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• Advierten contaminación por pilotes oxidados y riesgo de colapso en tramo 5 del Tren Maya

  6 de febrer, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. Ambientalistas documentaron la desintegración y contaminación provocada por los pilotes en el sistema de cavernas y cenotes de Quintana Roo, instalados como parte de las obras del tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum.

  A través de fotografías y videos los ambientalistas de Sélvame MX demuestran cómo los pilotes se deshacen al tacto al interior de los ríos subterráneos y advirtieron que además de la contaminación, también ya representan un riesgo de colapso por el deterioro de los materiales.

  Durante las expediciones también se registraron enormes derrames de cemento y óxido que yacen al fondo de las cuevas, principalmente alrededor de las localidades turísticas de Akumal, Chemuyil y Xpu-ha, en la Riviera Maya. En la zona, las empresas encargadas de realizar las obras del megaproyecto federal, impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron la portuguesa Mota- Engil y la mexicana Grupo Indi.

  

  “Pudimos encontrar también columnas que tienen pequeñas cortaduras. Podemos ver cómo con el dedo se va desmenuzando. Se deshace con el tacto. Quisiera que alguien me explicara por qué está pasando eso. ¿Qué significa? ¿Qué medidas se van a tomar? Claramente estas muestras nos hacen ver fallas grandes y peligrosísimas”, señaló José Urbina Bravo, buzo miembro de Sélvame MX.

  El especialista explicó en el video que cuando llegó a donde se encontraban los pilotes se percató de que una de las columnas se había reventado completamente, “derramando toneladas de cemento dentro del sistema”.

  “Tomamos el registro, hacemos la denuncia y se comprometen a hacer la limpieza y a reparar esto. Entonces hace poco hicimos el buceo de control, a ver qué es lo que habían hecho. Esa columna es basura y no se reparó. Esa y otra más que hay detrás que también está reventada”, agregó.

  Actualmente, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa la modalidad de carga del Tren Maya y mantiene la construcción de la terminal multimodal en Cancún. El tren pasaría por las mismas vías, lo que representa un riesgo de colapso ante el deterioro de los materiales.

  Urbina señaló que un colapso «sería una tragedia» social y ecológico y dijo que «lo preocupante es que insistan en poner un tren de carga». «Si ocurre un colapso, ahí sí nos quedamos sin acuífero, sería una tragedia que verdaderamente acabaría con el acuífero de esta zona. Tendríamos problemas graves porque es imposible limpiar», advirtió.

  Lee Tren No Maya, riesgo de colapso en el tramo de Cancún a Tulum

  La contaminación provocada por los obras en el tramo 5 del Tren Maya, el más polémico desde 2022 por las imágenes de la deforestación en la selva y la perforación de los cenotes para instalar más de 15 mil pilotes, ha sido denunciada por lo menos desde 2024, cuando se observaron ríos de cemento derivados de los rellenos, hincado de pilotes y obras del megaproyecto.

  En julio de ese año, el espeleólogo Guillermo DChristy también documentó el derrame de diesel y concreto que las obras del tramo 5 provocaron en el sistema de cavernas y cenotes Aktun T’uyul, en Quintana Roo, y las afectaciones en el agua por la contaminación, los residuos de materiales de construcción y basura, costales de arena y alambres.

  Con información de Proceso

• Violencia contra científicos y ambientalistas vuelve a quedar expuesta con secuestro de Miguel Ángel de la Torre

  6 de febrer, per  Admin2

  El biólogo Miguel Ángel De la Torre Loranca cumple más de 70 días sin ser localizado, luego de que personas armadas lo secuestraron en la Sierra Zongolica de Veracruz, una región montañosa del este de México a la que el investigador ha dedicado su vida. Su ausencia no sólo ha impactado emocionalmente a las comunidades con las que trabaja, también interrumpió labores de investigación, conservación, educación e incluso ecoturismo que él venía impulsando.

  Su caso es también el reciente episodio de la violencia que enfrentan científicos y ambientalistas que estudian y trabajan en ecosistemas altamente biodiversos, pero rodeados de condiciones cada vez más riesgosas para su labor. La trayectoria socioambiental de De la Torre atraviesa a familias, comunidades, académicos, estudiantes y turistas en un hábitat amenazado por la agroindustria y la violencia.

  Amigos, familiares y colegas de De la Torre cuentan a Mongabay Latam la labor que ha realizado el biólogo, docente y conservacionista por entender y proteger este territorio, así como las especies que aquí habitan.

  También se resisten a que su caso sea uno más de la violencia que rara vez se esclarece en México y hacen un doble llamado: a las autoridades para priorizar y reforzar su búsqueda, pero también a sus captores, con quienes se ha perdido contacto y a quienes piden devolverlo con vida.

  

  De la Torre: biólogo, maestro, fotógrafo y educador ambiental

  Desde su juventud, De la Torre se ha dedicado al trabajo de campo. En 1996, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana ayudó a consolidar el herpetario universitario, el cual en poco tiempo logró una certificación como Unidad de Manejo Ambiental (UMA) ante las autoridades.

  “En los años de estudiante Miguel compraba libros de reptiles y de naturaleza, los leía en tiempo récord, pero además retenía el conocimiento y lo transmitía muy bien. Siempre con ideas innovadoras y gracias a eso nos tocó mejorar el material didáctico para la educación ambiental, realizamos buen equipo”, recuerda Roberto Mora Gallardo, amigo y excompañero de De la Torre, con quien recorrió durante años la sierra Zongolica.

  

  Como herpetólogo, De la Torre ha contribuido con el descubrimiento de especies y su importancia para la Sierra Zongolica. El caso más conocido ocurrió hace 10 años, cuando junto con otros investigadores mexicanos, halló una nueva especie de serpiente con un intenso patrón de bandas naranja y negro en su cuerpo, perteneciente al género Geophis, un grupo conocido como serpientes terrestres.

  La especie fue nombrada Geophis lorancai en honor al biólogo, quien recolectó la mayoría de los ejemplares en las montañas de Zongolica.

  En 2022 también colaboró con el descubrimiento de una especie nueva de lagarto arborícola, Abronia zongolica, de la misma región veracruzana. El herpetólogo contribuyó con la recolección y análisis de la especie.

  Recientemente, en 2025, publicó junto a otros colegas una investigación sobre los hábitats naturales de serpientes venenosas en los estados como Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se estudian las condiciones climáticas de cada región para entender las necesidades de conservación y cuidado de especies poco conocidas.

  

  El trabajo de De la Torre no se ha quedado sólo en el ámbito académico. Su familia y colegas señalan que siempre ha mostrado iniciativa para proyectos educativos y de difusión ambiental. Eso lo llevó a impulsar y dirigir el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, que nació ante la falta de un programa que formara a profesionales especializados en el manejo forestal de la región.

  Mora destaca que durante la gestión del herpetólogo, el instituto logró aumentar el nivel académico, la infraestructura y los vínculos con otras universidades. “Platicando con estudiantes de esas generaciones, ahora profesionales, mencionan sus aportes: descubrieron y estudiaron varias especies de anfibios y reptiles, junto con académicos y estudiantes de la UNAM”, comenta el colega de De la Torre a Mongabay Latam.

  “Como director de los tecnológicos de Zongolica lo que hizo [De la Torre] fue realmente apoyar a la comunidad para ver el crecimiento de los jóvenes, porque no tenían un instituto tecnológico”, comenta un familiar del biólogo, quien pide el anonimato por motivos de seguridad.

  Ante su ausencia, destaca, la comunidad universitaria también está conmocionada. “Los mismos alumnos y exalumnos se han pronunciado, dicen que es un excelente biólogo, un excelente maestro, que ojalá aparezca, que se logre saber de él”, agrega.

  

  Las iniciativas de conservación también están presentes en la vida personal de De la Torre. Con su familia inició el proyecto Herping Zongolica, la cual realiza expediciones fotográficas para captar a reptiles y anfibios mediante rutas en reservas comunitarias. Además, ofrecen un servicio de cabañas ecoturísticas dentro del bosque. Incluso, sus hijos se involucraron en la generación de videos sobre el rescate y liberación de especies para enseñar a las infancias la importancia de su conservación.

  El proyecto recibió el Premio Estatal de Innovación Turística de 2024 en Veracruz. Sin embargo, estas actividades, que sostienen a la familia del biólogo, hoy están detenidas, cuenta una persona cercana a De la Torre. “Venía mucha gente del extranjero a hacer excursiones, a tomar fotografías, a conocer la fauna. Su familia se quedó sin casa, se quedó sin trabajo, nosotros estamos ayudando, pero sino ¿de qué estarían viviendo?”, sostiene.

  Mora comenta que la iniciativa trajo a grupos de diferentes partes del mundo para fotografiar la biodiversidad de la Sierra Zongolica, así como a estudiantes de diferentes universidades del país. “Todas estas personas, además de tristes, seguramente tendrán miedo de regresar a la región”, lamenta.

  De la Torre buscó impulsar también la agenda ambiental desde la política, donde intentó ser candidato a diputado federal en 2021 por Zongolica mediante el partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo el propio ambientalista renunció a la candidatura tras recibir amenazas de muerte.

  

  Un caso sin avances y sin pistas

  De la Torre fue secuestrado el pasado 21 de noviembre, cuando acudió a una solicitud de diálogo con presuntos extorsionadores en la región de la Sierra Zongolica. Su familia decidió dar a conocer el caso semanas después, cuando la actuación de las autoridades se quedó corta para localizarlo.

  Su familia no tenía registro de que De la Torre recibiera algún tipo de amenaza o intimidación de extorsionadores, quienes inicialmente exigieron un pago para su liberación. Pese a que se hizo un monto inicial no se tuvo mayor respuesta y el biólogo continúa desaparecido.

  Dos días después del secuestro del ambientalista, Juan Carlos Mezhua, líder indígena y exalcalde de Zongolica, fue asesinado en la comunidad de Piedras Blancas, dentro del municipio.

  El clima de miedo y violencia que hay en Zongolica, sostiene el familiar de De la Torre, ha impedido que las comunidades y localidades que lo conocen salgan a protestar o a organizar brigadas de búsqueda para su localización con vida.

  “Desafortunadamente hay mucho miedo. El Gobierno no nos ha apoyado como esperábamos. Dicen que hay que esperar, que ya está la investigación, que pueden pasar hasta cuatro meses, ¿cómo vamos a esperar cuatro meses?”, señala el familiar de De la Torre.

  Su familia incluso afirma que no hay una ficha oficial de búsqueda de De la Torre, a casi tres meses de su secuestro. Ante el poco avance en las investigaciones buscan la intervención de las autoridades federales, concretamente del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

  El pasado 7 de enero, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que la investigación del caso estaba “muy adelantada” y que próximamente darían a conocer “notas precisas”, lo que no ha ocurrido. Mongabay Latam buscó al Gobierno de Veracruz para tener su postura sobre el caso y conocer estos avances, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

  También se contactó a la Fiscalía de Veracruz para conocer las acciones de búsqueda de De la Torre, sin embargo la respuesta fue únicamente que hay una carpeta de investigación abierta por el caso.

  

  La violencia contra biólogos en México, una constante

  Biólogos, científicos y ambientalistas enfrentan en México una violencia que no es nueva, especialmente cuando trabajan en zonas apartadas, donde la presencia del Estado es débil o incluso nula.

  En 2024, Laura Ortíz Hernández y Enrique Sánchez Salinas, destacados biólogos y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron secuestrados en el municipio de Chamilpa, cerca del campus universitario. Ambos fueron asesinados.

  Además de ser fundadores de la asociación civil Misión Sustentabilidad México (MiSuMex), ambos formaban parte de redes universitarias, como el comité organizador de la Cátedra de la Unesco sobre Cambio Climático, por lo que su caso consternó a la comunidad científica a nivel nacional.

  Un año antes, dos investigadores y defensores del agua fueron asesinados en dos hechos distintos dentro del Estado de México. Uno de ellos era el investigador Álvaro Arvizu Aguiñaga, quien también era fundador del Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada Incalli Ixcahuicopa (Centli). Fue asesinado tras un ataque a golpes dentro del mismo centro de codirigía.

  En el atentado, el director académico Carlos Vargas Cabrera y Rebeca López Reyes, codirectora de la institución y esposa de Arvizu, fueron golpeados, atados de pies y manos. Colegas investigadores atribuyeron el ataque al trabajo de investigación, incidencia y participación comunitaria que realizaban en defensa del agua y los bosques.

  El segundo caso fue el de Cuauhtémoc Márquez Fernández, investigador en agroecología y apicultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), atacado en su casa, en la Cañada del Agua. Falleció al día siguiente en un hospital del Estado de México.

  En 2023, también asesinaron a Gabriel Trujillo, un biólogo de 31 años originario de Estados Unidos y de raíces mexicanas, tras recibir un ataque a balazos en Sonora, al noroeste de México, mientras recolectaba muestras de Cephalanthus occidentalis, conocido como guayabillo, un arbusto que investigaba como parte de su doctorado.

  Durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, Eugui Roy Martínez Pérez, un estudiante de 21 años del segundo semestre de biología en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, fue asesinado a balazos en el municipio de San Agustín Loxicha, en su rancho de la comunidad de Tierra Blanca.

  Su asesinato indignó a la comunidad estudiantil, a sus maestros, a biólogos que realizaron trabajos de campo con él y a científicos dedicados a la conservación de especies. Actualmente hay un colectivo de conservación que lleva su nombre.

  En el caso de De la Torre, aún lo esperan en casa. “Que no se les olvide que también él es papá. Esta familia lo necesita”, dice uno de sus familiares para pedir a sus captores que lo liberen.

  El pasado 25 de enero, Día del Biólogo en México, Mora dedicó unas palabras a su amigo y colega desaparecido, con quien recorrió montañas, ríos y cuevas, buscando reptiles y fotografiando la naturaleza: “Amigo Miguel, hay mucho que recordar. Hoy te felicito y reconozco tu gran trayectoria. Espero pronto saber de ti”.

  Imagen principal: De la Torre Loranca también es fotógrafo de vida silvestre y realiza excursiones para estudiantes y profesionales que buscan conocer la Sierra de Zongolica. Foto: cortesía Herping Zoongolica

  Publicado originalmente en Mongabay Latam

• La Policía Comunitaria ante la SCJN

  6 de febrer, per  Admin2

  La inédita atracción del caso de los policías comunitarios de Xalpatláhuac, Guerrero, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el resultado de múltiples batallas que han protagonizado los Pueblos Indígenas de México para ser reconocidos como sujetos de derecho público. Desde la colonia tuvieron que enfrentar a los conquistadores. Se atrincheraron en las Montañas para resistir los embates de los gobiernos depredadores. Las políticas etnocidas diezmaron su población, los dispersaron y fragmentaron sus territorios. Las nuevas leyes destruyeron el modo de vida comunal, saquearon sus riquezas y los relegaron como súbditos de un régimen clasista y racista. Los caciques y patrones los explotan y los utilizan como clientela cautiva para sus intereses facciosos. A los pueblos y comunidades que se rebelan son reprimidos y sus líderes asesinados. Utilizan a los grupos del crimen organizado para hacer el trabajo sucio aterrorizando a la población, desplazándola de su habitat y asumiendo el control territorial.

  Ante la avalancha delincuencial y su colusión con las corporaciones policiales, el ejército, jueces y ministerios públicos, los pueblos Me phaa, Ñu savi y Afromexicanos de la Costa Montaña se acuerparon a través de sus asambleas regionales para hacer frente a la delincuencia institucionalizada. Recuperaron sus espacios y sus instituciones comunitarias para hacer valer sus derechos a la seguridad y a la justicia. La policía comunitaria nació en el seno de estas asambleas para contener la arremetida delincuencial y conformar su propio sistema de seguridad y justicia comunitarias.

  La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) es la instancia máxima del sistema comunitario que salvaguarda los derechos de la población indígena y afromexicana. La colusión de las policías judiciales y los agentes del ministerio público con los grupos de la delincuencia obligaron a los ´pueblos indígenas y afromexicano a organizarse de manera autónoma y a dar la batalla dentro de sus territorios contra todos los agentes depredadores que esquilman a la gente pobre, violan a las mujeres, asaltan a comerciantes y maestros y se escudan en el poder de las armas y de la misma ley mestiza.

  La estructura del gobierno comunitario, cimentado en sus asambleas, fue la columna vertebral que le dio consistencia y legitimidad al sistema de seguridad y justicia de los pueblos. El reencuentro de los pueblos cambió la correlación de fuerzas en la Costa Montaña. La policía comunitaria respaldada por las comunidades y autoridades se enfrentó a las bandas criminales e hizo frente a los policías y el ejército que se obstinaron a desarmarlos y encarcelarlos. Fue una prueba de fuego tanto para las autoridades comunitarias como para la población en general que defendió a su policía ante la amenaza de los gobernadores, el ejército y los procuradores de justicia.

  En lugar de combatir la violencia en las comunidades indígenas y afromexicanas, los caciques priistas se aliaron con el ejército y los policías ministeriales para arremeter contra los policías comunitarios y sus autoridades. Encarcelaron al padre Mario Campos, párroco de Santa Cruz del Rincón, por ser el promotor de las asambleas regionales y a Bruno Plácido Valerio, el primer comandante regional de la policía comunitaria, por organizar varios operativos contra las bandas criminales. La lucha de la policía comunitaria fue contra la discriminación secular, el racismo arraigado en las autoridades mestizas, los asaltos, secuestros de las bandas criminales y las extorsiones de las autoridades.

  Las 3 décadas de la CRAC-PC han dejado una honda huella entre los pueblos: hay más de 10 policías asesinados, también un coordinador y un consejero regional de la casa de justicia de San Luis Acatlán, existe un registro de 26 policías comunitarios encarcelados. A pesar de los saldos rojos la policía comunitaria está más activa que nunca. Existen 6 casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, El Paraíso, Caxitepec, Zitlaltepec y Chilixtlahuaca. Se ubican dentro de 7 municipios de la Montaña Alta y 4 de la Costa Chica, cuenta con 131 comunidades indígenas y Afromexicanas, de los pueblos Me pháá, Ñu savi, Nahuas y Afomexicanos.

  En el gobierno de la cuarta transformación, el 17 de febrero de 2025 cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac fueron detenidos por la guardia nacional, cuando trasladaban a un enfermo al Hospital General de Tlapa. Todo inició cuando don Pedro se fracturó la cabeza. Al carecer de servicios médicos la cabecera municipal, la síndica de Xalpatláhuac solicitó ayuda a los coordinadores de Espino Blanco. Su respuesta fue positiva, se comunicaron con el comandante del grupo de la policía de Xalpatláhuac que comisionó a cinco elementos: Leobardo Rosendo Gabino, Teodoro Francisco Dircio, Juan Simón, Pedro Javier Álvarez y Agustín Vitinio, que se encargaron de trasladar a don Pedro en una patrulla de la CRAC al hospital regional de Tlapa.

  Portaban sus armas de cargo asignadas por la asamblea. Confiados en la comisión que emitió la síndica y la autorización que dieron sus coordinadores, los policías se desplazaron a Tlapa para dejar al lesionado en urgencias del hospital regional. Al momento de avanzar por la avenida colegio militar fueron interceptados por la guardia nacional. De inmediato los sometieron y desarmaron. Con un fuerte operativo los trasladaron a la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo. El 25 de febrero del 2025 una jueza los vinculó a proceso para ser recluidos en el penal de Acapulco.

  Los policías comunitarios presentaron una demanda de amparo que les fue negada el 28 de julio. Contra la determinación presentaron un recurso de revisión al primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del vigésimo primer circuito. Ante las graves violaciones a sus derechos humanos los cinco policías comunitarios solicitaron la atracción de su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su estudio y formulación de un proyecto de resolución favorable. Su delito fue cumplir con un servicio comunitario y ser parte de un sistema de seguridad indígena.

  El pasado 7 de enero la solicitud de atracción fue sometida a consideración de las ministras y ministros de la nueva SCJN. El secretario general de acuerdos planteó el caso: “¿Cuáles son los parámetros que deben considerar las personas juzgadoras para analizar las controversias del orden penal, en las que se reclame el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, en relación de las funciones de atribución de las policías comunitarias a la luz del artículo constitucional?”

  El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, las ministras Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías, así como los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo votaron a favor de la atracción, mientras que Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González su voto fue en contra.

  La atracción del caso de los cinco policías de habla nahua es inédita. A pesar de que se han estudiado casos sobre la consulta, el autogobierno, la libre determinación y el ejercicio presupuestal propio, no se ha abordado expresamente el tema de los policías comunitarios. Para las comunidades indígenas de la Montaña y Costa Chica es de suma relevancia que la SCJN reconozca el trabajo que realiza la policía comunitaria. Los criterios que fijen los ministros y ministras marcarán un nuevo derrotero en la lucha por la autonomía y libre determinación de los pueblos. Sus resoluciones serán determinantes para no criminalizar a los policías comunitarios y para respetar el sistema de seguridad y justicia que se sustenta en sus sistemas normativos. Los jueces y juezas, que han tratado con dureza jurídica a los policías comunitarios, tendrán que reconocer el pluralismo jurídico y tomar en cuenta sus sistemas normativos como parte de nuestra ley interna.

  Las comunidades indígenas han ejercido históricamente su derecho a la libre determinación, por eso existen y aún resisten. Las asambleas son los parlamentos abiertos que guían e inspiran el actuar de sus autoridades. Los policías que trasladaron a don Pedro, solo cumplían una encomienda de sus coordinadores. Brindaron un servicio a un ciudadano que requería con urgencia atención médica de segundo nivel. Salvaron la vida de una persona lesionada, pero la juez acusó a raja tabla a los 5 policías de varios delitos, como si todos tuvieran en posesión las mismas armas, los cargadores y los cartuchos.

  A pesar de que hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, los jueces y juezas mantienen una visión reduccionista y punitiva contra los derechos de los policías comunitarios. No toman en cuenta el mandato que reciben de la asamblea, el servicio que están obligados a brindar a la población y el cuidado que deben tener para salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. Es increíble que los jueces pasen por alto la reforma al artículo 2 constitucional del 30 de septiembre del 2024, donde se reconoce la existencia de la jurisdicción indígena.

  Es importante que la SCJN analice desde la perspectiva de los derechos de los pueblos el actuar de la policía comunitaria, su legitimidad y vínculo de confianza con la población indígena. Su eficacia, comportamiento y sus mecanismos de rendición de cuentas. La atracción es el primer escalón. Es una gran oportunidad para que Corte hagan valer el derecho de los pueblos a su libre determinación y de reconocer a la policía comunitaria como legal y legitima.

• Comité ¡Eureka! rechaza proyecto cultural en el Sitio de Memoria de Tlaxcoaque

  4 de febrer, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes del Comité ¡Eureka! exigieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, frenar el proyecto para instalar una escuela de arte en el edificio de Tlaxcoaque, espacio señalado como uno de los principales centros de tortura y detención clandestina durante el periodo de violencia política de Estado, y que forma parte de una investigación no concluida sobre desapariciones forzadas y crímenes cometidos por autoridades.

  El Comité recordó que el 2 de octubre de 2022 el inmueble fue declarado “Tlaxcoaque, Sitio de Memoria”, en un acto encabezado por la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la iniciativa de la Ley de Memoria enviada al Congreso de la Ciudad de México. Señalaron que esta declaratoria implica un compromiso con la verdad, la recuperación de la historia y la garantía de no repetición, y no una decisión sujeta a coyunturas políticas.

  De acuerdo con el Comité, Tlaxcoaque fue asegurado por la Fiscalía de la Ciudad de México tras ser declarado Patrimonio Material e Inmaterial, con el objetivo de garantizar su inalterabilidad y permitir las investigaciones forenses necesarias. Indicaron que el inmueble debe preservarse tal como operaba, ya que forma parte de una investigación activa y porque se encuentra integrado a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños junto a otros espacios de 13 países, lo que implica el cumplimiento de protocolos internacionales.

  El Comité ¡Eureka! exhortó a Clara Brugada Molina a no continuar con el proyecto cultural al considerar que contradice la declaratoria de 2022 y vulnera los derechos de las víctimas y de quienes durante 50 años han exigido verdad y justicia. Señalaron que intervenir el inmueble representa una arbitrariedad que desconoce la lucha contra la impunidad y el sentido histórico del Sitio de Memoria de Tlaxcoaque.

  A continuación el comunicado completo:

  

• Tren Interoceánico: falla sistémica sin investigación independiente, explican especialistas IBERO

  4 de febrer, per  Auri

  • Especialistas IBERO analizan con datos el accidente como resultado de múltiples factores simultáneos: infraestructura heredada, mantenimiento limitado, material rodante usado, topografía compleja y posibles excesos de velocidad

  • Alertan sobre la ausencia en México de un organismo autónomo e independiente que investigue accidentes de transporte, y subrayan la responsabilidad ética de la ingeniería para priorizar la seguridad sobre la presión operativa, los tiempos y los presupuestos

  México no cuenta con un organismo estricto, autónomo e independiente que realice investigación sobre los accidentes que ocurren en el transporte, tal como ocurre en otros países. Esta fue una de las reflexiones que surgieron en la conferencia «El Tren Interoceánico: Radiografía de una falla» que se realizó en la Universidad Iberoamericana (IBERO).

  Con cálculos, gráficas y antecedentes históricos, el Dr. Manuel del Moral Dávila y el Mtro. Agustín Ortega García, del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, presentaron variables técnicas sobre las condiciones de la vía, los durmientes, los vehículos y la velocidad en el accidente del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos y más de 100 heridos.

  En el aula magna San Ignacio de Loyola y ante decenas de estudiantes de Ingeniería Civil precisaron que el descarrilamiento no se trató de una falla aislada, sino de un problema sistémico donde interactuaron de forma simultánea: material rodante usado, topografía exigente, operación de trenes bajo condiciones de presión operativa y mantenimiento con poco margen.

  Los especialistas analizaron el funcionamiento del Corredor Interoceánico, el trazo ferroviario en Nizanda, Oaxaca, y la infraestructura heredada en la que probablemente se hizo una rehabilitación parcial a la misma, además de la posible velocidad en la que iba el conductor durante el recorrido y el control de riesgos que hubo sobre el megaproyecto.

  Señalaron que desde el siglo XIX y hasta 2018 se desarrolló la visión del corredor transísmico como una alternativa al canal de Panamá, pero durante décadas contó con infraestructura subutilizada, mantenimiento irregular y con un enfoque exclusivamente ferroviario e industrial.

  Apuntaron que Nizanda, Oaxaca, donde ocurrió el descarrilamiento, se encuentra en un tramo montañoso intermedio lejano a la zona urbana, con un corredor natural estrecho, que obligó al ferrocarril al seguir el relieve, además de que «no es un tramo recto ni geométricamente amigable».

  Sobre las condiciones del trazado ferroviario, especificaron que la infraestructura originalmente fue concebida para trenes de carga, no para trenes de pasajeros, además de que hay zonas críticas en Nizanda para la estabilidad dinámica por lo que es necesario límites de velocidad estrictos, mantenimiento intensivo y monitoreos continuos.

  Respecto a la Línea Z del Corredor Interoceánico, detallaron que es una vía histórica rehabilitada y corregida, con reto en transiciones (tramo viejo-tramo renovado), con cuestionamiento técnico acerca de la calidad del balasto y zonas con drenaje longitudinal limitado, cunetas discontinuas y escurrimientos laterales no controlados.

  Expusieron que en el Istmo se tienen suelos blandos y arcillosos, con ciclos de humedad-secado muy agresivos, drenaje deficiente, además de que se colocaron durmientes en procesos acelerados de rehabilitación con zonas con durmientes de madera en tramos heredados y zonas de transición.

  Señalaron que las locomotoras de diésel-eléctricas en operación (diseñadas para servicios pesados, no para trenes modernos de pasajeros) no son nuevas y provienen del mercado secundario ferroviario, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra.

  «La mayoría de estas locomotoras entre los 20 y 40 años de edad, aunque han sido rehabilitadas antes de su incorporación al servicio, requieren mantenimiento mayor en bastidores, bogies y sistemas de suspensión. (…) Requieren velocidades conservadoras (60-90 km/h) y menores en tramos con curva o pendiente. Parque de locomotoras limitado, lo que presiona la operación y el mantenimiento», explicaron.

  Indicaron que la infraestructura debe mandar sobre la velocidad ante tramos con balasto nuevo no estabilizado, durmientes con asentamientos, transiciones no resueltas, por lo que se requieren velocidades mucho más conservadoras.

  Sobre la velocidad en la que pudo haber ido el conductor, expusieron dos posibilidades: que no supiera a la velocidad a la que iba porque no tuviera un velocímetro o que sí la supiera y su manejo fuera irresponsable al tenerlo instalado.

  Los académicos de nuestra casa de estudios ahondaron sobre la responsabilidad ética de las y los futuros profesionistas de la Ingeniería Civil con la sociedad en todo proyecto de infraestructura, pues primero deben ponderar el conocimiento, antes que los tiempos y los presupuestos.

  Publicado originalmente en Ibero