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• Atacan con drones y explosivos ejido Los Guajes de Ayala en Guerrero

  
  9 de juliol, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. Habitantes del ejido Los Guajes de Ayala, en Guerrero, denunciaron el ataque cron drones y explosivos que el crimen organizado lanzó este miércoles desde las seis de la mañana, en el poblado de El Pescado.

  En un comunicado, pobladores de la Sierra de Guerrero alertaron por la situación de «extrema vulnerabilidad» en la que se encuentran las comunidades de la región, donde se han registrado «ataques atribuidos a grupos de la delincuencia organizada, incluyendo el presunto uso de drones con artefactos explosivos».

  Por lo ataques, habitantes de la región han resultado heridos y las familias han sido desplazadas, además de que «comunidades enteras» se encuentran «viviendo con temor», agregaron.

  En redes sociales, la página de facebook «Ejido Guajes de Ayala» compartió videos en los que se escuchan las explosiones y detonaciones de arma de fuego a la distancia. Después de las ocho de la mañana, mujeres, niños y niñas se refugiaron en el centro de salud de la comunidad y llamaron a las autoridades a intervenir.

  En uno de los videos, las mujeres acusaron que los explosivos también caían cerca de la clínica donde permanecían resguardadas y que llevaban más de 15 días sin que el gobierno responda a sus llamados de auxilio, por lo que sus esposos y otros habitantes habían salido a defender la comunidad ante las agresiones.

  «Sabemos que muchos de nuestros esposos están muertos o heridos», dijo una de las mujeres en el video. «El gobierno no quiere venir», agregó otra mujer.

  Apenas este jueves, el ejido informó que personal de la Sedena se presentó en la comunidad alrededor de las siete horas.

  A continuación el comunicado completo:

  LLAMADO URGENTE DE AUXILIO A MÉXICO Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

  Chilpancingo, Guerrero., a 08 de julio de 2026.

  Las comunidades de la Sierra de Guerrero alzamos la voz para hacer un llamado urgente de auxilio al pueblo de México y a la comunidad internacional.

  Nuestra población vive una situación de extrema vulnerabilidad. De acuerdo con las denuncias de habitantes de la región, se han registrado ataques atribuidos a grupos de la delincuencia organizada, incluyendo el presunto uso de drones con artefactos explosivos, lo que ha dejado personas heridas, familias desplazadas y comunidades enteras viviendo con temor.

  Este llamado tiene como único propósito proteger la vida y la dignidad humana.

  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El artículo 4° reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud, mientras que el artículo 21 establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado.

  Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho a la vida y exige a los Estados adoptar medidas efectivas para su protección. La Convención Americana sobre Derechos Humanos impone a los Estados el deber de respetar y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial.

  Por ello, solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación nacionales e internacionales que difundan este llamado para que el mundo conozca la situación que enfrentan las comunidades de la Sierra de Guerrero.

  Pedimos a las autoridades mexicanas que, dentro del marco de sus obligaciones constitucionales e internacionales, adopten de manera inmediata medidas eficaces para proteger a la población civil, brindar atención médica a las personas lesionadas, garantizar el acceso seguro a alimentos y medicamentos, investigar los hechos denunciados y restablecer las condiciones de paz y seguridad.

  Solicitamos también la atención y el acompañamiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para que observen la situación, den seguimiento a los hechos y exhorten al Estado mexicano a cumplir plenamente con sus obligaciones de protección.

  No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo el respeto al derecho más elemental reconocido por el derecho nacional e internacional: el derecho a vivir.

  Que nuestra voz llegue antes que el silencio. Que la solidaridad llegue antes que la violencia. Que la protección del Estado y la observación de la comunidad internacional lleguen antes de que más familias sufran pérdidas irreparables.

  ¡La Sierra de Guerrero necesita auxilio ahora!

• Minería en San Juan: grave contaminación con aluminio, cobre y arsénico en zona donde opera Barrick Gold

  9 de juliol, per  Admin2

  Foto: Martín Katz – Greenpeace

  Una nueva investigación confirma la contaminación con aluminio, cobre, arsénico, cadmio y manganeso en la zona de la mina Veladero, propiedad de las multinacionales Barrick Gold y Shandong Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia la complicidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Contabilizaron nueve derrames químicos contaminantes. “Se nos niega el derecho a la justicia y el derecho humano al agua”, afirman.

  Cantidades alarmantes de aluminio, cobre y arsénico fueron detectados en los pejerreyes que aparecieron sin vida en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan. Un informe realizado por biólogos independientes apunta como causa la exposición prolongada de los peces a un ambiente acuático contaminado y abre la puerta a una nueva hipótesis: la fuga permanente de efluentes tóxicos desde la mina Veladero, que operan las trasnacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian contaminación minera y silencio oficial.

  “La evidencia disponible permite concluir que la explicación científicamente más consistente para la mortandad masiva de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento es la exposición a los metales y metaloides biodisponibles en el sistema acuático”, sostiene el informe técnico firmado por los biólogos Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni, Guillermo Folguera y Paola Peltzer. Los análisis realizados sobre los peces por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), de Mendoza, detectaron concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y de aluminio, cobre y arsénico en el hígado, justamente “órganos responsables de funciones críticas como la respiración, la osmorregulación y detoxificación”, señala el informe técnico.

  Así, por ejemplo, en un conjunto compuesto por los restos de 13 peces, el aluminio alcanzó una concentración de 2.464 miligramos por kilogramo en el hígado (tejido seco, es decir, deshidratado) y de 824 miligramos por kilo en las branquias (tejido seco). En el hígado (tejido seco) del mismo conjunto, el cobre alcanzó los 49 miligramos por kilo, el arsénico los 14 miligramos por kilo y el cadmio una cantidad mayor a 5,7 miligramos por kilo.

  Consultado por Tierra Viva, Folguera explica que, de acuerdo con el estudio, “la mortalidad de peces (en noviembre de 2025) es compatible con un efecto notable de una diversidad de químicos con altos niveles” y que tanto las evidencias espaciales como temporales “son consistentes con un flujo de contaminación persistente en toda la cuenca”. Esto se condice con la presencia de aluminio, cobre y arsénico en los hígados de los peces, lo que sugiere “una incorporación sistémica crónica”.

  En otras palabras, la evidencia sugiere que el envenenamiento de los peces se produjo de manera paulatina, por estar expuestos a un medio contaminado. La pregunta queda abierta: ¿Derrames puntuales o fuga crónica de efluentes mineros?

  

  Un escenario tóxico

  Para elaborar el informe, los biólogos examinaron datos disponibles sobre la calidad del agua en distintos periodos. En el marco del fenómeno de mortandad, compararon los análisis de agua realizados por la Uncuyo en noviembre de 2025 y febrero de 2026 y constataron que “el escenario de degradación ambiental (…) se mantuvo prácticamente inalterado”.

  La presencia constante y en cantidades elevadas de aluminio, arsénico, boro y cadmio configura un escenario que lleva a los biólogos a concluir que “la persistencia de los contaminantes y parámetros críticos en el agua superficial (…) anula la hipótesis de un evento aislado o de rápida disipación”.

  Más allá de la presencia constante de químicos en el agua, los análisis de noviembre de 2025 detectaron un elemento inusual: cloro. Los resultados consignan concentraciones que “superaron en hasta un 2.321 por ciento el criterio de protección para la vida acuática”, afirma el informe técnico. Este dato recuerda a los vecinos de Jáchal que la empresa minera ya utilizó hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro, durante el derrame masivo de 2015.

  Veinte años de tóxicos en el agua

  La persistencia de metales y metaloides de preocupación ambiental no se restringe al evento de mortandad masiva de peces. Los investigadores ampliaron el tiempo de estudio y examinaron los análisis de agua realizados entre 2005 y 2026, tanto oficiales como encargados por la Asamblea a la Uncuyo. El equipo concluye que “la evolución temporal observada es compatible con un proceso de contaminación sostenida de larga duración y no con un evento aislado o transitorio”. Agrega que la presencia de metales y metaloides es persistente y que estos se hallan “presentes en concentraciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la vida acuática”.

  El informe consigna que el arsénico “constituye el contaminante más persistente y espacialmente extendido de toda la serie histórica” y, si bien su presencia es natural en la cuenca, “las magnitudes observadas indican la participación de procesos adicionales (…), incluyendo actividades antrópicas vinculadas al aprovechamiento de recursos minerales”.

  Además, en ese periodo temporal, los investigadores observaron el incremento de aluminio en cantidades exorbitantes: en el tramo inferior del río Jáchal, pasó de 0.1 miligramo por litro de agua en 2005 a 7.4 miligramos por litro en 2026. Es decir, tuvo un crecimiento de 7.400 por ciento. El boro “mostró incrementos de magnitud similar”, consigna el informe. El escenario tóxico se completa con arsénico, manganeso, cobre y, de forma más reciente, cadmio.

  En otro tramo del informe se lee que “el río La Palca emerge como el principal corredor hidrológico de transferencia de elementos traza hacia el resto de la cuenca”. Con “elementos traza” hace referencia a los metales y metaloides detectados y el río mencionado es el que proviene de la mina Veladero. Pero hay un dato más: 2005 corresponde al primer año de explotación de ese yacimiento. El nexo no parece casual.

  

  El oxígeno y una hipótesis descartada

  “Este informe es, en gran medida, un intento por explicar o intentar buscar las causas de la mortalidad de estos peces”, afirma Folguera. El fenómeno encendió la alarma a inicios de noviembre de 2025 y se extendió alrededor de 20 días, cuando en las orillas del dique aparecieron pejerreyes muertos en grandes cantidades.

  Ante este escenario, el gobierno de la provincia intentó calmar rápidamente las aguas y adjudicó la masiva mortandad a la falta de oxígeno. Sin embargo, “los resultados no apoyan la hipótesis del oxígeno”, desestima Folguera. El propio informe es tajante sobre esto al afirmar que “los resultados de calidad de agua descartan que la mortalidad observada pueda atribuirse a déficits de oxígeno disuelto o a procesos de hipoxia ambiental”.

  Sin embargo, lo que más llamó la atención de Folguera fue “el apuro en cuanto a quienes esgrimieron la hipótesis del oxígeno de no esperar resultados y de señalar solamente cuestiones oculares al respecto, en apenas un par de días”, resalta y opina que “no parece ser el modo apropiado” para testear una hipótesis.

  Por si fuera poco, en febrero de este año, la Unidad Fiscal Norte desestimó la causa judicial que había abierto de oficio para investigar la masiva mortandad de peces. “El fiscal (Sohar) Aballay cerró la causa diciendo que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, pero no tiene ni un solo análisis que lo pueda justificar”, reclama Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

  Una sopa de químicos

  Descartada la falta de oxígeno como causa de la mortalidad de los peces, el equipo de investigadores se concentró en otros factores. “Ahí aparece la presencia de metales, metaloides y otros químicos en diferentes puntos del río y del dique”, narra Folguera y resalta la consistencia de la evidencia analizada.

  “En general se observa una enorme cantidad de químicos con una enorme presencia”, señala el biólogo. “Quizás el que toma mayor relevancia y visibilidad es el aluminio, con porcentajes de aumento realmente impactantes” dice y detalla: “Estamos hablando, por momento, de 171.900 por ciento, 6.800 por ciento, valores extremadamente altos, que no se pueden explicar, bajo ningún punto de vista, de manera natural”.

  Los porcentajes implican un desvío con respecto al nivel guía de calidad ambiental para la protección de la vida acuática, fijado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.

  Más allá de la toxicidad que implican las concentraciones detectadas de aluminio, cobre, cadmio, boro, arsénico y manganeso en el agua, Folguera resalta la gravedad de las mezclas y refiere que “estos tóxicos pueden generar lo que se llama efecto sinérgico: efectos de interacción que potencian el efecto de daño de cada uno de los químicos involucrados”.

  

  Pesca sin advertencias

  “Hemos visto con mucha sorpresa que los instructores de pesca de la localidad de Rodeo (departamento de Iglesia) hicieron hasta una publicación donde siguen promocionando la pesca en el dique Cuesta del Viento”, afirma Zeballos. Basta una búsqueda rápida por Internet para observar la promoción que Gobierno y privados hacen de esta y otras actividades en el dique.

  No hay, en cambio, advertencias ni avisos sobre la posible contaminación de los peces que, en gran medida, se utilizan para consumo humano, según refiere el asambleísta. “Hemos visto con mucho pesar que el gobierno de la provincia de San Juan tampoco dio ninguna alerta para que no se consuman esos peces”, expresa.

  En la resolución 533/1994, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece los límites de tolerancia de metales y metaloides para los productos de la pesca con destino al consumo humano. Aunque los valores más altos se detectaron en hígado y branquias de los pejerreyes, que no suelen destinarse al consumo humano, las proporciones de aluminio, cobre y arsénico en músculos también son elevadas.

  Por ejemplo, la norma fija un máximo de 250 partes por millón para el aluminio, lo que equivale a 250 miligramos por kilogramo. Los análisis sobre músculos de dos pejerreyes, en tejido seco, revelaron 545 y 368 miligramos por kilo, respectivamente.

  En el caso del cobre, el Senasa fija un límite de diez partes por millón, lo que equivale a diez miligramos por kilogramo. En los músculos de algunos peces, los análisis evidenciaron cantidades superiores a 15 miligramos por kilo. En proporciones menores, pero también por encima del límite, se detectó arsénico en músculos de algunos pejerreyes.

  

  Una ordenanza sin cumplir, una cuenta sin rendir

  “Agua Segura”, es el nombre del programa que, en Jáchal, está “destinado a realizar el control comunitario de la calidad del agua tanto superficial como subterránea predestinada al consumo humano, al de animales, para irrigación, así como para cualquier otra utilización de tipo cotidiana”, según reza la ordenanza 2694 que lo creó en octubre de 2015. La fecha de sanción no es casual: para entonces, se había cumplido un mes del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero.

  La misma ordenanza establece un mínimo de dos monitoreos anuales por cada una de las tres zonas en que divide el área “para un mejor control”. Sin embargo, “a esta altura del año, (el municipio) ya tendría que haber hecho, al menos, tres análisis y no ha hecho ni uno solo”, reclama Zeballos y recuerda que en 2025 fue la presión social ejercida por productores agropecuarios, la Iglesia Católica y la Asamblea la que logró que el Ejecutivo municipal ordenara el análisis del agua a raíz de la mortandad de peces en el dique. Un dato no menor es que para esos análisis “el municipio contrató a SGS, el laboratorio externo de Barrick Gold, para tapar todo”, denuncia Zeballos.

  En 2024, el presupuesto destinado a los análisis rondaba los 70 millones de pesos y en 2025 superaba los 120 millones de pesos, según refiere Zeballos. No obstante, en 2024 no se hicieron análisis y en 2025 apenas se realizó uno. El asambleísta deja flotar la pregunta sobre el destino de esos fondos, pero arriesga una respuesta sobre el incumplimiento de los monitoreos: “Barrick Gold no quiere que se hagan análisis porque cada vez que se hacen, se detecta contaminación minera”, dice y agrega, en referencia a los funcionarios: “Están al servicio de la Barrick Gold”.

  Del silencio a la censura oficial

  Al conocer los resultados de los análisis, la Asamblea jachallera intentó difundirlos a través de la emisora que Radio Nacional, la radio pública, tiene en esa localidad sanjuanina. Sin embargo, luego de idas y vueltas, el medio de comunicación impidió esa posibilidad. “Se nos ha negado el derecho constitucional de expresarnos libremente, sin censura previa, y también se le está negando al pueblo de Jáchal el derecho de enterarse de los resultados de estos análisis”, denuncia Zeballos.

  Tampoco los supuestos análisis de peces que habría encargado el gobierno de la provincia (a cargo de Marcelo Orrego), a principios de diciembre de 2025, fueron dados a conocer, según señala Zeballos. De hecho, el gobierno defendió los controles ambientales que realizan la propia empresa minera, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia.

  Para el asambleísta, el incumplimiento de los análisis, el ocultamiento de resultados y la censura en medios de comunicación oficiales van de la mano. “En este tema no hay grieta: el presidente Javier Milei, que es de un partido político (La Libertad Avanza), el gobernador Marcelo Orrego, que es de otro partido político (Juntos por el Cambio), y el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político (Unión por la Patria), están todos de acuerdo en proteger los intereses de la Barrick Gold”, afirma y reitera: “lo único que les interesa es proteger los intereses de las corporaciones megamineras, y no proteger a los pueblos”.

  

  Un historial de derrames

  Veladero es una mina de oro y plata que entró en su fase de explotación en el año 2004. En septiembre de 2015, luego de ocultarlo, la empresa terminó reconociendo el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. Fue el primero conocido y afectó cinco ríos y el dique Cuesta del Viento. Dos causas contra siete funcionarios nacionales duermen aún, acunadas por la burocracia judicial. Ninguna autoridad de la empresa minera ni autoridad provincial fue imputada.

  No fue el único. Análisis del agua de ríos conectados con la mina Veladero evidencian alta presencia de metales en, al menos, otras cinco ocasiones entre 2016 y 2022. La continua alteración del agua con metales llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos advirtió que “los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”.

  Y hay más: en 2016, una pericia realizada por el Ministerio de Ambiente de la Nación había confirmado tres derrames anteriores. Ocurrieron en julio y noviembre de 2011 y en marzo de 2012.

  Impunidad y premios para la empresa

  Las conclusiones del informe técnico no anulan la posibilidad de derrames puntuales a lo largo de los años. De hecho, según los datos, fueron nueve derrames en 15 años. Hasta el día de hoy, ninguna persona fue condenada por ninguno de los hechos. Mucho menos la empresa ni las corporaciones detrás de la firma Veladero. Tampoco el Estado fue responsabilizado.

  Pese a que el Código de Minería de Argentina establece, en su artículo 264, inciso “E”, que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, Veladero sigue operando con normalidad. No sólo eso: el gobierno nacional aprobó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del proyecto. Esta obra consiste, básicamente, en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas de lixiviación (procesamiento para separar minerales a través del uso de agua y químicos tóxicos).

  “Evidentemente, a Jáchal lo quieren como zona de sacrificio”, expresa Zeballos ante este panorama. “Se nos niegan los derechos a la justicia, a expresarnos libremente, se nos niega la posibilidad de vivir en dignidad y con dignidad, se nos está negando el derecho humano al agua, al agua pura”, afirma y concluye: “Somos cada vez más habitantes y menos ciudadanos, porque no tenemos derechos”.

  Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

  
  

• Fuera del algoritmo y del interés estratégico: los conflictos que el mundo elige no ver

  9 de juliol, per  Admin2

  Foto: Juanjo Pérez Monclús

  Hace algunos meses, mientras hojeaba la prensa, me encontré con un artículo extenso, de página completa, dedicado a desgranar las violaciones de derechos humanos en un contexto geopolítico de alta relevancia actual. Pocos días después, al navegar por el feed de TikTok, me topé con una noticia sobre la situación en Eritrea: una tragedia humanitaria sostenida por décadas, reducida a una frase fugaz en un video de menos de quince segundos. Esta disonancia no es una anécdota, es el síntoma de un fenómeno estructural que moldea nuestra comprensión de lo que sucede en el resto de los países.

  En el discurso global sobre derechos humanos existe una fractura: la atención no se distribuye según la gravedad de las crisis, sino conforme a dinámicas mediáticas, económicas y tecnológicas que actúan como filtros que generan mayor alcance. El caso de El Salvador es emblemático en la era de Nayib Bukele. Las políticas de seguridad del gobierno han generado un intenso debate y una cobertura mediática constante. A tres años del inicio del régimen de excepción en 2025, se han superado las 90.000 detenciones y organizaciones internacionales documentan cientos de muertes bajo custodia estatal. Esta visibilidad es el resultado no solo de la crisis interna, sino de la posición geopolítica del país, su intensa narrativa comunicativa y su alta exposición en redes sociales.

  En contraste, Eritrea ilustra la invisibilidad forzada. Bajo el control del gobierno de Isaías Afwerki desde 1993, el país enfrenta denuncias persistentes de servicio militar indefinido calificado por organismos internacionales como una forma de esclavitud moderna y la detención arbitraria de periodistas, incluyendo a los 16 profesionales encarcelados desde 2001. A pesar de la gravedad de estas violaciones, su presencia en el debate público global es marginal, confinada a informes técnicos de difícil acceso para el ciudadano promedio. Eritrea es, en la práctica, una “isla informativa” donde el control estatal sobre las telecomunicaciones impide que su realidad circule en los circuitos globales.

  El proceso de‘ gatekeeping’—la selección de qué información llega al público— ha pasado de las manos de editores a manos de sistemas automáticos que penalizan la complejidad 

  La sociología nos permite desmantelar este mecanismo. Desde la teoría del poder simbólico de Pierre Bourdieu, comprendemos que la visibilidad no es un elemento neutral; es una construcción social que jerarquiza qué realidades son “relevantes”. En el ecosistema mediático actual, este poder simbólico ha mutado. La teoría de la agenda setting, promulgada por McCombs y Shaw en 1972, nos advertía que los medios no deciden qué pensar, pero sí sobre qué debemos pensar. Hoy, esa agenda está mediada por algoritmos de engagement que favorecen la inmediatez, el impacto emocional y la proximidad estratégica.

  El proceso de gatekeeping, que hace referencia a la selección de qué información llega al público, ha pasado de las manos de editores a manos de sistemas automáticos que penalizan la complejidad, según David White. Cuando un conflicto no encaja en las narrativas de “interés estratégico” de las grandes potencias o no genera una reacción emocional rápida para ser viralizado, simplemente desaparece del feed. Esta “asimetría de visibilidad” significa que nuestra percepción de los derechos humanos está fragmentada: nos indignamos por lo que el algoritmo nos sirve y permanecemos ciegos ante lo que queda en la periferia.

  La desigualdad informativa depende de cómo los sistemas mediáticos priorizan, jerarquizan y distribuyen la atención

  A menudo pensamos que la falta de información es una responsabilidad individual: “deberíamos haber buscado mejores fuentes”. Sin embargo, esta visión es simplista. La desigualdad informativa depende de cómo los sistemas mediáticos priorizan, jerarquizan y distribuyen la atención. Cuando las democracias o los medios de comunicación aceptan esta jerarquía como algo natural, contribuyen a una comprensión distorsionada del mundo.

  La ceguera selectiva frente a países como Eritrea no solo oculta violaciones de derechos humanos, sino que debilita nuestra capacidad de respuesta global. Si la presión internacional depende de la visibilidad mediática, los países que logran mantenerse fuera del foco están, en efecto, gozando de una impunidad operativa construida sobre el silencio algorítmico.

  Debemos construir una conciencia pública que valore la información por su sustancia, no por su rentabilidad en el mercado de la atención

  Reconocer esta desigualdad no implica relativizar las crisis documentadas, sino analizar críticamente los mecanismos que producen nuestra realidad pública. En un mundo hiperconectado, el desafío para el periodismo de profundidad y para la sociedad civil es ampliar nuestra atención hacia las sombras. Necesitamos un periodismo que no solo reporte lo que ya es noticia, sino que interrogue por qué otros temas no logran serlo.

  Para que los derechos humanos no dependan de la geografía de la noticia ni de la lógica de los algoritmos, debemos construir una conciencia pública que valore la información por su sustancia, no por su rentabilidad en el mercado de la atención. La gran pregunta sigue abierta: ¿cuántas otras Eritreas existen, invisibles para nosotros, esperando que decidamos mirar más allá de lo que se nos muestra?

  Este material se comparte con autorización de El Salto
  
  

• Comunidades denuncian daños ambientales por ampliación del Puerto de Manzanillo en Laguna de Cuyutlán

  9 de juliol, per  Auri

   Foto: @tejuinito

  Ciudad de México | Desinformémonos. Comunidades pesqueras, productoras de sal, científicas y defensoras del ambiente rechazaron el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, Colima, al advertir que la obra provocaría afectaciones al ecosistema y pondría en riesgo las actividades productivas de la región.

  Durante una movilización en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en el centro histórico de Colima, integrantes del movimiento “Salvemos la laguna” acusaron a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de intentar avanzar con el proyecto mediante un proceso irregular para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

  Las personas opositoras señalaron que la ampliación contempla sumar mil 880 hectáreas al área portuaria, con una inversión superior a los 13 mil 539 millones de pesos. Alertaron que la destrucción de manglares y la entrada de agua marina al vaso lacustre generarían daños al ecosistema, además de afectar la producción de sal y la actividad pesquera.

  Tras la movilización, las comunidades exigieron diálogo con Javier Pinto, titular de la delegación de la Secretaría de Gobernación en Colima, quien anunció una reunión para este jueves 9 de julio. Las organizaciones insistieron en que sus argumentos deben ser considerados antes de la autorización del proyecto.

• Familia Guzmán Cruz conmemora 52 años de desaparición forzada y exige justicia en Michoacán

  9 de juliol, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. A 52 años de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, comunidades y organizaciones indígenas convocaron al Acto Deportivo, Político y Cultural “Somos la Resistencia, los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha”, que se realizará el próximo 18 de julio en la comunidad indígena de Zirahuén, Michoacán, para exigir verdad y justicia por José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz.

  El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, la Comunidad Indígena de Zirahuén, el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces” y autoridades comunales señalaron que, durante más de cinco décadas, la familia ha enfrentado la ausencia de sus seres queridos y la falta de respuestas por parte del Estado mexicano. “Frente al olvido, han levantado la bandera de la dignidad; frente al miedo, han construido memoria colectiva”, expresaron en la convocatoria.

  El acto se llevará a cabo a las 11:00 horas en la Casa Comunal de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, con entrada libre. Las organizaciones también exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacer público el dictamen de fondo del caso de la familia Guzmán y al Estado mexicano dejar de obstaculizar el acceso a la justicia internacional.

  A más de medio siglo de la desaparición de los integrantes de la familia Guzmán Cruz, las comunidades p’urhépechas llamaron a mantener viva la memoria y la exigencia de justicia para las personas desaparecidas, al señalar que su lucha representa también la de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

  A continuación el comunicado completo:

  Convocatoria al Acto Deportivo, Político y Cultural: Somos la Resistencia, los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha

  52 Aniversario de la Desaparición Forzada de 5 integrantes de la Familia Guzmán

  Han pasado 52 años desde la desaparición forzada que marcó para siempre la vida de la familia indígena Guzmán Cruz.

  Medio siglo de ausencia, de preguntas sin respuesta, de heridas abiertas. Pero también, 52 años de resistencia, de memoria activa, de lucha incansable por la verdad y la justicia

  En cada paso, en cada grito de búsqueda, en cada acto de denuncia, los Guzmán han demostrado que el amor es más fuerte que el silencio impuesto por el Estado mexicano.

  Frente al olvido, han levantado la bandera de la dignidad. Frente al miedo, han construido memoria colectiva. Frente a la represión han construido organización.

  Su caminar no es solo personal, es también político. Porque al exigir justicia por sus seres queridos, abren el camino para todos los desaparecidos. Porque en su voz resuena la de miles. Porque no han dejado de luchar, y eso es un acto profundo de esperanza.

  El sábado 18 de julio de 2026 a las 11:00 horas, en la comunidad indígena de Zirahuén en la Casa Comunal, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, realizarán el Acto Deportivo, Político y Cultural: Somos la Resistencia con entrada libre.

  Acto los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha. Justicia para José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos, Amafer, Armando, Solo Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz.

  Participa, difunde y exige justicia

  ¡Exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH haga público el dictamen de fondo del caso de la familia Guzmán!

  ¡Exigimos que el Estado mexicano deje de obstaculizar la justicia internacional!

  ¡Memoria, Verdad y Justicia!

  ¡Mianstkua, Jakankurhikua ka Utatsperaku!

  Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

  Comunidad Indígena de Zirahuén.

  Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México #COFADDEM “Alzando Voces”

  Consejos de Gobierno Comunal

  Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales

  «Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla»

  “Somos los hijos de los que no pudieron desparecer, somos los nietos de los que no pudieron matar, somos memoria colectiva, somos la resistencia»