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• Muerte y desolación en Alcozacán

  26 de maig, per  Auri

  A 13 meses del asesinato de Marco Antonio Suástegui

  ¿por qué la Fiscalía no ejecuta las órdenes de aprehensión contra los responsables?

  Ante la grave crisis de seguridad que enfrentamos en la Montaña Baja urgen definiciones políticas claras por parte de los tres niveles de gobierno. Cada nivel debe de involucrarse en la resolución de los problemas que han evidenciado una red de complicidades tejida desde las esferas gubernamentales. La ciudadanía agraviada se siente defraudada por la inoperancia de las autoridades. Demanda mayor compromiso y oficio político de quienes ostentan cargos públicos. Tienen la alta responsabilidad de alcanzar acuerdos duraderos nutridos de visiones plurales pero convergentes. En lugar de obstruir los planes interinstitucionales y manotear en la Mesa de Coordinación, debe prevalecer el bien superior de la gobernabilidad y el Estado de derecho.

  Las autoridades municipales tienen la obligación de contribuir en este proceso de paz: el eje rector de sus actuaciones deben ser las víctimas que están sufriendo y resistiendo desde el umbral de la muerte. Como gobiernos locales tienen encomiendas específicas y compromisos circunscritos dentro de un marco constitucional que los rige.

  La gran tarea es fortalecer la Mesa de Coordinación, no con promesas vacuas, ni con posturas facciosas, aisladas o dispersas, sino con acciones virtuosas. Es una coyuntura propicia para diseñar un plan integral de largo alcance en el que participen las comunidades indígenas afectadas, como interlocutores centrales. En estos momentos críticos resulta imperativo recuperar el control territorial, el Estado de derecho, la institucionalidad democrática, la aplicación de la ley como principales estrategias para contener a los grupos delincuenciales que imponen la ley del gatillo, pero que lamentablemente cuentan con la aquiescencia de algunas autoridades municipales.

  Urge impulsar un programa social que esté operado desde la federación y que tenga una coordinación directa con las comunidades indígenas, como ya lo están haciendo en algunos programas, donde los pueblos se asumen como sujetos de derecho público en lugar de pisotear su dignidad. Los gobiernos locales han tenido grandes oportunidades de impulsar el bienestar de las comunidades, pero han dilapidado recursos, ignorando, dividiendo y hasta agrediendo a las familias más pobres de sus municipios.

  

  Los testimonios documentados este fin de semana con la Misión Civil de Observación dan cuenta de la muerte y desolación que priva en la Montaña Baja, principalmente entre las familias desplazadas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.

  Esta matazón se viene dando desde hace 5 años. Nosotros no sabíamos lo que pasaba, fuimos a Colotepec a rezar un rosario a los difuntos. Supe que desapareció el hijo de una señora de Tula, dice que lo encontraron rumbo a Tlapa, en el monte donde está la antena, en una costalilla, bien rebanado. Lo fueron a levantar y nos pidieron que acompañáramos a ver al difunto, pero no supimos por qué le hicieron eso. Era el hijo del comisario, se llamaba Bartolo. No se enterró en el pueblo, se fue a enterrar a Xicotlán. Desde ese momento las cosas se pusieron feas.

  En el camino nos avisó un señor de Tula: vienen hombres de noche y se van a meter en sus casas. Lo que hicimos fue correr al monte. Eran las 10 de la noche, vimos muchas lámparas, donde ahora están instalados los guachos. Nosotros nos asustamos, no sabíamos por qué. Nos metimos a nuestras casas y ya no vimos nada. De ahí comenzó todo y empezaron los tiroteos. Mi trabajo lo hago en la casa, en la cocina, barro, preparo el nixcontle, hago tortillas, lavo. Mi esposo se dedica a pastorear. Mis hijos se fueron desde los 17 años, otro se fue a los 14 a trabajar a Sinaloa, ahorita allá andan, siembran y cortan tomate y chile verde.

  Ahora en mayo hubo varias balaceras. Empezaron el 6 de mayo, tiraban balazos en el cerro que está enfrente de la casa hasta que se oscureció. Ya más noche se detuvieron, pero cuando se hizo de mañana otra vez empezaron a tirar todo el día, jueves, viernes, sábado. Es cuando nosotros salimos. No llevábamos ni lámpara, se nos olvidó del miedo.

  Yo andaba pastoreando todavía con mis chivos y estaba la balacera. Dije ¿cómo voy a meterme allá con mis chivos? ¿Cómo voy a llegar allá donde duermen? Esperé más noche, pero nunca se detuvo la balacera. Un rato después vi a mi señora que me dijo amarra tus chivos porque esa gente ya viene cerca. Los amarré y nos salimos.

  Yo me adelanté con mi hermana porque ella no puede caminar. Íbamos despacio, los balazos nos pasaban encima de nuestras cabezas. Nos avisó un muchacho de la Comunitaria, nos dijo ándale tía, córrele, ya vienen en la barranca, ahorita van a llegar. Agarré mi morralito que siempre traigo, no traje ni las actas ni mi credencial ni la tarjeta de Bienestar ni mi ropa. Me vine con la ropa que traía puesta. Así llegamos a Acahuehuetlán, ya no podíamos caminar. Nos caímos con mi hermana, mejor corté una vara para usarla de bastón. Ya nos moríamos de sed y por fin llegamos a la iglesia, ahí había gente orando y ahí nos quedamos a dormir.

  Nunca habíamos visto algo así, nunca. Sí tiraban, pero lejos. Ahora empezaron a tirar todo el día. Agarraron a un señor de Tula, le agujeraron su mano, pero no murió, se curó. Murió cuando hubo otra balacera. Otro señor de Alcozacán fue a Chilpancingo, los mandaron traer y lo atajaron al entrar a Chilpancingo. Les pegaron a los dos. Da miedo ir a Chilapa nada más vamos a ganar muerte. Me da miedo ir a Chilapa. Muchos señores de aquí ya se perdieron. Todos los que tienen carritos pequeñitos para su familia o para algo, se quedan allá. Yo pregunto por qué el presidente o la presidenta los consiente.

  A diferencia de lo que dice mi esposa de ya no regresar al pueblo, mi pensamiento es diferente, yo sí quiero regresar a mi casa, porque ahí está mi raíz, mis padres que me criaron y que me dejaron ese lugar para vivir. Quemaron mi casita, era sencilla, de adobe, pero no por eso la voy a dejar. Me duele porque ahí está mi vida y también me costó dinero y mucho sacrificio.

  En ese tiempo se ganaba unos 20 pesos, pero ya era una importante cantidad de dinero. Con luchas podías completar 100 pesos. ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar uno para juntarlos? Por eso digo que aunque mi casa es sencilla, fue muy duro construirla. Compramos la lámina, no recuerdo en ese tiempo cuánto valía, pero era mucho dinero, como 20 pesos o 15 pesos. ¿Por qué ahora esa gente nos está destruyendo nuestra casa? Si nosotros no tenemos ninguna deuda con ellos, no tenemos ningún problema. Por eso voy a luchar para regresar donde estuvo mi casa, porque no tengo a dónde ir.

  Está bien lo que dice mi esposo, pero yo no quiero ver mi casa porque voy a llorar, me voy a enfermar, y no hay nadie que me vea cuando esté enferma, no hay quien haga mi tortilla, por eso yo mejor me quiero ir con mis hijos.

  Necesitamos estar juntos Ana María, porque estamos solos, ya todos se fueron de Tula. Nuestros pollitos, nuestras gallinitas están abandonados y ellos nos esperan. Tenía 26 chivos, pero ayer que fui a verlos 4 estaban muertos. Pobres animalitos. Quise tener animalitos porque ya nadie me alquila para trabajar, entonces cuando necesitemos un dinerito podemos vender los animalitos. Pero con esto tuvimos que abandonarlos.

  ¿Con quién nos vamos a dirigir si mañana o pasado me enfermo, quién va a hacer tu tortilla? Si tú te enfermas ¿cómo te voy a llevar al médico? Ya me ha pasado, te enfermaste y te llevé a Chilapa, pero para de malas te caíste se cayó en el baño. Por eso lloro, porque estoy sola, como si no tuviéramos hijos. No sé dónde podríamos vivir porque aquí no tenemos terreno, estamos en lo ajeno. Nuestros hijos nos están llamando, pero tú quieres que regresamos a nuestra casa, pero ya no hay nada.

  El día que empezaron los balazos ni me di cuenta. Fui a Chilapa y me subí en la Urvan de Hueycantenango, éramos cuatro señoras. Al entrar a Atzacoaloya salieron unos militares que pararon el carro. Le pusieron un cuerno de chivo al chofer y lo llevaron adelante del carro. Tuve miedo, rezaba a Dios. Soltaron al chofer, se adelantaron y luego regresaron a tomarnos fotos a las cuatro señoras y al carro. Pensé que los iba a encontrar otra vez y que ya no volveríamos a nuestras casas.

  Llegué a las 12 del día, me senté y le dije a mi hermana que iba a tejer mi servilleta. Empecé a bordar. Más tarde comenzó la balacera. Pero ya había hecho mi tortilla, mi comida y mi esposo ya casi iba a llegar. Nos metimos y llamé a mi esposo. Lo único que hice fue rezar ¡Ay Dios mío, ni modo! ¡Tú estás en la cruz y nosotros aquí sufriendo! Ya no aguantamos, lloramos, nos ponemos tristes por estar pasando esas cosas. Estaban las balaceras, pero por los comunitarios no entraron. Luego siguieron más fuertes los balazos y mejor nos salimos.

  Yo no los vi, oí decir a la gente que esos que venían tirando estaban uniformados como militares, pero que no traían escudo y todos llevaban gorras. Se veían iguales que estos militares por eso ya les tengo desconfianza. Los del gobierno están comiendo bien, viven contentos. Y nosotros aquí con espanto. Por eso ahorita ya no queremos que nos vengan a prometer con sus campañas. Está bien que nos ayuden, pero queremos que cuiden a la gente, que no sigan engañándonos. Siento mucha tristeza porque además de que sufrimos por tanta pobreza ahora nos corren de nuestra tierra y amenazan con matarnos. Lo más triste es que los del gobierno no se ponen de acuerdo y hasta los presidentes municipales ya dijeron que se van a retirar de las reuniones. Se me hace que no quieren que las cosas cambien porque apoyan a la gente mala.

  Publicado originalmente en Tlachinollan

• Policías impiden avance de la CNTE hacia el Zócalo y docentes instalan plantón en 5 de Mayo

  26 de maig, per  Auri

  Foto: Cuartoscuro

  Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron un acto de represión luego de que policías les impidieron el paso hacia el Zócalo capitalino sobre la calle 5 de Mayo. Tras el operativo, los docentes decidieron instalar su plantón en esa vialidad, desde Eje Central Lázaro Cárdenas hacia la Plaza de la Constitución.

  La movilización fue convocada para exigir atención a sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Al llegar al cruce de Eje Central y 5 de Mayo, una grúa para vehículos pesados intentó frenar el avance de la marcha, aunque los maestros continuaron avanzando incluso con una camioneta cargada con maletas, sillas y materiales para el plantón.

  Los docentes avanzaron hasta las inmediaciones de Bolívar, donde encontraron una valla policiaca. Durante varios minutos hubo empujones mientras intentaban pasar con la camioneta. En ese momento apareció polvo químico seco que cubrió el área y provocó que los manifestantes retrocedieran y se replegaran.

  Luego de los hechos, integrantes de la CNTE cuestionaron al gobierno de Claudia Sheinbaum y señalaron que “no cumple” con el principio de “primero los pobres”. También confirmaron que no intentarían ingresar al Zócalo y que mantendrían el plantón sobre la calle 5 de Mayo.

• La epidemia de ébola se propaga rápidamente en medio de campañas de desinformación

  25 de maig, per  Auri

  La agencia de salud de la ONU notifica 900 casos sospechosos y 220 muertes en RD Congo. En respuesta al brote, las autoridades han prohibido vigilias funerarias con más de 50 personas, causando enojo entre la población. En los últimos días, dos centros de tratamiento han sido incendiados en la región. Según la agencia, los ataques están vinculados a campañas de desinformación que circulan en redes sociales.

  Hay más de 900 casos sospechosos de la cepa Bundibugyo del ébola en la República Democrática del Congo (RDC), y 220 muertes sospechosas, informó este lunes el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus.

  El último brote de la enfermedad mortal, que la OMS ha declarado una emergencia de salud pública de preocupación internacional, se está propagando más rápido de lo que los trabajadores de la salud pueden contenerlo.

  En la RDC, el epicentro del brote, la OMS ha elevado su evaluación nacional de riesgo de alta a muy alta, y los países vecinos, incluyendo Uganda, donde se han confirmado cinco casos y una muerte, están en un riesgo especialmente alto.

  Centros de tratamiento en el este de la RDC incendiados

  Sin embargo, los esfuerzos están siendo obstaculizados, especialmente en el este de RD Congo, por la desconfianza de la comunidad local hacia las autoridades externas, lo que está aumentando significativamente el riesgo de transmisión de la enfermedad.

  En los últimos días, dos centros de tratamiento fueron incendiados en la región, que ha estado afectada por intensos combates, causando el desplazamiento de más de 100.000 personas.

  La directora de Respuesta a Emergencias para la OMS África, Marie Roseline Belizaire, dijo a Noticias ONU que los ataques están vinculados a campañas de desinformación que circulan en las redes sociales, las cuales están ralentizando significativamente las investigaciones de casos y limitando la capacidad de los equipos de salud para llegar a las comunidades afectadas.

  Enojo por las reglas de entierro del ébola

  Los estrictos protocolos relacionados con el entierro de las víctimas sospechosas de ébola han sido motivo de enojo entre la población. Las vigilias funerarias con más de 50 personas han sido prohibidas por las autoridades en el noreste de RD Congo, y soldados armados y policías han estado vigilando los entierros realizados por trabajadores de la salud.

  Según Belizaire, la OMS está trabajando con líderes y curanderos tradicionales locales para intensificar la participación comunitaria y mejorar la seguridad de los trabajadores de salud externos.

  A las familias de las víctimas se les permite despedirse de sus seres queridos pero, para protegerlas del virus, no se les permite tocar el cuerpo. “Ofrecemos a la familia equipo de protección”, explica Belizaire, “para que puedan ayudar a colocar a su ser querido en una bolsa para cadáveres y rezar por ellos”.

  No hay vacunas

  Aunque los brotes se remontan a casi 20 años, todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo.

  La OMS ha recomendado priorizar dos anticuerpos en ensayos clínicos, y la evaluación del antiviral obeldesivir en un ensayo clínico como tratamiento para personas que son contactos de alto riesgo.

  La agencia de salud de la ONU está ampliando urgentemente las operaciones sobre el terreno, incluyendo el rastreo de contactos, el establecimiento de centros de tratamiento, el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio, el manejo de casos, la prevención y control de infecciones, la comunicación de riesgos y la participación comunitaria. Se han liberado unos 3,9 millones de dólares del Fondo de Contingencia para Emergencias de la OMS para ayudar a financiar estas medidas.

  Publicado originalmente en Noticias ONU

• Ecuador: el conflicto por tierras ancestrales que está detrás de la detención del defensor kichwa Kambak Alvarado

  25 de maig, per  Auri

  El 6 de mayo, el líder kichwa Kambak Alvarado fue reelegido como presidente de la comunidad Tzawata-Ila-Chukapi, en Napo, Amazonía ecuatoriana. Pero no hubo celebración. En la madrugada del 7 de mayo, unos 50 policías y militares allanaron su casa y lo detuvieron sin presentar ninguna orden judicial, de acuerdo con su defensa. Días antes, la empresa Terraturismo había denunciado al líder por los supuestos delitos de invasión de propiedad privada y tráfico de tierras, según consta en la Fiscalía.

  “Es impactante porque he vivido muy apegado a la ley, confiado de la Policía, los militares, la entidad judicial, pero me han criminalizado de esta manera”, dice Alvarado a Mongabay Latam días después de que lo liberaran con medidas cautelares.

  La disputa por estas tierras comenzó en 1950, durante los procesos de colonización en la Amazonía, cuando gran parte de los territorios indígenas amazónicos no estaban titulados. Entonces, el Estado adjudicó parte del territorio indígena a los Misioneros Redentoristas, cuenta Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo. La entidad ha seguido el caso desde 2011.

  

  La propiedad de 627 hectáreas, conocida como Hacienda Ila, pasó por varias manos hasta que en 2004 fue adquirida por una minera. Con la llegada de la actividad extractiva comenzaron los conflictos, incluidos varios intentos de expulsar a los habitantes indígenas, como documentó Mongabay Latam en este artículo.

  En 2025, Terraturismo solicitó una orden de desalojo contra de la comunidad por considerar que había invasión a su propiedad, pero en marzo de este año, el Ministerio de Gobierno dejó sin efecto la orden y llamó a conformar mesas de trabajo para resolver el problema sin violar los derechos a la posesión ancestral.

  A pesar de eso, la comunidad sostiene que Terraturismo comenzó a abrir caminos en una zona de reserva y a deforestar parcelas. Entonces, los conflictos se reactivaron, agrega el defensor indígena. Terraturismo fue consultada sobre este aspecto por Mongabay Latam pero la empresa no respondió sobre este punto.

  

  “Llama la atención cómo el aparataje estatal puede estar siendo usado por intereses empresariales, porque hay un contexto de persecución, amedrentamiento, criminalización de Terraturismo hacia los comuneros de Tzawata-Ila-Chukapi”, dice Rojas desde la Defensoría del Pueblo.

  Terraturismo SA figura en la Superintendencia de Compañías como una empresa de alojamiento turístico. Sin embargo, sus representantes han dicho a la comunidad que se dedicarán al cultivo de productos como yuca o malanga en la antigua Hacienda Ila. Así quedó registrado en los videos que levantó la comunidad durante el recorrido de abril y a los que tuvo acceso Mongabay Latam.

  La noche de la detención

  

  A las 22:30 del 6 de mayo, Alvarado descansaba junto a su esposa, Irene, y su niña de año y medio cuando un vehículo que no reconoció se detuvo por un momento frente a su casa, relata. Eso lo mantuvo alerta, hasta que notó que a las 00:10 del 7 de mayo, otro vehículo hizo lo mismo. En medio de la oscuridad, una persona desconocida se dirigió con rapidez hacia la parte baja de su vivienda y se fue de la misma manera.

  Alvarado bajó de su hogar, construido sobre postes elevados como se acostumbra en la Amazonía, para ver si se trataba de un robo. En esa zona abierta almacenaba una amoladora y temía que se la hubieran llevado. Sin embargo, la herramienta seguía ahí. Volvió para descansar, pero pocos minutos después la familia estuvo rodeada de policías y militares.

  “Llegaron con agresiones a detenerme, sacaron a mi pareja y a mi nena a las malas”, relata. Un militar golpeó con la culata del fusil a Irene mientras cargaba a su bebé. El líder asegura que su esposa todavía sufre de dolores y que buscar tratamiento ha sido difícil porque siente que él y su familia son perseguidos.

  

  Los agentes inspeccionaron la vivienda y buscaron hasta debajo de las tablas. Luego sacaron a Alvarado de la casa “a punta de pistola y fusil”. Lo trasladaron a la Policía Judicial de Tena, la capital de Napo.

  “La actuación de Fiscalía se originó tras la recepción de un parte policial investigativo, mediante el cual se solicitó gestionar una orden de allanamiento ante la autoridad judicial competente”, dijo la Fiscalía General del Estado ante la consulta de Mongabay Latam.

  En la sede policial, un agente le mostró a Alvarado varios bultos envueltos en papel periódico que, le aseguró, hallaron bajo su casa. Eran tacos de dinamita y explosivos tipo emulgel. “Debajo de mi casa caminan mis sobrinas, mis hermanas, los hijos de mis vecinos. Ahí debajo de mi casa juegan. Es imposible creer que voy a tener tal cantidad de explosivos”, dice el líder.

  Cree que le pusieron una trampa porque intentaron hacerle confesar el delito de posesión ilegal de explosivos, que asegura, no cometió. Además dice que le informaron sus derechos a las 7:30 de la mañana, siete horas después de su detención.

  

  Más acusaciones de las autoridades

  “No supimos nada de él hasta las 10 de la mañana, cuando logré tomar contacto con un agente de la Policía Judicial y me puso al teléfono con Kambak”, cuenta Rojas. El presidente comunitario no tenía golpes ni laceraciones. A las 7 de la noche se realizó la audiencia de calificación de flagrancia y legalidad de aprehensión.

  En el operativo encontraron dos escopetas artesanales fuera de funcionamiento que, por lo tanto, no entraron en la categoría de arma, detalla el representante de la Defensoría del Pueblo, quien asistió a la audiencia.

  Los agentes reportaron haber hallado explosivos del mismo tipo del que se están usando con fines extorsivos en Tena, la capital de Napo, explicó Rojas. En los últimos meses se han registrado al menos seis ataques con explosivos en locales comerciales, afirma.

  

  En Napo operan Los Lobos, una agrupación criminal dedicada al narcotráfico y la minería ilegal, en asociación con los Comandos de la Frontera, una disidencia de las ex FARC, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam sobre la criminalidad en la Amazonía ecuatoriana.

  Cuando el juez pidió las pruebas que relacionan estos explosivos con los atentados en Tena, el fiscal Klever Egas dijo que no son los mismos, sino similares, relató Rojas. Además, sostiene, no se habría respetado la cadena de custodia de los explosivos, es decir que no se los mantuvo de acuerdo con las exigencias de la ley desde la supuesta incautación en la casa de Alvarado hasta la audiencia.

  “Esto en materia procesal penal es un grave error, es evidencia viciada, por lo tanto, es el talón de Aquiles del proceso, el cual no va a prosperar porque la Fiscalía se queda sin evidencia”, señala Rojas.

  

  La Fiscalía aseguró a Mongabay Latam que los explosivos fueron inicialmente aislados y resguardados bajo cadena de custodia. Después, tras una inspección técnica, “se determinó que los artefactos representaban un alto riesgo”. Entonces, se aplicó lo dispuesto en una resolución de 2014 que establece que cuando un objeto explosivo se encuentre activo o inestable debe ser destruido.

  Mongabay Latam envió correos a la Policía Nacional, pero no recibió respuesta de la fuerza de seguridad. Además, se comunicó vía llamada telefónica con el fiscal Egas, quien aseguró que no tiene autorización para dar entrevistas.

  Proaño, la abogada de Terraturismo, dijo que no emitirá comentarios sobre este tema por tratarse de una investigación en curso. “Tenga la certeza y la seguridad de que las actuaciones de la empresa Terraturismo siempre se han venido dando dentro del marco legal”, añadió.

  Los últimos enfrentamientos antes de la detención

  

  El Ministerio de Gobierno le dijo a Mongabay Latam que en marzo se dejó sin efecto la orden de desalojo. A pesar de eso, los habitantes de Tzawata-Ila-Chukapi vieron maquinaria entrar a sus chacras y a sus purinas, sitios de reserva.

  “Cualquier actuación de hecho que contravenga el estado jurídico vigente caracterizado por la inexistencia de una orden administrativa de desalojo deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de las autoridades judiciales competentes”, añadió la entidad.

  Para documentar lo que estaba sucediendo en su territorio, la comunidad organizó un recorrido con representantes de la Defensoría del Pueblo, la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), el Consejo de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza y de otras organizaciones sociales.

  

  Unas 150 personas entraron en caravana, describe José Moreno, del Consejo de Defensores. Lo primero que vieron fue dos excavadoras detenidas y un contratista que afirmó tener todos los permisos ambientales para la apertura de caminos y deforestación. Mongabay Latam intentó corroborar esa versión con el Ministerio de Ambiente y Energía, pero el organismo no respondió hasta la publicación del artículo.

  Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Fundación Ecociencia, señala que actualmente la ley no exige licencia ambiental para la apertura de caminos de hasta tres kilómetros. Ese vacío ha facilitado la construcción de pequeñas carreteras o caminos.

  Luego, llegó Flor María Proaño, abogada de Terraturismo SA y gerente de la empresa en 2021 y 2023, según consta en información oficial de la Superintendencia de Compañías. “Dijo que son los dueños de las tierras, que son privadas y que no tenemos derecho a estar ahí, que eso es invasión”, cuenta Moreno. Los dirigentes indígenas respondieron que van a continuar con la inspección porque son tierras en litigio.

  

  Volaron un dron sobre el área afectada y sostienen que pudieron documentar que se talaron árboles que estaban en veda y otros que la comunidad había reforestado. También destruyeron cultivos de cacao, chontaduro y verde, asegura Alvarado.

  El presidente calcula que 100 hectáreas fueron despejadas. A través del dron observaron que los trabajadores de la empresa limpiaron con machete la superficie debajo de los árboles para facilitar la entrada de maquinarias.

  Tras el recorrido, Proaño acusó al líder por invasión a la propiedad privada, uso ilegal del suelo, tráfico de tierras, tenencia de armas ilegales y minería ilegal. Otras 31 personas también fueron denunciadas. Además, un ex gerente y ex accionista de la empresa interpuso una querella contra Alvarado por supuesta difamación y persigue una indemnización de un millón de dólares.

  Napo y sus defensores bajo asedio minero

  

  El conflicto por estas tierras se da en un contexto particular. Napo es una de las provincias con mayor crecimiento de superficie minera en los últimos cinco años, de acuerdo con Jorge Villa, de la Fundación Ecociencia. Hasta 2024, el dato más reciente, se registraron 1880 hectáreas devastadas, de acuerdo con información de MapBiomas Ecuador. Un tercio de esa afectación está en el cantón Carlos Arosemena Tola.

  El elevado precio del oro, que a inicios de 2026 superó los 5000 dólares por onza, también ha atraído a grupos delincuenciales que ofrecen seguridad o financian los frentes mineros ilegales que crecen, sobre todo, en el noreste y en el sureste de la provincia.

  Los Comandos de la Frontera y Los Lobos ahora se enfrentan con Los Choneros, otra agrupación delincuencial ecuatoriana, por el control de las provincias amazónicas. Esto ha provocado un aumento en la tasa de homicidios, pasando de 10 por cada 100 000 habitantes en 2021 a más de 50 en 2024.

  

  A eso se suma que uno de cada cinco asesinatos a defensores ambientales ocurrió en la cuenca amazónica, mientras que América Latina concentró el 88 % de los casos globales, según Global Witness. “En muchas ocasiones, los defensores se ven vulnerables, esperamos que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar sus derechos”, opina Villa.

  A pesar de haber vivido agresiones en carne propia, el defensor Andrés Rojas y el activista José Moreno aseguran que continuarán acompañando la defensa del territorio de Tzawata-Ila-Chukapi y de su presidente, Kambak Alvarado.

  Alvarado confía en que la Justicia declarará su inocencia. Mientras tanto, asegura que junto a los habitantes de Tzawata-Ila-Chukapi seguirá defendiendo su territorio ancestral, donde a orillas del río Pupo están enterrados los ombligos de los recién nacidos de su comunidad.

  *Imagen principal: Kambak Alvarado lidera la comunidad indígena Tzawata-Ila-Chukapi en la Amazonía ecuatoriana. Foto: archivo

  Publicado originalmente en Mongabay

• Restricciones de Trump a identificaciones migrantes podrían frenar remesas: Especialista IBERO

  25 de maig, per  Auri

  Las nuevas disposiciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump en materia financiera podrían tener efectos inmediatos sobre la población migrante mexicana como mayores obstáculos para usar la Matrícula Consular y el ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), herramientas que durante años han permitido a personas sin documentos migratorios a enviar remesas, abrir cuentas bancarias y pagar impuestos.

  De acuerdo con la Dra. Margarita Núñez Chaim, Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (IBERO), el impacto más visible podría reflejarse en una reducción adicional del envío de remesas hacia México, fenómeno que, subrayó, ya comenzó a observarse desde el año pasado.

  La especialista explicó en entrevista con Prensa IBERO que, después de más de una década de crecimiento sostenido, en 2025 se registró por primera vez una disminución cercana al 4.5% en el flujo de remesas. Aunque el monto sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país, consideró que esa caída estuvo vinculada al endurecimiento del entorno para las personas migrantes sin documentos en Estados Unidos (EU).

  Según expuso, esto se debió a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que provocaron el recorte de jornadas laborales de las personas migrantes y que éstas evitaran ciertos espacios por temor a ser identificadas, detenidas o deportadas. En ese contexto, expuso, las nuevas restricciones podrían profundizar la tendencia.

  La Dra. Núñez Chaim detalló que uno de los cambios más sensibles tiene que ver con la Matrícula Consular, documento emitido por los consulados mexicanos que permite acreditar identidad independientemente del estatus migratorio. Históricamente, este instrumento ha sido utilizado para abrir cuentas bancarias, rentar vivienda, realizar trámites e incluso facilitar operaciones de envío de dinero.

  El problema, detalló, es que al colocarse estos documentos bajo mayores esquemas de vigilancia o sospecha por actividades ilícitas, se genera el efecto indirecto de restringir el acceso de personas migrantes al sistema financiero formal.

  Un instrumento que es afectado por las nuevas disposiciones es el ITIN, el número fiscal que permite a trabajadores migrantes declarar y pagar impuestos en EU aun cuando no cuentan con ciertos documentos migratorios. La académica señaló que este mecanismo ha sido una vía para incorporar a millones de trabajadores al sistema tributario estadounidense.

  Desde su perspectiva, existe una contradicción entre el discurso que busca endurecer controles y los efectos reales de estas medidas, pues en lugar de incentivar mayor formalidad fiscal y financiera, podrían empujar a parte de la población migrante hacia mecanismos alternativos e informales para administrar recursos y enviar dinero.

  Entre esos riesgos, identificó el crecimiento de intermediarios informales, cobros por servicios de envío fuera del sistema bancario y espacios donde podrían aparecer abusos económicos o esquemas vinculados a actividades ilegales.

  La especialista también advirtió sobre las implicaciones sociales para México. Recordó que una parte importante de los hogares receptores utiliza las remesas para gasto corriente: alimentación, vivienda, transporte, salud y educación.

  Una disminución sostenida del flujo de recursos, detalló, podría traducirse en menores posibilidades de permanencia escolar, reducción del consumo básico y mayores condiciones de vulnerabilidad.

  Además del impacto familiar, señaló que una caída sostenida en remesas también tendría efectos macroeconómicos al reducir el ingreso de divisas y desacelerar cadenas de consumo interno.

  Sobre la respuesta institucional, Núñez Chaim consideró que el gobierno mexicano aún tiene margen para construir estrategias de negociación y alianzas con actores financieros y legislativos en EU para intentar moderar el alcance de estas medidas.

  “Lo que está en juego no es solamente el flujo de dinero entre países, sino las condiciones de vida de millones de familias que dependen de esos ingresos para cubrir necesidades básicas”, concluyó.

  Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.

  Publicado originalmente en Ibero