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El brote de ébola choca con el conflicto y el hambre
27 de maig, per AuriLos bombardeos en la República Democrática del Congo impiden rastrear contactos, aislar a los enfermos y ganar la confianza de una población ya diezmada por el hambre y la violencia. La cepa Bundibugyo, para la que no hay vacuna ni tratamiento, ha dejado ya casi mil casos sospechosos y 220 muertes. La agencia de la salud de la ONU advierte que «no se puede generar confianza ni aislar a los enfermos mientras caen bombas».
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que el este de la República Democrática del Congo (RDC) se enfrenta a una «catastrófica colisión entre enfermedad y conflicto», ya que un brote de ébola de rápida propagación supera los esfuerzos de contención en una región ya castigada por la violencia armada, el desplazamiento masivo y el hambre aguda.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el brote del virus Ébola Bundibugyo en la provincia de Ituri se está extendiendo en un entorno donde la inseguridad, los ataques a instalaciones sanitarias y los movimientos de población están haciendo «casi imposible» rastrear contactos y aislar casos.
«No podemos generar confianza comunitaria ni aislar a los enfermos mientras caen bombas«, declaró.
La cepa Bundibugyo, identificada por primera vez en Uganda en 2007, no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobados.
Un brote en rápida expansión
La RDC ha notificado casi 1000 casos sospechosos de ébola y más de 220 muertes sospechosas, según cifras de agencias sanitarias y socios, aunque solo una muerte ha sido confirmada por laboratorio. En la vecina Uganda, las autoridades sanitarias han notificado siete casos confirmados vinculados al brote, entre ellos dos trabajadores sanitarios y una muerte confirmada.
El brote, centrado en Ituri, se ha extendido a 11 zonas sanitarias, con casos también notificados en Kivu del Norte, incluidas Butembo y Goma, y en Kivu del Sur, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Los responsables sanitarios señalan que el virus se está propagando a través de conglomerados familiares y centros sanitarios, con infecciones vinculadas a los cuidados, reuniones familiares y prácticas funerarias inseguras.
El conflicto socava la respuesta
Los esfuerzos para contener el brote se desarrollan en una de las regiones más volátiles del este de la RDC, donde el acceso humanitario ha estado durante mucho tiempo restringido por un conflicto que involucra a múltiples grupos armados, incluidas las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), las milicias CODECO y el grupo armado M23 respaldado por Ruanda.
Un informe de diciembre de 2025 de la misión de paz de la ONU (MONUSCO) documentó violencia persistente en Ituri y Kivu del Norte, incluidos ataques a aldeas, instalaciones sanitarias y comunidades desplazadas que mataron a cientos de civiles y provocaron desplazamientos masivos.
Hambre y enfermedad convergen
La violencia ha agravado una crisis humanitaria ya grave. Según el último análisis del IPC, el indicador mundial de seguridad alimentaria, cerca de 10 millones de personas en Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tanganyika enfrentan hambre aguda entre enero y junio de 2026. A nivel nacional, unos 26,5 millones de personas en la RDC sufren altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.
«El hambre y la enfermedad son viejas compañeras», declaró Tedros. «Las personas debilitadas por el hambre son mucho más vulnerables a las infecciones».
Infraestructura dañada y falta de acceso
La OMS señaló que el conflicto, las malas condiciones de las carreteras y la inseguridad están limitando el movimiento de la ayuda y el acceso a los servicios sanitarios. «En muchas zonas afectadas, las instalaciones sanitarias no funcionan o lo hacen con graves limitaciones debido a la inseguridad», afirmó Tedros.
Los niños también se están viendo gravemente afectados, no solo por la infección, sino por la interrupción de los servicios de salud, nutrición y educación, advirtió UNICEF. Los niños afectados por brotes de ébola a menudo pierden a sus padres y cuidadores, mientras que el estigma y el miedo pueden dejarles aislados en sus comunidades.
Llamamiento al alto el fuego
La OMS está en el centro de una respuesta de todo el sistema de la ONU, desplegando personal de emergencia, suministros médicos y financiación para ayudar a contener el brote. La agencia también está trabajando con líderes comunitarios en Bunia para generar confianza y contrarrestar la desinformación.
«La confianza de la comunidad es la base de una respuesta de salud pública eficaz», declaró Julienne Ngoundoung Anoko, oficial de participación comunitaria de la OMS desplegada en Bunia. «Sin el apoyo de la comunidad, las medidas de control del brote no pueden tener éxito».
Tedros hizo un llamamiento a un alto el fuego inmediato para permitir que los equipos humanitarios y médicos accedan de forma segura a las comunidades afectadas. «Detener esta transmisión del ébola depende enteramente del acceso humanitario», concluyó.
Publicado originalmente en Noticias ONU
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Cientos de detenidos en la cárcel para inmigrantes conocida como Delaney Hall continúan en huelga de hambre
27 de maig, per AuriEn la ciudad de Newark, estado de Nueva Jersey, cientos de inmigrantes encarcelados en el centro de detención para inmigrantes conocido como Delaney Hall continúan llevando a cabo una huelga laboral y de hambre para protestar por las condiciones inhumanas que allí padecen y reclamar su liberación. Este centro de detención para inmigrantes es operado por la compañía penitenciaria privada Geo Group. Fuera de la instalación, que cuenta con capacidad para mil camas, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se enfrentaron con manifestantes, a quienes rociaron con gas pimienta. Tres personas han sido arrestadas durante los enfrentamientos que han tenido lugar los últimos días. A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional niega que haya una huelga de hambre en curso, el llamado “zar de la frontera” del Gobierno de Trump, Tom Homan, se ha comprometido a alimentar a los inmigrantes en huelga de hambre por la fuerza si la situación en el centro de detención “se pone lo suficientemente mal”. Newark es una “ciudad santuario”, es decir, evita colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las políticas de inmigración. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha amenazado con suspender los vuelos internacionales y dejar de procesar a los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Newark y otros aeropuertos importantes del país que se encuentran en las llamadas “ciudades santuario”.
Publicado originalmente en Democracy Now
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Discriminación, racismo y amenazas, documenta Misión Civil de Observación en Azqueltán
27 de maig, per Admin2Ciudad de México | Desinformémonos. La Misión Civil de Observación en la comunidad tepehuana y wixárika de San Lorenzo Azqueltán, en Jalisco, documentó los casos de racismo, discriminación y amenazas contra la población, que desde 1951 ha reclamado al Estado mexicano el reconocimiento de su territorio ancestral.
Las organizaciones que integraron la Misión recordaron que desde 2015 se han intensificado «las situaciones de despojo, amenazas, hostigamiento, ataques físicos a comuneros, desapariciones, intentos de homicidio» contra la población de Azqueltán, que incluso el 26 de noviembre de 2025 registró el asesinato del representante agrario Marcos Aguilar.
Durante la estancia en la comunidad, la Misión recabó los testimonios de víctimas directas e indirectas del de distintos tipos de violencia, como actos de intimidación, amenazas y hostigamiento «que han llegado incluso a agresiones graves y el asesinato de defensores y autoridades comunitarias».
Asimismo, la Misión Civil de Observación identificó los impactos psicosociales derivados de la situación de «injusticia e impunidad» que se sostiene en Azqueltán al menos desde 2018, cuando fue secuestrado el defensor comunitario Catarino Aguilar. «Al tratarse de una comunidad indígena los impactos son colectivos, es decir que afectan a niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, así como al territorio entendido como el espacio de coexistencia de todos los seres vivos, incluida la tierra como bien común y colectivo», señaló.
Las organizaciones concluyeron que es «urgente» atender la resolución del caso, contener la violencia y solucionar las causas profundas en el territorio ancestral, así como hacer valer el estado de derecho y las normas de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La Misión Civil de Observación se realizó del 20 al 22 de mayo en la comunidad de Azqueltán y sostuvo un diálogo con las víctimas, autoridades comunitarias e instancias públicas sobre la situación de violencia contra la población wixárika y tepehuana.
A continuación el comunicado completo:
Este 20, 21 y 22 de mayo realizamos una Misión Civil de Observación dirigida a la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Municipio de Villa Guerrero en el estado de Jalisco en donde las organizaciones participantes documentamos una serie de agresiones: racismo, discriminación, amenazas, pero también la fortaleza, resistencia, dignidad y bondad de la comunidad de Azqueltan.
La comunidad tiene formalmente un reclamo ante el Estado mexicano desde 1951, solicitando el reconocimiento sobre su territorio ancestral, sin embargo, fue en 2013 cuando comienzan a reorganizarse,reafirman su autonomía y libre determinación, presentando nuevamente el reclamo por el reconocimiento de sus bienes comunales ante el Tribunal Agrario Distrito XVI en 2015.
Fue a partir de este momento en que se intensificaron las situaciones de despojo, amenazas, hostigamiento, ataques físicos a comuneros, desapariciones, intentos de homicidio y la lamentable situación del 26 de noviembre de 2025, donde fue asesinado el Representante Agrario Marcos Aguilar Rojas. Todo ello en el contexto de la defensa del territorio. Mantener la posesión de sus tierras ancestrales les ha traído procesos de criminalización.
En este contexto la Misión Civil de Observación (MCO) sostuvo espacios de diálogo con autoridades del Gobierno de Jalisco encabezados por Alberto Bayardo Pérez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, en los que la comunidad wixárika y tepecana de San Lorenzo Azqueltán, junto con las organizaciones acompañantes, expusieron la gravedad de la conflictividad territorial, la persistencia de las agresiones y la urgente necesidad de avanzar hacia soluciones integrales con enfoque intercultural y de derechos humanos.
La Misión Civil de Observación reconoce la apertura mostrada por distintas instancias del Gobierno del Estado para sostener una ruta de diálogo y seguimiento con la comunidad y las organizaciones acompañantes. Sin embargo, subraya que la magnitud de la violencia y de las violaciones a derechos humanos documentadas desde 2018 en San Lorenzo Azqueltán exige que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas, coordinadas y sostenidas que garanticen plenamente los derechos de la comunidad a la vida, la seguridad, el territorio y sus derechos comunales.
La Misión pudo documentar múltiples testimonios de la violación al derecho a la autoadscripción indígena que tienen los pueblos originarios y las personas que los habitan para definirse a sí mismos como parte de un pueblo originario o comunidad indígena, derecho que no requiere documentos oficiales ni reconocimiento previo, sin embargo, en San Lorenzo de Azqueltán pudimos constatar esta omisión para inscribirse a programas sociales, incluirlos en políticas públicas, reconocer sus formas de autogobierno y sus decisiones sobre su territorio, como el proceso de asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se realizará el próximo lunes 25 de mayo en el que se solicita que se realice en la Casa Comunal en donde la comunidad desarrolla sus procesos de deliberación y toma de decisiones colectivas.
La Misión Civil de Observación identificó impactos psicosociales debido a la situación sostenida de injusticia e impunidad que mantiene a Azqueltán en un contexto de riesgo sostenido al menos desde 2018 con el secuestro del defensor comunitario Catarino Aguilar. Al tratarse de una comunidad indígena los impactos son colectivos, es decir que afectan a niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, así como al territorio entendido como el espacio de coexistencia de todos los seres vivos, incluida la tierra como bien común y colectivo.
Durante la estancia en comunidad, autoridades de distintas instancias públicas presentaron un marco integral de análisis de las afectaciones a derechos humanos que incluyen temas históricos de discriminación y racismo sistemáticos así como la falta de reconocimiento de los pueblos Wirratirari y Tepecano de Azqueltán. A esto se suman los testimonios recabados durante la Misión Civil de Observación, de víctimas directas e indirectas del ejercicio sostenido de violencias como actos de intimidación, amenazas y hostigamiento que han llegado incluso a agresiones graves y el asesinato de defensores y autoridades comunitarias.
El resultado de la misión ha mostrado con claridad no sólo la urgencia atender con fuerza la resolución del caso y contener la violencia, sino de atender las causas profundas de esta situación de injusticia y de hacer valer el estado de derecho, incluidas desde luego las normas de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas vigentes en el país.
La Misión Civil de Observación mantendremos e intensificaremos el seguimiento y cuidado a la Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, al tiempo que profundizaremos el diálogo con las autoridades del país y el Estado de Jalisco, así como con los medios, las instituciones académicas y las instancias internacionales que también han estado dando el seguimiento ya por varios años, invitamos a los diversos actores y público en general a sumarse a la exigencia de justicia proclamada por Azqueltán.
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Lanzan explosivos con drones sobre casas de Ostula
27 de maig, per Admin2Foto: Archivo Comunicación Ostula
Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, denunció que el Cártel Jalisco Nueva Generación «volvió a atacar la encargatura de la Cofradía y lanzó explosivos con drones sobre casas de población civil», alrededor de las 7:30 horas de este miércoles.
El ataque se suma a la serie de agresiones armadas que distintas comunidades purépechas de Michoacán y nahuas de Guerrero han enfrentado por parte de grupos del crimen organizado, especialmente el CJNG y Los Ardillos, respectivamente.
El ataque más recientes contra Ostula se registró el pasado 21 de mayo, cuando la encargatura de su Cofradía nuevamente fue «fuertemente atacada por el Cártel Jalisco Nueva Generación». Antes, el 19 de mayo, un comando armado del CJNG se lanzó contra la Cofrafía, pero fue repelido por la Guardia Comunal que durante casi una hora «enfrentó el fuego de los delincuentes hasta lograr el repliegue».
Además de las agresiones a Ostula, están registrados los ataques a las comunidades p’urhépechas de Acahuén y de Santa María Sevina, los pasados 6 y 17 de mayo, respectivamente, así como contra las comunidades nahuas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) en Chilapa, Guerrero.
Las comunidades indígenas han exigido a los gobiernos su intervención para la desarticulación de los grupos armados y la protección de la población civil, sin que hasta el momento haya una respuesta efectiva de las autoridades.
«Los más altos niveles del gobierno federal y del gobierno del estado tienen pleno conocimiento de la situación de violencia que priva en toda la región y de las agresiones que constantemente ha sufrido nuestra comunidad. Sin embargo, se han negado a tomar medidas efectivas para brindar protección a las poblaciones de la región y particularmente a las familias de nuestra comunidad ante la presencia cada vez mayor y más violenta del CJNG en la zona», denunció la comunidad de Ostula tras el ataque del 19 de mayo.
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Congreso boliviano autoriza que Rodrigo Paz use militares para reprimir las protestas
27 de maig, per Admin2La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el “estado de excepción”.
La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.
Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
MARVIN RECINOS. AFP Represión en marcha
El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.
Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.
El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.
Siguen las protesta en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz MARVIN RECINOS. AFP La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”. También limitaba a 60 días la duración de la medida.
La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.
“Última opción”
El Gobierno de Paz ha asegurado que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera.
La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.
LUIS GANDARILLAS. EFE Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.
La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.
Publicado originalmente en Página 12