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• ¿En qué consiste la huelga mundial de consumo por Gaza que comienza este jueves?

  21 d’agost de 2025, per  Admin2

  Este 21 de agosto comienza una nueva acción a escala mundial contra el genocidio en Palestina. Una huelga de consumo, que se realizará cada jueves a partir de este día. El objetivo, como expone la organización Humanti Project, es “golpearles donde más les duele, en sus economías” a los gobiernos para “intensificar la presión internacional” para poder acabar con la masacre que está perpetrando Israel, que ya ha asesinado a más de 61.827 personas desde octubre de 2023. 

  Para unirse a esta huelga, lo esencial es no comprar nada durante los jueves. Una acción que se extiende a todo tipo de comercios y servicios

  La movilización internacional espera generar una huella visible en las economías que será cuantificable a través de diversos mecanismos como los datos en las transacciones bancarias y las actividades de pago electrónico, la venta de gasolina, los flujos financieros y las señales del mercado. La mayoría de estas acciones se miden a diario, por lo que una perturbación diaria podría “reflejarse en los informes trimestrales si se repite”, explican desde la organización. En los países occidentales, el consumo de los hogares supone al menos un 60% del Producto Interior Bruto de un territorio. “Es importante el boicot económico, transformar las decisiones individuales en una fuerza colectiva que se pueda medir y comunicar y que no se pueda ignorar”, insisten desde el proyecto.

  Para unirse a esta huelga, lo esencial es no comprar nada durante los jueves. Una acción que se extiende a todo tipo de comercios y servicios: comprar el pan, ir a un restaurante, pagar un electrodoméstico, tomar un café en un establecimiento, así como abonar suscripciones o facturas durante ese día. “Para que la huelga tenga impacto no debemos pagar nada”, matizan desde el colectivo; por ello recomiendan planificar con antelación las compras de alimentos y otros productos los días previos.

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  Otro de los actos a evitar para unirse a la huelga es el uso de transporte público, por lo que ese día se aconseja compartir coche, caminar o ir en bicicleta como alternativa. Si es inevitable la utilización de estos medios de transporte, desde la organización señalan como alternativa comprar el billete con anterioridad.

  La huelga no incluye el empleo, es decir, participar de la misma no significa no ir a trabajar. “No todo el mundo puede arriesgarse a perder el empleo por negarse a ir”, exponen los propulsores de esta iniciativa. A la movilización se han unido organizaciones en apoyo a Palestina como la Rescop o el BDS. “Cuando los gobiernos se niegan a escuchar, nos corresponde a nosotras y nosotros, como pueblo organizado en todo el mundo, golpear donde más duele: en sus economías”, han expuesto en sus redes sociales. La activista, cineasta y periodista palestina Bisan Owda ha llamado a la participación en esta huelga a la población mundial: “Es nuestro deber colectivo detener el genocidio; es un mínimo, pero genera el cambio necesario”.

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  Actualmente en Palestina, más de dos millones de personas se enfrentan a una hambruna que, según la ONU, es la mayor desde que comenzó el genocidio. “No buscamos un gesto simbólico: buscamos señales económicas visibles y cuantificables que griten al mundo que estamos en huelga por Gaza”, sentencia la organización en su llamamiento a la huelga. 

  Éxitos del boicot económico

  El boicot económico es uno de los ejes centrales de los movimientos contra el genocidio en Palestina. Un acto que incide en las economías a través de los actos cotidianos de las personas y que señala a las empresas cómplices del genocidio en Palestina. Desde hace años, el movimiento BDS ha puesto el foco sobre empresas como Carrefour, Reebok, Burger King o McDonald’s. Estas multinacionales son los casos más famosos por su peso internacional; sin embargo, son cientos las compañías que se siguen beneficiando de la ocupación israelí en Gaza, como rastrea la aplicación No Thanks.

  Este movimiento ha conseguido varios casos de éxito con su trabajo colectivo. En julio de 2025, la empresa Sidenor anunciaba que dejará de vender acero para armas israelíes como venía haciendo en el último año. En 2024, la compañía de seguros AXA cancelaba sus inversiones con bancos israelíes. A finales de 2023, Puma informaba que retiraba su patrocinio de la selección israelí de fútbol; la compañía de zapatos llevaba promocionando al equipo desde 2018. 

  Este material se comparte con autorización de El Salto

• Justicia para el ambientalista Sergio Hugo, asesinado en Guerrero

  21 d’agost de 2025, per  Admin2

  A un mes del artero asesinato de Sergio Hugo Ureiro Castañeda, defensor del medio ambiente, sus familiares, amigos y colonos de San Diego realizaron una marcha donde exigieron justicia.

  A las cinco de la tarde empezó la movilización en el lugar conocido como La Mona, donde vivía cerca el defensor. Una lona lucía en lo alto de su casa en forma de un memorial para no olvidar que se trata de una víctima de la violencia que azota en Tlapa. En los carteles que portaban hombres y mujeres se leía: “Justicia para Sergio”, “no más violencia en Tlapa”, “justicia para el ambientalista”, “autoridades asesinas”, “no impunidad”.

  Durante el recorrido un señor encargado del perifoneo reclamaba al presidente “indígena”, Gilberto Solano Arreaga, llevar la cabecera municipal al desfiladero de la violencia. Lo peor de todo es que en lugar de proteger a las ciudadanas y ciudadanos los criminaliza cuando exigen sus derechos. Al mismo tiempo que los pasos seguían en el asfalto, las consignas hacían eco en la calle y en las banquetas, “Sergio no murió, el gobierno lo mató”.

  Al llegar a la gasolinera donde fue asesinado Sergio Hugo su hermana Verónica rememoró que “a plena luz del día, cuando todavía no se ocultaba el sol, mi hermano estaba siendo asesinado en una zona céntrica de Tlapa, sin que ninguna patrulla estuviera cerca del lugar. No es posible que los criminales ya no se esperen a la noche para cometer sus atroces crímenes porque se sienten seguros. Lo hacen porque están respaldados. Policía municipal, estatal, guardia nacional llegaron a acordonar el área, pero lo que necesitábamos era que buscaran a quien mató a mi hermano”.

  Cuando llegaron al ayuntamiento se instaló un breve mitin donde habló Verónica Ureiro, hermana y compañera de lucha de Sergio Hugo. Retrató el escenario de la violencia y señaló que “vivir con el miedo no es vivir. El miedo no nos va a hacer inmunes porque, aunque ustedes no le hagan daño a nadie, les puede tocar. La prueba está en que mi compañero y hermano, lejos de recibir un agradecimiento por lo que hizo, lo que recibió fue la muerte. No puede ser posible que a la gente que hace bien le toque el mal. Lo más cruento es que las autoridades sigan siendo tan ausentes ante el dolor. Para ellos nosotros somos uno más o uno menos en las estadísticas de la violencia”.

  Las autoridades deben proteger a los seres humanos sin importar la labor que realizan, pero la realidad es otra porque los defensores son asesinados como si no tuvieran “un valor en este planeta y en este mundo. No es posible que a la gente que le vino a hacer el bien a Tlapa le paguen con la muerte. No es justo. El único delito fue rescatar un espacio público para que lo disfruten sus hijos y sus nietos. Le hicimos un bien a Tlapa, aunque tal vez no está preparado para estos cambios”, reflexionó Verónica.

  Los cambios como sociedad no son una ocurrencia de las y los defensores del medio ambiente, sino de una crisis planetaria con el cambio climático. La globalización del capitalismo rapaz da como resultado catástrofes globales que necesariamente nos toca vivir en la Montaña y por supuesto Tlapa. Es la lucha en que se sumergió Sergio Hugo.

  “Hoy se cumple un mes del terrible asesinato de mi hermano, el arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda. El 6 de enero del 2024 nos sumamos a una lucha por el rescate de la plazuela de Los Cántaros en el barrio de San Diego, porque pensamos que Tlapa necesita más espacios libres. Con sus manos él quitó el concreto que estaba ahogando los árboles de palahuacates. Por eso exijo justicia porque no es justo que le hayan quitado la vida”, denunció Verónica.

  Lamentó que nos estamos acostumbrando a que nos maten sin que las autoridades se inmuten. Nos hacen lo que quieren. En ese tenor, invitó a la población en general a reflexionar si queremos seguir viviendo así, con el miedo y asediados por la violencia. “El poder cambiar está en el pueblo, en los ciudadanos de a pie”, porque no se puede permitir que se sigan reeditando estos crímenes deleznables. Es importante alzar la voz para denunciar las tropelías y pelear por los derechos.

  Verónica exigió seguridad y que se esclarezca el crimen de su hermano. “A lo mejor nadie se da cuenta o quizá Tlapa es un lugar olvidado por todo mundo. Sin embargo, desde acá hago un llamado al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que voltee a ver a la Montaña. Sólo vienen en temporadas de campaña a pedir el voto y después se les olvida. Que vengan a ver si es verdad que el municipio vive tan tranquilo como lo pregonan las autoridades locales. Que hagan bien su trabajo con la sociedad que les dio la confianza de gobernarla”.

  A pesar de la indiferencia de los gobiernos exigió a los tres niveles de gobierno justicia para su hermano “Sergio Hugo Ureiro Castañeda y seguridad para todos los ciudadanos de Tlapa porque no deben vivir con miedo, no podemos seguir así. ¡Justicia, justicia, justicia para Sergio! ¡Qué queremos, justicia! ¡Sergio no murió, el gobierno lo mató!”

  Minutos después del mitin un vehículo entró a la calle donde se realizaba la protesta con la intención de arrollar a los manifestantes, incluyendo niños y niñas que también estaban participando. Las personas se orillaron para evitar ser aplastadas y el vehículo aceleró golpeando la camioneta de perifoneo. La gente indignada sólo pudo vociferar por la agresión.

  La protesta terminó cuando encendieron veladoras y junto a una fotografía de Sergio Hugo las fueron colocando en los escalones de la entrada principal del ayuntamiento de Tlapa en su memoria y como esperanza de justicia.

  Publicado originalmente en Tlachinollan

• La destrucción sistemática de la ciudad de Gaza ya está en marcha, asegura la Oficina de Derechos Humanos

  21 d’agost de 2025, per  Admin2

  La dependencia en los Territorios Palestinos Ocupados ha registrado 54 ataques contra edificios residenciales y manzanas en la ciudad de Gaza, provocando la muerte de familias enteras y violando los convenios de Ginebra.

  La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados señaló este miércoles que la decisión de Israel de tomar el control total de la ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a su población conducirá a asesinatos masivos de civiles y la destrucción de la infraestructura necesaria para la supervivencia.

  «Vemos una recurrencia del uso de métodos y medios de guerra que han llevado a matanzas masivas, lesiones graves, desplazamientos forzados, arrestos arbitrarios, hambre y destrucción masiva, en operaciones militares anteriores en el norte de Gaza y Rafah», dijo la Oficina en un comunicado de prensa.

  El organismo informó de que, en los últimos días, el Ejército israelí ha intensificado sus ataques contra varios lugares en el este y el sur de la ciudad de Gaza, especialmente en el vecindario de Zaytoun.

  Cientos de familias se han visto obligadas a huir, entre ellas muchos niños, personas con discapacidad y ancianos que no tienen un lugar seguro al que ir y en condiciones humanitarias extremas, mientras que otras siguen varadas y completamente aisladas de alimentos, agua y medicinas.

  Matanzas y ataques contra edificios residenciales

  Desde el 8 de agosto, la Oficina ha registrado 54 ataques contra edificios residenciales y manzanas enteras en la ciudad de Gaza, que, según los informes, han causado la muerte de al menos 87 palestinos, entre ellos al menos 25 niños, 24 hombres y 12 mujeres. Familias enteras han sido asesinadas en estos ataques.

  También han registrado ataques contra refugios de personas desplazadas, incluidas tiendas de campaña y escuelas, que han causado la muerte de al menos 14 palestinos. El organismo estima que estas cifras representan solo una parte del número real de víctimas, debido a la falta de información y que indican que “la destrucción sistemática de la ciudad de Gaza ya está en marcha”.

  Mientras tanto, el Ejército israelí sigue instando a los palestinos a trasladarse a Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, donde ha bombardeado repetidamente las tiendas de campaña de los desplazados.

  Sin embargo, la Oficina advierte que la zona está superpoblada de personas desplazadas que luchan por sobrevivir, sin apenas acceso a alimentos, agua y otras necesidades básicas. Las familias ya están agotadas y traumatizadas por los repetidos desplazamientos.

  «Como potencia ocupante, Israel no debe destruir propiedades civiles a menos que dicha destrucción sea necesaria para las operaciones militares», dijo la Oficina de derechos humanos. “La destrucción generalizada de edificios residenciales en el este y el sur de la ciudad de Gaza no parece estar justificada por una necesidad militar imperiosa ni ser absolutamente necesaria para operaciones militares”.

  Violación del Cuarto Convenio de Ginebra

  La Oficina afirmó que los desplazamientos masivos no cumplen con los estrictos requisitos del derecho internacional humanitario, que solo permite la evacuación de civiles solo en circunstancias específicas y bajo condiciones estrictas.

  Obligar al desplazamiento de toda la población de la ciudad de Gaza, junto con los que permanecen en el norte, sin que Israel les proporcione refugio, alimentos o atención médica esencial, y con indicios de que no se les permitirá regresar a sus hogares, suscita serias preocupaciones por graves violaciones del Cuarto Convenio de Ginebra.

  Dado el riesgo inminente de «nuevas violaciones graves del derecho internacional humanitario», dijo la Oficina, los Estados parte de los Convenios de Ginebra tienen la obligación urgente de ejercer la máxima presión sobre Israel para que detenga de inmediato esta ofensiva, que «amenaza con causar una crisis humanitaria sin precedentes que pone en peligro la vida de las personas» y elimine permanentemente la presencia palestina en la zona urbana más grande de Gaza.

  Publicado originalmente en Noticias ONU

• Usurpadores, pobladores y mapuche

  21 d’agost de 2025, per  Admin2

  Puelmapu¹/Argentina

  Usurpadores, pobladores y mapuche

  O lo que aprendimos con el juicio contra los miembros del Lof² Paliado

  

  Cuando escribo estas líneas aún no sabemos el veredicto del juez Enrique Baronetto. Pero el juicio contra Lemu Cruz Cárdenas y María Belén Salina, del Lof Pailako, está siendo una experiencia pedagógica de cómo funciona la “justicia de la república”, uno de los canes de guardar el orden colonial argentino en el Puelmapu.

  Usurpadores

  El Lof Pailako está localizado junto al lago Futalaufquén, en territorio del Puelmapu, en una región sobre la que se superpuso la provincia argentina de Chubut después de la anexión por el Estado argentino. En 1937, el gobierno declaró esa área Reserva Nacional Los Alerces, administrada por Parques Nacionales.

  

  Durante la primera indagatoria, Cruz Cárdenas explicó de manera serena y didáctica que, después de la “Campaña del Desierto”, que coincidió en el tiempo con la “Pacificación de la Araucanía”³, los sobrevivientes mapuche se desplazaron buscando refugio de un lado al otro de la cordillera de los Andes. Muchas familias se instalaron junto al lago Futalaufquén. Muchos ocultaban su origen después del terror aplicado por el Estado. La lengua y las costumbres se retrotrajeron a la clandestinidad doméstica. Aun así, las relaciones entre las familias continuaban reproduciendo las prácticas mapuche de uso común de pastajes, consenso, procedimientos medicinales y reuniones de confraternización que mantenían los lazos entre ellas. A las familias mapuche se juntaron familias criollas que se sumaron a las costumbres de diálogo y convivencia.

  

  Mapuche y pobladores

  Cuando se instaló, Parques Nacionales toleró la presencia de las familias y adjudicó un título de “uso precario” de un lote a cada “jefe de familia”, siempre que se sometieran a sus normativas, que nada tenían que ver con los usos y costumbres de las gentes. La introducción de dispositivos estatales como escuelas y hospitales, articulados con la fiscalización de los guardaparques, combatían esos usos y costumbres. Las familias mapuche fueron abandonando su lengua para evitar que los niños y niñas fuesen humillados y perseguidos en la escuela. Vemos así que la usurpación no se limitó a la tierra en un sentido estricto. Avanzó sobre el alma de las gentes, que pasaron a ser nombrados “pobladores”, y el área de habitación y reproducción de la vida de cada familia fue designada “población”. Como si eso no bastase, Parques Nacionales comenzó a contratar “pobladores” como guardaparques, obligándolos no solo a cumplir las normativas, sino a hacerlas cumplir a los otros “pobladores”, como policías de la institución.

  

  Cruz Cárdenas, así como su suegro el papá de Belén Salina, Trabajó como guardaparque por un tiempo. Hasta que Belén y Cruz fueron reconociéndose como mapuche. Ellos dos se levantaron con el Lof Pailako. La cuestión no era solo ocupar la tierra, sino recuperar la relación con la tierra y la lengua de la tierra, el mapudungun. Una lengua es un horizonte de lo que se puede decir y pensar. Expresarse en la lengua del colonizador limita los sentidos de lo que puede ser dicho, e introduce formas de pensar ajenas. Para eso, recurrieron al apoyo de otros lof vecinos.

  Todo ese proceso resultó intolerable para Parques Nacionales, que los aceptaba como “pobladores”, pero no como mapuche que respetan el orden del azmapu⁴. El conflicto fue escalando entre la lógica mapuche y la estatal. A pesar de las gestiones para el reconocimiento del territorio, que ocurrieron en el contexto de pandemia, paralelamente a los intentos de diálogo, fue corriendo una acción de hostigamiento por parte de Parques Nacionales que violaba los acuerdos realizados en los diálogos del Lof Pailako con el Estado nacional. Esto culminó con la abertura de un proceso judicial acusando individualmente a Cruz Cárdenas y Belén Salina, por usurpación y tres episodios de violencia a ella ligados, por parte de la institución. En enero de este año, la Policía Federal procedió al desalojo. En la víspera, los integrantes del Lof Pailako se retiraron del lugar con los niños, para evitar el show represivo que suelen hacer en esas ocasiones.

  

  Testigos

  En este juicio fue aceptado un batallón de testigos de acusación, integrado solamente por guardaparques y gendarmes. El primero que fue llamado fue justamente el papá de Belén, Juan Ramón Salina, quien se jubiló como guardaparque en febrero de este año. Dijo, sucintamente, que su exjefe, el intendente de Parques Nacionales, le indicó que debía pedir el desalojo de su hija, su yerno y sus dos nietos. Y así lo hizo. En esa breve declaración observamos la presión ejercida por la institución sobre sus empleados.

  Después de Juan Ramón, se sucedieron testigos que destilaban racismo e ignorancia con relación a la cosmovisión mapuche. Todos cuestionaban la condición de mapuche de los acusados, una vez que eran conocidos como “pobladores”. La única excepción fue una asistente social de Parques Nacionales que había intercedido para que el Lof gestionara su reconocimiento por vías legales. Los elementos probatorios presentados por los testigos fueron vagos y contradictorios entre sí, y ocultaban su fragilidad con una profusión de acusaciones otras, que no estaban siendo juzgadas.

  

  A pesar de que la defensa, a cargo de la organización La Gremial de Abogados, había presentado una lista de 21 testigos, sólo les aceptaron 4. Lo que atenta contra el principio de la supuesta “igualdad de armas” entre acusación y defensa. Esos 4 testigos fueron: una antropóloga que presentó un laudo etnográfico; una integrante del Lof Cliweque, lindero al Parque Nacional Los Alerces; el werkén Gabriel Nahuelquir, portavoz del Lof Nahuelpan, que también es integrante del Consejo de Participación Indígena; y un integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que actúa en la Argentina.

  

  Llamo la atención para el testimonio de Nahuelquir, quien se explayó sobre la masacre de Nahuelpan por el ejército argentino, en los años ’20 del siglo XX. Es decir, poco antes de la instalación de la Reserva Nacional Los Alerces. Explicando el comportamiento discreto de muchas familias mapuche, que preferían presentarse como “pobladores” en el contexto de la truculencia del Estado para con los mapuche. El werkén de Nahuelpan recordó la participación bien antigua de la familia Cárdenas en las ceremonias de Nahuelpan. Y habló de la mesa de diálogo en la que el lof Pailako se dispuso a participar, con la presencia de funcionarios de Parques Nacionales, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la APDH, representantes de otros lof vecinos y representantes del Poder Judicial. Después de unos cuatro encuentros, Parques Nacionales “pateó la mesa”, y acusó a los integrantes del Lof Pailako de usurpadores.

  Preguntado, como integrante del Consejo de Participación Indígena, sobre los procedimientos previstos en la legislación argentina para el reconocimiento de un lof por parte del Estado Argentino, Nahuelquir dijo que en los últimos 30 años nunca vio que un lof fuera reconocido por medio de los procedimientos legales, afirmando que los procesos quedan “cajoneados” en las reparticiones públicas y nada ocurre. “¿Cómo, entonces, levantar un lof si la vía legal está clausurada?”. Ante esa pregunta, el werkén dijo: “No voy a responder a esa pregunta”. Su silencio está cargado de significado. Un werkén tiene que decir la palabra verdadera o se desmoraliza como werkén.

  Alegatos

  Las abogadas de la parte querellante, Parques Nacionales, leyeron el alegato con voz monocorde de quien presenta una nota técnica. Una de ellas, aun leyendo, tartamudeaba, hacía largas pausas y terminó desistiendo de la lectura, pidiendo a su colega que terminara de leer la parte que le correspondía. Pidieron pena de 10 años de para Cruz Cárdenas y 7 años para Belén Salina, ambas penas en régimen cerrado.

  El fiscal, haciendo gala de animosidad racista, apelando para el riesgo del auto reconocimiento como miembros de un pueblo originario para el derecho de propiedad del propio juez y de los defensores. Pidió 6 años para Cruz Cárdena y 3 años para Belén Salina, ambas penas en régimen cerrado.

  Los defensores pidieron la nulidad de los alegatos de sus contrincantes. El de la querella, por incomprensible; el de la fiscalía, por el preconcepto racista del que estaba impregnado. Comenzaron problematizando la situación de los pueblos originarios de las Américas, donde los Estados nacionales surgieron de iniciativas de los descendientes criollos de los colonizadores. Su soberanía sobre los territorios de los pueblos preexistentes fue fundada en el “derecho de conquista”, es decir, en la fuerza. Frente a este orden, esgrimieron la contradicción, no resuelta jurídicamente en Argentina, con los tratados internacionales y con la legislación de los años ’90, que garantizan el acceso a las tierras por parte de los pueblos. Destacaron el vacío jurídico frente al procedimiento para reconocer la pertenencia a esos pueblos, lo que hace que el Estado busque vericuetos para desestimar esa pertenencia.

  También mostraron la fragilidad de las pruebas de la participación de los acusados en los episodios conflictivos ligados a la “usurpación”, y apuntaron el intento de la acusación y la fiscalía de presentarlos como hechos separados de ese contexto de conflicto territorial. Según la defensa, un conflicto territorial no debería ser tratado como una cuestión penal, si se quiere cumplir con los acuerdos internacionales a los que el Estado argentino adhirió.

  Por último, la defensa se refirió a las creencias consideradas válidas por fiscales y querellantes, como las cristianas, y las “supercherías” atribuidas por estos a los pueblos preexistentes.

  La didáctica del juicio

  La república, tecnología importada del patrón civilizatorio europeo, al final del siglo XIX en todo el continente, siempre funcionó en estas latitudes como una holografía, un simulacro, así como el mundo virtual de la máquina de Morel del cuento de Adolfo Bioy Casares⁵. Siempre fue, a pesar de sus promesas aplazadas para un futuro distante, el “brazo civil” del ejército que la impulsó. La retórica democrática, desde el comienzo, superponía “ideas fuera de lugar”⁶ sobre un régimen efectivo de disciplinamiento de los pueblos y la acción sobre los territorios para responder a las demandas del polo externo de la economía y a una pequeña camada social a él asociado. “Entra gobierno, sale gobierno, y nunca, nunca se cuestionó la religión fundamentalista del desarrollo” al servicio de intereses de grandes cadenas privadas, hoy, de alcance planetario. Un desarrollo que lleva a la destrucción y cuya única respuesta a la rebeldía es la criminalización, la judicialización, cuando no la guerra.

  Aun ese cascarón vacío que se llamó “república” está derritiéndose. Sus promesas se demuestran una mentira. Su arquitectura jurídica se derrumba ante la realidad de las gentes que osan priorizar la vida de los territorios. Las nuevas generaciones, lentamente, se miran a sí mismas como continuidad de formas de estar en el mundo que permanecieron latentes por más de un siglo. Belén Salina y Lemu Cárdenas así lo entendieron y otros más lo entenderán. Es bueno acostumbrarse con eso.

  1 Puelmapu: territorio mapuche incorporado a Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, por el ejército argentino, por una campaña militar de conquista conocida como “Campaña del desierto”.

  2 Unidad territorial mapuche.

  3 “Campaña del Desierto” y “Pacificación de la Araucanía” son los eufemismos cuñados por los Estados argentino y chileno, respectivamente, para referirse a la acción militar que anexó el Wallmapu, territorio mapuche de un lado y del otro de la cordillera de los Andes en las últimas décadas del siglo XIX.

  4 Orden interno del territorio mapuche.

  5 Ver: CASARES, Adolfo Bioy. La invención de Morel. CABA: Austral, 2015..

  6 Ver: SCHWARZ, Roberto. “As ideias fora de lugar”. In: Ao vencedor as batatas. San Pablo: Editora 34, 2012.

• El Espacio de Encuentros de las Culturas Originarias denuncia robo electrónico

  20 d’agost de 2025, per  Auri

  Foto: Espacio de Encuentros de las Culturas Originarias (EECO)

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Espacio de Encuentros de las Culturas Originarias (EECO), organización dedicada al fortalecimiento de las comunidades indígenas de Oaxaca, denunció el robo electrónico del banco Inbursa, del que fueron víctimas el pasado 12 de agosto.

  La organización sin fines de lucro ECCO realizaba una transferencia en la plataforma de Inbursa cuando su dispositivo se congeló y se perdió el acceso. Cuando pudo regresar a su cuenta, detectó movimientos no autorizados, ninguno fue validado por su equipo.

  Los integrantes de ECCO levantaron las aclaraciones correspondientes tanto con el banco como con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONUSEF). El banco Inbursa negó responsabilidad a pesar de las «pruebas evidentes de que su sistema fue comprometido».

  La organización afirma que este robo representa un grave riesgo de seguridad y afecta directamente los proyectos comunitarios que buscan la autonomía y bienestar de los pueblos originarios. Exigen que Inbursa les otorgue una respuesta ética y justa.

  A continuación el comunicado completo: