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Desinformémonos

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  • Falta pan, agua y medicamentos en Gaza, donde Israel ha matado a 750 personas desde el alto el fuego

    14 d’abril, per  Admin2

    Pasados seis meses del alto el fuego en Gaza, la supervivencia en el territorio palestino sigue siendo difícil. En los 185 días transcurridos se han registrado 750 muertes, según el Gobierno palestino de la Franja, “persisten los desplazamientos masivos y la grave escasez, y las importantes restricciones siguen bloqueando y dificultando la entrega de ayuda”, comunican en su informe semanal. Este lunes, 13 de abril, se ha informado de un ataque aéreos israelí en Deir el-Balah, en el centro de Gaza, que ha causado al menos tres víctimas mortales.

    La situación en el día a día está marcada por las represalias tomadas por Israel contra el pueblo palestino, que se traducen en la escasez de alimentos básicos y agua. Un artículo publicado por Mondoweiss desde Gaza relata cómo falta la leche de fórmula, necesaria para los bebés. “Hay una grave escasez de leche de fórmula infantil y de los suministros necesarios para tratar a los niños que sufren desnutrición”, ha denunciado el jefe del departamento de pediatría del Hospital Nasser, quien refiere que de cada cien niños que entran cada día en el departamento de nutirición, 30 sufren desnutrición grave y 20 desnutrición moderada. De las 460 muertes por inanición que han tenido lugar desde el 7 de octubre de 2023, 106 han sido de niños y niñas.

    El informe del Gobierno de la Franja ha señalado que el 94% de los hospitales en Gaza han sido destruidos, con lo cual ninguno de los 36 hospitales del territorio está operando a toda su capacidad. Solo 18 hospitales funcionan de manera parcial y, entre los centros de atención primaria, solo un 1,5% tienen la capacidad completa y la mayoría solo operan a la mitad de su capacidad.

    La falta de medicamentos es también grave, señala el mismo informe. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de que no hay stock de suministros para atender quemaduras graves. El 7 de abril, esta organización publicó una denuncia sobre las consecuencias de la escasez de suministros. “Casi la mitad de nuestros medicamentos esenciales para enfermedades crónicas se encuentran en niveles críticamente bajos, incluidos los fármacos para la diabetes, la hipertensión, la glándula tiroides y el asma y otras enfermedades respiratorias”, señalaba MSF.

    En el caso de las mujeres, la situación es especialmente grave, casi un tercio de los embarazos —según el Ministerio de Asuntos de la Mujer, hay 60.000 mujeres embarazadas y se producen 180 partos al día— se clasifican como embarazos de alto riesgo, mientras que el 27% se resuelven mediante cesárea. Se han registrado más de 12.000 abortos espontáneos entre mujeres embarazadas en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

    Las panaderías de la Franja “han advertido de una caída del 50% en la producción de pan después de que los residentes de los campamentos de desplazados en la zona de Mawasi, en Khan Younis, protestaran la semana pasada por los recortes en el suministro de agua por parte de organizaciones internacionales”.

    Además, el Gobierno de Gaza ha denunciado la situación crítica derivada de la falta de agua. Israel, aseguran, ha llevado a cabo la destrucción de infraestructura hídrica crítica en las últimas semanas. Los problemas derivan no solo del acceso al agua de boca, sino a la proliferación de enfermedades transmitidas por el agua y de la falta de higiene que produce la escasez. 

    El alcalde de Khan Younis declaró que la Franja de Gaza ha sido testigo de una “destrucción generalizada” de las redes de agua, “con más de 20 kilómetros de tuberías y redes de distribución atacadas y destruidas, lo que ha provocado una disminución significativa en la producción de agua”, informa Mondoweiss. La destrucción de esas redes implica que el acceso per cápita al agua está siendo de 15 litros diarios, cuando, antes del inicio del genocidio, el volumen llegaba a 80 litros por cabeza.

    La flotilla surca los mares

    El domingo salió desde Barcelona una nueva Flotilla Global Sumud con destino a las costas de Gaza. Se trata de intentar romper el bloqueo marítimo israelí, impuesto desde 2007 sobre la Franja. Coincidiendo con la partida de la flotilla, los organizadore anunciaron el lanzamiento de We Rise, una campaña internacional sincronizada diseñada para “intensificar la presión política, económica y social mediante movilizaciones terrestres coordinadas a medida que avanza la flota”.

    La campaña incluye el cierre de puertos para bloquear las cadenas de suministro de armas, intervenciones artísticas y culturales en plazas públicas, y diversas llamadas al boicot y las desinversiones. Además, los organizadores han explicado que habrá dos convoyes terrestres que buscan fomentar la solidaridad en el norte de África y Asia, y romper el bloqueo ilegal de Israel por tierra.

    Desde el 7 de octubre de 2023 y hasta la fecha ningún barco de la Flotilla ha conseguido alcanzar las costas de Gaza. En 2025, la primera Flotilla Global Sumud fue interceptada por las Fuerzas Armadas de Israel; algunas de las personas detenidas entonces denunciaron las torturas y los malos tratos recibidos mientras duró su secuestro ilegal.

    Este material se comparte con autorización de El Salto

  • La ineludible necesidad de que todos los involucrados en las acciones de investigación y búsqueda de los desaparecidos asuman su corresponsabilidad en esa tarea

    14 d’abril, per  Admin2

    La solicitud del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada formulada al Secretario General de las Naciones Unidas, para “que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”, ha desatado una polémica entre el gobierno de la República encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, organismos públicos de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos (ONG), Colectivos de familiares víctimas de desaparición forzada, actores políticos y una pléyade de comentaristas, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, abogados que realizan acompañamiento a víctimas de desaparición forzada, etcétera.

    Dentro de toda esta disputa jurídica y política (aunque muchos se afanan en negarlo) hay algunos hechos que son irrefutables.

    El primero es la obligación del Estado de investigar, prevenir y sancionar el delito de desaparición forzada de personas (DFP), cometido por agentes del Estado, o con la aquiescencia de las autoridades, así como la desaparición cometida por particulares. El deber de las autoridades es un mandato constitucional y convencional que no puede ser eludido bajo ninguna circunstancia.

    El segundo es que la DPF es de larga data y fue en aumento a partir de las décadas de los años sesentas, setentas y ochentas del siglo veinte. Esa práctica fue encabezada esencialmente por el Estado (gobernado por regímenes priistas) para perseguir a los opositores políticos de izquierda, organizaciones sociales y grupos armados. No debemos olvidar que en esas décadas fue cuando tuvo lugar la denominada Guerra Sucia.

    El tercer hecho irrefutable es que a partir de la primera década de siglo veintiuno, la DFP tuvo como principales perpetradores a elementos de seguridad pública municipal, estatal, federal y miembros de las fuerzas armadas quienes en diversas ocasiones actuaron conjuntamente o fueron aquiescentes con miembros de la delincuencia organizada y/o grupos paramilitares. Finalmente, también existe un porcentaje en el cual la desaparición forzada fue cometida por particulares sin contar con la aquiescencia de la autoridad, pero es claro, que esta última conducta pudo ser evitada si el Estado hubiera cumplido con su obligación constitucional de garantizar la seguridad pública.

    Las últimas desapariciones forzadas de personas por razones políticas pueden ser imputadas al Estado. Durante el gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa (PAN), el 25 de mayo de 2007 fueron desaparecidos en la Ciudad de Oaxaca los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los cuales posteriormente fueron reivindicados como militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En este caso, la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la participación de policías municipales, estatales y miembros del Ejército. Sobre el instituto armado señaló: “…sino de la responsabilidad institucional, como parte del Estado, teniendo en cuenta que existen indicios de la participación de elementos militares en la detención de ambos quejosos; momento a partir del cual se desconoce su paradero.” La desaparición forzada con mayor repudio nacional e internacional, acaeció bajo el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto (PRI) y tuvo como víctimas directas a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

    El crecimiento exponencial del delito de DFP demostró la falta de conocimiento, capacidad y muchas veces también voluntad del Estado para investigar los hechos. La visibilización del fenómeno y la exigencia de las familias de las víctimas obligó a las autoridades a implementar políticas públicas que incluyeron la tipificación del delito, la creación de fiscalías especiales, la expedición de leyes, la creación de comisiones de búsqueda (nacional y estatales) etcétera.

    En resumen, más allá de la retórica oficial es innegable que recae en el Estado la responsabilidad de investigar y sancionar el delito de DFP y que la falta de resultados solo puede ser atribuida a las autoridades.

    Sin embargo, en el debate actual ha estado ausente una cuestión que no es menor; desde el momento en que los Colectivos de víctimas, las víctimas de manera individual, las ONG de derechos humanos y los litigantes decidimos ser parte activa de la investigación del delito de DFP (coadyuvancia jurídica realizada a través de asesores jurídicos y labores de búsqueda) asumimos una corresponsabilidad atenuada.

    La menor gradación de la responsabilidad que recae en las ONG, Colectivos de víctimas y abogados, deriva del imperativo y primigenio deber de la autoridad ministerial de investigar y perseguir el delito de DFP y de la autoridad judicial de castigar a los perpetradores del ilícito. En otras palabras, es al Estado el que tiene la obligación de investigar; la coadyuvancia o representación legal que asumen las organizaciones y abogados es relativa y/o atenuada, en tanto que en éstos no tienen la obligación de investigar o aportar los datos y/o elementos de prueba para acreditar el delito y la responsabilidad del perpetrador.

    Es un hecho público y notorio que, a partir de la primera década del siglo veintiuno, varias ONG de derechos humanos que dedicaron buena parte de su trabajo al acompañamiento de víctimas del delito de DFP comenzaron a recibir recursos privados de organizaciones internacionales y en menor medida recursos públicos, para desarrollar su labor de acompañamiento, asesoría jurídica, documentación de casos, elaboración de informes, etcétera. También, es conocido que algunos colectivos de familiares de víctimas de DFP tuvieron acceso a los financiamientos. Igual, es del dominio público, al menos en el ámbito de las organizaciones de derechos humanos, que durante el tiempo que tuvieron acceso al financiamiento, el monto de los recursos ascendió a varios millones de dólares y/o euros. No está por demás señalar que la opacidad sobre el ejercicio de esos recursos y los objetivos alcanzados ha constituido una regla general, bajo la justificación de que sólo los entes donantes tienen el derecho de conocer en qué fueron invertidos los recursos.

    Más allá del origen del financiamiento, es claro que desde el momento en que los donatarios reciben fondos para realizar una actividad de interés público, éstos tienen el deber ético de informar a la sociedad, la forma en cómo fueron ejercidos los recursos económicos y también cómo incidieron de manera eficaz en la lucha por el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad que históricamente han reclamado las víctimas del delito de DFP. No se puede evadir la corresponsabilidad bajo el argumento (cierto) de que es el Estado quien no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones, si las organizaciones de la sociedad civil y los abogados, asumimos una responsabilidad legal ante el ministerio público y/o el juzgador, no solo debemos cumplirla, también estamos obligados a que nuestro trabajo sea objeto de escrutinio por tratarse de un tema de interés público.

    Así como de manera legítima señalamos las falencias de las autoridades, es importante que a partir de un ejercicio autocrítico, aceptemos que el acompañamiento a las víctimas no ha resultado del todo eficaz, subrayando las razones que han derivado en la falta de efectividad; en acciones irracionales consistentes en encargar a un sinfín de abogados -con o sin experiencia- la revisión de la misma averiguación previa y/o carpeta de investigación -que puede tener más de 10 años en manos de la ONG o Colectivo- sin más trascendencia que rendir una opinión muchas veces errónea, y sin ningún compromiso de asumir legalmente la coadyuvancia ya que cándidamente algunas organizaciones han considerado que a partir de la interlocución con los titulares de las fiscalías estatales, los agentes del ministerio público van a realizar sus actividades de investigación del delito. Reconocer que varias ONG y/o colectivos hasta hace poco más de cinco años, desdeñaron el juicio de amparo indirecto como medio jurídico para que las Fiscalías y la Comisiones de búsqueda realizaran su trabajo; admitir que algunos dirigentes de los colectivos han asumido posturas caudillistas y políticas, alineando su discurso a los intereses del PAN y del PRI, obviando que los gobiernos encabezados por dichos partidos tienen una enorme responsabilidad en la DFP.

    Es probable que mi opinión incomode a más de una ONG y/o colectivo, sin embargo, es necesario que este tema también sea ventilado. Todos los que hemos estado inmersos en casos de DFP desde el momento en que pública o privadamente asumimos el compromiso de representar a las víctimas, también adquirimos una corresponsabilidad. No es ético, aún y cuando en las autoridades recaiga la responsabilidad de investigar, prevenir y sancionar la DFP, culparlas solo a ellas por su falta de inacción. Todos los que hemos percibido un salario u honorarios por nuestro trabajo estamos obligados a justificar ante la sociedad que la actividad que hemos desarrollado ha redundado en beneficio de las víctimas.

    No podemos escudarnos en la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado para evadir nuestra corresponsabilidad aun y cuando esta sea atenuada.

    Comportamiento judicial

    ¡¡¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!!! Inimaginable, que en otros tiempos esta consigna fuera expresada en el recinto donde sesiona el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y más insólito que esa aclamación se haya realizado en el contexto de una reunión informal entre los ministros Lenia Batres Guadarrama, Hugo Aguilar Ortiz y Giovanni Azael Figueroa Mejía con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra al término de la sesión celebrada el pasado ocho de abril.

    Es claro que varios integrantes de la nueva SCJN con sus acciones han desacralizado la arcaica idea -vigente en varios países- que identifica a la Corte Suprema como un lugar sagrado, imparcial e independiente. La empatía mostrada por los ministros Lenia Batres Guadarrama, Hugo Aguilar Ortiz y Giovanni Azael Figueroa Mejía debe permear en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, donde la reforma constitucional no ha logrado desterrar el elitismo y la arrogancia judicial, encubierta bajo el discurso de “la imparcialidad y la independencia judicial”.

    Los usuarios del sistema de impartición de justicia y los ciudadanos deben ser críticos y señalar sin ambigüedades la falta de conocimiento jurídico y falencias de varias ministras y ministros; incluso las posturas netamente conservadoras y regresivas en materia de derechos humanos que algunos han asumido en las sesiones públicas; pero también, deben reconocer el valor de los nuevos precedentes judiciales y la forma en que algunos ministros interactúan con la sociedad.

  • Personas con discapacidad denuncian barreras de movilidad e infraestructura en consulta sobre sistema de cuidados en CDMX

    11 d’abril, per  Auri

    Ciudad de México | Desinformémonos. Personas con discapacidad denunciaron las múltiples barreras que enfrentan cotidianamente en la Ciudad de México durante el inicio de la etapa deliberativa de la consulta sobre el sistema de cuidados, realizada por el Congreso capitalino con la participación de organizaciones de grupos de atención prioritaria.

    En el primer encuentro, al que asistieron alrededor de 70 personas, se expusieron las dificultades estructurales en materia de movilidad y accesibilidad, así como las deficiencias en la infraestructura urbana que limitan su autonomía y ejercicio de derechos. También señalaron la falta de atención adecuada a las neurodivergencias y la persistente discriminación en los ámbitos educativo y laboral.

    Las y los participantes enfatizaron que estas condiciones reflejan una exclusión sistemática que no ha sido atendida de manera integral por las políticas públicas, por lo que exigieron que sus planteamientos sean considerados en la construcción del sistema de cuidados y no queden solo como insumos consultivos.

    Por su parte, legisladores indicaron que la ley buscará sentar bases para avanzar progresivamente en la garantía de este derecho, con la previsión de ampliar el presupuesto y desarrollar el sistema en el largo plazo, mientras continúan las mesas de diálogo y el proceso rumbo a la etapa consultiva.

  • Liderazgos sociales asesinados en 2026 llega a 37 personas en Colombia

    11 d’abril, per  Auri

    Indepaz confirmó que, con el asesinato del líder social e indígena Reinaldo Campos, la cifra de liderazgos sociales asesinados en 2026 asciende a 37. A esto se suman las constantes masacres y el asesinato de firmantes de paz.

    Reinaldo Campos era un reconocido líder social e indígena, gobernador del Resguardo Indígena Macarieros. Además, ejercía como enlace del Mecanismo Especial de Consulta (MEC), donde trabajaba en programas PDET.
    Campos también fue presidente de la Asociación Nacional de Cabildos y Capitanías de Arauca (ASOCATA) y recuerdan por su labor como defensor del territorio en Tame.

    Las primeras informaciones señalan que hombres armados interceptaron al líder indígena en la vía Tame–Puerto Rondón, en Arauca, donde lo retuvieron y se lo llevaron.

    Pocas horas después, la comunidad halló el cuerpo sin vida de Campos en el caserío El Mordisco, en la vía que conecta Tame con Fortul.

    El pasado 1 de abril, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció que en el primer trimestre de 2026, en la región ocurrieron 16 muertes violentas, entre ellas tres líderes sociales, dos mujeres, 14 hombres. Nueve de estos crímenes sucedieron en el municipio de Tame, dos en Arauca y Fortul y un caso en Saravena, otro en Arauquita y uno más en Puerto Rondón; todo en el departamento de Arauca.

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    El Ministerio del Interior lamentó el crimen sobre el que dijo: «El asesinato de Reinaldo Campos, además de constituir un crimen atroz, es un daño irreparable para su comunidad, el pueblo Makaguán, quienes desde el 2010 cuentan con medidas especiales de protección ordenadas por la Corte Constitucional debido al inminente riesgo de extinción física y cultural por el conflicto armado».

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    Disputa de grupos armados

    En estos municipios de Arauca operan la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias del Frente 10 y Frente 28 del Comando Conjunto de Oriente, bandas locales y la Octava División del Ejército colombiano.

    Desde hace años, existe una disputa militar en la región entre el ELN y el Ejército, así como entre las disidencias y el grupo insurgente. Varios habitantes del territorio afirman que, en algunos casos, los militares y las disidencias tendrían una alianza para enfrentar a un enemigo común.

    A esto se suma la represión armada de las disidencias contra la población de Arauca. El asesinato de liderazgos sociales y los ataques armados contra organizaciones y comunidades constituyen la respuesta de estos grupos ilegales contra las personas que habitan el territorio.

    Alertas de la Defensoría

    En 2025, la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas. En ellas denuncia que, en el municipio de Tame, los grupos armados imponen normas y otras formas de gobernanza ilegal. Esto representa un riesgo permanente de violación de los derechos de la población. También advirtió que existe un escenario de riesgo extremo para la población civil.

    En la alerta, la Defensoría advirtió sobre la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las graves afectaciones contra líderes sociales, comunidades indígenas y población rural.

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    Cifras que alarman

    Indepaz recordó que, con Reinaldo Campos, suman 37 los liderazgos y defensores de derechos humanos asesinados en 2026. Esta misma organización no gubernamental informó que, desde la firma de los acuerdos de paz, hace 10 años en Colombia, han asesinado a 1925 líderes y lideresas sociales.

    Igualmente, la organización también señala que, hasta la fecha, han asesinado a 480 personas que firmaron los acuerdos de paz tras desmovilizarse de las extintas FARC.

    Del mismo modo, indica que desde 2016 ocurrieron 729 masacres en Colombia, en las que murieron 2657 personas. En lo que va de 2026, han muerto 133 personas en 34 masacres. La misma ONG explica que, desde 2017, el conflicto ha desplazado a más de 355 mil personas en el país.

    El líder campesino Josue Castellanos fue asesinado por las disidencias en 2024, despues de ser estigmatizado por Diana Saray, periodista de Caracol Radio.

    Crisis humanitaria en el Catatumbo

    Mientras tanto, se mantiene la grave crisis humanitaria en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
    A los enfrentamientos armados y los ataques de las disidencias contra la población se suma la denuncia de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, que alertó sobre la retención del menor de edad Yormai Sebastián Contreras Castillo, quien, según informan, permanecería en poder del ELN.

    La asociación denuncia que el pasado 7 de abril, integrantes del ELN retuvieron a Yormai Sebastián, de 16 años, en el kilómetro 25 de la vía que conduce al casco urbano de Tibú, en el Catatumbo.

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    Asociación de Madres pide comisión humanitaria

    Asimismo, la asociación impulsó la conformación de una Comisión Humanitaria para facilitar la pronta liberación del menor en condiciones de dignidad y seguridad. Para ello, la presidenta de la organización de madres, Carmen García, se ofreció a liderar los esfuerzos para facilitar los canales humanitarios.

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    Además, las madres hicieron un llamado al ELN para que libere sin condiciones a Yormai Sebastián y permita que regrese al seno de su familia. Hasta ahora, el grupo insurgente no ha respondido al llamado.

    Desde 2025, el ELN inició una ofensiva militar contra las disidencias del Frente 33, las cuales, en los últimos meses, comenzaron una serie de ataques con drones para lanzar explosivos contra las comunidades y sus viviendas.

    Igualmente, se suman las denuncias sobre los vínculos entre el llamado Frente 33 y las fuerzas militares, que protegerían a los integrantes de ese grupo armado ilegal.

    Publicado originalmente en Colombia Informa

  • Líbano: las víctimas de los bombardeos siguen bajo los escombros mientras Israel amenaza con atacar ambulancias y hospitales

    11 d’abril, per  Auri

    Casi 300 personas murieron y más de 1150 resultaron heridas en los bombardeos israelíes del 8 de abril. La agencia de la salud denuncia que Israel ha notificado que atacará ambulancias, mientras los hospitales de Beirut reciben órdenes de evacuación cuando atienden a cientos de heridos.

    Tres días después de los devastadores ataques aéreos israelíes que sacudieron Líbano, el balance de víctimas no deja de aumentar. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, unas 300 personas murieron y más de 1150 resultaron heridas en los bombardeos del 8 de abril, lo que lo convierte en uno de los días más mortíferos desde la reanudación de las hostilidades a gran escala entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hizbulá el 2 de marzo.

    «Muchas más personas siguen desaparecidas. Se cree que están bajo los escombros», declaró a los periodistas en Ginebra el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Líbano, el doctor Abdinasir Abubakar, quien presenció los ataques en primera persona desde Beirut. «Muchas partes de cuerpos están también esperando ser identificadas».

    Amenaza a ambulancias y hospitales

    El funcionario de la OMS también informó de una advertencia recibida el viernes por la mañana de que «las ambulancias también serán atacadas». 

    Según explicó, Israel dice que Hezbolá usa las ambulancias para sus operaciones. La OMS ha insistido en que, si bien la atención sanitaria no debe militarizarse, el uso indebido de instalaciones o ambulancias no justifica atacarlas.

    «Los trabajadores sanitarios, las instalaciones y las ambulancias están protegidos por el derecho internacional humanitario. A menos que dispongamos de estos servicios, no podremos salvar vidas», afirmó el doctor.

    El jueves, la OMS también recibió una advertencia de que las órdenes de evacuación israelíes se habían ampliado a la zona de Jneh en Beirut, que incluye «dos hospitales importantes que están gestionando la crisis de víctimas masivas: el hospital Rafik Hariri y el hospital Al Zahara». 

    Ambos centros están operando a plena capacidad. El doctor Abubakar subrayó la imposibilidad de tener que trasladar a los 450 pacientes, incluidos unos 50 en cuidados intensivos tras resultar heridos en los bombardeos del miércoles.

    «Decidimos no evacuar porque no tenemos ningún otro lugar adonde evacuarlos», afirmó. El funcionario de la OMS añadió que durante la noche «recibimos algunos comentarios de que estos hospitales no serán atacados (…) si eso se materializa o no, lo veremos».

    Escasez de suministros médicos

    En medio del aumento de los casos de emergencia, el funcionario de la OMS señaló que, incluso antes de la crisis de víctimas masivas del miércoles, el país no tenía suficientes suministros médicos para durar ni siquiera un mes. Los ataques aéreos del 8 de abril se produjeron pocas horas después de que se anunciara un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

    Las hostilidades entre Israel y Hezbolá han continuado, mientras que, según informes de prensa, Irán declaró el viernes que no participaría en las conversaciones de paz previstas para el sábado en Pakistán si el alto el fuego no se extendía al  Líbano.

    Desplazamientos y destrucción

    La portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Eujin Byun, declaró que las familias que ya habían huido de las hostilidades anteriores en Beirut, el valle de la Bekaa y el sur de Líbano, algunas de las cuales habían empezado a plantearse regresar tras las señales contradictorias sobre un alto el fuego, se han visto nuevamente desarraigadas.

    Zonas consideradas seguras fueron atacadas el miércoles, «lo que desencadenó el pánico y obligó a la gente a huir por segunda o tercera vez«. Byun añadió que la destrucción del puente Qasmiyeh, una arteria principal que conecta las ciudades sureñas de Sidón y Tiro, ha dificultado enormemente el desplazamiento entre el norte y el sur de Líbano.

    «Para muchas familias de las aldeas del sur, el regreso ya no es posible porque comunidades enteras han sido parcial o totalmente destruidas». La portavoz de ACNUR subrayó que se calcula que unas 150.000 personas siguen en el sur y que el acceso humanitario a ellas es esencial. «Necesitan una ruta segura para huir si se ven obligadas a hacerlo de nuevo», insistió.

    Crisis alimentaria inminente

    La directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Líbano, Allison Oman, que se encontraba esta semana en un convoy hacia una aldea fronteriza del sur, ofreció un relato en primera persona de la situación. 

    «Lo que vi se quedó conmigo», relató, describiendo una panadería local donde «la parte delantera de cristal estaba destruida solo una hora antes de que llegáramos, y ya estaban barriendo los cristales y habían encendido los hornos porque esperaban la harina de trigo que traíamos en el convoy».

    «Sus existencias de alimentos eran muy escasas, y estaba claro que este convoy era muy esperado (…) era esencial para ayudarles a seguir adelante». Oman advirtió que la situación se está convirtiendo rápidamente en una «crisis de seguridad alimentaria«, con los precios de los alimentos en aumento en todo el país.

    «En solo un mes, el precio de las verduras ha aumentado más del 20%, los precios del pan han aumentado un 17% (…) para las familias que ya están luchando, esto es profundamente preocupante», afirmó, destacando una «combinación muy preocupante» en la que los precios suben, los ingresos se interrumpen y la demanda aumenta. 

    La funcionaria del PMA también subrayó que, en las zonas afectadas por el conflicto en el sur de Líbano, más del 80% de los mercados ya no funcionan.

    Publicado originalmente en Noticias ONU