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• Mujeres e infancias logran suspensión definitiva de proyecto minero en Morelos

  15 de gener, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. Mujeres e infancias del municipio de Xochitepec lograron la suspensión definitiva de un proyecto minero, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos otorgara un amparo que impide la explotación de oro y plata mientras concluye el juicio contra las concesiones en el territorio.

  El proyecto minero que amenaza a la comunidad comprende seis concesiones con una extensión aproximada de 2,949.236 hectáreas, en las que también se encuentra la zona arqueológica de Xochicalco. Hasta el momento sólo se ha realizado la fase de exploración minera, que incluyó estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones que dañaron el territorio, pero la fase de explotación no comenzó ante la falta de aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

  «Mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración, la Secretaría de Economía intenta anularla. El caso está ahora en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos», explicó la organización Territorios Diversos para la Vida.

  El amparo fue interpuesto por la Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, que denunciaron las violaciones a los derechos a un medio ambiente sano y al agua, así como el riesgo de devastación socioambiental provocada por el proyecto.

  En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un Dictamen Diagnóstico Socioambiental en el que concluyó que la explotación minera en Xochitepec era «inviable» por «los graves impactos ambientales, visuales, humanos y culturales que generaría, además de advertir que no existe suficiente agua para sostener el proyecto sin afectar gravemente la seguridad hídrica local», señaló la organización. Ese mismo año, agregó, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Semarnat alertaron que la explotación podría incrementar la presencia de arsénico y cobre en el suelo, lo que representaba un riesgo para la salud y la biodiversidad.

  «A pesar de estos pronunciamientos y de que en 2023 el municipio de Xochitepec se declaró territorio libre de minería, las concesiones continúan vigentes, manteniendo latente el riesgo de que el proyecto avance», indicó Territorios Diversos para la Vida.

  La organización aseguró que la suspensión definitiva lograda por la Unión Habitacional Morelos, conformada principalmente por mujeres e infancias con respaldo comunitario, sienta «un precedente» clave en la defensa del territorio frente al extractivismo.

  A continuación el comunicado completo:

  La Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, a través de la voz organizada de un grupo de mujeres e infancias del municipio de Xochitepec, ha iniciado un proceso de lucha comunitaria y jurídica para defender su territorio frente a un proyecto minero de oro y plata que amenaza gravemente sus derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano y a su proyecto de vida, evidenciando además una situación de racismo ambiental.

  La Unidad Habitacional Morelos fue fundada en 1985. Sus habitantes la construyeron desde cero mediante trabajo colectivo, creando parques, pozos de agua, escuelas y servicios básicos. A más de 40 años de ese esfuerzo comunitario, este proyecto de vida hoy se encuentra en riesgo debido a la existencia de concesiones mineras dentro de su territorio.

  La colectividad, conformada principalmente por mujeres e infancias con respaldo comunitario, busca proteger no solo el acceso a servicios básicos, sino también el uso y disfrute de sus ríos, cerros y áreas verdes que aún se conservan. Un ejemplo emblemático es el Cerro del Jumil, espacio donde se realizan recorridos educativos sobre flora y fauna, observaciones astronómicas, caminatas para la observación de anfibios e insectos, talleres ambientales y actos simbólicos como torneos de resortera o vuelos de papalotes, actividades que fortalecen el tejido social y la identidad comunitaria.

  El proyecto minero que amenaza a la comunidad comprende seis concesiones con una extensión aproximada de 2,949.236 hectáreas, las cuales también impactan la zona arqueológica de Xochicalco. A la fecha, ya se han realizado actividades de exploración minera —como estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones— que han generado daños e impactos ambientales en el territorio.

  La fase de explotación no se ha llevado a cabo debido a que no se autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental. Diversas instancias federales han señalado la inviabilidad del proyecto. En 2023, la SEMARNAT emitió un Dictamen Diagnóstico Socioambiental en el que concluyó que la explotación minera es inviable por los graves impactos ambientales, visuales, humanos y culturales que generaría, además de advertir que no existe suficiente agua para sostener el proyecto sin afectar gravemente la seguridad hídrica local. Ese mismo año, el INECC y la SEMARNAT alertaron que la explotación podría incrementar la presencia de arsénico y cobre en el suelo, representando un riesgo para la salud y la biodiversidad.

  A pesar de estos pronunciamientos y de que en 2023 el municipio de Xochitepec se declaró territorio libre de minería, las concesiones continúan vigentes, manteniendo latente el riesgo de que el proyecto avance.

  Ante este escenario, el grupo de mujeres e infancias decidió acudir a la vía jurídica e interpuso en 2025 un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras. En el proceso se argumenta que la minería, al ser una industria altamente demandante de agua, profundizará la escasez y afectará la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso, violando el derecho humano al agua y a una vida digna. Asimismo, se señala que el proyecto de vida, se encuentra en riesgo frente a la devastación socioambiental que genera la minera y finalmente, se sostiene que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, al constituir una forma de racismo ambiental que expone de manera desproporcionada a la comunidad a impactos ambientales y cargas de contaminación.

  Actualmente, el juicio se tramita en el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, donde se ha concedido una suspensión definitiva que impide la explotación minera mientras dura el proceso. 

  Mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración, la Secretaría de Economía intenta anularla. El caso está ahora en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.

  Con este proceso, la Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes busca que su territorio vuelva a ser libre de minería, lo que beneficiaría no solo a Xochitepec, sino también a municipios vecinos como Miacatlán y Temixco, y al estado de Morelos en su conjunto.

  La mina pretende perforar la tierra; la comunidad defiende el lugar donde la vida florece. NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA. 

• Redias alerta por partos forzados en niñas en Chiapas

  10 de gener, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas afirmó que el incremento de partos en niñas de entre diez y diecisiete años y la persistencia de embarazos en menores de catorce años “no puede ni debe normalizarse”, al estar vinculados, en su mayoría, a violencia sexual, uniones forzadas y prácticas que anulan la autonomía y la identidad de las niñas, lo que configura casos de fecundidad forzada prohibidos por la legislación nacional e internacional.

  La organización señaló que el parto de una niña tsotsil de trece años ocurrido el dos de enero en el Hospital de la Mujer, en San Cristóbal de Las Casas, “no es un hecho aislado, sino reflejo de la crisis de derechos humanos, la violencia estructural y la falta de políticas públicas que acompañen el interés superior de la niñez y la adolescencia”.

  Redias expresó su “preocupación ante los matrimonios y la fecundidad forzados de niñas y adolescentes en la entidad” y recordó que, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las personas menores de dieciocho años son sujetas de derechos y se prohíben prácticas como el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas.

  La Red exigió a los tres niveles de gobierno combatir los matrimonios forzados, garantizar la identificación temprana y la atención integral de la violencia sexual, así como cumplir la Norma Oficial Mexicana 046 de la Secretaría de Salud, que establece el derecho de las víctimas de violencia sexual a la interrupción legal del embarazo. Además, demandó atención inmediata sin criminalización ni revictimización y que las procuradurías de protección elaboren planes de restitución de derechos que aseguren la protección de las niñas y la no repetición de la violencia.

• Incendios en Chubut: voces desde el fuego entre la sequía y un Estado irresponsable

  9 de gener, per  Admin2

  Foto: Matías Garay / Greenpeace

  Los incendios arrasaron 2 mil hectáreas de bosque en el Lago Epuyén en medio del verano más seco en una década. El gobierno de Chubut volvió a buscar responsables «intencionales», mientras la comunidad se organiza en brigadas, denuncia el desfinanciamiento del manejo del fuego y la Ley de Bosques, y las promesas incumplidas tras los incendios del año pasado. Entre el humo también asoman las intenciones inmobiliarias, mineras y por el manejo del agua.

  Desde la Comarca Andina (Chubut y Río Negro)

  El fuego sobre las costas del Lago Epuyén ya arrasó más de 2 mil hectáreas, destruyó 10 viviendas y obligó a evacuar a cientos de pobladores y turistas. El foco inicial, en el ingreso a Puerto Patriada, fue confirmado como «intencional» por la fiscalía local y rápidamente utilizado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para no hablar de las problemáticas de fondo —desfinanciamiento del Servicio de Manejo del Fuego, erradicación del monocultivo de pinos, restauración del bosque nativo; entre otras que ambientalistas, científicos, académicos y vecinos organizados repiten hace años—. El incendio ocurre en un contexto de sequía extrema y en el verano más seco de la última década. Tan seco que arde. Hace solo un año, Epuyén sufrió otro incendio que consumió entre 2.300 y 3.000 hectáreas, con más de 200 familias evacuadas y decenas de casas afectadas.

  A pesar de los discursos de negacionismo de la crisis climáticas a nivel nacional, en 2025, se registraron déficits de lluvia históricos en el norte y oeste patagónico, considerados entre los más secos desde 1961. El 26 de diciembre, diez días antes del inicio del incendio, el gobierno nacional tuvo que reconocer la situación y declaró la emergencia agropecuaria por sequía en Neuquén. En los primeros días de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) confirmaron que la crisis climática y la falta de precipitaciones son factores agravantes que elevan el riesgo de incendios forestales y de interfase en gran parte de la Argentina, incluyendo la región patagónica. Estos organismos declararon un “riesgo extremo” en 16 provincias, advirtiendo que las condiciones deberían considerarse “potencialmente explosivas o extremadamente críticas”. 

  El 5 de enero, Puerto Patriada arde. El deslumbrante paisaje turístico a orillas del Lago Epuyén perdió más de 2.000 hectáreas de bosque y matorrales, el fuego alcanzó una zona de interfase —límite entre el bosque y las zonas urbanizadas— en las deshidratadas calles del paraje Rincón de Lobos, allí arrasó con diez viviendas y decenas de animales.

  

  El foco del incendio se registró, según las hipótesis oficiales, en la reserva forestal ubicada en el ingreso a Puerto Patriada, en el extremo norte del Lago Epuyén, y se dispersó por la ladera norte del Cerro Pirque, que divide las localidades de El Hoyo y Epuyén. El lunes por la tarde, cuando inició el incendio, los parajes de El Hoyo fueron los más amenazados y donde, hasta ahora, se registraron pérdidas materiales del incendio. El fuego continuó rodeando el lago y avanzó en dos direcciones: hacia el oeste rumbo al paraje El Desemboque, en Lago Puelo, y hacia el sur en los parajes rurales de Epuyén. 

  Desde el primer día se volvieron a vivir las imágenes que toda La Comarca —región que reúne los pueblos cordilleranos del sur de Río Negro y norte de Chubut— tenía muy presentes del año pasado, cuando los incendios en Chubut arrasaron Epuyén; y en Río Negro, El Bolsón. Hace un año, la superficie de bosques andino-patagónicos afectada por incendios forestales fue de 31.722 hectáreas, cuatro veces más que en el verano de 2023-2024, según un informe de Greenpeace.   

  Puerto Patriada o «el recuerdo de cuando era verde»

  La repetición del fuego se asemeja a un eco, como una herida que no cierra. Mariana Cides es vecina de Puerto Patriada y cuenta que armó una brigada comunitaria a la que nombró «La Moro», en referencia a un caballo rescatado a orillas del lago Epuyén y a la camioneta en la que transporta el equipo de primer ataque contra el fuego. La vecina recuerda aquella primera noche en la que el cerro brillaba como un fósforo en la oscuridad. Ni bien hubo permiso oficial para que las brigadas comunitarias pudieran circular, emprendieron el camino de montaña.

  «Llegamos a las 20 con agua, un granito de arena. Nos quedamos colaborando hasta las 5.30, cuando ya comenzaba a amanecer. En el camino de regreso desde el lago estaba clareando y vimos todo quemado», dice e insiste con la palabra «todo». Las cifras oficiales hablan de hectáreas arrasadas, pero Cides corporiza esa estadística: «Lo que se siente no se puede describir en palabras: animales lastimados, casas quemadas, bosque quemado, las playas ya no están. Todo queda ahora en el recuerdo de cuando era verde. La verdad, es que se siente una impotencia terrible, terrible para el alma».

  

  La comunidad, esta vez y como años anteriores, vuelve a ser protagonista. «La gente, los vecinos, tienen una humanidad impagable», resume Cides. Con motobombas improvisadas, machetes, botellas de agua, y un mate que circulaba a las tres de la mañana, enfrentaron las llamas. «Estuvimos hasta cualquier hora, todos empapados, embarrados, tiznados», recuerda con cierta euforia aún en la voz y con los párpados pesados de sueño.

  Y agrega: «Va más allá de la tristeza del daño que se hace, porque nunca más volvés a ver el bosque, y no hablo de los pinos que arden como si nada». Cides habla de la vida de los árboles nativos: lengas, cipreses, coihues y ñires, que acumulaban hojarasca hace más de 60 años.  «Entonces, te fundís en un abrazo con alguien que no sabés quién es, y no te importa. No recuerdo el nombre de nadie pero si los veo o los escucho puedo reconocerlos”, cuenta con certeza. 

  Entre esas imágenes del combate al fuego, Cides habla de un niño, de unos diez años, que se les acercó a pedir que vayan a ayudar a su papá, mientras la brigada comunitaria recargaba un tótem de agua. «Era un gurisito, que estaba en la orilla, pegado al lago. Estaba con caballos de cabalgata. Y nos dijo, con toda inocencia: sacamos a éstos y allá se quemó todo el campo nuestro y también se deben haber quemado animales porque no quedaron más que esta yegua, este caballo, este otro”, enumeró.

  “Nos contó el nombre de cada uno y nos pidió que fuéramos a ver a su papá, que estaba en el campo, pero no llegamos, era un infierno”, retrata Cides y grafica: fuego a cada lado del camino, las indicaciones para senderismo consumidas sobre los árboles. Volvieron a buscar agua en la orilla ante tanto calor. Las hojas de los árboles se retorcían, achicharradas por el fuego, que siguieron combatiendo con otro grupo de pobladores y prestadores turísticos. 

  La organización comunitaria frente al desfinanciamiento nacional

  Mientras los vecinos organizados comunitariamente acompañaban o suplen las tareas de los brigadistas del desfinanciado Servicio del Manejo del Fuego provincial y nacional, el gobernador Ignacio Torres ofrecía una conferencia de prensa para anunciar que «los miserables que prendieron fuego van a terminar presos». El contraste se hace evidente: mientras la comunidad se organiza con lo que tiene a mano, el Estado aparece con discursos punitivos sin garantizar recursos permanentes ni respetar el modo de habitar y vivir en los territorios por parte de la población local.

  

  Durante el combate del fuego, según relatos de brigadistas comunitarios, el cuerpo olvida el hambre, también el cansancio e incluso el calor que se refleja e impregna por completo en la piel. En aquella adrenalina no existe registro, el cansancio parece nacer después, al descansar. Cides dice no haber visto brigadistas o bomberos, muchos menos autoridades, durante las primeras horas transcurridas. El gobierno provincial habló luego de la acción de 6 aviones hidrantes, 1 helicóptero, camiones cisterna de Vialidad Nacional y, luego del tercer día, un  Boeing 737 Fireliner enviado desde Nación.

  A pesar de los anuncios del gobernador con el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente Javier Milei desfinancia el Servicio del Manejo del Fuego desde el inicio de su  gestión. En el Presupuesto 2026, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del presupuesto nacional, contará con 20.131 millones, lo que implica una caída real del 69 por ciento con respecto a 2023 y del 53,6 por ciento con respecto a 2025.

  El fuego sobre Rincón de Lobos, los pinos y la Ley de Bosques

  «Lo de anoche fue dantesco», cuenta Juan Pablo «Pocho» Acosta, ingeniero agrónomo, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y vecino del paraje Rincón de Lobos. Desde su casa se veía el Cerro Pirque encendido durante la noche. En aquel paraje muchos vecinos se autoevacuaron y los que quedaron, se mantienen atentos al movimiento del fuego llevado por el viento. Lo hacen durmiendo por turnos y con los tanques de agua comunitarios y las autobombas preparadas.

  También se escuchan pasar los aviones hidrantes y autobombas de los servicios provincial y nacional de Manejo del Fuego, pero con el cerro prendido «solo se puede controlar cuestiones muy puntuales», advierte Acosta y agrega: «Los ataques al fuego son para resguardar vidas humanas y evitar que se dañe infraestructura, pero el monte se sigue quemando hasta que haya una lluvia».

  

  Entonces, marca uno de los problemas de fondo, de lo que no se hizo hasta que el fuego se inició. «El gobierno dio de baja el fondo fiduciario de la Ley de Bosques, que aporta los recursos para el trabajo preventivo y el ordenamiento forestal. Ahora estás trabajando sobre la emergencia y sobre la emergencia no alcanza nada».  El manejo del monocultivo de pinos es un problema central La Comarca, año tras año vecinos, asambleas, técnicos y académicos denuncian el descontrol de los planes forestales que, entre la década de 1970 y 1990, impulsaron la implantación de variedades de pino del hemisferio norte, un tipo de árbol con gran capacidad de combustión.

  «Los planes de restauración de monte nativo están muy atados al financiamiento nacional de la Ley de Bosques, que hoy está desfinanciada», insiste el integrante de UTT y habla de lo que se repite en cada incendio: «La presencia de especies exóticas como el pino, te cambia la dinámica del fuego, es mucho más virulenta en un bosque de pino que en un bosque nativo. El fuego promueve la colonización de estas especies y los ciclos ígneos se repiten con más fuerza». 

  Agotado de esperar que el fuego no llega a su casa y a la de sus vecinos, Acosta se toma un tiempo, piensa y propone un plan de 5 ejes de política pública para prevenir los incendios en Chubut:

  • Erradicación de exóticas (pino, principalmente)
  • Restauración de bosque nativo
  • Fortalecimiento del combate del fuego (personal y equipamiento)
  • Educación ambiental
  • Fortalecimiento y ordenamiento de la producción de pequeños productores familiares que viven las reservas provinciales y nacionales y en sus entornos.

  Los incendios en Chubut, una tragedia repetida ¿por «intencionalidad» de quién?

  Claudia Sastre, comunicadora e integrante de la Asamblea de Vecinos de Epuyén, es testigo de cómo el fuego avanzó por la ladera sur del Cerro Pirque hacia los parajes rurales de Epuyén, que un año atrás vio arder hectáreas y viviendas bajo el fuego. El avance del foco de este verano obligó a la evacuación de las personas en el desembocadura del río homónimo, pero aún no alcanzó a las zonas de viviendas. Sastre vió caer las cenizas del incendio sobre su casa: «Está todo blanco, como si hubiera nevado», dice y agrega: «Es una catástrofe, se perdió toda la biósfera». 

  Azul Gatti Yapur, quien perdió su casa en las llamas de enero de 2025 y pertenece a la Asamblea de Vecinxs Damnificadxs de Epuyén, dice casi envuelta en una risa nerviosa: «Ahora mojo el techo de la estructura de mi casa para que esta vez no se queme, es muy desesperante» y denuncia: «No terminaron de llegar las ayudas del incendio anterior y ya estamos atravesando uno nuevo». Su comentario, es parte de un pliego de reclamos de la asamblea de vecinos y vecinas que va desde la solicitud de extensión del subsidio para alquiler hasta la entrega de fondos para reconstruir lo perdido para quienes aún no lo han recibido.  

  

  Gatti Yapur participa de un espacio que se organiza ante cada emergencia para cocinar viandas y alcanzarlas a las brigadas comunitarias. Durante la conversación se distrae con gritos, anuncios de ingredientes y cantidades entregadas. Sostiene que «este momento es de cocinar, mojar las casas y conversando cómo seguir». «La comarca es muy buena organizándose ante emergencias pero no lo es para mantener la organización durante el resto del tiempo, por ejemplo, sosteniendo reclamos sobre anuncios que aún no se cumplieron«.

  Sastre suma en esa misma línea y denuncia: «Tras los incendios llegaron 7 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional. En Epuyén no cambió nada para el combate del fuego y a los damnificados les quedó muy poco. Los incendios son un gran negocio para los funcionarios». Repasa entonces las hipótesis del fuego y da lugar a la presencia de focos intencionales, como el gobernador Ignacio Torres denunció, pero abre el paraguas respecto de las investigaciones posteriores y de la estigmatización del Pueblo Mapuche. 

  Durante la conferencia de prensa brindada por Torres junto a Santilli, el gobernador mantuvo la misma narrativa de la búsqueda de un enemigo interno que el año pasado, aunque evitó hablar explícitamente del Pueblo Mapuche, mediáticamente acusados y judicialmente perseguidos por los incendios en Chubut de 2025. Santilli reforzó la idea hablando de una recompensa de 50 millones de pesos para quien aportara información. “Son los mismos violentos. Hay una conexión también en cuanto a la modalidad de estos delitos y obviamente el fuego no distingue jurisdicción, ni nacional, ni provincial, ni interprovincial», dijo Torres.

  

  Ante los dichos, Gatti Yapur no se sorprende, al contrario, asegura que “es lo que vienen haciendo, culpando en lugar de responsabilizarse por la falta de prevención y cuidado, de manejo de implantaciones de pinos, entre otras». Pocas días atrás, el gobernador del Chubut lanzó otra hipótesis al hablar del hallazgo de, al menos, seis granadas de guerra en el Lago Epuyén, dentro del Parque Municipal Puerto Bonito, cercano a las llamas de estos días.

  Torres confirmó que los explosivos pertenecían al Ejército y que, por los números de serie, se pudo establecer que eran propiedad del Ministerio de Defensa. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Carlos Díaz Meyer, el mismo que interviene en la búsqueda de responsables de los focos ígneos, sin resolver aún la causa sobre el siniestro del 15 de enero de 2025 en la misma localidad. 

  En ese contexto, Torres afirmó nuevamente que «todos los años se quiere sembrar miedo y terror en la zona» y que «cualquiera que quiera asustar a la comunidad va a terminar preso». Otra vez el fuego, otra vez el discurso punitivista que desliga la responsabilidad del Estado para colocarla sobre los autores materiales, ignorando la problemática territorial de fondo. «Luego del incendio de enero del año pasado se realizó hasta una pericia de la Policía Federal en la que se probaba que hubo líquidos acelerantes del fuego, pero la investigación no avanzó. Si no hay resultado de las investigaciones y solo se criminaliza por criminalizar, da mucho que pensar«, reflexiona Sastre sobre los discursos oficiales.  

  

  La periodista de la Radio Asamblea insiste en otras hipótesis del fuego, las que denuncian desde hace años: «El desfinanciamiento del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, por ejemplo. Hace menos de un mes despidieron a cinco técnicos que estaban haciendo trabajos de reforestación, le rescindieron el contrato. El servicio está desfinanciado, no cumplen los acuerdos paritarios, las brigadas están siempre igual, mal equipadas y mal pagas. No ha cambiado nada«. 

  Si la palabra que da vueltas es «intencionalidad» —avalada por esa políticamente difusa cifra oficial que indica que el 95 por ciento de los incendios son provocados por acción humana—, Sastre sospecha de la que está detrás del negocio de que, cada verano, los bosques nativos se incendien sin tareas de prevención ni previas ni posteriores: «Si hay intencionalidad es de los que quieren quedarse con el territorio y no de los los que vivimos en él. Intereses inmobiliarios, mineras, capitales extranjeros, la explotación del agua. El agua es un nuevo commodity y los incendios son el rifle sanitario«, sentencia. 

  Como ejemplo, Sastre habla del paraje Arroyo Mina, donde vive al pie del Cerro Coihue: «Ya está señalado como que, en algún momento, se va a prender fuego. Hay mucho bosque nativo, pero también hay manifestaciones para realizar emprendimientos mineros. Hay más de 20 manifestaciones mineras en todo el ejido de Epuyén». 

  La repetición del fuego no es solo una estadística: es un trauma colectivo que se renueva cada verano, una herida que se abre en el mismo territorio, en los mismos cuerpos.

  Edición: Nahuel Lag

  Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

• Asesinan al periodista Carlos Castro en Veracruz

  9 de gener, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. El periodista de 26 años Carlos Castro fue asesinado por sujetos armados la noche de este jueves en un restaurante de Poza Rica, Veracruz, donde cubría temas policíacos y de seguridad, dirigía el portal informativo Código Norte Veracruz y había colaborado en los medios Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque.

  De acuerdo con compañeros de Castro, el joven había denunciado amenazas y en 2024 la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le había otorgado medidas de protección, que presuntamente le fueron retiradas meses antes del crimen. El Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas, que condenó el asesinato, informó que las medidas otorgadas “lo llevaron incluso a salir temporalmente del municipio ante el riesgo identificado”.

  “Tener medidas de protección no debe ser sinónimo de vulnerabilidad ni un respaldo insuficiente ante agresiones extremas. La implementación y seguimiento efectivo de estas medidas es una responsabilidad de las autoridades encargadas y su fracaso en proteger la vida de un profesional de la prensa expone fallas graves en los mecanismos de protección existentes”, criticó el Observatorio en un comunicado.

  

  La organización exigió que las autoridades realicen una investigación “pronta, exhaustiva, profesional e imparcial” que considere la labor periodística de Castro como línea de investigación principal y que esclarezca las circunstancias relacionadas con las medidas de protección previamente concedidas, su seguimiento y cumplimiento.

  El asesinato de Castro se registró alrededor de las 19 horas de este 8 de enero en el negocio “TrogueBirria”, que administraba junto a su familia. Al lugar llegaron sujetos desconocidos y fuertemente armados que huyeron después de dispararle.

  De 2005 a 2024, al menos 31 asesinatos de periodistas fueron cometidos en Veracruz, una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó que México es el segundo país “más peligroso para ejercer el periodismo”, sólo por detrás de Palestina.

  

• La guía integral del imperialismo en Venezuela

  9 de gener, per  Admin2

  El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a manos del imperialismo estadounidense marca una nueva y gravísima escalada en la agresión sostenida contra la soberanía de Venezuela. Lejos de tratarse de un hecho aislado o excepcional, este episodio se inscribe en una ofensiva prolongada que combina guerra económica y financiera, deslegitimación política, coerción militar y producción de consenso mediático y hegemonía cultural. Frente a la confusión informativa, la propaganda y la proliferación de narrativas especulativas, este artículo propone un marco de análisis para comprender la lógica estructural del imperialismo contemporáneo y situar este ataque en el contexto del asedio que Venezuela viene sufriendo desde hace décadas.

  Imperialismo y sistema-mundo capitalista: un marco de análisis

  Desde la perspectiva del análisis de sistemas-mundo, el capitalismo no se entiende como una suma de economías nacionales aisladas, sino como una totalidad histórica estructurada por relaciones jerárquicas de dominación y dependencia, articuladas a través del intercambio desigual. En este marco, el imperialismo no constituye una deformación coyuntural ni el resultado excepcional de crisis o guerras concretas, sino la dimensión constitutiva del sistema-mundo capitalista, inseparable de su lógica histórica de expansión y de su necesidad permanente de acumulación a escala global.

  El imperialismo puede definirse, así, como el modo jerárquico mediante el cual se organiza la captura, transferencia y apropiación del valor en el mundo. Este proceso se basa en la subordinación estructural de unas sociedades a otras dentro de una división internacional de la producción y el trabajo que separa a los países que no retienen el valor que producen de aquellos que lo capturan y concentran gracias al intercambio desigual. Esta jerarquización configura los polos clásicos del sistema —centro y periferia, o Norte y Sur global—, así como espacios intermedios de semiperiferia, donde coexisten dinámicas contradictorias de apropiación y dependencia. El imperialismo, en este sentido, segrega y ordena el mundo para garantizar la acumulación de capital, apoyándose en la extracción barata de trabajo, bienes materiales y energía, y en la externalización sistemática de costes hacia la periferia.

  Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social

  Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social. La dominación económica —basada en el control de los flujos de valor, el endeudamiento, las sanciones o el acceso a los mercados— se ve reforzada por instrumentos políticos y diplomáticos, por la amenaza o el uso efectivo de la coerción militar, y por formas de hegemonía cultural y mediática que contribuyen a legitimar el orden existente en el imaginario social. Estos ámbitos no funcionan de manera compartimentada, sino que se combinan y retroalimentan en distintos grados de coerción y consenso, buscando un equilibrio que permita naturalizar la subordinación imperialista y normalizar la captura de valor como un hecho inevitable o incluso deseable.

  La participación activa de los Estados es clave en esta arquitectura de dominación. A través de marcos legales, acuerdos internacionales, dispositivos diplomáticos y, llegado el caso, el uso de la fuerza militar, se crean las condiciones para que las corporaciones transnacionales y las entidades financieras concentren la mayor parte de los beneficios del comercio global. En este contexto, puede hablarse de Estados imperialistas, fundamentalmente situados en el centro del sistema-mundo capitalista, frente a otros Estados cuya inserción estructural es de dependencia, independientemente de sus proyectos políticos internos o de sus aspiraciones de desarrollo. Las distintas fases históricas del imperialismo —colonial, neocolonial y neoliberal— muestran continuidades y rupturas en estas formas de dominación, generalmente asociadas a periodos de hegemonía de potencias concretas, siendo Estados Unidos el actor central del imperialismo contemporáneo.

  Este marco permite analizar el caso venezolano no como una anomalía ni como un conflicto estrictamente interno, sino como una expresión concreta de las tensiones del sistema-mundo capitalista y de las formas contemporáneas de agresión imperialista. Las dinámicas económicas, políticas, diplomáticas, mediáticas, culturales y militares que han atravesado Venezuela en las últimas décadas, hasta desembocar en la abierta intervención militar de estos días contraria al derecho internacional, solo pueden comprenderse plenamente si se las sitúa dentro de esta lógica estructural de dominación, captura de valor y disciplinamiento de la periferia.

  Venezuela en el engranaje del imperialismo contemporáneo

  Situar el caso venezolano dentro del marco del sistema-mundo capitalista implica abandonar explicaciones excepcionalistas o moralizantes y entenderlo como una expresión concreta de las dinámicas estructurales del imperialismo contemporáneo. Lejos de tratarse de un mero conflicto bilateral, de un “fracaso interno” o de una supuesta “deriva autoritaria”, la agresión sostenida contra Venezuela debe leerse como parte de un proceso de disciplinamiento de la periferia en un contexto de crisis, reconfiguración geopolítica y declive relativo de la hegemonía estadounidense.

  Desde el inicio del proceso bolivariano, la soberanía venezolana fue objeto de una confrontación sostenida por parte del imperialismo estadounidense y sus aliados regionales. Ya durante la presidencia de Hugo Chávez (1999–2013), esta ofensiva adoptó múltiples formas que anticipan los mecanismos hoy desplegados contra Venezuela. El golpe de Estado de abril de 2002 —respaldado por sectores empresariales, mediáticos y militares, y legitimado de facto por Washington— marcó un punto de inflexión, seguido pocos meses después por el paro petrolero de 2002–2003, un sabotaje económico dirigido a paralizar PDVSA y asfixiar al Estado venezolano. A estos episodios se sumaron operaciones de desestabilización política y financiera, como el financiamiento de la oposición a través de agencias estadounidenses (USAID y NED), la presión internacional durante el referéndum revocatorio de 2004, y la detección de tramas paramilitares vinculadas a Colombia, como la llamada Operación Daktari en 2004. 

  En las últimas décadas (y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010) Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación,

  Estos hechos se inscribieron, además, en un entorno regional crecientemente militarizado, con la expansión de la presencia estadounidense en Colombia y la realización de ejercicios militares que simulaban escenarios de intervención en Venezuela, que incluyen el precedente de la Operación Balboa en 2001, liderada por España en coordinación con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Paralelamente, se consolidó una guerra mediática internacional orientada a erosionar la legitimidad del gobierno bolivariano y a preparar el terreno simbólico para formas más abiertas del uso de la fuerza. Lejos de constituir episodios aislados, estos precedentes revelan una estrategia prolongada de injerencia que combina presión económica, conspiración política, amenaza militar y disciplinamiento discursivo, y que encuentra su continuidad —con medios más radicalizados— en la fase actual de agresión imperialista contra Venezuela.

  El imperialismo puede definirse, así, como el modo jerárquico mediante el cual se organiza la captura, transferencia y apropiación del valor en el mundo. Este proceso se basa en la subordinación estructural de unas sociedades a otras dentro de una división internacional de la producción y el trabajo que separa a los países que no retienen el valor que producen de aquellos que lo capturan y concentran gracias al intercambio desigual. Esta jerarquización configura los polos clásicos del sistema —centro y periferia, o Norte y Sur global—, así como espacios intermedios de semiperiferia, donde coexisten dinámicas contradictorias de apropiación y dependencia. El imperialismo, en este sentido, segrega y ordena el mundo para garantizar la acumulación de capital, apoyándose en la extracción barata de trabajo, bienes materiales y energía, y en la externalización sistemática de costes hacia la periferia.

  Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social

  Lejos de reducirse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula distintas esferas de la vida social. La dominación económica —basada en el control de los flujos de valor, el endeudamiento, las sanciones o el acceso a los mercados— se ve reforzada por instrumentos políticos y diplomáticos, por la amenaza o el uso efectivo de la coerción militar, y por formas de hegemonía cultural y mediática que contribuyen a legitimar el orden existente en el imaginario social. Estos ámbitos no funcionan de manera compartimentada, sino que se combinan y retroalimentan en distintos grados de coerción y consenso, buscando un equilibrio que permita naturalizar la subordinación imperialista y normalizar la captura de valor como un hecho inevitable o incluso deseable.

  La participación activa de los Estados es clave en esta arquitectura de dominación. A través de marcos legales, acuerdos internacionales, dispositivos diplomáticos y, llegado el caso, el uso de la fuerza militar, se crean las condiciones para que las corporaciones transnacionales y las entidades financieras concentren la mayor parte de los beneficios del comercio global. En este contexto, puede hablarse de Estados imperialistas, fundamentalmente situados en el centro del sistema-mundo capitalista, frente a otros Estados cuya inserción estructural es de dependencia, independientemente de sus proyectos políticos internos o de sus aspiraciones de desarrollo. Las distintas fases históricas del imperialismo —colonial, neocolonial y neoliberal— muestran continuidades y rupturas en estas formas de dominación, generalmente asociadas a periodos de hegemonía de potencias concretas, siendo Estados Unidos el actor central del imperialismo contemporáneo.

  Este marco permite analizar el caso venezolano no como una anomalía ni como un conflicto estrictamente interno, sino como una expresión concreta de las tensiones del sistema-mundo capitalista y de las formas contemporáneas de agresión imperialista. Las dinámicas económicas, políticas, diplomáticas, mediáticas, culturales y militares que han atravesado Venezuela en las últimas décadas, hasta desembocar en la abierta intervención militar de estos días contraria al derecho internacional, solo pueden comprenderse plenamente si se las sitúa dentro de esta lógica estructural de dominación, captura de valor y disciplinamiento de la periferia.

  Venezuela en el engranaje del imperialismo contemporáneo

  Situar el caso venezolano dentro del marco del sistema-mundo capitalista implica abandonar explicaciones excepcionalistas o moralizantes y entenderlo como una expresión concreta de las dinámicas estructurales del imperialismo contemporáneo. Lejos de tratarse de un mero conflicto bilateral, de un “fracaso interno” o de una supuesta “deriva autoritaria”, la agresión sostenida contra Venezuela debe leerse como parte de un proceso de disciplinamiento de la periferia en un contexto de crisis, reconfiguración geopolítica y declive relativo de la hegemonía estadounidense.

  Desde el inicio del proceso bolivariano, la soberanía venezolana fue objeto de una confrontación sostenida por parte del imperialismo estadounidense y sus aliados regionales. Ya durante la presidencia de Hugo Chávez (1999–2013), esta ofensiva adoptó múltiples formas que anticipan los mecanismos hoy desplegados contra Venezuela. El golpe de Estado de abril de 2002 —respaldado por sectores empresariales, mediáticos y militares, y legitimado de facto por Washington— marcó un punto de inflexión, seguido pocos meses después por el paro petrolero de 2002–2003, un sabotaje económico dirigido a paralizar PDVSA y asfixiar al Estado venezolano. A estos episodios se sumaron operaciones de desestabilización política y financiera, como el financiamiento de la oposición a través de agencias estadounidenses (USAID y NED), la presión internacional durante el referéndum revocatorio de 2004, y la detección de tramas paramilitares vinculadas a Colombia, como la llamada Operación Daktari en 2004. 

  En las últimas décadas (y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010) Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación,

  Estos hechos se inscribieron, además, en un entorno regional crecientemente militarizado, con la expansión de la presencia estadounidense en Colombia y la realización de ejercicios militares que simulaban escenarios de intervención en Venezuela, que incluyen el precedente de la Operación Balboa en 2001, liderada por España en coordinación con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Paralelamente, se consolidó una guerra mediática internacional orientada a erosionar la legitimidad del gobierno bolivariano y a preparar el terreno simbólico para formas más abiertas del uso de la fuerza. Lejos de constituir episodios aislados, estos precedentes revelan una estrategia prolongada de injerencia que combina presión económica, conspiración política, amenaza militar y disciplinamiento discursivo, y que encuentra su continuidad —con medios más radicalizados— en la fase actual de agresión imperialista contra Venezuela.

  Así pues, en las últimas décadas —y de forma particularmente intensa desde mediados de los años 2010— Venezuela ha sido objeto de un incremento en esta estrategia multiforme de dominación, en la que se han combinado sanciones económicas, asfixia financiera, deslegitimación diplomática, operaciones de desestabilización política, amenazas militares, acciones encubiertas y una intensa guerra mediática y cultural. Esta articulación de instrumentos responde con claridad a los automatismos del imperialismo descritos anteriormente: un equilibrio relativo entre coerción y consenso destinado a forzar un cambio de régimen con el fin de imponer la sumisión del país a los circuitos de acumulación del capital global.

  El eje económico ha sido central en esta ofensiva. Tras la desestabilización interna provocada por las guarimbas en 2014 —que acompañaron al incremento de la financiación directa de Estados Unidos a la oposición—, desde 2015, y de forma cualitativamente más agresiva a partir de 2017 y 2019, las sanciones unilaterales estadounidenses, contrarias al derecho internacional, no solo han castigado severamente la capacidad del Estado venezolano para comerciar, financiarse y sostener políticas públicas, sino que han funcionado como un mecanismo de guerra económica orientado a erosionar las condiciones materiales de reproducción social. Las sanciones financieras impuestas en 2017 bloquearon el acceso a los mercados internacionales de crédito e impidieron la refinanciación de la deuda, mientras que el embargo petrolero de facto instaurado en 2019 contra PDVSA, acompañado de la confiscación de activos estratégicos en el exterior, profundizó el colapso de los ingresos públicos y de la capacidad de importación del país.

  Estudios del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estimaron que, solo entre 2017 y 2018, las sanciones contribuyeron a 40.000 muertes evitables en Venezuela

  Las consecuencias materiales de este estrangulamiento han sido ampliamente documentadas. Estudios del Center for Economic and Policy Research (CEPR) estimaron que, solo entre 2017 y 2018, las sanciones contribuyeron a 40.000 muertes evitables, al restringir el acceso a alimentos, medicamentos, insumos hospitalarios y servicios básicos, mientras otros estudios elevaron esta cifra a más de 100.000 hasta 2020. Informes de agencias de Naciones Unidas han constatado el deterioro sostenido de los indicadores de salud, nutrición y mortalidad infantil y materna en el contexto del colapso económico inducido. En 2018, un funcionario del propio Departamento de Estado de Estados Unidos reconocía abiertamente el objetivo de esta política al afirmar que las sanciones habían forzado a Venezuela a entrar en default y que el “colapso total” era la prueba de que la estrategia estaba funcionando.

  Este proceso de asfixia económica ha ido acompañado de una desposesión financiera directa, en la que han participado activamente instituciones de los países centrales. El caso del oro venezolano retenido por el Banco de Inglaterra resulta particularmente ilustrativo. Bajo el argumento de “no saber quién es el gobierno legítimo”, el Reino Unido se negó a devolver reservas soberanas pertenecientes al Estado venezolano, incluso en plena emergencia del covid. De forma paralela, activos estatales por valor de decenas de miles de millones de dólares fueron congelados en el exterior, y empresas estratégicas como Citgo quedaron bajo control judicial en Estados Unidos, privando al país de recursos fundamentales.

  Este eje económico se articuló con una ofensiva política y diplomática destinada a negar la soberanía venezolana en el plano internacional. Tras el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, en enero de 2019 se produjo el reconocimiento inmediato por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados de Juan Guaidó como autoridad paralela, sin haberse presentado ni tan siquiera a las elecciones presidenciales. Esto sería acompañada, un mes después, de un intento de entrada desde la frontera colombiana bajo el pretexto de la “ayuda humanitaria”. Estos episodios pusieron de manifiesto el papel desempeñado por gobiernos, organismos multilaterales y alianzas regionales en la elaboración de un consenso internacional para el cambio de régimen y la intervención, normalizando una interpretación notablemente elástica de la legalidad internacional en favor de los intereses del hegemón.

  Cuando estas herramientas no produjeron los resultados esperados, la lógica imperialista recurrió a formas de acción más directas. En agosto de 2018 tuvo lugar el intento de asesinato de Nicolás Maduro

  Cuando estas herramientas no produjeron los resultados esperados, la lógica imperialista recurrió a formas de acción más directas. En agosto de 2018 tuvo lugar el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro mediante drones con explosivos. En años posteriores, se intensificaron los despliegues navales estadounidenses en el Caribe, con incursiones mercenarias como la Operación Gedeón en mayo de 2020 y las recientes operaciones de interdicción bajo el argumento de la “guerra contra el narcotráfico”, que ha resultado en el asesinato extrajudicial y sin pruebas de más de un centenar de personas, de las que se sabe que muchas de ellas eran simples pescadores artesanales de la zona. En este contexto, la declaración del fentanilo como “arma de destrucción masiva” o la criminalización del Estado venezolano mediante narrativas como la del llamado Cartel de los Soles cumplieron con la función de construir un marco moral que legitimara la violencia imperialista ante la opinión pública. Resulta revelador que esta última acusación haya sido eliminada al iniciarse las audiencias judiciales contra Maduro, evidenciando su carácter instrumental y propagandístico.

  Por supuesto, este dispositivo coercitivo no se sostiene únicamente mediante la fuerza. La producción de consenso ha sido igualmente clave. Para ello, ha proliferado la promoción internacional de liderazgos opositores, y los reconocimientos y dispositivos simbólicos de legitimación por medio del uso de premios institucionales, desde el Premio Sájarov de la Unión Europea a los ultraderechistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hasta el Premio Nóbel a la primera o el novedoso sainete del Premio de la Paz de la FIFA a Donal Trump. A ello se ha unido una cobertura mediática sistemáticamente sesgada —con la reiteración acrítica de términos como “dictador”, “tirano”, “autárquico” o “régimen” en prensa generalista tanto como en prensa rosa o deportiva— para configurar una estrategia cultural destinada a naturalizar la intervención y a presentar el cambio de régimen como una causa deseable, humanitaria e incluso pacífica. Como en otros escenarios históricos, la hegemonía cultural funciona aquí como complemento indispensable de la coerción financiera y militar, haciendo de la agresión una parte central del sentido común político.

  El crudo pesado venezolano adquiere una importancia específica, ya que podría servir para complementar las limitaciones del crudo ultraligero procedente del fracking estadounidense

  Pero detrás de esta ofensiva no hay solo una voluntad de disciplinamiento, castigo o dominio en términos abstractos. Venezuela ocupa un lugar estratégico en la geografía material del capitalismo global, especialmente por sus reservas energéticas. Aunque el petróleo venezolano es ultrapesado y costoso de refinar, su relevancia no puede evaluarse al margen de la configuración actual del mercado energético global. Venezuela concentra unas de las mayores reservas probadas de crudo del planeta —en torno a los 300.000 millones de barriles, mayoritariamente en la Faja del Orinoco—, un volumen comparable o incluso superior al de grandes productores como Arabia Saudí o Irán, aunque sometido a condiciones geológicas y técnicas complejas. La fuerte caída de la producción —hoy situada en torno a los 900.000–1.100.000 barriles diarios frente a los más de tres millones alcanzados en su pico histórico—, respondería al efecto de las sanciones en la asfixia financiera del país y el consecuente deterioro deliberado en inversión e infraestructuras. 

  En este contexto, el crudo pesado venezolano adquiere una importancia específica, ya que podría servir para complementar las limitaciones del crudo ultraligero procedente del fracking estadounidense, que se estima insuficiente por sí solo para abastecer la demanda de diésel y otros destilados medios. Además, este petróleo venezolano encaja con la capacidad instalada de las grandes refinerías del Golfo de México, diseñadas precisamente para procesar crudos densos y con alto contenido en azufre. A ello se suma un factor logístico nada menor: la proximidad geográfica —unas 1.500–2.000 millas náuticas frente a las 8.000–10.000 desde Oriente Medio— reduce los costes de transporte (y, por tanto, de uso de crudo) y los riesgos de exposición a los potenciales cuellos de botella estratégicos en Ormuz, Suez o Bab el-Mandeb, en un escenario de creciente inestabilidad global. Esta combinación de reservas, calidad del crudo, infraestructura de refinación y geografía explica por qué el control territorial y logístico del petróleo venezolano, sin ser el único, sigue siendo un elemento de peso en las disputas geoeconómicas contemporáneas, más allá de los relatos coyunturales con los que se intenta justificar la agresión. Pero es que además, el control de estos recursos no solo tiene implicaciones energéticas, sino también financieras y monetarias, al ser parte de una política destinada a reforzar el papel del dólar en el comercio internacional energético con el fin de apuntalar una hegemonía en crisis.

  Venezuela aparece como una plaza clave en un repliegue táctico más amplio de Estados Unidos hacia sus esferas de influencia (que incluye el esfuerzo por disciplinar a Europa, Japón y Corea del Sur)

  En este sentido, Venezuela aparece como una plaza clave en un repliegue táctico más amplio de Estados Unidos hacia sus esferas de influencia (que incluye el esfuerzo por disciplinar a Europa, Japón y Corea del Sur), en un momento de transformación, combustión y disputa estratégica a escala mundial. No se trata únicamente de renovar la Doctrina Monroe por medio del “Corolario Trump” parareafirmar el viejo “patio trasero” —como los imperialistas estadounidenses menosprecian a América Latina—, sino de consolidar posiciones frente a posibles competidores sistémicos al tiempo que se afianzan dependencias y liberan recursos para el eje central de la confrontación geopolítica contemporánea. El caso venezolano, lejos de ser marginal, se inscribe así en el corazón de las contradicciones del imperialismo en su fase actual, cuando el centro del mismo percibe que ha perdido el control hegemónico sobre el resto.

  Hechos frente a conspiraciones: la obligación estratégica de la información frente a la confusión mediática imperialista

  El recorrido hasta aquí realizado permite extraer una conclusión fundamental: sin herramientas de análisis estructural, las agresiones imperialistas aparecen como hechos medio confusos, excepcionales o a veces inexplicables, que incluso parecen ser producto de actitudes magolómanas o ataques psicóticos. En realidad, responden a patrones históricos bien conocidos. Comprender el imperialismo como un sistema, y no como una suma de excesos, errores o conspiraciones aisladas, no es un ejercicio intelectual abstracto, sino una condición política imprescindible para poder identificar al agresor, nombrar la violencia y articular respuestas colectivas.

  En contextos de crisis, zozobra y desinformación, esta tarea se vuelve aún más urgente. La ofensiva imperialista no se libra únicamente en los planos económico, diplomático o militar, sino también en el campo de la producción de conocimiento. Lo que circula masivamente en esos momentos no es información neutral, sino, en el mejor de los casos, propaganda: relatos diseñados para desorientar, fragmentar, sembrar sospechas y desplazar el foco desde los hechos comprobables hacia un terreno pantanoso de especulación permanente. El último de ellos ha sido el destinado a deslizar la posibilidad de que la hasta ahora vicepresidenta, y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, haya sido la figura que ha traicionado a Nicolás Maduro. Sin pruebas, sin datos, sin nada, la acusación ha permeado los debates de buena parte de una supuesta izquierdaen redes sociales que, a merced de los algoritmos, que ni tan siquiera se ha atrevido cuestionar el origen de la tesis, a pesar haber sido propagada de manera profusa por el propio Donald Trump, los servicios de inteligencia estadounidenses y medios con sede en Miami. Esto pone en evidencia que, cuanto mayor es la capacidad de difusión mediática del hegemón, más eficaz resulta su estrategia de desinformación y confusión. 

  Frente a una agresión imperialista que hace apenas unas décadas habría provocado movilizaciones masivas, hoy asistimos con demasiada frecuencia a una sustitución del análisis por teorías conspirativas recicladas

  La especulación sin pruebas, la amplificación acrítica de narrativas fabricadas en centros de poder hostiles y la obsesión por tramas opacas terminan haciendo el juego al imperialismo, debilitando la capacidad de denuncia, erosionando la confianza política y fragmentando a quienes deberían estar construyendo respuestas comunes. Allí donde se necesita claridad, unidad y fuerza, se introduce confusión, sospecha y parálisis. No se trata de negar la complejidad de los procesos ni de clausurar el debate, sino de poner en cuarentena las narrativas que responden a intereses imperiales evidentes y de no convertir la incertidumbre en un mercado de rumores. La historia del imperialismo demuestra que su mayor eficacia no reside solo en la violencia que ejerce, sino en su capacidad para desarmar políticamente a sus adversarios, incluso desde posiciones que se reclaman críticas o de izquierdas.

  Efectivamente, frente a una agresión imperialista que hace apenas unas décadas habría provocado movilizaciones masivas, hoy asistimos con demasiada frecuencia a una sustitución del análisis por teorías conspirativas recicladas, a menudo, como hemos visto, procedentes de los mismos aparatos mediáticos y de inteligencia que han impulsado históricamente las campañas de desestabilización contra Venezuela y otros países del Sur global. Frente a ello, recuperar el análisis materialista, atender a las estructuras, identificar los intereses en juego y sostener una crítica anclada en hechos verificables no es una opción más entre otras, sino una obligación estratégica. En un mundo atravesado por una crisis sistémica de extraordinarias dimensiones y por la consecuente intensificación de las agresiones imperialistas, el rigor y la disciplina intelectuales no son ningún lujo, sino una forma de resistencia activa y una condición imprescindible para reconstruir la solidaridad internacional y la acción colectiva que agresiones como las que estamos experimentando exigen.

  Por ello, conviene centrarse en los hechos que conocemos. Es decir, las sanciones, el saqueo de activos, las amenazas militares, las operaciones encubiertas, la violencia económica sistemática y, por supuesto, el secuestro del presidente constitucional y su esposa en contra del derecho internacional —en tiempos en que cada vez queda más en evidencia que tal derecho apenas ha parecido serlo mientras le ha servido al hegemón para sostener el control global—. Es por medio de estos hechos corroborables que evitamos el fango de la opinión infundada y nos podemos centrar en lo que en este momento resulta esencial: denunciar la flagrante violación estadounidense de la soberanía de Venezuela, exponer la amenaza que esto representa para el resto del mundo y, consecuentemente, exigir la inmediata liberación de los ciudadanos venezolanos Nicolás Maduro y Cilia Flores.

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