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La Policía Comunitaria ante la SCJN
6 de febrer, per Admin2La inédita atracción del caso de los policías comunitarios de Xalpatláhuac, Guerrero, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el resultado de múltiples batallas que han protagonizado los Pueblos Indígenas de México para ser reconocidos como sujetos de derecho público. Desde la colonia tuvieron que enfrentar a los conquistadores. Se atrincheraron en las Montañas para resistir los embates de los gobiernos depredadores. Las políticas etnocidas diezmaron su población, los dispersaron y fragmentaron sus territorios. Las nuevas leyes destruyeron el modo de vida comunal, saquearon sus riquezas y los relegaron como súbditos de un régimen clasista y racista. Los caciques y patrones los explotan y los utilizan como clientela cautiva para sus intereses facciosos. A los pueblos y comunidades que se rebelan son reprimidos y sus líderes asesinados. Utilizan a los grupos del crimen organizado para hacer el trabajo sucio aterrorizando a la población, desplazándola de su habitat y asumiendo el control territorial.
Ante la avalancha delincuencial y su colusión con las corporaciones policiales, el ejército, jueces y ministerios públicos, los pueblos Me phaa, Ñu savi y Afromexicanos de la Costa Montaña se acuerparon a través de sus asambleas regionales para hacer frente a la delincuencia institucionalizada. Recuperaron sus espacios y sus instituciones comunitarias para hacer valer sus derechos a la seguridad y a la justicia. La policía comunitaria nació en el seno de estas asambleas para contener la arremetida delincuencial y conformar su propio sistema de seguridad y justicia comunitarias.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) es la instancia máxima del sistema comunitario que salvaguarda los derechos de la población indígena y afromexicana. La colusión de las policías judiciales y los agentes del ministerio público con los grupos de la delincuencia obligaron a los ´pueblos indígenas y afromexicano a organizarse de manera autónoma y a dar la batalla dentro de sus territorios contra todos los agentes depredadores que esquilman a la gente pobre, violan a las mujeres, asaltan a comerciantes y maestros y se escudan en el poder de las armas y de la misma ley mestiza.
La estructura del gobierno comunitario, cimentado en sus asambleas, fue la columna vertebral que le dio consistencia y legitimidad al sistema de seguridad y justicia de los pueblos. El reencuentro de los pueblos cambió la correlación de fuerzas en la Costa Montaña. La policía comunitaria respaldada por las comunidades y autoridades se enfrentó a las bandas criminales e hizo frente a los policías y el ejército que se obstinaron a desarmarlos y encarcelarlos. Fue una prueba de fuego tanto para las autoridades comunitarias como para la población en general que defendió a su policía ante la amenaza de los gobernadores, el ejército y los procuradores de justicia.
En lugar de combatir la violencia en las comunidades indígenas y afromexicanas, los caciques priistas se aliaron con el ejército y los policías ministeriales para arremeter contra los policías comunitarios y sus autoridades. Encarcelaron al padre Mario Campos, párroco de Santa Cruz del Rincón, por ser el promotor de las asambleas regionales y a Bruno Plácido Valerio, el primer comandante regional de la policía comunitaria, por organizar varios operativos contra las bandas criminales. La lucha de la policía comunitaria fue contra la discriminación secular, el racismo arraigado en las autoridades mestizas, los asaltos, secuestros de las bandas criminales y las extorsiones de las autoridades.
Las 3 décadas de la CRAC-PC han dejado una honda huella entre los pueblos: hay más de 10 policías asesinados, también un coordinador y un consejero regional de la casa de justicia de San Luis Acatlán, existe un registro de 26 policías comunitarios encarcelados. A pesar de los saldos rojos la policía comunitaria está más activa que nunca. Existen 6 casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, El Paraíso, Caxitepec, Zitlaltepec y Chilixtlahuaca. Se ubican dentro de 7 municipios de la Montaña Alta y 4 de la Costa Chica, cuenta con 131 comunidades indígenas y Afromexicanas, de los pueblos Me pháá, Ñu savi, Nahuas y Afomexicanos.
En el gobierno de la cuarta transformación, el 17 de febrero de 2025 cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac fueron detenidos por la guardia nacional, cuando trasladaban a un enfermo al Hospital General de Tlapa. Todo inició cuando don Pedro se fracturó la cabeza. Al carecer de servicios médicos la cabecera municipal, la síndica de Xalpatláhuac solicitó ayuda a los coordinadores de Espino Blanco. Su respuesta fue positiva, se comunicaron con el comandante del grupo de la policía de Xalpatláhuac que comisionó a cinco elementos: Leobardo Rosendo Gabino, Teodoro Francisco Dircio, Juan Simón, Pedro Javier Álvarez y Agustín Vitinio, que se encargaron de trasladar a don Pedro en una patrulla de la CRAC al hospital regional de Tlapa.
Portaban sus armas de cargo asignadas por la asamblea. Confiados en la comisión que emitió la síndica y la autorización que dieron sus coordinadores, los policías se desplazaron a Tlapa para dejar al lesionado en urgencias del hospital regional. Al momento de avanzar por la avenida colegio militar fueron interceptados por la guardia nacional. De inmediato los sometieron y desarmaron. Con un fuerte operativo los trasladaron a la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo. El 25 de febrero del 2025 una jueza los vinculó a proceso para ser recluidos en el penal de Acapulco.
Los policías comunitarios presentaron una demanda de amparo que les fue negada el 28 de julio. Contra la determinación presentaron un recurso de revisión al primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del vigésimo primer circuito. Ante las graves violaciones a sus derechos humanos los cinco policías comunitarios solicitaron la atracción de su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su estudio y formulación de un proyecto de resolución favorable. Su delito fue cumplir con un servicio comunitario y ser parte de un sistema de seguridad indígena.
El pasado 7 de enero la solicitud de atracción fue sometida a consideración de las ministras y ministros de la nueva SCJN. El secretario general de acuerdos planteó el caso: “¿Cuáles son los parámetros que deben considerar las personas juzgadoras para analizar las controversias del orden penal, en las que se reclame el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, en relación de las funciones de atribución de las policías comunitarias a la luz del artículo constitucional?”
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, las ministras Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías, así como los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo votaron a favor de la atracción, mientras que Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González su voto fue en contra.
La atracción del caso de los cinco policías de habla nahua es inédita. A pesar de que se han estudiado casos sobre la consulta, el autogobierno, la libre determinación y el ejercicio presupuestal propio, no se ha abordado expresamente el tema de los policías comunitarios. Para las comunidades indígenas de la Montaña y Costa Chica es de suma relevancia que la SCJN reconozca el trabajo que realiza la policía comunitaria. Los criterios que fijen los ministros y ministras marcarán un nuevo derrotero en la lucha por la autonomía y libre determinación de los pueblos. Sus resoluciones serán determinantes para no criminalizar a los policías comunitarios y para respetar el sistema de seguridad y justicia que se sustenta en sus sistemas normativos. Los jueces y juezas, que han tratado con dureza jurídica a los policías comunitarios, tendrán que reconocer el pluralismo jurídico y tomar en cuenta sus sistemas normativos como parte de nuestra ley interna.
Las comunidades indígenas han ejercido históricamente su derecho a la libre determinación, por eso existen y aún resisten. Las asambleas son los parlamentos abiertos que guían e inspiran el actuar de sus autoridades. Los policías que trasladaron a don Pedro, solo cumplían una encomienda de sus coordinadores. Brindaron un servicio a un ciudadano que requería con urgencia atención médica de segundo nivel. Salvaron la vida de una persona lesionada, pero la juez acusó a raja tabla a los 5 policías de varios delitos, como si todos tuvieran en posesión las mismas armas, los cargadores y los cartuchos.
A pesar de que hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, los jueces y juezas mantienen una visión reduccionista y punitiva contra los derechos de los policías comunitarios. No toman en cuenta el mandato que reciben de la asamblea, el servicio que están obligados a brindar a la población y el cuidado que deben tener para salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. Es increíble que los jueces pasen por alto la reforma al artículo 2 constitucional del 30 de septiembre del 2024, donde se reconoce la existencia de la jurisdicción indígena.
Es importante que la SCJN analice desde la perspectiva de los derechos de los pueblos el actuar de la policía comunitaria, su legitimidad y vínculo de confianza con la población indígena. Su eficacia, comportamiento y sus mecanismos de rendición de cuentas. La atracción es el primer escalón. Es una gran oportunidad para que Corte hagan valer el derecho de los pueblos a su libre determinación y de reconocer a la policía comunitaria como legal y legitima.
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Comité ¡Eureka! rechaza proyecto cultural en el Sitio de Memoria de Tlaxcoaque
4 de febrer, per AuriFoto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes del Comité ¡Eureka! exigieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, frenar el proyecto para instalar una escuela de arte en el edificio de Tlaxcoaque, espacio señalado como uno de los principales centros de tortura y detención clandestina durante el periodo de violencia política de Estado, y que forma parte de una investigación no concluida sobre desapariciones forzadas y crímenes cometidos por autoridades.
El Comité recordó que el 2 de octubre de 2022 el inmueble fue declarado “Tlaxcoaque, Sitio de Memoria”, en un acto encabezado por la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la iniciativa de la Ley de Memoria enviada al Congreso de la Ciudad de México. Señalaron que esta declaratoria implica un compromiso con la verdad, la recuperación de la historia y la garantía de no repetición, y no una decisión sujeta a coyunturas políticas.
De acuerdo con el Comité, Tlaxcoaque fue asegurado por la Fiscalía de la Ciudad de México tras ser declarado Patrimonio Material e Inmaterial, con el objetivo de garantizar su inalterabilidad y permitir las investigaciones forenses necesarias. Indicaron que el inmueble debe preservarse tal como operaba, ya que forma parte de una investigación activa y porque se encuentra integrado a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños junto a otros espacios de 13 países, lo que implica el cumplimiento de protocolos internacionales.
El Comité ¡Eureka! exhortó a Clara Brugada Molina a no continuar con el proyecto cultural al considerar que contradice la declaratoria de 2022 y vulnera los derechos de las víctimas y de quienes durante 50 años han exigido verdad y justicia. Señalaron que intervenir el inmueble representa una arbitrariedad que desconoce la lucha contra la impunidad y el sentido histórico del Sitio de Memoria de Tlaxcoaque.
A continuación el comunicado completo:

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Tren Interoceánico: falla sistémica sin investigación independiente, explican especialistas IBERO
4 de febrer, per Auri- Especialistas IBERO analizan con datos el accidente como resultado de múltiples factores simultáneos: infraestructura heredada, mantenimiento limitado, material rodante usado, topografía compleja y posibles excesos de velocidad
- Alertan sobre la ausencia en México de un organismo autónomo e independiente que investigue accidentes de transporte, y subrayan la responsabilidad ética de la ingeniería para priorizar la seguridad sobre la presión operativa, los tiempos y los presupuestos
México no cuenta con un organismo estricto, autónomo e independiente que realice investigación sobre los accidentes que ocurren en el transporte, tal como ocurre en otros países. Esta fue una de las reflexiones que surgieron en la conferencia «El Tren Interoceánico: Radiografía de una falla» que se realizó en la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Con cálculos, gráficas y antecedentes históricos, el Dr. Manuel del Moral Dávila y el Mtro. Agustín Ortega García, del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, presentaron variables técnicas sobre las condiciones de la vía, los durmientes, los vehículos y la velocidad en el accidente del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos y más de 100 heridos.
En el aula magna San Ignacio de Loyola y ante decenas de estudiantes de Ingeniería Civil precisaron que el descarrilamiento no se trató de una falla aislada, sino de un problema sistémico donde interactuaron de forma simultánea: material rodante usado, topografía exigente, operación de trenes bajo condiciones de presión operativa y mantenimiento con poco margen.
Los especialistas analizaron el funcionamiento del Corredor Interoceánico, el trazo ferroviario en Nizanda, Oaxaca, y la infraestructura heredada en la que probablemente se hizo una rehabilitación parcial a la misma, además de la posible velocidad en la que iba el conductor durante el recorrido y el control de riesgos que hubo sobre el megaproyecto.
Señalaron que desde el siglo XIX y hasta 2018 se desarrolló la visión del corredor transísmico como una alternativa al canal de Panamá, pero durante décadas contó con infraestructura subutilizada, mantenimiento irregular y con un enfoque exclusivamente ferroviario e industrial.
Apuntaron que Nizanda, Oaxaca, donde ocurrió el descarrilamiento, se encuentra en un tramo montañoso intermedio lejano a la zona urbana, con un corredor natural estrecho, que obligó al ferrocarril al seguir el relieve, además de que «no es un tramo recto ni geométricamente amigable».
Sobre las condiciones del trazado ferroviario, especificaron que la infraestructura originalmente fue concebida para trenes de carga, no para trenes de pasajeros, además de que hay zonas críticas en Nizanda para la estabilidad dinámica por lo que es necesario límites de velocidad estrictos, mantenimiento intensivo y monitoreos continuos.
Respecto a la Línea Z del Corredor Interoceánico, detallaron que es una vía histórica rehabilitada y corregida, con reto en transiciones (tramo viejo-tramo renovado), con cuestionamiento técnico acerca de la calidad del balasto y zonas con drenaje longitudinal limitado, cunetas discontinuas y escurrimientos laterales no controlados.
Expusieron que en el Istmo se tienen suelos blandos y arcillosos, con ciclos de humedad-secado muy agresivos, drenaje deficiente, además de que se colocaron durmientes en procesos acelerados de rehabilitación con zonas con durmientes de madera en tramos heredados y zonas de transición.
Señalaron que las locomotoras de diésel-eléctricas en operación (diseñadas para servicios pesados, no para trenes modernos de pasajeros) no son nuevas y provienen del mercado secundario ferroviario, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra.
«La mayoría de estas locomotoras entre los 20 y 40 años de edad, aunque han sido rehabilitadas antes de su incorporación al servicio, requieren mantenimiento mayor en bastidores, bogies y sistemas de suspensión. (…) Requieren velocidades conservadoras (60-90 km/h) y menores en tramos con curva o pendiente. Parque de locomotoras limitado, lo que presiona la operación y el mantenimiento», explicaron.
Indicaron que la infraestructura debe mandar sobre la velocidad ante tramos con balasto nuevo no estabilizado, durmientes con asentamientos, transiciones no resueltas, por lo que se requieren velocidades mucho más conservadoras.
Sobre la velocidad en la que pudo haber ido el conductor, expusieron dos posibilidades: que no supiera a la velocidad a la que iba porque no tuviera un velocímetro o que sí la supiera y su manejo fuera irresponsable al tenerlo instalado.
Los académicos de nuestra casa de estudios ahondaron sobre la responsabilidad ética de las y los futuros profesionistas de la Ingeniería Civil con la sociedad en todo proyecto de infraestructura, pues primero deben ponderar el conocimiento, antes que los tiempos y los presupuestos.
Publicado originalmente en Ibero
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“Nos estamos muriendo”: Pacientes con cáncer en Gaza suplican una salida
4 de febrer, per AuriUn hombre cuida a su anciana madre, paciente de cáncer, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza.
Este miércoles se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Miles palestinos en la Franja de Gaza no tienen acceso a tratamiento y sufren todo tipo de dolores sin posibilidad de alivio, porque la entrada de medicinas está restringida y las evacuaciones médicas son muy limitadas que no son aliviados, a pesar de la apertura limitada del cruce de Rafah esta semana.
«Nos estamos muriendo. Cada día, entre dos y tres pacientes mueren dentro de este hospital», dice Munther Abu Foul, un paciente con cáncer postrado en su cama en el hospital más grande de Gaza. «No puedo levantarme de la cama por el dolor. Queremos una solución: abran los cruces».
Sus palabras reflejan la realidad que enfrentan miles de pacientes en toda la Franja, donde el acceso a cuidados especializados ha colapsado y la evacuación para tratamiento en el exterior sigue fuera del alcance para muchos. Organizaciones sanitarias locales advierten que unos 11.000 pacientes están privados de tratamiento oncológico especializado o de diagnóstico. De ellos, 4000 pacientes con referencias médicas para hospitales fuera de Gaza esperan desde hace más de dos años para viajar.
Noticias ONU visitó el hospital Al-Shifa, documentando la desesperación en su departamento de oncología. Pacientes que abarrotan pasillos y salas, esperando consultas o tratamientos que ya no están disponibles. Los medicamentos y equipos esenciales escasean, mientras muchos enfermos soportan dolor crónico que les impide moverse.
Cada día, mueren dos o tres pacientes

Noticias de la ONU
Abu Foul hojea sus papeles de traslado médico, emitidos hace mucho tiempo. No ha podido viajar en más de dos años.
«La sanidad en la Franja de Gaza está en ruinas. No hay tratamiento ni medicamentos, y nos estamos muriendo. Cada día, dos o tres pacientes mueren aquí, dentro de este hospital», relata. «Pido ayuda directamente. Queremos una solución. Abran los cruces de manera adecuada para que Dios nos libere de este sufrimiento. Todos serán responsables».
Cerca, Mohamed Hammou atiende a su madre anciana, que también lucha contra el cáncer. Él dice que las familias se ven obligadas a ver cómo sus seres queridos se deterioran sin atención.
«Así es como vemos a un paciente que se está muriendo, sin tratamiento ni instalaciones médicas que lo ayuden a recuperarse», afirma. «Esto no agrada a Dios y no satisface a la gente. Hacemos un llamado a las naciones islámicas, árabes e internacionales a que miren a los enfermos con misericordia«.
Un hermano con dolor

Noticias de la ONU
En otra sala, Raed Abu Warda cuida de su hermano Hamid, cuyo cáncer ha empeorado tras largas demoras en el tratamiento. Lo que comenzó como una enfermedad pequeña y benigna se ha convertido en una afección potencialmente mortal.
«Ha estado sufriendo de cáncer durante dos años», explica Raed. «Esperó todo este tiempo a que se abriera el cruce para poder ser tratado fuera. Su dolor ha aumentado, como puedes ver».
Señala una herida abierta bajo la barbilla de su hermano: «La enfermedad ha creado esta herida, y su condición empeora cada día. Yo me quedo mirando a mi hermano y lamento su condición debido al dolor».
El número de pacientes que buscan atención en los departamentos de oncología de Gaza sigue aumentando, incluso cuando los hospitales enfrentan graves escaseces de medicamentos, equipos y personal especializado. Para los pacientes recién diagnosticados, el futuro es cada vez más incierto.
Evacuaciones muy por debajo de lo necesario
Con la reapertura limitada del cruce de Rafah, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está apoyando la evacuación de pacientes y sus acompañantes desde Gaza, centrándose en garantizar un transporte seguro. Sin embargo, la escala de la necesidad supera con creces lo que actualmente es posible.
Según la OMS, más de 18.500 pacientes,incluyendo unos 4000 niños, esperan ser evacuados al extranjero para tratamiento médico. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó la semana pasada que el Ministerio de Salud de Gaza había registrado más de 1200 muertes de enfermos que esperaban la evacuación médica. Alrededor de 4000 con cáncer permanecen en listas de espera críticas, atrapados entre cruces cerrados y un sistema de salud llevado más allá de sus límites.
Para pacientes como Munther Abu Foul, el tiempo se acaba. «Nos estamos muriendo», repite. «Todo lo que pedimos es una forma de vivir».
Publicado originalmente en Noticias ONU
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Y seguimos en la disputa: la autodeterminación territorial como refugio y horizonte de transformación
4 de febrer, per AuriEl avance de la ultra derecha en Chile y la continuidad del neoliberalismo por parte de los gobiernos progresistas, han reposicionado con fuerza la urgencia de seguir hablando sobre autodeterminación y autonomía de los pueblos como espacios de disputa pero también de construcción fuera de los límites que nos impone el sistema de vida actual, anclado históricamente en el capitalismo.
Como lo he señalado en escritos anteriores, la normalidad es el problema, esa normalidad que naturaliza la mercantilización de todo lo que nos rodea, la propiedad privada, la heteronormatividad, y tantas otras prácticas vinculadas a las violencias estructurales.
La autodeterminación territorial sin duda es una posibilidad, entre muchas, de vivir y proyectar nuestros modos de vida digna, en la casa, en el barrio, en la ciudad y en el campo, con nuestras amistades, familias y organizaciones. No sólo se refiere a una autonomía espacial de un vasto territorio sino también interpela a nuestras propias corporalidades. El territorio remite a un habitar cruzado de vivencias y temporalidades diversas, de materialidades pero también de senti-pensares, como nos recordaran los autores colombianos Orlando Fals Borda y Arturo Escobar.
Senti-pensarnos desde y con la naturaleza quizás sea hoy el mayor desafío ante su colonialidad y cosificación, para quienes hemos tenido que recorrer un largo camino de reconexión.
Hace unos días tuvimos una hermosa jornada de encuentro con organizaciones de Quintero, y sus alrededores, territorio conocido por la contaminación y el despojo provocado por la presencia hace décadas de un cordón industrial compuesto por refinerías, plantas químicas, fundiciones y termoeléctricas, siendo conocida como zona de sacrificio.
Hablamos de un territorio, no una “zona”, y en sacrificio, mientras se mantenga el modelo actual de producción energética y de consumo, pero sobre todo de un territorio en resistencia y permanente construcción de otros mundos.
La jornada se desarrolló a fines de enero en la sede del emblemático Sindicato de Pescadores Artesanales S-24 de Quintero (del cual fue parte de su creación Alejandro Castro, pescador y activista, quien apareciera muerto “por suicidio” en extrañas circunstancias en Valparaíso), en el marco de la difusión de la campaña “Chao Fósiles: ¡soberanía energética ya!”.
Compartimos la visión de vivir en tiempos de ecocidio, terricidio o también de profundización del capitaloceno, ya que la crisis ecológica y climática no es responsabilidad de los pueblos y las comunidades sino de las empresas, de grupos económicos y los Estados naciones, que han perpetuado su poder desde la acumulación de ganancias a través del control y la explotación de cuerpos y territorios, de lo que hoy llamamos sur global.
Hoy los territorios no sólo han sido devastados por el extractivismo (minero, forestal, agrario, …) sino también por las falsas soluciones (complejos eólicos, fotovoltaicos, explotación de litio e hidrógeno verde, …), las falsas noticias y discursos engañosos, que hablan de economía verde cuando en realidad es lo mismo de siempre, pero ahora con una careta de supuesta sustentabilidad para una transición energética justa, ¿pero justa para quiénes? Para nosotrxs no.
¿Y cómo pensar una autodeterminación en estas condiciones? Sin duda tarea nada sencilla pero que nos pusimos como objetivo para dar cierre a la jornada.
La autonomía alimentaria ocupó un lugar central, a través de la creación de huertas familiares, vecinales y comunitarias, y de redes de abastecimiento popular. Se planteó la necesidad urgente de reforestar con árboles nativos, y así recuperar y crear nuevos cuerpos de agua. Se conversó sobre la necesidad de consolidar y ampliar una red de monitoreo comunitario para analizar la calidad del aire y las aguas, pero sobre todo se habló de sanar tanto las personas como la propia naturaleza, y con ello abandonar el miedo y la angustia que hace décadas viven por efecto de la contaminación.
Tiempos de sanar, de cuidar y restaurar, de manera colectiva y permanente. Ese es y seguirá siendo el mayor desafío, para que nuestras luchas acuerpen memorias de resistencias de ayer y de hoy.