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• Bolivia: Trump y Paz se alinean por minerales críticos y tierras raras y ponen en alerta a pueblos indígenas y expertos

  9 d’abril, per  Auri

  Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

  El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

  Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

  Leer más: Argentina: diputados aliados a Milei modificaron la Ley de Glaciares a favor de la minería

  Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

  

  Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

  Los proyectos que ya se activaron

  En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

  El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

  Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

  Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

  “Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

  

  El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

  Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

  En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

  “La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

  Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

  Críticas de expertos y líderes indígenas

  Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

  “El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

  Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

  “Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

  

  Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

  Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

  Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

  “La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

  *Imagen principal: el cerro Manomó, en la región de Santa Cruz, es una de las áreas donde se realizan trabajos de prospección de tierras raras y minerales tecnológicos. Foto: cortesía Gobernación de Santa Cruz

  Publicado originalmente en Mongabay

• Las llamas han consumido 385 hectáreas de bosque en la Montaña de Guerrero

  9 d’abril, per  Auri

  Un incendio activo que inició el 4 de abril de 2026 ha reducido a cenizas 385 hectáreas el bosque de pinos y encinos en los muncipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Igualapa y Tlacoachistlahuaca de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

  Las llamas, sin tregua, permanecen consumiendo hasta la última hoja de los pequeños árboles y animales. Los habitantes de las comunidades más perjudicadas como El Capulín, municipio de Tlacoachistlahuaca; Chimalapa, municipio de Igualapa; Llano Perdido, municipio de Cochoapa el Grande se han organizado para sofocar el siniestro.

  El terreno accidentado y de difícil acceso en las hondas barrancas y laderas empinadas hace complicado combatir un incendio porque, además, se suma el golpe de calor y los fuertes vientos. En la espesura del bosque se dibuja un rayo de fuego. Una gran nube blanca y espesa de humo se esparce a más de un kilómetro. Los caminos del poco ganado quedaron al descubierto. Las pérdidas de insectos, reptiles y otros animales que fueron alcanzados por las llamas son enormes.

  En la noche de este 8 de abril se tenía un 60 por ciento de control y un 50 por ciento de la quema “liquidada”. En seis días no se ha podido combatir el fuego a pesar de las brigadas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de Tlapa, una brigada municipal de Tlacoachistlahuaca, Protección Civil Municipal de Cochoapa el Grande, Protección de Alcozauca, voluntarios y pobladores de las comunidades indígenas.

  Se están usando “herramientas especializadas  y tradicionales: McLeod,  machete, escoba metálica, rastrillos y en algunas ocasiones los pobladores llevan bombas para fumigar y las ocupan para arrojar agua”, comenta un testigo que ha estado participando.

  En estos meses con el calor sofocante y los vientos fuertes los incendios son abundantes, no sólo por la quema de tlacolol de mayo y junio para la siembra de maíz, frijol y calabaza, sino por multifactores de poca corresponsabilidad. Las autoridades no han tenido la capacidad para controlar los incendios que cada año se repiten en temporadas de secas.

  La crisis ambiental provocada por la contaminación a escala planetaria que se ha ido recrudeciendo con los años, causado por los contados ricos y quienes impulsan el modelo económico capitalista moderno, ha llegado a su límite. Los desequilibrios de los ecosistemas, el tiempo como lo conocían nuestros ancestros cambia abruptamente. Las sequías, huracanes e incendios son más frecuentes y bruscos. Lo peor es que pagan los pobres y los indígenas.

  Foto: Josué Ávila

  Publicado originalmente en Tlachinollan

• Vinculan a proceso a 13 elementos del Ejército por el homicidio de Leidy y Alexa en Sinaloa

  9 d’abril, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. A casi 11 meses del homicidio de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa, 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio, en un caso que pone en evidencia los efectos de la política de despliegue militar y el uso arbitrario de la fuerza.

  Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, cuando un convoy militar abrió fuego contra la camioneta en la que viajaba una familia sin previo aviso ni justificación, lo que provocó la muerte de las dos menores y dejó a otras personas heridas. A pesar de que inicialmente se difundió la versión de un enfrentamiento, esta no fue corregida por las autoridades.

  Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó elementos que acreditan el uso letal de la fuerza de manera injustificada, mientras que el juez determinó la vinculación a proceso bajo la figura de dolo eventual, al considerar que los elementos castrenses contaban con el adiestramiento suficiente para prever las consecuencias de sus actos.

  Las familias de las víctimas, acompañadas por organizaciones de derechos humanos, señalaron que este caso representa un reto para las instituciones de procuración y administración de justicia, y reiteraron su exigencia de una investigación diligente y un proceso independiente que garantice verdad, justicia y la no repetición de estos hechos.

  A continuación el comunicado completo:

  Vinculan a proceso a 13 elementos del Ejército por el homicidio de dos niñas, Leidy y Alexa, en Sinaloa

  El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la profundización de la política de despliegue militar y pone a prueba a la Fiscalía General de la República (FGR)  y al Poder Judicial de la Federación en su capacidad de garantizar una investigación diligente y un juicio justo, apegados a los estándares de derechos humanos.La privación arbitraria de la vida de dos niñas por elementos del Ejército es un hecho intolerable que debe impulsar la adopción de medidas para evitar su repetición.

  Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- El pasado 6 de abril, a 11 meses de que las dos niñas, Leidy y Alexa fueron privadas de la vida por elementos del Ejército, 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio de las dos niñas de 11 y 7 años respectivamente, así como por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 años y dos adultos más, todos integrantes de una misma familia. El 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, en el estado de Sinaloa, la familia transitaba en una camioneta por una carretera con dirección a la escuela. Al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado, retornó hacia su casa, cuando sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo en el que transitaban. En un inicio, se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades. La familia de las dos niñas, desde el momento de los hechos, denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza y han impulsado frente a las instituciones de procuración de justicia y jurisdiccionales –acompañadas por el Centro Prodh– que se tomen acciones para acceder a la justicia. Cabe resaltar, que contrario a la demora en la justicia civil, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos, contrario a lo que dictan los estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos –lo que actualmente se encuentra bajo litigio.  Así, el pasado 31 de marzo de 2026, las víctimas fueron notificadas de que se habían ejecutado diversas órdenes de aprehensión en contra de 13 elementos del Ejército Mexicano. Durante la audiencia las Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron diversos datos de prueba que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trató de una actuación dolosa.  Las defensas de los elementos –incluyendo una por parte la Defensa de Oficio Militar– entre otros argumentos destacó que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo.  Dentro de la duplicidad del término constitucional, el Juez de Control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis,  dictó un auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual. Esto, porque los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.  Los padres y madres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia y pudieron manifestar cómo este evento de uso arbitrario de la fuerza letal destruyó irreparablemente su proyecto de vida, así como  su interés en que la justicia sea diligente y expedita. La determinación conlleva nuevos retos por delante para que la FGR continúe fortaleciendo y perfeccionando  la indagatoria en la siguiente etapa de investigación complementaria, y en tanto el Poder Judicial de la Federación debe llevar a cabo un proceso respetuoso de los derechos humanos, en el que demuestre su independencia en casos relacionados con Fuerzas Armadas. La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad.  El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. También, es un reflejo de la necesidad de que, desde las más altas autoridades, se emitan mensajes claros de que este tipo de hechos no pueden volver a repetirse. Las familias continuarán denunciando y exigiendo justicia para estas dos niñas y para quienes han sido objeto de graves violaciones a derechos humanos derivadas de la profundización de la militarización, que se ha perpetuado a lo largo de las diversas administraciones.

• Comunidades indígenas exigen llevar crisis de desapariciones en México ante la ONU

  9 d’abril, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, junto con colectivos de familiares, exigieron llevar ante la Organización de las Naciones Unidas la crisis de desapariciones forzadas en México, al señalar que se trata de un fenómeno sistemático y generalizado que constituye crímenes de lesa humanidad.

  El pronunciamiento, firmado por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México y la familia Guzmán Cruz, advierte que más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en el país, mientras sus familiares enfrentan impunidad, revictimización y la falta de respuesta efectiva por parte del Estado.

  Las organizaciones denunciaron que no existe voluntad política para atender esta crisis, y señalaron como ejemplo el caso de la familia Guzmán Cruz, cuyos integrantes fueron desaparecidos en la década de 1970, y cuyos procesos siguen sin resolverse en instancias internacionales debido a dilaciones del Estado mexicano.

  Ante ello, solicitaron que los casos sean atendidos con carácter urgente por organismos internacionales y pidieron que el caso de la familia Guzmán Cruz sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que reiteraron su exigencia de verdad, justicia y fin a la impunidad.

  A continuación el comunicado completo:

  México es el país de las desapariciones forzadas, son crímenes de lesa humanidad de ayer y hoy, comunidades indígenas y colectivos se suman a petición de llevar los casos de desaparición ante la #ONU#CSIM

  A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

  A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

  AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

  A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  AL ESTADO MEXICANO

  Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán a 8 de abril de 2026.

  El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM , el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México #COFADDEM “Alzando Voces” e integrantes de la Familia Guzmán Cruz, declaramos conjuntamente lo siguiente:

  En México, a pesar del discurso oficial, persiste una grave crisis de derechos humanos y de desaparición forzada cometida por agentes de Estado o por personas que actúan con la autorización o el apoyo de servidores públicos federales, estatales o municipales, esto desde la segunda mitad del siglo pasado, hasta el día de hoy, como se documenta en el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas #ONU que concluye que en la República Mexicana las desapariciones son sistemáticas y generalizadas.

  En nuestro país, gobiernos de tres partidos políticos distintos no han podido resolver la grave crisis humanitaria que padecen día a día los familiares de las más de 132,931 (RNPDNO 7/abr/26), personas desaparecidas, quienes viven una interminable sucesión de adversidades y suplicios; la incertidumbre, la esperanza y la angustia sin fin; la indiferencia institucional, la revictimización y la impunidad general; las investigaciones por cuenta propia, la búsqueda permanente y la negación gubernamental. En este contexto nos sumamos a la petición de llevar con carácter de urgente los casos de desaparición forzada ante la Asamblea General de ONU con el propósito de establecer medidas destinadas a apoyar al Estado Mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de estos crímenes de lesa humanidad de ayer y hoy.

  El Gobierno de México no tiene voluntad política para reconocer, atender y resolver los casos de desaparición como lo ejemplifica lo que pasa con la desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez y Armando, Amafer, Solón y Venustiano Guzmán Cruz, desaparecidos por el Ejército Mexicano y agentes de la Secretaría de Gobernación Federal, entre los años de 1974 y 1976, casos que se encuentran denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH y que están en espera de la publicación del Dictamen de Fondo, pero el Estado mexicano mantiene una táctica de dilación, simulación y encubrimiento institucional, solicitando constantemente prorrogas que buscan retrasar la justicia internacional.

  Finalmente, solicitamos a la CIDH, que no espere más y envié el caso de la familia Guzmán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos #CorteIDH , toda vez que la familia lleva 52 años esperando justicia y aún siguen resistiendo en contra la desmemoria y la impunidad. ¡Las desapariciones forzadas no se resuelven descalificando y negando la realidad! ¡memoria, verdad, justicia y memoria!

  Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

  Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México #COFADDEM “Alzando Voces”

  Familia Guzmán Cruz

• Glaciares de Sudamérica: menos protección, cambio climático y minería amenazan a los gigantes de hielo

  9 d’abril, per  Auri

  Los glaciares andinos están rodeados de amenazas. Los expertos que estudian estos ecosistemas no tienen resultados alentadores sobre la situación que atraviesan estos cuerpos de hielo que pueden garantizar el abastecimiento de agua para millones de personas. El calentamiento global y las actividades extractivas están afectando la vida de los glaciares provocando desbordes de lagunas glaciares, deslizamientos y avalanchas.

  Mongabay Latam entrevistó a expertos en glaciares de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. En Argentina, el gobierno de Javier Milei y su bancada legislativa promueven la modificación de la Ley de Glaciares, con el objetivo de habilitar inversiones mineras en zonas de ambiente periglaciar. Esa modificación ya fue aprobada en el Senado y todavía falta el aval de la Cámara de Diputados, que podría tratar el tema nuevamente esta semana.

  El oficialismo cuenta con una base de votos propios, a los que se sumarían diputados de otros bloques. Ese respaldo puede lograr la aprobación de las modificaciones, a pesar de que hubo audiencias públicas en esa instancia legislativa con el fin de frenar el proyecto oficialista.

  

  La iniciativa fue promovida por el gobierno de Milei en coordinación con gobernadores de provincias mineras como Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, con el objetivo de atraer inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estas regiones concentran gran parte del potencial minero del país, especialmente en cobre y litio, lo que refuerza el interés por modificar el marco regulatorio.

  Sebastián Crespo, doctor en Ciencias Aplicadas e investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), explicó a Mongabay Latam que los glaciares y el ambiente periglacial en Argentina se ubican en áreas preferenciales de acumulación nívea, constituyendo zonas donde se genera el agua que escurre por los ríos y donde se recargan las napas de agua subterránea.

  “Si bien su contribución es constante, en cuencas áridas con escasez estructural de agua su rol es vital: durante ciclos secos, en los Andes centrales, aportan más del 50 por ciento del caudal estival, compensando el déficit de precipitaciones frente a la demanda socioeconómica”, detalló Crespo.

  El experto añadió que la dependencia se puede agudizar bajo los escenarios de cambio climático y algunas extractivas, como la minería, lo que puede proyectar -dijo- una disminución del 30 % en las precipitaciones andinas. “Más allá de lo productivo, estos cuerpos de hielo sostienen ecosistemas de alta biodiversidad, como los humedales altoandinos. Por ello, cada cuerpo de hielo inventariado representa un recurso crítico, incluso aquellos con tasas de derretimiento reducidas o percolación [filtración] profunda constituyen una reserva estratégica”, dijo.

  Reservas de agua en riesgo, según expertos

  Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigador del Ianigla, detalló que en Argentina existe una reducción en las precipitaciones en ciertos períodos, lo que reduce los cuerpos de hielo, que son reservas de agua estratégicas. “Nosotros salimos a la cordillera [de los Andes] y vemos los glaciares, pero esa es una realidad que puede cambiar en 50 años. Nos estamos comiendo las reservas [de agua]”, lamentó.

  Rivera acotó que los fenómenos extremos también afectan a los glaciares argentinos. “En verano se manifiesta a partir de precipitaciones que generan deslizamientos de tierra, aludes. Después tenemos riesgos geoclimáticos, donde empiezan a interactuar los terremotos y otro tipo de fenómenos generando riesgos para la población”, afirmó.

  En Bolivia la situación es crítica. En ese país, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó en marzo de 2025 que los glaciares bolivianos “agonizan”, lo que afecta a varias comunidades. Esta entidad también advirtió que, si esta tendencia se mantiene, algunos glaciares desaparecerán “por completo” en 20 años.

  Esa percepción también la tiene Alejandra Tancara, Desarrolladora y Especialista Técnica de MapBiomas Bolivia, quien explicó a Mongabay Latam que, según datos de la organización que integra, existe una reducción constante de la superficie de los glaciares bolivianos a lo largo del tiempo. La experta dijo que los datos muestran que en los últimos 30 años el retroceso de los glaciares en ese país fue de un 32 %.

  

  Tancara detalló que estos datos indican que los glaciares están experimentando una reducción sostenida como consecuencia del cambio climático, comprometiendo la regulación natural de caudales y poniendo en riesgo la seguridad hídrica a largo plazo en el país.

  “La amenaza más importante sobre los glaciares es el calentamiento global. Los glaciares tropicales sufren el efecto del cambio climático y de los fenómenos naturales extremos como La Niña y El Niño, que intensifican la temperatura y las precipitaciones”, agregó la experta. “Se estima que en los próximos 30 años más de la mitad de los glaciares tropicales desaparezcan”, afirmó Tancara. La especialista también dijo que “los incendios y quemas que ocurren en la región amazónica y chiquitana representan una amenaza. El humo de incendios en tierras bajas puede ascender y ser transportado hacia los Andes ya que existe una conexión directa entre estos biomas”.

  Los glaciares en Bolivia corresponden al 20 por ciento de los glaciares tropicales de la región, siendo el segundo país con mayor cantidad después de Perú. Estos glaciares son especialmente relevantes debido a su marcada sensibilidad frente a la variabilidad climática y a su contribución local a los recursos hídricos de las cuencas altas. En las ciudades andinas, los glaciares cumplen un rol fundamental en la provisión de agua para el consumo de la población local. Asimismo, el agua de deshielo de los mismos es fuente para el riego de cultivos, la generación de energía y para la actividad minera.

  Así, el retroceso glaciar se manifiesta en todos los glaciares bolivianos. La cordillera Real muestra una reducción neta del 28 por ciento; la cordillera Apolobamba, del 39 por ciento; la cordillera Tres Cruces, del 35 por ciento; la Cordillera Norte, del 34 por ciento; y la Sur, del 53 por ciento.

  Minería en glaciares bolivianos

  Sobre la incursión de la minería en los glaciares bolivianos, Ana Lía Gonzáles, gerente del proyecto Vulnerabilidad Hídrica en la Amazonía de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), afirmó a Mongabay Latam que, en la cordillera Real, al norte de La Paz, específicamente en las nacientes del nevado Huayna Potosí, el agua de deshielo alimenta a lagunas y embalses de agua dulce. Sin embargo, -dijo- hace más de 30 años existe actividad minera, la cual dejaría pasivos ambientales.

  “La minería es nociva para la mantención de los ecosistemas de glaciares. Los posibles impactos asociados de la minería en estos ecosistemas se manifiestan desde la exploración, cuando se construyen caminos, muchos de ellos sobre glaciares y bofedales de altura, generando polvo, partículas y residuos que cubren la superficie de hielo glaciar reduciendo el albedo [capacidad de reflejar la radiación solar] y esto a la vez provoca el aumento del derretimiento glaciar”, afirmó Gonzáles.

  

  La experta añadió que en Bolivia no existe un marco jurídico para la protección de los glaciares y zonas periglaciares, donde hay glaciares de escombros o montaña, por lo cual no hay restricciones ni regulación directa que apoye su conservación. “Tampoco tenemos una estrategia para enfrentar el retroceso de glaciares, a pesar de la importancia y dependencia de éstos en el almacenamiento de agua de lluvia por congelamiento y luego la liberación de esta a través de los caudales de ríos”, dijo.

  Perú: una pérdida acelerada de glaciares

  En Perú, el estado de sus glaciares también es crítico. Debido al cambio climático, la cobertura glaciar en ese país disminuyó su superficie en un 56 por ciento desde 1962, según datos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM). También, MapBiomas Perú indica que el 40 % de la superficie glaciar se perdió en el periodo 1995-2024, equivalente a 62 000 hectáreas.

  “Los números varían dependiendo del periodo de análisis, pero al final se llega a la misma conclusión: la cobertura glaciar en Perú está disminuyendo y según los datos de Mapbiomas, cada vez disminuye más rápido”, afirmó a Mongabay Latam Joaquín Romualdo, técnico del Instituto del Bien Común, que impulsa la herramienta Mapbiomas en el país. “La década 2014-2024 fue la de mayor pérdida cobertura glaciar, en concordancia con el aumento de temperaturas que se registran en los últimos años en el país”, añadió.

  La disminución de la cobertura glaciar hizo que haya cordilleras glaciares que perdieron el 100 % de sus glaciares, sobre todo en la región sur de Perú, donde los nevados tienen menor altitud a comparación de los de la Cordillera Norte. Esta situación influye negativamente en muchos aspectos: el principal es la alteración del régimen hidrológico en las cabeceras de las cuencas. Muchas de las cuencas andinas -dijo Romualdo- tienen como principal aportante de agua a los glaciares en la época seca y la desaparición de los mismos compromete no solo la disponibilidad hídrica de las personas, sino que también impacta en la biodiversidad local.

  “La causa más importante que influye en el derretimiento de los glaciares es el aumento de la temperatura producto del cambio climático. Sin embargo, hay diferentes actividades que lo que hacen es aumentar el ritmo de desglaciación, como las actividades agrícolas, turísticas, industriales y también las actividades mineras”, afirmó Romualdo.

  Contaminación de glaciares

  En Perú, la actividad minera remueve grandes masas de tierra, desbrozando grandes áreas de almacenamiento de carbono y, de esta manera, liberando gases que favorecen al efecto invernadero, causando así la disminución de la superficie glaciar. Romualdo también sostiene que otro problema causado por la minería es la emisión de material particulado proveniente de las actividades de perforación y transporte de minerales.

  “Este material llega hasta los glaciares y lo que hace es oscurecer la nieve, disminuyendo el albedo del mismo y provocando que sean más susceptibles al derretimiento de la nieve”, dijo el especialista peruano.

  

  Ecuador sigue la tendencia de todos los glaciares andinos del continente. Los datos de la Colección 3 de MapBiomas Agua muestran que el país perdió 48.1 por ciento de la superficie de sus glaciares entre 1985 y 2024. En el mismo período, específicamente en 2023, se confirmó la pérdida total del glaciar del Volcán Carihuairazo.

  “Las primeras evaluaciones de la superficie de los glaciares en 2025 mostraron una ‘falsa recuperación’, debido a que, al contrario de lo que pasó en 2024, 2025 fue un año con precipitaciones considerables, lo que provocó una acumulación de nieve y nevadas en los flancos de los volcanes con glaciares”, afirmó a Mongabay Latam Juan Espinosa, especialista en Sensores Remotos y SIG de EcoCiencia.

  El especialista añadió que en Ecuador hasta el momento no se detectó la influencia o afectación directa de actividades mineras en los paisajes glaciares. “En cuanto a paisajes periglaciares, actualmente existen presiones de empresas mineras sobre ecosistemas de páramo y zonas de recarga hídrica, que potencialmente podrían generar conflictos socioambientales con la aprobación de las nuevas leyes para promover las actividades mineras en todo el territorio ecuatoriano”, afirmó Espinosa.

  Por su parte, Colombia, entre 1985 y 2023, perdió un 53.3 por ciento de sus glaciares, según informes de MapBiomas Colombia, con apoyo de la Fundación Gaia Amazonas.

  Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, afirmó que los datos recolectados “evidencian disminuciones importantes de coberturas naturales y un aumento en las actividades que generan su disminución”. Una de ellas, dijo, es la minería ilegal, que en Colombia creció en un 245.6 % entre 1985 y 2023.

  Los glaciares colombianos se concentran en seis zonas: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Huila, el Nevado del Tolima y el Nevado Santa Isabel. Este último es uno de los casos más críticos, según MapBiomas: para 2022, el Nevado Santa Isabel había perdido el 96 por ciento de su cobertura glaciar y ahora se encuentra al borde de desaparecer.

  Mientras, la Sierra Nevada del Cocuy, que se ubica entre las regiones de Boyacá y Arauca, conserva 12.8 kilómetros cuadrados de hielo. Aunque presenta una pérdida anual aproximada del 4.8 % desde 2017, este glaciar sigue siendo, por ahora, el más estable del conjunto colombiano.

  *Imagen principal: los glaciares Pucaranra y Palcaraju alimentan la laguna de Palcacocha, Perú. Foto: cortesía Alexander Luna/Germanwatch 

  Publicado originalmente en Mongabay