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Comunidad universitaria exige aparición con vida de profesor de la Ibero Puebla
17 de gener, per AuriFotos: Ibero Puebla
Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla realizó una movilización para exigir la aparición con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de esa casa de estudios, tras su detención en Apodaca, Nuevo León, y la falta de información oficial sobre su paradero; el caso involucra a policías municipales y estatales, personal de migración y a la Guardia Nacional, sin que hasta ahora alguna autoridad haya ofrecido argumentos claros, por lo que se presume una desaparición forzada.
Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano de 42 años, doctor en letras y responsable de Publicaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla, llegó a México el 31 de diciembre de 2025 procedente de Bogotá. El 2 de enero de 2026 fue detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey bajo acusaciones de alterar el orden público y trasladado a celdas municipales de Apodaca; desde ese momento no existe información verificable sobre su liberación ni sobre su ubicación.
La ausencia del académico alertó a la comunidad universitaria y a organizaciones de derechos humanos, que denunciaron contradicciones oficiales e irregularidades en el proceso. Universidades del Sistema Universitario Jesuita exigieron su presentación inmediata con vida y señalaron que el caso refleja un patrón grave de violaciones a los derechos humanos relacionadas con detenciones sin transparencia ni rendición de cuentas.
La movilización tuvo lugar en el campus de la Universidad Jesuita de Puebla y en el bulevar del Niño Poblano, donde estudiantes, docentes y personal universitario exigieron una búsqueda diligente. El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, llamó a las autoridades a “agotar todas las líneas de investigación, evitando la estigmatización y criminalización”, y reiteró la obligación de realizar una búsqueda inmediata y sin obstáculos; desde la universidad afirmaron: “Te buscamos, y por amor aquí estamos”.
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Las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria dirigida a los palestinos viola el derecho internacional
17 de gener, per AuriFoto: Los palestinos desplazados viven en tiendas improvisadas a lo largo de las playas de Gaza en medio de inundaciones y duras condiciones de invierno.
Una veintena de expertos sostiene que impedir que las organizaciones que salvan vidas operen en Gaza marca una nueva fase en una política israelí que hace insoportable la vida para una población ya devastada por el genocidio. En tanto, el Secretario General condena la entrada ilegal de las autoridades israelíes a una instalación sanitaria de la ONU.
El Secretario General de la ONU condenó este miércoles la entrada ilegal de las autoridades israelíes Centro de Salud de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén, ocurrida el 12 de enero, así como la orden de su cierre temporal.
En un comunicado de su portavoz, António Guterres, recalcó que se trata de una propiedad de la ONU en Jerusalén Oriental ocupada, que atiende a cientos de pacientes refugiados palestinos a diario y que, para la mayoría de ellos, representa la única posibilidad de acceder a atención primaria de salud.
La acción se produce tras la incautación israelí del complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah y la aprobación y modificación por la Knesset de la Ley para Poner Fin a las Operaciones de la UNRWA en el Territorio del Estado de Israel.
El 8 de enero pasado, el Secretario General ya había manifestado al primer ministro israelí su profunda preocupación, además de que informó de los acontecimientos a la presidenta de la Asamblea General y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Se suspenderá el suministro de servicios públicos
Guterres también expresó gran inquietud por la información recibida por la UNRWA de que las empresas de servicios públicos pronto dejarán de suministrar electricidad y agua a varias de sus instalaciones en Jerusalén Oriental ocupada.
El titular de la ONU lamentó que las autoridades israelíes hayan seguido adoptando medidas incompatibles con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Estas medidas constituyen una transgresión de la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas y un obstáculo para el cumplimiento del claro mandato de la Asamblea General para la continuidad de las operaciones de la UNRWA en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
Como confirmó recientemente la Corte Internacional de Justicia, cualquier acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa contra las propiedades y los bienes de las Naciones Unidas está prohibida en virtud de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, adujo.
Ante este panorama, Guterres urgió al gobierno israelí a tomar medidas inmediatas para devolver y restaurar el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah y el Centro de Salud de la UNRWA en Jerusalén, así como a garantizar el mantenimiento de los servicios básicos en las instalaciones de la Agencia.
En una segunda comunicación, Guterres calificó el anuncio de la próxima entrada en vigor de la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza como un paso importante, y resaltó el carácter positivo de cualquier iniciativa que contribuya a aliviar el sufrimiento de los civiles, apoye la recuperación y reconstrucción y ayude a avanzar hacia un horizonte político creíble.
Del mismo modo, refrendó su respaldo al fin de la ocupación y a la solución de dos Estados, conforme con las resoluciones de la ONU y del derecho internacional.
Una nueva fase que hace insoportable la vida de los palestinos
Por su parte, un grupo de expertos de la ONU* en derechos humanos aseveró hoy que la suspensión por parte de Israel de decenas de asociaciones que brindan asistencia vital en los territorios palestinos ocupados es una violación flagrante del derecho internacional.
En una declaración conjunta, una veintena de relatores especiales explicó que al bloquear la ayuda, Israel empeora las condiciones que ponen en peligro la vida de los palestinos y aumenta la posible responsabilidad penal de los gobernantes israelíes.
“Prohibir que organizaciones que salvan vidas operen en Gaza marca una nueva fase en una política que hace la vida insoportable para una población ya devastada por el genocidio”, declararon los expertos.
Además, argumentaron, la estrategia creará condiciones que obligarán a los palestinos “a sufrir privaciones crónicas, amenazando su propia supervivencia como grupo y violando aún más la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.
El 30 de diciembre pasado, Israel anunció una nueva “medida de seguridad nacional” que prohíbe a 37 ONG internacionales operar en Gaza y Cisjordania, otorgando a las autoridades israelíes poderes discrecionales para denegar el estatus a esas agencias cuando éstas hayan apoyado procedimientos legales internacionales contra ciudadanos israelíes, hayan participado en boicots o se hayan negado a definir a Israel como un Estado judío y democrático.
No es un acto aislado, sino parte de un ataque sistemático
La normativa debe cesar, dijeron los expertos, aseverando que la prohibición “no es un acto aislado, sino parte de un ataque sistemático contra las operaciones humanitarias en los territorios palestinos ocupados y un paso más en el desmantelamiento deliberado de la ayuda vital para Gaza”.
Los relatores detallaron que en la Franja de Gaza, “los supervivientes del genocidio luchan contra el invierno, la grave inseguridad alimentaria, la desnutrición y el colapso de los sistemas de salud y educación en el contexto de los graves daños ambientales causados por la agresión israelí”.
Añadieron que ese castigo colectivo se impone entre ataques continuos contra el personal y las instalaciones humanitarias y la obstrucción de los convoyes de ayuda.
También reportaron que desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado a más de 500 trabajadores humanitarios y al menos a 1500 trabajadores de la salud, y han intimidado, acosado y llevado a cabo campañas de desprestigio contra el personal humanitario. La UNRWA ha sido el objetivo más visible, pero no el único, recordaron.
Los relatores refirieron que hasta el 31 de diciembre de 2025, seguían bloqueados casi 50 millones de dólares en ayuda vital en medio de repetidas violaciones del alto el fuego, incluida la expansión de las fuerzas israelíes a más de la mitad de Gaza, los continuos ataques aéreos y bombardeos que han matado a más de 400 palestinos en menos de tres meses.
Genocidio sin testigos
“Hemos entrado en una nueva fase en la que Israel y sus partidarios han llegado a la etapa del genocidio sin testigos”, recalcaron los expertos, aludiendo a los asesinatos de periodistas, a su expulsión de la Franja Gaza o a la denegación para que entren a ese territorio.
Esta situación, sumada a que las organizaciones humanitarias están paralizadas o han sido expulsadas, y a la engañosa sensación global de ‘alto el fuego’ ha dado pie a que se cometan “atrocidades sin escrutinio público”.
Sin palabras para describir lo que ocurre
A principios de diciembre, las agencias de la ONU y las ONG solo pudieron entregar 14.600 tiendas de campaña para 85.000 personas, dejando a 1,3 millones de palestinos sin refugio adecuado para el invierno. Varias personas, incluidos seis niños, ya han muerto por hipotermia, ahogamiento o lesiones relacionadas con el frío.
“No quedan palabras para describir en lo que se ha convertido Gaza”, enfatizaron los expertos, y reiteraron que el ejército israelí no tiene derecho legal a bloquear la ayuda ni a imponer requisitos coercitivos a las organizaciones humanitarias.
“La ocupación es y sigue siendo ilegal según el derecho internacional. La única manera de remediar esta deficiencia legal es descolonizar Palestina y poner fin al control de Israel sobre las vidas y las tierras palestinas”.
Inaceptable que un Estado acusado de crímenes bloquee la ayuda
En este contexto, instaron a los Estados, en particular a aquellos con influencia, a tomar provisiones inmediatas para garantizar la entrada incondicional de ayuda humanitaria en Gaza. “Es inaceptable que un Estado acusado de crímenes internacionales y que mantiene una ocupación ilegal bloquee el acceso a la ayuda vital en territorio ocupado”.
Asimismo, advirtieron que otros líderes estatales podrían incurrir en responsabilidad si no toman todas las medidas a su alcance para prevenir nuevos actos de genocidio.
Poner fin a la ocupación ilegal y las prácticas de apartheid de Israel sigue siendo la única manera de garantizar una paz duradera en la región, pero los Estados deben trabajar para eliminar todos los obstáculos a la acción humanitaria y garantizar un acceso seguro, sostenido y sin restricciones a través de corredores terrestres y marítimos supervisados por la ONU, puntualizaron los expertos.
*Los expertos y relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor conjunto de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes del Consejo encargados de la investigación y el monitoreo de la situación de los derechos humanos. Las personas titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertas y expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas las regiones del mundo. No son personal de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título personal y no reciben remuneración por su labor.Publicado originalmente Noticias ONU
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Amparo busca obligar al Congreso a cumplir derechos de pueblos indígenas
17 de gener, per AuriCiudad de México | Desinformémonos. La organización Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil promovió una demanda de amparo para obligar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, ante la omisión de cumplir el mandato establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 30 de septiembre de 2024, que fijó un plazo de 180 días para la emisión de la ley.
La reforma constitucional incorporó un catálogo de derechos para pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, a partir de una iniciativa presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y construida con propuestas formuladas directamente por los propios pueblos y comunidades. Como antecedente central, en septiembre de 2021 representantes del pueblo Yaqui de la comunidad de Vícam entregaron al titular del Ejecutivo federal una propuesta de reforma constitucional, resultado de un proceso de deliberación comunitaria y de una exigencia histórica de reconocimiento pleno de derechos colectivos.
Aunque la reforma estableció de manera expresa la obligación del Congreso de la Unión de expedir la Ley General en un plazo máximo de 180 días, el ordenamiento no ha sido aprobado. Ante esta omisión legislativa, Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil acudió al Poder Judicial de la Federación para exigir el cumplimiento de la obligación constitucional y que los derechos reconocidos en el texto constitucional cuenten con mecanismos claros de aplicación y exigibilidad.
Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil, afirmó que «ha pasado más de un año y los legisladores y legisladoras que conforman el Congreso de la Unión no han aprobado la Ley General, con la cual se busca aterrizar los derechos ya reconocidos en el artículo 2 de la Constitución para pueblos indígenas y afromexicanos». Señaló que la ley debe garantizar el derecho a decidir sus formas de organización social, económica, política y cultural; eliminar desigualdades históricas y el racismo estructural; reconocer identidades y respetar la autoidentificación, incluyendo a los pueblos afromexicanos; y proteger las lenguas indígenas y el patrimonio cultural.
A continuación el comunicado completo:
Promueve Litigio Estratégico Indígena amparo por omisión legislativa en favor de pueblos indígenas y afromexicanos
Ciudad de México.- La organización Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió una demanda de amparo con el objetivo de obligar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, ante el incumplimiento del mandato constitucional vigente.
El 30 de septiembre de 2024 fue reformado el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificación que incorporó un catálogo de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma tuvo como base la iniciativa presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y construida a partir de las peticiones y propuestas formuladas directamente por los pueblos y comunidades indígenas del país.
Como antecedente central de este proceso, en septiembre de 2021 representantes del pueblo Yaqui, de la comunidad de Vícam, entregaron al titular del Ejecutivo federal una propuesta de iniciativa de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Dicho documento fue resultado de un proceso de deliberación comunitaria y expresó la exigencia histórica de contar con un marco constitucional y legal que garantizara el pleno reconocimiento de sus derechos colectivos.
La reforma constitucional publicada en septiembre de 2024 estableció de manera expresa que el Congreso de la Unión debía expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas dentro de un plazo de 180 días. Sin embargo, a la fecha, dicho ordenamiento no ha sido emitido.
Ante esta omisión legislativa, Litigio Estratégico Indígena A.C. interpuso un juicio de amparo con el objetivo de que el Poder Judicial de la Federación ordene al Congreso cumplir con su obligación constitucional y avanzar en la emisión de la ley reglamentaria correspondiente.
La acción legal busca que los derechos reconocidos en el texto constitucional cuenten con mecanismos claros de aplicación y exigibilidad, y que las demandas históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos se traduzcan en normas efectivas y políticas públicas con impacto real.
Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A. C., explicó que ha pasado más de un año y los legisladores y legisladoras que conforman el Congreso de la Unión no han aprobado la Ley General, con la cual se busca aterrizar los derechos ya reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Mexicana para pueblos indígenas y afromexicanos.
La activista recordó que la Ley General debe garantizar su derecho a decidir sus formas de organización social, económica, política y cultural; eliminar desigualdades históricas y el racismo estructural, promoviendo una sociedad plural y armónica; el reconocimiento de identidades y respetar la autoidentificación de los pueblos y comunidades, incluyendo a los afromexicanos; y fomentar el desarrollo y uso de lenguas indígenas y preservar su patrimonio cultural, entre otros derechos.
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Médico forense: la muerte de un cubano en una cárcel de Inmigración de Texas se debió a “asfixia provocada por compresión en el cuello y el pecho”
17 de gener, per AuriImage Credit: Jeanette Pagan Lopez
La muerte de un inmigrante cubano de 55 años que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en un centro de detención de Texas fue probablemente un homicidio. El periódico The Washington Post divulgó la noticia e informó que el médico forense del condado de El Paso determinó que la causa preliminar de la muerte de Geraldo Lunas Campos fue “asfixia provocada por compresión del cuello y el pecho”. Lunas Campos fue arrestado en julio de 2025 y declarado muerto el 3 de enero en Camp East Montana, un extenso centro de detención para inmigrantes que se encuentra ubicado en la base militar de Fort Bliss, en la ciudad de El Paso. El Servicio de Inmigración afirmó que el padre de familia cubano había muerto tras “experimentar problemas de salud”. Sin embargo, según se informa, los funcionarios de la ciudad de El Paso le dijeron a su hija que es probable que consideren su muerte como un homicidio, aunque esto dependerá del informe toxicológico. Lunas Campos es uno de los cuatro inmigrantes que murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración durante los primeros diez días de 2026.
Publicado originalmente en Democracy Now
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Despiden a Saúl Morán, defensor de los pueblos de la Montaña de Guerrero
17 de gener, per AuriLa Ciénega, municipio de Malinaltepec, a 14 de enero de 2026. En la tarde de este miércoles invernal familiares, vecinos, amistades, luchadores sociales, maestros, maestras, autoridades comunitarias y principales despidieron al defensor comunitario Saúl Morán Oropeza en el panteón de la comunidad me’phaa, cuando el sol estaba en el horizonte de las imponentes montañas.
Saúl Morán padecía de la diabetes desde hace 25 años, pero se cuidó mucho para luchar contra los gobiernos espurios. Desde muy jóven se dio cuenta que las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero estaban desatendidas por las autoridades estatales y federales. Se forjó como un líder social y comunitario al fragor de la lucha en las calles.
Desde la década de los 90 militó en el Frente Popular Revolucionario. Recuerda su tía Maurina que en 1999-2000 realizaron una marcha de Chilpancingo a la Ciudad de México para exigir al gobierno federal apoyos en las comunidades que estaban en el abandono. Así pudieron realizar un tanque de agua en la comunidad de La Ciénega.
En el 2012 luchó contra la reserva de la biósfera y la amenaza inminente de la entrada de las empresas mineras. Se organizaron las comunidades para rechazar estos proyectos de muerte. En 2013 con el desastre del huracán Manuel e Ingrid, Saúl formó parte del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y estuvo en las marchas y bloqueos para exigir la reconstrucción de viviendas y dotación de maíz y frijol. En el 2014 cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa Saúl estaba en las movilizaciones que se realizaban en la región.
Su camino de lucha es basto. Nunca se arredró, siempre encaraba a las autoridades para exigir los derechos de las comunidades indígenas. En la conflictividad agraria entre Alacatlatzala y Malinaltepec fue privado de la libertad, golpeado a morir en el 2020. Desde entonces su salud empeoró. Hace tres años se agudizó y después lo empezaron a dializar, pero permanecía firme.
El lunes 12 de enero lo tuvieron que llevar a urgencias en la clínica Nefro Medical de Tlapa para que lo atendieran. Con su familia llegó a las 11 o 12 del día, pero los atendieron a las 2 de la tarde. Lo revisaron, pero la doctora vaticinó un mal augurio: no tardaría mucho. Más tarde quería algo de comer y a las 7 de la tarde falleció. Trató de agarrarse de este mundo, pero ya no pudo más. Lo trasladaron a su comunidad para velarlo hasta el martes 13.
La mañana de este miércoles su feretro permanecía en su casa. A los lados las flores, veladoras y el copal. En la pared colgaba la guitarra del cantautor y sus sombreros. De la viga de la choza colgaba la fotografía de los principales teóricos maxistas y leninistas. Cerca estaba una corona de flores con la hoz y el martillo, símbolo del socialismo.
Los rezos empezaron a las 12 del día y terminaron a las 2 de la tarde. Dos bandas de viento tocaban en el patio. A las 3:25 el rezandero empezó con el cántico religioso “resucitó”, mientras el humo de copal abrazaba a los asistentes y generaba misticismo. Al filo de las tres de la tarde llegaron a la iglesia de adobe. Luego fueron a despedirlo en la comisaria municipal por ser un defensor comunitario.
Después se tuvieron que trasladar en carros porque el panteón está retirado, y luego bajar caminando en las faldas de un cerro. Al llegar el rezandero dijo que Saúl Morán dejó sus enseñanzas porque era una persona preparada. “Él era una buena persona. Viviera con nosotros para que nos campartiera sus experiencias”.
Un maestro señaló que la comunidad de La Ciénega es el pueblo del silencio. Leyó una biografía impresionante de Saúl porque se destacó en la lucha social a pesar de que estaba en el “aninomato”. Participó en movimientos sociales y procesos organizativos gestados desde las comunidades indígenas. Ubaldo Segura, integrante del Frente Popular de la Montaña habló a nombre del Frente Popular Revolucionario al que perteneció Saúl. Lo recordó como uno de los luchadores sociales más importantes de la Montaña y a propósito mencionó a Antonio Vivar, ejecutado por policias federales el 7 de junio de 2015 en Tlapa; Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en 2019 y Gregorio Alvarado, desaparecido el 26 de septiembre de 1996.
Los familiares hablaron en me’phaa con el dolor en el corazón. Se trataba de la pérdida de un hermano, esposo, padre, hijo, abuelo, tío y el vacío que deja. Saben que Saúl fue víctima de un sistema de salud que no funciona para los pobres. Los gobiernos prometieron un hospital de especialidades en Tlapa, pero al final no lo cumplieron.
Publicado originalmente en Tlachinollan