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• Cuando hablamos de autonomía territorial

  2 de febrer, per  Admin2

  

  Las lecciones que aprendemos del materialismo histórico-dialéctico nos recuerdan que no debemos alejarnos demasiado del trabajo cotidiano de la lucha “a ras del suelo”, para evitar que nuestro argumento se desvanezca en abstracciones alejadas del materialismo. Lamentablemente, hoy en día esta lección no se recuerda con frecuencia. Un buen crítico de nuestras experiencias y de nuestras políticas de defensa de la autonomía territorial, entendida como ejercicio intelectual y científico, debería preguntarse por qué los movimientos sociales, las comunidades y los territorios muestran desconfianza hacia el Estado y buscan, aquí y allá, más autonomía frente a él. ¿Qué ha provocado estas desconfianzas? ¿Qué fenómenos históricos afectan a los pueblos, llevándolos a discutir los límites de su acción colectiva con mayor autonomía?

  Desde el inicio, necesitamos rechazar dos argumentos simplistas y baratos en el mercado de la crítica. El primero es que, si la imagen típica del revolucionario marxista tiende a defender la maximización de la presencia del Estado en nuestras vidas, y el neoliberalismo busca reducir el Estado, entonces quienes discuten la autonomía frente al Estado estarían más cerca del neoliberalismo que de un campo revolucionario. Este argumento perezoso no pregunta de qué Estado estamos intentando protegernos al debatir la idea de territorio. ¿Se trata de un Estado que respeta sus propias leyes o de uno que comete masacres en serie contra pueblos racializados bajo las peores alegaciones posibles? ¿Buscamos autonomía frente a un Estado que nos protege de agentes imperialistas y de la influencia neoliberal, o de un Estado que impone culturas extranjeras y subordina la sociabilidad de nuestra gente a la agenda del mercado? Es obvio que el debate sobre la ampliación de la autonomía territorial también se alimenta del fracaso de las revoluciones nacionalistas ya sin aliento en nuestro continente. No todo el mundo está dispuesto a convertirse en sacrificio para el estallido revolucionario del primer vanguardista que montó su estrategia y esperó a que la historia sucediera. Hay mucha gente defendiendo sus territorios frente al Estado capitalista.

  El segundo argumento es el que crea una relación directa entre decolonialidad y defensa de las autonomías territoriales. [Para los fines de este texto, ignoraré el conjunto de imprecisiones entre estudios subalternos, poscolonialidad y lucha territorial, que serían irrelevantes si no fueran planteadas por intelectuales reconocidos. Concentrémonos en la lucha de los pueblos.] Tomemos el caso más clásico de autonomía territorial en nuestro continente: los zapatistas. ¿Acaso hemos escuchado desde las montañas del sur de México respaldos a teorías decoloniales o críticas a ellas? Solo intelectuales con credenciales que pueden permitirse esta ignorancia tan asimétrica —blanco de críticas de los estudios subalternos— podrían creer que el zapatismo avala cánones intelectuales que, aquí y allá, han coqueteado con el pensamiento neoliberal.

  En un evento a finales de 2025 en tierras zapatistas, en el Semillero de Pirámides, Carlos Aguirre Rojas (UNAM) planteó junto a comandantes zapatistas una crítica muy objetiva al pensamiento decolonial. Con la seguridad que le es habitual, dijo: “Son imposiciones de la ideología burguesa”. Argumenta que la idea de decolonialidad identifica solo al enemigo externo, como si la acción colonial viniera de afuera, mientras que la sumisión política ocurre con enemigos internos, tan colonizadores como —y a veces más perversos que— los externos.

  Alguien podría objetar que la crítica vino de un intelectual externo al zapatismo, lo cual sería injusto con Rojas, dado que él ha dedicado su vida al pensamiento neozapatista, como prefiere llamarlo. Sería justo entonces recordar la declaración del Subcomandante Inusrgente Moisés:

  “Nosotros, los zapatistas, NO queremos volver a ese pasado, ni solos, ni mucho menos de la mano de quienes quieren sembrar el rencor racial y alimentar su nacionalismo decadente con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes, y que nos quieren convencer de que, con la caída de ese imperio, los pueblos originarios de esta tierra fuimos derrotados.”

  ¿Acaso este fragmento no contiene una parte sensible de la crítica al pensamiento decolonial y a ese ancestralismo que hoy se ve relevante en librerías y redes sociales? ¿No apunta Moisés que esa visión idealizada de los pasados indígenas sirve a una causa injusta en el presente, sobre todo en el contexto mexicano?

  Tal vez, entonces, en lugar de insistir en este tipo de argumento que no contribuye a construir posibles unidades en nuestras grandes luchas, ni al avance de la lucha de clases, sería mejor preguntarnos: ¿cuáles son las razones que nos llevan a hablar tanto de autonomía territorial? Vivimos, al inicio del siglo XXI, una aurora del progresismo que incorporó en gobiernos y partidos de centroizquierda parte de los movimientos sociales en América Latina. ¿Se evalúa como positivo el resultado de esta experiencia? ¿O estos gobiernos tuvieron límites muy claros y, sobre todo, en la lucha por la tierra hubo retrocesos considerables?

  Como escribimos en Por tierra y territorio:

  “Entendemos que hubo una relación no saludable entre muchos movimientos, territorios y el Estado. Casi siempre, esta relación fue mediada por un partido y sus intereses en concordancia con los intereses de los poderosos. Entonces, cuando hablamos de autonomía, estamos diciendo que es necesario disminuir nuestras demandas al Estado, a los políticos y a las clases dominantes. Esto no significa alejarnos completamente del diálogo con este Estado violento. La lucha real, la vida real, exige que conversemos con el Estado y con los políticos, pero siempre recordando que este diálogo es con lucha y enfrentamiento frente al Estado. Hay que retomar la buena práctica de negociar con el machete sobre la mesa y con las hoces al fondo.”

  Estamos hablando de un Estado patriarcal, racista y neoliberal que chantajea a los pueblos y hostiga sus territorios continuamente. Siempre es un proyecto de desarrollo aquí, extracción de materias primas allá, una línea de transmisión para pasar a otro lado. En esto, las comunidades se destruyen por migraciones laborales o estudiantiles, sus tierras son tomadas y todo este sacrificio no busca construir una sociedad mejor; al contrario, se convierte en acumulación de capital de la manera más vil posible. No estamos hablando de trenes de alta velocidad para la gente, ni de la instalación de una universidad popular o un hospital público; hablamos de incrementos productivos para la acumulación de capital sobre los despojos de los territorios y sus pueblos.

  El debate sobre autonomía territorial ayuda a resolver problemas concretos y cotidianos para quienes están al ras del suelo. Por ejemplo, hay comunidades que buscan construir protocolos de consulta previa, libre e informada, para defenderse de acciones del Estado y del capital en sus territorios. Esta es una cuestión objetiva: buscar la defensa de la autonomía del territorio para decidir qué puede o no ocurrir allí. ¿Ignora esto la existencia del Estado? No, es reconocer que existe, es real, y debemos prepararnos para los conflictos, porque probablemente no nos defenderá sin lucha.

  Hay muchos otros ejemplos: quilombos y tierras indígenas pierden hectáreas por líneas de transmisión o carreteras no solicitadas; las plantas eólicas generan energía, pero los pueblos no pueden beneficiarse de ella y aún deben pagar sus cuentas y soportar los daños. ¿Estos proyectos sirven a los pueblos o a la demanda de energía y logística del capital? Sin autonomía territorial, ¿estas comunidades estarían más o menos seguras para sobrevivir en su tierra?

  Quien piensa que solo las revoluciones nacionales son relevantes puede no percibir la importancia de que los pueblos vivan en sus territorios ni la relevancia de la lucha territorial en la lucha de clases. Pero si los intelectuales no lo perciben, las élites propietarias sí: cada palmo de tierra defendido por quilombolas, indígenas, extractivistas, genera menos tierra disponible en el mercado capitalista. La lucha territorial tiene un impacto directo en la reproducción del capital.

  Uno de los argumentos más interesantes de los latifundistas contra la lucha por la tierra es que genera “inseguridad jurídica” sobre la propiedad de medios de producción. Esto es objetivable: cada tierra recuperada cuestiona títulos fraudulentos y el incumplimiento de la función social. Esta “inseguridad jurídica” es también una contestación ideológica del valor de la propiedad privada, tan central para nuestras luchas. Indudablemente, esto es lucha de clases mucho más concreta que elegir un diputado de izquierda o crear un canal progresista en redes sociales.

  La idea de que la autonomía territorial no puede enfrentar al imperialismo refleja una inversión histórica sintomática. El Brasil de 1964 a 1985 tenía un Estado nacional con empresas estatales, presencia militar y nacionalismo típico de las dictaduras latinoamericanas. ¿No fue todo esto utilizado para mantener la intervención estadounidense? ¿No estuvo el imperio brasileño alineado con intereses británicos en el siglo XIX? Por otro lado, los territorios organizados por pueblos sin presencia estatal lograron mantener formas de vida no capitalistas. La presencia cultural colonial es más fuerte donde hay más circulación de mercancías y presencia del Estado. Recordemos: Palmares resistió más que la URSS, luchando contra potencias mundiales. Reconocer la importancia del Estado no debería invalidar la capacidad de los territorios en lucha de enfrentar al imperialismo.

  Finalmente, quiero subrayar otra razón para hablar de autonomía territorial: un territorio permite la reproducción de otros modos de vida, incluso no capitalistas. La Tenondè Porã (tierra indígena guaraní en São Paulo) permite la existencia del modo de vida guaraní, distinto del capitalista-metropolitano. El Quilombo dos Machado en Porto Alegre permite la existencia del modo de vida quilombista, crucial en la crisis de inundaciones de la ciudad. La RESEX de Canavieiras (BA) permite la vida de pescadores y ribereños, defendiendo el litoral incluso durante la crisis del petróleo en el noreste.

  Estos modos de vida crean nuevas sociabilidades, teorías políticas y formas de luchar contra el capitalismo. Quien sabe vivir en comuna es quien vive en comunidad, no quien teoriza desde la distancia. Estos modos de vida conservan hoy las condiciones de vida del planeta: los territorios son los más preservados, con menos impacto sobre los biomas. Como defiendo con Neto Onirê Sankara: un territorio que conserva las condiciones de vida es un trabajador que produce tiempo en la historia humana, y nos da la oportunidad histórica de derrotar al capital. Frente a la crisis climática, cada palmo de tierra defendido desde la autonomía territorial conserva más biodiversidad que si estuviera en manos del capital. Esta lucha debería considerarse tan esencial como la comida que comes, el aire que respiras y el agua que bebes, pues en última instancia, esta lucha es la que te lo da todo.

  Referencias:
  https://teiadospovos.org/sexta-parte-uma-montanha-em-alto-mar/https://www.aatr.org.br/post/quilombo-graciosa-finaliza-protocolo-de-consulta-prévia-livre-e-informada

• Más de tres mil personas marchan hacia la Cañada Real contra los derribos y por el derecho al territorio

  2 de febrer, per  Admin2

  Foto: Manuel del Valle

  El sábado 31 de enero, alrededor de 3.200 personas procedentes de varios puntos de Madrid recorrieron a pie los 3,3 kilómetros que separan la estación de metro de Valdecarros, en Vallecas, y el sector 6 de la Cañada Real. Convocada por la asociación Tabadol, de vecinas de este sector, y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Vallekas y La Laboratoria, la marcha ha denunciado los desalojos forzosos de familias de la Cañada y defendido su derecho a permanecer en el que consideran un barrio más de Madrid.

  La movilización arrancó a las 11 de la mañana en un día frío pero soleado tras una semana de intensas lluvias. El recorrido, embarrado y lleno de obstáculos, tuvo que ser acondicionado los días previos por un grupo de voluntarios que allanó el terreno, quitó escombros y adaptó montículos para el acceso, lo que demuestra según los organizadores hasta ese punto llega el abandono institucional que sufre el territorio.

  La marcha, encabezada por mujeres de origen magrebí que portaron una pancarta con el lema “Cañada se queda” escrito en árabe, castellano, romaní y caló, estuvo dinamizada en todo momento por Houda Akrikez, portavoz de Tabadol, que durante el recorrido repitió lemas como “vecina, defiende tu vivienda”, “ni derribos, ni escombros, ni expulsiones” o “Almeida, ¡la autoconstrucción vuelve!”. Su asociación, integrada por mujeres del sector 6, lleva décadas luchando por unas mejores condiciones, aunque se organiza más intensamente desde que en octubre de 2025 varias familias del sector recibieron cartas de derribo y desalojo, algunas firmadas por un funcionario del Ayuntamiento de Madrid a pesar de haber sido inhabilitado en septiembre de 2025 precisamente por un derribo ilegal.

  

  Esta marcha ha sido el momento clave de la campaña Cañada se queda, que también ha seguido un curso legal. Hace poco, las tres asociaciones organizadoras celebraron que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid suspendió la orden de demolición de dos viviendas de mujeres del sector 6, considerado la “irreparabilidad del perjuicio” que ocasionaría el derribo. Una victoria legal que esperan que sea la primera de muchas, y que acompañan con acciones de visibilización como la del sábado.

  “Somos tres mil personas gritando que Cañada se queda”

  Detrás de las mujeres que encabezaban la marcha aparecían los hombres, casi todos de origen magrebí. Entre ellos, uno de los vecinos del sector 5, cuya casa aún no tiene orden de demolición, ha venido a apoyar para “defender sus casas” y protestar por los problemas que sufren, como la retirada de la recogida de basuras o el corte de luz, muy difícil de aguantar, sobre todo para los niños. “No puedes cambiarte a otro lado, ya tiene uno su casa”, decía este hombre, que habita la suya desde 2004. Cuando compró su terreno, “había españoles de antes, llevaban como 30 años”, recordaba. Como muchos vecinos, aseguraba haber gastado un dineral en adaptar su vivienda en todos esos años. “Ahora para cambiar de un sitio a otro es complicado”.

  

  La marcha pasó por zonas embarradas y difíciles, en las que la comitiva, incluyendo gente mayor o padres y madres con niños y carritos de bebé, tuvo que franquear grandes charcos, pisar barrizales, acceder por montículos de tierra y cruzar una autovía cerrada.

  Durante el trayecto, Akrikez celebró, micrófono en mano, la asistencia de gente: “Mañana dirán que somos cuatro moras. ¡Somos tres mil personas gritando alto y claro Cañada se queda!”. Más adelante, señaló al horizonte, donde asomaban varios edificios de Los Ahijones, uno de los desarrollos urbanísticos del sur que muchos consideran la causa de que intenten borrar la Cañada Real: “Mira atrás. Por culpa de esos edificios nos quieren echar de nuestras casas. ¡Pero no nos vamos!”, gritó.

  Después aparecieron viviendas de un perfil más humilde: las del sector 6 de la Cañada, donde los vecinos recibieron a la comitiva asomados a puertas o ventanas a su paso. Entre ellos Antonio, cuya familia compró en 2000 el terreno donde ahora vive. Repartida en cuatro casas autoconstruidas, su numerosa familia de “cuatro hermanos”, entre la que hay varios niños muy pequeños. “Todos se han criado aquí. Este vino con un año aquí”, dijo señalando al más mayor, que está en la veintena. Desde hace ya un lustro sobrellevan el corte de luz con cuatro generadores colocados en medio de la parcela, que hacen mucho ruido: “De noche nos metemos dentro de las casitas y no escuchas mucho, pones la tele y vale, ya estamos acostumbrados. Muy mal. Y el dinero, que se va mucho dinero, todos los días 20 pavos de gasolina”, lamentó.

  

  Ellos aún no tienen fecha de demolición, aunque sabe que “echarnos nos van a echar”. Pero afirmaba de manera contundente que no quieren irse: “Perdemos lo que es la familia. Queremos estar todos unidos, la familia”. A varios de sus parientes ya los han realojado en pisos en municipios como Alcalá de Henares o Mejorada del Campo, y asegura que “se pierde el contacto, ya no es lo mismo”. No se han intentado movilizar, pero apoyan las acciones de la campaña por la Cañada.

  

  “La lucha por Cañada habla de nuestro pasado y futuro”

  La marcha ha concluido en un descampado cerca de la sede de Tabadol, donde las mujeres de esta asociación han ofrecido una comida popular de platos y postres árabes y los colectivos Charanga de Palomeras Bajas y Solfónica, su música. Allí, Akrikez ha leído un manifiesto en el que reivindicó las tres décadas de lucha frente al acoso en Cañada de asociaciones como la suya y recordó que “la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas son cómplices de este abandono y de esta violencia prolongada”. También ha destacado en que en Cañada confluyen luchas muy diversas: la de la vivienda, la feminista, la antirracista, la gitana, la ecologista, etc.

  Marta Malo, portavoz de La Laboratoria, señala que marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el Madrid que queremos. “Cañada nos habla de nuestro pasado, de las luchas que construyeron Madrid como lo que es hoy, la autoconstrucción y la pelea de los barrios del sur por un Madrid que fuera realmente para todos. Pero también en Cañada vemos el futuro: el acoso inmobiliario y la expulsión de las personas más empobrecidas en su cara más cruenta; también, la fuerza de la autoconstrucción, el tipo de tejidos que se generan y su capacidad de resistencia, y eso es muy inspirador en un contexto de crisis cada vez más acuciante”.

  

  Señala que esta marcha ha sido construida desde abajo, y que ha sido impresionante su acogida por parte de diferentes colectivos, que han acudido a hacer “este camino que tantas veces hacen las mujeres y hombres del sector 6, a veces con niños pequeños, de noche, con bastones… Hacerlo todas juntas reivindicando que Cañada es un barrio más de Madrid y que se va a quedar. Ha sido un éxito, creo, justamente por toda esa generosidad desplegada. Y ha sido un primer paso de una lucha que se viene”.

  Este material se comparte con autorización de El Salto

• Más de 30 muertos en la Franja

  2 de febrer, per  Admin2

  Al menos 32 palestinos murieron este sábado en la Franja de Gaza, entre ellos siete niños, debido a múltiples ataques israelíes a lo largo del enclave pese al alto el fuego en vigor, confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad y de la Defensa Civil.

  “Los equipos de Defensa Civil han completado la operación para recuperar los cuerpos de los mártires de entre los escombros de la comisaría de policía de Sheij Radwan. La mayoría de ellos niños y mujeres”, detalló en un comunicado Mahmud Basal, el portavoz de la Defensa Civil Palestina.

  Un misil israelí impactó en la mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando 17 muertos, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa. Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior gazatí, entre las víctimas mortales hay al menos nueve policías, entre ellos cuatro agentes mujeres; pero también cuatro personas que estaban detenidas y otros civiles.

  Otros tres gazatíes murieron en un ataque israelí contra una vivienda familiar en el oeste de la ciudad de Gaza, cerca de un complejo escolar de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, según detalló una fuente local del enclave. Y en la madrugada murieron en otros bombardeos otros 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya la jornada más letal desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

  Con sus muertes, ya son cerca de 530 los palestinos que fallecieron desde la entrada en vigor de la tregua entre Israel y Hamas, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que se han sumado las últimas víctimas.

  Publicado originalmente en Página 12

• Denuncian injerencia de la Procuraduría Agraria en ejidos de Zacatecas por Presa Milpillas

  30 de gener, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco denunció la injerencia de la Procuraduría Agraria en ejidos de Zacatecas para impulsar el proyecto de la Presa Milpillas, y presentó una queja formal contra el responsable de esa dependencia en el estado, por acciones que consideran violatorias de los derechos agrarios, en el ejido El Potrero, municipio de Jiménez del Teul.

  De acuerdo con el movimiento, el martes 27 de enero entregaron la queja a Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria, en contra de Francisco Pérez Compeán, responsable de la oficina en Zacatecas. Señalaron que, en lugar de fortalecer a los ejidos y garantizar sus derechos como sujetos agrarios, el funcionario “se ha dedicado a visitar casa por casa” para desprestigiar al movimiento y promover la aceptación del proyecto de la presa entre ejidatarias y ejidatarios.

  Las comunidades denunciaron que estas acciones buscan convencer a la población de aceptar la construcción del embalse en El Potrero, y que incluso el funcionario ha realizado entregas de butacas en escuelas, “como si fuera personal de la Secretaría del Bienestar”, actos que calificaron como proselitistas o de coacción, en un contexto marcado por procesos electorales próximos.

  El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco afirmó que dará seguimiento a la respuesta que emita el titular de la Procuraduría Agraria y reiteró su rechazo a cualquier forma de presión institucional para imponer el proyecto de la Presa Milpillas. Las comunidades exigieron respeto a la autonomía ejidal y a sus derechos territoriales, y llamaron a visibilizar estas prácticas que, señalaron, atentan contra la libre decisión de los pueblos.

  A continuación el comunicado completo:

  Boletín de Prensa | Movimiento denuncia injerencia de la Procuraduría Agraria en ejidos de Zacatecas por Presa Milpillas

  por remamx | Ene 29, 2026 | Declaraciones/boletines, destacado, Zacatecas

  Jiménez del Teul a 29 de Enero de 2027

  Desde el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco hacemos público que el martes 27 del presente entregamos a Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria (PA), una queja contra Francisco Pérez Compeán, responsable de la oficina de la PA en Zacatecas, por la injerencia que ha ejercido en diversos ejidos y, de manera particular, en el ejido El Potrero, municipio de Jiménez del Teul, donde se pretende construir el embalse de la Presa Milpillas.

  En lugar de cumplir con su obligación de fortalecer a los ejidos y garantizar nuestros derechos como sujetos agrarios, este funcionario —desde el primer día en el cargo— se ha dedicado a visitar casa por casa para, por un lado, desprestigiar a nuestro movimiento y, por otro, promover el proyecto de la Presa Milpillas, intentando convencer a las y los ejidatarios de aceptarlo.

  Asimismo, como si fuera personal de la Secretaría del Bienestar, ha estado entregando butacas a algunas escuelas en actos que consideramos proselitistas y/o de coacción: acciones que parecen buscar abrir camino ante las elecciones próximas o presionar para que se acepte el proyecto.

  Estaremos muy pendientes de la respuesta que emita el procurador. Anexamos la queja y agradecemos de antemano su difusión y apoyo.

• Denuncian criminalización de familias por obras del Corredor Interoceánico en Chiapas

  29 de gener, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte presentaron una denuncia penal contra siete familias de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, para exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, en el marco de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

  La organización informó que la querella fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de invasión de bienes nacionales. Afirmó que se trata de “un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres”, y sostuvo que recurrir al derecho penal para resolver conflictos territoriales y sociales “es una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho”.

  Desde su sede en Tonalá, municipio colindante con Arriaga y Pijijiapan, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa advirtió que estos hechos “podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza”, al utilizar el sistema penal como mecanismo de presión, intimidación y desplazamiento. Subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de respetar y garantizar los derechos humanos, y recordó que los desalojos forzosos sin garantías procesales ni consulta previa constituyen violaciones graves.

  El organismo señaló que el caso se inscribe en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, donde comunidades han denunciado falta de consulta previa, libre e informada, además de riesgos de despojo territorial y ruptura del tejido comunitario. Exigió el cese inmediato de la persecución penal, la revisión de las denuncias por parte de la Fiscalía General de la República, la apertura de un diálogo con las familias afectadas y la suspensión de cualquier intento de desalojo mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas.