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La fiebre del carbono de los estados: más amenazas para las comunidades y el clima
2 d’abril, per Admin2Por todo el mundo los gobiernos se apresuran a lanzar un mercado internacional de créditos de carbono que se ajuste al Acuerdo de París de la ONU sobre el cambio climático. Los grandes contaminadores quieren evitar reducir sus emisiones. Los gobiernos del Sur Global esperan una nueva fuente de ingresos. Y los especuladores de la industria de la compensación de carbono necesitan una apariencia de «integridad» para sus proyectos plagados de escándalos. La estructura de este nuevo régimen se está construyendo a través de cada vez más acuerdos bilaterales, los cuales socavarán las soluciones reales a la crisis climática, aumentarán el acaparamiento de tierras y traerán más perjuicios para las comunidades.
El tan pregonado Acuerdo de París sobre el cambio climático, firmado en 2015, hoy parece más que nunca un simple papel mojado. Durante una década de vigencia no ha logrado frenar las emisiones de gases de efecto invernadero ni exigir la rendición de cuentas por parte de las grandes corporaciones. Actualmente, su signatario más importante, Estados Unidos, no solo se ha retirado del acuerdo, sino que su ejército—uno de los mayores contaminadores climáticos del mundo—está reduciendo a cenizas la cooperación internacional con total impunidad, bajo el mando de su actual comandante en jefe.
Sin embargo, hay un aspecto del pacto que ha tenido consecuencias importantes para las comunidades locales. El acuerdo respaldó la idea de los mercados de carbono. Esto permite a las corporaciones que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero comprar créditos de carbono para compensar sus emisiones en lugar de reducirlas directamente. Al hacerlo, el Acuerdo de París desencadenó una carrera por establecer proyectos—principalmente en el Sur Global—que puedan generar estos créditos y venderlos a corporaciones, ubicadas mayoritariamente en el Norte Global.
Las compensaciones de carbono son muy controversiales. La mayoría de los créditos emitidos hasta ahora se pueden considerar patrañas, en el sentido de que no se basan en una reducción real de las emisiones ni en la captura de carbono[1]. Sin embargo, sí han causado daños reales a nivel local. Comunidades enteras han sido desalojadas de sus bosques y pastizales, han perdido tierras de cultivo debido a las plantaciones de árboles y han sufrido graves violaciones a sus derechos, sin obtener prácticamente ningún beneficio[2].
Hasta la fecha, casi todos estos proyectos de compensación de carbono operan en lo que se conoce como mercados voluntarios. En estos mercados, las corporaciones que desean implementar proyectos dependen de unas pocas agencias privadas para certificar sus planes y establecer las normas y metodologías que deben seguir. Los créditos generados se venden posteriormente a corporaciones que desean compensar sus emisiones por motivos propios, no por ninguna obligación legal. Sin embargo, los precios que se pagan en estos mercados son muy bajos, dada la generalizada falta de confianza, por lo que resulta difícil que este sector pueda crecer y obtener beneficios.
Están dándose importantes esfuerzos para cambiar todo esto.
El infame Artículo 6
El Acuerdo de París no solo respaldó los mercados voluntarios de carbono para las corporaciones, sino que también sentó las bases para que los gobiernos comerciaran con créditos de carbono. El artículo 6 del acuerdo establece dos mecanismos mediante los cuales los Estados pueden adquirir créditos de carbono para compensar sus emisiones nacionales. El primero, el artículo 6.2, permite a los gobiernos desarrollar mecanismos bilaterales para el intercambio de créditos de carbono entre sí. El segundo, el artículo 6.4, establece un mecanismo centralizado, bajo la supervisión de la ONU, mediante el cual los gobiernos pueden comprar créditos a las corporaciones.
En la jerga de la ONU, estos se denominan mercados de cumplimiento o mercados regulados. Esto se debe a dos razones. La primera es que los proyectos deben estar registrados por el país de origen y la exportación de créditos debe contabilizarse para cumplir con las obligaciones nacionales de reducción de emisiones de dicho país. Por ejemplo, si Indonesia vende al gobierno de Japón créditos de carbono por valor de dos millones de toneladas procedentes de un proyecto de conservación forestal en su territorio, no puede contabilizar esas dos millones de toneladas como una reducción de sus propias emisiones. (Si lo hiciera, se produciría una doble contabilización).
La segunda razón es que las normas y metodologías que rigen estos mercados son establecidas por los propios gobiernos. Esto puede hacerse de forma bilateral, para los proyectos contemplados en el artículo 6.2; y también puede hacerse de forma multilateral, con la asistencia de un grupo de expertos designado por el gobierno, para los proyectos que se llevan a cabo en virtud del artículo 6.4.
Aunque los detalles aún están en negociación, muchos países están avanzando con sus planes nacionales de reducción de emisiones, que dependen del comercio de créditos de carbono. De hecho, casi todos los 129 países que han presentado planes nacionales en el marco del Acuerdo de París confían en utilizar créditos de carbono para alcanzar sus objetivos[3]. A finales de 2025, la Unión Europea tomó una decisión que la convertirá en el mayor comprador de créditos de carbono en virtud del artículo 6.[4]
Además de esto, existen varias iniciativas nuevas que no se rigen por el Acuerdo de París y que solo estarán abiertas a proyectos autorizados por este artículo. Estas incluyen el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, utilizado por las principales aerolíneas, y los planes de impuestos al carbono—como el de Singapur—que permiten a las corporaciones comprar créditos autorizados en por el Artículo 6 en lugar de pagar un impuesto.
Un frenesí de interés
El interés político en todo esto es fácil de comprender. Los grandes países contaminadores, principalmente del Norte Global, quieren comprar créditos de carbono a otros países como una alternativa barata y menos complicada (aunque sea engañosa) para reducir sus propias emisiones o establecer compensaciones en sus territorios. Los gobiernos del Sur Global, por otro lado, están interesados en obtener ganancias con la venta de créditos de carbono provenientes de proyectos que utilizan las ricas tierras, bosques y aguas de sus poblaciones.
Esto ha dado lugar a una oleada de nuevos marcos legislativos nacionales para los mercados de carbono, junto con la creación de organismos burocráticos encargados de su implementación. Para enero de 2026, 85 países habían implementado o estaban implementando mecanismos para la emisión de créditos basados en el Artículo 6[5]. Muchos de estos marcos nacionales se están diseñando e implementando con la participación activa del Banco Mundial y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (Global Green Growth Institute), con sede en Corea, así como con la asistencia bilateral de países como Noruega y Japón.
La Unión Europea (UE) es otro de los actores que impulsan a los países del Sur Global a establecer regímenes para el comercio de créditos de carbono. En el lanzamiento del registro nacional de carbono de Kenia en febrero de 2026, financiado por la UE y Alemania, la embajadora de la UE, Henriette Geiger, envió un mensaje contundente al gobierno keniano: «Kenia debería desarrollar los créditos de carbono como un producto de exportación de alta calidad. Estamos en el siglo XXI; no podemos depender únicamente de té, café o aguacate para obtener ingresos por exportaciones»[6].
La misma patraña de siempre
Resulta evidente, y no debería sorprender a nadie, que el nuevo mercado de carbono previsto en el artículo 6 no se diferenciará de los mercados voluntarios en lo que respecta a la integridad científica de los proyectos y los perjuicios para las comunidades.
A principios de 2025, el mecanismo de acreditación de carbono previsto en el artículo 6.4 entró en funcionamiento y aprobó un primer lote de proyectos. Si bien se afirma que sus normas y metodologías garantizan créditos de «alta integridad», el grupo de vigilancia Carbon Market Watch descubrió que solo uno de cada 26 créditos emitidos por los proyectos iniciales probablemente represente reducciones reales de las emisiones de carbono[7]. Las recientes propuestas para fortalecer las normas y metodologías se diluyeron tras una intensa presión por parte de las corporaciones[8].
Se han identificado problemas similares con los primeros proyectos bilaterales contemplados en el Artículo 6.2. En la COP30 celebrada en Brasil, los gobiernos rechazaron una propuesta para prohibir los créditos de los proyectos señalados como problemáticos, ya que habría implicado prohibir los créditos de todos los proyectos que actualmente operan bajo el Artículo 6.2[9].
Estos problemas no han impedido que los gobiernos avancen rápidamente en la creación de acuerdos bilaterales de comercio de créditos de carbono. Para febrero de 2026, ya habían 108 acuerdos bilaterales firmados bajo el Artículo 6.2, en los que participan 64 países. Los principales actores son Japón, Suiza, Corea y Singapur como compradores, y diversos países del Sur Global como vendedores[10].
En estos acuerdos bilaterales, los términos los establecen esencialmente los países compradores. Japón y Corea tienen sus propias normas que los proyectos deben cumplir y utilizan sus propias corporaciones para la verificación. Singapur y Suiza, por otro lado, seleccionan de entre las normas y metodologías para mercados voluntarios establecidos por corporaciones privadas, como Verra y Gold Standard, y recurren a estas mismas empresas para la verificación.
A principios de 2025, Singapur lanzó una licitación para proyectos de créditos de carbono en países con los que mantiene acuerdos bilaterales (actualmente cuenta con 28). Uno de los cuatro proyectos seleccionados es un proyecto de pastoreo de ganado en Paraguay, liderado por el grupo estadounidense Boomitra. Esta empresa está financiada por Chevron, una de las mayores petroleras estadounidenses, y Yara, el mayor productor mundial de fertilizantes, con sede en Noruega[11]. Boomitra obtuvo recientemente la autorización para utilizar un proceso de verificación de sus compensaciones de carbono basado exclusivamente en inteligencia artificial e imágenes satelitales[12]. Normalmente, este tipo de proyectos requieren análisis costosos y laboriosos de muestras de suelo, e incluso así existen serias dudas sobre su capacidad para compensar las emisiones.[13] Si bien las verificaciones de Boomitra basadas en inteligencia artificial y satélites son menos rigurosas, resultan mucho más económicas y pueden aplicarse a áreas mucho más extensas, lo que permite generar enormes cantidades de créditos de carbono a bajo costo.
Los proyectos que pueden generar grandes cantidades de créditos baratos satisfacen los intereses de compradores como Singapur. Esto explica en parte por qué Corea y Japón se están centrando ahora en proyectos de gran escala para reducir las emisiones de metano en el cultivo de arroz[14]. Sin embargo, estos proyectos pueden entrar en conflicto con los intereses de los gobiernos de los países anfitriones, que buscan maximizar los ingresos provenientes de los gravámenes sobre la exportación de créditos de alto precio, al tiempo que minimizan las emisiones que deben compensar en sus objetivos nacionales de reducción de emisiones. Cuando Singapur anunció el proyecto Boomitra, el gobierno paraguayo respondió de inmediato con una declaración pública en la que dejó claro que no había dado su consentimiento y que no permitiría la exportación de créditos de carbono a Singapur hasta que lo aprobara, lo cual aún no había ocurrido en marzo de 2026[15]. Es posible que también influyan consideraciones políticas. El gobierno paraguayo pretende utilizar su nuevo registro de carbono para la exportación de créditos provenientes de fincas de soja y plantaciones de eucalipto por parte de sus poderosos intereses agroindustriales[16].
En un caso reciente, el gobierno keniano se negó a autorizar un proyecto de estufas que contaba con el respaldo financiero y político del Banco Mundial. Los créditos para proyectos de estufas se han estado negociando a precios bajos debido a una serie de escándalos que han expuesto cómo exageran sus afirmaciones sobre la reducción de emisiones. La empresa en cuestión buscaba la autorización de Kenia para poder vender en un mercado de cumplimiento específico, donde esperaba obtener precios más altos por sus créditos. Sin embargo, el gobierno keniano se percató de que el proyecto consumiría todos los créditos disponibles para exportar bajo su nuevo marco climático nacional. Esto no dejaría margen para otros proyectos en los que el gobierno pudiera estar más interesado por razones financieras o políticas. Inmediatamente después de que Kenia anunciara su decisión, la empresa se declaró en bancarrota[17].
Se avecinan más acaparamientos de tierras
Los proyectos más destacados en estos nuevos mercados de carbono suelen denominarse proyectos basados en el suelo o en la naturaleza. Generalmente implican monocultivos de árboles a gran escala, la delimitación de zonas forestales para su conservación o la modificación de las prácticas tradicionales de agricultores o pastores. Estos proyectos resultan atractivos tanto para compradores como para vendedores, corporaciones y gobiernos; pero pueden generar graves problemas para las comunidades.
GRAIN constató que, entre 2016 y 2024, más de 9 millones de hectáreas de tierras en el Sur Global ya habían sido expropiadas para proyectos de monocultivos de árboles y otros cultivos destinados a la producción de créditos de carbono[18]. Esto ocurrió antes de que los créditos de carbono contemplados en el Artículo 6 comenzaran a implementarse de forma generalizada. La fiebre de acaparamientos de tierras comunitarias podría empeorar considerablemente.
Por ejemplo, la licitación de Singapur para 2025 se centró exclusivamente en proyectos basados en el suelo. Uno de los proyectos seleccionados, junto con el de Paraguay, fue un proyecto de siembra de árboles de 50 mil hectáreas en Ghana. Está liderado por una empresa propiedad del fondo soberano de Singapur, y el terreno se encuentra dentro del territorio del Consejo Tradicional Indígena Kwahu[19]. Parte del proyecto abarca una reserva forestal, mientras que 30 mil hectáreas corresponden a tierras comunitarias, donde la empresa afirma que firmará contratos confidenciales con cada una de las comunidades, comprometiéndolas a mantener plantaciones de árboles en sus tierras durante décadas[20].
Trafigura, comerciante de petróleo y una de las principales intermediarias en los mercados de carbono, ganó esa licitación de Singapur en 2025[21]. Ahora se ha asociado con una de las familias más ricas de Portugal en un proyecto de compensación de carbono que plantará árboles en diez mil hectáreas y delimitará otras 550 mil hectáreas de bosques en Malawi. Actualmente, las comunidades dependen de estos bosques para la producción de carbón vegetal. La intención declarada de Trafigura es vender créditos del proyecto bajo el Artículo 6, probablemente a Singapur y Suiza, dado que tienen acuerdos bilaterales con Malawi[22]. Trafigura, una de las principales corporaciones de comercio de carbono del mundo, cree que la demanda de créditos de carbono en virtud del Artículo 6 representará el 80% del mercado en un par de años, en comparación con el 20% actual[23].
¡Basta de mercados de carbono!
Estos nuevos mercados, contemplados en el Artículo 6, generarán mayor demanda y financiamiento para proyectos de compensación de carbono en un momento en que el sector atraviesa dificultades y aumentan las voces que reclaman abandonar este esquema. Un mayor número de créditos de carbono solo nos alejará de las reducciones reales de emisiones que se necesitan con urgencia. Por lo que hemos visto, este nuevo mercado de cumplimiento es potencialmente más peligroso para las comunidades que el mercado voluntario. Otorga a los gobiernos un interés financiero en los proyectos que autorizan, involucrándolos directamente en cualquier conflicto territorial entre los promotores de proyectos y las comunidades. Esto ya se está manifestando en Kenia, donde las comunidades indígenas denuncian que la policía las está desalojando violentamente de zonas forestales y de sabana para dar paso a proyectos que generan exportaciones de carbono[24].
Las comunidades, los grupos por la justicia climática y los movimientos sociales pueden resistir esta presión para regular el comercio internacional de créditos de carbono. Esto requerirá esfuerzos colectivos para mantener las compensaciones fuera de las regulaciones y marcos climáticos nacionales, incluidos los sistemas de impuestos al carbono y los mecanismos de ajuste fronterizo de carbono. También requiere que trabajemos juntos para detener los acuerdos bilaterales en virtud del Artículo 6.2 y encontrar maneras de desmantelar el Artículo 6.
Los mercados de carbono son una peligrosa distracción de las verdaderas soluciones climáticas que el mundo necesita urgentemente.
Foto: Grace Fu, Ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, estrechando la mano del Ministro de Medio Ambiente, Conservación y Cambio Climático de Papúa Nueva Guinea, Simo Kilepa, para sellar su primer Acuerdo de Implementación de Créditos de Carbono, un marco que permite a ambos países transferir créditos de carbono. Diciembre de 2023. LinkedIn Grace Fu
[1] Chris Lang, «El 84% de los créditos de carbono son patrañas», REDD-Monitor, diciembre de 2024: https://reddmonitor.substack.com/p/84-of-carbon-credits-are-junk
[2] Simon Counsell y Jutta Kill, “Negocio de carbono retorcido: Resumen”, septiembre de 2025: https://reddmonitor.substack.com/p/crooked-carbon-business-overview ; Patrick Greenfield, “Revelación: más del 90% de las compensaciones de carbono provenientes de bosques de el mayor certificador no valen nada, según muestra análisis”, The Guardian, enero de 2023: https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest- carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe
[3] Para obtener datos actualizados sobre los avances del Artículo 6, consulte PNUMA, Article 6 Pipeline: https://unepccc.org/article-6-pipeline/
[4] New Climate, «Cómo el artículo 6 podría socavar la ambición climática», marzo de 2026: https://newclimate.org/news/how-article-6-could-undermine-climate-ambition
[5] Según la Alianza para la Implementación del Artículo 6: https://a6partnership.org/a6-implementation-status/about
[6] Patrick Vidija , «Kenia apuesta por el registro de carbono para fortalecer la integridad y la participación en el mercado global», The Standard, febrero de 2026: https://www.standardmedia.co.ke/amp/environment-climate/article/2001541136/kenya-banks-on-carbon-registry-to-strengthen-integrity-global-market-parti
[7] Isa Mulder, «La primera oleada de créditos de carbono del Artículo 6 fracasa estrepitosamente», Carbon Market Watch, abril de 2025: https://carbonmarketwatch.org/2025/04/10/first-wave-of-article-6-carbon-credits-misfire-spectacularly/
[8] Isa Mulder, «El mercado de carbono de la ONU falla en lo que respecta a la permanencia», Carbon Market Watch, octubre de 2025 : https://carbonmarketwatch.org/2025/10/15/un-carbon-market-drops-the-ball-on-permanence/
[9] Gavin Mair, «COP30: Frustrados los intentos de diluir las normas inadecuadas del mercado del carbono», Carbon Market Watch, noviembre de 2025: https://carbonmarketwatch.org/2025/11/22/cop30-attempts-to-dilute-inadequate-carbon-market-rules-thwarted/
[10] PNUMA: https://unepccc.org/article-6-pipeline/
[11] Secretariado Nacional para el Cambio Climático de Singapur , «Singapur contratará créditos de carbono de alta calidad basados en la naturaleza procedentes de cuatro proyectos», septiembre de 2025: https://www.nccs.gov.sg/singapore-will-contract-high-quality-nature-based-carbon-credits-from-four-projects/
[12] Violet George, «Boomitra obtiene el registro de Verra para su primer proyecto de carbono del suelo en México», Carbon Herald, febrero de 2025: https://carbonherald.com/boomitra-secures-verra-registration-for-its-first-soil-carbon-project-in-mexico/
[13] El proyecto de Boomitra, al igual que otros proyectos de pastoreo en América Latina, solo captura carbono temporalmente y de forma limitada, sin tener en cuenta el aumento de las emisiones de metano provenientes del ganado (un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono). Véase: Maximiliano Manzoni, «Dudas regenerativas», Climate Tracker Latin America, 2025: https://climatetrackerlatam.org/reportajes-ct/guerra-del-metano-2-es/
[14] GRAIN, “Cultivo de arroz con alto contenido de carbono: una licencia para contaminar a expensas de los pequeños agricultores”, julio de 2023: https://grain.org/e/7009
[15] Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible Paraguay, «Comunicado», septiembre 2025: h ttps://www.facebook.com/mambientepy/posts/comunicadoel-ministerio-del-ambiente-y-desarrollo-sostenible-mades-a-trav%C3%A9s-de-l/1402913848544028/
[16] Maximiliano Manzoni, «Paraguay quiere vender créditos de carbono. Su ley podría ser un gol en contra», El Clip: https://www.elclip.org/paraguay-creditos-carbono-ley-cop-28/?lang=es; y Maximiliano Manzoni, “Paraguay vende como solución al clima la misma soja que intoxicó dos pueblos”, Consenso, noviembre de 2025: https://consen.so/p/exclusivo-paraguay-soja-clima-intoxicacion
[17] Chris Lang, «Los créditos de carbono de las estufas de cocina de KOKO Networks en Kenia eran «en gran medida humo», febrero de 2026: https://reddmonitor.substack.com/p/koko-networks-cookstove-carbon-credits
[18] GRAIN, «De acaparadores de tierras a “cowbows” del carbono: la nueva carrera para apropiarse tierras comunitarias», septiembre de 2024: https://grain.org/es/article/7192-de-acaparadores-de-tierra-a-cowboys-del-carbono-la-nueva-carrera-para-apropiarse-tierras-comunitarias
[19] Consulte el registro de Verra para obtener los documentos del proyecto: https://registry.verra.org/app/projectDetail/CCB/5432
[20] Comunicación personal con representantes de GenZero en el pabellón de Singapur en la COP30, noviembre de 2025.
[21] Natasha White, «Trafigura se posiciona para ‘enorme’ crecimiento en el mercado de créditos de CO2», Bloomberg, septiembre de 2025: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-30/traders-in-co2-credits-are-positioning-for-a-huge-growth-wave
[22] Chris Lang, «Malawi firmó un contrato por 40 años con la empresa de ingeniería portuguesa Mota-Engil para generar créditos de carbono a partir de 550 mil hectáreas de los bosques del país», febrero de 2026: https://reddmonitor.substack.com/p/malawi-has-signed-a-40-year-contract ; Ministerio de Comercio e Industria de Singapur, «Singapur y Malawi firman un memorando de entendimiento para colaborar en el Artículo 6 para acelerar la acción climática», noviembre de 2025: https://www.mti.gov.sg/newsroom/singapore-and-malawi-sign-memorandum-of-understanding-to-collaborate-on-article-6-to-accelerate-climate-action/
[23] Natasha White, «Trafigura se posiciona para ‘enorme’ crecimiento en el mercado de créditos de CO2», Bloomberg, septiembre de 2025: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-30/traders-in-co2-credits-are-positioning-for-a-huge-growth-wave
[24] Anthony Langat y Diana Takacsova , «El creciente mercado de carbono de Kenia supone un revés para los derechos territoriales indígenas», septiembre de 2025: https://pulitzercenter.org/stories/kenyas-growing-carbon-market-setback-indigenous-land-rights ; SOMO, «Carbono: la nueva frontera en la lucha por la tierra en Kenia», diciembre de 2025: https://www.somo.nl/carbon-the-new-frontier-in-the-scramble-for-land-in-kenya/
Publicado originalmente en Grain
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Violencias y fosas clandestinas: La verdad que emerge de las búsquedas independientes en Zacatecas
2 d’abril, per Admin2Jairo Antonio López / CES-El Colegio de México
El límite del campo: Textos sobre la idea de desaparición y similares (II)
En 2026, el Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF, de El Colegio de la Frontera Norte), junto al Centro de Investigación La Norma y la Imagen Contemporánea (CINIC, de la Universitat Jaume I), abren la sección “Frontera de ausentes” a explorar las fortalezas y límites de las disciplinas artísticas y los campos académicos, para tratar el tema de la desaparición y otros que atraviesan este fenómeno, con textos ensayísticos y de creación literaria.
El autor de este texto, un académico que ha acompañado a los colectivos de familias buscadoras a través de la iniciativa Sangre de mi Sangre Zacatecas, cuenta en primera persona lo que nos dicen las fosas localizadas por las familias y su entrelazamiento con violencias como homicidios, desapariciones y desplazamientos.
Introducción: Las desapariciones y Zacatecas
En marzo de 2025, un grupo de mujeres compuesto por madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas de Zacatecas, conformó el equipo de búsqueda forense independiente “Escarabajos”. Cansadas de lo que denominan simulaciones y malos tratos burocráticos, decidieron salir a buscar en el agreste paisaje del semidesierto zacatecano, pues según ellas por más que entregaban puntos clave a las autoridades, éstas diluían sus solicitudes o, simplemente, no realizaban adecuadamente las prospecciones (excavaciones de búsqueda de cuerpos, partes o alguna pieza indiciaria o probatoria del paradero de la persona desaparecida) en terreno. A pesar de los peligros, en menos de un año han localizado restos óseos de por lo menos 26 personas en fosas clandestinas ubicadas en los municipios de Jerez (Monte de los García y La Cañada), Fresnillo (El Tule y Cerro Colorado), Valparaíso (Santa Ana y Mimbres), Villanueva (Laguna Rosas), Villa de Cos, Mazapil (Cañón del Cobre) y Tepetongo (El Caquixtle).
Foto de Adolfo Vladimir Valtierra. Equipo Escarabajos, Zacatecas, 2025. Según el informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas en México, entre el 2023 y 2024 las fiscalías estatales reportaron la ubicación de 1.451 fosas clandestinas, la Fiscalía General de la República 94, mientras que un registro hemerográfico arrojó por lo menos 1.006 en este periodo [1]. En esta reflexión me detengo en uno de los principales hallazgos del equipo de búsqueda independiente en Zacatecas, una serie de fosas en las que localizaron restos óseos de por lo menos 11 personas, en la localidad de El Caquixtle en el municipio de Tepetongo, al sur del estado.
El 2 de octubre de 2025 fue el primer hallazgo y aunque “Escarabajos” anunció que los restos pertenecían a ocho personas, la Fiscalía General del Estado de Zacatecas afirmó que eran de seis [2]. Según los testimonios de las buscadoras participantes, los cuerpos hallados tenían claros signos de tortura; además, describen la escena como muy impactante porque varios de los restos se encontraban dispersos. En palabras de una de las integrantes del grupo, “fue una sensación terrible de pensar que donde estaba pisando, podía haber alguien y no saberlo. Imaginar el cómo llegaron ahí, cómo fueron torturados, cuánto tiempo estuvieron ahí y de más…” (Comunicación personal).
Foto de Diana Valdez. Búsqueda en la comunidad de El Caquixtle, Tepetongo, Zacatecas, 2025. Una vez resguardados los primeros hallazgos, las familias insistieron en continuar con la búsqueda en la zona, pero la respuesta de las autoridades fue decir que ya habían hecho las prospecciones necesarias y no había más indicios. Sin claudicar en su objetivo, el grupo regresó más de un mes después, el 28 y 29 de noviembre, esta vez acompañado del colectivo “Hasta Encontrarte” de Guanajuato. En estas jornadas localizaron nuevamente dos cuerpos en un predio cercano en la misma comunidad de El Caquixtle. El 17 de diciembre regresaron nuevamente a un punto en la zona, localizando una nueva osamenta. Estas escenas se repiten en todo el país: mujeres desenterrando cuerpos en fosas clandestinas, lugares y terrenos de inhumación irregular donde reiteradamente se encuentran cuerpos a pesar de que las autoridades han sido alertadas. La repetición del horror.
¿Qué nos dicen estas escenas de las geografías de la violencia en Zacatecas?
El corredor de los municipios de Jerez y Tepetongo (a menos de 80 kilómetros de la capital de Zacatecas) ha sido clave en las disputas criminales en el estado, dado que es zona de frontera con Jalisco y entrada a la Sierra Madre Occidental. Esta es una región dedicada a la agricultura y ganadería a pequeña escala, con intensas dinámicas de expulsión-migración internacional y un conjunto de comunidades rurales de poblaciones pequeñas (entre 500 y 2.500 habitantes) dispersas en un amplio espacio geográfico. En los últimos diez años, la zona ha sido escenario de múltiples violencias asociadas a las disputas de grupos vinculados con los denominados “Cartel de Sinaloa” y “Jalisco Nueva Generación”, las cuales tuvieron un periodo de intensificación entre el 2020 y 2024 [3].
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde el 2015 Zacatecas experimentó un aumento constante en los homicidios dolosos, siendo 2021 el año más crítico con un total de 1741. Como respuesta, el gobierno de David Monreal (2021-2027) implementó una estrategia de seguridad basada en la militarización del territorio, el Plan Zacatecas II de 2023, que implicó el aumento de presencia de Guardia Nacional y Ejército, y la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ). La FRIZ es un grupo militar especializado de respuesta aérea y terrestre que ha estado en el centro de polémicas públicas, como por ejemplo la represión a la marcha feministas del 2024 [4]. Desde la implementación de esta estrategia militar, la reducción de homicidios dolosos ha sido clara, aunque paradójicamente entre el 2022 y 2024 se dieron los registros más altos de desaparición de personas en el estado, alcanzando las tasas de desaparición por cien mil habitantes más altas de México [5]. Para el 10 de marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas indica que persisten 3.973 personas desaparecidas o no localizadas en Zacatecas.
Como parte de las disputas de los grupos delincuenciales en la zona, la región de Jerez y Tepetongo fue epicentro de episodios de desplazamiento forzado interno entre los años 2020 y 2024, en los que se reportaron más de 4000 personas que debieron huir de sus hogares por quedar en medio de los enfrentamientos de los grupos armados [6].
Como documentamos en su momento, los pobladores rurales debieron huir de las pequeñas localidades, y en muchos de sus relatos siempre aparecía la incidencia de violencias como la desaparición, la extorsión o la trata de personas en forma de reclutamiento forzado. Particularmente las desapariciones que se daban en medio de los episodios de desplazamiento forzado no eran denunciadas por temor, amenazas o desconfianza en las instituciones.
Entre los episodios violentos de este periodo que persisten en la memoria de la región, está la desaparición y posterior localización sin vida de cuatro jóvenes (3 mujeres y 1 hombre), vistos por última vez en Tepetongo el 25 de diciembre de 2023 y hallados el 17 de enero de 2024 en una fosa en la comunidad El Cuidado [7]. Justamente, tres de los cuerpos localizados por “Escarabajos” en las fosas de El Caquixtle corresponden a desapariciones reportadas en este periodo de intensificación de violencias. La primera es la de José Guadalupe Gallegos Aguilera, un chofer de 67 años originario de Colotlán, Jalisco, quien fue reportado como desaparecido en diciembre de 2022. El último rastro que se tuvo de él fue en la carretera que lleva al aeropuerto de Zacatecas, a donde se dirigía para recoger a un grupo de personas [8]. La segunda persona identificada fue Miguel Ángel Salas Contreras, de 31 años y quien había sido desaparecido en septiembre de 2023 en el municipio de Jerez [9]. La tercera, un hombre desaparecido en julio de 2023 cuya ficha de búsqueda pedía no difundir. Según lo que señalan las buscadoras, los hallazgos de El Caquixtle corresponden a “cuerpos de entre 3 y 4 años de haber sido abandonados” (Comunicación personal).
Estas personas pudieron ser identificadas por las fotos de las prendas que se encontraban en el lugar. Una sudadera gris y una bota de plástico de lluvia color blanco fueron los indicios suficientes que tuvieron que ver las familias en redes sociales para saber que sus seres queridos se encontraban en el lugar del hallazgo. Como documenta el reportaje “Las prendas hablan” en el marco del primer año del Rancho Izaguirre, la ropa y pertenencias son rastros que se vuelven fundamentales para la identificación. A pesar de esto, las autoridades persisten en eliminarlos o resguardarlos sin publicitarlos [10]. Aquí, una vez más, las búsquedas independientes superan la frontera burocrática a partir de lo que podemos denominar como un contraarchivo, contenido, por ejemplo, en las páginas de Facebook de los Colectivos que hacen búsquedas independientes donde se alojan fotos de las prendas y objetos, registro que no pueden hacer cuando las acciones son coordinadas por las instituciones estatales.
Las zonas de frontera dificultan más el trabajo de búsqueda y localización por parte de los colectivos, dado que el Estado mexicano aún está en deuda de implementar una política de coordinación y centralización para la identificación forense. Si bien tienen los perfiles genéticos de las personas cuyos restos fueron encontrados en El Caquixtle, no se han logrado cruces con familiares en los registros genéticos de Zacatecas, y el ocultamiento se refuerza con las trabas o ineficacias burocráticas. Los cuerpos fueron localizados, pero ahora quedan en una nueva etapa de la desaparición: en los laboratorios del Estado.
Lo que dicen las fosas de El Caquixtle, como tantas otras en el país, es que en las geografías de la violencia en México se imbrican la desaparición de personas con los homicidios, los desplazamientos, las masacres, la extorsión, la trata de personas. Violencias que se reforzaron entre el 2020 y 2024 en la región de Jerez y Tepetongo, y ante las cuales persiste la impunidad.
Conclusiones: El sentido comunicativo de las violencias y las fosas como vestigios
Como han planteado especialistas como Rossana Reguillo, Rita Segato, María Victoria Uribe o Elsa Blair, este tipo de violencias tiene un sentido comunicativo en cuanto se constituyen como mensajes de control y terror en medio de las disputas entre grupos delincuenciales. Las fosas no sólo representan un paisaje del horror, sino que son vestigios de cómo las violencias y la muerte se han instituido como una forma de regulación y orden violento en los territorios. Cuando le pregunto a una buscadora su impresión sobre la magnitud de lo localizado, responde: “es un espacio seguro para ellos [victimarios] porque son lugares solitarios, donde nadie más ingresa, donde tienen el control total con autoridades y Estado, porque entran permanentemente y hay movimiento evidente” (Comunicación personal). En voz de otra integrante del equipo:
“Lo que se ve es que agarraron personas en la carretera, o se llevaban a otros y los metían en el mismo lugar porque podían hacer lo que querían. Son lugares donde hay permanente violencia, porque las autoridades saben que ahí es donde se dan estos entierros” (Comunicación personal).
La última afirmación se refiere al daño que causa a los familiares el que las autoridades tengan constancia notoria de lugares donde entierran a desaparecidos y, por dolo o negligencia, no hagan nada para subsanarlo.
El acumulado y cruce de las violencias queda de manifiesto. Años después de la crisis que azotó a la región de Jerez y Tepetongo, al sur de Zacatecas y en la frontera con Jalisco, las familias buscadoras se resisten a la desmemoria. Cada búsqueda independiente deja en evidencia que hay lugares donde las autoridades no querían llegar. Cada localización es una muestra de que las lentas burocracias son también formas de mantener ocultos los cuerpos y perpetuar la ausencia forzada.
Aparece entonces la pregunta sobre cómo dar respuestas a violencias tan atroces y que dejan marcas profundas en las regiones afectadas. Hasta ahora, las instituciones del Estado han abordado la incidencia de la desaparición como un problema de casos individuales, aunque los contextos y las geografías de la violencia nos hablan de que estamos ante agravios colectivos, en territorios donde se han reproducido violencias crueles con marcas en quienes los habitan. Cuando las familias buscadoras se organizan y superponen el objetivo colectivo al individual, nos dan una pista. Por ello, la intervención en estas geografías debe pensarse desde la reparación colectiva.
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Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte (Unidad Matamoros, Tamaulipas, México), el CINIC (https://blogs.uji.es/cinic/?page_id=179), de la Universitat Jaume I (Castellón, España) y A dónde van los desaparecidos.
El Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF) es un proyecto académico y humanista de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como objetivo analizar la violencia criminal en esta región fronteriza, generar eventos y documentos de divulgación científica sobre el tema. El Centro de Investigación La Norma y la Imagen Contemporánea (CINIC) de la Universitat Jaume I es un espacio interdisciplinar dedicado al estudio sociológico, jurídico y de crítica cultural acerca de las relaciones entre las normas jurídicas, éticas y morales con las formas de representación visual contemporáneas.
Jairo Antonio López es profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Desde el año 2022 ha acompañado a colectivos de familias de personas desaparecidas en Zacatecas a través de la iniciativa Sangre de mi Sangre Zacatecas.
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF, del CINIC ni de A dónde van los desaparecidos.
Referencias:
[1] https://plataformaciudadanadefosas.org/diagnostico-forense
[4] https://animalpolitico.com/genero-y-diversidad/policias-zacatecas-golpean-detienen-mujeres-marcha-8m
[9] https://ntrzacatecas.com/2025/11/identifican-a-jose-entre-los-restos-de-fosas/
[10] https://adondevanlosdesaparecidos.org/2026/03/06/prendas-desechadas-otro-duelo-para-las-familias/
Foto de portada: cortesía Adolfo Vladimir Valtierra. Equipo Escarabajos, Zacatecas, 2025.
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
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Jaime Guzmán y su legado en la izquierda chilena
1 d’abril, per Admin2“Nos odian porque nos temen y nos temen porque nos saben irreductibles”
Jaime Guzmán
Este 1ro de abril se cumple un año más de la muerte de Jaime Guzmán. Leguleyo artífice de la constitución de 1980, en cuyo ordenamiento jurídico significaron las bases neoliberales impuestas por la dictadura en el territorio chileno. Algo bastante sabido dentro y fuera del país, tanto es así, que gran parte de la expresión generalizada de la revuelta decantó en demandas por la creación de una nueva carta magna para el país, lo que devino en un juego jurídico de anulación de las potencialidades de la revuelta. El mismo Jaime Guzman advertía: “La constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”. Dato de suma importancia que la izquierda democrática chilena sólo consideraba dentro de la constitucional no viendo en una perspectiva más amplia la trampa tendida por Jaime Guzman que podría significar todo lo que cubre la constitución y el proceso constitucional. Pero esta trampa de Jaime Guzman, no es la única en la cual la izquierda chilena ha caído, hay una mucho más profunda y subterránea de la cual la izquierda chilena en gran parte de su espectro ha tomado como forma organizativa: el gremialismo.
Para entender el gremialismo hay que entender en el contexto en el que surge: las aulas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) de mediados de la década de 1960. En un contexto de efervescencia política y la Reforma Universitaria, Jaime Guzmán lideró una reacción contra lo que consideraba la «politización extremista» y del marxismo en las universidades. Guzmán influenciado por la forma y la mística de Primo de Rivera (la importancia del gremio, el orden y el rechazo a la política partidista), en donde la autonomía y la despolitización de los cuerpos intermedios de la sociedad (sindicatos, centros de alumnos, colegios profesionales, juntas de vecinos, etc) —las organizaciones deben servir solo a su fin específico (un sindicato para temas laborales, un centro de alumnos para temas académicos), prohibiendo su uso como plataforma partidista, además de negar los conflictos de clases— frente al Estado y los partidos políticos —que»contaminan» y dividen las comunidades naturales— que deben abstenerse de intervenir donde la iniciativa privada o social pueda actuar. La idea es simple: las personas no viven solas, viven en comunidades reales que les dan sentido de identidad, protección y representación al desarrollo de sus vidas.
Aunque Guzmán influenciado por Primo de Rivera heredó de este último, el rechazo a la lucha de clases y la visión orgánica de la sociedad y un catolicismo extremo, Jaime Guzman realizó una maniobra intelectual audaz: vació al falangismo de su estatismo. Mientras el pensamiento de Primo de Rivera buscaba un Estado fuerte e integrador, Guzmán abrazó el libre mercado de la Escuela de Chicago. Así, el gremialismo pasó de ser una «mística» de orden a convertirse en el soporte técnico de un modelo económico donde el Estado es un actor mínimo y el mercado el principal asignador de recursos.
La trampa más sutil de Jaime Guzmán es que su visión de la organización social parece haber sido absorbida, por ósmosis, por gran parte del espectro político chileno, incluyendo a la izquierda y a los movimientos populares de las últimas décadas. Hemos visto cómo los movimientos sociales en Chile han operado bajo una lógica de «especificidad gremial». Las luchas se han compartimentado: el movimiento estudiantil por la educación, No+AFP por las pensiones, colectivos ambientales por el agua. Esta fragmentación, aunque movilizadora, responde involuntariamente al ideal guzmanista: grupos intermedios que luchan por sus propios fines específicos, a menudo desconectados de un proyecto político global o de una estructura de partido que los unifique.
Uno de los triunfos culturales del gremialismo es el desprecio generalizado hacia la política partidista dentro de los movimientos sociales. Consignas como: «sin banderas políticas«, muchos movimientos populares han replicado el ideal de Guzmán de «despolitizar» la base social. Al negar la relación que se podría dar entre la mediación de movimientos sociales y organizaciones políticas propias de las clases populares, estos movimientos a menudo quedan atrapados en una movilización reactiva que, al no tener una conducción política clara, termina siendo absorbida por la «cancha» institucional diseñada en 1980. Volviendo a la coyuntura de la revuelta de 2019, se observó esta misma paradoja: una explosión de comunidades locales y asambleas territoriales que reivindicaban su autonomía total frente al Estado y los partidos. Aunque el contenido era transformador, la forma seguía siendo la de un cuerpo intermedio celoso de su autonomía, desconfiado de la política centralizada y enfocado en la gestión de su propia realidad inmediata. Pero este rechazo partidario, también tiene su fundamento concreto en la trampa binominal de la constitución guzmanista: en definitiva, el gremialismo de los órganos intermedios se combina con el diseño de participación exclusiva de los partidos con participación parlamentaria, y por el diseño electoral y de quórum congresales, no solo se requiere ser partido sino que participar en bloques de alianza, lo que va haciendo una institucionalidad robusta en el sentido de tener una tremenda capacidad de conservación, y en este mecanismo ópera algo muy interesante porque la frontera de la participación parlamentaria ha ido construyendo que las fuerzas políticas nuevas deseen con la vida transformarse en partidos con representación parlamentaria. Y es un bucle inoperante: entre la autonomía gremial y el partidismo democrático parlamentarista.
El legado de Jaime Guzmán en la izquierda chilena no es ideológico, es metodológico. La izquierda democrática y los movimientos populares han caído en la trampa de adoptar la estructura organizativa gremialista —especializada, autónoma y antipartidista—, lo que a menudo les impide construir una hegemonía que trascienda la demanda puntual. Guzmán logró que, incluso para oponerse a su modelo, las clases populares del territorio chileno utilicen las herramientas y las formas de asociación que él mismo santificó. La «cancha» sigue estando trazada, y el desafío de los movimientos sociales actuales es reconocer que, mientras sigan operando solo como «gremios» de ciudadanos indignados, seguirán jugando bajo las reglas de quien diseñó su propio tablero.
Hay que entender también que esta crítica no viene a proponer un maximalismo de una radicalidad abstracta e idealista, sino más bien, con romper eso que Lenin llamaba la conciencia Tradeunionista o economista —la única forma de superar dialécticamente el orden actual de cosas es a través de una superación de las mismas luchas reales y concretas que se dan dentro del desarrollo de clases en esta sociedad-, para así saltar a una lucha política por el desarrollo de una sociedad libre, socialista y libertaria. Y gran parte para lograr salir de la trampa de Jaime Guzman es volver a poner en valor un proyecto político popular realizado desde abajo por los mismos de abajo, tomando en cuenta la experiencia, desarrollo y visiones futuras para aquello, como también, volver a poner en valor las organizaciones mismas que a lo largo de décadas de luchas y experiencias a ido desarrollando la clase popular. Un proyecto que sepa ir más allá y superar el marco democrático parlamentario impuesto por la constitución de Guzman, como también del mismo modo de producción en la cual está amparada. El futuro está abierto y nosotros somos quienes pueden tomarlo por asalto, una vez más.
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Un pasaporte para seguir jugando: Libro De qué nos van a perdonar inaugura la okupa cultural Un rumor se levanta en Cdmx
7 de febrer, per AuriFotos: Axel Hernández
De qué nos van a perdonar es un libro que suma el esfuerzo solidario de 60 artistas gráficos y escritores que donaron su trabajo para reflejar luchas de México y el mundo, como celebración del 30 aniversario del levantamiento zapatista en Chiapas. Con la edición de Desinformémonos y la financiación de la Fundación Rosa Luxemburgo, su presentación dio inicio a la larga jornada de okupa cultural en la Alameda de Bellas Artes, en la Ciudad de México.
Desde tempranas horas de la madrugada del sábado 7 de febrero de 2026, la avenida Juárez tomó un color particular, a la altura del antimonumento Palestina Libre: las carpas hicieron visible el rumor que llevaba días esparciéndose por redes sociales y comunitarias. Para las once de la mañana, ya se había consolidado ese espacio para la realizacion de la okupa cultural, que fue producto de un amplio tejido autogestivo para dar cuentas de todos esos abajos que se mueven en México y el mundo.
Desde las bocinas, Radio Rumor atestiguó lo que el evento defiende: “por la memoria colectiva, la justicia, la vivienda, la defensa del agua y los bienes comunes, por el respeto a la autodeterminación, la vida comunitaria, la autonomía, el derecho a vivir sin violencia, por que otro mundo es posible, dónde quepan muchos mundos” y desde el escenario, el moderador Jaime Quintana, llamó a las y los panelistas para dar inicio al evento.
“Nos tocó iniciar esta jornada de lucha, Un rumor se levanta, presentando el libro De qué nos van a perdonar, y es una frase importante la del rumor, porque deja estos puntos suspensivos que nos abren espacio a la interpretación. Esta es una realidad dónde cientos de voces se juntan con estudiantes, madres buscadoras, resistencias, músicos y artistas de todo tipo. Somos muchos, algo se está moviendo, nada es estático y todo lo que está gritando en México y en el mundo se presenta hoy en la Plaza Palestina libre”, expresó Quintana para dar paso a la voz de las panelistas.
Alternativas al mal vivir
Cristina Híjar fue la primera en tomar la palabra. Investigadora, maestra en comunicación, activista, defensora de derechos humanos, integrante del Colectivo Híjar, su texto en el libro retoma el peso que el levantamiento zapatista de 1994 tuvo para la sociedad y las manifestación artísticas que surgieron a partir de él.
“La pregunta que titula el libro es contundente y fue planteada por el subcomandante insurgente Marcos, que entonces era el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ante la oferta de amnistía del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Han pasado 32 años de ese momento, pero la pertinencia de la pregunta y sus respuestas, son dignas de conmemorarse, de forma activa y en lucha”, expresó Híjar.
Explicó que esta edición a 30 años del levantamiento, asume distintas consignas de luchas vivas, en particular, se nutre de esa planteada por los jornaleros de San Quintín que convoca a que ninguna lucha quede sola: “atestiguamos eso aquí, esa idea convoca esta reunión”, apuntó.
Destacó el trabajo de Desinformémonos como editor del libro, el cual -según contó su editora Gloria Muñoz Ramírez más adelante en su intervención- se hizo en apenas tres semanas: “hay que decirlo, fue hecho con una rapidez impresionante, sumando a más de 60 personas en su elaboración, grabadores, escritores, editores y fue un enorme placer ser parte de este equipo que logró esto, no por ser muy chingones, sino porque los zapatistas nos convocan de esa manera”, contó. Financiada por la Fundación Rosa Luxemburgo, el libro fue entregado de forma gratuita a las y los presentes que llegaron a primera hora al Rumor.
“Loz zapatistas dicen que no son ejemplo de nada pero sí lo son. Nos siguen convocando, son los hermanos y hermanas mayores de luchas y resistencias activas, que nos guían en la construcción de alternativas al mal vivir, a partir del poder hacer permanente, se constata en cada convocatoria de compartición que hacen, lo logrado, lo que están haciendo y lo pendiente, desde su reorganización política hasta el primer quirófano zapatistas”, expresó Híjar.
Explicó que las 30 obras gráficas funcionan en el libro como un “contrapeso necesario” de los treinta textos que denuncian agravios, agresiones y muerte. “Ojalá este libro fuera testimonio de lo logrado, pero lo urgente se impone”, valoró. Las gráficas funcionan según su análisis, como un elemento de esperanza, concretando con verosimilitud la proposición de una realidad otra, “una alternativa al desastre actual”
“Estamos aquí autoconvocados y movilizados a expresar nuestro repudio al mal vivir, nuestra voluntad de no dar un paso atrás por una vida digna para todos, en un mundo azotado por los fascismos y la violencia, okupemos, radicalicemos nuestra acción”, concluyó.
El arte como denuncia
La coordinación del trabajo gráfico estuvo a cargo de Antonio Valverde, quien estuvo presente en la presentación del libro. Luego supimos que fue su iniciativa, conformado una carpeta con los treinta grabados que luego se imprimieron, fue la génesis del libro.
“El arte es una cuestión política y de nosotros depende que trascidenda, como las 30 imágenes que forman parte de este libro”, explicó.
Su presentación estuvo dedicada a una fina lectura sobre la coyuntura política para los movimientos sociales de México en el contexto del advenimiento del progresismo en el Gobierno federal.
“La individualización de la lucha como estrategia gubernamental para acabar con la organización social, ha sido la táctica desde la llegada del Gobierno de izquierda”, sentenció. El contexto sazonado con el poder fáctico de las organizaciones paramilitares que se presentan públicamente como dedicadas al narcotráfico funciona, según su análisis compartido en el evento, “como una táctica de contrainsurgencia para desmovilizar a la población que intenta organizarse”
Los más de 137mil desparecidos, los pueblos y comunidades despojados de su historia y territorios, una política económica en beneficio de los más ricos y una política entreguista en lo exterior -en particular, en relación al genocidio en Palestina y al bloqueo energético a Cuba- perfilan el verdadero tenor de las políticas impuestas desde arriba. “Puedo seguir nombrando cosas y casos, pero este libro detalla 30 luchas que, a dos años de distancia, desearíamos que estuvieran resueltas, pero no es así, la situación se ha agravado”, señaló el artista.
Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, integrante de la Convención metropolitana de artistas y trabajadores de la cultura desde su fundación en 1995, y como parte del taller popular de comunicación gráfica donde trabajan en el proyecto “Así te recordamos Che”, Valverde fue una parte central del libro, al estar encargado de la coordinación de los grabados incluídos en el libro.
“No podemos estar cruzados de brazos como hacedores de imágenes, precisamos una y mil imágenes que denuncien desde el arte estas políticas, pero en este contexto que tendrá en México al Mundial de fútbol, a la FIFA lo que menos le importa es la gente que vive en la ciudad, en el país, sino lograr la mayor ganancia posible”, sentenció.
Una celebración de la lucha
El cierre de la presentación del libro De qué nos van a perdonar, estuvo a cargo de la periodista, editora y directora del portal de noticias Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, quien cuenta con una nutrida carrera que desde que le tocó cubrir el levantamiento del EZLN en 1994, que estuvo marcada por su compromiso con el movimiento.
“Desde que tuvimos la fortuna de llegar a Chiapas a cubrir el levantamiento y ser parte de lo que estaba paando en 1994 y presentarlo a los ojos del mundo entero, nos encontramos como miles de periodistas, con un movimiento inédito que nos confrontaba, al que llegamos muy ávidos pero muy ignorantes”, recordó Muñoz. Las imágenes que hallaron en esos pueblos lejanos y originarios, fueron de escuelas abandonadas, con techos semidestruidos, que llevaban años sin maestros y una escena que se grabó en su memoria: la de niñas pequeñas con sus faldas largas y su rebozo cargando a sus hermanitos a sus espaldas.
“Esa era su única tarea en el día, pero hoy, las mamás y abuelas de esas niñas están de pantalones cortos, jugando fútbol o basket, siendo autoridades de salud y educación, dónde la niñez es protagonista de esta historia que se sigue escribiendo, que no es una historia para recordar sino para actualizar”, contó.
El libro estuvo guiado por esta idea: que el zapatismo no se conjuga en pasado, ni en masculino ni en singular: “el zapatismo es presente, femenino y plural”, afirmó.
Para reforzar esta idea, Gloria Muñoez cerró la presentación del libro refiriendo a una escena que retomó en el texto de su autoría que introduce De qué nos van a perdonar: “Johana, una joven internacionalista brasilera llegó como tantos a conocer la lucha y ofrecer sus servicios, en qué podía colaborar. Se sumó en el apoyo a una escuela primaria del Municipio autónomo de la Realidad, y frente al desmadre que había en la clase, Johana alzó la voz, pero una niña la paró en seco: ´No me grites, ¿no ves que soy zapatista?´”
Gloria explicó cómo, esas palabras demostraron lo fuerte que se estaba encubando en esa niña pequeña, que usaba su pasaporte para seguir jugando. “Eso de seguir jugando, eso es ser zapatista”, concluyó.
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Pueblos mixtecos llaman a foro contra la minería
7 de febrer, per AuriCiudad de México | Desinformémonos. Pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa de la región Mixteca Oaxaqueña-Poblana convocaron al Foro Informativo “Por la autodeterminación de los pueblos: Territorios Libres de Minería”, que se realizará el 7 de marzo de 2026 en Chila de las Flores, Oaxaca, con el objetivo de informar, articular y fortalecer la defensa comunitaria frente al avance de proyectos extractivos impuestos sin el consentimiento de las comunidades.
Las comunidades denunciaron que la Mixteca ha sido históricamente tratada como zona de sacrificio, desde la explotación colonial del oro y la plata hasta las políticas extractivistas actuales. Señalaron que hoy esta lógica se expresa mediante concesiones mineras, extracción de material pétreo, sobrevuelo de avionetas y drones, proyectos presentados como “energías verdes” y la amenaza de explotación de litio y tierras raras, todos impulsados contra la voluntad de los pueblos y en violación de su autonomía y sistemas normativos internos.
Para los pueblos convocantes, el territorio no es una mercancía ni un espacio vacío, sino madre tierra, cuerpo colectivo y memoria viva. “En él se sostiene el agua, los cerros, los caminos, los rituales, la lengua, la historia, la milpa y la continuidad de la vida”, afirmaron, al advertir que el modelo extractivista avanza con la complicidad de los distintos niveles de gobierno y pone en riesgo la reproducción comunitaria.
El foro se plantea como un espacio de información crítica sobre los impactos de la minería, de fortalecimiento de la organización comunitaria y de impulso a procesos de asamblea y acuerdos colectivos para declarar Territorios Prohibidos para la Minería, como ejercicio legítimo de autodeterminación. La convocatoria llamó a pueblos, autoridades agrarias y municipales, organizaciones, juventudes y comunidades hermanas a caminar juntas y juntos este proceso, bajo la consigna: “El territorio no se vende, se ama y se defiende. La vida no se negocia”.
A continuación el comunicado completo:
CONVOCATORIA, Foro Informativo: Por la autodeterminación de los pueblos: Territorios Libres de Minería
Los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa, asentados históricamente en la región Mixteca Oaxaqueña-Poblana, territorio de alta riqueza biocultural, memoria ancestral y sistemas comunitarios vivos, convocamos a comunidades, autoridades agrarias y municipales, organizaciones sociales, colectivos, defensoras y defensores del territorio, juventudes y pueblos hermanos a participar en este foro informativo.
La región Mixteca ha sido, desde tiempos coloniales, un espacio estratégico para el saqueo de los bienes comunes. Desde el ciclo del oro y la plata iniciado en el siglo XVI, pasando por el despojo liberal del siglo XIX y profundizado en las últimas décadas con reformas estructurales y políticas extractivistas, nuestros territorios han sido concebidos como zonas de sacrificio al servicio de intereses externos. Hoy, esta lógica se expresa con fuerza a través de concesiones mineras, extracción de material pétreo, sobrevuelo de avionetas y drones, proyectos extractivistas disfrazados de “energías verdes” y la amenaza de explotación de litio y tierras raras.
En la Mixteca Oaxaqueña-Poblana, estos proyectos pretenden avanzan sin nuestro consentimiento y en contra de la voluntad de los pueblos, vulnerando la autonomía comunitaria, los sistemas normativos internos y el derecho histórico de los pueblos originarios a decidir sobre su territorio.
Para los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa, el territorio no es un espacio vacío ni una mercancía.
Es madre tierra, es cuerpo colectivo, es memoria viva. En él se sostiene el agua, los cerros, los caminos, los rituales, la lengua, la historia, la milpa y la continuidad de la vida.
Ante el avance del modelo extractivista y la complicidad de los distintos niveles de gobierno, este foro se convoca como un espacio de información, reflexión colectiva, articulación regional y acción política, con el objetivo de:
• Compartir información crítica y contextualizada sobre los impactos de la minería y otros proyectos extractivos en la región.
• Fortalecer la organización comunitaria y la solidaridad entre pueblos como principal herramienta de defensa territorial.
• Impulsar procesos de asamblea, acuerdos comunitarios y declaratorias formales de Territorio Prohibido para la Minería, como ejercicio legítimo de autodeterminación.
Convocamos a caminar juntas y juntos este proceso, convencidas y convencidos de que un pueblo informado se organiza, se une y se defiende, y de que la autonomía es la base para enfrentar el despojo.
Lugar: Chila de las Flores, Mixteca, Oaxaca.
Fecha: 07 de marzo de 2026
Hora: 10 de la mañana.
El territorio no se vende, se ama y se defiende.
La vida no se negocia.
Por la autodeterminación de los pueblos.
Territorios Libres de Minería.
COMUNIDAD DE CHILA DE LAS FLORES, MOVIMIENTO AGRARIO INDÍGENA ZAPATISTA-MAIZ,
FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO-FPR, SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA A.C.
EDUCA, CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI), FRENTE NO A LA MINERÍA POR UN FUTURO DE TODAS Y TODOS, UNIDAD ANTICAPITALISTA DE LOS PUEBLOS ORGANIZADOS-UNAPO, FORO PERMANENTE EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PROPIEDAD SOCIAL, UNIÓN DE PUEBLOS CHOCHOLTECOS Y MIXTECOS, FRENTE AMPLIO DE LIBERACIÓN POPULAR-FALP DC,, CONSEJO DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PROLETARIAS-CCCP, RED POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO, GLEFAS, CDH TEPEYAC DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC A.C., ACORDAMOS VIVIR MEDIO EDITORIAL, GRUPO LATINOAMERICANO DE ESTUDIO, FORMACIÓN Y ACCIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO, ECOS DE LA SAL, LABORATORIO POPULAR DE MEDIOS LIBRES, OLLIN QUETZA A.C., DESPLAZADAS SAN JUAN COPALA, RED MEXICANA DE ACCIÓN FRENTE AL LIBRE COMERCIO, GRUPO DE TRABAJO “FRONTERAS, REGIONALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN” DE CLACSO, UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA NORTE DEL ISTMO-UCIZONI, COLECTIVO HUITZIL URBANO, GEOGRAFÍAS COMUNITARIAS, COLECTIVO INDÍGENAS 3D, SIEMPRE COMPOSTA
