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• Crimen organizado ataca al pueblo tseltal de Nicolás Ruiz en Chiapas

  29 d’abril, per  Auri

  Lanzan acción urgente para exigir al Estado seguridad e investigación de los hechos.

  El pueblo tseltal de Nicolás Ruiz, en Chiapas, fue víctima de un ataque del crimen organizado que dejó un saldo de dos personas asesinadas: José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Angel Gómez Ramírez, dos personas heridas: Romeo López Pérez y Raquel López Díaz y la desaparición de Ángel Jiménez López.

  Dicho ataque ocurrió el 24 de abril a las 15 horas, cuando cinco camionetas con gente armada entraron al pueblo desde diferentes puntos. El ataque duró aproximadamente una hora hasta que fue repelido por la comunidad. Sin embargo, ante los rumores de que el grupo armado regresaría, el pueblo se declaró en “alerta máxima y con más ganas de defender nuestro territorio”.

  Ante ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, emitió una Acción Urgente para exigir la intervención del Estado para frenar la violencia contra el pueblo tseltal y las comunidades aledañas.

  Además, se exige que se otorguen medidas precautorias y cautelares para la aparición con vida de Ángel Jiménez López. También se exige una investigación eficaz de los hechos para garantizar el acceso a la justicia, así como garantizar la atención médica de los heridos.

  Nicolás Ruiz forma parte de una organización de comunidades vecinas denominada Alianza por la Seguridad y el Bien de nuestros Territorios, creada en 2025 con el objetivo garantizar condiciones de paz en sus territorio ante incursiones del crimen organizado.

  “Tomamos estos acuerdo porque vimos que las autoridades estatales y federales han omitido su responsabilidad en la seguridad o son parte de la violencia generalizada”, señalaron en un comunicado.

  Publicado originalmente en La Coperacha

• “El gobierno federal se ha convertido en quien nos despoja”, denuncia Pedro Uc tras fallo que limita la defensa territorial

  29 d’abril, per  Admin2

  Foto: Bernardo Caamal

  Ante la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de limitar la capacidad de los pueblos indígenas para promover juicios para defender sus derechos colectivos, con la condición de que quienes lo hagan tengan una respaldo unánime de su comunidad, desde el territorio maya se denuncia que esto busca facilitar el despojo de los pueblos originarios.

  “Este problema que estamos enfrentando se agudiza en el sentido de que antes la lucha era contra las empresas desarrollistas, pero ahora el gobierno federal ha incrementado y empeorado el problema, porque se ha convertido en un elemento de despojo, en el personaje que nos despoja”, dijo en entrevista con Desinformémonos Pedro Uc, poeta maya de la península de Yucatán e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch´Xíimbal.

  Uc analizó que este tipo de modificación legal busca facilitar el despojo de sus territorios. En particular, refirió que la decisión de la Suprema Corte de invalidar la judicialización de la defensa de un territorio por una persona individual, que necesitaría el aval de toda la comunidad y su representación legal para poder hacerlo, es una forma de evitar la defensa.

  “Me parece una trampa, una injusticia por parte del Estado en contra de quienes hemos estado defendiendo nuestro territorio. El problema es que le eliminan a una persona su derecho, porque me parece que quienes estamos conformados como pueblos originarios tenemos un derecho que nadie puede quitarnos, prestarnos o rentarnos. Con esta decisión, la Suprema Corte está eliminando el derecho que tenemos de ser partícipes de un patrimonio colectivo”, analizó.

  El cambio

  En un voto dividido y resuelto a favor por mayoría de cinco jueces de un total de nueve, la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo directo que fue entablado por un habitante de San Sebastián Tutla, en Oaxaca, quien buscaba la cancelación de los permisos de construcción del fraccionamiento “Entre sierras”.

  La sala de primera instancia falló al señalar que la persona no tenía legitimidad para actuar en nombre de toda la comunidad y, ahora, la Suprema corte refrendó esa postura, al rechazar la solicitud de reconocimiento que la persona afectada hizo en esa instancia superior, cuando buscó el respaldo para defender los derechos del común. Sin embargo, la Suprema corte le negó el respaldo.

  El fallo señala la exigencia impuesta en la reforma de 2024 del artículo 2 constitucional, que implica que las comunidades indígenas de México son reconocidas como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, limitando la actuación en nombre de la comunidad sólo a quien tenga una representación legal de la misma.

  “Nosotros hemos judicializado varios casos y tuvimos éxito. Hubo un megaproyecto que se llamó Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY) que trataba de despojar a los campesinos y ejidatarios, a los pueblos originarios de sus tierras. Nosotros judicializamos el caso solamente como algunas comunidades de los tres estados, y ganamos”, recordó la fuente. “Imagínate que hubiéramos buscado el consenso de los tres estados para que esto pudiera ser válido. Me parece una incongruencia, no sé de dónde sacaron esa resolución”, apuntó.

  Refirió un segundo caso similar de éxito contra la expropiación de una laguna Chichankanab de 14 mil hectáreas en Dziuché, realizada a espaldas de la comunidad para entregarla a un grupo empresarial con la justificación de que ellos se encargarían de su protección. Ese caso también fue judicializado y ganado por una defensa legal entablada de forma individual.

  El nuevo requerimiento contrasta con lo que sucede en los territorios cuando desembarcan estos megaproyectos de despojo y desplazamiento, que suelen dividir y cooptar alguna parte de la comunidad para que trabaje con ellos. Es incluso más de lo que se le pide al sistema político y partidario, donde el consenso no es necesario para la toma de acción ni decisiones. No fue, incluso, una decisión unánime dentro de la Suprema Corte de Justicia.

  El papel de Hugo Aguilar

  El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es Hugo Aguilar, quien asumió el cargo tras las primeras elecciones del Poder Judicial, en junio de 2025, celebrado como el primer “indígena” en liderar el máximo órgano judicial del país. Sin embargo, Aguilar respaldó el cambio actual y fue uno de los cinco jueces que votó a favor la decisión.

  “El tema con Aguilar no es nuevo, es un problema que venimos arrastrando desde la colonia”, señaló Pedro Uc. “Hay que recordar que los colonizadores tomaban indígenas vendidos y los ponían como líderes de sus comunidades para que ellos fueran el medio de dominación, explotación, y les hacían sus reconocimientos con unos hidalgos. Es una estrategia antigua, eficaz para los colonizadores. El gobierno no ha dejado de ser el colonialista y cada vez más, peor que los anteriores. El papel que juega Hugo Aguilar es justamente ese”, explicó.

  Los antecedentes de Aguilar quedaron claros en tierras mayas con su papel para manipular las consultas respecto al Tren Maya, de acuerdo a la lectura de Uc: “con todo ese bagaje de trampa, de injusticias y montajes a los que se les llamó consulta y nunca lo fueron. Luego lo pusieron como presidente de la Suprema Corte. ¿Qué justicia vamos a tener nosotros si metemos un amparo contra el tren?”, disparó el defensor.

  La lectura que se hace desde las comunidades mayas y que planteó la fuente es que se trata una vez más de una estrategia de contrainsurgencia para dividir, enfrentar y disolver la organización sistemáticamente, señaló el entrevistado. “Como acertadamente lo dice Magdalena Gómez, esta es una forma para disminuir la organización de las comunidades en diferentes lugares”, explicó.

  Respuesta y defensa

  La fuente confirmó que dentro de las comunidades mayas ya plantearon la posibilidad de llevar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para defenderse “del atropello” sufrido con la decisión de la SCJN.

  “Dentro de nuestra estrategia, hemos utilizado el sistema vigente de derecho positivo, nacional e internacional, porque aunque le tenemos desconfianza a todos estos procesos, creemos que es un camino que hay que recorrer, para que luego no digan que no intentamos transitar por el camino establecido”, explicó Uc.

  Añadió que desde la Península maya están dispuestos a agotar las posibilidades legales existentes para comenzar a “seguir el caminito legal”, y que planean reunirse con algunos líderes indígenas de todo el país en estos días.

  “No podemos permitir que estas injusticias tan burdas, tan crueles, se sigan dando sobre nosotros con un gobierno con una alta hipocresía que le solicita a España que se disculpe frente a los atropellos que hicieron durante la conquista, pero que internamente sigue funcionando como el conquistador, el colonialista, y el que el día de hoy nos está despojando”, concluyó.

• Patrones de estancia del siglo XXI: el caso Pergamino y la violencia del agronegocio

  29 d’abril, per  Admin2

  Foto: Depositphotos

  En el marco de un juicio emblemático por fumigaciones con agrotóxicos, la hija de uno de los acusados amenazó a un juez de Pergamino, fue hasta su casa e incluso arremetió contra el hijo de 12 años. Se trata de Fernanda Lilian Roces y del juez Alejandro Salguero. Roces había denunciado por supuestas «injurias» a Sabrina Ortiz, víctima de los empresarios del agronegocio. La causa fue cerrada.

  Mientras continúa en Rosario el juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, Fernanda Lilian Roces —hija de Mario Roces, uno de los productores acusado y procesado en ese litigio— vuelve a ser noticia por actitudes violentas. Esta vez por amenazar al juez Alejandro Salguero (a cargo del Juzgado Correccional N° 2 de Pergamino) y a su familia. El motivo: la decisión del magistrado de no dar curso a una denuncia contra Sabrina Ortiz, quien es víctima de las fumigaciones y querellante del juicio en Rosario.

  El juez Salguero denunció en tribunales el 18 de marzo que Fernanda Roces se presentó en su casa y, entre otras frases de intimidación, amenazó con tomar acciones en perjuicio del hijo del juez (un niño de 12 años con diagnóstico de autismo). “Alrededor de la hora 17 horas, no me encontraba en mi domicilio, pero recibo un llamado de la madre de mi hijo, dándome cuenta que se había presentado la querellante, Fernanda Roces, muy enojada por mi decisión (absolver a Ortiz en una causa por injurias) y como no me encontraba le requirió a la madre de mi hijo que me transmitiese que nuestro hijo concurría al colegio que ella misma había creado, e incluso amenazó refiriendo que si ella quería podía hacer que retirasen a mi hijo del colegio”, denunció el juez Salguero.

  

  Fumigados y amenazados

  La amenaza al juez tiene directa vinculación con los años de denuncias de violencias a quienes intentaban frenar las pulverizaciones con agrotóxicos en varios barrios de Pergamino, entre ellos, en el campo de Mario Roces, vecino muy cercano a la familia de Sabrina Ortiz.

  En 2019, Ortiz, víctima y querellante en el juicio por agrotóxicos en Rosario, denunció que Fernanda Roces había amenazado a su madre. El día 17 de abril de 2019, alrededor de las 13 horas, según consta en el texto de esa denuncia, Roces llegó a la casa de la familia Ortiz, con una hermana y su madre, y a los gritos expresó: “Si le pasa algo a mi papá vamos a matar a tu hija (por Sabrina) y se van a morir todos ustedes, esto no va a quedar así; ustedes están así por la droga, negra de mierda. Que tu hija se dé por muerta si le pasa algo a mi papá”.

  Si bien Fernanda Roces fue procesada por ese hecho, esa denuncia tramitó en tribunales sin demasiados avances y fue cerrada con absolución por prescripción (que señala la extinción de la acción penal por inactividad, pero que no implica de ningún modo inocencia probada de Roces). Las amenazas sufridas fueron relatadas por Sabrina Ortiz en una entrevista radial en la emisora pergaminense Radio Mon, en julio de 2022. Y fue a raíz de eso que se desplegó un nuevo intento intimidatorio por parte de Fernanda Roces: presentó una denuncia por «injurias» contra Sabrina Ortiz.

  La causa quedó en manos del juez Salguero, quién el 16 de marzo de 2026 absolvió a Sabrina. “Que en el marco de mis tareas en fecha 16/3/2026 notifiqué en el marco de la causa 791/2022 había dictado veredicto absolutorio sin que concurran ninguna de las partes”. Tras conocer la decisión, Roces se dirigió en persona a la casa del funcionario judicial para amenazarlo.

  La nueva denuncia contra Fernanda Roces, si bien se desprende de una causa separada, está directamente relacionada a todo el proceso de investigación y del juicio en curso por envenenamiento. Y refleja la situación de permanente vulnerabilidad que enfrentan quienes denuncian el agronegocio y la contaminación en la “perla del norte” (como se conoce a Pergamino).

  

  La palabra del juez

  “No conforme con haber concurrido a mi domicilio, me contactó por teléfono vía WhatsApp”, continúa el relato de lo denunciado por el juez Salguero. Por ese medio, Roces reiteró que se iba a encargar de que sacaran al hijo del magistrado de la escuela a la que concurre.

  “Desconozco —continúa el texto de la denuncia— como Roces consiguió mi dirección y mi teléfono y, por tal razón, me comuniqué con su abogado representante (Aquilino Giacomelli) quien me dijo que no tenía conocimiento de lo acontecido y acto seguido me reenvió unos mensajes enviados por la mencionada Roces donde esta le informaba al letrado mi dirección y mi teléfono diciendo uno de estos mensajes ‘Te paso el celular y dirección del juez por las dudas jajaja’”.

  Giacomelli es abogado de ambos Roces, padre e hija. Ya apeló la decisión del juez Salguero mientras continúa asistiendo a su defendido en las audiencias de Rosario, sentado a metros de Sabrina Ortiz. Fue también quién intentó sin éxito lograr que su representado, el productor del agronegocio Mario Roces, fuera declarado no apto para enfrentar un juicio, por temas de salud mental, demorando el inicio del juicio de diciembre de 2025 a febrero de 2026, fecha en la que finalmente ese juicio comenzó.

  Agencia Tierra Viva se comunicó con Alejandro Salguero, el juez amenazado por Fernanda Roces, quien aseguró que pese a lo sucedido se encuentran bien y que la bajeza mayor fue que se metieran con su hijo. El magistrado refirió no conocer con anterioridad a Roces, pero que “sabía que era de tener estas actitudes”.

  Desde el Colegio Santa Clara de Asís, al que asiste el menor, además de solidarizarse con la familia amenazada, aseguraron a Agencia Tierra Viva que ningún familiar de Roces tiene vinculación propietaria en la institución desde hace más de una década. Unos de los hijos de ese matrimonio y un sobrino asistieron a esa institución como alumnos por tener también diagnóstico de TEA; pero el marido de Fernanda Roces, Mauricio Rossi, quien alguna vez estuvo vinculado, se desprendió de su participación societaria en el año 2015.

  El juez Salguero es contundente sobre el alcance legal de lo sucedido. “Entiendo que tal accionar excede con holgura lo soportable por mi rol de servidor público, la Sra. Roces nunca concurrió al Juzgado a pedir una entrevista conmigo, ni siquiera a notificarse del veredicto, en cambio optó por ir a mi domicilio —alterar la tranquilidad familiar— y despacharse con una serie de consideraciones personales e incluso buscando amedrentarme argumentando tener ‘poder’ sobre la permanencia de mi hijo en un colegio”. Y finaliza: “Entiendo que lo narrado encuadra en el delito de amenazas simples (Artículo 149 bis, primer párrafo primera parte del Código Penal) y solicito que se imponga la inmediata prohibición de contacto y acercamiento de la mencionada tanto hacia mí, como a mi grupo familiar”.

  

  “Le metieron un balazo”

  Durante el desarrollo de la causa que llegó a juicio en Rosario —contra siete productores y dos funcionarios de Pergamino por contaminación con agrotóxicos— también se escucharon testimonios de esos procederes violentos que involucran a Roces o familiares del acusado. Tanto el oficial Federico Galarza Puig como el oficial Maximiliano Melo relataron bajo juramento episodios de violencia referidos por los vecinos y el secuestro de armas en el campo.

  Los hechos ameritaron que la familia Ortiz tuviera protección permanente por parte de fuerzas federales ordenada por el Juzgado Federal de San Nicolás.

  La hija de Sabrina Ortiz, Fiama Barbieri, estremeció con su testimonio en una de las últimas audiencias y relató cuando siendo ella pequeña fue testigo de varias situaciones de amenazas y violencia, además de las fumigaciones que pusieron en grave situación a la salud en su cuerpo.

  “Sufrimos amenazas, sí. Y nos mataron un perro. Yo estaba jugando en el frente de mi casa con el perro. En un momento entré a la casa y se escucharon tiros. Al salir vimos el perro muerto y a Mario Roces que nos gritaba e insultaba. ‘Negros de mierda’, nos decía, que íbamos a aparecer muertos, que ellos eran los dueños del barrio, que no sabíamos con quienes nos habíamos metido. El miedo era constante”, afirmó.

  En la audiencia de apertura del juicio, Sabrina Ortiz detalló también todas las amenazas y situaciones destinadas a silenciarla. Así mismo lo hicieron su padre y su madre. Don Pedro Ortiz confirmó: “Le metieron un balazo al perro”.

  Sabrina Ortiz y sus hijos, según prueba documental y que forma parte de las pruebas existentes en los 43 cuerpos que tiene la causa, tienen agrotóxicos en sus cuerpos y daño genotóxico. El juicio lleva 13 audiencias y se espera una nueva para el próximo 6 de mayo, una inspección ocular en los territorios fumigados con la presencia de los jueces a cargo de dictar el veredicto (el 13 de mayo) y el inicio de los alegatos de cierre para el 14 de ese mes.

  Edición: Darío Aranda

  Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

• Liberan a defensores que se oponen a proyecto inmobiliario en playa de Nayarit

  
  29 d’abril, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. Fueron liberados los tres defensores de la playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, que policías estatales detuvieron durante una protesta contra el proyecto inmobiliario que la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, comenzó a construir en el litoral, que es área de desove de tortugas y zona federal.

  Los defensores fueron detenidos la mañana de este martes y liberados la misma noche. La detención se realizó cuando documentaban las obras con maquinaria pesada sobre la franja de arena de Bahía de Banderas, donde desde hace semanas la empresa ha removido arena, tierra y rocas, además de que ha talado el mangle de la zona aledaña al proyecto.

  La protesta de este 28 de abril fue la segunda consecutiva en la semana, pues el lunes los habitantes de las comunidades de Punta de Mita y Emiliano Zapata denunciaron en la playa afectada los daños por el proyecto de viviendas de lujo que impulsa Cantiles de Mita. Durante las protestas, decenas de agentes de seguridad se plantaron en la playa.

  Los vecinos denunciaron que el proyecto daña el ecosistema en una zona federal marítimo-terrestre, e incluso el titular de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales (Semarnat) en Nayarit, José Rentería González, reconoció el pasado 24 de abril que el complejo de viviendas de lujo no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sino que trabaja como una «obra de emergencia».

  De acuerdo con el ingeniero de la obra, Alfonso Hernández, el proyecto tiene un avance de 70 por ciento.

  Los habitantes del municipio de Bahía de Banderas exigieron a las autoridades el respeto al litoral y la reparación integral de los daños ocasionados por la empresa en el ecosistema, que se encuentra en estado de «desastre».

• La ONU en México: de la exigencia ética a la diplomacia de la cortesía

  29 d’abril, per  Admin2

  La visita del Alto Comisionado deja una sensación de desencanto por su excesiva burocracia diplomática frente a una crisis que solo se puede matizar o por la mala información que le proporciona su representante en México o por una convivencia con la criminalidad Estatal que muestra el preludio del agotamiento de un sistema de universal de derechos humanos. 

  México atraviesa una noche larga y dolorosa que ha dejado de ser una crisis coyuntural para convertirse en un estado de excepción permanente. La desaparición de personas en nuestro país no es solo un fallo administrativo: es la evidencia de una ausencia estructural de voluntad política, donde la colusión, por acción o por omisión, entre el Estado y el crimen organizado ha fracturado el pacto social. En este escenario, la mirada internacional no es un lujo, sino un último recurso de justicia. Sin embargo, hoy esa mirada parece nublada por la burocracia.

  Es inevitable contrastar el presente con la gestión de antiguos representantes en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como Jan Jarab o Jesús Peña, quienes comprendieron que su mandato no era la comodidad diplomática, sino la interpelación firme al poder. Ellos actuaron con la altura que exige una crisis humanitaria. Hoy, esa mística parece haber sido sustituida por una representación institucional que, personificada en el actual representante del Alto Comisionado, Humberto Henderson, se asemeja más a una gestoría de derechos humanos preocupada por mantener la cordialidad con el Estado que por defender la centralidad de las víctimas.

  La reciente visita a México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se produce bajo una tensión técnica y moral sin precedentes. Por un lado, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) ha sido contundente: existen indicios fundados de que las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, ataques contra la población civil que constituyen crímenes de lesa humanidad. Por el otro, el Gobierno federal persiste en una narrativa de matices, negando la vigencia de la desaparición forzada, maquillando cifras y eludiendo la reforma impostergable del sistema de procuración de justicia.

  En medio de este choque de realidades, la Oficina del Alto Comisionado en México (OACNUDH-México) ha optado por un silencio que lacera. La exclusión inicial (y final para muchos) de los colectivos y familias de personas desaparecidas de los diálogos con el Alto Comisionado no es un error de agenda; es un síntoma de extravío. Una oficina que pierde la legitimidad frente a las víctimas pierde su razón de ser. La OACNUDH-México debe ser la “bisagra” entre el Estado y la sociedad civil, pero sí una de las partes deja de confiar, el mecanismo se rompe. Sin la confianza de las familias, el activismo internacional se reduce a “diplomacia cosmética”: fotografías en salones alfombrados mientras en los cerros las familias seguimos cavando con nuestras propias manos.

  El reto del Alto Comisionado es mayúsculo y no se resuelve con declaraciones tibias o intentos de suavizar las resoluciones del CED para no incomodar al anfitrión, al señalar que en su visita se vio alentado por los “avances” que le presentó el gobierno mexicano y pidió no politizar el tema. Recuperar la legitimidad implica superar la “demagogia del dolor” y responder con claridad a las preguntas incómodas de la prensa y la sociedad. Es posible que, frente a la crisis financiera que vive la Organización de las Naciones Unidas por el recorte del financiamiento de algunos Estados, el Secretariado General de Naciones Unidas busque relaciones tersas con los países que sostienen el sistema, pero el costo es demasiado alto: si la moneda de cambio es la tolerancia frente a violaciones graves a los derechos humanos, la ONU terminará por ser irrelevante.

  El abandono institucional nos ha obligado a las familias a convertirnos en peritos, rastreadoras y abogadas. Y mientras el Estado fabrica discursos sexenales para administrar el conflicto, el Alto Comisionado no puede alegar ignorancia teniendo una larga lista de casos en su escritorio. Su posicionamiento político parece ubicarlo temeroso frente a la urgencia de quienes buscamos. A pesar de que reconoció que el clamor más urgente en México es el fin de la impunidad, no tuvo el valor de señalar que es resultado directo de una política de tolerancia de un Estado que ha fallado en su deber primario de investigar y sancionar.

  Ante la visita del Alto Comisionado, el señor Volker Türk, la respuesta oficial parece atrapada en una zona de confort discursivo que intenta presentar lo antiguo como innovación. Un punto crítico en esta narrativa es la mención de la Ley General en materia de Desaparición Forzada como un “modelo internacional”. Es necesario recordar, con rigor histórico, que este marco jurídico no fue una concesión gratuita del poder, sino un logro arrancado por las familias durante la administración de Enrique Peña Nieto y que hoy, a nueve años de su entrada en vigor, sigue sin ser implementado correctamente; basta con ver la ausencia de lo más elemental, los registros y bases de datos, donde el mismo Estado no sabe cuántas personas desaparecidas existen en México.

  El Alto Comisionado deja una sensación de desencanto por su excesiva burocracia diplomática frente a una crisis que solo se puede matizar, o por la mala información que le proporciona su representante en México, o por una convivencia con la criminalidad del Estado que muestra el preludio del agotamiento de un sistema universal de derechos humanos. Con nostalgia queda el recuerdo del valor de Jan Jarab, quien fue representante en México de la Oficina del Alto Comisionado, al señalar con claridad desde 2016 que “no se ha avanzado lo suficiente en la búsqueda de personas desaparecidas, ni en las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables de uno de los crímenes más horribles”, o al igual que Jesús Peña, en un acompañamiento cercano y sensible con las familias de personas desaparecidas, y con pena vemos al actual representante del Alto Comisionado tan cercano al Estado que se desdibuja si es un burócrata de Naciones Unidas o uno del gobierno de México, lo que hace preguntar a una parte del sector de víctimas ¿sirve luchar por la existencia del modelo de Naciones Unidas?

  Podría parecer exagerada la reflexión y la crítica al Alto Comisionado; sin embargo, nos encontramos en un momento de definiciones en el que las familias de personas desaparecidas no nos conformamos con unas palabras de solidaridad, sino con un compromiso real y público, que en la visita del señor Türk no se logró.

  Las familias llevamos décadas buscando en la soledad. Nuestra labor persistirá con o sin el acompañamiento de Naciones Unidas, porque nuestro objetivo no es sostener a burócratas de los derechos humanos, sino encontrar a nuestros seres queridos. Esperamos menos simulacros fotográficos y más valentía política, no por nosotras como familias que buscamos desde la dignidad, sino por la dignidad de los burócratas de Naciones Unidas. En el cruce del artículo 34 de la Convención Internacional, la esperanza se vuelve cuesta arriba cuando lo técnico se rinde ante lo político. No obstante, la adversidad no nos ha detenido antes; seguiremos buscando, señalando y exigiendo que la comunidad internacional elija: o está con la justicia, o es cómplice del silencio y la impunidad. Pero también reconociendo a personas como las que integran el Comité contra la Desaparición Forzada por mostrar que desde la dignidad y el valor se puede apoyar a las víctimas.

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  Foto de portada: Jeannette Flores/ObturadorMX

  Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos