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• Denuncian desigualdad estructural y violencia contra comunidades de la Montaña de Guerrero

  3 d’abril, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció la persistencia de violencia, impunidad y desigualdad estructural en Guerrero, al tiempo que exigió justicia por los asesinatos de Marco Antonio Suástegui y Bartolo Casarrubias de los Santos, así como el castigo a los responsables materiales e intelectuales.

  En su informe anual, la organización advirtió que la concentración de la riqueza, el crecimiento del autoritarismo y la normalización de la violencia han profundizado la exclusión en la región, donde la pobreza extrema y la falta de acceso a derechos básicos afectan a la mayoría de la población, particularmente en los municipios de la Montaña.

  El informe también documentó las condiciones de explotación que enfrentan las y los jornaleros agrícolas, quienes en su mayoría trabajan sin contrato, seguridad social ni ingresos suficientes, en un sistema que calificaron como extractivismo laboral. Señalaron además que mujeres e infancias viven condiciones aún más precarias, con largas jornadas, ausencia de servicios básicos y múltiples formas de violencia.

  Tlachinollan llamó a transformar el modelo económico y fortalecer un Estado que garantice derechos, con políticas efectivas de combate a la pobreza y regulación laboral, al tiempo que exigió responsabilidades tanto al gobierno como a las empresas que se benefician de estas condiciones.

  A continuación el comunicado completo:

  A más de 11 meses del asesinato de Marco Antonio Suástegui

  exigimos la detención inmediata del autor material.

  Demandamos investigación pronta y castigo ejemplar

  a los autores materiales e intelectuales

  del asesinato de Bartolo Casarrubias de los Santos

  regidor de Xalpatláhuac.

  Con este título presentamos el pasado martes 24 nuestro 31 informe de actividades correspondiente al 2025. En esta entrega retomamos los interesantes comentarios que planteó la directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Hass, sobre cómo se expresa con toda su crudeza la desigualdad social en la Montaña de Guerrero.

  Se vive un momento de cambio sistémico sin precedente. La riqueza se transfiere masivamente a pocas manos, el autoritarismo crece, la violencia se normaliza y la crisis climática avanza, golpeando desproporcionadamente a quienes menos tienen. Las instituciones multilaterales atraviesan una crisis de recursos tan seria que su labor se ve amenazada, mientras observamos múltiples ataques a la paz y la seguridad internacionales.

  Hay una crisis de gobernanza global, México es un ejemplo muy concreto. Según el informe de Oxfam México Oligarquía o Democracia, 22 personas concentran una fortuna equivalente al PIB de Jalisco y Guanajuato combinados, mientras que el 50% más pobre de la población aporta proporcionalmente más en impuestos que el 1% más rico.

  En un escenario de bajo crecimiento económico, mala recaudación y una economía dependiente de un vecino que amenaza con desmantelar el tratado del que dependemos, hay que prestar atención a qué políticas se están planteando: El camino de perpetuar las desigualdades, mantener el extractivismo laboral y natural como estrategia de atracción de inversión, asumiendo que más inversión equivale automáticamente a más bienestar sin cuestionar su calidad y sus efectos a largo plazo, o el camino de repensar la política económica poniendo en el centro a las poblaciones más pobres.

  La desigualdad no es un accidente, la desigualdad es por diseño. Guerrero es el segundo estado con mayor pobreza multidimensional del país, con el 58.1% de su población en esa condición, y el segundo con mayor pobreza extrema. El 21.3% de sus habitantes vive en esa situación, una cifra que cuadruplica el promedio nacional de 5.3%. Junto con Chiapas,Veracruz y Oaxaca, Guerrero concentra el 54% de todas las personas en pobreza extrema en el país. En los municipios de la Montaña, esas cifras superan el 80%. Hablamos de comunidades donde la pobreza extrema no es la excepción, es la norma heredada de generación tras generación.

  Pero los números más estremecedores no están en la pobreza de ingresos, sino en el acceso a los derechos. Guerrero tiene la segunda tasa de informalidad laboral más alta del país. Casi 8 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin protección alguna. La carencia por acceso a seguridad social afecta a la gran mayoría de la población ocupada del Estado.Y los hogares guerrerenses destinan el 43.3% de su gasto en alimentación, la segunda proporción más alta del país.

  Cuando no hay Estado que garantice derechos, el gasto de bolsillo llena el vacío que debería ocupar la política pública. Las y los jornaleros agrícolas de la Montaña lo ilustran con dolorosa claridad. El 79% de los jornaleros agrícolas en Guerrero viven en situación de pobreza. El 94% no tiene contrato laboral. El 88% carece de acceso a la seguridad social.Y el 43% gana por debajo del salario mínimo. De septiembre del 2023 a agosto del 2024, la Casa del Jornalero en Tlapa registró a 3 mil 879 niñas y niños de entre 3 y 15 años que salieron hacia los campos agrícolas del norte, muchos de ellos sin poder estudiar.

  Son las personas que ponen los alimentos en la mesa, de todas las y los mexicanos, y el Estado las trata como si no existieran, eso no es informalidad laboral, eso es extractivismo laboral por diseño. Y esta es precisamente la contradicción política que no podemos ignorar. Un gobierno que se precie de atender prioritariamente a la gente que menos tiene no puede eludir la exigencia de una política robusta y sostenida de combate a la pobreza extrema. Esto no debe ser un eslogan, esto requiere de mandato operativo con recursos, presencia territorial y rendición de cuentas. Los datos de Guerrero son la prueba más contundente de que esa política todavía está pendiente. Nombrar la desigualdad por diseño es el primer paso para desmantelarlo.

  Lo segundo es la complejidad o la contradicción que encontramos entre el fortalecimiento del Estado como garante de derechos y la percepción y la realidad de que el Estado es el perpetrador de muchas de las violaciones a los derechos.

  Esto puede generar resistencia, especialmente entre quienes han vivido el abandono y el maltrato del Estado en carne propia. Oxfam, en su agenda de justicia fiscal, pide más y mejor recaudación, un Estado con mayor capacidad redistributiva, a veces es difícil de comprender porque cómo podemos pedirle a alguien que nunca ha experimentado un Estado que la proteja, que confíe en fortalecer a ese mismo Estado.

  En la Montaña hay un Estado que funciona al revés, que fortalece a los fuertes y abandona a quienes viven violaciones a sus derechos. La excusa del crimen organizado, ha profundizado la militarización que las comunidades no viven como mayor seguridad, sino como otra capa de control. La pregunta entonces es si debe haber un Estado fuerte, ¿fuerte para quién y para qué? Y, sobre todo, qué contrapesos y espacios de participación garantizan que la soberanía recaiga en el pueblo y no en instituciones que actualmente no funcionan para la gente. Lo que pedimos, lo que exigen las comunidades de la Montaña, es un Estado garante de derechos, uno que nunca hemos tenido, pero que es la única respuesta posible. Porque sin Estado no hay quien redistribuya, no hay quien ponga las reglas del juego, no hay quien proteja a las personas más vulnerables frente al poder del crimen o del capital. La alternativa al Estado que no funciona no es la ausencia de Estado. Es un Estado diferente, construido desde abajo, con participación real y rendición de cuentas efectiva.

  Más de 2.5 millones de personas cosechan frutas y verduras que consumimos en México y que se exportan al mundo. Estas personas son en su abrumadora mayoría mujeres y familias indígenas provenientes de Guerrero y otros estados del sur. La jornada excede las ocho horas, el salario cuando se paga en su totalidad apenas alcanza para sobrevivir, y la modalidad de trabajo a destajo permite al patrón desligarse de toda responsabilidad laboral. Lo que permite este sistema no es la ausencia de regulación, es la impunidad estructural frente a las empresas que se benefician de él.

  En los campos agrícolas de exportación del norte del país, contratan a jornaleros a través de enganchadores precisamente para evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales. La inspección laboral en el campo no es un mecanismo de cumplimiento. Entre 2006 y 2017, la Secretaría del Trabajo realizó más de 2 mil visitas de inspección y encontró 55 mil irregularidades, sin embargo, el 97.5% de las multas impuestas fueron revocadas, anuladas por tribunales o simplemente no cobradas. Las empresas agrícolas, muchas de ellas exportadoras certificadas con destino a cadenas de supermercados en Estados Unidos y en Europa, contratan a través de enganchadores y no se hacen cargo de la vivienda, de la alimentación y mucho menos de las prestaciones laborales de quienes viajan desde lejos para hacer producir los campos. Se calcula que uno de cada tres tomates cortados en Sinaloa es producto de esta subcontratación irregular. La cadena de valor que llega a las góndolas de los supermercados descansa sobre esa arquitectura de evasión. Las empresas conocen perfectamente las condiciones en que se cosecha lo que venden, eligen no cambiarlas porque les resulta rentable.

  Para las mujeres esta precariedad tiene capas adicionales. El 91% de las trabajadoras agrícolas no cuenta con ninguna prestación laboral. El trabajo de cuidados, alimentar, bañar, acompañar a los hijos al surco porque no hay guardería ni escuela en el campo, se suma a la jornada sin reconocimiento ni pago. Las mujeres guerrerenses han compartido públicamente testimonios que lo dicen todo: hincarse en el lodo con nueve meses de embarazo para no perder el jornal, cargar a un bebé recién nacido mientras se cosecha porque no hay alternativa.

  No son casos excepcionales, son la norma documentada por Tlachi, por las redes jornaleras y jornaleros, por la propia Alianza Campo Justo que nos une. Y cuando llegan a los hospitales, como el de la Madre y el Niño en Tlapa, enfrentan violencia obstétrica. Las presionan para ligarse las trompas o aceptar implantes anticonceptivos sin que nadie les explique en su lengua de qué se trata, sin consentimiento. Si denuncian el acceso a la justicia es un laberinto. El sistema no está roto, el sistema está diseñado para excluirlas. Una de estas mujeres, en un evento que tuvimos en la Alianza Campo Justo, dijo sin rodeos: dice la presidenta que es tiempo de mujeres. ¿Tiempo de qué? Dice que hay programas para mujeres, pero hasta los 60 años. Si me morí pronto y no llegué a los 60, ¿qué hay para mí? Esa pregunta no tiene respuesta en las políticas actuales y debería tenerla.

  La exigencia entonces no puede dirigirse únicamente al Estado.Tiene que llegar con igual fuerza a las empresas que exportan tomates, pepinos y fresas al mercado norteamericano con sellos de certificación y discursos de responsabilidad social, mientras sus proveedores violan la ley de forma sistemática.

  Exigimos que las empresas que se benefician del trabajo de las jornaleras de la Montaña de Guerrero garanticen contratos, seguridad social, vivienda digna y cero tolerancia a la violencia de género en sus cadenas de producción. Que lo que vende el supermercado no lleve trabajo forzado invisible a este precio.

  Si miramos la economía como una política que debe crear riqueza para distribuirla correctamente, que no debe agotar los recursos ni contribuir al desplazamiento ni a la fractura del tejido social, podemos imaginar algo diferente. Una economía afincada en la proximidad, en la participación social y en la inversión pública donde más se necesita. Una economía social y solidaria como mecanismo de desarrollo comunitario culturalmente pertinente para pueblos y comunidades rurales, en lugar de seguir apostando únicamente a los capitales extranjeros.

  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

• Israel inicia la construcción de una nueva barrera de 22 kilómetros en Cisjordania

  3 d’abril, per  Auri

  Un nuevo muro planteado por Israel en Cisjordania amenaza con aislar a 19 comunidades palestinas y arrebatar el acceso a unos 19 mil hectáreas de tierras, obligando a cientos de personas al abandono forzoso de sus hogares.

  “El muro pasará justo por aquí, ¿ves?”, Mohammad Masaeed, 46 años, me muestra un mapa en su móvil: una línea roja atraviesa pueblos, terrenos y carreteras. Señala dos techos blancos que se ven en la fotografía, divididos por la nueva barrera que Israel acaba de empezar a construir. “Esta es mi casa; aquella, la casa de mi vecino”. Enciende un cigarrillo. Ambas familias han recibido dos órdenes de demolición en los últimos meses: “Uno de los oficiales israelíes me dijo: ‘esta es la tierra de Israel’. Tengo ocho hijos, le pregunté a dónde se supone que debo ir. Me respondió: ‘fuera de aquí’. Pero esta es mi tierra, lo tengo todo aquí, toda mi vida. Si me echan, me convertiré en un mendigo”. Sacude la cabeza: “Todo esto con la excusa de la seguridad”.

  Nos encontramos en Yarza, una comunidad rural en el norte del Valle del Jordán, en la provincia de Tubas. Aquí el paisaje corre el riesgo de verse pronto alterado por las obras de una nueva barrera de 22 km, iniciada por Israel el pasado 5 de marzo bajo el estandarte de la seguridad. El proyecto, que se extiende desde Ein Shibli hasta Al-Aqba, amenaza con aislar a 19 comunidades palestinas y arrebatar el acceso a unos 19.000 hectáreas de tierras, obligando a cientos de personas al abandono forzoso de sus hogares.

  El proyecto israelí para apoderarse del Valle del Jordán es antiguo, pero fue rescatado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en 2024. El tramo de 22 km recientemente aprobado forma parte de un plan mayor que prevé la construcción de una barrera de unos 500 km que partirá de los Altos del Golán y llegará hasta el Mar Rojo, manteniendo una distancia de unos 12 km de la frontera con Jordania. La excusa es la de bloquear el tráfico de armas entre los dos países e impedir las “infiltraciones terroristas”. La han llamado “Barrera de seguridad de la frontera oriental”; nombre en clave para el tramo de 22 km, “Scarlet Thread”, es decir, “Hilo Carmesí”. Una obra que Israel presenta como necesaria para la defensa, pero que los palestinos denuncian como un instrumento de anexión de facto del Valle del Jordán.

  El tramo de 22 km recientemente aprobado forma parte de un plan mayor que prevé la construcción de una barrera de unos 500 km que partirá de los Altos del Golán y llegará hasta el Mar Rojo

  El proyecto fue detenido inicialmente por el Tribunal Supremo de Israel, porque la retórica de la “seguridad” fue desmontada en el recurso presentado por el abogado Taufiq Jabrin el 25 de enero de 2026, mediante la asesoría de Shaul Arieli, un exoficial de las FDI. Fue precisamente el militar —que había luchado en el Líbano y luego contra los palestinos en la Cisjordania de la primera Intifada— quien certificó la no necesidad de la barrera por “cuestiones de seguridad interna”. Sin embargo, el 2 de marzo el ejército presentó una segunda solicitud, invocando motivos de seguridad esta vez vinculados al nuevo conflicto con Irán. El Tribunal revocó así la suspensión anterior y las obras comenzaron apenas tres días después.

  

  
  “El objetivo es obtener el control completo del Área C. Quieren confinar a todos los palestinos en las ciudades, sacándolos de las tierras, encerrándolos en los centros urbanos”, continúa Mohammad. “Nos quitan nuestras fuentes de sustento: nos roban las tierras para que no podamos cultivar ni tener animales. Nos envían a las ciudades y, a nuestro alrededor, construyen nuevas colonias y carreteras para conectarlas. Este es su plan. Echarnos a todos”.

  Enciende otro cigarrillo, mientras Asma, su hija de tres años, se lanza a sus brazos. “Allá arriba hay una cantera que lleva el nombre del tatarabuelo de mi padre. En aquella colina estaba la casa de mi abuelo, que fue destruida en uno de los ejercicios militares israelíes en 1981. Mi familia vive en estas tierras desde siempre, lo he invertido todo aquí. Amo Yarza como a mis hijos: ¿qué se supone que debo hacer?”.

  
  Mukhles Masaeed es el jefe del Consejo municipal de Khirbet Yarza, una comunidad situada a pocos kilómetros de donde nos encontramos. Ir allí, dicen, es peligroso: los militares o los colonos podrían atacarnos. El 8 de marzo, las 12 familias que vivían allí abandonaron sus tierras y se trasladaron, en un éxodo que parece ser solo el comienzo en estos territorios. “Khirbet Yarza no podía ser demolida porque las casas fueron construidas antes de 1967”, dice Mukhles. El proyecto del muro lo confirma: el mapa muestra un pueblo enteramente rodeado por una barrera, transformando la comunidad en una prisión al aire libre.

  “El gobierno no podía echarnos legalmente, así que nos envió a los colonos para que hicieran el trabajo sucio por ellos. Y cuando llegaban los soldados, en lugar de protegernos, protegían a los colonos”. Mukhles relata décadas de opresión: “Desde 1967/68 Israel intenta echarnos de nuestras tierras. El muro y la violencia de los colonos son solo la última estrategia que están utilizando. Primero crearon zonas militares de entrenamiento y nos dijeron que nos fuéramos por nuestra propia seguridad. Mi padre fue alcanzado por una bala, y perdí a un hermano de esta manera. Disparaban contra el ganado y contra nosotros. Pero desde el 7 de octubre de 2023 han intensificado los ataques, tanto los colonos como los militares; y con la guerra con Irán, aún más”. Toda la comunidad ha abandonado el pueblo. “Somos gente desarmada, Khirbet Yarza está en una zona aislada. Decidimos irnos porque nuestras vidas corrían peligro y tenemos hijos, no podemos protegerlos”. Mukhles tiene 51 años y nació allí arriba. Al igual que nacieron allí su padre y su abuelo. “Mi familia vivió aquí durante muchísimos años, estas tierras nos pertenecen hasta la frontera con Jordania. No sé qué haremos ahora”.

  “Muchos campesinos ya no pueden cultivar porque el ejército ha destruido cinco kilómetros de tuberías de riego, y muchos invernaderos agrícolas serán demolidos”, explica el alcalde Bisharat

  El alcalde de Tammun, Samir Bisharat, es un hombre cercano. Me acompaña con el jeep del municipio a ver los daños y las consecuencias que ya ha dejado la barrera en construcción en el territorio de Tammun, mientras desgrana datos y cifras. “Tammun comprende unos 9.800 hectáreas de tierras; somos una comunidad que vive de la agricultura y la ganadería. Con la construcción del nuevo muro, perderemos cerca del 65% de las tierras. Con consecuencias devastadoras”. Ante nosotros se abre un foso de decenas de metros de largo, acompañado de un camino de tierra recientemente explanado. Tuvimos que cambiar de ruta dos veces para llegar allí, porque el trayecto había sido bloqueado por un muro de tierra colocado a propósito por los militares israelíes para dificultar la movilidad de los residentes.

  «Esta es la llanura de Atouf; aquí algunas familias ya se han visto obligadas a irse, otras se están preparando para partir. No es solo por las órdenes de demolición: muchas comunidades quedarán aisladas por la barrera, del lado de las colonias, y por tanto se desplazarán. Otras están siendo desplazadas por la violencia de los colonos. Muchos campesinos ya no pueden cultivar porque el ejército ha destruido cinco kilómetros de tuberías de riego, y muchos invernaderos agrícolas serán demolidos”, desarrolla Samir Bisharat.

  Señala tubos de agua doblados, tirados a un lado de la carretera recién construida. La barrera —definida por los estrategas israelíes como “smart” (inteligente), porque unirá una valla física con herramientas de vigilancia tecnológica avanzada— tendrá una “zona de amortiguamiento” de 20 metros a cada lado e incluirá una carretera militar. Dividiendo comunidades, terrenos agrícolas, familias y granjas.

  “En Tammun, el 90% de la población vive de la agricultura. La situación económica ya es muy difícil; muchas familias habían empezado a cultivar porque ya no podían mantenerse. Se habla de al menos 40 millones de shekels en daños solo en cuestiones agrícolas en el futuro próximo”, dice Bisharat.

  El Valle del Jordán es el “granero de Palestina” y sus productos se distribuyen por todo el territorio. Perder esas tierras afectará a toda la economía palestina; las cifras que aparecen en los documentos elaborados por la Cámara de Comercio de Tubas estiman, de hecho, una pérdida de 400 millones de dólares en los cinco años posteriores a la construcción de la barrera.

  Poco lejos de nosotros, algunos olivos destruidos y los restos de un invernadero agrícola muestran el futuro de muchas plantaciones de la zona. Pero la violencia del Estado de Israel se está abatiendo sobre Tammun en todas sus formas: “Una familia entera ha sido martirizada aquí en Tammun”, dice Bisherat, refiriéndose a la joven familia acribillada a balazos en la noche del 14 de marzo pasado por el ejército israelí de paisano. En aquella ocasión, dos niños fueron asesinados junto a sus padres, en el enésimo caso de violencia que parece no tener fin en esta parte de Palestina. “Tammun era una ciudad viva, había actividades abiertas hasta medianoche. Ahora todos tienen miedo, las calles están vacías. El ejército, los colonos; con la construcción de la nueva –reciente– colonia israelí se han llevado otro 8% de las tierras de Tammun. Que la comunidad internacional venga a ver”.

  

  
  Kharallah Bani Odeh, llamado Abu Jihad, vivía a 200 metros de donde comenzaron las obras, en Atouf. No recibió órdenes de demolición, pero su casa estaba muy cerca de la nueva colonia construida y habría quedado aislado por la barrera una vez terminada. “Vivíamos aquí desde 2013; los colonos nos han atacado muchas veces en estos meses, nos amenazaban. Una vez un colono me dijo: ‘esta tierra es nuestra, tus documentos –mientras le mostraba las escrituras de propiedad– son basura’”. El hombre, 55 años, una kufiya al cuello, abandonó la propiedad junto a otras dos familias hace ya unos veinte días. “Amamos nuestra tierra, estamos dispuestos a morir por ella, pero se ha vuelto imposible vivir así y quedarse”.

  Ahora alquila un terreno lejos del pueblo, junto con los otros 22 miembros de su familia. “Pero estamos esperando poder volver a casa”.

  Cuando el jefe de la Wall and Settlement Commission, Muayyad Sha’ban, viene a visitar a las familias que quedan en Yarza, llega también uno de los propietarios de los terrenos que acaba de ser golpeado por los colonos. Lo detuvieron en el coche, lo obligaron a bajar y le dieron de bastonazos. No puede caminar y se llama a una ambulancia. Sha’ban está allí para discutir la situación, el muro, el futuro de esa comunidad, a pesar del escepticismo de las familias que se sienten abandonadas por la política y por la Autoridad Palestina. “Este muro lo quieren construir desde antes del 7 de octubre”, dice Sha’ban. “Y ahora han encontrado la excusa de la guerra con Irán para iniciar la obra. Muchas familias serán desplazadas, pero los israelíes no se detendrán, seguirán robando cada vez más tierras, controlando cada vez más áreas”.

  Muertes y desplazamientos en Cisjordania

  Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 51 comunidades palestinas han sido arrasadas por la violencia de los militares y los colonos, y otras 14 han quedado gravemente diezmadas. Solo en enero de 2026, 700 personas fueron expulsadas de sus hogares. La limpieza étnica de Israel se está acelerando, mientras Tel Aviv construye nuevos asentamientos en tierras robadas, aprueba leyes para condenar a muerte a los prisioneros y perfecciona los instrumentos de apartheid contra toda la población palestina. Muayyad es originario de Nur Shames, uno de los campos de refugiados ocupados desde hace ya un año y tres meses por el ejército israelí. “Mira lo que están haciendo en Tulkarem y Jenin. ¡Hay más de 45.000 refugiados! Han convertido los campos de refugiados en zonas de maniobras militares. Echando a todos los habitantes”. Se enciende un cigarrillo.

  “Smotrich, Netanyahu, Ben Gvir, están a la cabeza de los colonos en West Bank. Ben Gvir es como el rey que da órdenes para las demoliciones. Ha entregado más de 330 mil armas a los colonos. Nosotros como palestinos no podemos enfrentar todo esto“, denuncia Muayyad. ”Necesitamos el apoyo de la Comunidad Internacional. Aquí en Yarza las personas reciben amenazas diarias por parte de las milicias colonas, y el ejército siempre los protege. Las Naciones Unidas deberían moverse para detener a los colonos, a todos los colonos, no solo a unos pocos que llaman ‘extremistas’. Y deberían bloquear la construcción de esta nueva barrera”, lamenta este refugiado.

  Este material se comparte con la autorización de El Salto

• Desapariciones en México podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, señala un Comité de la ONU

  3 d’abril, per  Auri

  La entidad solicita a la Asamblea General que considere tomar medidas y cita el hallazgo de 4500 fosas clandestinas en el país, donde se han encontrado unos 72 mil restos humanos no identificados. 

  El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha decidido solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

  El Comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.

  Autoridades desbordadas por la magnitud de la crisis

  La entidad subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones y tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado.

  Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

  El Comité aclaró que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. “Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.  

  La magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación. También citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4500 fosas, que contienen más de 6200 cadáveres y 4600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados. 

  A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. 

  Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.

  Apoyo técnico y financiero

  El Comité solicitó a la Asamblea que considere adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. 

  Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.

  Publicado originalmente en Noticias ONU

• Tribunal de Justicia de Oaxaca podría liberar a dos presuntos torturadores del mixteco Ángel Daniel Bautista

  2 d’abril, per  Admin2

  La noticia de que los dos presuntos torturadores del defensor mixteco Ángel Daniel Bautista Vásquez podrían quedar libres bajo medidas cautelares alertó a los familiares y al Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), quienes denunciaron que la decisión representaría una violación a los derechos humanos.

  El 21 de marzo de 2020, Bautista Vásquez fue víctima de tortura por elementos de la policía municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó las medidas cautelares MC-636-2020. Asimismo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió en 2025 la recomendación 03/2025; y ese mismo año el Comité Contra la Tortura de la ONU emitió el dictamen CAT/C/82/D/1102/2021, en la que se reconoce que los exuniformados torturaron al defensor indígena.

  Maurilio Santiago, defensor de derechos humanos y representante legal, informó que el pasado 27 de marzo la Jueza de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Tlaxiaco programó una audiencia para este 6 de abril, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva de los procesados Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario, policías municipales acusados del delito de tortura.

  Santiago explicó que los dos expolicías se encuentran privados de su libertad en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, pero que el próximo lunes su situación jurídica podría cambiar y quedar en libertad.

  “Nos dijeron que el lunes 6 de abril habría audiencia y que pueden ser puestos en libertad con la revisión de medidas cautelares, y eso no puede ser posible, porque significa una burla a lo que hemos luchado. Esperemos que se hagan válidos nuestros derechos”, denunció.

  Primer caso de tortura en Oaxaca

  El defensor Maurilio Reyes dijo que el caso de Ángel es el primero que se judicializa en Oaxaca. De 2011 a 2025 hay 921 carpetas de investigación con mil 237 víctimas, y sólo existe una causa penal judicializada, que es la 121/2025, correspondiente a la de Ángel Daniel Bautista Vásquez.

  Reyes señaló que el abogado de los expolicías es Carlos Fernando Santiago Cruz, director jurídico y de asistencia legal del ayuntamiento del municipio de Tlaxiaco. “Parece todo estar controlado, el abogado Carlos Fernando fue recomendado por el actual consejero jurídico, Giovanni Vásquez Sagrero. Lo que se teme es que exista un tráfico de influencias, y que sean liberados los policías municipales”, agregó Reyes.

  El representante legal añadió que Bautista Vásquez y su familia han sido amenazados y hostigados por la policía municipal de Tlaxiaco y personas desconocidas.

  Por último, el abogado exigió a las autoridades, especialmente al Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, no dejar libres a ambos policías y no permitir tráfico de influencias, y aseguró que seguirán luchando hasta obtener una verdadera justicia para Ángel y su familia.

• Acuerdo Argentina-Estados Unidos: «Más extractivismo, más enfermedades, hambre y contaminación»

  2 d’abril, per  Admin2

  El acuerdo comercial firmado por Argentina y Estados Unidos se anunció como «recíproco», pero significa la apertura del país a las empresas norteamericanas con una expresa regresión en los controles sanitarios, ambientales y beneficios económicos para avanzar en el control de los minerales. El acuerdo aún debe ser aprobado por el Congreso y su cumplimiento demanda, a fines de 2027, derogar las actuales leyes de semillas y patentes.

  A principios de febrero se dio a conocer la noticia de que Argentina y Estados Unidos habían suscrito un acuerdo sobre comercio e inversiones, de aparente carácter recíproco. Las primeras voces críticas sostuvieron que el documento, lejos de ser un acuerdo equilibrado, funcionará como un conjunto de condicionamientos y exigencias por parte del Estado norteamericano. Según esa lectura, el texto no busca un marco de intercambio neutral, sino orientar a Argentina a reformar sus marcos regulatorios para facilitar la apropiación de sus recursos por parte de Estados Unidos y, en particular, los bienes comunes.

  Una lectura más minuciosa del texto del acuerdo revelaría un objetivo que va más allá del debate arancelario: Estados Unidos busca establecer un modelo que garantice un acceso total a litio, petróleo, minerales y tierras raras, y que, al mismo tiempo, afiance su control en el sector productivo del agronegocio, en el que no es un gran comprador, sino un competidor exportador. Este planteamiento no sería una lectura sesgada: el propio articulado exige acciones gubernamentales que faciliten el acceso a estos recursos para inversiones estadounidenses, al tiempo que avanza en la consolidación de ganancias en el agronegocio.

  Las obligaciones del acuerdo apuntan a una reforma estructural que coloca al país a merced de los intereses norteamericanos. El gobierno nacional podría estar llamado a desarticular medidas que protegen la regulación de las actividades empresariales, incluso, gestionar y mediar frente a gobiernos provinciales para favorecer a intereses de Estados Unidos.

  

  Bienes comunes… ¡Afuera! De Argentina a manos de Estados Unidos

  El artículo 2.10 del acuerdo, relacionado con el ambiente, sólo puede interpretarse como una «pantalla». Una maniobra que busca presentar una protección ambiental formal, al tiempo que el acuerdo permite o incluso impulsa la flexibilización de normas ambientales para facilitar inversiones. Aunque el artículo promete “adoptar y mantener las protecciones ambientales, reforzar efectivamente las leyes ambientales y establecer estructuras sólidas de gobernanza ambiental”, la enorme mayoría de los artículos del acuerdo exigen, de manera sutil o explícita, la flexibilización de normas para favorecer inversiones.

  En particular, el artículo 5.1.1 plantea: “Argentina debe permitir y facilitar las inversiones de Estados Unidos en su territorio para explorar, explotar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos y de proveer la generación de energía, telecomunicaciones, transporte y servicios de infraestructura en términos no menos favorables que los que otorgue a sus propios inversionistas en circunstancias similares y regulará dichas inversiones conforme a las normas mínimas del derecho internacional”.

  El acuerdo propone una apertura total de sectores estratégicos, evitando imponer requisitos a las empresas estadounidenses y otorgando a esas inversiones lo que se denomina “trato nacional”. Esto implicaría que Estados Unidos aspira a tener un control total de la cadena de minerales y energía en suelo argentino sin salvaguardas específicas. Además, la promesa de «trato nacional» sugiere que cualquier beneficio que el Estado otorgue a empresas de capital nacional —subsidios, exenciones fiscales, facilidades crediticias— debería ser extendido a las empresas estadounidenses.

  Si no se concediera ese trato, o si Argentina adoptara políticas ambientales o fiscales a modo de resguardo, las empresas norteamericanas podrían demandar en el sistema de arbitraje internacional (por ejemplo ante CIADI), lo que implicaría, además, renunciar a la justicia nacional para la resolución de disputas. En este punto, se advierte que otorgar «trato nacional» a inversiones estadounidenses podría contravenir el principio de no discriminación que se ratificó el 27 de febrero con la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

  A esto se suma la exigencia de que Argentina se comprometa a dar prioridad a las inversiones estadounidenses en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), reduciendo plazos de aprobación, permisos ambientales, facilidades fiscales y operativas. En conjunto, este acuerdo no solo no produce un “corrimiento” del Estado en términos regulatorios, sino que exige una intervención activa para garantizar las inversiones norteamericanas: participar en las regulaciones, gestionar para allanar obstáculos en los procesos legales e, incluso, invertir en infraestructura para “permitir el acceso al sector minero de las empresas de Estados Unidos”. En la práctica, se argumenta, el gobierno nacional podría verse obligado a intervenir para resolver posibles conflictos ambientales o para negociar con los gobiernos municipales o provinciales para favorecer el desarrollo de esas inversiones.

  En este marco, las regulaciones ambientales quedan subordinadas al comercio, impidiendo garantizar derechos ambientales básicos. De hecho, la Ley General del Ambiente (25.675) se pone en jaque, por un lado, porque se privilegia la participación empresarial, dejando por fuera los mecanismos de consulta ciudadana y, por el otro, porque se viola abiertamente el principio de no regresividad establecido por la ley, que ordena la prohibición explícita de que los Estados reduzcan el nivel de protección de los derechos alcanzados.

  

  Un acuerdo para controlar los agrotóxicos y transgénicos del agronegocio

  Si bien es claro que este acuerdo se enmarca en la necesidad de Estados Unidos de disputar el acceso a recursos estratégicos como los minerales raros, el litio, el petróleo o el agua, para garantizar que China quede afuera del proceso, la pregunta que vale hacerse es: ¿Cómo piensa Estados Unidos insertarse en un mercado altamente consolidado y competitivo, como el del agronegocio en Argentina, con sus propias exportaciones?

  El acuerdo clarifica cuál es el sector del agronegocio que apunta a controlar Estados Unidos: el mercado de insumos, compuesto por los agrotóxicos y las semillas genéticamente modificadas.

  En lo que respecta a los agrotóxicos, el artículo 2.2.1 del acuerdo plantea: “Argentina deberá permitir que las mercancías originarias de Estados Unidos que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, las regulaciones estadounidenses o los procedimientos internacionales de evaluación de conformidad de Estados Unidos, ingresen a su territorio sin requisitos de evaluación de conformidad adicionales”, estableciendo en el siguiente apartado que “no serán necesarios testeos adicionales”.

  Lo que se consolida en este acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos es que, por un lado, los parámetros de aprobación para alimentos, agrotóxicos (e incluso medicamentos) no sean definidos por discusiones locales sino por los criterios norteamericanos. Y, por el otro, quita competencias al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), perdiendo la capacidad de control frente a organismos de la administración norteamericana. La Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) se establece en el acuerdo como la autoridad de análisis de salud animal competente, mientras que la Food and Drug Administration (FDA) será la que brinde la evidencia para las definiciones comerciales de los productos norteamericanos.

  De esta manera, productos como el clorpirifos —prohibido en Argentina para uso agrícola, pero limitado en Estados Unidos sólo para uso en alimentos (y con fuertes disputas legales para su prohibición total)—; a partir de este acuerdo podría ser liberado en nuestro país bajo las condiciones flexibilizadas de la regulación norteamericana.

  Finalmente, el artículo 2.3 establece: “Argentina debe asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias sean científicas y basadas en el riesgo (…) y debe remover cualquier barrera de SPS (Sanitary and Phitosanitary Measures) injustificada que ponga en riesgo la reciprocidad”. Estados Unidos propone el estándar «basado en ciencia» para atacar el «principio de precaución» (usado en Europa y, a veces, en China), estableciendo que los riesgos deben ser científicamente demostrados para que generen alguna medida preventiva. El principio precautorio que plantea que cualquier hipótesis de riesgo, aún sin prueba científica, es la base para la decisión de medidas de protección, es completamente ignorada en pos de la liberación comercial.

  Esto es un grave problema, en un contexto en el que los estándares basados en la ciencia son altamente discutidos en todo el mundo. En primer lugar, porque la opinión científica está marcada por el mainstream académico que no pone en discusión, por ejemplo, el modelo del agronegocio basado en la modificación genética y en el uso de agrotóxicos, como tampoco pone en discusión el modelo médico corporativo.

  Segundo, porque existe en la actualidad lo que Mark Moore denomina “unsound science”: una enorme cantidad de vacíos científicos, producto de la fragmentación disciplinar y de que existe poco financiamiento para la realización de estudios que midan los riesgos potenciales de un alimento, un remedio o un insumo agrario. Finalmente, porque hay fuertes denuncias, en todo el mundo, por el conflicto de intereses que tienden a rondar la toma de decisiones en torno a estos productos. Estas denuncias corren tanto en términos de los insumos agrarios, como también de productos farmacéuticos y alimenticios.

  

  Nuevamente contra las semillas libres

  El control de las semillas es el segundo foco fundamental de este acuerdo. En el Anexo 3 (artículo 1.9) del acuerdo, Estados Unidos obliga, para fines de 2027, a que la Argentina ratifique la Convención Internacional para la Protección de nuevas variedades de plantas —conocido como UPOV 91— y el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los efectos de los procedimientos en materia de patentes.

  Actualmente, en Argentina, las semillas se encuentran reguladas por la Ley de Semillas (20.247) y el decreto ley 2183/91, que adscribe a UPOV 78. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es un convenio global que, en su versión del año 1978, no permite la doble protección de las semillas —es decir, que las empresas registren y al mismo tiempo, patente las semillas—. Esto permite una mayor circulación de las mismas.

  Además, la UPOV 78 garantiza los denominados “derechos del agricultor”, permitiendo reproducir, intercambiar y guardar las semillas para el uso propio. Por eso, en Argentina, actualmente, existe una mayor circulación de las semillas, garantizando que los productores y las productoras —quienes han aportado por generaciones a la diversidad genética de las semillas— puedan seguir multiplicándola, aportando a la biodiversidad del planeta. En este proceso de intercambio, se resguarda la posibilidad de consumir una enorme variedad de alimentos, garantizando su riqueza nutricional y comida saludable.

  La ratificación de la versión UPOV 91, en cambio, habilitaría a las empresas a avanzar en el patentamiento y el registro de las semillas, teniendo un mayor control de la información genética que contienen y los productores y productoras agrícolas estarán obligados a pagar esa información cada vez que usen las semillas. Por eso, sólo unas pocas empresas controlarán esas semillas, definiendo qué cosas se pueden producir en el campo y, por lo tanto, cuáles serán los alimentos que podamos consumir.

  Junto con la UPOV 91, la exigencia de ratificar el Tratado de Budapest permite el registro de propiedad intelectual de microorganismos, avanzando en el patentamiento de algo que, hasta su conformación, no podía patentarse: la vida. Este acuerdo establece la generación de agencias internacionales, denominadas Autoridades Internacionales de Depósito (AID) en las que, a partir de “depositar” microorganismos a los fines de patentamiento, el procedimiento de registro es reconocido en todos los países miembros del tratado. Al mismo tiempo, el acuerdo establece que los países deben continuar con los procesos de patentamiento según sus regulaciones.

  Si bien el tratado refiere a microorganismos, lo cierto es que este concepto no está definido certeramente. Esta indefinición es premeditada, dado que los países que impulsan fuertemente su ratificación (como Estados Unidos) promueven el patentamiento de cosas que no califican como microorganismos según la biología, como el ADN (ácido desoxirribonucleico), el ARN (ácido ribonucleico), líneas celulares, embriones, nematodos e, incluso, semillas —homologando la parte (microorganismo) al todo (la semilla)—. Este acuerdo ha sido ratificado por muy pocos países del sur global y, de hecho, no existen AID en América Latina.

  

  Un acuerdo que ataca la legislación argentina

  La ratificación de ambos convenios, por tanto, buscan generar marcos de propiedad intelectual que, además de extender la duración de las patentes (a 20 años), permitan alcanzar la protección de las semillas. Sin embargo, esto entra en contradicción, tal y como vimos, con la Ley de Semillas, pero también con la actual Ley de Patentes (24.481), que impide la privatización de la vida en general y de las semillas en particular (en su artículo 7) y que deberían ser modificadas para “garantizar” el acuerdo.

  El impacto de este acuerdo es contundente. Las semillas serán controladas por empresas concentradas —el mercado de semillas está controlado por sólo cinco empresas en el mundo— que, por la dinámica oligopólica de los mercados, tenderán al alza de los precios de este insumo agrario y de los alimentos. Además, de esto, la doble protección obligará a los productores no sólo a comprar las semillas sino también pagar regalías por su uso.

  El seguimiento y control del mercado de semillas será un freno a su libre circulación, avanzando en la penalización y criminalización de quienes producen sus propios insumos y lesionando gravemente el derecho a una alimentación saludable y suficiente garantizada por la Constitución Nacional.

  Este acuerdo es un instrumento de subordinación política diseñado para asegurar la hegemonía estadounidense sobre los recursos estratégicos de nuestro país. En ese marco, la exigencia es la de anular cualquier posible decisión y presión de los pueblos, lesionando la soberanía alimentaria, impidiendo el resguardo de sus bienes comunes y abandonando cualquier tipo de capacidad soberana de proteger el territorio. Argentina entrega, así, el control de su seguridad alimentaria y profundiza la apropiación y el saqueo de las semillas, los bienes comunes y la vida, consolidando el modelo extractivista saqueador.

  La ratificación de este acuerdo es más extractivismo, más enfermedades, hambre y contaminación.

  *Politóloga, investigadora y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Esta columna se publicó originalmente en Argentina Mejor Sin TCL

  Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva