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• Unión Europea, Noruega y Suiza condenan asesinato del periodista Carlos Castro

  16 de gener, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. La Unión Europea, junto con Noruega y Suiza, condenó el asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el 8 de enero en el municipio de Poza Rica, Veracruz, y advirtió que existen indicios de un vínculo directo entre su labor periodística y el crimen.

  Carlos Castro era periodista especializado en crónica roja y director del portal Código Norte Veracruz. En una declaración conjunta, la Delegación de la Unión Europea y las embajadas de Noruega y Suiza expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amistades del comunicador y señalaron que las circunstancias del asesinato, así como las amenazas previas, apuntan a una agresión relacionada con su trabajo informativo.

  La representación diplomática alertó que el asesinato de Carlos Castro refleja los niveles de violencia e intimidación que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, lo que constituye una amenaza directa a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Llamaron a las autoridades a generar condiciones de protección que eviten la creación de “zonas de silencio” donde el ejercicio periodístico resulte imposible por el riesgo a la vida.

  La Unión Europea, Noruega y Suiza reiteraron su preocupación por los altos niveles de impunidad en casos de periodistas y personas defensoras asesinadas en años anteriores y exigieron que se identifique y juzgue a los responsables materiales e intelectuales. También refrendaron su disposición a continuar la cooperación con el Estado mexicano para fortalecer la protección de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y los sistemas de procuración e impartición de justicia.

  A continuación el comunicado completo:

  

• Campesinos de la sierra de Guerrero condenan agresión de Estados Unidos contra Venezuela

  15 de gener, per  Auri

  Foto: Tlachinollan

  Ciudad de México | Desinformémonos. La Organización Campesina de la Sierra del Sur denunció la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y llamó a los pueblos indígenas, campesinos y trabajadores a organizarse frente al avance del saqueo y la violencia imperialista, al considerar que se trata de un momento de peligro pero también de lucha desde abajo.

  La organización campesina, integrante del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, señaló que el viernes 2 de enero amanecieron “con dolor y rabia” ante la ofensiva contra el pueblo venezolano y advirtieron que la ambición de las potencias imperiales busca apropiarse de recursos naturales, territorios y mano de obra. Afirmaron que hoy es Venezuela, pero que otros pueblos seguirán en la mira del capital.

  La Organización Campesina de la Sierra del Sur sostuvo que la llamada guerra contra las drogas no combate al narcotráfico sino que funciona como pretexto para el despliegue de violencia militar y paramilitar al servicio del saqueo. En ese contexto, señalaron que Estados Unidos atraviesa una crisis de su posición dominante y que responde con guerras de rapiña.

  Desde Guerrero, llamaron a fortalecer la unidad de obreros, indígenas y campesinos y a construir comités de lucha contra las agresiones imperialistas. La organización reafirmó el carácter antiimperialista de los pueblos y sostuvo que enfrentar estas ofensivas requiere organización colectiva y un corazón que no tolere la injusticia, al grito de “¡Fuera yanquis de Venezuela!” y “¡Los gringos imperialistas no pasarán!”.

  A continuación el comunicado completo:

  La organización campesina de la sierra del sur Tepetixtla, Coyuca de Benítez (O.C.S.S) condena los hechos en contra de nuestros hermanos venezolanos.

  AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

  AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

  A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

  A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA

  AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

  A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

  A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO

  A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO

  La organización campesina de la sierra del sur Tepetixtla, Coyuca de Benítez (O.C.S.S) e integrante del congreso nacional indígena-consejo indígena de gobierno, condena los hechos  en contra de nuestros hermanos venezolanos.

  El viernes 2 de enero amanecimos con dolor y rabia.

  Con el dolor de la agresión norteamericana sobre nuestra hermana, Venezuela. Y no pudimos evitarlo, nos acordamos de José Martí, porque el pelirrojo vanidoso (Trump) cree que el mundo entero es su aldea. Y con rabia comprendimos que es la hora de los pueblos, de esos gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden responder y poner la bota encima a cualquier agresor imperialista.

  Porque es la hora de que los pueblos despierten para unirnos más. De recordar todo lo que tenemos en común, lo que nos une. Y luchar. Es el tiempo de dormir con las armas de la imaginación individual y colectiva en la almohada.

  Estados Unidos está perdiendo su posición dominante en el sistema mundial. Está muriendo y para retardar esto impulsará guerras de rapiña. La llamada “guerra contra las drogas” no combate al narcotráfico, del cual los norteamericanos obtienen billonarias ganancias, sino es un pretexto para desplegar su violencia militar y paramilitar en la apropiación de los recursos de diferentes países. Es más saqueo.

  Es un momento de peligro, pero también la oportunidad de luchar radicalmente desde abajo. Para construir el mundo que queremos.

  Hoy son los venezolanos, su petróleo, sus minerales, sus recursos naturales, su mano de obra, los que están en la mira. El afán de ganancias de los empresarios imperialistas norteamericanos no tiene llenadera. Seguirán otros pueblos.

  Es momento de organizarnos, de que cada quien, desde su circunstancia, su disposición y sus capacidades enfrentemos la agresión imperialista norteamericana y sigamos construyendo el COMÚN. En este esfuerzo cabemos todos, sin importar edad, sexo o condición social. El único requisito es tener un corazón que sienta la indignación ante las injusticias imperialistas.

  También cabe el gringo que está en desacuerdo con los atropellos que cometen sus gobernantes.

  Es el momento de llenar este tiempo y todos los espacios de comités de lucha contra el saqueo y las agresiones imperialistas.

  La vocación histórica de nuestro pueblo es antiimperialista. Se forjó con diversas agresiones extranjeras; Retomémosla.

  POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDÍGENAS Y CAMPESINOS

  ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR

  (TEPETIXTLA, COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO)

   ¡FUERA YANQUIS DE VENEZUELA!

  ¡LOS GRINGOS IMPERIALISTAS NO PASARAN!

                                  O.C.S.S

• Bolivia: el Gobierno de Paz enfrenta su primer conflicto ambiental tras ingreso de Petrobras a la reserva de Tariquía

  15 de gener, per  Auri

  Nelly Coca se arrodilló cuando la Policía Boliviana logró romper el cordón humano que bloqueaba el ingreso a la reserva de Tariquía, en el sur boliviano. Ella lloró, gritó y exclamó ayuda. La comitiva policial no hizo caso y abrió el paso para que la empresa Petrobras pueda operar en el borde del área protegida. Nelly, de 57 años, ahora lidera, junto a otros dirigentes de la zona, la lucha contra el proyecto hidrocarburífero de la empresa de capitales brasileños y subsidiarias. Así, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su primer conflicto ambiental.

  La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía es un área protegida nacional que está en el departamento de Tarija, en el sur de Bolivia. “Nosotros bebemos agua, no bebemos gasolina. Nosotros luchamos desde 2019 para defender nuestra casa común, pero vemos que esta petrolera [Petrobras] insiste en ingresar a nuestra casa común. Nosotros fuimos amenazados, nos han procesado y ahora siguen procesando a los líderes que estamos luchando por Tariquía”, afirmó Coca a Mongabay Latam.

  La reserva de Tariquía es considerada la “fábrica de agua” para gran parte del sur boliviano. Sus aguas alimentan las cuencas de los ríos Bermejo y Tarija, que son vitales para el departamento tarijeño, incluido parte del Chaco boliviano. Además, en las alturas de la reserva –que llegan a los 3500 metros sobre el nivel del mar- los árboles hacen un trabajo espectacular: sudan agua en medio de la neblina.

  

  La reserva de Tariquía tiene un inventario de 609 especies vegetales, 58 de mamíferos -incluyendo el jaguar y el oso andino-, 64 de peces y 241 de aves. No obstante, esta área protegida no es un lugar deshabitado. Dentro de ella, viven unas 4000 personas distribuidas en 22 comunidades.

  Tariquía tiene una superficie de 246 870 hectáreas. La reserva tiene 36 años y en 2015, cuando Evo Morales era presidente, se encendieron las alarmas en esa zona. En aquel entonces se aprobó un decreto que permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en áreas protegidas.

  Esa norma fue el inicio para el ingreso de empresas a las reservas. En Tariquía, Petrobras Bolivia, que firmó contratos con la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ejecuta todavía planes de exploración. Uno de ellos está en el área San Telmo Norte, donde está el proyecto Domo Oso X3, que según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia tiene un potencial estimado de 2.8 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas, lo que equivale a 79.285 billones de litros.

  Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre de 2025 como presidente de Bolivia y antes de cumplir dos meses de gestión –el 5 de enero de este año- autorizó los trabajos de Petrobras en el borde del área protegida. Según el mandatario, el pozo Domo Oso X3, que es parte del proyecto gasífero, está fuera de la reserva Tariquía. “Dicen que hubiéramos dado un permiso para que se desarrolle un pozo gasífero dentro del reservorio [Tariquía]. Eso no es verdad y algunos políticos están usando temas medioambientales para hacer política”, dijo el jefe de Estado el 7 de enero en un video publicado en sus redes sociales.

  Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), explicó a Mongabay Latam que el pozo Domo Oso X3 evidentemente está “a unos metros fuera” de la reserva, pero detalló que ese pozo habilita el proyecto inicial y podría ser el inicio de la exploración de los pozos Domo Oso X1 y Domo Oso X2, que están dentro del área protegida. 

  “Incluso se pueden desarrollar otros pozos adicionales dentro de la reserva. En San Telmo Norte, cuyo contrato se firmó en 2018 por 40 años, por ejemplo”, remarcó Campanini.

  

  El experto añadió que este proyecto gasífero tiene cuatro campos de exploración: San Telmo Norte, San Telmo Sur, Astillero y Churumas. “En el campo Astillero ingresaron con violencia y se perforó el pozo Astillero X1, que resultó negativo, pero ahora quieren mejorar el trabajo que se hizo. Churumas, por ejemplo, está en el centro mismo de la reserva, en la zona núcleo, y ahí se intervino un pozo, se perforó otro y hay licencia para un tercer pozo”, dijo Campanini.

  El investigador resaltó que desde la zona de Churumas hay una línea que conecta al campo San Alberto, un gran reservorio de gas que está ubicado en el Chaco boliviano. “Desde 2014 hay un plan de manejo [de la reserva], que está vigente, y lo que ha hecho es viabilizar los proyectos petroleros en Tariquía”, destacó.

  Cerca de la reserva

  Mientras, el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Caleb Montes, detalló a Mongabay Latam que el pozo Domo Oso X3 está a un kilómetro y medio de la reserva de Tariquía y que en caso de no ejecutarse el proyecto estaría en riesgo la inversión de Petrobras. El funcionario destacó que en caso de ser exitoso el pozo gasífero en el área de San Telmo Norte generará 900 millones de dólares de ingresos para Bolivia.

  “La consigna que tenemos como Gobierno nacional es que la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía no se toca, y bajo este lineamiento estamos trabajando para brindar información precisa y veraz sobre el desarrollo del proyecto exploratorio Domo Oso-X3”, dijo Montes.

  La autoridad añadió que el proyecto del Gobierno se expuso la semana pasada a las instituciones tarijeñas y ratificó que el plan es no ingresar a Tariquía, a pesar de que el proyecto macro tiene pozos al interior de la reserva. “Por ahora, está en riesgo los 40 millones de dólares que va a invertir la empresa brasileña y Tarija no podrá recibir los ingresos como regalías si no se explora el pozo Domo Oso X3”, dijo.

  

  Nelly Coca es parte del Comité de Defensa de la reserva de Tariquía. Ella explica a Mongabay Latam que el 5 de enero pasado una comitiva de Petrobras ingresó a la reserva junto a una delegación policial. Coca estaba liderando un bloqueo en el cantón Chiquiacá, con el fin de evitar la entrada de la petrolera transnacional.

  La activista destacó que el pozo Domo Oso X3 está en la cabecera de un río que lleva agua limpia a varias ciudades del departamento de Tarija. “Si contaminan esas aguas vendrán enfermedades, contaminarán nuestras plantaciones. Eso es muy grave”, dijo. Coca también coincidió en que ese pozo está cerca de la reserva, pero insistió en que está en las nacientes de río que regala el agua a gran parte de Tarija.

  Según el biólogo Donovan Osorio, las altas precipitaciones pluviales, que son muy frecuentes en la parte alta de la reserva, son importantes para las nacientes de ríos que alimentan a diferentes cuencas, en especial a la de Tarija y Bermejo, que está última incluso desciende hasta Argentina. En Tariquía, según el experto, se estima precipitaciones pluviales medias anuales entre 900 a 3000 milímetros.

  

  Proceso de consulta

  Dos de las comunidades que habitan Tariquía están de acuerdo con los proyectos gasíferos. Estas son Vallecito y Pampa Redonda, que son parte del cantón Chiquiacá. Acá, según explicó a Mongabay Latam Barbarita Meza, dirigente del Comité de Defensa de la reserva, radican “colonos”, que son campesinos que llegaron a la zona desde el occidente boliviano. Meza recuerda que en 2018 convocaron a los comuneros de esa parte de la reserva para que asistan a un taller de socialización del proyecto. Ahí, según la dirigente, les hicieron firmar un documento de asistencia que luego fue utilizado como un instrumento de consulta para obtener la licencia ambiental.

  Mongabay Latam envió una solicitud de información sobre este punto a Petrobras Bolivia, pero no respondió al requerimiento. Sin embargo, la petrolera emitió un comunicado el 7 de enero en el que asegura que “para la ejecución de las obras de camino de acceso y planchada que llevarán a la perforación del pozo, Petrobras Bolivia cuenta con licencia ambiental del proyecto otorgada en julio de 2025, tras cumplir con todos los requerimientos legales exigidos por la normativa boliviana”.

  A eso se suma la posición del viceministro Montes, quien rechazó la supuesta “desinformación” respecto a una supuesta ausencia de consulta pública en la zona. “Es totalmente falso que no se haya realizado una consulta pública. Tanto el Ministerio de Hidrocarburos y Energías como Petrobras contamos con toda la información correspondiente a este proceso de relevamiento, comunicación y socialización con las comunidades”, afirmó la autoridad.

  

  Según establece la Ley de Régimen Electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe acompañar la consulta. La norma establece que las instancias que convoquen al proceso de decisión tienen que solicitar la presencia del ente electoral al menos 30 días antes de la consulta y presentar documentación. Sin embargo, la página web del TSE no registra ninguna consulta previa en Tarija en 2018.

  Mientras, Jesús Gira, presidente del Comité Cívico de Tarija, una entidad que aglutina instituciones del departamento, afirmó que la reserva cuenta con protección constitucional y legal. El dirigente solicitó al presidente Rodrigo Paz que llegue a Tarija para reunirse con los sectores movilizados para anular el proyecto fuera y dentro de Tariquía.

  El presidente Paz es de la región de Tarija y fue alcalde y concejal de la capital de ese departamento, pero también diputado y senador de esa región sureña. En su última gestión como senador –entre 2020 y 2025- firmó un acuerdo con los defensores de Tariquía. En ese documento, Paz se compromete a defender la reserva. Para Gira, hoy el mandatario está vulnerando ese acuerdo.

  

  La defensa de Tariquía se dio en medio de una crisis social en Bolivia. Varios sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB), exigieron al mandatario la abrogación del Decreto Supremo 5503, que entre varios aspectos retira la subvención a los combustibles y aumenta los precios. Pero también establece la autorización para firmar contratos con empresas extranjeras para explotar recursos naturales sin el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

  

  Ahora, el Gobierno boliviano dio un paso atrás, abrogó el 12 de enero el decreto 5503 y aprobó el 5516, que solo mantiene el retiro de la subvención a los carburantes y el aumento a algunos bonos sociales. La COB, en su movilización que mantuvo bloqueada gran parte de las carreteras de Bolivia, también se sumó a la defensa de Tariquía.

  Ahora, la Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó el 9 de enero ante el Juzgado Agroambiental del municipio de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, una solicitud de aplicación de medidas cautelares ambientales con el objetivo de suspender de manera temporal los actos de ejecución material del proyecto “Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X-3”, que corresponde al bloque exploratorio San Telmo Norte.

  Esta acción busca “prevenir posibles daños ambientales irreversibles” en la reserva de Tariquía, mientras se aclaran observaciones de “carácter técnico, legal y procedimental relacionadas con el cumplimiento de estándares internacionales, el derecho a la consulta pública y los requisitos exigidos para la emisión de la licencia ambiental”.

  El 13 de enero, el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, quien se alejó del presidente Paz y se autonombró “opositor” al Gobierno, visitó la zona de Tariquía y se sumó a la defensa de la reserva. La autoridad lanzó cuestionamientos directos a Paz y pidió que se aclare si existió una consulta previa para autorizar las operaciones en el área protegida. Lara también demandó que el Gobierno de Bolivia transparente la documentación que respalda el ingreso de la empresa Petrobras a la zona.

  Imagen principal: la Policía Boliviana abrió el paso para que funcionarios de Petrobras ingresen a los pies de la reserva de Tariquía. Foto: cortesía Comité Defensa de Tariquía 

  Publicado originalmente en Mongabay

• ¿Cómo Afecta la Polarización Política a la Sociedad? Académico IBERO responde

  15 de gener, per  Auri

  ¿Derecha o izquierda? ¿liberales o conservadores? ¿Capitalismo o Comunismo? ¿A favor o en contra de la dictadura venezolana o el intervencionismo estadounidense? ¿Rusia o Ucrania? La polarización para hablar sobre temas políticos provoca que la sociedad se divida y radicalice su postura por lo que ve en redes o lo que escucha de los medios y los líderes políticos, pero cómo salir de los extremismos de nuestras propias opiniones.

  Ante la polarización, lo que construye a una sociedad en una democracia es entender y analizar los argumentos del otro mediante el diálogo, sin insultos a la persona y sin estar a favor o en contra, lo ideal es que cada uno llegue a su verdad, con su propio criterio y desde el respeto a las ideas de los demás, afirmó el Dr. Carlos Antonio Maldonado Alvarado, Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

  «Hay que salirnos de la zona de confort, aunque no nos guste. Si queremos analizar un suceso, necesitamos leer diferentes posturas, no solo las que están a favor de nuestro bagaje o ideología. Para tener un criterio más completo, partiendo que se hizo una verificación de hechos para corroborar que sí ocurrieron y no dejarse llevar por la desinformación (información falsa para engañar) y la posverdad (poner en primer plano las emociones negativas)», apuntó.

  Recordó que la sociedad mexicana ha vivido un clima de polarización generado por un discurso que solo reconoce a los buenos y a los malos, y en ese contexto, ha formulado una opinión que viene desde el poder o de los medios, lo que dificulta que cuando se llega al análisis profundo en ciertos temas, como la incursión militar de EU en Venezuela es muy normal tener afinidades y disgustos.

  Polarización política invalida al otro

  «Independientemente de la ideología, la sustracción de Nicolás Maduro en Venezuela por EU en sí es criticable. Trasladándolo a México, hay una diáspora venezolana que salió porque no hay trabajo. Evidentemente va a haber con buenos ojos quitar a quien consideran que ocasionó esa crisis. Eso no quita que es una intervención extranjera en un país soberano y que arbitrariamente y sin apego a derecho internacional alguno se secuestró al presidente», abundó.

  Indicó que esa discusión sobre si fue legítima o no su extracción o si ganó o no las elecciones pasadas en su país, deben tenerla los venezolanos, porque también vemos que al interior de ese país sudamericano –según los medios a los que tenemos acceso—, hubo marchas y mítines en contra de esta extracción pidiendo la liberación de Maduro.

  «Hay un jesuita: Martin Buber, que habla del diálogo y justo las conversaciones entre dos o más personas, donde se comparten ideas, información u opiniones buscan la comprensión mutua o el entendimiento sobre un tema. El diálogo no puede existir sin el respeto de ambas posturas. La polarización de entrada invalida al otro y hace que se pierda el respeto, el cual debe ser básico para un debate», acotó.

  Sobre la mayoría de la población que tiende a repetir frases ya elaboradas por los diferentes actores políticos que siguen una agenda, calificó como una «pereza intelectual» que se den opiniones fáciles sin que haya pasado por el filtro del debate de las ideas y la complejidad de cada tema en la interlocución con los demás.

  «En las aulas de la IBERO abordamos el debate basado en el diálogo. No es una charla de café, no es una clase, metemos elementos teóricos-conceptuales y a través de ellos hacemos una discusión con reglas donde no puede haber faltas de respeto, ni mucho menos ataques personales (ad hominem)», puntualizó.

  Publicado originalmente en Ibero

• Dinero de banca internacional financió asesinato de Berta Cáceres en Honduras

  15 de gener, per  Auri

  Un informe internacional establece que la ambientalista fue asesinada por una red criminal en la que participaron agentes del Estado, la poderosa familia Atala, sicarios e intermediarios.

  Un extenso informe elaborado por un grupo especial de investigación establece que un entramado criminal en el que participó el grupo empresarial DESA, propiedad de la familia Atala en Honduras, desvió fondos del Banco Centroamericano de Integración de Económica (BCIE) y de la banca de cooperación de Países Bajos para financiar acciones de vigilancia, logística y compra de armas y, eventualmente, para asesinar a la ambientalista hondureña Berta Cáceres.

  El informe fue elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado en 2025 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a petición del Estado de Honduras. A lo largo de 524 páginas, publicadas tras un año de investigación, el GIEI reitera la participación de la familia Atala, cuya empresa DESA ha desarrollado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres y organizaciones indígenas hondureñas se opusieron.

  Cáceres, quien era el rostro visible de la lucha del pueblo lenca para evitar la construcción de Agua Zarca, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, en el suroccidente del país.

  Debido a la indignación que el asesinato causó en Honduras y a la presión internacional, la justicia local llevó adelante, a empellones, un proceso judicial que concluyó con las capturas y condenas de ocho personas. El Ministerio Público y las cortes locales, sin embargo, nunca prosperaron en la persecución a los dueños de DESA. Hoy, el informe del GIEI establece que altos directivos de la empresa y miembros prominentes de la familia que es su dueña, los Atala, estuvieron vinculados con el asesinato de Cáceres.

  El asesinato, dice el informe, fue una “operación criminal” organizada, planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación. En esa operación, asegura el GIEI, hubo participaron los sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de DESA y redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado.

  “El GIEI documentó que integrantes de la familia Atala participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres…”, dice el informe.

  Además de confirmar la participación de DESA y los Atala, el informe hace otras revelaciones importantes, como el uso de dineros de la banca internacional para financiar el crimen y que el Estado de Honduras, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, evitó prevenir el crimen aun cuando tenía conocimiento en tiempo real de que había planes concretos para asesinar a Cáceres. El expresidente Hernández fue condenado en 2024 en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico y a finales del año pasado fue perdonado por el presidente Donald Trump

  Para elaborar este informe, los investigadores del GIEI de la CIDH estuvieron un año en Honduras y tuvieron acceso a miles de folios judiciales, actas de investigación, informes periciales, extractos financieros, escuchas telefónicas y testimonios de los involucrados, entre otros insumos.

  Dinero del BCIE y de la cooperación de Países Bajos

  Las luchas de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) pusieron trabas al desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca, y llamaron la atención internacional sobre las acciones criminales de la industria extractiva local, en manos de empresas y familias de la oligarquía hondureña. Pero el poder de esas empresas, y en este caso el de DESA de la familia Atala, fue capaz de sobreponerse a esas denuncias y atrasos, de asesinar a Cáceres y, eventualmente, de seguir adelante con el proyecto.

  DESA incluso fue capaz de crear un entramado financiero que le permitió desviar fondos de la banca internacional para asesinar a Cáceres.

  El grupo especial de la CIDH determinó que fondos desembolsados por el BCIE y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), destinados a financiar el proyecto Agua Zarca, “fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, incluyendo operaciones de vigilancia e inteligencia ilegal, incursiones armadas, logística y pagos asociados a dichas operaciones, así como, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres”.

  El informe del GIEI deja poco a la imaginación: explica, con precisión, que DESA creo una “arquitectura financiera… integrada en la contabilidad, la gestión financiera y la gobernanza corporativa” de la empresa que permitió el “desvío sistemático” del dinero proveniente de los desembolsos hechos por el BCIE y FMO para pagar por la vigilancia a Berta Cáceres y a los sicarios que la asesinaron.

  De poco más de 18.5 millones de dólares ejecutados con esos fondos para el proyecto Agua Zarca, cerca de 12.4 millones de dólares fueron “objeto de desvíos y manejos irregulares”, asegura el informa del GECI.

  “El GIEI identificó operaciones financieras realizadas inmediatamente después del asesinato, mediante las cuales se cobraron cheques en efectivo por un monto equivalente a, por lo menos, parte del pago ofrecido a la célula sicaria para ejecutar el crimen”, asegura el reporte.

  La complicidad del Estado

  También establece el GIEI que el Estado de Honduras, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, pudo haber prevenido el crimen porque tenía información concreta, en tiempo real, de la planificación del asesinato. Había, dice el grupo especial, suficientes alertas para actuar.

  Información como “interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas en niveles superiores”.

  El grupo sicario, dice el GIEI, “contaba con acceso a armas, logística y personal armado, y utilizaba redes vinculadas a estructuras de seguridad para coordinar operaciones ilícitas.”

  Las interceptaciones telefónicas que siempre estuvieron en poder del Estado hondureño revelaron que desde el 4 de enero de 2016, dos meses antes del asesinato, había noticias de “conversaciones explícitas sobre cinco incursiones previas al asesinato de Berta Cáceres. Estas incursiones involucraron planificación, logística, seguimientos, portación de armamentos y dieron cuenta de la elaboración de un plan concebido con anticipación, a decisiones atribuidas a ‘los de arriba’ y a negociaciones sobre pagos y logística.”

  “Pese a contar con esta información en tiempo real, las autoridades estatales no activaron mecanismos de prevención ni adoptaron medidas oportunas para impedir el crimen, omisión que el GIEI califica como una violación grave del deber de debida diligencia”, dice el informe.

  Es decir, el Estado de Honduras tenía toda la información que necesitaba para evitar que un comando de sicarios, financiado por la empresa DESA de la familia Atala con fondos otorgados por la banca internacional de cooperación, asesinara a Berta Cáceres. Pero no lo hizo, el Estado de Honduras no evitó el asesinato.

  Este material se comparte con la autorización de Prensa Comunitaria