Desinformémonos

Articles

• Comunidades exigen al Estado solucionar contaminación provocada por la CFE en Michoacán

  16 de gener, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) emplazó al gobierno federal y del estado y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a atender y solucionar «el grave problema de contaminación de la Central Geotérmica los Azufres», que durante más de 30 años ha dañado los cuerpos de agua, el medio ambiente y el suelo en los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío.

  «De ser omisos, emprenderemos acciones jurídicas, sociales y políticas, como la toma de la Central Geotérmica los Azufres y/o instalaciones de la CFE, así como el inicio de juicios ambientales mediante el Colectivos de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua (Nuestra Fuerza) del CSIM», advirtió el Consejo.

  Además del impacto ambiental, con la Central Geotérmica «de manera paulatina, silenciosa y prolongada la CFE ha generado una crisis de salud, al verter metales pesados y contaminantes en el agua que consume la población, así como por deficiencias graves en el manejo de residuos tóxicos», denunciaron las autoridades tradicionales de las 80 comunidades P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos que integran el CSIM.

  «El agua está siendo contaminada y la CFE es la responsable», aseguró el Consejo, que recordó que son las comunidades indígenas las principales afectadas, con miles de casos de enfermedad renal crónica y en cientos de muertes por complicaciones.

  «El 30 por ciento de los pacientes en la entidad que requieren apoyo renal provienen de la región del Oriente de Michoacán, entre más cercanía hay a la planta geotérmica, existe más enfermedad y contaminación. En Zinapécuaro, el 56 por ciento de los manantiales presenta al menos un contaminante o elemento tóxico por encima de los límites permisibles y en Hidalgo, la contaminación de los afluentes es del 35 por ciento», explicó con base en los datos del proyecto científico «La enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial».

  El CSIM también denunció la «desatención histórica» por parte de las instituciones públicas que deberían solucionar la crisis ambiental y de salud, como la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente «y sobre todo CFE».

  Frente a la contaminación y las afectaciones, el Consejo emplazó al Estado mexicano a realizar una mesa de trabajo con carácter resolutivo en un plazo no mayor de 15 días, ante la urgencia de garantizar el suministro de agua no contaminada y la atención de los pacientes renales.

  A continuación el comunicado completo:

  A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

  AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA

  A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

  A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

  A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  AL PUEBLO DE MICHOACÁN

  Comunidades indígenas y afrodescendientes de #Michoacán a 15 de enero de 2026.

  Iretecheri K´eri Kunkorhekua, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, emplazamos categóricamente al Gobierno de la República, al Gobierno de Michoacán y a la Comisión Federal de Electricidad #CFE a atender y solucionar el grave problema de contaminación de la Central Geotérmica los Azufres.

  Durante más de 30 años la Central Geotérmica los Azufres ha contaminado el agua, el medio ambiente y el suelo de los pueblos y comunidades originarias en los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío, de manera paulatina, silenciosa y prolongada la CFE ha generado una crisis de salud, al verter metales pesados y contaminantes en el agua que consume la población, así como por deficiencias graves en el manejo de residuos tóxicos.

  Esta emergencia sanitaria ha sido documentada y comprobada científicamente en el proyecto “la enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial” presentado el pasado mes de diciembre, sus conclusiones son prueba suficiente e irrefutable de que el agua está siendo contaminada y la CFE es la responsable.

  Durante décadas, las comunidades indígenas son las que más han padecido esta problemática, que se traduce en miles de casos de enfermedad renal crónica y en cientos de muertes por complicaciones, el 30% de los pacientes en la entidad que requieren apoyo renal provienen de la región del Oriente de Michoacán, entre más cercanía hay a la planta geotérmica, existe más enfermedad y contaminación. En Zinapécuaro, el 56% de los manantiales presenta al menos un contaminante o elemento tóxico por encima de los límites permisibles y en Hidalgo, la contaminación de los afluentes es del 35%.

  Aunado a lo anterior, ha existido una desatención histórica de las instituciones públicas que se supone debieran de dar solución a esta crisis que afecta a comunidades pobres, entre ellas: Secretaría de Salud, Secretaría del Medio Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal del Medio Ambiente y sobre todo CFE.

  Ante ello, a petición de comunidades otomí y por resolución de Asamblea General de Autoridades, emplazamos al Estado mexicano a realizar una mesa de trabajo con carácter resolutivo, en un plazo no mayor de 15 días, como primer paso, es urgente garantizar el suministro de agua no contaminada y la atención pronta de los pacientes renales, de ser omisos, emprenderemos acciones jurídicas, sociales y políticas como la toma de la Central Geotérmica los Azufres y/o instalaciones de la CFE, así como el inicio de juicios ambientales mediante el Colectivos de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua (Nuestra Fuerza) del CSIM.

  CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

• “Insuficiente”, condena contra responsable de la desaparición del defensor Arnulfo Cerón, aseguran organizaciones

  16 de gener, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. La condena a 25 años de prisión contra Jorge Rodríguez Gómez, alias La Chiva, por la desaparición del defensor nahua Arnulfo Cerón Soriano en 2019, “es relevante, aunque insuficiente por la gravedad de este crimen artero y los delitos de alto impacto que se cometieron en el municipio de Tlapa, sin que las autoridades intervinieran para contener la ola delincuencial”, denunciaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña, en Guerrero.

  A seis años y dos meses del crimen contra Cerón Soriano, la jueza Mariela Soraya Alfaro Zapata del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario emitió el fallo condenatorio contra Rodríguez Gómez, luego de que la defensa legal aportara más de 60 pruebas que acreditaron su responsabilidad y de que 34 testigos, entre ellos 14 peritos especializados en informática, antropología forense y medicina, lo identificaran como el jefe de un grupo delincuencial y principal generador de la violencia en Tlapa.

  Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña recordaron que la desaparición del defensor se planeó el 10 de octubre de 2019, cuando por órdenes del hoy sentenciado un grupo de siete personas armadas ingresaron al domicilio de una de las testigos. “La privaron de la libertad y bajo amenazas la obligaron a que entregara a Arnulfo. Ante el riesgo de perder la vida accedió a las exigencias del jefe del grupo. Se citaron en un lugar y envió un mensaje de WhatsApp a Jorge indicándole la ubicación de Arnulfo. Nunca imaginó que fraguaban su muerte. Minutos después Isaúl, Adán, Andrés y otros más con armas irrumpieron en la habitación donde se encontraba Arnulfo. Se lo llevaron a una casa de seguridad de la colonia Buena Vista de Tlapa, donde fue privado de la vida”, resumieron.

  Tras la desaparición del defensor, el Frente Popular de la Montaña bloqueó la carretera a Chilpancingo y formó brigadas de búsquedas, pero sólo encontraron su camioneta con las llaves puestas. En la telefonía, los peritos encontraron mensajes de Jorge hacia otras personas sobre que aunque “voltearan” a Tlapa no iban a encontrarlo.

  Un mes después, el 20 de noviembre de 2019, Cerón fue encontrado a 3.4 metros bajo tierra con huellas de tortura. “Tuvieron que usar una retroexcavadora para que sus familiares nunca pudieran encontrarlo. El plan perverso era borrarlo del mapa y causar terror entre la población”, señalaron las organizaciones.

  A pesar de la condena que se dictó el pasado 14 de enero, Tlachinollan y el Frente aseguraron que las autoridades deben continuar con las investigaciones de las personas que siguen desaparecidas y desarticular la red delincuencial que es “la principal generadora de la violencia en la región”.

  “Esta sentencia es un paso firme contra la impunidad y el resultado de una lucha de organizaciones como el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que asumimos el compromiso para reivindicar la trayectoria Arnulfo Cerón Soriano, el defensor de la Montaña”, subrayaron.

  A continuación el comunicado completo:

  Este miércoles 14 de enero, la jueza Mariela Soraya Alfaro Zapata del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario emitió el fallo condenatorio contra Jorge Rodríguez Gómez, alias La Chiva, por la desaparición del indígena y defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano. La condena que purgará es de 25 años de cárcel y el pago de reparación de daños.

  La desaparición de Arnulfo se da dentro de un entramado delincuencial que se arraigó en la Montaña con la complicidad de actores gubernamentales. Por más de una década en el municipio de Tlapa la violencia cobró muchas vidas, y decenas de personas fueron víctimas de desaparición que hasta la fecha sus familiares continúan exigiendo a las autoridades den con el paradero de más de 40 personas, en su mayoría jóvenes.

  La defensa legal ofreció más de 60 pruebas que acreditaron la responsabilidad del ahora sentenciado, quien fue identificado por varios testigos como el jefe de un grupo delincuencial y principal generador de la violencia en Tlapa. Fueron en total 34 testigos, entre ellos 14 peritos especializados en informática, antropología forense y medicina, documentos y la evidencia material para demostrar que Arnulfo Cerón fue desaparecido por Jorge, Isaúl, Adán, Andrés y otros más.

  Los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas llevaron a cabo los alegatos de clausura por la desaparición del defensor Arnulfo Cerón. La declaración de una testigo fue clave por el señalamiento y el contacto que tuvo con el jefe del grupo delincuencial para desaparecer y asesinar al defensor indígena.

  La desaparición del defensor se planeó el 10 de octubre de 2019 cuando por órdenes de Jorge un grupo de 7 personas armadas ingresaron al domicilio de la testigo. La privaron de la libertad y bajo amenazas la obligaron que entregara a Arnulfo. Ante el riesgo de perder la vida accedió a las exigencias del jefe del grupo. Se citaron en un lugar y envió un mensaje de WhatsApp a Jorge indicándole la ubicación de Arnulfo. Nunca imaginó que fraguaban su muerte. Minutos después Isaúl, Adán, Andrés y otros más con armas irrumpieron en la habitación donde se encontraba Arnulfo. Se lo llevaron a una casa de seguridad de la colonia Buena Vista de Tlapa, donde fue privado de la vida.

  El Frente Popular de la Montaña al tener conocimiento de la desaparición de Arnulfo se movilizó para bloquear la carretera que va a Chilpancingo. Formaron brigadas de búsquedas y sólo encontraron su camioneta con las llaves puestas, sin embargo, nada se supo de su paradero. En la telefonía, los peritos encontraron mensajes de Jorge comentando con otras personas que aunque “voltearan” a Tlapa no iban a encontrarlo. Hubo testigos que vieron cuando hombres armados se llevaban al defensor y se fortaleció esta línea de investigación con las imágenes de un video que grabó una cámara cercana al lugar en que lo desaparecieron. Todos los testigos y medios de pruebas señalan directamente a Jorge como el responsable de la desaparición de Arnulfo.

  El 20 de noviembre de 2019 Arnulfo fue encontrado a 3.4 metros bajo tierra, con huellas de tortura. Tuvieron que usar una retroexcavadora para que sus familiares nunca pudieran encontrarlo. El plan perverso era borrarlo del mapa y causar terror entre la población. En lugar de acallar al Frente Popular de la Montaña, que dirigía Arnulfo Cerón, arreciaron las protestas y emplazaron a las autoridades para que se avocaran a la búsqueda del defensor comunitario. La oficina de la ONU en México visitó al gobernador Héctor Astudillo para expresarle su preocupación por la desaparición del defensor, dándole seguimiento al proceso de búsqueda e investigación realizado por la Fiscalía del estado y la Comisión Nacional de Búsqueda. Con la detención de la testigo se tuvo conocimiento de los sicarios que operaron la desaparición de Arnulfo y del jefe que los comandaba.

  A 6 años y 2 meses llega esta sentencia que es relevante, aunque insuficiente por la gravedad de este crimen artero y los delitos de alto impacto que se cometieron en el municipio de Tlapa, sin que las autoridades intervinieran para contener la ola delincuencial. El reto de las autoridades es continuar con las investigaciones de las personas que siguen desaparecidas y desarticular la red delincuencial que sigue siendo la principal generadora de la violencia en la región. Esta sentencia es un paso firme contra la impunidad y el resultado de una lucha de organizaciones como el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que asumimos el compromiso para reivindicar la trayectoria Arnulfo Cerón Soriano, el defensor de la Montaña.

  Atentamente

  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

  Frente Popular de la Montaña

• Defender la tierra: mujeres en la primera línea de fuego

  16 de gener, per  Admin2

  Foto: Fuego (Brigada Forestal Mallín Ahogado)

  A Epuyén no llegaron los Reyes Magos. Las niñeces dijeron que fue por el fuego que los camellos no pudieron acercarse porque tenían miedo de quemarse las patas. Más de 15 mil hectáreas fueron arrasadas por las llamas desde que comenzó el incendio el cinco de enero en Puerto Patriada, Chubut. Familias enteras durmieron en clubes y escuelas porque en esa provincia no existen centros de acogida para las víctimas de los incendios, aunque son cada vez más comunes y se repiten año a año.

  Según los habitantes de esas zonas, este es el peor de la historia reciente, no sólo por la cantidad de hectáreas consumidas bajo las llamas sino por la nula asistencia estatal: galpones, casas, animales, huertas, cosechas enteras se perdieron con el fuego y según dicen las brigadistas y las vecinas del lugar, si no hubiera sido por la comunidad organizada, las pérdidas hubieran sido mucho peores.

  Comunidad organizada

  “Se está trabajando sobre los focos más pequeños y sobre el enfriamiento porque un incendio de esta magnitud deja las raíces de los árboles y los corazones completamente prendidos», explica Flavia Broffoni, politóloga, escritora, vecina de Epuyén y recientemente parte de una brigada auto-convocada llamada La Epuyenera.Broffoni cuenta que el suelo humea y hay que hacer lo que se dice guardia de cenizas y enfriamiento constante: “es para evitar que cuando suba la temperatura o levante viento, esos focos vuelvan a activarse que es algo absolutamente posible”. Broffoni dice también que, aunque por fuera no se vea, por dentro los árboles quedan prendidos y el suelo y las raíces permanecen humeando.

  Broffoni forma parte de la comunidad organizada que viene arriesgando la vida día y noche para vencer llamas de entre 20 y 40 metros de altura. Compartió con otres el gesto común de mirar al cielo esperando que se nublara y que cayera el agua: “El 11 llovió. Increíblemente, contra todo pronóstico, alrededor de las 19 empezaron a caer gotitas y eso aplacó bastante el fuego, sobre todo en el Cerro Coihue que era el más comprometido y está lleno de pinos de propietarios privados que nunca tuvieron mantenimiento a pesar de los reclamos de quienes vivimos cerca de ellos”, cuenta Flavia.

  Lo que se necesita, explica, es que se restablezca la luz, que distribuyan generadores y que haya combustible, conectividad, que los y las brigadistas cuenten con el equipamiento que necesitan, así como a los bomberos, y a quienes forman parte de las brigadas auto-convocadas porque todo se dañó y se perdió con el fuego.

  “Una manga de una pulgada y media que es la que más usamos en la cuadrilla de la que soy parte, de 25 metros, cuesta 400 mil pesos y para tener una línea de hasta 300 metros que es lo que necesitamos para el Pirque, la inversión es millonaria y no se puede hacer de manera privada, por eso se piden las donaciones porque no hay manera de enfrentar de manera familiar el costo de una moto bomba que puede costar entre uno y dos millones de pesos, o de cada tramo de manga (400 mil pesos), o de los acoples, las lanzas o los generadores. Son órdenes de inversión imposibles de afrontar desde los particulares”, detalla Broffoni.

  Estigmatización y redes de solidaridad

  Flavia dice además que “no hay que bajar la guardia porque no se descarta el surgimiento de nuevos focos” y señala la nula voluntad de entender desde el Estado Nacional este proceso como un patrón que se repite: “hay una decisión oficial de abandono y de culpabilización al pueblo mapuche tehuelche, sin ningún tipo de pruebas, con generalizaciones y una construcción narrativa de un enemigo inexistente: nadie en Epuyén cree que son los culpables, es una construcción muy burda para deslindar responsabilidades del Estado”.

  Desde distintas partes del país, a través de grupos de whatsapp, se organizan colectas no sólo de dinero sino también de materiales para controlar el fuego así como de cremas para las quemaduras, gasas y remedios. La solidaridad es constante: gente que viaja desde el norte y el centro del país, empresas de transporte que llevan las encomiendas gratuitamente o colectivos que bajan sus pasajes mientras el Estado insiste en la estigmatización de los pueblos originarios.

  

  “Estamos trabajando con las instituciones de manejo de fuego de la provincia, vamos a trabajar al lugar más crítico, somos una brigada voluntaria de una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para apoyar a las instituciones cuando hay incendios, hacemos prevención y campañas de concientización durante todo el año”, dice Natalia Dobransky, brigadista. El relato de Natalia coincide con el de Flavia y el de los demás vecinos y vecinas: “la ayuda del Estado ha sido nula, si no hubiera sido por la presencia de 60 grupos autogestivos organizados, brigadas comunitarias y cuadrillas formada por los vecinos y vecinas, hubiera sido muchísimo peor esta catástrofe. Son quienes han descendido noche tras noche hasta el cansancio para controlar el fuego, hubo mucho trabajo nocturno, se perdieron muchas casas y fue tremendo”, explica.

  El mapa del fuego y el negocio detrás de la ceniza

  Las imágenes del fuego en la Patagonia recorrieron el mundo: “fue un incendio que puso a muchas personas en peligro y requirió del apoyo de la comunidad para poder realizar evacuaciones urgentes. Había personas que no esperaban que el incendio diera la vuelta y llegara a su paraje y eso fue una mala gestión del riesgo por parte de la provincia, hay que entender que los incendios que venimos teniendo últimamente tienen este comportamiento errático, difícil de predecir y para eso hay que trabajar con especialistas en incendios forestales. Eso permite poder hacer evacuaciones de manera mucho más preventiva, también es necesaria la infraestructura para hacerlo porque en la Comarca Andina no hay ni un solo centro de evacuados preparado específicamente para estos fines”, cuenta Natalia. Es por esa razón que las familias terminaron durmiendo en las escuelas, los gimnasios municipales, los clubes y hasta las cabañas de turismo y eso sucede, explica Natalia, temporada tras temporada. Si bien los relevamientos oficiales dan cuenta de la destrucción de 24 casas, se estima en más del doble la cantidad de hogares destruidos, además de ganado, animales, galpones, maquinarias agrícolas y campos que estaban listos para la cosecha y que se quemaron completamente: “todo esto representa una pérdida en la economía local que viene siendo avasallada por los incendios año tras año”, dice.

  Gioia Claro es periodista y vecina de Lago Puelo: “Desde que comenzó el fuego, se han perdido 15 mil hectáreas entre la Patriada, El Hoyo, el Pedregoso, Epuyén y el Coihue”, cuenta a Las 12. En esa zona, lo que queda claro es que nadie cree el relato oficial de que fue el pueblo tehuelche mapuche, más bien aseguran que el fuego viene a correrlos de sus casas para que alguien más se quede con esas tierras para el desarrollo inmobiliario. “El fuego no fue para el lado de Benetton”, dijo un trabajador petrolero jubilado y la tierra quemada le dio la razón.

  En una investigación que realizaron Julieta Caggiano y Matías Oberlin y que puede leerse en el blog Observatorio de tierras, los investigadores dicen que el 5% del territorio argentino está en manos extranjeras y que en superficie ese porcentaje supera los 13 millones de hectáreas: “el equivalente a la extensión de Inglaterra”. Sin embargo, alertan, “el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero. Existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley de tierras y hay 4 casos -Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)- donde la extranjerización supera el 50%”. Todos ellos, según Caggiano y Oberlín, concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. En sus palabras: “El patrón es claro: las situaciones se dan en zonas fronterizas -tanto en el norte como en la cordillera- y en territorios con recursos hídricos, mineras o con ventajas logísticas como puertos”.

  Mientras el humo persiste y la guardia de cenizas se vuelve la única forma de habitar el territorio, las mujeres de la Comarca Andina siguen tejiendo una red que el fuego no pudo consumir. Sus testimonios no sólo denuncian la desidia estatal y la especulación que avanza sobre el bosque nativo, sino que también ponen de manifiesto que la verdadera defensa de la tierra hoy tiene rostro de vecina, de brigadista y de militante. En un escenario donde el Estado se ausenta o criminaliza, la solidaridad comunitaria se erige como el único cortafuego real contra un modelo que parece preferir las cenizas antes que la vida.

  Publicado originalmente en Página 12

• Alcanza a Brugada el caos forense: Proyecto piloto destapa cuerpos mezclados y registros fallidos en la fosa común de Dolores

  16 de gener, per  Admin2

  En el Plan de Recuperaciones Controladas, a las autoridades capitalinas les fallaron los datos: esperaban exhumar 27 cuerpos de una fosa, pero solo hallaron 23. La jefa de gobierno abrió el pasado noviembre en el cementerio más grande de México una “caja de pandora” que evidencia décadas de ineficiencia e impunidad, en las que se enterró sin orden ni cuidado a personas que podían haber sido identificadas 

  Durante los primeros cuatro días de trabajo del plan de búsqueda de personas desaparecidas en la fosa común del Panteón Civil de Dolores, los peritos encontraron solamente huesos. Más de 4,000 fragmentos que estaban esparcidos en la capa superior de la fosa 26 de la línea 2 bis, compuesta por tierra removida en exhumaciones previas.

  El objetivo de este proyecto piloto del gobierno capitalino, que comenzó el pasado 18 de noviembre, era recuperar los 27 cuerpos que estaban presuntamente enterrados en el nivel quince de la fosa, el más cercano a la superficie, para obtener su información genética, cotejarla con muestras sanguíneas, identificarlos y devolverlos a sus familias, así como localizar a personas reportadas como desaparecidas que pudieran estar sepultadas en ese lugar. 

  Cuando concluyeron los trabajos el 27 de noviembre, habían exhumado 23 cuerpos. Cuatro menos de los que, según el registro del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), debían encontrar; la mayoría correspondía, además, a alguno de los otros catorce niveles de la sepultura. Esto evidenció las deficiencias en los entierros destinados a la fosa común, una de las causas de la llamada “desaparición administrativa o institucional”.

  El Plan de Recuperaciones Controladas de la Fosa Común del Panteón Civil de Dolores, anunciado seis meses antes por la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, como una de sus propuestas para la nueva estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, fue dirigido por el Incifo y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) de la Ciudad de México. Según el registro oficial, la CDMX suma más de 7,500 desapariciones.

  Proyectos similares, debido a la crisis forense que enfrenta el país, se han implementado en estados como Coahuila y Morelos, pero en la capital tienen una magnitud mayor por ser el panteón de Dolores uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, inaugurado en 1875; con 240 hectáreas de extensión, es también el más grande de América Latina. 

  Con un área de alrededor de ocho mil metros cuadrados, la fosa común de Dolores comenzó a operar desde la apertura del panteón; a ese espacio se destinaban los cuerpos que no eran reclamados o identificados. 

  No existen registros anteriores a 2002 del número de entierros en la fosa común. Esto implica excavar en alrededor de 200 fosas que fueron llenándose desordenadamente con miles de cuerpos, sin documentos que permitan ubicarlos. Recuperar su identidad es una de las apuestas políticas de Brugada. 

  Samuel Otero, jefe de la Unidad Departamental de Panteones de la alcaldía Miguel Hidalgo, afirma que, tan solo entre 2005 y 2025, fueron inhumados 20,292 elementos de origen humano —cadáveres, órganos, tejidos, piezas dentales y fetos— en la fosa común. De este número, 12,993 cuerpos corresponden a personas fallecidas, el 50% sin identificar. Apenas el pasado 21 de agosto fueron depositados nueve cuerpos no identificados de los 72 migrantes víctimas de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, ocurrida en 2010.

  La primera etapa del proyecto fue una muestra del reto que exigirá exhumar la fosa común más grande del país: personas enterradas sin trazo ni registro, capas de tierra con alteraciones, cuerpos revueltos o perdidos en un universo de huesos desconocidos. Así fue el resultado preliminar de la puesta en marcha del programa de exhumaciones, ante las familias y gracias a su insistencia. Según afirmaron a este medio familiares, panteoneros, peritos y colectivos, el trabajo de esos días no se compara con la enorme tarea que tienen por delante.

  Caja de pandora

  El piloto del plan evidenció el descuido y la falta de rigor en las inhumaciones. “De las 23 personas que encontramos, según la información que tenemos, la mayoría pertenecen al nivel ocho de inhumación. Algunos provienen del nivel seis y otros del diez. Sin embargo, casi no encontramos cuerpos del nivel quince”, reconoce José Raúl Pérez García, jefe del Departamento de Identificación Humana del Incifo. Inicialmente, el objetivo era recuperar solo cuerpos de ese último nivel, el superior, al que podían acceder más fácilmente. Y después seguir exhumando cadáveres por capas. 

  La explicación que dieron sobre la discrepancia fue que la fosa, con un total de 169 cuerpos, ya había sido exhumada al menos en cinco ocasiones —la última, en 2017—, y al remover los cuerpos pudieron haberse mezclado. El panteonero Israel Cancino Ambriz, un hombre de 77 años de bigote largo y canoso, fue el encargado de supervisar los trabajos.

  “Sí, mira, lo que pasó es que en la última exhumación que se hizo, posiblemente yo me haya equivocado y haya echado los cuerpos al revés”, dice quien durante los últimos veinte años se ha encargado de gestionar la fosa común del panteón. “Pero los cuerpos que las autoridades esperaban encontrar, te lo puedo asegurar que ahí están, solo que ya en otro nivel”.

  

  ^{La fosa exhumada cuenta con quince niveles; solo se trabajó en el superior. (Santiago Reyes/ObturadorMX)}

  El día que iniciaron los trabajos de exhumación, Jaqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino y madre de Jael Monserrat Uribe —localizada sin vida en el Ajusco a finales de 2024—, habló con las familias de cuatro de las 67 personas con hipótesis de identidad enterradas en la fosa 26-2 bis, que contiene cuerpos inhumados entre el 2003 y el 2015.  Según relata, estas cuatro familias habían denunciado en el extinto Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) —hoy la CBP— la desaparición de sus parientes,  pero hasta hace unos meses ninguna había sido notificada de que su familiar había sido destinado a la fosa común. 

  De acuerdo con Palmeros, la explicación de las autoridades para haberlos sepultado fue que las víctimas vivían en situación de calle. Y se pregunta: “¿El hecho de que tú estés dentro de una vulnerabilidad así no te da derecho a que se le notifique a tu familia que has fallecido y que te vas a ir a una fosa común?”. 

  “Había un CAPEA omiso, negligente e inhumano”, agrega la buscadora. “Tanto que existen fichas de desaparición de muchas personas que están en la fosa común y nunca se les buscó. ¿Cómo les buscaban entonces? ¿Cuáles eran los protocolos?”. 

  En entrevista, Pérez García, del Incifo, explica que la razón de que tardaran tanto tiempo en obtener las hipótesis de identidad de los cuerpos fue que, hasta el inicio del Plan de Recuperaciones Controladas, en agosto de 2025, nunca se había realizado una confronta masiva entre las huellas dactilares de los cuerpos inhumados en la fosa común y la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Al hacer el cotejo, se dieron cuenta de que habían enterrado personas que pudieron haber sido identificadas hace mucho tiempo.

  “Estos cuerpos son, en su mayoría, de 2013. Entonces no existía ningún convenio de colaboración para el intercambio de información con el INE. Hoy ya lo tenemos”, señala el funcionario. “Y si bien el convenio se firmó en 2016, el cruce de información lo estamos haciendo de adelante hacia atrás, es decir, de los casos más recientes a los más antiguos, porque hacia atrás la cantidad de información es enorme”.

  Para Palmeros resulta claro que, sin la lucha que han mantenido por años las familias, no habría protocolos ni leyes, y nadie, ninguna institución, buscaría a las personas desaparecidas. Ellas obligaron a que se abrieran los sepulcros del país. 

  “La muestra está aquí. Porque el Estado sabía que la fosa común del panteón de Dolores era una caja de pandora. Y que al abrir la primera, tienen que seguir abriendo las demás”.

  Falta de protocolos

  En la fosa común del panteón se realizan de manera ordinaria “exhumaciones prematuras”, cuando una persona es identificada y los familiares piden a la fiscalía recuperar su cuerpo. “Hay veces que tenemos que sacar hasta cien cuerpos para rescatar solo uno, y luego tratar de volverlos a echar más o menos como estaban para futuras recuperaciones”, explica el panteonero. 

  A diferencia de las que contempla el plan de Brugada, en esas exhumaciones no está presente el personal del Incifo, por lo que se realizan sin peritos especializados. Quienes sacan los cadáveres son miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX. Las cinco intervenciones anteriores en la fosa 26-2 bis , mencionadas por Cancino Ambriz, fueron “exhumaciones prematuras”, por lo que solo acudieron el ministerio público, los bomberos, los panteoneros encargados, fumigadores particulares, y los familiares de las personas que desenterraron.

  Con el riesgo de contraer infecciones debido al estado de descomposición de los cuerpos, excavando bajo la lluvia o cuando empieza a caer la noche, son las condiciones en  que trabajan los panteoneros cuando se hace una exhumación prematura. “Imagínate. Ya cansados y en esas circunstancias, a veces lo que queremos es ya depositar los cuerpos, tapar la fosa e irnos”, señala el encargado. “Hay mucha posibilidad de que, al jalar las bolsas [con los cadáveres], se rompan y se comiencen a revolver los restos. Así que ya no es una seguridad que te estés llevando exactamente lo que tú andas buscando. Porque te puedes llevar huesos de uno y de otro sin que tú lo sepas”.

  En todo el país hay una problemática por la falta de protocolos para la gestión de restos humanos en las fosas comunes, explica la antropóloga Matilde Margarita Domínguez Cornejo, quien fungió como observadora independiente durante los trabajos. En México, las fosas comunes son gestionadas por el Estado; en este lugar son enterrados los cuerpos no identificados o no reclamados que están en las morgues del país. También se inhuman partes de cuerpos que fueron amputadas y residuos biológicos humanos de algunos hospitales.

  “Lo que vas a encontrar [en las fosas comunes] son cuerpos mezclados y que no corresponden con los registros, lo que hace que sea mucho más difícil identificar a las personas. Se tienen que hacer investigaciones jurídicas, determinar de nuevo las cuartetas básicas —sexo, edad, grupo racial y estatura—, y volver a hacer análisis odontológicos y de ADN para saber de quién son esos cuerpos”, dice la especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

  Para Domínguez Cornejo, la problemática va más allá de culpabilizar a una institución o una persona. ¿Qué fiscalía del mundo —se pregunta— puede procesar cada día decenas de cuerpos de víctimas de homicidio, a los que se debe realizar una autopsia? “El problema es que tenemos una política de seguridad pública punitiva que ha apostado por militarizar al país sin ningún programa social que evite la violencia. Y es bien sabido, por estudios tanto de organizaciones civiles como de académicos que, donde hay presencia de militares, la violencia aumenta exponencialmente. Entonces, es un combate directo al crimen organizado, pero que genera muchas muertes”.

  El historiador Javier Yankelevich, experto en temas de desaparición, reconoce que la gestión de cuerpos en un país cuyos homicidios son resultado de atropellos o ataques por arma blanca, es más fácil que en uno donde las muertes son causadas por grupos criminales que mutilan e incineran personas, en un intento por ocultar o destruir los cuerpos. Entre 2019 y 2024, el investigador coordinó un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda especializado en integrar y cruzar bases de datos —como el Módulo de Fosas Comunes— para localizar a personas desaparecidas.

  “Si quieres entender por qué tenemos esos problemas de resguardo de cadáveres en México, tienes que preguntarte por qué tenemos esos problemas de violencia. Una violencia que no pueden resolver los peritos de un Semefo [Servicio Médico Forense]”, plantea.

  

  ^{Vista del área en que se ubica la fosa 26-2 bis, de la que exhumaron 23 cuerpos. (Lucía Flores/ObturadorMX)}

  Una investigación de A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab señala que, hasta diciembre de 2023 —cuando el número de personas desaparecidas superaba la cifra de 113,000—, en México había 72,172 cuerpos sin identificar, de los cuales 48,108 (67%) yacen en fosas comunes. Desde esa fecha hasta hoy, las desapariciones y el rezago en la identificación forense han ido en aumento. 

  Son los colectivos de familias organizadas para la búsqueda quienes, durante al menos una década, han señalado que sus seres queridos desaparecidos podrían estar en fosas comunes, atrapados en una burocracia que no identifica, no registra, no informa ni comparte datos, entierra y pierde la ubicación. 

  “Descubrieron la conexión y la pusieron una y otra y otra vez en la agenda hasta que los errores de la gestión institucional de los cuerpos fueron emergiendo”, dice Yankelevich, refiriéndose a hechos como la falta de recursos económicos y de infraestructura para el resguardo de cadáveres, que solo se hacen visibles cuando las familias de los desaparecidos se organizan. “Porque los fallecidos no protestan. Quienes protestan son sus familiares”. 

  Hipótesis de identidad

  En el panteón de Dolores, ubicado en el bosque de Chapultepec, el viento nocturno impregna la atmósfera de un olor a cadáver. Los peritos, vestidos con sus trajes de protección blancos, terminan de guardar sus herramientas. Este jueves 27 de noviembre fue un día largo, el último de los ocho que duró la jornada de exhumaciones. Sacaron de la fosa trece cuerpos, que serán trasladados al Incifo para su análisis e identificación.

  En el lugar donde estaban los cuerpos solo queda un hoyo grande; en su interior, un grupo de madres buscadoras ha colocado un ramo de alcatraces y rosas junto a tres veladoras. Bajo las flores aún hay más de un centenar de personas que fueron enterradas sin identificar, o que se sabía quiénes eran, pero nunca avisaron a sus familias.

  Antes de la caída del sol, las familias que acudieron como observadoras permanecían sentadas bajo una carpa blanca. Desde ahí, supervisaron cada día la recuperación de los cuerpos, anotando los datos en bitácoras; solo dejaban su lugar para ir a comer o desentumecer las piernas. A varios metros, la policía resguardaba la entrada al área de fosas comunes. Durante la realización de los trabajos, no se permitió ingresar a la prensa ni a nadie que no estuviera registrado como observador. 

  “Carlitos, si estás aquí, mi amor, o si eres uno de los que ya salieron, dame una señal, hijo. Ayúdame para ir por ti aunque sea un ratito”, dice Ana María Maldonado, quien busca a su hijo Carlos Palomares desde el 22 de septiembre de 2010, cuando desapareció en la alcaldía Benito Juárez. Tenía 34 años; fue a una cita para encontrarse con el supuesto comprador de su colección de Star Wars, y ya no regresó.

  “Que así sea”, responden sus compañeras.

  Otra de las madres, Inés Lázaro, dirige sus palabras a los cuerpos que hoy se recuperaron. “Ustedes que ya salieron, y que esperemos pronto ya regresen a sus hogares, ayúdennos a encontrar a nuestros hijos, por favor. Pídanle a Dios que nos ayude”. Ella busca a su hijo Francisco Sandoval, desaparecido en el Ajusco el 26 de abril de 2018, cuando tenía 32 años y se dirigía a la colonia Tierra Colorada a buscar a su esposa.

  

  ^{En los trabajos participaron peritos de la fiscalía de la CDMX y del Incifo. (FGJ de la CDMX).}

  Las autoridades decidieron exhumar la fosa 26-2 bis porque es la que tiene más hipótesis de identidad en todo el panteón: 67 en total. Es decir, “es la que tiene la mayor cantidad de personas que, según los registros, cuentan con una identidad ya determinada”, explica Luis Gómez Negrete, director de la CBP capitalina. 

  Otra característica que influyó en la selección, agrega, es que priorizaron las fosas con cuerpos enterrados hace más de siete años, “ya que para facilitar el manejo de su información y su posterior resguardo es necesario encontrar a las personas fallecidas en un proceso de esqueletización”. El tercer requisito es que fuera una fosa con inhumaciones solicitadas por el Incifo, para asegurarse de que todos los cuerpos tuvieran una carpeta de investigación. 

  De los 27 cuerpos que debían encontrarse en el nivel quince de la fosa —según el registro proporcionado por el Incifo y sistematizado por Cancino Ambriz—, diez cuentan con hipótesis de identidad y cuatro tienen una ficha de desaparición. Pero debido a que los 23 cuerpos recuperados no coinciden con los que se esperaba encontrar, hasta ahora se desconoce su identidad y si alguno de ellos está registrado como desaparecido.

  “Solo después de que realicemos los análisis correspondientes y los confrontemos con los expedientes y la base de huellas digitales del INE, podremos determinar sus identidades”, aclara Pérez García, del Incifo. 

  De acuerdo con Gabriela Huitrón López, miembro de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, no hay un tiempo aproximado para este proceso. Las familias lo saben, lo han padecido en carne propia.

  “No podemos dar un tiempo estimado porque la mayoría de los cuerpos recuperados están en reducción esquelética, fracturados o con tejido blando ya muy descompuesto. Entonces, nos tomará mucho tiempo limpiarlos y reconstruirlos para su posterior análisis”, explica la antropóloga forense.

  Los cuerpos que no logren ser identificados, precisan ambos funcionarios, serán resguardados temporalmente en la coordinación de investigación forense de la FGJ hasta que concluya la construcción del Centro de Resguardo Transitorio de Cadáveres No Identificados o No Reclamados de la CDMX, con un presupuesto de 150 millones de pesos, y que, según el titular de la CBP, se espera que comience a operar este año. Hasta la fecha no se han iniciado los trabajos de construcción ni se ha dado a conocer su ubicación.

  

  ^{Peritos se preparan para los trabajos de exhumación. (Johana Remigio/ObturadorMX)}

  De acuerdo con Zacnité Minor Garduño, coordinadora del Plan de Recuperaciones Controladas, no se asignaron recursos extra para el proyecto, sino una parte del presupuesto —cuyo monto no fue especificado por la funcionaria— que, tanto el Tribunal Superior de Justicia —del que forma parte el Incifo— como la fiscalía y la CBP designan anualmente para la búsqueda e identificación de personas. 

  “Se está trabajando en una modificación en la Ley de Búsqueda de Personas de la CDMX para asignar un presupuesto y un equipo de trabajo específico para las exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores. Prevemos que para el próximo año [2026] ya esté aprobado”, señala. 

  Respecto al futuro de los trabajos, explica que el plan es terminar de exhumar los 14 niveles restantes de la fosa antes de que concluya este año. Dependerá del avance de otros proyectos, como la construcción del centro de resguardo que debe albergar los cadáveres no identificados, de si la siguiente exhumación se hace en las fosas 19-2 bis y 16-2 bis —que  cumplen con las mismas características de selección que la 26-2 bis: cuerpos enterrados hace más de siete años, inhumaciones solicitadas por el Incifo— o si se interviene una fosa más reciente donde haya cuerpos todavía en proceso de descomposición.

  Un registro para encontrarlos

  Nativo de Zacapu, Michoacán, Israel Cancino Ambriz era ayudante de albañil hasta que se quedó sin trabajo y un vecino le propuso: “Vamos al panteón”. No sabía a qué, no le dijo. “Que vamos a hacer una chambita. Órale, pues”. Era 1993, y de trabajo en trabajo se hizo de un lugar en el panteón de Dolores. Desde hace dos años lo ayuda su hijo, Israel Cancino Nicolás.

  

  ^{Israel Cancino Ambriz lee los registros de las inhumaciones en su oficina. (Santiago Reyes/ObturadorMX)}

  Su labor ha sido clave para la localización de personas en la fosa común. Antes, los trabajadores no llevaban un registro. “El compañero anterior a mí, que en paz descanse, no nos dejó nada de documentación. Fui a buscar ahí, a la capillita donde tenemos nuestras cosas, y no encontré un documento, nada de eso. Quién sabe dónde los guardó”. 

  El Semefo —actual Incifo— entregaba los cuerpos con un folio, pero en el panteón no se anotaba el sitio exacto dónde eran enterrados. Estaban ahí, pero no se sabía con exactitud en qué fosa. No eran sepulturas individuales; los cuerpos eran agrupados en un mismo espacio. Otero, jefe de la unidad de Panteones en la alcaldía Miguel Hidalgo, plantea: “La fosa común era lo peor y lo último. No había un cuidado porque casi nunca se trataba de rescatar a alguien”. 

  La decisión de poner orden fue de Cancino Ambriz, quien lleva también un registro con los números de la averiguación previa o carpeta de investigación de la FGJ y el folio asignado por el Incifo. “Entonces, de ahí para acá, yo comencé a hacer mis registros, y pues ir poniendo en orden todo para no tener problemas para encontrar a las personas”. 

  Jaqueline Palmeros señala que, desde hace más de tres años, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era jefa del gobierno capitalino, pidieron que se realizaran los trabajos de exhumación en la fosa común de Dolores, pero les respondieron que era una labor inmensa, demasiado ambiciosa para llevarla a cabo. 

  “Obviamente, esto está impulsado por la necesidad de las familias de encontrar a sus seres queridos, es un logro de nosotras las familias. Pero ahora sí hay disposición de las autoridades”, afirma la buscadora. 

  

  ^{Familias visitan a sus seres queridos enterrados en la fosa común de Dolores durante la ofrenda del 2 de Noviembre. (Santiago Reyes/ObturadorMX).}

  Otero, sin especificar la cifra, asegura que “han estado entregando muchos cuerpos” que estaban enterrados en la fosa común. “Vemos la reacción de los usuarios que, aunque ya se llevan huesitos o un cadáver en descomposición, están satisfechos de haber encontrado a quien buscaban”. En otros casos, no se llevan los cuerpos, pero ya saben dónde están.

  “Para nosotros, es una satisfacción poder entregarle sus seres queridos a las personas que vienen a buscarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces son puras madres buscadoras”, dice Cancino Ambriz. En su oficina —entre crucifijos, imágenes de la Virgen de Guadalupe y algunos peluches que ha traído su hijo Otilio—, sostiene las carpetas con registros; toda una vida de trabajo.

  Anteriormente, las exhumaciones tenían lugar, a veces, hasta cada seis meses, pero desde 2021, según Otero, la coordinación entre las diferentes autoridades capitalinas ha permitido que se hagan dos exhumaciones por semana, y hasta cinco. Lo que quiere decir, agrega, que se está logrando identificar a personas enterradas en la fosa común y que alguien las busca. 

  Dada la limitada capacidad de almacenamiento del Incifo —250 espacios individuales—, el resguardo de cuerpos es solo de quince días. Después son enviados a la fosa común. La presión de los colectivos de familias de víctimas ha permitido un cambio en el protocolo: ahora, las autoridades deben agotar todos los recursos disponibles para la identificación del cuerpo y la localización de los familiares antes de sepultarlo. En 2025 se creó en la FGJ, además, la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familia, dedicada a apoyar a la CBP capitalina, y que trabaja en conjunto con el panteón de Dolores. Se han establecido convenios, tanto con el Incifo como con el INE, por ejemplo, para que conserven los cadáveres mientras cotejan sus huellas con el padrón electoral.

  “Lo encontré ahí”

  Teresa Baez, madre de Martín Alexis Torres, narra: “Lo encontré ahí. Ahí, donde puse su foto, está”. Su hijo de 27 años desapareció el 1 de enero de 2025 en Ecatepec, Estado de México, un día antes de su cumpleaños. La negligencia de las autoridades, dice Teresa, impidió identificarlo y fue enterrado en la fosa común de Dolores después de haber sido atropellado. “Busqué por cuatro meses a mi hijo”. 

  Si bien la fosa en que encontraron a Martín no es la que se intervino durante el Plan de Recuperaciones Controladas, su caso remite a la ineficiencia de las autoridades para identificar a una persona fallecida, y al escaso esfuerzo que hacen para localizar a sus familiares.

  “Hubo muchas cosas mal hechas, porque si bien mi hijo no llevaba su identificación cuando falleció, tenía una cicatriz en la mano, un diente mal, la placa de un dientito nada más. Cuando yo fui el día 4 de enero a buscarlo al Incifo y vi las fotos y la información de los cuerpos, no había nada. No tenían ningún dato de estos, tampoco de la ropa que traía”, cuenta Teresa. “También se supone que deben tomarles las huellas digitales para hacer el cruce con el INE, y eso no lo hicieron durante cuatro meses”. 

  La madre de Martín afirma que su hijo ya se encontraba en el Incifo desde el 3 de enero, un día antes de que ella acudiera, y que el 27 del mismo mes fue trasladado a la fosa común de Dolores sin que nadie le notificara. “Hasta el 30 de abril lo vine a encontrar aquí”. Fue posible después de consultar los registros de Cancino Ambriz. 

  

  ^{La familia de Martín Alexis Torres Baez junto a la fosa donde fue enterrado. (Santiago Reyes/ObturadorMX)}

  Esto, sobre todo, es una forma de revictimizar, asegura Palmeros. “Es un duelo suspendido para las familias que están buscando, y es totalmente inhumano mantenerlas así. Todo por una negligencia de las autoridades”. 

  En el informe de seguridad del pasado noviembre, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, presumió la recuperación de los 23 cuerpos y anunció que se daría continuidad al Plan de Recuperaciones Controladas en el panteón de Dolores. También informó que se trabaja en la creación de “fotoboletines” de personas fallecidas no identificadas, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, para encontrar a sus familias.

  Es muy importante lo que está ocurriendo, considera el especialista Javier Yankelevich. “Los errores que se hayan cometido, literalmente ocultos bajo tierra, van a ir saliendo a la luz. Se van a tener que encarar. Y, mucho más importante, se va a poder aprender de ellos. Es un triunfo de las familias que se iluminen esos subterráneos donde las instituciones acumulan fallos. Pero, sobre todo, es un triunfo que se pueda emerger de allí con respuestas sobre los desaparecidos, y con lecciones para mejorar la investigación de las muertes violentas y la gestión institucional de cadáveres en México. Porque esas carencias se han convertido en una de las causas de incertidumbre de las familias”. 

  

  ^{Familiares de personas desaparecidas en el acto inaugural del proyecto. (Johana Remigio/ObturadorMX)}

  Al concluir los trabajos, aun cuando las familias buscadoras que acudieron como observadoras reconocieron que las exhumaciones se realizaron con profesionalismo y cuidado, colectivos como Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional denunciaron haber recibido un trato revictimizante por parte de integrantes de la CBP capitalina. 

  Reprocharon que se prohibieran acciones de memoria en el espacio destinado a las familias, ya que durante una de las jornadas de exhumación los colectivos de víctimas habían organizado actividades de bordado, pintura, escritura y oración —prácticas fundamentales para la contención emocional en este tipo de procesos—, pero las autoridades no les permitieron ingresar el material necesario.

  La exhumación de la fosa común de Dolores es una deuda que tenían con las familias, considera Palmeros, pero hasta ver los resultados podrán saber si fue saldada. “Esto es apenas una prueba piloto, y lo que nosotras queremos es que se pueda identificar a todas las personas que descansan en esta fosa común”. 

  **Foto de portada: La fosa 26, de la línea 2 bis, que forma parte del Plan de Recuperaciones Controladas de la Fosa Común del Panteón Civil de Dolores, se exhumó durante ocho jornadas. (FGJ CDMX)

  http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

  Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos

• Triunfo de Palestine Action: tras mas de 70 días de huelga de hambre cancelan contrato con Elbit Systems

  16 de gener, per  Admin2

  Las y los jóvenes activistas británicos lograron torcer el brazo al gobierno laborista que tuvo que descartar un acuerdo de 2.000 millones de libras con Elbit Systems, la empresa armamentista israelí, tras una huelga de hambre de hasta 73 días.  Uno de los huelguistas, Umer Khalid, continúa su huelga que había retomado el pasado 10 de enero. El caso mas delicado fue el de Heba Muraisi, quien sostuvo la huelga de hambre durante 73 días. Ella y otros compañeros que también llevaban alrededor de 2 meses, ya levantaron la huelga.

  ---

  Además de Heba Muraisi, Kamran Ahmed y Lewie Chiaramello dieron también por finalizada una histórica huelga de hambre de 66 y 52 días respectivamente tras lograr que el gobierno laborista de Keir Starmer cancele una licitación de 2.000 millones de libras con Elbit Systems UK, la filial británica de la mayor empresa armamentística israelí. Esto se da a la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action.

  Heba Muraisi, de 31 años, fue trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones. Nadie antes había sostenido durante 73 días una huelga de hambre.

  Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. quien si lo había hecho fue Umer Khalid y es la única persona que mantiene la protesta: “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres al ser consultada por el periódico El Salto.

  

  Un corazón kufiya en una movilización de 2024 por Palestina en Londres. Foto: Byron Maher

  Desde el colectivo Prisioneros por Palestina advierten de que el encarcelamiento prolongado de activistas solidarios con Palestina constituye una “mancha democrática”, a la vez que destacan que la protesta ha evidenciado la existencia de presos políticos en cárceles británicas, mientras reactivó el compromiso con la acción directa contra la industria armamentística israelí.

  «Victoria rotunda»

  La principal conquista lograda fue el paso que dio el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.

  Prisioneros por Palestina valora la cancelación del contrato como una “victoria rotunda” y un “momento histórico”, destacando que los activistas “se han enfrentado con sus cuerpos en prisión al papel de Elbit Systems en la colonización y ocupación de Palestina”. El gobierno británico no ha dado explicaciones públicas por el momento, limitándose a afirmar que una empresa estadounidense era “una mejor candidata” para el contrato de formación militar de una década.

  Desde 2012, Elbit había obtenido más de diez contratos públicos del Gobierno de Londres, por lo que la pérdida de este acuerdo marca un punto de inflexión en su relación con el Estado británico.

  El delirante mote de «terrorista»

  Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas realicen acciones en una base aérea en Oxfordshire e irrumpan en una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”. No hubo personas heridas ni mucho menos fallecidas pro acciones que solo se centraban en frenar la producción de armas.

  Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico arrestó a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.

  Un posible punto de inflexión

  Tras ser ignorada en un principio, la huelga de hambre realizada comenzó a tener difusión y sumar apoyos. La situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica Nadin, vocera de la agrupación. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.

  Publicado originalmente en ANRed