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• Huelgas de hambre en las cárceles de migrantes airean los abusos de la Administración Trump

  29 d’abril, per  Admin2

  Foto: Vista aérea del centro de detención de migrantes North Lake, en Michigan. (Erick Díaz Véliz)

  El lunes 20 de abril, al menos 200 personas encarceladas iniciaron una huelga de hambre en al menos cuatro pabellones de North Lake, el centro de detención de inmigrantes privado más grande de la región del Medio Oeste de EEUU. Según internos y activistas defensores de los derechos de migrantes, el hartazgo de las duras condiciones de vida dentro del recinto, el escaso acceso a la atención médica y las demoras excesivas en los procesos jurídicos, que han mantenido a varios inmigrantes encerrados indefinidamente sin derecho a fianza, motivaron la medida que se retomó el sábado 25 de abril. Acciones similares se han reportado en centros de detención de inmigrantes en Luisiana, California y Florida.

  “Estuve tres días en la huelga de hambre, pero vinieron a ejercer presión amenazando con posibles traslados a otros centros”, dice Erick Rojas Gavidia, migrante venezolano que lleva preso desde el 4 de noviembre de 2025. “Queremos ser escuchados”, reclama. Según No Detention Centers in Michigan (NDCM), grupo que aboga por la abolición de centros de detención, la huelga involucró a cientos de personas, pero para el domingo estimaron que casi todos los hombres acataron la medida dentro del recinto.

  “Están literalmente dispuestos a poner sus vidas en riesgo”, señala Ale Rojas, miembro de NDCM. “Están demandando atención médica, recibir trato adecuado, recordando a la gente que ellos también son humanos”

  “Están literalmente dispuestos a poner sus vidas en riesgo”, señala Ale Rojas, miembro de NDCM. “Están demandando atención médica, recibir trato adecuado, recordando a la gente que ellos también son humanos”, añade.

  Christine Sauvé, vocera del Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC), menciona que han venido recibiendo informes de clientes sobre retrasos o negación de atención médica, así como sobre alimentos y nutrición inadecuados. Además, agrega que hay personas que no están recibiendo información relevante sobre sus casos legales, y de otras que reportan “ser tratadas como animales” y “como si no tuvieran derechos”.

  

  “Las acciones de huelga de hambre iniciadas por personas detenidas ponen de relieve preocupaciones persistentes que hemos tenido sobre la salud y la seguridad de los seres queridos de las personas detenidas en North Lake”, dice Sauvé. “Es difícil asegurar que se cumplan los estándares nacionales tras la pérdida de organismos federales de supervisión como la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) y la Oficina del Defensor de la Detención Migratoria (OIDO).”

  Gantchev fue una de las 33 personas que fallecieron bajo custodia del ICE en 2025 en EEUU, la cifra más alta en lustros. En lo que va del año, ya se han registrados 17 muertes.

  North Lake, operado por GEO Group —una empresa privada de prisiones que gestiona múltiples centros de detención y procesamiento de inmigrantes en todo el país—, se encuentra en una zona rural en el noroeste de la península Inferior de Michigan, en el condado de Lake. Desde su reapertura como cárcel migratoria a mediados del año pasado para albergar hasta 1.800 personas, su población pasó de 28 detenidos en agosto de 2025 a poco más de 1.400. Según datos de ICE, casi un 90% no tiene antecedentes penales.

  En estos diez meses, reportes de negligencias médicas, intentos de suicidio y problemas alimenticios han acaparado la reputación de la prisión. Registros obtenidos por el diarioMLive señalan que desde la prisión se ha llamado a la línea 911 unas 87 veces por emergencias médicas desde problemas cardiacos y desmayos hasta dos intentos de suicidio. Las llamadas repuntaron después de que la población aumentara entre octubre y noviembre del año pasado.

  El 15 de diciembre pasado, Nenko Gantchev, migrante búlgaro de 56 años y residente de Chicago, murió en North Lake. Gantchev padecía diabetes tipo 2. En un inicio, ICE afirmó que murió de causas naturales, pero la familia sigue buscando respuestas. Gantchev fue una de las 33 personas que fallecieron bajo custodia del ICE en 2025 en EEUU, la cifra más alta en lustros. En lo que va del año, ya se han registrados 17 muertes.

  

  Aunque ICE ha publicado que el tiempo estimado de estadía en North Lake es de 49 días, activistas denuncian que muchas personas permanecen detenidas durante meses sin claridad sobre su situación, en medio de un sistema saturado y confuso. Solo la corte migratoria de Detroit acumula más de 30.000 casos pendientes, las fianzas para salir de la prisión migratoria van desde los 1.500 dólares hasta los 30.000, un dinero que no todos pueden pagar. Además, reportes de Michigan Public indican un aumento significativo en las negaciones de fianza en los últimos meses.

  “Estar en detención es una elección. Alentamos a todas las personas sin estatus legal a tomar el control de su salida utilizando la aplicación CBP Home”, dicen desde la Administración federal

  Por su parte, la empresa GEO rechazó hacer declaraciones sobre la huelga y se dedicó a defender sus servicios dentro de North Lake alegando que siguen estándares federales. Esta compañía defiende en declaraciones a la prensa el trabajo que realiza junto al Gobierno federal en aplicación de las leyes migratorias. 

  Para la empresa, el ICE y los funcionarios federales, la huelga no existe. En cambio, volvieron a sostener que el centro cuenta con mejores condiciones de vida que en otras cárceles del país. En un comunicado de prensa, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que las acusaciones sobre condiciones deficientes son falsas. Según el vocero, a los detenidos “se les proporciona tres comidas al día, agua potable, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de aseo”, además de acceso a atención médica, dental, salud mental y llamadas telefónicas para comunicarse con abogados y familiares.

  

  “Estar en detención es una elección”, agregan. “Alentamos a todas las personas sin estatus legal a tomar el control de su salida utilizando la aplicación CBP Home”, enfatizan.

  La continuación de la huelga motivó a varias docenas de manifestantes de distintos puntos del estado a congregarse en el exterior del recinto desde el martes; muchos portan pancartas y gritan contra ICE y el Gobierno de Trump.

  “Todo esto es consecuencia de la cruel y xenófoba agenda de deportación masiva de la administración Trump, que consiste en detener y confinar a miembros de nuestras comunidades”

  Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y MIRC han instado al Congreso a iniciar una investigación independiente sobre North Lake. En un comunicado de prensa publicado el 24 de abril, pidieron al Congreso una auditoría médica independiente en North Lake que incluya entrevistas confidenciales con las personas detenidas y acceso a sus historiales médicos. 

  “Todo esto es consecuencia de la cruel y xenófoba agenda de deportación masiva de la administración Trump, que consiste en detener y confinar a miembros de nuestras comunidades que llevan mucho tiempo viviendo aquí, obligándolos a soportar una detención indefinida en condiciones inhumanas o, por desesperación, a tomar la devastadora decisión de dejar atrás a sus familias y comunidades”, dijo Loren Khogali, directora ejecutiva de la ACLU de Michigan.

  Este material se comparte con autorización de El Salto

• Denuncian impunidad a 16 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

  29 d’abril, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. A 16 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) denunció que el caso permanece como símbolo de la impunidad estructural y de la responsabilidad del Estado mexicano en la violencia contra personas defensoras del territorio. En un pronunciamiento dirigido a organismos internacionales y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la organización señaló que “dieciséis años no han sido suficientes para alcanzar justicia”, mientras persiste un patrón de omisión, negligencia y complicidad institucional.

  MAIZ afirmó que el asesinato ocurrido el 27 de abril de 2010, cuando una caravana humanitaria se dirigía a San Juan Copala, no puede leerse como un hecho aislado ni como un expediente pendiente, sino como evidencia del “fracaso estructural de las instituciones de justicia en México”. La organización sostuvo que las instituciones encargadas de procurar justicia no solo han fallado en esclarecer el caso, sino que han contribuido a sostener un sistema donde la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio continúa sin consecuencias.

  El pronunciamiento vinculó esta impunidad con la continuidad de proyectos extractivos en territorios indígenas, particularmente en la Mixteca, donde las concesiones mineras siguen representando una amenaza para el agua, la autonomía y la vida comunitaria. MAIZ subrayó que la violencia contra defensoras y defensores no puede separarse de los intereses económicos que priorizan el extractivismo, y recordó también la desaparición de Sergio Rivera Hernández como parte del mismo patrón de agresiones, desapariciones y falta de garantías para comunidades en resistencia.

  Ante este panorama, la organización exigió que el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sea reconocido internacionalmente como un ejemplo de la crisis estructural de derechos humanos en México, además de demandar seguimiento a los casos de personas defensoras asesinadas y desaparecidas. “Nombrar a Bety, Jyri y Sergio no es un acto simbólico. Es una denuncia viva”, expresó MAIZ, que reiteró su exigencia de cancelar concesiones mineras en la Mixteca y responsabilizó al Estado mexicano por la continuidad de la impunidad.

  A continuación el comunicado completo:

  MOVIMIENTO AGRARIO INDÍGENA ZAPATISTA (MAIZ), PRONUNCIAMIENTO A 16 AÑOS DEL ASESINATO DE BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA, LA IMPUNIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO EN MÉXICO

  A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México

  A los mecanismos internacionales de derechos humanos

  A los pueblos de México y del mundo

  A la opinión pública nacional e internacional

  Han pasado 16 años desde el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010 en el camino hacia San Juan Copala, Oaxaca.

  Dieciséis años no han sido suficientes para alcanzar justicia.

  Pero sí han sido suficientes para evidenciar algo más profundo:

  el fracaso estructural de las instituciones de justicia en México y la responsabilidad directa del Estado en la reproducción de la impunidad.

  El caso de Bety y Jyri no es únicamente un expediente sin resolver.

  Es un símbolo de la impunidad institucionalizada, donde la omisión, la negligencia y la complicidad han operado como política de Estado.

  A lo largo de estos años, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia no solo han fallado, sino que han contribuido a sostener un sistema donde la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio no tiene consecuencias.

  Hoy, este caso debe ser entendido no como un hecho del pasado, sino como una advertencia vigente.

  LA IMPUNIDAD SE REPRODUCE

  Los asesinatos y desapariciones de personas defensoras continúan ocurriendo.

  El caso de Sergio Rivera Hernández, defensor del río Coyolapa desaparecido en la Sierra Negra de Puebla, es un ejemplo doloroso de cómo la impunidad se mantiene viva. Su desaparición forzada sigue sin resolverse, evidenciando la incapacidad y falta de voluntad del Estado para garantizar verdad y justicia.

  En el contexto actual del gobierno de Salomón Jara Cruz, se han registrado nuevos hechos de violencia contra defensores del territorio, que reflejan la continuidad de un patrón:

  – Agresiones y asesinatos que permanecen sin esclarecimiento.

  – Desapariciones forzadas sin verdad ni justicia.

  – Falta de garantías reales de protección para comunidades en resistencia.

  – Un entorno donde la defensa del territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo.

  Estos hechos no son aislados.

  Son la expresión de un continuo histórico de violencia e impunidad, donde el Estado no solo es incapaz de proteger, sino que termina siendo parte del problema.

  EXTRACTIVISMO E IMPUNIDAD

  La violencia contra las comunidades y sus defensores está profundamente vinculada a la imposición de proyectos extractivos.

  En el territorio mixteco, las concesiones mineras continúan siendo una amenaza directa contra la vida, el agua y la autonomía de los pueblos. Estas concesiones han sido otorgadas sin el consentimiento de las comunidades, generando conflictos, despojo y violencia.

  La impunidad en casos como el de Bety Cariño, Jyri Jaakkola y Sergio Rivera Hernández no puede entenderse sin este contexto de intereses económicos y políticos que priorizan el extractivismo sobre la vida.

  UN LLAMADO INTERNACIONAL FRENTE A LA IMPUNIDAD

  Frente a este escenario, el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola debe ser asumido como un caso paradigmático de impunidad en México.

  Por ello, demandamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México:

  – Que se pronuncie públicamente sobre este caso como ejemplo de la crisis estructural de derechos humanos en el país.

  – Que visibilice la responsabilidad del Estado mexicano en la perpetuación de este ciclo de impunidad.

  – Que dé seguimiento a la situación de personas defensoras desaparecidas y asesinadas en México.

  Asimismo, exigimos la cancelación de las concesiones mineras en territorios de la Mixteca, por representar una amenaza estructural a los derechos de los pueblos indígenas.

  MEMORIA QUE DENUNCIA, MEMORIA QUE RESISTE

  Nombrar a Bety, Jyri y Sergio no es un acto simbólico.

  Es una denuncia viva.

  Es recordar que en México se puede asesinar o desaparecer a quienes luchan por la vida y que, después, no pasa nada.

  Pero también es afirmar que los pueblos no olvidan.

  Que la memoria es una forma de resistencia.

  Y que frente a la impunidad, la dignidad sigue organizándose.

  ¡BETY, JYRI Y SERGIO VIVEN EN LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!

  ¡ALTO A LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL!

  ¡CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS!

  ¡EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE!

• Rechazan privatización de playa Las Cocinas y denuncian detenciones en Bahía de Banderas

  29 d’abril, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. Habitantes de Bahía de Banderas se movilizaron contra el proyecto turístico de Cantiles de Mita, del Grupo Dine, y denunciaron el intento de despojo y privatización de la playa Las Cocinas, donde maquinaria pesada interviene desde hace semanas la zona federal marítimo terrestre. La presencia de fuerzas de seguridad y la detención de pobladores marcaron la jornada, en un contexto de conflicto por el acceso y uso del territorio.

  Las y los pobladores señalaron que los trabajos comenzaron desde temprano con remoción de rocas y arena, lo que consideran una afectación directa al entorno y al acceso público a la playa. “La naturaleza no se privatiza”, reclamaron, al insistir en que la zona forma parte de su vida comunitaria y no puede ser restringida por intereses privados.

  Durante la jornada, al menos tres personas fueron detenidas por policías estatales que resguardaban el área. Se trata de Antonio Benavides de la Cruz, Fabricio Yáñez y Sandra Cano Navarro, quienes fueron trasladados al Ministerio Público en Bucerías. Habitantes denunciaron que fueron sometidos con violencia bajo el argumento de haber ingresado a un área delimitada por la empresa.

  La vigilancia policial se mantiene en la playa y en puntos carreteros cercanos, donde pobladores buscan impedir el avance del proyecto. Las comunidades exigieron la intervención de autoridades federales, al señalar que se trata de una zona federal y acusaron a las fuerzas estatales de actuar en favor de intereses privados en un conflicto que consideran un despojo del territorio.

• Redes criminales ya afectan al 67 por ciento de los municipios y al 32 por ciento de los territorios indígenas en la Amazonía | ESTUDIO

  29 d’abril, per  Auri

  El informe Amazonía bajo asedio: cómo el crimen y la militarización amenazan a los pueblos indígenas pone sobre la mesa los impactos de las economías ilegales y las respuestas militarizadas de los Estados en los territorios indígenas. A través de siete casos de estudio en cinco países amazónicos —Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela—, el documento describe cómo las actividades ilícitas y la represión estatal transforman la forma de vida y la cultura de los pueblos indígenas y afectan su autodeterminación y sus derechos colectivos.

  “La minería ilegal de oro, el narcotráfico, la tala ilegal y las redes de tráfico han evolucionado hasta convertirse en sistemas interconectados que controlan la tierra, remodelan las economías locales e impulsan una violencia sin precedentes”, señala el informe.

  

  Como consecuencia de esta espiral de violencia, desde 2012, al menos 296 defensores han sido asesinados en la Amazonía, siendo Colombia y Brasil los países más peligrosos para quienes la defienden. Según este estudio, las redes criminales afectan al 67 por ciento de los municipios amazónicos y han puesto al 32 % de los territorios indígenas en disputa entre actores armados.

  El informe también señala que las estrategias de los Estados basadas en acciones militarizadas para enfrentar al crimen organizado han fracasado repetidamente. “La respuesta de los Estados muchas veces empeora las cosas. Cuando optan por la militarización y la represión terminan tomando los territorios y generando otros tipos de violencia y control, en lugar de fortalecer las respuestas propias de los pueblos indígenas”, explica Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de la organización Amazon Watch y uno de los autores del documento.

  El estudio se presentó el lunes 20 de abril en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), que se realizó en Nueva York, Estados Unidos. El reporte fue elaborado por Amazon Watch con la participación de 15 organizaciones indígenas de cinco países amazónicos y una red de periodistas e investigadores independientes.

  Los hallazgos en los territorios

  “El modo de vida de los pueblos indígenas en la Amazonía está siendo alterado de una forma dramática por estas actividades ilícitas”, comenta Hoetmer en una entrevista con Mongabay Latam. En ese sentido, destaca tres temas clave que se han hecho visibles a través de este estudio.

  El primero se refiere a la violencia que deben enfrentar las mujeres ante la trata de personas y la violencia sexual, pero también porque tienen que lidiar con los problemas de salud en la comunidad, con el acceso al agua, entre otras situaciones. Un segundo tema clave aborda la situación de los niños y adolescentes. “En todos los casos hemos visto reclutamiento, trabajo forzoso y hasta esclavitud”, comenta Hoetmer.

  

  El análisis también expone los impactos específicos para los pueblos en aislamiento. “Estamos viendo que los espacios que protegen a los pueblos indígenas en aislamiento se han convertido en lugares ocupados por el crimen organizado, como sucede, por ejemplo, con el pueblo kakataibo y los pueblos transfronterizos”, dice el investigador.

  Los hallazgos del estudio toman como base el análisis que hicieron en siete escenarios territoriales en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela así como los testimonios recogidos durante el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, que se realizó en febrero en la ciudad de Pucallpa, en la Amazonía peruana.

  “Se escogieron siete casos distintos en cinco países diferentes para poder hacer un análisis sistemático sobre la vulneración de derechos, el rol de los Estados, las dificultades en sus políticas y las respuestas de los pueblos indígenas frente a todo esto”, aclara Hoetmer.

  A través de estos casos se identificaron algunos patrones de la violencia y los cambios que ocurren en los territorios étnicos. En cuanto al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, estos son violados sistemáticamente por actores armados, redes criminales y actividades extractivas, tanto legales como ilegales. “La defensa del territorio suele tener un alto costo que incluye amenazas y violencia”, señala el informe.

  

  El desplazamiento forzado, el confinamiento y el control territorial que restringe la movilidad en los territorios indígenas son también consecuencias de la presencia de las economías ilegales que fragmentan la vida comunitaria y socavan la autogobernanza indígena.

  “Nuestros territorios son territorios de vida, son territorios de buen vivir. Conservamos nuestros territorios porque es la gran fortaleza para la vida humana”, señala la lideresa indígena ecuatoriana Josefina Tunki, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Red Territorios de Vida (TICCA) Latinoamérica.

  Tunki también habla de otros impactos en los territorios como el desplazamiento de las poblaciones y la contaminación de los ríos. “En la Cordillera del Cóndor [en la frontera entre Ecuador y Perú] los ríos están contaminados. Y los líderes estamos en resistencia para proteger la biodiversidad, pero estamos siendo perseguidos para callarnos. Los pueblos originarios estamos siendo desplazados de nuestros territorios por los grupos organizados en Ecuador”.

  Entre los casos analizados en el informe se encuentra el del pueblo indígena munduruku, en Brasil, cuyo territorio en la última década se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilícita de oro con presencia de redes criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Un segundo caso en Brasil, en la frontera con Perú, expone la situación de los pueblos indígenas del territorio transfronterizo Yuruá-Jurúa-Alto Tamaya, que enfrentan crecientes amenazas como la expansión de economías ilícitas, incluyendo el narcotráfico, el cultivo de coca y la tala ilegal.

  

  El territorio de los pueblos indígenas del Putumayo, en Colombia, en los límites con Ecuador y Perú, es otro de los casos presentados. Se trata de un centro clave para las economías ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de cocaína, con presencia de grupos armados como Comandos de la Frontera (CDF), el Frente Carolina Ramírez y el Frente Raúl Reyes.

  Para Ecuador se tomó el caso de la Nacionalidad Kichwa del Napo, una zona con minería ilegal de oro y cuyos ríos sirven de corredores logísticos para las operaciones mineras, el narcotráfico, la extracción de madera y otras actividades ilícitas, con presencia de grupos criminales como Los Lobos y Los Choneros.

  Dos casos de Perú se suman al estudio. El primero corresponde al pueblo kakataibo, sometido a una creciente presión debido al narcotráfico, la tala ilegal, la apropiación de tierras y la minería ilegal de oro. El segundo es el territorio de la Nación Wampís, que enfrenta una creciente presión de la minería ilícita, la tala ilegal y actividades asociadas con el narcotráfico, con presencia de grupos criminales como los Trujillanos y los Huanuqueños.

  El último caso es el de las tierras indígenas de los pueblos pemón, kariña, akawayo, piaroa y warekena, en el sur de Venezuela. Territorios ricos en oro, coltán y otros minerales estratégicos que se han convertido en importantes epicentros de economías ilícitas, con presencia de grupos armados colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  La violencia en los territorios

  Jackeline Odicio, presidenta de la Federación de Mujeres Kakataibo (Femuka), en Perú, pidió, durante la presentación del estudio en el Foro Permanente, que cese la violencia y la criminalización contra los pueblos indígenas. “No somos violentos, solo defendemos nuestros territorios. Vengo de un territorio con seis asesinados y nosotras también estamos siendo criminalizadas y amenazadas”.

  Odicio también habla de las consecuencias en los niños, jóvenes y mujeres de las comunidades indígenas. “La violación a niños y niñas indígenas en los territorios, el embarazo de adolescentes, la prostitución, el reclutamiento, todo esto afecta en nuestros territorios. Las consecuencias son muy graves”, asegura.

  

  Las diferentes formas de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes indígenas quedan reflejadas en las dinámicas de reclutamiento, explotación sexual, trabajo forzoso y  coerción. “Estos abusos tienen su origen en desigualdades estructurales de género y patrones históricos de despojo, ahora exacerbados por la expansión del crimen organizado”, señala el informe.

  El reclutamiento y la explotación de niños y adolescentes son estrategias fundamentales para el sostenimiento de grupos armados y economías ilícitas. En toda la Amazonía, los menores son reclutados para actividades mineras, de narcotráfico y de control territorial, a menudo mediante coacción, engaño o la ausencia de alternativas económicas viables.

  Hoetmer comenta que la falta de oportunidades económicas es una de las razones por la que los jóvenes terminan involucrándose en las economías ilegales. “Muchas veces el trabajo en la coca o en la minería es la única oportunidad que tienen, esto lleva a que muchos jóvenes se sientan atraídos por estas actividades”. Sin embargo, estas transformaciones en las nuevas generaciones, asegura Hoetmer, afectan las formas de transmisión cultural y espiritual intergeneracional. “Las restricciones de movimiento por los territorios pueden impedir el acceso a lugares sagrados y a recorridos territoriales que son claves para la reproducción de la vida de los pueblos”.

  El manejo territorial

  En el estudio se mencionan las operaciones a gran escala que realiza el crimen organizado en los territorios de toda la región. También se señalan las intervenciones policiales y militares para desmantelar infraestructuras mineras ilegales, así como incautaciones y arrestos, pero sin abordar las causas estructurales que sustentan las economías ilícitas.

  Ricardo Soberón, ex presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), señala que “la retórica con la cual muchos actores describen la expansión de las economías extractivas abona en favor de una mirada criminalista o militarista de las economías extractivas ilícitas. Esto distorsiona cualquier posibilidad de afrontar los problemas que se encuentran detrás de los campamentos mineros, de las pozas de maceración, de la deforestación de bosques”.

  

  Soberón sostiene que “nos encontramos en una situación en la que se exagera en el uso de las respuestas represivas, como es el caso de la erradicación y la criminalización de los cocaleros, o se mantiene una tibia y tímida posición como Estado de Derecho”.

  Para Hoetmer, se debe proponer una mirada distinta sobre la seguridad en los territorios indígenas. “El camino es una transformación territorial necesaria para contener a las economías ilegales porque la historia muestra que las respuestas exclusivamente militares no funcionan”.

  Hoetmer también menciona que la mejor estrategia de seguridad en territorios indígenas es el respeto de sus derechos, la autodeterminación y la participación de los pueblos. “Se debería ver a los pueblos indígenas como una parte central estratégica para poder enfrentar el problema. Pero obviamente los pueblos no lo pueden hacer solos, necesitan ser respaldados, apoyados, complementados por los actores del Estado”.

  Herlin Odicio, vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), señala que entre los mecanismos que han desarrollado para enfrentar a las economías ilegales están las guardias indígenas. “Dentro del territorio solo nos queda autoprotegernos para seguir existiendo. Los guardias indígenas son hermanos de las comunidades que vigilan sus territorios. Trabajamos con aliados en la implementación de equipos como drones y cámaras que pueden ayudar a monitorear los territorios, pero necesitamos más recursos”.

  Imagen principal: cultivos ilegales de coca en Unipacuyacu, Amazonía de Perú. Foto: cortesía Amazon Watch

  Publicado originalmente en Mongabay

• Darfur: Veinte años después, una nueva generación de niños vuelve a ser testigo de una violencia horrible

  29 d’abril, per  Auri

  Lo que ha cambiado es la indiferencia con la que la violencia en la ciudad sudanesa se vive ahora por la comunidad internacional frente a la indignación que produjo en el pasado.

  Veinte años después de que el conflicto en Darfur (Sudán)  provocara la indignación mundial, los niños de la región vuelven a estar atrapados en un ciclo catastrófico de violencia, hambre y desplazamiento. Pero esta vez, el mundo no está prestando atención.

  En un nuevo informe de Alerta Infantil titulado Darfur: 20 años después, los niños bajo amenaza, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que, aunque los horrores de 2005 se repiten, la magnitud de las necesidades es ahora mucho mayor y la atención internacional está peligrosamente limitada.

  El informe establece un escalofriante paralelismo entre el pasado y el presente. Los hogares, las escuelas y los hospitales vuelven a estar bajo el fuego, pero la naturaleza moderna de los combates entre ejércitos rivales se ha vuelto aún más letal.

  Desde abril de 2024, se han verificado más de 1500 violaciones graves contra niños solo en la capital regional de El Fasher. Más de 1300 niños han muerto o han resultado mutilados en la ciudad, que estuvo en manos de las fuerzas gubernamentales hasta que fue tomada por las milicias de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) tras un largo asedio en octubre pasado. Muchos de los menores murieron por armas explosivas y drones.

  Muerte, violencia sexual, reclutamiento… trauma

  Más allá de los ataques físicos, los niños sufren el trauma del secuestro, el reclutamiento en grupos armados y la violencia sexual.

  «Hace veinte años, el mundo se unió indignado por el sufrimiento de los niños en Darfur. Hoy, una nueva generación de niños está viviendo una violencia, hambre y terror horribles», declaró Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

  En todo Sudán, la ONU ha verificado más de 5700 violaciones graves desde el inicio de la actual guerra. La tendencia se acelera: en los tres primeros meses de 2026, las muertes de niños aumentaron significativamente en comparación con el año anterior.

  Barreras a la ayuda humanitaria

  A pesar del colapso de las infraestructuras y la propagación del hambre, los esfuerzos humanitarios están siendo estrangulados por la inseguridad, los obstáculos burocráticos y una enorme brecha de financiación. Muchas familias en el norte de Darfur siguen completamente aisladas de los alimentos y el agua potable debido a los prolongados asedios.

  Aunque UNICEF y sus socios siguen proporcionando servicios de salud móviles y tratamiento de la desnutrición, el informe advierte que la ayuda no llega a quienes corren mayor riesgo.

  «No podemos permitir que la historia se repita», instó Russell. «Los niños de Darfur necesitan protección y acceso humanitario sostenido. Las partes en conflicto deben poner fin a esta brutal guerra».

  UNICEF pide el fin inmediato de las violaciones contra los menores e insta a los donantes internacionales a proporcionar financiación flexible para apoyar a los desplazados tanto dentro de Sudán como a través de sus fronteras, especialmente hacia las comunidades sobrecargadas del este de Chad.

  Publicado originalmente en Noticias ONU