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Más de 2,6 millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria en Ecuador
28 de maig, per AuriLa crisis está impulsada por el aumento de los precios de los alimentos, ingresos inestables, fenómenos climáticos, violencia e inseguridad. También preocupa el impacto de un hongo que afecta la producción bananera y los ingresos de familias rurales.
Ecuador atraviesa una emergencia compleja que está dejando a millones de personas sin acceso suficiente a alimentos. Según datos del informe humanitario 2025-2026, respaldado por Naciones Unidas y la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), 2,6 millones de personas, casi una de cada seis en el país, enfrentan niveles críticos de hambre aguda.
¿Qué significan estos números?
La IPC clasifica la inseguridad alimentaria en cinco fases. Lo que está ocurriendo en Ecuador se concentra principalmente en la Fase 3 (Crisis) y la Fase 4 (Emergencia).
En la Fase 3, las familias tienen dificultades graves para comer: deben reducir lo que comen, vender sus bienes o endeudarse para sobrevivir. En la Fase 4, el hambre ya pone en riesgo la vida: aparece desnutrición aguda y las estrategias de supervivencia se agotan.
La Fase 5 (Catástrofe o Hambruna) representa una situación extrema con muerte por hambre; aunque aún no se reporta masivamente en Ecuador, existe el riesgo de avanzar hacia ella si no se actúa. Los 2,6 millones de personas mencionadas están en Fase 3 o superior, lo que significa que necesitan asistencia urgente para no caer en situaciones aún más graves.
Combinación de factores
No hay una sola causa. Es una combinación de factores que se refuerzan entre sí. En primer lugar, la violencia y el desplazamiento: Ecuador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a 7,7 en 2018. Esta violencia ha desplazado a 316.000 personas entre 2022 y 2024, que abandonan sus tierras, sus cultivos y sus empleos para sobrevivir.
En segundo lugar, los precios de los alimentos y la pobreza: el aumento sostenido de los precios, especialmente de la canasta básica, ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Muchos hogares destinan más del 70% de sus ingresos solo a comida, y aun así no alcanzan a cubrir sus necesidades.
En tercer lugar, el clima extremo: fenómenos como El Niño provocan inundaciones que destruyen cultivos, carreteras y medios de vida, especialmente en zonas rurales. La temporada de lluvias de 2026 ya ha afectado a más de 100.000 personas en todo el país.
Por último, la falta de servicios básicos agrava la situación: cerca de 920.000 personas no tienen acceso a agua segura, y 390.000 carecen de saneamiento adecuado en zonas rurales. Sin agua limpia, aumentan las enfermedades y se dificulta la preparación de alimentos.
Las provincias más afectadas son Guayas (incluye Guayaquil), Pichincha (incluye Quito), Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Estas zonas concentran tanto violencia urbana como vulnerabilidad rural, creando un círculo vicioso: la gente huye de la violencia, pierde sus ingresos y no puede alimentarse.
Combinación de soluciones
- El informe no solo diagnostica: también propone soluciones concretas. Entre ellas:
- asistencia alimentaria de emergencia mediante distribución de alimentos o transferencias de efectivo para que las familias compren lo que necesitan
- apoyo a la agricultura local con semillas, herramientas y capacitación para que las comunidades vuelvan a producir sus propios alimentos
- protección social con programas que garanticen ingresos mínimos a los más vulnerables
- acceso a agua y saneamiento mediante inversión en infraestructura básica para prevenir enfermedades
- reducción de la violencia será muy difícil romper el ciclo del hambre
Como señala el enfoque humanitario integral: «No se trata solo de dar comida hoy. Se trata de reconstruir los medios de vida para que las familias no dependan de la ayuda mañana».
Una advertencia importante
La inseguridad alimentaria no es solo «tener poca comida». Es un problema que afecta la nutrición infantil y el desarrollo cerebral, la capacidad de las familias para trabajar y estudiar, la estabilidad de comunidades enteras y el futuro del país. Cada mes de retraso en la respuesta hace que la solución sea más difícil y cara.
Publicado originalmente en Noticias ONU
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Comunidades Q’eqchi piden medidas cautelares a la CIDH por reinicio de explotación minera en El Estor
28 de maig, per AuriDenuncian que los riesgos de las actividades mineras son altas para la salud de las familias y su sobrevivencia como pueblo indígena por lo que exigieron al gobierno la suspensión de la explotación minera y medidas cautelares ante la CIDH.
Las autoridades indígenas del pueblo Maya Q’eqchi de los municipios de Panzós de Alta Verapaz y El Estor, Izabal, exigen al gobierno la suspensión de la actividad minera que reactivó la empresa Fénix Nikel antes Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, debido a la gravedad de los riesgos medioambientales, criminalización y corrupción de la empresa. Las comunidades denunciaron estos riegos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitaron medidas cautelares.
“Está en riesgo la vida, la salud y la seguridad, ante todo es una situación grave y urgente y además de no otorgarse estas medidas van a sufrir un daño irreparable las comunidades que se encuentran asentadas en este espacio”, dijo la abogada Olivia Sian del Bufete para Pueblos Indígenas, en una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala.
Humberto Cuc, autoridad ancestral del sur de El Estor señaló que se presentaron varias peticiones al presidente Bernardo Arévalo contra la explotación de bienes naturales en la región. “Por la reactivación de actividades mineras dentro de nuestro territorio ancestral, sin haberse cumplido la consulta previa conforme a los estándares internacionales, tal como lo ha sentenciado la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)”, informó.
Cuc dijo que los efectos de la explotación minera buscan afectar sus derechos a largo plazo al no cumplir los estándares internacionales. “Cuyas violaciones a nuestros derechos colectivos ha sido permanente y sistemática, poniendo en riesgo nuestra sobrevivencia como pueblo indígena”, denunció.
Las autoridades indígenas Q'eqchi rechazan la reactivación de la minera en El Estor
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 27, 2026
Las comunidades Q'eqchi de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, a través de sus autoridades ancestrales manifestaron su rechazo a la reactivación de las actividades extractivas sin consulta… pic.twitter.com/xhYNBTfya3<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>A pesar de que la Corte de Constitucionalidad determinó la ilegalidad de la consulta organizada por la minera y el Ministerio de Energía y Minas MEM durante la vigencia del estado sitio y dos estados de prevención entre octubre y diciembre de 2021, el actual gobierno a pesar de las fuertes denuncias de corrupción dio por válido ese evento.
Las autoridades indígenas, que viajaron más de 270 kilómetros, denunciaron mediante un comunicado de prensa que se han enterado que la Secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tagher, se ha reunido a puerta cerrada con algunas personas criminalizadas, un exembajador de los EEUU en Guatemala y representantes de las empresas mineras, por lo que piden al presidente Arévalo, que todo diálogo que se impulse se realice con participación abierta a otras autoridades indígenas y ancestrales que se han opuesto a las dos empresas mineras.

Foto: Simón Antonio Ramón
Por su lado el MEM habla de mayores controles de la operación minera sin confirmar si acatará la sentencia de la Corte IDH en el caso de la comunidad Agua Caliente Lote 9 en donde le ordena al Estado de Guatemala realizar la consulta libre, previa e informada a todas las comunidades afectadas en los cuatro municipios que abarca el proyecto minero Fénix.
Este material se comparte con la autorización de Prensa Comunitaria
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Si el Estado no actúa contra el crimen organizado, vendrán masacres o levantamientos indígenas: Carlos González
28 de maig, per Admin2Foto: Comunicación Ostula
Ciudad de México | Desinformémonos. Carlos González García es integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), abogado especialista en derecho agrario y, sobre todo, defensor del territorio y acompañante de las comunidades en resistencia. En entrevista con Desinformémonos deshila la actual embestida criminal contra los pueblos originarios. Habla de los recientes ataques en Guerrero y Michoacán, y de los intereses macroeconómicos que hay detrás de ellos. Advierte que la virulencia de Estados Unidos hacia los pueblos del mundo está imprimiendo mayor celeridad a esta guerra. Y vislumbra tres escenarios: que el Estado proteja a las comunidades y desarticule a los grupos criminales; que las comunidades sean masacradas. O que se levanten.
A continuación la entrevista completa.
– En los últimos tiempos, pero de manera muy visible en las últimas semanas, se han acrecentado y agravado diversos ataques a comunidades indígenas de México. ¿A qué atribuyes esto? ¿En qué contexto se dan?
Los ataques a comunidades en las últimas semanas han sido muy brutales, en algunos casos no vistos antes. Tenemos el caso específico de las comunidades indígenas del municipio de Chilapa, que participan con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policías Comunitaria Pueblos Fundadores, que no se han alineado con el cártel de Los Ardillos ni con ningún otro previamente. Y también hacia las comunidades de los municipios de Atlixtac y Olinalá.
Hay una guerra generalizada en la Montaña Baja y en la Montaña Alta de Guerrero, en contra de comunidades que no han permitido ser controladas por el crimen organizado. Junto a esos ataques tenemos los que se dan en Michoacán. En la comunidad de Santa María Ostula, en los últimos días también hubo ataques muy contundentes, excesivamente violentos. Se dio la incursión de un grupo de aproximadamente 50 sicarios, en apariencia la mayoría colombianos, que se proclaman integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Foto: CIPOG-EZ Como en otras ocasiones, ese ataque fue por el lado de la Cofradía de Ostula, que está en la parte norte, la más alejada de la costa. Los atacantes llegan por el lado de Colima, por los municipios de Chinicuila y Coalcomán, que son controlados por el cártel.
Junto a estos ataques existen otros también en comunidades purépechas de la Cañada y de la Sierra, específicamente en Acachuén, la Cañada de los Once Pueblos. La policía municipal se hizo cómplice de los sicarios y los protege. Otro ataque contundente fue hacia la comunidad de Santa María Sevina, en el municipio de Nahuatzen, aquí también se habla de la presencia de sicarios de origen colombiano. Ahí asesinaron a dos integrantes de la Ronda Comunitaria.
Aparte ha habido otras escaramuzas, ofuegos cruzados en otras partes de la meseta y en otras partes de Guerrero, donde se han encontrado cuerpos mutilados y personas ejecutadas. Creo que esos han sido los ataques más virulentos hacia comunidades indígenas, pero no son los únicos y no son todos de la misma naturaleza. Existen acosos fuertes en otras regiones del país hacia las comunidades.
– ¿Qué intereses hay detrás de estos ataques?
Esta ola de ataques tan violenta es porque existen intereses económicos externos a las comunidades, principalmente las minas. En el caso de la Montaña de Guerrero, existen importantes yacimientos de oro y otros minerales, y hay actualmente proyectos mineros en ejecución, como el de la Media Luna. Existen 24 concesiones mineras entre la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Creemos que ese es un elemento importante que genera los ataques, porque lo que buscan es el desplazamiento de las poblaciones de sus territorios para hacer una reocupación y un reordenamiento de los mismos.
En el caso de Guerrero, Michoacán, Chiapas, vemos este tipo de procesos. En Ostula no ha sido posible, aunque lo han intentado desde hace años y de manera más violenta desde 2024, porque la Guardia Comunal ha podido resistir en la parte alta. Sin embargo, hacen algo que debería corresponder al Estado mexicano, que es desarticular a estos cárteles y proteger a las poblaciones civiles.

Foto: Consejo Supremo Indígena de Michoacán En Ostula y toda la región tenemos la misma situación: intereses mineros e inmobiliarios muy grandes. En el caso de la Meseta Purépecha también hay intereses significativos, como la madera y el aguacate. En todas las comunidades en las que hay estos ataques y estos procesos violentos, y esta presencia casi imparable de los cárteles criminales, hay recursos naturales, territorios en disputa, proyectos interesados en consolidarse.
– También hay ataques no necesariamente armados contra comunidades
En efecto, no en todos lados hay ataques con drones, con explosivos, o que generen desplazamientos masivos de poblaciones, pero sí existen circunstancias de acoso y de represión. Es el caso de los basureros en el estado de Puebla, la disputa por el agua en Querétaro y en el centro del país, es algo generalizado.
– En las regiones que mencionas hay comunidades organizadas desde hace décadas
Para nosotros no es nada circunstancial que se esté atacando a comunidades que han resistido históricamente. La mayoría de las comunidades atacadas tienen sistemas de seguridad comunitarios, guardias comunales, policías y rondas comunitarias. Eso supone que, al darse los ataques, habrá una reacción, una respuesta, y creemos que es lo que se busca: exacerbar las condiciones de violencia y la inestabilidad en las regiones indígenas del país. Más aún, pensamos que los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos es lo que están buscando.
Llama la atención cómo de unas semanas para acá estos ataques se recrudecen y se vuelven sumamente violentos. La forma en que fueron atacadas las comunidades de Xicotlán, de Tula, de Acahuehuetlán y de Alcozacán, con drones y bombas, si bien no fueron los primeros, porque esos fueron en Ostula en 2024, creemos que son los más violentos.
La comunidad de Tula está prácticamente destruida. Sus casas están destruidas, quemadas, el pueblo está totalmente abandonado. Es algo que no se había visto en la región de la Montaña ni en las regiones indígenas desde hace un buen tiempo, por lo menos en la parte centro y sur del país.

Foto: Tlachinollan – ¿Cuál es el papel del Estado en esta coyuntura? ¿Omisión? ¿Complicidad? ¿Dejar hacer?
Quienes participan de esta complicidad y de estas omisiones, son diversas instituciones y funcionarios, y en diverso grado. Habría que hablar de personas, de funcionarios que están integrados y forman parte del crimen organizado. Así lo dice la población en las regiones en las que ellos gobiernan. En Guerrero es muy fuerte la complicidad, son varios municipios del centro y de la Montaña que son gobernados por presidentes municipales que impusieron Los Ardillos.
Es particularmente paradigmático el caso de Mercedes Carballo Chino, la presidenta municipal de Chilapa, que es cuñada de Celso Ortega, el Ardillo mayor, el líder del cártel. O está el caso de su sobrino, que es diputado en el Congreso del estado, o de su hermano Jaime, que es dirigente del PRD y que ha sido presidente de la Cámara en el estado, del Congreso local, y ha sido presidente municipal en dos ocasiones y diputado en dos ocasiones.
Es muy comentado en el estado el nexo que pueda tener Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora. A partir de que él fue presidente municipal en Acapulco, se dispararon el crimen organizado y el predominio del cártel Beltrán Leyva, actualmente fragmentado en múltiples facciones.

Foto: Tlachinollan Guerrero es el estado con mayor fragmentación y presencia de cárteles criminales. La DEA habla de 14 cárteles y más de 400 células que operan en todas las regiones del estado. Pero Michoacán no se queda atrás, sin hacer a un lado la violencia que ha sufrido San Lorenzo Azqueltán o toda la presencia criminal en la Sierra Wixárika. Pero en el caso de Michoacán también se habla de la complicidad de presidentes municipales, se habla del gobernador y de su familia vinculados al Cártel Jalisco.
Tenemos ese primer elemento de complicidad, de contubernio e infiltración en las instituciones del Estado mexicano. No nos resulta casual que el 6 de mayo el ejército y la Guardia Nacional se retiraron de las tres bases de operaciones interinstitucionales que tenían en las cercanías de Tula, y a partir de ese día iniciaron los ataques con drones y con armas de alto poder por parte de Los Ardillos.
Es algo que desde nuestro punto de vista resulta inexplicable y creemos que se tiene que investigar. Tendría que llegarse al conocimiento de por qué se retiraron, quién lo ordenó y qué mandos estuvieron involucrados.

Foto: Congreso Nacional Indígena Hablamos de identidad entre criminales y gobernantes. En un segundo caso hablamos de infiltración de instituciones, y finalmente, si vamos de lo más complejo a lo menos, tenemos el caso de la omisión. ¿Por qué tardaron tantos días los cuerpos castrenses y de seguridad de la federación en ingresar a las comunidades bombardeadas? ¿Por qué lo hicieron diciendo que iban a dialogar con los criminales en lugar de entrar de inmediato a proteger poblaciones y desarticular al cártel de Los Ardillos?
La presión que hicimos fueron fuertísimas. La sociedad nacional e internacional ejercieron una presión importante, así como los medios de comunicación y las redes sociales. Todo eso obligó a que la presidencia de la República adoptara decisiones y enviara a funcionarios de primer nivel a la región afectada y existiera compañía en el lugar, lo cual es insuficiente. A la Misión de Observación le habían prometido acompañamiento y no lo dieron hasta que llegó a Alcozacán.
– No sólo en México se está atacando a la población originaria. Parece que hay una estrategia global…
Los procesos de despojo de largo aliento que se han intensificado en los últimos años y meses, y que configuran lo que hemos llamado una guerra, se cruzan con la virulencia con la que Estados Unidos, sus gobernantes, su presidente, están haciendo en el mundo, en América Latina y en México, bajo esa misma lógica. No es un capítulo aparte de la guerra de conquista, es el capítulo más crudo y más reciente. Es la virulencia de Estados Unidos hacia los pueblos del mundo, que está imprimiendo mayor celeridad a esta guerra.

Foto: Tlachinollan – Ante este complejo y alarmante panorama ¿qué escenario vislumbras?
Hay tres posibilidades. La primera, que es la que esperamos, es que el Estado actúe y dé acompañamiento a las comunidades atacadas del modo en el que éstas lo planteen, porque muchas veces el acompañamiento que dan es invasivo, llegan a los pueblos, ocupan espacios públicos y se convierten en un nuevo factor de desplazamiento de población en lugar de apoyo. Lo que están pidiendo todas las comunidades afectadas es el establecimiento de bases operativos interinstitucionales en puntos específicos de las geografías afectadas.
En Ostula se ha insistido desde febrero de 2024 en el establecimiento de una base en una localidad de Chinicuila, no adentro del territorio comunal, pero sí en un espacio que es como un pueblo fantasma porque su población fue desplazada desde hace varios años por la presencia criminal. Desde ahí se puede atajar el ingreso de comandos armados criminales hacia la costa nahua de Michoacán.

Foto: Comunicación Ostula En el caso de Guerrero y en específico del CIPOG-EZ, se exige el establecimiento de tres bases operativas en tres puntos específicos: el Crucero del Jagüey, el camposanto que se encuentra enfrente del pueblo de Tula, y la entrada de Joaquín Herrera. Ahora, con el último pronunciamiento del domingo, lo incrementaron a cinco bases, y en el caso de Sevina es lo mismo. Santa María Sevina desde hace tiempo exige el establecimiento de una base operativa en el punto que consideran adecuado.
Los dos otros escenarios son la masacre de las poblaciones, o que se levanten. Si no se dan garantías a las comunidades para la protección de la vida, de la integridad, de los derechos fundamentales, es el camino que les dejan. Son dos vías, ambas muy terribles y que tendrían un impacto en coste de vidas, en sufrimiento y en mayor desplazamiento, pero que podrían darse.
No queremos que se den, no queremos llegar a eso, porque podrían ayudar a la embestida que ha recrudecido el gobierno de Estados Unidos y sus órganos de seguridad nacional y de inteligencia en el mundo, en América y en el país.

Foto: Consejo Supremo Indígena de Michoacán México está en un escenario de amenaza, como Gaza, como las amenazas a Cuba. Y hablamos de cada una desde su particularidad y su dimensión, pero no para minimizar lo que pasa aquí. Decimos que Irán está en Guerra, que Gaza está siendo masacrada, que Medio Oriente es un escenario de guerra, a veces hablamos de Colombia, pero México está en una guerra muy violenta que está provocando gran cantidad de personas desaparecidas que se acumulan día con día, sin que exista una solución por parte del Estado, y con un número considerable de homicidios dolosos en poblaciones civiles. Los cárteles criminales tienen el control de buena parte del país, la clase política está coludida con los criminales, buena parte de los municipios son controlados por los cárteles. Estamos en una situación no distinta a la que se vive en otros países en guerra.
Las comunidades están insistiendo de manera desesperada en que les hagan caso, en que les atiendan, en que haya una acción del Estado para desarticular a los cárteles y castigar a quien se tenga que castigar, proteger a las poblaciones civiles y garantías para el funcionamiento de las policías comunitarias.
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El planeta se encamina hacia un periodo de calor extremo sin precedentes
28 de maig, per Admin2La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha publicado hoy su actualización más alarmante hasta la fecha: Predicciones Climáticas Anuales a Decenales 2026-2035. Sus conclusiones dibujan un escenario claro: la Tierra entra en una década de calor extremo, con récords de temperatura casi asegurados y riesgos climáticos en aumento.
Lo que dice la ciencia
El informe, elaborado con datos de 13 centros científicos internacionales y 250 simulaciones climáticas, proyecta que:
- La temperatura media global entre 2026 y 2030 se situará entre 1,3°C y 1,9°C por encima de los niveles de 1850-1900
- Hay un 86% de probabilidades de que se bata un récord anual de temperatura, superando el máximo histórico registrado en 2024 (1,55°C).
- Aunque es «muy probable» superar temporalmente 1,5°C, sigue siendo «excepcionalmente improbable» (<1%) que la media de cinco años alcance los 2°C
«Estas proyecciones no significan que hayamos fracasado en el Acuerdo de París«, aclara el documento. «El umbral de 1,5°C se refiere a promedios de 20 años, no a años individuales. Pero cada fracción de grado cuenta: los impactos se intensifican con cada incremento.»

© Unsplash/Ishan @seefromthesk En 2024 se batieron récords de olas de calor. Impactos regionales: no todos sufrirán igual
El calentamiento no será uniforme. El Ártico seguirá calentándose a más de 3,5 veces la velocidad global, con inviernos hasta 2,8°C más cálidos que el promedio reciente. Esto acelerará la pérdida de hielo marino en el mar de Barents y el mar de Bering, con consecuencias para ecosistemas y comunidades indígenas.
En cuanto a las lluvias, el patrón será desigual:
- Más húmedo: Sahel, norte de Europa, Alaska y Siberia durante mayo-septiembre
- Más seco: La Amazonía enfrentará condiciones más áridas, aumentando el riesgo de incendios y estrés hídrico
- Cambio estacional: El sureste de Europa podría recuperar inviernos más lluviosos tras años de sequía
Es más probable que se desarrollen las condiciones que favorecen la aparición del fenómeno de El Niño durante este periodo, con mayor intensidad hacia 2027-2028. Los modelos indican que hay un 64% de probabilidades de que las temperaturas en la zona clave del Pacífico se mantengan por encima del promedio. lo que podría desencadenar olas de calor, sequías e inundaciones en regiones tropicales.
¿Por qué importa esta predicción?
A diferencia de las proyecciones a 30 o 50 años, este informe parte del estado actual del clima (temperatura de los océanos, hielo marino, etc.) y usa modelos avanzados para anticipar los próximos años con mayor precisión. Se trata así de una fotografía más precisa de lo que podría ocurrir en un futuro cercano.
Esto permite a gobiernos y sectores clave (agricultura, gestión del agua, salud pública) anticiparse y adaptarse. Por ejemplo:
- Los servicios hidrológicos pueden preparar reservas ante sequías previstas en la Amazonía
- Las ciudades del norte de Europa pueden reforzar infraestructuras ante lluvias intensas
- Los sistemas de alerta temprana pueden activarse con mayor anticipación ante eventos extremos
Una llamada a la acción, no al fatalismo
El informe subraya que, aunque las tendencias son preocupantes, aún hay margen para influir en el clima futuro. Cada tonelada de CO₂ evitada cuenta. Cada política de adaptación implementada salva vidas.
«Estas predicciones no son una sentencia», señalan los expertos de la OMM. «Son una brújula. Nos muestran hacia dónde vamos si mantenemos el rumbo actual, pero también nos recuerdan que todavía podemos cambiar de dirección.»
Publicado originalmente en Noticias ONU
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Exige CNTE destitución y cárcel para Esaú López, presidente municipal que reprimió a docentes en Oaxaca
28 de maig, per Admin2Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. La Sección 22 del Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) en Oaxaca exigió «la destitución inmediata y cárcel» para Esaú López Quero, presidente municipal de Villa de Mitla que este miércoles reprimió junto con personas armadas a los maestros y maestras que participaban en la «jornada de lucha del magisterio democrático».
«Contamos con evidencias y reportes sobre la presencia de personas armadas que arribaron a la zona durante el desarrollo de la movilización, generando un clima de tensión, intimidación y riesgo para nuestros compañeros, quienes ejercían de manera legítima su derecho constitucional a la protesta y a la manifestación», señaló la Sección 22 en un comunicado.
Durante la represión, por la que al menos 15 integrantes del magisterio resultaron heridos, las maestras fueron sometidas y amarradas de pies y manos frente a varias personas, así como fueron privadas de la libertad y exhibidas públicamente en medio de disparos y confrontaciones, de acuerdo a los testimonios en Villa de Mitla.
La CNTE exigió un alto a la violencia y las provocaciones y respeto a la libre manifestación, especialmente en las jornadas de protesta que se han intensificado en las últimas semanas rumbo a la huelga nacional de este 1 de junio, ante la falta de solución a sus demandas, que incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE, abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO-Sheinbaum; aumento salarial del 100 por ciento directo al sueldo base y homologación de todas las prestaciones.
Los docentes también exigen la restauración de todos los trabajadores cesados; justicia social y resarcimiento de daños ocasionados por el Estado contra el movimiento magisterial y popular; democracia sindical sin simulación; y aumento del presupuesto público a educación y salud.
A continuación el comunicado completo:
*DENUNCIA PÚBLICA ANTE LAS AGRESIONES SUFRIDAS HACIA EL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO*
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, a 27 de mayo de 2026.
La Sección XXII del SNTE-CNTE denuncia enérgicamente las agresiones, actos de intimidación y provocaciones sufridas hacia las compañeras y compañeros que participan en la jornada de lucha del magisterio democrático.
Ante estos hechos, exigimos al Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca, José de Jesús Romero López, y al gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, la destitución inmediata y cárcel para Esaú López Quero, presidente municipal de la Villa de Mitla.
Denunciamos que contamos con evidencias y reportes sobre la presencia de personas armadas que arribaron a la zona durante el desarrollo de la movilización, generando un clima de tensión, intimidación y riesgo para nuestros compañeros, quienes ejercían de manera legítima su derecho constitucional a la protesta y a la manifestación.
¡ALTO A LA VIOLENCIA Y LAS PROVOCACIONES!
¡RESPETO A LA LIBRE MANIFESTACIÓN!
¡JUSTICIA PARA EL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO!
*SECCIÓN XXII SNTE-CNTE*
*SRÍA. DE PRENSA Y PROPAGANDA*
*CENCOS XXII*