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• Justicia de Bolivia cierra caso Caza & Safari: no investigará más a empresa argentina que promovía la caza de jaguares

  16 de desembre, per  Auri

  La Justicia de Bolivia cerró el caso Caza & Safari, en el que se investigaba a una empresa argentina que vendía paquetes turísticos para viajar a Bolivia y matar jaguares en la región del Pantanal. Los demandantes acusan a la Fiscalía de Santa Cruz de no revisar las pruebas presentadas y de evitar dar información sobre el proceso.

  El dueño de la compañía Caza & Safari, Jorge Néstor Noya, está acusado en Argentina de ser el principal artífice del caso más grande de tráfico de fauna silvestre de ese país.

  El jaguar es una especie protegida en la región. Se estima que en Bolivia solo quedan un poco más de 3000 individuos, según el biólogo Huáscar Bustillos. La ley prohíbe su cacería y los expertos piden que se cambie su categoría de vulnerable a en peligro.

  

  En Bolivia, Noya llevó clientes de manera irregular para cazar jaguares en la zona oriental de ese país. Lo hizo durante más de 30 oportunidades desde la década de 1980. Noya fue procesado en su país y la investigación cobró relevancia regional, ya que el negocio de este cazador también llegó a Paraguay, Brasil e incluso a algunos países de África.

  Rodrigo Herrera, abogado boliviano que llevó el caso con la parte demandante, que es la activista Lisa Mirella Corti y el guardaparque Marcos Uzquiano, explicó a Mongabay Latam que en Bolivia se introdujo una demanda penal en diciembre de 2024 y que luego se conformó una comisión de investigación conformada por la Fiscalía del municipio de San Matías (frontera con Brasil), la Fiscalía especializada en delitos ambientales de Santa Cruz y la Fiscalía General, que tiene sede en la ciudad de Sucre.

  “Todo este tiempo, como parte demandante, hemos presentado a la Fiscalía muchas pruebas, muchas evidencias y también se remitió el informe oficial de la fiscalía argentina en el que se muestra información recolectada del teléfono celular del señor Noya que confirmaba que él estaba en Bolivia en noviembre de 2023 realizando la caza ilegal del jaguar”, detalló Herrera.

  El abogado añadió que esperaron la respuesta de la Fiscalía boliviana y que en julio de este año el proceso ya no se encontraba en el sistema digital del Ministerio Público de Bolivia. “En la Fiscalía de Santa Cruz nos dijeron que el fiscal de San Matías había cerrado el caso por insuficientes pruebas”, dijo. Herrera dijo que no fueron notificados a la fecha con la extinción del proceso y afirmó que seguirán insistiendo en un juicio contra Noya en Bolivia.

  En el marco de este caso, en Argentina se hicieron 12 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santiago del Estero. También se embargaron 37 vehículos automotores, los cuales eran propiedad de los acusados, varios de ellos de alta gama. Se embargó también un inmueble de gran valor ubicado en la costa atlántica argentina que era propiedad de uno de los supuestos jefes de la organización y también fueron embargados los tres terrenos de caza en los que se habrían hecho las cacerías ilegales.

  Ese proceso se instaló en la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora, que es la que instruyó la investigación, y también intervino el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. En este caso, según la investigación, también se incautaron 44 armas de fuego, que habrían sido utilizadas para entregárselas a los clientes extranjeros del argentino Noya, con las que habrían realizado las actividades cinegéticas (técnicas y mecanismos para cazar) ilegales.

  La provisión de armas de fuego a los clientes de Noya se hacía -según la investigación- sin que estos tuvieran permisos para cazar ni tampoco permisos para usar armas de fuego en Argentina y en Bolivia. .

  Los “trofeos”

  Durante los operativos se incautaron 7951 taxidermias, es decir, animales disecados para conservarlos con apariencia de seres vivos.  Este proceso de taxidermia se realizaba -según la investigación- en talleres ilegales en Argentina y luego esos “trofeos” eran enviados a los países de los clientes cazadores.

  En la investigación se incluyen detalles de los viajes y clientes de Noya. El cazador argentino recibía a sus clientes, la mayoría de nacionalidad estadounidense y españoles, en Argentina. Desde allí, los llevaba hasta la ciudad de Sao Paulo y luego a Cuiabá, cerca de la frontera con Bolivia. Desde Cuiabá ingresaba con los cazadores en avioneta a varios destinos del oriente boliviano, donde buscaban jaguares para matarlos.

  Lisa Mirella Corti, que es una de las denunciantes del caso en Bolivia y parte del colectivo El llanto del Jaguar, explicó a Mongabay Latam que en Bolivia la demanda se presentó en diciembre de 2024, luego de conocer los hechos que habría cometido Noya en Bolivia, principalmente en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, que es la segunda reserva natural más grande de Bolivia.

  “Se admitió la denuncia, pero en el proceso de investigación la han desestimado. Nos sacaron del sistema digital hace unos meses y ahora no podemos acceder a información del caso. Nos dijeron que desestimaron el caso porque el fiscal de San Matías dijo que no hay suficientes pruebas, pero eso es incorrecto, ya que hemos presentado todas las pruebas, como una foto de Noya con un jaguar muerto en Bolivia”, dijo Mirella Corti.

  

  La activista añadió que en Bolivia no se hizo ningún allanamiento y que no se gastaron recursos económicos para llevar adelante la investigación. “Este es un crimen transnacional. Nosotros vamos a reactivar el caso y queremos que se impute a Noya para pedir su extradición”, remarcó Mirella Corti.

  Mongabay Latam se contactó con la Fiscalía de Santa Cruz para pedir información y confirmó que ese caso fue cerrado por la Fiscalía de San Matías. Esta última dependencia evitó dar declaraciones sobre el tema.

  La Fiscalía de Santa Cruz explicó a este medio que en el marco de esta investigación se pidió, por ejemplo, información al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para determinar si el predio donde ocurrieron los delitos es un inmueble particular o es una reserva nacional. Además, esta instancia detalló que aparte de Noya se investigaba a un ciudadano español, quien ingresó a Bolivia con el empresario argentino para matar jaguares.

  Según detalló Mirella Corti, la parte demandante presentó fotografías que son profundamente indignantes y crueles: se ve a Noya posando con sus clientes con los jaguares abatidos. Hay felinos muertos colgados en árboles y al lado de los cazadores lanzando sonrisas.

  La investigación argentina secuestró los teléfonos de los imputados, especialmente el de Noya. En una de las comunicaciones, los jefes de la organización conversan con un cliente panameño que quería cazar un “bicho que come caballos”, refiriéndose al jaguar. Las fechas no están claras en la investigación, pero esa cacería pudo haber sido en julio de 2024. El panameño nunca pudo cazar un jaguar en su recorrido por Argentina y su sueño era tener un trofeo de esta especie. Como no logró su cometido en suelo argentino, Noya invitó al cazador panameño a ir a cazar a Bolivia sin ningún costo.

  La ruta de Noya

  Para lograr ese objetivo en Bolivia, Noya primero tomó un vuelo de Argentina hacia Brasil y desde allí una avioneta hacia Bolivia. El vuelo de esa avioneta era ilegal porque no se registró su paso fronterizo de Brasil a Bolivia. Noya hizo saber que la cacería se realizaría en el oriente boliviano. Hasta ahí llegaron con el cliente panameño y se desconoce si el cazador logró llevar su “trofeo” a su país.

  Noya ofrecía alojamiento en Argentina y distintos tipos de cacerías. Sus clientes llegaban a pagar mucho dinero por cada “trofeo”: cuanto más raro, más difícil de ver o más escaso era el animal a cazar, se consideraba más valioso. La caza de un jaguar en Bolivia llegó a costar hasta 50 000 dólares. Los clientes de Noya serían personajes reconocidos en sus países.

  Uno de ellos es un destacado médico español que tiene incluso un Museo de la Fauna Salvaje en España. Era el segundo extranjero investigado en Bolivia.

  

  La ruta que realizaba Noya y sus clientes para llegar a Bolivia tenía dos escalas en Brasil. Salían de Buenos Aires hacia Sao Paulo y de ahí llegaban a Cuiabá, que está muy cerca del ANMI San Matías. Todas esas rutas la hacían en vuelos comerciales, según la investigación. Desde Cuiabá, muchas veces ingresaban ilegalmente en avionetas. Ese espacio aéreo es dominado por las mafias del narcotráfico. Otras veces realizaban viajes por la vía terrestre, también, violando los controles migratorios, ya que en la investigación boliviana no existe un registro migratorio oficial de entrada y salida por parte del empresario argentino.

  En la investigación argentina se confirmó que Noya viajó a Bolivia con sus clientes e incluso con las fotografías tomadas con el teléfono celular de Noya se verificó con aplicaciones digitales que esas imágenes fueron realizadas en territorio boliviano. Mongabay Latam se contactó con el abogado de Noya, pero el jurista no respondió los requerimientos.

  Publicado originalmente en Mongabay

• Israel continúa la demolición de hogares y la destrucción de un campo de refugiados palestinos en Cisjordania

  16 de desembre, per  Auri

  Foto: Ciudades palestinas de Cisjordania han sido blanco de las fuerzas israelíes.

  Justificado en unas necesidades de seguridad que “no hacen más seguro” a nadie, como advierte la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la fuerza ocupante continúa cambiando la topografía del norte de Cisjordania.

  Israel ha emitido nuevas órdenes de demolición para el campo de Nur Shams, en el norte de la Cisjordania palestina ocupada por el Estado judío. Las órdenes son efectivas esta semana, algo que un alto funcionario de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) calificó como «noticias más devastadoras» para la región.

  Unas 25 edificaciones enfrentan una demolición inminente a partir del 18 de diciembre, afectando a cientos de palestinos desplazados por la fuerza, declaró este martes Roland Friedrich, en un comunicado publicado en redes sociales.

  Además, imágenes satelitales muestran que casi la mitad de todos los edificios del campamento, un 48%, ya habían sido dañados o destruidos antes de esta última orden.

  Objetivo de control

  «Esta nueva orden de demolición se ajusta al patrón que hemos visto con demasiada frecuencia este año, con las fuerzas israelíes destruyendo hogares para permitir su control a largo plazo sobre los campamentos en el norte de Cisjordania, alterando permanentemente su topografía», dijo Friedrich.

  «Justificadas mediante ‘necesidad militar’, estas demoliciones no hacen a nadie más seguro», agregó.

  En enero, el Ejército israelí lanzó una operación a gran escala en el norte de Cisjordania que ha desplazado a miles de refugiados palestinos. La ‘Operación Muro de Hierro’ se dirigió inicialmente al campo de refugiados de Jenin, pero se expandió a los campamentos de Tulkarem, Nur Shams y El Far’a.

  Esperanza distante de regreso

  «El desplazamiento forzado de más de 32.000 refugiados palestinos en el norte de Cisjordania no debe volverse permanente», afirmó Friedrich.

  «Los residentes han esperado ansiosamente durante 11 meses para regresar a sus hogares. Con cada golpe de las excavadoras, esta esperanza se vuelve cada vez más distante«.

  Apoyando a los refugiados palestinos

  UNRWA asiste a casi seis millones de refugiados palestinos en cinco ubicaciones en Medio Oriente, incluyendo 19 campamentos en Cisjordania ocupada.

  Unas 13.739 personas estaban registradas en el campamento de Nur Shams en 2023, donde dos escuelas de UNRWA —una para niños y otra para niñas— atienden a aproximadamente 1571 estudiantes.

  Los residentes también acceden a atención primaria de salud, incluyendo salud reproductiva, atención infantil e infantil, inmunizaciones, exámenes y chequeos médicos, en el único centro de salud del campamento.

  Las demoliciones en la Cisjordania palestina suceden mientras en otro territorio palestino ocupado por Israel, la Franja de Gaza, continúan prácticamente a diario los ataques de su Ejército a escuelas, hospitales y centros residenciales.

  Publicado originalmente en Noticias ONU

• América latina y la caída del imperio

  16 de desembre, per  Auri

  Hace pocos días se conoció la nueva Estrategia de Seguridad Nacional del Pentágono (Departamento de Guerra de Estados Unidos), en la que dibujan el nuevo orden global desde la mirada de Washington. Algunos analistas consideran que es un documento de política exterior orientado a la política interna, yo agregaría, en el marco de un proceso imparable de decadencia imperial.  De hecho, en el diagnóstico del documento hay un claro reconocimiento del fracaso y la derrota de EE. UU. en su intención de ser la hegemonía indiscutible del mundo multipolar.

  Ante este reconocimiento, se plantea:  La organización “del ejército más poderoso, letal y tecnológicamente avanzado del mundo”, para la defensa de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, con lo cual reconocen la debilidad de sus FFAA. La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que es el nuevo chivo expiatorio para la cohesión interna. El respeto a la identidad cultural de las naciones, y el desarrollo económico y social. Es importante señalar que cuando hablan de Estados y Naciones hay que leer Estados Unidos y la nación estadounidense, perspectiva que no ha cambia desde 1945. Explicitan la necesidad de construir una economía fuerte sobre la recomposición de la base industrial, el fortalecimiento del sector energético, el desarrollo científico y tecnológico más avanzado e innovador. Necesidad que se reconoce frente al poder económico y tecnológico de China, y ante el afán de sostener su influencia a nivel mundial.  

  Estas metas requieren movilizar los recursos que tienen todos los estados federados en una política exterior que, al parecer, no dudará en usar las armas, las amenazas, las extorsiones, el chantaje, la agresión, la invasión de forma cínica y directa.  La zona a la que apunta de manera principal esta remozada Doctrina Monroe es obviamente a América Latina. El fracaso de la guerra en Vietnam, Afganistán e Irak; la derrota de la OTAN en la guerra de Ucrania que es la derrota frente a Rusia, así como, la derrota económica y comercial frente a China le obligan al gobierno gringo a atrincherarse en el sub-continente americano. Reviven aquella consigna “América para los americanos” entendiendo, claro está, que es América para los estadounidenses.  

  Es en este contexto de disputa geopolítica y decadencia del imperio estadounidense que el gobierno de Trump se posesiona como una lumpen oligarquía. Un gobierno que está dispuesto a violar acuerdos internacionales de manera obscena, como lo ha hecho al incursionar militarmente en el mar Caribe para bombardear lanchas y ejecutar extrajudicialmente a ciudadanos venezolanos y colombianos, acusados ilegalmente de narcotráfico. Y, últimamente, el robo descarado de un buque petrolero venezolano. Acto delincuencial que deja en claro que la agresión bélica a Venezuela nada tiene que ver con el combate al narcotráfico, sino con la intención de apoderarse del petróleo venezolano y afirmar su poder lumpezco en América latina.     

  La nueva Estrategia de Seguridad Nacional es la apertura a una política exterior al margen de las estructuras y acuerdos internacionales, ejecutada por un gobierno compuesto por una fracción de la élite económica y política que adopta comportamientos delincuenciales, parasitarios, especulativos y depredadores. Procedimientos que van a acelerar la descomposición social del capitalismo del hemisferio occidental, principalmente de Estados Unidos y con mayor afectación de América Latina.  La intención de recomponer su base industrial, fortalecer el sector energético científico y tecnológico se lo hará sacrificando a los países de Latinoamérica a cualquier costo. Si tienen que trasladar la guerra a su hemisferio lo harán.  

  Hemos observado como Trump promueve gobiernos necroliberales -que combina el libertinaje mercantil con la necropolítica- alineados a su política como Milei en Argentina, Noboa en Ecuador; ha interferido abiertamente en las elecciones de Argentina, Honduras y Bolivia. Al mismo tiempo, ataca irracionalmente a los gobiernos de Venezuela, Colombia, México y Brasil que no se alinean a su política. 

  La intención es retomar el control en América latina, atrincherarse en lo que siempre consideraron su patio trasero para intentar sostenerse como uno de los polos hegemónicos en el nuevo mundo multipolar. Sin embargo, no se trata de un proyecto capitalista racional que busque el desarrollo de todo el continente, sino de un intento irracional y desesperado de un imperio que cae gobernado por una lumpen oligarquía que sembrará la violencia y la criminalidad por toda la región.  

  La caída del imperio norteamericano traerá graves consecuencias para los países de América latina, los coletazos de este derrumbe imperial siempre se sienten con más fuerza en las zonas donde los imperios agónicos se atrincheran. En este escenario, corresponde a nuestros pueblos prepararnos para resistir esta debacle, intentando que las afectaciones sean las menores y aprovechando la oportunidad del fin del imperio para reorganizar nuestro futuro desde las autonomías. Quizá podamos abrir otro mundo.  

• La geografía del silencio: México, segundo país más mortífero para periodistas

  16 de desembre, per  Auri

  El periodismo mundial atraviesa una de sus noches más oscuras. El reciente balance de Reporteros Sin Fronteras (RSF) nos lanza una advertencia que no podemos ignorar: “los periodistas no mueren, son asesinados”. Esta distinción semántica es crucial para entender que no enfrentamos riesgos laborales fortuitos, sino una cacería deliberada alimentada por el odio y sostenida por la impunidad. El panorama global es desolador. Durante este año, 67 profesionales de la información fueron asesinados alrededor del mundo. La Franja de Gaza se consolidó como la peor zona de silencio, concentrando casi la mitad de los crímenes mortales contra periodistas. En otros territorios de conflicto como Sudán y Ucrania, la guerra también dicta la censura a través de las balas.

  Sin embargo, lo más alarmante ocurre cuando apartamos la vista de las zonas de guerra declarada y enfocamos el lente en las llamadas democracias en tiempos de paz. Es aquí donde la narrativa global aterriza violentamente en nuestro territorio. México, sin estar oficialmente en guerra, se ha afianzado como el segundo país más mortífero del mundo para la prensa, con nueve periodistas asesinados en 2025. Hemos superado en letalidad a naciones con conflictos civiles abiertos, convirtiéndonos en el epicentro de la violencia contra la prensa en el hemisferio occidental. Esta “mexicanización” del riesgo, como advierte RSF, no es un fenómeno nuevo, pero este año ha alcanzado un pico que desmiente cualquier discurso oficial sobre la pacificación del país.

  Para comprender por qué México sigue aportando estas cifras al obituario mundial, debemos mirar las estructuras internas que hemos documentado en el brazo local del estudio Worlds of Journalism Study (WJS3). La violencia letal no ocurre en el vacío: es el desenlace de un proceso sistemático de desgaste. Nuestros datos revelan que el 76 por ciento de los periodistas mexicanos reporta recibir discursos de odio y un 65.6 por ciento ha sufrido descrédito público. Esta violencia verbal, a menudo instigada desde tribunas políticas, prepara el terreno psicológico y social no para la violencia física, sino para la impunidad para perseguir los crímenes y para la indiferencia social ante el panorama.

  El periodista mexicano trabaja en un ecosistema de vulnerabilidad extrema. Según nuestros hallazgos, casi una cuarta parte del gremio (23.8 por ciento) identifica al crimen organizado como una influencia determinante en su trabajo, superando incluso la presión de los actores políticos. Esta cooptación silenciosa ocurre en redacciones marcadas por la precariedad, donde cuatro de cada diez periodistas no pueden vivir exclusivamente de su profesión, lo que debilita su capacidad de resistencia y autonomía frente a los poderes fácticos.

  La impunidad es el motor de esta reincidencia. El reporte de RSF señala que el odio y la falta de castigo son los combustibles de este año mortífero. En los mismos términos, en la encuesta Worlds of Journalism, un abrumador 98.2 por ciento de los colegas expresó su preocupación por la impunidad. No es una percepción infundada, es la experiencia empírica de trabajar en un país donde el Estado ha fallado en garantizar la vida. Mientras en Gaza matan los misiles, en México mata el abandono institucional y la complicidad local.

  A pesar de este asedio, el gremio resiste. El 96.6 por ciento de los periodistas mexicanos sigue considerando vital “sacar a la luz los problemas de la sociedad”. Es esa terquedad ética, esa insistencia en vigilar al poder a pesar del miedo, lo que convierte a cada periodista en un objetivo, pero también en la última línea de defensa de nuestra democracia. Paradójicamente, esta insistencia en cumplir con un rol democrático —investigar la corrupción, el crimen y los abusos—los coloca en la mira de las armas.

  Tanto el balance de 2025 de RSF, como la encuesta académica de WJS, deben ser leídos no como un anuario de fatalidades, sino como una lamentación colectiva por la inacción estatal. Las promesas de protección son retórica vacía si no se desmantelan las redes de complicidad entre autoridades locales y crimen organizado que nuestros estudios evidencian. Mientras la libertad de prensa en México sea una garantía de papel —percibida como real solo por el 17 por ciento del gremio— y no una realidad tangible, seguiremos contando muertos, normalizando el horror y administrando el silencio.

  *Mireya Márquez Ramírez es profesora-investigadora del Departamento de Comunicación

  Publicado originalmente en Ibero

• Criminalización de defensores de Eloxochitlán llega a la SCJN

  16 de desembre, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. Las Mujeres Mazatecas por la Libertad se reunieron este lunes con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar, para exigir justicia para las más de 40 familias criminalizadas desde hace trece años en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, por la defensa del río Xangá Ndá Ge.

  Durante la reunión, las mujeres mazatecas recordaron que los casos de los pobladores de Eloxochitlán ya habían llegado al máximo tribunal del país con la criminalización y persecución del activista mazateco Miguel Peralta, por lo que reiteraron que el caso de Eloxochitlán “no es un asunto nuevo” para la Corte, explicó la abogada Argelia Betanzos.

  “Se reconoció que la comunidad ha caminado una larga trayectoria en búsqueda de justicia y que está documentada. Hoy entregamos evidencia de la lucha de una comunidad que está buscando y esperando justicia desde esta nueva óptica”, señaló la defensora mazateca al término de la reunión en la Ciudad de México.

  Tras la reunión, Aguilar Ortiz y su equipo se comprometieron a estudiar el caso de Eloxochitlán conforme a los marcos legales del propio reglamento y ley del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, las mujeres mazatecas aseguraron que aún tienen otras “rutas de justicia a seguir”, como los amparos en Boca del Río, Veracruz, “que ya se están resolviendo”, pero que “tienen carencias porque áreas de justicia de Oaxaca no han cumplido con su papel para que los amparos se desahoguen”. Además, agregó Betanzos, está la ruta de justicia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que se espera que se pronuncie sobre el caso e investigue a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

  Finalmente, Betanzos calificó la reunión de “un hecho histórico, en el sentido de que el propio ministro originario de Oaxaca había estado ajeno a este asunto y ahora en su calidad de ministro reitera esta obligación de la SCJN de acercar la justicia a las comunidades”.

  Desde hace trece años, Eloxochitlán enfrenta la criminalización, persecución y desplazamiento de sus defensores por parte del grupo caciquil de Manuel y Elisa Zepeda, hoy diputada de Morena, que han explotado ilegalmente el río Xangá Ndá Ge.