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Extractivismo en los territorios: inversiones que avanzan, derechos que retroceden
25 de maig, per Admin2Foto: Mariano Novas
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una política central del Gobierno que entrega enormes beneficios a empresas que explotan recursos naturales. Mientras los anuncios oficiales prometen cifras millonarias, en las regiones afectadas la realidad es muy distinta: no se respetan derechos básicos, la independencia de poderes es una ficción y ni siquiera queda agua.El litio se consolidó en los últimos años como uno de los recursos más codiciados a nivel global, impulsado por la transición energética y la expansión de la electromovilidad. En ese contexto, Argentina aparece en el tablero global como un actor estratégico, no sólo por la magnitud de sus reservas sino también por el nuevo marco institucional que impulsa el gobierno de Javier Milei a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En tan solo dos años, diez proyectos de litio solicitaron adherir a sus beneficios, convirtiendo al país en un imán para el capital internacional y en un espacio creciente de competencia por los salares con mayor potencial.
Esta dinámica acelera las inversiones, pero también profundiza tensiones territoriales, disputas por el agua y cuestionamientos sobre las condiciones en que se decide la extracción. Cuando la velocidad de las inversiones supera los tiempos de la deliberación social, la pregunta por quién decide y en qué condiciones se vuelve ineludible.
En Los Nacimientos, un caserío pequeño de la puna catamarqueña, las sillas blancas están alineadas bajo una carpa montada en medio del pueblo. Al frente hay una pantalla, parlantes, café servido en vasos descartables y una mesa larga con folletos empresariales. Afuera, el viento levanta tierra y recorre sin obstáculos las casas bajas. Adentro, jóvenes de la zona ocupan las primeras filas. Algunos llegaron convocados para escuchar propuestas laborales, otros por curiosidad, otros porque en pueblos pequeños toda reunión importante termina siendo también un acontecimiento social.
La escena podría parecer una feria de emprendimientos productivos, pero es una instancia pública vinculada al avance de nuevos proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto, en el marco del nuevo régimen de inversiones impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La organiza Posco Argentina, filial local del conglomerado siderúrgico y químico surcoreano Posco Holdings, una de las mayores corporaciones industriales de Corea del Sur y actor global en la cadena de insumos para baterías. La empresa desarrolla en la zona los proyectos Sal de Oro y Hombre Muerto Norte, orientados a la producción de carbonato e hidróxido de litio para el mercado internacional.
Los representantes de la empresa hablan de inversión, arraigo local, capacitación y futuro energético. Deslizan, de forma rápida y sin culpas, que detectaron impactos severos sobre el agua de la zona. Del otro lado, las preguntas vuelven siempre sobre lo mismo: cuánto duran los contratos, qué tareas se ofrecen realmente, qué pasará cuando termine la obra, cuánta agua se usa, qué margen tiene la comunidad para decidir sobre lo que ocurre en su territorio.
Después vendrá la foto institucional, las listas de asistencia y el comunicado oficial que hablará de diálogo y participación. La escena ya ocurrió otras veces en Catamarca: empresas globales, pueblos pequeños y decisiones que parecen llegar con el expediente casi cerrado. Meses después de esa presentación —que no tenía carácter vinculante para la comunidad— la compañía formalizó su pedido para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión anunciada superior a los 800 millones de dólares para consolidar su expansión en el norte argentino.
Lo que sucede en esa carpa no es una postal aislada. Es una expresión local de un cambio más amplio en la política económica argentina. Mientras en la puna se multiplican reuniones de este tipo, el gobierno nacional impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una estructura legal diseñada para acelerar desembolsos privados en sectores considerados estratégicos. En los despachos oficiales se presenta como una herramienta para atraer dólares. En los territorios empieza a leerse como otra cosa: una nueva velocidad para las inversiones y una reducción del tiempo disponible para discutir sus efectos.
Salar del Hombre Muerto (Catamarca). La vega del río Trapiche seca tras una obra de la empresa Livent – Foto: María Paula Gaido Un régimen para acelerar proyectos
El RIGI fue aprobado en 2024 y ampliado en 2026 por el Decreto 105/2026. Establece beneficios fiscales, tributarios y regulatorios por treinta años, garantiza estabilidad normativa a los proyectos adheridos y los declara de “interés nacional”. Aunque el régimen incluye sectores diversos como minería, hidrocarburos, infraestructura, tecnología, turismo, forestoindustria y siderurgia, la evidencia reunida por el Observatorio del RIGI muestra una fuerte concentración en actividades extractivas, que explican más del 98 por ciento de las inversiones comprometidas.
La composición de los proyectos presentados ayuda a entender esa orientación. Solicitaron adherir al régimen 35 iniciativas, de las cuales 20 corresponden al sector minero: once de litio, cinco de cobre, tres de oro y una de arenas para fracking. En varios casos, además, se trata de proyectos demorados por conflictos socioambientales, restricciones regulatorias o procesos de judicialización que encontraron en el nuevo régimen una oportunidad para reactivarse. Más que un instrumento general para el desarrollo productivo, el régimen aparece como una palanca orientada a consolidar economías primarias de exportación.
El trabajo del Observatorio agrega otra dimensión menos visible: varios de esos proyectos se superponen con ambientes protegidos por la Ley Nacional de Glaciares o se localizan en territorios atravesados por conflictos socioambientales y judicialización, como Agua Rica–MARA o los proyectos de litio del Salar del Hombre Muerto. Es decir, el RIGI no aterriza sobre una hoja en blanco, sino sobre escenarios donde ya existen disputas previas por agua, participación, ordenamiento territorial y derechos colectivos.
En ese punto aparece uno de los debates centrales. El informe del Observatorio habla de un posible “blindaje jurídico y político” de los proyectos adheridos. La categoría remite a artículos que refuerzan su prioridad estatal y limitan la capacidad de nuevas regulaciones que puedan obstaculizarlos.
El artículo 165 establece, además, que cualquier norma o medida nacional, provincial o municipal que limite, restrinja u obstaculice proyectos adheridos podrá ser considerada nula. Para especialistas y organizaciones socioambientales, ese punto altera el equilibrio entre política ambiental e inversión privada, porque reduce el margen futuro de provincias y municipios para imponer nuevas regulaciones frente a riesgos, escasez hídrica o conflictos territoriales.
Foto: Mariano Novas El Hombre Muerto y la nueva escala del conflicto
Una parte significativa de las reservas de litio de Argentina se localiza en salares altoandinos y puneños distribuidos principalmente entre Catamarca, Salta y Jujuy. Dentro de ese mapa, Catamarca se consolidó como uno de los territorios clave para la expansión del sector y ocupa un lugar estratégico dentro de las cadenas globales de suministro donde operan grandes corporaciones internacionales como Río Tinto, Gangfeng y Posco.
A nivel nacional, el Salar del Hombre Muerto representa alrededor del 50 por ciento de las exportaciones argentinas de litio y constituye uno de los principales motores de la economía catamarqueña. El Salar del Hombre Muerto fue el primer enclave de producción industrial de litio del país. Allí comenzó en 1997 el proyecto Fénix, primero operado por la empresa FMC, luego Livent y hoy bajo control de Río Tinto. Durante años esa explotación condensó la presencia minera en la zona. Con el tiempo, el mapa cambió y alrededor del emprendimiento histórico avanzaron nuevas iniciativas de grandes jugadores internacionales.
Pero la escala económica convive con otra menos visible: la ecológica. Catamarca se encuentra en emergencia hídricadesde 2022, con restricciones de riego y problemas de acceso al agua potable en distintos centros urbanos. En ecosistemas áridos de alta fragilidad, el agua no es solo un insumo productivo, sino una condición material de la vida cotidiana, el pastoreo, la producción local y la continuidad comunitaria.
En la cuenca del Hombre Muerto coexisten al menos ocho proyectos de litio. Esa simultaneidad modificó la escala del problema. Ya no se trata de cuánto consume una empresa aislada, sino de cuánto soporta el sistema en conjunto cuando múltiples actores extraen sobre una misma base hidrogeológica. En ese contexto, el conflicto por el agua ingresó en una nueva fase a partir de 2021, cuando la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano presentó un amparo ambiental colectivo a la Corte provincial señalando la falta de participación efectiva en los procesos de evaluación y la ausencia de un análisis acumulativo sobre los impactos del conjunto de proyectos en la cuenca.
En marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca dio lugar a ese reclamocon una resolución inédita en el triángulo del litio: suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de extracción de agua en la cuenca del río Los Patos hasta contar con una evaluación ambiental acumulativa e integral. La decisión marcó un límite a la lógica con la que el litio venía expandiéndose en la puna.
Sin embargo, pocos meses después, el escenario comenzó a reconfigurarse. Con la aprobación del RIGI a nivel nacional en agosto de 2024, la provincia encontró un nuevo respaldo político para impulsar la expansión de los proyectos extractivos, incluso en un contexto atravesado por restricciones judiciales. En ese marco, el régimen operó no sólo como un instrumento de promoción de inversiones, sino también como una herramienta de presión política y económica para reactivar iniciativas en disputa.
Dos años más tarde, el 30 de marzo de 2026, la misma Corte resolvió levantar la cautelar apoyándose en un estudio que descartó la existencia de daño ambiental actual atribuible a la actividad minera. La secuencia no pasó desapercibida en la provincia: días antes de la resolución judicial, el gobierno nacional había anunciado la aprobación del ingreso al RIGI para la expansión del proyecto Fénix, hoy controlado por Río Tinto. Una semana después llegó el levantamiento de la cautelar. No existe una relación formal establecida entre ambos hechos, pero la proximidad temporal alimentó lecturas en un territorio donde las decisiones económicas, judiciales y ambientales se observan cada vez con menos separación.
Foto: Mariano Novas El fallo y lo que vino después
El fallo de la Corte Justicia, que habilitó la megaminería, no cerró la discusión. Dos jueces —José Cáceres y Miguel Figueroa Vicario— votaron en disidencia con objeciones severas. Cuestionaron que el estudio se basara en modelos aún no suficientemente validados con datos de campo, advirtieron que el registro hidrológico y climático era incompleto y señalaron que, en ecosistemas altoandinos frágiles, esperar a que exista daño “actual” puede significar llegar demasiado tarde. Figueroa Vicario invocó el principio in dubio pro aqua: ante la duda científica, sostuvo, la decisión debe favorecer al ambiente y no al desarrollo inmediato.
Los votos críticos también remarcaron problemas en la participación pública. Señalaron convocatorias con apenas cinco días de anticipación, falta de información técnica accesible y talleres realizados con plazos acelerados que afectaron la calidad del diagnóstico social. La mayoría del tribunal, en cambio, entendió que el Estudio de Gestión Integral del Impacto Acumulativo (EGIA) era suficiente para levantar la prohibición y ordenó al Ministerio de Minería avanzar con un programa hidrológico y un plan de monitoreo en los próximos meses.
El resultado reabre una puja de fondo. Para el gobierno provincial y las empresas la decisión despeja un obstáculo en un momento de urgencia fiscal y necesidad de reactivar inversiones. Para sectores críticos instala un precedente delicado: habilitar nuevas etapas de expansión en una cuenca sensible sin haber despejado por completo las incertidumbres científicas y sociales.
El conflicto por el agua en el Salar del Hombre Muerto no terminó con el fallo. Entró en otra fase.
Foto: Mariano Novas Lo que se decide lejos y se vive cerca
El litio suele narrarse desde los grandes números: inversiones anunciadas, exportaciones récord, competencia geopolítica por minerales críticos, demanda global de baterías. En acuerdos recientes, la Argentina incluso expresó su intención de priorizar ciertos vínculos comerciales en cobre, litio y otros insumos estratégicos. Son discusiones internacionales que parecen ocurrir lejos de la puna.
Sin embargo, sus efectos bajan rápido a tierra. Se vuelven visibles en más tránsito pesado, en pueblos que crecen sin planificación suficiente, en alquileres que suben, en comunidades que deben aprender lenguaje técnico para defender derechos básicos y en ecosistemas sometidos a una presión creciente por el agua. La geopolítica entra al territorio convertida en rutina.
Cuando termina la charla de Posco en Los Nacimientos, la carpa queda casi vacía. Las sillas fueron corridas, los vasos de café vacíos y los papeles son arrastrados hacia un costado por el viento. Los representantes ya no sonríen como al inicio: integrantes de la comunidad y sus técnicos lograron señalar varias de sus contradicciones. Después se dispersan las y los vecinos del lugar; a quienes la empresa llevó hasta allí no les queda más que esperar el transporte para regresar en un viaje de más de una hora. Un último grupo se queda conversando afuera, sin micrófono y sin traducción. Detrás de ellos, la montaña no se mueve pero el tiempo se sigue diluyendo. Lo que sigue en disputa es la velocidad con la que avanzan las inversiones y el margen real que queda para discutirlas antes de que las máquinas vuelvan a arrancar.
Foto: Mariano Novas Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva
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Morí para renacer
25 de maig, per Admin2
Suena en la tierra la azada de Juana, campesina tsotsil de Chenalhó, Chiapas, y al tono de su voz, sentimos el aire de la montaña lleno de zumbidos y pájaros, el sol, la milpa creciendo. La noche crepita en el fuego que calienta café y tortillas. Los grillos cantan su letanía y las estrellas marcan el tiempo, “antes nadie tenía reloj, solo veían las estrellas”, cuenta.
Faustina es una de las tres mujeres tsotsiles que caminan, trabajan, sueñan y cuentan sus historias de vida en el documental “Li Cham, morí para renacer”. La directora, Ana Ts’uyeb, es una joven tsotsil que nos lleva de la mano, los sentidos y las emociones al mundo de su madre Margarita y otras dos mujeres de su familia, Juana y Faustina.
Las tres han tenido una vida dura, sometidas a un destino marcado por la violencia patriarcal, sin derecho a la tierra ni a decidir ni sobre sus cuerpos, sus trabajos o sus vidas. Por ello también perdieron bebés antes de nacer o al morir poco después, un dolor insondable que tampoco tenían derecho a mostrar. “Entonces morí” dice Margarita.
Una muerte de la que renace, se construye, abre y camina nuevas veredas. Con otras mujeres de familia y de la comunidad se levantan de la tristeza y mansedumbre. No se resignan a aceptar su muerte en vida y se atreven a pensar otro futuro. Lo avizoran con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No como teoría, sino en el diálogo y reuniones con las y los zapatistas que llegan hasta su comunidad entienden que no es un destino: pueden y quieren tener otra vida, con justicia, con igualdad, sin violencia y donde todos sus saberes fluyan libres y florezcan. Nada es fácil ni rápido, pero con el reparto de tierras que sigue al levantamiento zapatista, por primera vez las mujeres tienen su propia tierra y pueden ser ellas mismas las que deciden. Antes solo trabajaban en el campo, pero no tenían decisión. El documental nos lleva desde el sufrimiento a la esperanza.
Li Cham es un deleite en sonido, en fotografía, en los paisajes de afuera y de dentro de las personas que hablan, en las miradas de todas las edades, en la libertad y autoridad con que hablan las protagonistas en su propia lengua. Algo que seguramente se reafirmó por el hecho de que casi todo el equipo que realizó este documental son indígenas de los Altos de Chiapas. Tuve la fortuna de ver el documental en una pantalla de cine: te envuelve y te sumerge en la realidad cotidiana, pero también la realidad histórica, de esas hermosas y valientes mujeres, de tantas otras mujeres, de esas comunidades que no aceptaron un destino de opresión.
Una de las cosas más potentes del documental es que conservando intimidad, tanto en los espacios como en las historias, desde dentro de las viviendas a los relatos de momentos muy intensos de las protagonistas, también deja leer con claridad cuán profundo fue el cambio de época construido en Chiapas con y alrededor del EZLN, con las comunidades zapatistas y las de bases de apoyo. Un cambio que creció desde Chiapas y salió al mundo, que no dejó país ni movimiento social incólume.
Ana Ts’uyeb, además de directora, es escritora y editora del documental. Cuenta que le llevó varios años, y que fue largo el proceso de explicar a las protagonistas lo que quería hacer. Que además cambió completamente en el curso de la filmación, porque Margarita, Faustina y Juana, que al principio estaban más pasivas, dejando que Ana y el equipo filmaran y dirigieran, terminan siendo parte activa de la construcción, sugiriendo y cambiando enfoques, marcos, situaciones, lugares y sobre todo, historias.
La propia Ana es resultado de su lucha y de lo que cuentan: su destino hubiera sido casarse y trabajar en la tierra de su marido, pero su madre, como otras mujeres hicieron con sus hijas, la apoya para que siga lo que quiera hacer y aquí está, esta directora y editora que no hay que perder de vista.
Li Cham fue ganador del Mejor Largometraje Documental mexicano en la 21º edición del Festival de Internacional de Cine de Morelia (FICM) en 2024, y también del Festival Internacional de Cine de Autor (FICA). Es una producción de Bolomchon Films.
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Tupac Katari y la propiedad de la tierra, claves en las protestas de Bolivia
25 de maig, per Admin2Tan solo seis meses después de ser investido presidente de Bolivia, Rodrigo Paz enfrenta una de las peores crisis de los últimos 40 años. Tras tres semanas de bloqueos de carreteras —escasez de alimentos, combustibles y medicamentos—, y protestas de los más variados sectores, la tensión va en aumento. Pese a que hasta ahora mantuvo una cerrazón respecto al diálogo y las demandas de la población, el 21 de mayo anunció cambios en el Gabinete y la creación de un consejo social y económico con el objetivo de acercarse a la sociedad.
En 1781, Tupac Katari lideró la mayor insurrección indígena en contra del dominio colonial español. En lo que se conoció como “Sitio de La Paz”, los indígenas bloquearon los puntos de acceso a esta urbe con forma de hoyo, y la ciudad quedó aislada y sin provisiones durante seis meses. Katari fue capturado y lo descuartizaron atando sus extremidades a cuatro caballos, para luego exhibir sus restos como amenaza frente a futuras rebeliones. Pero la lección ya estaba aprendida.
Desde entonces, las principales protestas de esa región del Altiplano utilizan este mecanismo. Sucedió en 1781, y sucede en 2026: los caminos fueron bloqueados y las postales con las estanterías de los supermercados vacías y las largas colas para conseguir combustible en La Paz se repitieron sin cesar.
Pero, a diferencia de esa otra época, está vez el gobierno boliviano contó con el inestimable apoyo de sus aliados en la región. Tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como el de Chile, José Antonio Kast (Chile), enviaron aviones con insumos para colaborar frente al desabastecimiento. En el mismo sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que su país “no permitirá que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.
La irrupción de Paz
Si bien la fragmentación del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi 20 años, hacía prever un triunfo de la derecha en las elecciones de 2025, la irrupción de la dupla Paz/Lara, causó conmoción y sorpresa. El histórico voto del MAS —que representa sobre todo a los sectores indígenas y campesinos— no fue a la derecha tradicional sino a Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“Él ganó las elecciones con el voto de los movimientos sociales disruptivos, que son los que ahora están movilizados”, advierte la politóloga Susana Bejarano. “También había una identificación con el vicepresidente, pero Paz rompe con (Edmand) Lara ni bien asume, le quita funciones y lo margina. Es decir, hay un malestar profundo entre quienes lo encumbraron porque sienten que los dejó afuera, pero también con el maltrato hacia Lara, pese a que el vicepresidente tampoco era lo que esperaban”.
En abril, la Central Obrera Boliviana (COB) le presentó al Gobierno un pliego de demandas, que fue respondido un mes más tarde y rechazado casi en su totalidad. Las reclamaciones eran, sobre todo, por un aumento de salarios, aunque el conflicto de fondo es por la propiedad de la tierra.
Pese a que la COB ha sabido canalizar el creciente malestar, un antecedente importante en el desenlace de los acontecimientos actuales es un Cabildo Abierto (Asamblea de ciudadanos reconocida en la Constitución) convocado el 1 de mayo por el senador Milton Condori. Allí se definió que tanto los integrantes del ejecutivo como del legislativo se debían bajar los salarios “para compartir entre todos” los efectos de la crisis, pero que fue rechazado, lo cual aumentó la crispación.
“Todo esto se dio, además, al mismo tiempo en que se estaba presentando el presupuesto nacional”, indica Bejarano. “En ese momento, un reconocido economista aimara, Gonzalo Colque, denunció que según constaba en las planillas, los legisladores se habían aumentado los sueldos en un 40%, lo cual incrementó aún más la indignación popular”.
Si bien la COB aglutina demandas de diversos sectores, fundamentalmente del magisterio rural, la escalada del conflicto habilitó una serie de alianzas que, debido a peleas internas, parecían impensadas hasta ese momento, como la que estableció con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Descontento popular
“Está movilizado el mundo indígena paceño en su conjunto”, apunta Bejarano. “La Tupac Katari, que es un sindicato que agrupa a las 20 provincias paceñas, pero también Los Ponchos Rojos, que, si bien pertenecen a la Tupac Katari, en sí mismos son una organización social muy potente y con personalidad propia”. Otros sectores movilizados son las Federaciones Departamentales de Juntas Vecinales, los médicos, los mineros y los transportistas, sobre todo de La Paz y El Alto.
Si bien el pasado jueves Paz anunció cambios en su Gabinete como respuesta a la escalada del conflicto, hasta entonces el Gobierno había optado por responder tratando de estigmatizar a los sectores movilizados. La estrategia buscaba encontrar en Evo Morales un chivo expiatorio e instalar la versión de que las movilizaciones eran financiadas por el narcotráfico. “Todo esto sublevó más a la población”, sostiene Bejarano. “Por un lado, porque ellos odian a Evo, y por el otro, porque no es cierto que los está liderando, al menos no en su totalidad”.
“En Bolivia, lo único que unifica, lleva la delantera y ha puesto paños fríos en las divisiones que había dentro del movimiento popular es un gran descontento con el gobierno”, señala la politóloga Susana Bejarano
Morales es uno de los líderes de los distintos movimientos, pero entre las caras más visibles está la de Mario Argollo —el secretario general de la COB sobre el que pesa una orden de arresto—, y la del senador Milton Condori. Sin embargo, según Bejarano, “en Bolivia, lo único que unifica, lleva la delantera y ha puesto paños fríos en las divisiones que había dentro del movimiento popular es un gran descontento con el gobierno”.
Paz asume en medio de una grave crisis económica, y de un profundo desgaste y malestar con el MAS y con la figura de Morales, quien desde hace tiempo se mantiene recluido en la región cocalera del Chapare. Allí vive protegido por su núcleo duro, ante las órdenes de detención dictadas en su contra por presuntos delitos de abuso sexual de menores y trata de personas. Aunque apoya las protestas, niega haberlas organizado y llama a elecciones anticipadas.
La propiedad de la tierra
“Es importante destacar que una de las victorias más grandes de la movilización fue la abrogación [eliminación] de la Ley 1720, que promovía la concentración de tierras”, opina Bejarano. Si bien la norma recupera un viejo proyecto que permite la conversión de la tierra y modifica el régimen agrario boliviano, se trata de un asunto sumamente delicado para la historia de ese país. “El orden que logró la Reforma Agraria de 1953 permite sostener ciertos equilibrios en torno a la tenencia de la tierra que han impedido que escalen conflictos similares a los que se dan en Colombia, por ejemplo”.
En este marco, el acuerdo sellado entre la COB y los sectores campesinos fue clave en la movilización. Se trata de sectores que sufrieron un fuerte desgaste y peleas internas después de los casi 20 años del MAS en el poder, y que ahora han podido alcanzar ciertos consensos. Para muchos, lo sustancial en todo este entramado de protesta, y su mantenimiento en el tiempo, es la presencia de los campesinos, dado que pocos sectores cuentan con su fuerza.
Puntos de inflexión
Una de las medidas más antipopulares que tomó Paz poco tiempo después de su investidura fue la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, con la excusa de atraer inversiones y ordenar las cuentas públicas. En un contexto de crisis económica y ajuste, las clases populares lo leyeron como una traición y entendieron que el presidente que acababan de votar gobernaba para las elites.
Según escribe el periodista Mijail Miranda para Revista Anfibia, otro punto de quiebre con el actual gobierno boliviano fue el nombramiento como Viceministro de Seguridad Ciudadana del excomandante policial Rodolfo Montero, “investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz”.
El presidente boliviano no solo parece perdido en su propio laberinto, sino que es capaz, en un mismo día y en un mismo discurso, de llamar al diálogo y criminalizar a los mismos sectores con los que dice querer sentarse a hablar
Por ahora, el presidente boliviano no solo parece perdido en su propio laberinto, sino que es capaz, en un mismo día y en un mismo discurso, de llamar al diálogo y criminalizar a los mismos sectores con los que dice querer sentarse a hablar. Puede que el discurso que hacía eje en el hartazgo con las fuerzas del MAS —y sus distintas caras— le haya servido como plataforma para ganar las elecciones de octubre pasado, pero ya no alcanza.
Por lo demás, la decisión de insultar y desprestigiar a los mismos movimientos que lo llevaron al poder no ha hecho más que horadar las bases de su precario poder en tiempo récord.
Este material se comparte con autorización de El Salto
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Megaproyecto Mahahual, caso prototípico de despojo territorial y daño ambiental, Académico IBERO
23 de maig, per AuriLa posibilidad de recibir 21 mil turistas de crucero al día en una comunidad de unos 6 mil habitantes convirtió al megaproyecto turístico para Mahahual en un caso prototípico de despojo territorial y daño ambiental, dijo el Dr. Jorge Peláez Padilla, Director de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Explicó que los cruceros suelen operar bajo una lógica económica cerrada que concentra el gasto dentro del propio ecosistema turístico, a diferencia del turismo convencional, en el que las personas recorren ciudades, consumen en comercios locales y usan servicios del territorio.
Abundó que el esquema planteado consistía en que miles de pasajeros descendieran del crucero para permanecer dentro del complejo recreativo y después regresar al barco sin generar beneficios a la economía local.
El Académico del Departamento de Derecho sostuvo que Mahahual ya posee una actividad turística consolidada a menor escala y actividades económicas tradicionales como la pesca, que podrían verse desplazadas.
«El proyecto no está cancelado. Se cancelaría si la empresa desiste en desarrollarlo o si el municipio revierte el cambio en su plan de desarrollo urbano. Todavía no tenemos el resolutivo de la Semarnat», advirtió.
La dimensión jurídica: permisos, participación y regulación
El Dr. Peláez Padilla explicó que estos megaproyectos requieren múltiples autorizaciones y procesos regulatorios como permisos municipales de desarrollo urbano y construcción, además de autorizaciones federales vinculadas con evaluación de impacto ambiental.
Subrayó que cuando comunidades consideran que decisiones de esta magnitud avanzan sin consulta suficiente o sin incorporar intereses locales, aparecen conflictos sociales y procesos de resistencia.
Indicó que un elemento relevante en el caso Mahahual fue que organizaciones y habitantes locales denunciaron actividades preliminares en el territorio antes de contar con autorización ambiental definitiva, lo que derivó en acciones administrativas.
Para Peláez, el caso demostró que el derecho ambiental no se reduce a expedientes técnicos, pues también depende de organización comunitaria y en redes sociales, vigilancia ciudadana y capacidad institucional para aplicar la ley.
Megaproyectos no incorporan a las personas
El académico refirió que un desarrollo no debería entenderse únicamente como llegada de capital o construcción de infraestructura, pues la pregunta clave es si quienes habitan el territorio participan realmente en los beneficios.
“Cuando una comunidad pierde acceso a espacios públicos, actividades económicas tradicionales o calidad ambiental sin obtener beneficios proporcionales, aparece una sensación de exclusión que alimenta el rechazo social”, acotó.
Insistió en que la participación comunitaria no debe entenderse como un obstáculo al crecimiento, sino como una condición para hacerlo sostenible, pues hay modelos turísticos internacionales que integran cadenas productivas locales, fortalecen economías regionales y generan incentivos para conservar ecosistemas.
Obras antes de permisos: práctica recurrente
Peláez también detalló que el proyecto impulsado por Royal Caribbean inició actividades mientras todavía estaba en curso el proceso de evaluación ambiental ante la autoridad federal, lo que derivó en denuncias por organizaciones y habitantes locales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Para el especialista, el caso reveló una dinámica frecuente en distintos sectores de infraestructura y extractivos en México: desarrollar intervenciones iniciales sin autorización definitiva y posteriormente buscar que la autoridad valide lo ya construido.
“Pasa muchísimo en todo el país. Lo vemos en minería, en turismo y en distintos tipos de infraestructura: comienzan operaciones y después presentan los permisos esperando que la autoridad convalide lo que ya ocurrió”, señaló.
Recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental no es un trámite accesorio, sino el mecanismo mediante el cual el Estado evalúa si un proyecto puede realizarse, bajo qué condiciones y cuáles serían sus medidas de mitigación.
El reto para México: atraer inversión sin deteriorar el ambiente
El Dr. Peláez Padilla consideró que México enfrenta un desafío mayor: fortalecer su capacidad regulatoria, lo que implica actualizar normas ambientales, mejorar mecanismos de evaluación, supervisar el cumplimiento de medidas de mitigación y exigir mayor responsabilidad a los desarrolladores.
Aclaró que el objetivo no es detener toda inversión ni cerrar oportunidades económicas, sino construir proyectos que generen beneficios reales y mantengan condiciones ambientales viables para el futuro.
“Las cosas no están mal porque haya desarrollo; están mal cuando el desarrollo se hace sin participación y sin límites”, planteó.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
Publicado originalmente en Ibero
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Exigen garantías para misión civil que viaja a comunidades atacadas en Guerrero
23 de maig, per AuriCiudad de México | Desinformémonos. Organizaciones sociales, colectivos y redes de derechos humanos exigieron garantías de seguridad para la Misión Civil de Observación que se dirige a comunidades nahuas de la Montaña Baja de Guerrero, tras denunciar que el Estado mexicano incumplió el compromiso de brindar acompañamiento oficial durante el trayecto hacia Alcozacán, donde más de 2 mil personas fueron desplazadas por ataques armados atribuidos al grupo “Los Ardillos”.
Las organizaciones advirtieron que la cancelación del resguardo coloca en riesgo a periodistas, observadores nacionales e internacionales, personas defensoras de derechos humanos y acompañantes solidarios que participan en la misión. También responsabilizaron al gobierno federal y a las autoridades estatales y municipales de cualquier agresión, amenaza o ataque que puedan sufrir quienes documentan la situación en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
En el pronunciamiento, los colectivos compararon la situación actual con la agresión contra la Caravana Humanitaria de San Juan Copala, Oaxaca, donde fueron asesinados la defensora Bety Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola en 2010. Señalaron que existe “un patrón peligroso” de autoridades que prometen protección y luego abandonan a comunidades indígenas y personas acompañantes frente a grupos armados. “La omisión también mata”, afirmaron.
Las organizaciones exigieron una ruta segura de ingreso y salida para la misión, protección para las comunidades desplazadas, investigación sobre los ataques armados y seguimiento inmediato de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También llamaron a colectivos, universidades, sindicatos, medios libres y personas solidarias de México y otros países a pronunciarse y mantener vigilancia pública sobre la seguridad de quienes integran la misión civil.
A continuación el comunicado completo:
BOLETÍN URGENTE
EXIGIMOS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN EN GUERRERO
A los medios de comunicación
A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
A las organizaciones sociales, pueblos, colectivos y redes solidarias
A la opinión pública nacional e internacionalLas organizaciones, colectivos, redes y personas abajo firmantes denunciamos públicamente la grave omisión del Estado mexicano frente a la situación de riesgo que enfrenta la Misión Civil de Observación que se dirige hacia la Montaña Baja de Guerrero, particularmente a la comunidad de Alcozacán, donde comunidades indígenas han sufrido ataques armados, desplazamiento forzado y graves violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con la información compartida por integrantes de la misión, la autoridad federal se había comprometido a brindar acompañamiento y medidas de seguridad para garantizar el ingreso seguro de la Misión Civil de Observación. Sin embargo, este 22 de mayo, cuando la misión se encontraba a unos minutos de llegar a Tlapa, fue notificada de que no habría acompañamiento de corporaciones de seguridad del Estado.
Este incumplimiento coloca en riesgo directo la vida e integridad física, psicológica y política de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, observadores nacionales e internacionales y acompañantes solidarios que participan en esta misión.
Por ello, señalamos con toda claridad:
Hacemos responsable al Estado mexicano y a sus tres niveles de gobierno de cualquier agresión, amenaza, hostigamiento, intimidación, daño físico, psicológico o ataque armado que puedan sufrir las y los integrantes de la Misión Civil de Observación.
La historia reciente de México nos obliga a levantar la voz con urgencia. No podemos olvidar la agresión contra la Caravana Humanitaria hacia San Juan Copala, donde fueron asesinados la defensora de derechos humanos Bety Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Aquella tragedia mostró que la omisión del Estado, la falta de garantías de seguridad y la tolerancia frente a grupos armados pueden terminar en muerte.
Hoy advertimos que se repite un patrón peligroso: autoridades que prometen protección, instituciones que incumplen su palabra, comunidades indígenas abandonadas y personas defensoras expuestas frente a grupos criminales y armados.
La memoria de Bety Cariño y Jyri Jaakkola no puede quedar reducida a los aniversarios. Su memoria nos obliga a actuar con responsabilidad, firmeza y solidaridad ante cualquier situación donde se ponga en riesgo la vida de quienes acompañan a los pueblos en defensa de sus derechos.
La opacidad institucional es complicidad. La omisión también mata. Cuando el Estado conoce el riesgo, promete protección y después se retira o incumple, se vuelve responsable de las consecuencias.
Por ello, las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para exigir, por todos los medios y formas posibles, que se garanticen medidas reales, públicas, inmediatas y verificables de seguridad para la Misión Civil de Observación y para las comunidades desplazadas y agredidas de la Montaña Baja de Guerrero.
EXIGIMOS:
1. Que el Estado mexicano garantice de manera inmediata el acompañamiento seguro de la Misión Civil de Observación hasta la comunidad de Alcozacán.
2. Que se establezca una ruta segura de ingreso, permanencia y salida para las y los integrantes de la misión.
3. Que se garantice la integridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, observadores nacionales e internacionales y acompañantes solidarios.
4. Que se proteja de manera urgente a las comunidades desplazadas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
5. Que se investiguen los ataques armados, el desplazamiento forzado y la actuación de los grupos narco-paramilitares en la región.
6. Que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos den seguimiento inmediato a esta situación de riesgo.
7. Que se documente públicamente cada omisión, incumplimiento o agresión, para construir un expediente de responsabilidad del Estado mexicano.LLAMAMOS A LA ACCIÓN SOLIDARIA
Convocamos a organizaciones sociales, pueblos indígenas, colectivos, redes de derechos humanos, sindicatos, universidades, iglesias, medios libres, periodistas, artistas y personas solidarias de México y del mundo a pronunciarse de manera urgente.
Llamamos a emitir comunicados, realizar conferencias de prensa, activar redes sociales, enviar cartas a instituciones nacionales e internacionales, exigir medidas cautelares y mantener vigilancia pública sobre la seguridad de la Misión Civil de Observación.
La solidaridad no puede llegar tarde. La vida de nuestras compañeras y compañeros debe ser protegida ahora.
Zapata vive!
La lucha de los pueblos sigue.¡Alto a la violencia contra los pueblos indígenas!
¡Garantías de seguridad para la Misión Civil de Observación!
¡Justicia para las comunidades desplazadas de la Montaña Baja de Guerrero!
¡La omisión del Estado también es responsabilidad!Atentamente,
Organizaciones, colectivos, redes y personas solidarias abajo firmantes.
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA,
Frente Popular Revolucionario FPR, Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ, Radio indígena y Comunitaria Ecos de la sal, Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano, Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción (GLEFAS), Centro de Formación para la Autonomía Teocentli, Radio Comunitaria Zacatepec, Colectivo Huitzil Urbano, Betyren Lagunak, Pais Vasco, Mujeres que Luchan por la Vida, Veracruz, Colectivo Tokalihtik Tequila Veracruz Mexico, Juventud Comunista de México-Veracruz, Pueblos Unidos de la Cuenca la Antigua. Veracruz.
CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. Coyotes del Cerro de la Galaxia-Xalapa. Grupo de atrabajo «Fronteras, regionalización y globalización» de CLACSO,Red Mexicana de Accio’n frente al Libre Comercio, Raices del Camellón en Resistencia-Xalapa, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala,
Unión Nacional de Trabajadores Agricolas de Oaxaca, Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, Radio Pochota comunitaria de Amatlán Veracruz, Omar, Grupo de Trabajo: Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos de CLACSO, Colectivo guamuchil, Fundación Indígenas 3D, Y Comunidades por la Autonomía, Red Bidhii vianni “Semillas de Luz”, Colectivo Altepe, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO), Centro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C, Proceso de Articulacion de la Sierra de Santa Marta, Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI, Ollin Quetza