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• Derechos de la Naturaleza en tiempos de guerra

  27 de maig, per  Admin2

  Las guerras contemporáneas han perfeccionado su capacidad de contabilizar la muerte. Se registran cifras de bajas militares y civiles, se identifica la infraestructura destruida,  se construyen balances diarios y televisados que pretenden medir el alcance del horror. Sin embargo, esta precisión revela siempre un vacío: se oculta sistemáticamente la devastación de la tierra y los ecosistemas.

  La vida marina del Golfo Pérsico, aunque no tenga una biodiversidad exuberante en términos tropicales clásicos, sí es una biodiversidad especializada, resiliente y profundamente interdependiente. Es una lección de adaptación. 

  En un mar donde la temperatura puede superar los 35 °C y la salinidad es una de las más altas del planeta, hay arrecifes, que funcionan como nodos de biodiversidad. Las praderas y manglares se conectan con ellos en una red ecológica compleja donde cada elemento sostiene al otro. Los dugongos, parientes de los manatíes, pastan en las praderas; los peces se reproducen en los manglares; las aves dependen de las zonas intermareales. En el 2023 fue descrita una nueva especie marina en el Golfo Pérsico: la Salwa’s siren, un molusco parecido al caracol. Esto no solo nos demuestra que aún desconocemos el mar y sus habitantes, sino que abre preguntas sobre la evolución. La Salwa’s siren, no es solamente una especie nueva, es un nuevo género para la ciencia, una rama evolutiva interdependiente, con un proceso de adaptación evolutiva a condiciones extremas. 

  Los incendios petroleros, las refinerías bombardeadas, los oleoductos destruidos y los suelos impregnados de hidrocarburos no figuran en los balances oficiales. La naturaleza no tiene un lugar en la contabilidad de la guerra. No tiene registro, no construye una agenda de contención y definitivamente, no de reparación.

  Desde mediados del siglo XX, los conflictos armados han estado atravesados por el control de reservas, rutas energéticas e infraestructura petrolera. El petróleo no es solo un recurso en disputa: es el combustible material de la guerra, alimenta tanques, aviones, logística militar, y al mismo tiempo es uno de los principales botines de guerra. La guerra se libra por petróleo, con petróleo y sobre territorios petrolizados.

  Esta invisibilización responde a una lógica estructural: la naturaleza es tratada como un soporte sacrificable del sistema energético global. El petróleo, en este sentido, no solo organiza la economía, también la forma en que se distribuye la violencia. Hay territorios que pueden ser incendiados, contaminados o devastados.

  Pero esta lógica no se limita a los escenarios de guerra declarada. Se reproduce, con otras intensidades temporales, con las economías extractivas en general, como son la minería legal e ilegal y la explotación petrolera. En estos territorios sacrificados, la violencia no desaparece: se normaliza.

  Las explosiones en campos petroleros por las actividades de exploración sísmica, los “incendios permanentes” desde los mecheros, o los derrames accidentales o rutinarios, constituyen una forma cotidiana de agresión contra la naturaleza. No tienen la espectacularidad o el horror televisado de la guerra, pero sus efectos acumulativos son igualmente devastadores.  

  De manera similar, la minería reproduce una economía de guerra en los territorios: dinamita las montañas, envenena los ríos, reproduce la violencia armada en las zonas extractivas. En ambos casos -petróleo y minería- se trata de economías que operan mediante la transformación violenta de la materia viva en mercancía, sin cuestionar la estructura de acumulación y despojo que sostiene el extractivismo.

  El petróleo ha sido históricamente un eje geopolítico de guerras y conflictos; mientras la minería, particularmente el oro y los minerales críticos, se consolidan como un activo estratégico que activa economías ilegales por su portabilidad y valor.

  Desde los derechos de la naturaleza, un río contaminado por un derrame petrolero o por mercurio no es un recurso afectado, sino un sistema vivo vulnerado. Un bosque arrasado por la expansión extractiva no es una pérdida económica, sino una ruptura en la trama de la vida.

  Reconocer esto implica también ampliar la idea de responsabilidad. No basta con identificar a quienes ejecutan la destrucción en territorio. Es necesario mirar hacia las cadenas globales de producción, consumo y financiamiento que la hacen posible. Implica agudizar la mirada desde el lugar de la explosión e integrarla con el sistema que la produce.

  La guerra, aunque se nos presente como lejana, nos interpela de manera directa porque estamos atrapados en las mismas lógicas extractivas que la sostienen. No es un fenómeno externo: es la expresión más violenta de un sistema que organiza el mundo en función del control de recursos, territorios y energía. 

  Incluso en donde se han dado pasos históricos, como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la lógica de la guerra no se desactiva. Persiste, se infiltra, se reconfigura.

  El artículo 5 de la Constitución del Ecuador dice: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.”

  A pesar de que el pueblo ecuatoriano se pronunció en contra de establecer bases militares extranjeras en el país el pasado 16 de noviembre, se han abierto acciones en el país, con la presencia del ejército estadounidense.

  Este artículo escrito por Esperanza Martínez forma parte de la revista «Biodiversidad, sustento y culturas #128«

  – Pueden descargar el artículo en PDF, en el siguiente link:

  Derechos de la Naturaleza e…(1,16 MB)

  Publicado originalmente en Biodiversidad y Acción Ecológica

• Doce años presa sin sentencia: el caso de Mónica Yuliana y la maquinaria del castigo anticipado

  27 de maig, per  Admin2

  

  Hace doce años, una joven de 19 años fue interceptada a la fuerza en Tehuacán, Puebla, antes de entrar a clases. Le cubrieron el rostro. La mantuvieron incomunicada. Fue torturada. Y desde entonces, Mónica Yuliana Espinoza Balderas permanece en prisión preventiva por el delito de secuestro. Sin sentencia. Sin condena. Sin que el Estado mexicano haya probado que cometió un delito. Hoy tiene 31 años. El sistema la tiene atrapada.

  El caso de Mónica no es excepcional. Según el INEGI, al cierre de 2024 el 36,3 por ciento de las 236 mil personas privadas de la libertad en México no tenía sentencia. La brecha de género es reveladora: casi una de cada dos mujeres en prisión está ahí sin condena. Y 2.426 personas —311 de ellas mujeres— llevan más de diez años en esta situación. Personas que, en términos constitucionales, siguen siendo inocentes.

  Cuando inició el proceso de Mónica, el propio juzgado descartó los cargos más graves por falta de elementos. El Ministerio Público apeló y logró mantenerla sujeta a proceso por secuestro, con base en una sola prueba: una declaración obtenida mientras era torturada. No existe evidencia independiente que la vincule con ningún hecho delictivo. Doce años después, esa declaración sigue siendo el cimiento de su encierro. Esto no es un error del sistema. Es su lógica. Angela Davis lo señala en ¿Son obsoletas las prisiones?: el complejo carcelario no existe para hacer justicia, sino para contener a quienes el orden social considera prescindibles. Juliana Borges lo profundiza desde América Latina: el sistema penal selecciona a sus víctimas con base en género, clase y territorio. Mónica —mujer, joven, del sur global— era el perfil de esa selección.

  Sin embargo, la defensa de Mónica solicitó el cambio de medida cautelar para que pudiera continuar su proceso en libertad. La jueza Teresita Sosa Berthely, del Juzgado Primero de Distrito en Puebla, lo negó. Doce años, tortura documentada y ausencia de pruebas independientes no fueron suficientes. Hoy el caso está en manos de un tribunal. Esperamos que tome una decisión diferente: que Mónica pueda llevar el proceso en libertad. No pedimos impunidad. Pedimos lo que la ley ya garantiza y el sistema le ha negado doce años: la presunción de inocencia.

  En CEA Justicia Social hemos aprendido que hay otras formas de hacer justicia. Nuestro Mecanismo de Liberación —que articula análisis jurídico, coordinación interinstitucional y acompañamiento integral— logró en 2025 la liberación de 18 mujeres en situaciones similares a la de Mónica. Dieciocho mujeres que hoy llevan su vida en libertad y que en muchos casos han levantado la voz por los derechos de quienes siguen adentro.

  Creemos que la justicia no puede reducirse al encierro. Reparar el daño, restituir derechos y reconstruir el tejido comunitario son caminos más dignos —y más eficaces— que una prisión que castiga sin resolver. Pero antes de hablar del futuro, necesitamos hablar de Mónica. De la mujer que tenía 19 años cuando el Estado decidió que no importaba. Que hoy tiene 31 y sigue esperando que alguien le diga, por fin, que sí importa.

  Exigimos que el tribunal de alzada otorgue el cambio de medida cautelar. Exigimos que la Fiscalía cumpla con su deber constitucional de actuar con imparcialidad y conforme a derecho. Exigimos que cese la criminalización contra Mónica. Exigimos el fin de la prisión preventiva como castigo anticipado.

  CEA Justicia Social · www.ceajusticiasocial.org · @CeaJusticia #LibertadParaMónica · #PrisiónPreventivaNoEsSentencia · #AltoALaTortura

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  Doze anos presa sem sentença: o caso de Mónica Yuliana e a maquinaria do castigo antecipado

  Centro de Estudos e Ação pela Justiça (CEA Justiça Social)

  Há 12 anos, uma jovem de 19 anos foi interceptada à força em Tehuacán, Puebla, antes de entrar nas suas aulas. Cobriram seu rosto. Mantiveram-na incomunicável. Ela foi torturada. Desde então, Mónica Yuliana Espinosa Balderas permanece em prisão preventiva pelo crime de sequestro. Sem sentença. Sem condenação. Sem que o Estado mexicano tenha provado que cometeu um crime. Hoje ela está com 31 anos. O sistema a mantém cativa.

  O caso de Mónica não é exceção. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia [INEGI], no final de 2024, 36,3% das 236 mil pessoas privadas de liberdade no México não haviam sido sentenciadas. A disparidade de gênero é reveladora: quase uma em cada duas mulheres presas está sem condenação, e 2.426 pessoas — 311 delas mulheres — estão há mais de 10 anos nessa condição. Pessoas que, em termos constitucionais, continuam sendo inocentes.

  Quando começou o processo de Mónica, o próprio Judiciário descartou as acusações mais graves por falta de provas. O Ministério Público recorreu e conseguiu mantê-la submetida ao processo por sequestro com base em uma única prova: uma declaração obtida enquanto ela era torturada. Não existe nenhuma evidência independente que a vincule a qualquer ato criminoso. Doze anos depois, essa declaração continua sendo a base de seu aprisionamento.

  Isso não é um erro do sistema, é a sua lógica. Como Angela Davis aponta em Estarão as Prisões Obsoletas?, o complexo prisional não existe para fazer justiça, mas para conter aqueles que a ordem social considera prescindíveis. Juliana Borges aprofunda essa compreensão a partir da América Latina. O sistema penal seleciona suas vítimas com base em gênero, classe e território. Mónica — mulher, jovem e do Sul Global — correspondia ao perfil dessa seleção.

  Contudo, a defesa de Mónica solicitou uma medida cautelar para que ela pudesse continuar o processo em liberdade. A juíza Teresita Sosa Berthely, do Primeiro Juizado do distrito de Puebla, negou o pedido. Doze anos, tortura documentada e ausência de provas independentes não foram suficientes. Hoje, o caso está nas mãos de um tribunal. Esperamos que ele tome uma decisão diferente e que Mónica possa responder ao processo em liberdade. Não pedimos impunidade. Pedimos aquilo que a lei já garante e que o sistema nega a Mónica há 12 anos: a presunção de inocência.

  Em CEA Justiça Social, aprendemos que há outras formas de fazer justiça. Nosso Mecanismo de Liberação, que articula análise jurídica, coordenação interinstitucional e acompanhamento integral, conseguiu, em 2025, a libertação de 18 mulheres em situação semelhante à de Mónica. Hoje, essas 18 mulheres continuam suas vidas em liberdade e, em muitos casos, passaram a levantar a voz pelos direitos de quem ainda permanece atrás dos muros.

  Acreditamos que a justiça não pode se reduzir ao aprisionamento. Reparar o dano, restituir direitos e reconstituir o tecido comunitário são caminhos mais dignos —e eficazes— do que uma prisão que castiga sem resolver. Mas, antes de falar do futuro, precisamos falar de Mónica. Da mulher que tinha 19 anos quando o Estado decidiu que ela não importava. Ela hoje tem 31 anos e continua esperando que alguém diga, enfim, que sim, ela importa

  Exigimos que o Tribunal de Justiça conceda a medida cautelar. Exigimos que o Ministério Público cumpra seu dever constitucional de atuar com imparcialidade e conforme o direito. Exigimos o fim da criminalização de Mónica. Exigimos o fim da prisão preventiva como castigo antecipado.

  CEA Justicia Social · www.ceajusticiasocial.org · @CeaJusticia #LibertadParaMónica · #PrisiónPreventivaNoEsSentencia · #AltoALaTortura

• Muere profesor de la Sección 22 durante plantón magisterial en Ciudad de México

  27 de maig, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. La Sección 22 de Oaxaca confirmó el fallecimiento del profesor Ignacio Arriaga Villar, docente de primaria de la región Valles Centrales, quien murió la noche del lunes mientras permanecía en el plantón magisterial instalado sobre la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

  De acuerdo con los primeros reportes, el maestro comenzó a sentirse mal y posteriormente perdió el conocimiento. Paramédicos que acudieron al lugar, tras la coordinación realizada por policías capitalinos, confirmaron que el docente de 46 años ya no presentaba signos vitales. El área fue acordonada mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes.

  La dirigencia del magisterio oaxaqueño informó que ya se estableció contacto con los familiares del profesor y que se realizan los trámites para trasladar el cuerpo a Oaxaca. También señalaron que la esposa del docente viajaba desde la entidad y que un familiar residente en la Ciudad de México ya acudió al sitio, mientras integrantes de la organización brindan acompañamiento.

  Los maestros recordaron que no es la primera ocasión en que un integrante del magisterio fallece durante las movilizaciones de la CNTE. Este martes, los docentes mantendrán su jornada de movilización con una marcha desde el campamento instalado en 5 de Mayo hacia la Secretaría de Gobernación, donde está prevista una mesa de diálogo con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

• Comunidades indígenas de Michoacán denuncian represión y exigen seguridad

  27 de maig, per  Auri

  Ciudad de México | Desinformémonos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció la represión policiaca contra comuneros de Santa María Sevina y representantes de 32 comunidades originarias que se manifestaban el 25 de mayo frente a la Casa de Gobierno de Michoacán para exigir seguridad, justicia y paz. La organización señaló que los manifestantes fueron reprimidos por granaderos y fuerzas policiales, y recordó que el pasado 11 de mayo integrantes del CSIM también fueron desalojados mientras respaldaban movilizaciones de la comunidad de Acachuén en la caseta de Zirahuén.

  El CSIM aseguró que en los últimos dos años al menos 28 comunidades indígenas de Michoacán han sufrido ataques armados del crimen organizado y que, en los últimos cuatro años, 20 integrantes de rondas comunales o cuerpos de seguridad tradicional han sido asesinados. Sobre la reciente agresión en Santa María Sevina, la organización indicó que dos integrantes de la ronda comunal fueron asesinados y uno más resultó gravemente herido, además de recordar que la comunidad ya había enfrentado una incursión armada en marzo de 2025.

  La organización indígena afirmó que desde hace más de dos años ha sostenido mesas de trabajo con autoridades estatales y federales para denunciar la crisis de inseguridad en regiones indígenas, aunque acusó al Estado mexicano de incumplir los acuerdos alcanzados. “Las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental”, expresó el CSIM, que vinculó los ataques con disputas por el control territorial, los recursos naturales y las formas de organización comunitaria.

  Entre sus exigencias, el consejo pidió incrementar el fondo de seguridad FORTAPAZ, rechazar el recorte de 20 por ciento aplicado al programa, garantizar seguros de vida para integrantes de rondas comunales y consejos de honor y justicia, entregar ambulancias a las comunidades y establecer una estrategia de seguridad para 450 comunidades que, señaló, permanecen en estado de indefensión. “Los pueblos indígenas estamos hartos de tanta impunidad”, concluyó el CSIM.

  A continuación el comunicado completo:

  ¡Ante la represión gubernamental, la organización comunal!Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

  A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

  AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

  A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  AL ESTADO MEXICANO

  Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 26 de mayo de 2026.

  K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

  El día 25 de mayo, la comunidad indígena de Santa María Sevina y una representación de 32 comunidades del CSIM que se manifestaban en la Casa de Gobierno de Michoacán en exigencia de seguridad, justicia y paz para las comunidades originarias y en particular, para Sevina, fueron reprimidos por los granaderos y las fuerzas policiales, previamente, el pasado 11 de mayo, compañeros del CSIM que apoyaban con manifestaciones a la comunidad de Acachuén, también en exigencia de justicia, fueron reprimidos en la caseta de cobro de Zirahuén. ¡Alto a la represión y criminalización de las comunidades que luchan por el derecho a vivir en paz!.

  En los últimos 2 años, 28 comunidades indígenas de la entidad han sufrido ataques armados por el crimen organizado, en 4 años han sido asesinados 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional o Ronda Comunal, la última agresión fue perpetrada en contra de la comunidad de Santa María Sevina, donde dos compañeros de la ronda fueron asesinados y uno resultó gravemente herido, recordamos también que previamente en marzo de 2025 ya habían sufrido una incursión armada. Exigimos seguridad y paz para Sevina y para las comunidades indígenas.

  Desde hace más de dos años el CSIM ha venido denunciando la crisis de inseguridad que se vive en las regiones donde habitan comunidades originarias, se han tenido múltiples mesas de trabajo con el Gobierno Federal y Estatal, se han firmado sendas minutas de trabajo, pero pese a ello, el Estado mexicano no cumple con los acuerdos y la inseguridad, la injusticia y la impunidad se expanden como un cáncer en las comunidades. El gobierno no es capaz de cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad y paz para los mexicanos, las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental.

  Los ataques a las comunidades indígenas, forman parte de una táctica de control de territorio, de saqueo de recursos naturales y en contra de las formas de organización y gobierno de las comunidades indígenas, en este contexto, los funcionarios federales, estatales y municipales se encuentran más preocupados por hacer campañas electorales que por resolver los problemas de seguridad.

  Hoy por hoy, el principal problema que sufren las comunidades es la inseguridad, los pueblos indígenas estamos hartos de tanta impunidad, por lo que categóricamente exigimos al Estado mexicano: el incremento del fondo de seguridad, no a la reducción de FORTAPAZ que lo recortaron un 20%, seguro de vida para todos los integrantes de las Rondas Comunales y Consejeros de Honor y Justicia, la dotación pronta de ambulancias para las comunidades y el establecimiento de una estrategia de seguridad para 450 comunidades que no tienen autogobierno y que se encuentran en total estado de indefensión.

  ¿De qué sirven 5 “Planes de Justicia” en Michoacán si la inseguridad rapaz continúa en todo el estado?

  CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

• Perú: Nación Wampís exige que se suspenda entrega de concesiones mineras en su territorio

  27 de maig, per  Auri

  “El territorio de la Nación Wampís, al igual que numerosos pueblos indígenas originarios y comunidades amazónicas, estamos sometidos desde hace diez años a una incesante y violenta invasión de las economías ilegales lideradas por las organizaciones criminales transnacionales que vienen actuando con total impunidad”, reclama el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) en un comunicado publicado recientemente.

  En un mensaje enviado a diferentes autoridades e instituciones estatales, el pueblo wampis exige que se suspenda “el otorgamiento de concesiones mineras en la provincia de Condorcanqui y sus distritos”, en la Amazonía, así como revisar aquellas que ya han sido autorizadas “por carecer de legalidad y legitimidad”. Solicitan también que se anule “de forma definitiva” la vigencia y continuidad de las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

  Actualmente, el Registro Integral de Formalización Minera reporta 62 mineros inscritos en la provincia de Condorcanqui, todos en el distrito El Cenepa, según pudo constatar Mongabay Latam en la plataforma del Reinfo. De ellos, 49 aparecen como vigentes y 13 están suspendidos. De igual forma, el visor de Geocatmin, del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) muestra una acumulación de concesiones tituladas y en trámite en la provincia de Condorcanqui, principalmente en el distrito El Cenepa y a lo largo del río Santiago. Solo en abril de 2026 el Ingemmet otorgó 16 nuevas concesiones en el departamento de Amazonas, como consta en la publicación del boletín oficial del Diario El Peruano del 15 de mayo de 2026.

  También se solicita que se apliquen sistemas de inteligencia financiera para desarticular las mafias de oro ilegal y se exige sistemas de trazabilidad a los gobiernos de los países compradores de oro de procedencia ilegal de la Amazonía peruana. Además, solicitan que se establezcan estrategias eficaces y sostenibles para abordar y erradicar las economías ilegales, así como implementar un plan sostenible y acorde a las culturas originarias y amigable al medioambiente. “Vivimos una mortal ‘fiebre del infierno del oro’ que amenaza nuestra existencia y pervivencia presente y futura”, señala el comunicado.

  Wrays Pérez, ex presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y actual Vicepresidente de la Alianza Cuencas Sagradas, afirma que ante la indiferencia del Estado, el pueblo wampís ha establecido su propio sistema de vigilancia y control llamado Charip, un sistema de defensa territorial que se encarga también de inspeccionar las embarcaciones que transitan por los ríos dentro del territorio wampís transportando equipos e insumos para la minería ilegal. “El gobierno wampís es el que más ha avanzado en sus propios sistemas de salud, en su propuesta para implementar un sistema propio de educación y en su mecanismo de control y vigilancia del territorio”, agrega.

  *Imagen principal: los focos de minería ilegal se extienden desde las orillas de las comunidades wampís. Foto: Enrique Vera

  Publicado originalmente en Mongabay