteraciones físico-químicas) puede provocar una pérdida aún mayor. El proyecto y su modificación no garantizan la conservación del ecosistema ni el mantenimiento de su funcionalidad a largo plazo.

Panorámica del vaso 2 en primer plano la regasificadora, el canal de tepalcates de entrada de agua de mar y la conexión con los vasos 3 y 4

Por otro lado, los contaminantes químicos tóxicos derivados de la operación presentan un alto potencial de dispersión hacia los vasos III y IV, precisamente en áreas propuestas como nueva zona ambiental. Debe recordarse que la Laguna de Cuyutlán ya cuenta con reconocimientos y categorías de alta relevancia: Humedal de Importancia Internacional (Convención Ramsar), región hidrológica prioritaria, sitio prioritario marino, Área de Importancia para la Conservación de las Aves, y sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad de extrema y alta prioridad. Esta situación afectaría la calidad del agua y, con ello, a las especies comerciales de peces e invertebrados, a zonas de alimentación de aves residentes y migratorias, y a la producción salinera local.

También existe documentación sobre los impactos del puerto Manzanillo en operación sobre ballenas, tortugas marinas, delfines, aves y cocodrilos, derivados de colisiones, contaminación acústica y lumínica, así como de la alteración y destrucción de hábitats. Estos impactos se incrementarían con el proyecto, aun con la reconfiguración propuesta.

Además, las medidas de mitigación asociadas a la fauna podrían derivar en el desplazamiento de fauna en sobrepasar la capacidad de carga de los vasos III y IV, pudiendo resultar en la disminución de los tamaños poblaciones de animales, afectaciones en reproducción y supervivencia; alteración de interacciones ecológicas y tramas tróficas; y una reducción de la resistencia del ecosistema frente a perturbaciones como el cambio climático.

Finalmente, se reconoce la aplicación del Acuerdo de Escazú en materia de derechos de acceso, participación y consulta, asegurando que la población en general y las comunidades colindantes cuenten con información oportuna, completa y comprensible, para influir significativamente en las decisiones. En este sentido, no puede repetirse el clima de amenazas y falta de transparencia que encabezó el anterior encargado, el capitán de Marina Francisco Javier Robles Carbajal, ya removido tras las denuncias presentadas. La seguridad de las personas defensoras y periodistas es un pilar fundamental de Escazú.

Además, denunciamos que agentes del gobierno se han presentado en domicilios particulares de personas de los ejidos afectados para presionarlas, señalando que, si no aceptan el proyecto, podrían perder su pensión del Bienestar. Esta práctica constituye una forma de coacción inaceptable que vulnera el derecho a una participación libre, informada y sin amenazas. Sin embargo, persisten prácticas preocupantes: ASIPONA y Marina continúan retirando celulares en reuniones con cooperativas y comunidades, y se mantiene la falta de acceso efectivo a la información, transparencia y convocatoria a espacios adecuados de consulta y deliberación, no solamente de presentación unilateral de información.

Panorámica de las islas cocodrilo, protegidas por ordenamiento ecológico como parques naturales y donde se planeaba hacer las plataformas portuarias

De estos puntos declarados en la resolución de SEMARNAT podemos concluir, en coherencia con la propia autoridad ambiental, que no es social, económicamente ni ambientalmente viable la construcción de un puerto en la Laguna de Cuyutlán, debido a impactos trascendentales que no pueden ser resueltos por ninguna vía técnica o científica moderna. Por lo que proponemos lo siguiente:
1. La cancelación permanente del proyecto del Puerto Nuevo Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, así como la derogación de los decretos presidenciales: Acuerdo por el que se delimita y determina el recinto portuario del Vaso II del Puerto Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2023; y el Decreto de habilitación del puerto de Laguna de Cuyutlán ubicado en el Municipio de Manzanillo, en el Estado de Colima, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 2023.
2. Reconocer a la Laguna de Cuyutlán como una solución basada en la naturaleza ante la triple crisis planetaria reconocida por la ONU: por la pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación tóxica. Para ello, impulsar un programa de conservación, restauración y desarrollo sostenible para las comunidades tradicionales, así como su uso como espacio de educación ambiental, adaptación y mitigación de los efectos negativos de esta crisis.
3. Ampliar el reconocimiento como sitio Ramsar a los vasos I y II, y realizar la consulta y creación de las áreas naturales protegidas terrestres, lagunares y marinas necesarias y actualmente en trámite.
4. Reivindicamos que el verdadero progreso y desarrollo de la región debe construirse fortaleciendo a quienes han sostenido, por décadas, formas de vida y economías locales vinculadas de manera sustentable a la Laguna de Cuyutlán y su ecosistema. Exigimos políticas públicas, inversión y programas que apoyen de manera real y permanente a salineros, agricultoras y agricultores, apicultoras y apicultores, cooperativas pesqueras, iniciativas de ecoturismo, conservación y estudio y demás actividades comunitarias que dependen de la salud de la laguna. No aceptamos que se venda como “progreso” o “desarrollo” la destrucción del ecosistema: destruir la laguna es destruir trabajo, cultura, identidad y futuro para Manzanillo y Colima y perder la oportunidad de enderezar el rumbo hacia una forma de coexistencia armónica entre las personas y las distintas formas de vida que nos sostienen.
Convocamos a toda la sociedad civil a mantenerse informada, organizada y activa frente a un proyecto que traería más destrucción, más contaminación y más problemas para Colima. La defensa de la Laguna de Cuyutlán es la defensa de la vida, del trabajo digno y del futuro de Manzanillo.

Firman las comunidades, colectividades y personas defensoras del territorio: Cooperativa de Apicultores; Cooperativa de Salineros; Cooperativa de Pescadoras; DEMAREM; Pura Vida; Tsikini; Vigilemos Manzanillo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT); Conexiones Climáticas; La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).
Vacíos y mentiras de la Fiscalía con las familias de desaparecidos en Guerrero
22 de gener, per Admin2

Este miércoles 21 de enero, una decena de colectivos de desaparecidos se reunieron con el Fiscal General del estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda, en Chilpancingo para exigir búsquedas y denunciar los retrasos de las entregas de cuerpos hacinados en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Lo que ahondó su preocupación de las familias fue la noticia que llevó Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la entidad, de pasar Semefo a la Fiscalía General del Estado (FGE). Les cayó como agua fría porque dijo que la gobernadora emitirá un decreto para la transición. Molestó mucho a los colectivos porque señalaron que no confían en la Fiscalía. Al contrario, han estado insistiendo que el Semefo pase a ser una institución descentralizada.

Con lágrimas en los rostros buscadoras reclamaron a las autoridades más atención y compromiso con sus desaparecidos. Al subsecretario de Desarrollo Político y Social le dijeron que la gobernadora no puede tomar decisiones sin consultar y sin la participación de los colectivos.

Las autoridades de la Fiscalía siguen con la indolencia. Dejan a su suerte a las familias. Los engañan diciendo que no tienen caninos para las búsquedas. A pesar de que entregan oficios, hacen marchas y bloqueos no les hacen caso. “Aunque no es nuestra responsabilidad realizar búsquedas lo hacemos porque queremos encontrarlos, pero no se vale que nos engañen”, dijo una señora.

Las familias reclamaron a las autoridades de la Fiscalía la pérdida de expedientes, falta de empatía, falencias en peritos y peritas, así como materiales para desarrollar los trabajos de búsqueda; en ocasiones no cuentan siquiera con guantes. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas está acéfala. Lo peor de todo es que no hay un Centro de Identificación Humana que esté a la altura de las necesidades de las víctimas en Guerrero.

Lo más grave es la denuncia que hicieron contra Héctor Ramírez Chávez, coordinador General de los Servicios Periciales, acusado de acoso sexual y laboral. Las buscadoras reprobaron la infamia de este funcionario. Por eso, dijeron, “no tenemos confianza en la Fiscalía. Señor Fiscal ponga atención con sus trabajadores…” para que no se siga ejerciendo violencia en la casa de la justicia.

Los resultados “maquillados”: falencias

Héctor Ramírez Chávez, coordinador General de los Servicios Periciales, al inicio de la reunión informó que “en Chilpancingo se realizaron 39 búsquedas, en Acapulco 43. Del primero de enero al 15 de diciembre de 2025 se identificaron y se entregaron 261 cuerpos a sus familiares. En el mes de enero de 2026 se llevan cuatro búsquedas. Del 16 de diciembre al 19 de enero de 2026 se llevan identificados y entregados 25 cuerpos”.

“El Servicio Médico Forense tiene bajo su resguardo físico 884 cuerpos, por lo que la Coordinación General de Servicios Periciales llevó a cabo el análisis de toda esta información que fue anexada por Semefo y quedaron restantes 819 cuerpos porque hay 49 casos duplicados, y se entregaron 7 cuerpos de los 884 y en nueve casos son restos no humanos. A partir del 21 de octubre hasta el 20 de enero se han analizado de los 819 cuerpos un total de 211 cuerpos. Quedan por analizar 608 cuerpos”, dijo Héctor Ramírez.

Para el mar de desaparecidos y cuerpos, sólo dijeron que tienen un total de 29 cédulas de identificación de 2018 al 2025, donde están los datos de la persona desaparecida y se están realizando búsquedas. Mientras, hay mil 40 cuerpos que se encuentran en el Centro Estatal de Resguardo Forense desde noviembre de 2016 al 28 de noviembre de 2025.

Francisco Martínez Delgado, titular de la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en su informe destacó las 29 personas identificadas por huellas dactilares desde finales de 2025. Las carpetas de investigación de Acapulco son 7; de Chilpancingo son 17 que abarcan Tierra Colorada, Chilapa y Tixtla; de Zihuatanejo es 1; Costa Chica son 2; Norte y Tlapa, uno respectivamente.

El INE facilita la información personal de las personas desaparecidas; por ejemplo, Jorge Pacheco Bravo de la colonia Santa Anita, del municipio de Tlapa de Comonfort; Francisco Santana Calixto de la localidad de San Vicente, municipio de Malinaltepec, y así con 27 personas desaparecidas más.

Se ufanaron de la reunión del 9 de diciembre, en Chilpancingo se iniciaron 243 carpetas, localizando 180 personas. Fueron 49 más que el 2024 que se localizaron a 131.

En la judialización presentaron un avance de 500 por ciento. Mencionaron la “sentencia de 25 años en un caso de Tres Palos. La semana pasada se logró una sentencia de condena de un asunto mediático de la ciudad de Tlapa, de la región de la Montaña, donde el responsable del delito de un hecho que ocurrió en el 2019 se logró que lo condenaran a 25 años de prisión. Es importante señalar que fue también en colaboración con el equipo jurídico del colectivo Luciérnaga, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”, dijo Francisco Martínez.

Informaron que durante los 21 días de enero han iniciado 17 carpetas de investigación y llevan 16 víctimas localizadas. Los trabajos se realizan con equipo interdisciplinario. Además, adquirieron nuevos equipos porque los que están son obsoletos, drones acuáticos para Acapulco, Costa Chica y costa Grande y otros lugares en que se necesiten y nuevos georadares.

En la eterna incertidumbre, hasta encontrarlos

Del colectivo Luciérnaga, Neil Arias, lamentó que la Fiscalía tenga rezagos importantes. Los cuerpos de personas tienen que pasar más de cuatro años para entregarlos. No revisan las carpetas. “Hay expedientes que están extraviados de la Montaña. No están las carpetas de investigación y si preguntamos nos dicen que ya las mandaron a Chilpancingo, a la fiscalía, a la dirección, y cuando venimos aquí no tienen nada”.

Teodoro Gallegos, padre de Manuel Alejandro Gallegos Valle, desaparecido en 2010, “les propongo un trabajo artesanal, revisar hoja por hoja los expedientes. Dicen que tienen muchísimos equipos para poder identificar, drones aéreos, acuáticos. No hay que hablar con lo que no tenemos, hay que hablar de lo que tenemos y no ha sido implementado para las búsquedas”.

“Nuestros seres queridos sencillamente son un número más para la Fiscalía. No estoy en contra de servicios periciales, pero no se ha hecho nada, porque si tenemos 884 restos óseos en Semefo, y supuestamente tenemos muchos reactivos e instrumentos para identificar, no se ha avanzado. No se habla de identificación humana, se conformó un centro, yo lo estuve viendo y analizando que no era el idóneo porque para empezar, 600 gavetas no son suficientes por la crisis humana que se vive. Pónganse en el papel de padre. Los exhorto a que trabajen. Cuando coman un sagrado alimento, piensen en todos nosotros cómo estamos”, les dijo a las autoridades.

David Molina del Colectivo Lupita Rodríguez señaló que debe haber una estrategia para todos los “cadáveres que han sido encontrados, identificados y no reclamados para darlos a sus familiares, porque no se pueden dar así nada más. Debe existir respeto para las víctimas”.

“No se puede ni caminar en Semefo, hay más de 800 cuerpos, pero es necesario que haya una intervención de la Fiscalía. Se le planteó en diciembre a la Secretaria de Salud y dijo que no le tocaba. Ya están rebasados los refrigeradores y no alcanza a darles la conservación que se necesita. Se necesita identificarlos. Lo inaudito es que no cuentan con equipo de análisis de contexto, no hay ni en la Comisión Estatal de Búsqueda. Mientras no haya un análisis de contexto, las búsquedas son simuladas porque no toman en cuenta el antes y después de las circunstancias”, reclamó David.

La reunión duró tres horas, desde las 11 de la mañana, con una lluvia de intervenciones de las familias que salieron desalentadas. El Fiscal se comprometió a seguir realizando las reuniones cada mes. Acordaron que el 4 de febrero tendrán una reunión con la gobernadora. Las familias saben que sus esperanzas están en la unidad que estrechen con los que tienen el mismo dolor e incertidumbre: las buscadoras y buscadores.

Publicado originalmente en Tlachinollan
Israel asesina a 11 palestinos más en Gaza y destruye la sede de la UNRWA en Jerusalén
22 de gener, per Admin2

El último episodio de violencia por parte de Israel en Gaza se saldó, durante el día de ayer, miércoles 21 de enero, con la vida de 11 palestinos, entre los que se encontraban dos niños de 13 años —uno de ellos fue abatido a tiros por soldados israelíes— y tres periodistas que se estaban desplazando por motivos de trabajo. Según el Ministerio de Salud palestino, con estas, ya son 466 las personas asesinadas en Gaza desde que se firmara el alto el fuego, en el mes de octubre.

Un niño de 13 años, asesinado cuando iba a por leña

Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat —colaborador habitual de la Agencia France-Presse— y Anas Ghneim son los nombres de los tres periodistas, asesinados en su vehículo cuando iban a filmar a un campo de desplazados. En su estrategia de hacer pasar a los periodistas por combatientes de Hamás, Israel asegura que los atacaron porque “operaban un dron afiliado a Hamás”, cosa que representaba una “amenaza” para su “seguridad”.

Según informaciones de la cadena Al-Jazeera, los tres periodistas trabajaban para el Comité Egipcio para el Socorro en Gaza, que supervisa la ayuda egipcia en el enclave. Iban a documentar un campamento de desplazados recién instalado. Según Mohamed Mansour, el portavoz de dicho comité, el vehículo en el que viajaban los periodistas estaba perfectamente identificado. Según las cifras que maneja Reporteros Sin Fronteras (RSF), con ellos ya son casi 220 los periodistas palestinos asesinados en Gaza desde el inicio del genocidio, en octubre de 2023.

En el caso de los menores asesinados, uno de ellos fue alcanzado por un dron mientras se encontraba con su padre; y el otro fue asesinado a tiros por las tropas israelíes. La madre asegura que el niño había salido a por leña para cocinar, según informó France-Presse.

Además de estos asesinatos, en las últimas horas, Israel ha vuelto a atacar Rafah, en el sur de Gaza, y ha violado, una vez más, el alto el fuego y el derecho internacional. Además, continúa restringiendo la entrada de la ayuda humanitaria para los 2,2 millones de gazatíes en la Franja, que malviven en tiendas de campaña y sin los productos básicos necesarios.

La sede de la UNRWA en Jerusalén, reducida a escombros

En Cisjordania, el martes empezaron los trabajos de demolición de la sede de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, situada en Jerusalén Este y en desuso desde hace año. Israel prohibió operar a la UNRWA a principios de 2025; fue entonces cuando canceló decenas de visados de personal humanitario internacional que trabajaba en la organización y les obligó a salir del territorio. Muchos de estos trabajadores y trabajadoras se instalaron en Jordania para continuar trabajando desde allí.

Junto a las excavadoras se presentó el ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, una de las caras más visibles y extremistas del Gobierno de Netanyahu. Dijo que se trataba de un día “histórico”; mientras que desde la organización advertían del precedente que significaba este acto mucho más que simbólico. La demolición del complejo es otra más de las violaciones del derecho internacional por parte del Estado de Israel; ya que este terreno “fue arrendado al Gobierno de Jordania en 1952”, dijo Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, para desmentir el argumento israelí, por el cual aseguran que ese terreno les pertenece.

Desde los albores de la ocupación israelí en Palestina, pero más intensamente desde octubre de 2023, Israel ha puesto en el punto de mira a todas las organizaciones que trabajan en el terreno para asistir a la población palestina. Para intentar acabar con su trabajo y borrar todo rastro, recientemente ha prohibido que unas 37 organizaciones humanitarias internacionales operen en terreno. Para ello les ha revocado las licencias bajo el pretexto de que no cumplen con las regulaciones que se les exigen. Una de las demandas del Gobierno israelí es que las organizaciones proporcionen datos personales y financieros de las personas que trabajan en las organizaciones, algo que quebranta la ley.

Este material se comparte con autorización de El Salto
Davos y el feudalismo-corporativo siglo XXI
22 de gener, per Admin2

¿Quién decide qué pueblos sobran y qué territorios son sacrificables? En Davos se reúne una élite que concentra poder y riqueza administrando guerras, genocidios, desigualdad extrema y catástrofe climática. No es gobernanza global, es feudalismo corporativo. Occidente colapsa; las resistencias del Sur Global siguen vivas.

Administrando el colapso

Algo ya es evidente, esta cumbre no busca transformar las causas estructurales de la crisis global, sino asegurar que sus costos recaigan, una vez más, sobre los pueblos, los territorios y los ecosistemas del Sur Global, mientras se preservan los privilegios de una minoría transnacional.

Davos no intenta evitar el colapso civilizatorio en curso, sino administrarlo. El orden que allí se reproduce puede entenderse como una forma avanzada de feudalismo corporativo, en la que corporaciones, fondos financieros y milmillonarios concentran tierras, datos, recursos y poder político, mientras los Estados se degradan a meros administradores y las mayorías sociales son despojadas de derechos, autonomía, futuro y felicidad.

Cada año, la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos congrega a jefes de Estado, altos funcionarios, directivos de corporaciones transnacionales y a una fracción ínfima, pero obscenamente poderosa, de los seres humanos más ricos del planeta. Davos es uno de los principales espacios donde se define la arquitectura del poder global occidental y se trazan estrategias económicas, geopolíticas y tecnológicas que luego se traducen en políticas públicas, guerras comerciales, endeudamiento estructural, extractivismo y disciplinamiento social a escala planetaria.

La edición 2026 se celebra en un momento histórico particularmente convulso, el mundo presencia un genocidio impune, la expansión de guerras abiertas y encubiertas, y el declive acelerado de Occidente y de la hegemonía estadounidense quien ahora acude a la ruptura de los basamentos normativos internacionales, a respuestas cada vez más agresivas, autoritarias y fascistas. Para Nuestra América, este escenario no es abstracto, la reactivación de una Doctrina Monroe ahora Donroe, recargada, neocolonial y racista, la cual se traduce en amenazas directas a la soberanía, la autodeterminación y la vida de los pueblos.

En este contexto de militarización global, crisis civilizatoria y catástrofe climática, esas élites responsables de buena parte de la barbarie contemporánea vuelven a reunirse en los Alpes suizos para trazar la hoja de ruta del mundo próximo. Tal vez para “gestionar riesgos”, tal vez para decidir, con frialdad tecnocrática, qué territorios, pueblos y ecosistemas son hoy sacrificables.

Los recientes informes Global Risks Report 2026, publicado por el WEF en la antesala de Davos, en diálogo directo con otros documentos igualmente alarmantes, el Global Climate Highlights 2025 del Servicio de Cambio Climático de Copernicus; el informe sobre desigualdad extrema elaborado para el G20 bajo liderazgo de Joseph E. Stiglitz; y el informe de Oxfam 2026 “Contra el imperio de los más ricos”.

Radiografía de un cáncer planetario

Bajo el subtítulo “La era de la competición”, el Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial describe un mundo fragmentado, polarizado y “al borde de un precipicio”. Según su propia Encuesta de Percepción de Riesgos (GRPS 2025–2026), el 50 % de las élites consultadas prevé un escenario global “turbulento o tormentoso” entre 2026 y 2028, cifra que asciende al 57 % hacia 2036, mientras apenas un 1 % imagina un futuro estable. La incertidumbre deja de ser coyuntural y se consolida como condición estructural del capitalismo en crisis. Sin embargo, las respuestas que propone el informe permanecen atrapadas en la misma lógica que ha producido el desastre, no hay ruptura, solo ajuste.

El riesgo inmediato más señalado para 2026 es la confrontación geoeconómica, incluso por encima del conflicto armado entre Estados. Este desplazamiento no implica menos violencia, sino su transformación, sanciones, bloqueos financieros, control tecnológico, militarización de cadenas de suministro y coerción monetaria se consolidan como armas centrales de la guerra contemporánea.

Para el Sur Global, esta dinámica termina siendo una estructura permanente de vulnerabilidad que impone alineamientos forzados y profundiza la dependencia.

En el plano económico, el propio WEF anticipa un “ajuste de cuentas” marcado por inflación persistente, riesgo de recesión, burbujas financieras y niveles récord de endeudamiento. Lo que el informe evita politizar es que estos ajustes nunca son socialmente neutros. Históricamente, las crisis del capitalismo global se resuelven mediante transferencias masivas de costos hacia las clases trabajadoras, los pueblos empobrecidos, las economías periféricas y la Madre Tierra.

La desigualdad, reconocida por el propio WEF como el “riesgo más interconectado de la próxima década”, constituye el eje estructural de este orden. El informe presentado ante el G20 a finales de 2025 es contundente, el 10 % más rico del planeta concentra cerca del 76 % de la riqueza global, mientras el 50 % más pobre posee menos del 2 %. Esta desigualdad extrema no es accidental; es el resultado de decisiones políticas deliberadas, desregulación, regresividad fiscal y debilitamiento sindical, que, socava tanto la democracia como la capacidad colectiva para enfrentar la crisis climática.

El informe de Oxfam 2026 lleva esta radiografía al límite de lo obsceno. En 2025, la riqueza de los milmillonarios creció más de 16 %, alcanzando los 18.3 billones de dólares, mientras casi la mitad de la humanidad vive en pobreza y una de cada cuatro personas carece de acceso garantizado a alimentos. Desde 2020, esta élite incrementó su fortuna en 81 %. Es un sistema diseñado para transferir riqueza hacia arriba y para acelerarlo se requieren contextos de guerra, pandemia y colapso climático. Esta concentración extrema se traduce, además, en concentración de poder político, mediático y simbólico, una expresión clara del feudalismo corporativo contemporáneo.

A esta obscenidad se suma la negligencia moral frente a la catástrofe climática. El Global Climate Highlights 2025 confirma que el promedio de temperatura global del período 2023–2025 superó por primera vez el umbral de 1.5 °C y que el 91 % del planeta registró temperaturas por encima del promedio histórico. Los océanos, principales reguladores térmicos, alcanzan niveles críticos de saturación. Pese a ello, los riesgos ambientales son relegados en el corto plazo por las élites económicas. No se trata de ignorancia, sino de una decisión política que prioriza la estabilidad del capital por sobre la vida.

De la desesperanza a la potencia de lo posible

El WEF define el presente como una “multipolaridad sin multilateralismo”. Para el Sur Global, lejos de abrir horizontes emancipadores, esto consolida su lugar como zona de sacrificio, proveedor de materias primas, laboratorio de ajuste y frontera extractiva. La conclusión es clara, el problema no es la mala gestión del riesgo, sino un modelo civilizatorio agotado.

Lo que colapsa no es la humanidad, sino Occidente como proyecto histórico de dominación. Frente a ello, los pueblos originarios, campesinos, comunidades afrodescendientes, la clase trabajadora y sectores urbanos conscientes continúan resistiendo y construyendo alternativas para la vida.

Insistir en las mismas ruta de accion esperando resultados distintos es una forma de locura, la salida no vendrá de Davos ni de Occidente, sino de los territorios, de la organización popular, la soberanía colectiva, la justicia climática y la redistribución radical de la riqueza.

No se trata de hacer el colapso más “resiliente”, sino de detenerlo y superarlo. Frente a un sistema que concentra el poder y administra la catástrofe, la alternativa no puede ser meramente técnica ni adaptativa, es profundamente política. La insurgencia de los pueblos, se vuelve un imperativo histórico, pues el “orden” vigente es, en sí mismo, la desgracia. La transformación real no solo es necesaria, es inaplazable, está en juego la propia continuidad de la vida y la dignidad colectiva.

Referencias bibliográficas:

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Copernicus Climate Change Service. (enero de 2026). Global Climate Highlights 2025. Obtenido de Copernicus Climate Change Service: https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2025

G20. (noviembre de 2025). World Inequality Report 2026. Obtenido de G20 Independent Experts Group (incluyendo a Joseph E. Stiglitz).: https://wir2026.wid.world/

OXFAM. (19 de enero de 2026). Contra el imperio de los más ricos. Obtenido de OXFAM: https://oxfam.mx/wp-content/uploads/OxfamGlobal_InformeDavos2026_ContraElImperioDeLosMasRicos.pdf

World Economic Forum. (enero de 2026). Global Risks Report 2026. World Economic Forum. Obtenido de World Economic Forum.: https://es.weforum.org/publications/global-risks-report-2026/-

*Docente investigador universidad de san buenaventura Medellín, integrante grupo de investigación y Editorial Kavilando y red interuniversitaria por la paz -REDIPAZ- Colombia. Alfonso.insuasty@gmail.com

Expresan solidaridad con los inuit de Groenlandia

20 de gener, per Auri

Protesta en Nuuk, capital de Groenlandia.

La Nación Wampis expresó su solidaridad con el pueblo Inuit y llama a los pueblos del mundo a pronunciarse contra la “violencia colonizadora etnocida y ecocida” que amenaza Groenlandia.

A través de un pronunciamiento destaca el liderazgo de los inuit en la lucha por los derechos colectivos indígenas en el mundo y en especial por las autonomías.

Desde la Amazonía peruana la Nación Wampis manifiesta su solidaridad “porque si tocan a uno tocan a todos” y llama a organizaciones como Aidesep y Coica a alzar la voz colectiva.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas/originarios de la Amazonía, Andinos, Abya Yala y sus organizaciones como AIDESEP y COICA, a alzar la voz colectiva.

Familia inuit sobre trineo tradicional (qamutik). Fuente de la imagen: Wikipedia.

Groenlandia no está en venta ni vacía ni quiere ser colonia de nadie, indica la Nación Wampis. Los inuit lo habitan, protegen y han construido un sistema propio de vida y cultura.

Han afrontado diversas colonizaciones y etnocidios hasta lograr un régimen de autogobierno en acuerdo con Dinamarca y que es respetado por la Unión Europea (UE).

Denuncia que detrás del teatro mediático sobre “seguridad” del gobierno de Donald Trump está el interés de lucro y poder por los millones de toneladas métricas de “tierras raras” y otros recursos como el oro .

El infierno del oro que la Nación Wampis conoce de cerca amenaza con articularse con los monstruos colonial, climático y radiactivo que puede provocar la contaminación tóxica de todo el Ártico.

Ello afectaría no solo la vida del pueblo Inuit sino que tendría un devastador impacto global, remarca la Nación Wampis que expresa su coincidencia con el pronunciamiento de otras organizaciones a favor de los pueblos indígenas.

Entre ellas menciona la Conferencia Circumpolar Inuit, que representa a los inuit de Alaska, Canadá, Groenlandia y Rusia, el Consejo Sami (Rusia y Escandinavia), la Asociación Internacional Aleut, el Consejo Ártico Athabaskan y el Consejo Internacional de Tratados Indios, entre otros.

Miles de personas protestan en Nuuk contra la pretensión de anexión de EE. UU.

Publicado originalmente en Servindi

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