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Del desencuentro al diálogo: aclaraciones sobre el especifismo
24 de desembre de 2025, per Redacción24/12/2025
En el número 4 de la revista Redes Libertarias se publicó el artículo “Anarquismos. El especifismo” por parte de Laura Vicente. Como militante de una organización que se enmarca dentro de la corriente especifista, me gustaría empezar agradeciendo el tiempo dedicado, la reflexión que plantea el artículo y la voluntad de pensar el anarquismo desde su pluralidad; así como el interés en nuestra corriente. Considero que únicamente el diálogo y la contraposición fraternal de ideas nos pueden permitir (a la par que obligar) a ir desarrollando mejor nuestra ideología y estrategias. Partimos del mismo punto: el anarquismo no es uno, sino una constelación de prácticas, sensibilidades y tradiciones que dialogan entre sí. A partir de ahí, me gustaría aportar algunas precisiones y matices, con ánimo constructivo.
En primer lugar, el planteamiento que abre el texto, que vincula de alguna forma el especifismo y el plataformismo como si fueran lo mismo o si uno derivara directamente del otro, merece una matización histórica y conceptual. Cuando en la Federación Anarquista del Uruguay (FAU) se formuló la propuesta especifista, no lo hicieron leyendo o emulando a la Plataforma de Archinov, de hecho ellas mismas mencionan que inicialmente desconocían su existencia. Es verdad que existen coincidencias terminológicas y estratégicas —como la insistencia en la necesidad de organización, la cohesión interna o la responsabilidad militante—, pero afirmar una relación de filiación directa corre el riesgo de oscurecer las condiciones locales que hicieron surgir esas propuestas: tradiciones sindicales, su propia experiencia revolucionaria, crisis concretas de los movimientos y debates internos que tuvieron sus propios caminos. En otras palabras, a menudo hablamos de semejanza de conclusiones más que de transmisión textual o de genealogía lineal. Reconocer esa convergencia conceptual permite escuchar críticas sin convertirlas en una condena genética: muchas veces diferentes experiencias llegan a diagnósticos comunes porque enfrentan problemas semejantes, no porque una copie a la otra.
El caso de Malatesta ilustra precisamente esta complejidad. Sus objeciones iniciales a la Plataforma han sido una fuente de confusión. El debate epistolar con Majno muestra hasta qué punto las controversias pueden depender de giros lingüísticos y de la mediación de terceros (en este caso, de la traducción del texto de la Plataforma hecha por Volin, uno de sus mayores detractores). Pero si leemos con atención la correspondencia con Majno (al final de la cual se llega a posiciones comunes) y otros textos de Malatesta, veremos que no estamos ante un rechazo total de cualquier forma de disciplina o organización coherente; más bien, su crítica apunta a cualquier forma de disciplina que se convierta en sumisión acrítica a jefes y aparatos. Cuando recuperamos sus formulaciones sobre responsabilidad y coordinación, descubrimos un núcleo de convergencia con algunos de los principios que más tarde defenderían quienes hablaron de “minoría activa”: no una vanguardia que sustituye a la clase, sino grupos organizados que, desde la base, buscan aumentar la eficacia de la acción común. Este matiz es crucial: no hablamos de una élite que sabe por todos, sino de compañeras que se comprometen y se forman para intervenir mejor en los procesos sociales.
Respecto a la crítica a la formación interna y al planeamiento estratégico, conviene recordar que la historia de los movimientos sociales y revolucionarios está llena de improvisaciones heroicas que terminaron siendo trágicamente ineficaces. Postular que la preparación equivale a autoritarismo es, en parte, una inversión del problema. La formación no es un mecanismo para cerrar la discusión sino un espacio para clarificar análisis, compartir herramientas y articular prácticas. Evidentemente, no hay garantía de que planear nos haga infalibles, pero actuar sin reflexión previa allí donde sea posible suele ser una forma de reproducir errores evitables. Pensar (no como dogma sino como práctica colectiva) permite también desarrollar formas de respuesta más humildes y adaptativas. La crítica al “mesianismo” es legítima cuando la teoría se pretende dictamen: el peligro surge si se confunde organización con doctrina incuestionable. Pero negar la necesidad de formación porque algunos la usen para imponerse es un reduccionismo que no nos ayuda. Sin formación y democratización del conocimiento, los debates se acaban polarizando (con suerte) en figuras académicas elevadas por encima del resto. Lo saludable es insistir en una formación abierta, crítica y permeable a la discusión. Además, también corremos el riesgo de invisibilizar que precisamente cuando hay que tomar decisiones de forma espontánea y rápida, suelen ser las voces más “autorizadas” las que se imponen. Por lo que desde nuestro punto de vista, la conversación y preparación previa permite un proceso deliberativo mucho más horizontal.1
Por otro lado, la manera en que el artículo interpreta la figura de la “minoría activa” como sinónimo de vanguardia me parece que adolece de simplificación. Por ello, conviene discutir con precisión conceptual de qué estamos hablando: una vanguardia, entendida como élite que dirige desde fuera, es incompatible con principios anarquistas; una minoría activa organizada desde el afecto, humildad y responsabilidad, que se forma y trabaja dentro de los movimientos de masas, no lo es. La discusión central no es si nos organizamos fuera de los espacios amplios, sino cómo lo hacemos. ¿Se trata de crear guetos militantes que despliegan su línea de forma verticla “hacia las masas”, o de articular prácticas simultáneamente internas y públicas que acompañan, fortalecen y aprenden de procesos más amplios? El especifismo propone esto último: organizaciones que no se aislan, sino que se insertan con claridad política y coherencia de medios y fines. Si eso se llama “autoritarismo” por defecto, perdemos la oportunidad de debatir formas concretas de relación entre las formas de organizarnos entre anarquistas y las formas de organizarnos con el resto.
En la lectura que el artículo elabora sobre la revolución española de 1936 también conviene hacer algunos comentarios. Por un lado, parece dar a entender (y me disculpo por adelantado si no es la intención) que el especifismo convergería con las posiciones del PCE/PSUC:
“La revolución de 1936 es un ejemplo de revolución modelizada y un ejemplo de cómo fue leída a la luz de una teleología en la que unos y otros consideraban que no era el momento de la revolución”
Si es ese el significado, sería un análisis del todo incorrecto. No conozco texto alguno del especifismo que plantee tal cosa, de hecho, en general creo que nuestro planteamiento va en dirección contraria. Incluso la cita que se utiliza de Fontenis apunta en esa dirección: que la dirección de CNT y FAI fallaron al movimiento no atreviéndose al famoso “ir a por el todo” preconizado por García Oliver.
Pero, en todo caso, precisamente la revolución de 1936 nos puede servir de ejemplo.2 En ella se combinan elementos de espontaneidad con procesos planificados. Fueron precisamente sectores anarquistas organizados los que tuvieron la capacidad de levantar colectividades, milicias y estructuras de defensa en condiciones de urgencia. No lo hicieron desde la espontaneidad absoluta. Se llevaban años, sino décadas, de preparación y acumulación (no lineal) de fuerzas. La existencia de los cuadros de defensa, y la preparación previa de redes de apoyo no convierte automáticamente a quienes las desarrollaron en autoritarias. Tampoco implica que hacer lo mismo garantice el mismo resultado.
Coincido en que es totalmente imprescindible evitar la lectura teleológica que reduce todo a la supuesta superioridad política de una dirección única. Pero al mismo tiempo, negar que hubo preparación y que esa preparación jugó un papel clave en la capacidad de resistencia es empobrecer la historia. Reconocer que hubo planificación dentro de un movimiento de masas no equivale a celebrar al partido, sino simplemente a comprender la pluralidad de recursos que permitieron sostener la acción colectiva.
También es importante matizar la supuesta omisión o el subrayado insuficiente del papel de Mujeres Libres. Si afirmamos que el especifismo ignora estas experiencias, corremos el riesgo de proyectar sobre una categoría política una incapacidad que la realidad contradice. Embat somos una organización especifista, y reconocemos y reivindicamos el importante papel de tal experiencia. Y también agradecemos el esfuerzo de historiadoras e investigadoras que habéis dedicado tiempo y esfuerzos en visibilizarla y darla a conocer. Para nosotras es un claro ejemplo del tipo de organizaciones anarquistas que defendemos: organización de militantes anarquistas que se reúnen entre ellas, mantienen sus debates y formación, e intervienen en los movimientos de masas. Y, evidentemente, su praxis no era una fórmula de vanguardia autoritaria; más bien, la construcción de capacidades colectivas para intervenir en la vida social y política con la autonomía suficiente para enfrentarse a los obstáculos (que en muchos casos ponían sus propios compañeros libertarios). Negar esa experiencia como parte del legado del anarquismo organizado es perder un referente valioso para pensar cómo confluyen especificidad y movimiento de masas en clave anarcofeminista.
Sobre la relación entre acción y teoría, en el artículo se afirma que “ninguna teoría ha transformado nunca la realidad” y plantea, desde mi punto de vista con razón, que la praxis tiene un peso crucial. Sin embargo, presentar esa idea como una excusa para desestimar el trabajo teórico en su dimensión organizativa es empobrecer la reflexión colectiva. La teoría, cuando se entiende como instrumento para comprender condiciones y articular tácticas, no es un dogma sino una herramienta más en el arsenal transformador. El peligro real aparece cuando la teoría se instrumentaliza para justificar imposiciones. Por el contrario, una teoría crítica y situada puede multiplicar la capacidad de las fuerzas sociales para actuar con sentido de conjunto sin perder el respeto por la autonomía de las prácticas concretas. Criticar una teorización desarraigada de la práctica es legítimo y necesario; hacerlo de forma totalizadora hace imposible pensar estrategias mínimas de coordinación y autoformación que muchas veces son imprescindibles para sostener luchas prolongadas.3
En relación a la inserción social también creo que hay algunas diferencias de concepto. Cuando el especifismo habla de “inserción”, no se trata de un gesto de superioridad intelectual o moral. Se trata de reconocer que la organización específica debe convivir y relacionarse en los espacios más amplios y que no puede actuar de forma aislada. El dualismo organizacional —estructuras anarquistas propias y participación activa en movimientos amplios— es una apuesta por la complementariedad: la organización específica no sustituye ni dirige, sino que aporta capacidades organizativas, prácticas de solidaridad y análisis compartidos que pueden hacer más coherente y robusto un proceso social. La alternativa, una organización difusa que renuncie a cualquier coherencia estratégica, también conlleva riesgos: invisibilización, pérdida de recursos y dificultad para sostener compromisos colectivos en el tiempo. La pregunta clave no es “¿organizarse o no?” sino “¿cómo organizarnos para potenciar, no para ahogar ni dirigir, las luchas populares?”.
El tratamiento de la experiencia de la Organisation Pensée Bataille y la crítica del Grupo Kronstand exige también una lectura afín a la contextualización. Por un lado, que esa sea precisamente la única experiencia práctica del especifismo que se analiza en el artículo me parece que no permite una discusión honesta de la cuestión. No creo que sea algo que haya que poner debajo de la alfombra. Hay que analizar y evaluar críticamente cualquier desarrollo práctico. Pero que la OPB llevara a cabo prácticas autoritarias no invalida los elementos analíticos y estratégicos del especifismo. Acaso cualquier ejemplo de prácticas autoritarias en el anarcosindicalismo (de las que por desgracia tenemos multitud de ejemplos) nos lleva a rechazar su vigencia y valor? Es peligroso y poco honesto usar casos particulares como sinónimo de la teoría completa; más útil es examinar qué condiciones favorecen esas desviaciones y cómo construir mecanismos que preserven la horizontalidad y la apertura sin renunciar a la disciplina ética que permite sostener proyectos colectivos. Y, sobretodo, si hay que analizar casos prácticos, sería interesante hacerlo en base a una muestra amplia de ellos, no solo los que justifiquen nuestras posiciones.
Por ello, me parece muy acertado mencionar la cuestión de la ética. Creo que coincidiremos en que sea cual sea el tipo de organización, sin el desarrollo de una ética compartida entre militantes, habrá siempre actitudes opresivas. No existe un tipo de forma de organizarse que nos “libere” automáticamente de todo lo que el sistema de dominación nos ha inculcado. Puede haber formas de organizarnos que nos permitan deshacernos de ello con mayor o menor facilidad. Hacia ahí creo que es interesante tener el debate.
Por otro lado, en cuanto a la “disciplina” que se menciona como problemática en el artículo, creemos que conviene recuperar la formulación de Malatesta de ya hace más de un siglo:
“Disciplina: hete aquí la gran palabra de la cual se sirven para paralizar la voluntad de los trabajadores conscientes. Nosotros también pedimos disciplina, porque, sin entendimiento, sin coordinación de los esfuerzos de cada uno hacia una acción común y simultánea, la victoria no es materialmente posible. Pero la disciplina no debe ser una disciplina servil, una devoción ciega a los jefes, una obediencia a aquel que siempre habla para no tener que moverse. La disciplina revolucionaria es la coherencia con las ideas aceptadas, la fidelidad a los compromisos asumidos, es sentirse obligado a compartir el trabajo y los riesgos con los compañeros de lucha no como obediencia acrítica, sino como fidelidad a compromisos, corresponsabilidad y solidaridad en la acción”
Este tipo de disciplina es ético-política: exige reciprocidad, exposición compartida al riesgo y coherencia entre medios y fines. Debemos criticar toda disciplina que se convierta en coacción; y a la vez esforzarnos por pensar normas y prácticas que sean asumidas libremente pero que permitan sostener proyectos colectivos que no dependan de la improvisación constante o de la volubilidad individual (especialmente en un contexto de sociedad liquida y capitalismo libidinal como en el que vivimos).
Finalmente, y regresando al corazón del texto, si el especifismo se define como la necesidad de organizaciones de militantes anarquistas que comparten objetivos y estrategias, y que además participan codo con codo en los movimientos sociales, la discusión debería centrarse en las formas concretas de esa relación. Desde mi punto de vista, el artículo acierta al plantear interrogantes sobre la uniformidad programática y la tentación de homogeneizar, pero falla si no propone alternativas organizativas plausibles. Si como se defiende en el artículo “siempre va primero la acción”, hecho en falta propuestas que nos permitan proseguir el debate en clave constructiva.
¿Deberíamos reducirnos a asambleas de base sin ninguna coordinación? ¿A grupos de afinidad coordinados? ¿A una política puramente ad-hoc que depende de circunstancias efímeras? Ninguna de estas alternativas está exenta de costos. Por eso la tarea política que tenemos por delante no es elegir entre organización o espontaneidad, sino inventar formas flexibles y democráticas, que nos permitan acumular fuerza social, prefigurar en el ahora la sociedad que queremos, que respeten la autonomía de las luchas concretas al tiempo y que permitan sostener procesos de formación, memoria y cuidado mutuo que son indispensables para resistir en el largo plazo.
En suma, creo que hay el artículo aporta críticas valiosas, porque nos fuerzan a reflexionar y a exponer mejor nuestras posturas. Pero para que esa reflexión sea productiva debe partir de lecturas más matizadas de la historia y de definiciones precisas de los términos que utilizamos sin quedarnos en la superficie. Me parece necesario dejar de identificar de forma automática organización con autoritarismo y, en su lugar, abrir un diálogo práctico sobre cómo construir organizaciones que sean coherentes con la ética anarquista: solidarias, responsables, críticas y permeables. Esa es la apuesta: una organización que se forma, que se compromete y que aprende a renunciar al protagonismo para acompañar la potencia de las luchas compartidas. No porque tengamos la solución definitiva, sino porque pensamos que esa articulación concreta —entre lo específico y lo colectivo, entre teoría y praxis, entre formación y acción— es una de las maneras más honestas de seguir haciendo anarquismo hoy.
Notas:
[1] También me parece señalar que identificar el especifismo (corriente que se desarrolla principalmente en Latinoamérica) como “planteamiento tan occidental”, y precisamente hacerlo desde Europa, es cuanto menos problemático.
[2] Aunque no único. Muchas otras experiencias nos llevan a las mismas conclusiones. Para una revisión histórica desde el especifismo, puede leerse el libro de reciente publicación Bandera Negra.
[3] También me merece una reflexión sobre qué sentido tendría llevar a cabo reflexión teórica o la publicación misma de revistas libertarias teóricas, si su valor es nulo.
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Sobre el uso de medidas administrativas preventivas en Europa
24 de desembre de 2025, per adiospgou24/12/2025
Fuente:¿Cómo es posible que un ciudadano europeo sea detenido, controlado, interrogado, incluso expulsado o incluso arrestado y detenido por haber cruzado una frontera de la UE, sin que se le acuse de ningún delito?
EL HECHO.
El viernes 21 de noviembre de 2025, la ilustradora y dibujante italiana Elena Mistrello abordó un avión con destino a Toulouse, Francia. Se dirigía a uno de los numerosos festivales de cómic a los que asiste cada año, invitada a firmar ejemplares de su primer libro, traducido al francés. Nada más aterrizar, antes incluso de entrar en el aeropuerto, tres agentes de la Policía Nacional la detuvieron y le comunicaron inmediatamente que tenía prohibida la entrada a Francia. Intentó explicarles que estaba allí por trabajo y que era imprescindible asistir a la feria. Los agentes fueron inflexibles: en su opinión, la dibujante representaba «una amenaza para el orden público y la seguridad nacional francesa», a pesar de no tener antecedentes penales ni cargos pendientes, ni en Italia ni en Francia. Sin más explicaciones, en quince minutos la subieron de nuevo al mismo avión en el que llegó, con una orden de expulsión francesa en el bolsillo.A su regreso a Milán, Elena relató su historia en un breve artículo publicado en su blog, que recibió una amplia cobertura. La cobertura mediática del episodio provocó indignación y numerosas preguntas entre la opinión pública italiana y francesa.
Dada esta atención, creemos que es importante situar el incidente en un contexto más amplio, ya que, lamentablemente, no se trata de un hecho casual ni aislado.
Como Elena también menciona en su artículo, es muy probable que esta expulsión esté relacionada con las grandes movilizaciones internacionales antifascistas y anticapitalistas que tuvieron lugar en Europa en 2023, y su historia es solo la última de una larga serie de «anomalías». De hecho, en los últimos dos años y medio, decenas de activistas y militantes italianos han sido detenidos, vigilados, interrogados, en algunos casos expulsados e incluso arrestados y retenidos durante varios días por cruzar fronteras europeas, sin ser acusados de delitos específicos, sino simplemente por ser considerados genéricamente «peligrosos » .
Por lo tanto, queremos partir de este caso para ampliar nuestra perspectiva y arrojar luz sobre un problema cada vez más sistémico que ya no puede ignorarse.
ANTECEDENTES.
2023 es un año especial para la historia y la memoria del movimiento antifascista europeo. Se cumplen veinte años de la muerte de Davide Cesare «Dax», asesinado en Milán en 2003, y diez años de las muertes de Clément Meric, asesinado en junio de 2013 en París, y Pavlos Fyssas, «Killah P», asesinado en septiembre de 2013 cerca de Atenas.
Este año se organizaron decenas de reuniones, asambleas, manifestaciones y conciertos en varios países. Antifascistas y anticapitalistas de toda Europa (y más allá) se reunieron en Milán, París, Atenas y Madrid para debatir, intercambiar experiencias y construir una perspectiva común sobre la lucha. Los gobiernos y las fuerzas policiales europeas, obviamente, no estaban contentos con esto: la creación de esta red fue inmediatamente atacada.
En este contexto, en junio de 2023, un nutrido grupo de camaradas italianos llegó a París para participar en la semana de conmemoración en honor a Clément Meric. Entre ellos se encontraba la caricaturista Elena Mistrello.
Los conciertos, asambleas y manifestaciones fueron públicos y transcurrieron sin incidentes ni tensión, pero ya durante estas iniciativas, tres camaradas italianos fueron acosados, esposados y arrestados en una farmacia y luego deportados a un CRA (el equivalente francés de un CPR, centro de detención administrativa para migrantes) para su expulsión. No se les acusa de ningún delito ni se les considera personas «peligrosas».En una situación kafkiana, durante todo el primer día, los tres camaradas no recibieron ninguna explicación de lo que estaba sucediendo. Solo por la noche descubrieron que el entonces ministro del Interior francés, Gerard Darmanin, había emitido una medida llamada IAT (Interdicción Administrativa del Territorio) contra ellos y otros antifascistas, una prohibición de estar en suelo francés, precisamente con motivo de la semana de conmemoración de Clément.
El prefecto solicitó una detención de un mes, prorrogable a tres meses en espera de su expulsión. Sin embargo, los camaradas lograron apelar ante un juez: el tribunal declaró ilegítima su detención y al tercer día fueron liberados (dos años después, la IAT también sería declarada ilegítima por basarse en criterios demasiado amplios, y el ministro Darmanin fue condenado a pagar las costas judiciales del caso).
Pero la historia no había terminado. En los meses y años siguientes, se registraron numerosas «anomalías» en los controles fronterizos de decenas de italianos que participaron en las manifestaciones parisinas de 2023. El caso de Elena es solo el más reciente y el más impactante. En los últimos dos años y medio, se han producido innumerables incidentes de controles, largos interrogatorios, retrasos exagerados en la entrega de pasaportes y dificultades para cruzar las fronteras europeas, tanto por motivos personales como laborales. Sabemos con certeza que, para al menos veinte personas, esta situación se ha vuelto sistemática. A estos casos se suman los de casi un centenar de italianos devueltos en la frontera francesa por las autoridades de inmigración italianas (IAT) en 2023 cuando llegaban a una manifestación contra el TAV, los casos de expulsión de activistas propalestinos de Alemania y los cinco italianos que se dirigían a Hamburgo mientras se celebraba una conferencia antimilitarista, expulsados en noviembre de 2025.
Sin embargo, es probable que los casos reales sean muchos más.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
¿Cómo es posible que un ciudadano europeo sea detenido, controlado, interrogado, incluso expulsado, o incluso arrestado y retenido por cruzar una frontera de la UE sin ser acusado de ningún delito?
La respuesta reside en el uso cada vez más extendido de medidas administrativas y preventivas.
¿Pero qué son? Son un conjunto de medidas que limitan la libertad de movimiento (por ejemplo, prohibiciones de entrada o salida de ciertas zonas, ciudades o países, prohibición de salir de casa a ciertas horas, prohibición de cruzar ciertas fronteras e incluso detenciones). Son «administrativas» en el sentido de que no son «penales»: no castigan un delito específico, sino la «conducta personal» en general. No las decide un juez ni se basan en un juicio: las dicta el Ministro del Interior o el Prefecto, basándose en las indicaciones de la policía, que considera a ciertas personas «peligrosas» o «sospechosas» en términos generales. Son «preventivas» porque no castigan un delito ya cometido, no se basan en una condena ni en una denuncia específica, sino que limitan la libertad de las personas que, en opinión de la policía, «podrían» delinquir en el futuro.Por esta razón, no diferencian entre personas con antecedentes penales y sin ellos, entre quienes tienen denuncias y juicios pendientes y quienes no. Potencialmente, pueden afectar a todos.
Es evidente que medidas de este tipo se encuentran en una zona gris que roza el Estado de derecho y los valores de la democracia liberal, al menos en teoría: a un buen ciudadano democrático le resulta difícil imaginar limitar las libertades fundamentales de las personas sin el debido proceso.
De hecho, algunas de estas medidas nacieron como estrategias «excepcionales» para combatir el «terrorismo internacional»: ante el riesgo de «terrorismo», muchos consideran aceptable hacer algo que no sea perfectamente «democrático» y «liberal».Sin embargo, como suele ocurrir, su uso se ha extendido instrumentalmente a muchas otras categorías de personas, pasando de ser una «excepción» a ser más una regla.
Provenientes de la lucha contra el terrorismo, algunas de estas medidas pueden estar protegidas por el secreto y no requieren necesariamente notificación previa: incluso si usted es ciudadano europeo, su presencia en un país de la UE puede ser sospechosa o ilegal sin su conocimiento. Precisamente por esta razón, puede ser vigilado, interrogado, expulsado o incluso arrestado sin presentar ninguna denuncia formal.
Absurdo?
Sí.
Antidemocrático?
Quizás.
Pero así es exactamente como funciona.AMPLIANDO LA PERSPECTIVA.
Desde 2023, el uso de estas medidas contra activistas políticos se ha generalizado en Europa, especialmente en Italia, Francia y Alemania.
Lamentablemente, esta tendencia no debería sorprendernos. Los Estados europeos llevan décadas utilizando medidas administrativas contra migrantes y personas racializadas, quienes son detenidas, vigiladas, rechazadas y expulsadas a diario, encerradas durante meses o años en centros de detención administrativa (CPR/CRA), o abandonadas a su suerte en el mar o en la montaña, en un silencio casi absoluto. }
La libertad de movimiento, los derechos, la democracia y la garantía de protección para la seguridad y la dignidad simplemente no existen y nunca han existido si no se tiene un pasaporte «occidental» o si no se tiene dinero.
Si bien esto puede parecer una excepción absurda para los ciudadanos europeos de hoy, para muchos siempre ha sido la norma. En Palestina, por ejemplo, la detención administrativa (preventiva, sin justificación ni juicio) es la forma más común utilizada por Israel para reprimir al pueblo palestino.
Arrestar, detener y expulsar con fines preventivos no son legados de países en guerra ni de países no occidentales; al contrario, cuentan con el pleno apoyo y son ampliamente utilizados por aquellos países que se proclaman «democráticos».
Incluso en Europa, la libertad de movimiento y la libertad personal nunca están realmente garantizadas para nadie. Los Estados siempre tienen el poder de revocar o limitar derechos, sin el debido proceso. Tener un pasaporte de la Unión Europea es (y sigue siendo) un privilegio enorme, pero sus garantías ahora solo importan hasta cierto punto.
Ya seas antifascista, propalestino, anticapitalista, antiimperialista o defensor de la justicia social y climática, tu libertad de movimiento es otorgada o revocada arbitrariamente por la policía y los Ministerios del Interior.
Porque no solo importa lo que haces, sino también, y sobre todo, lo que eres, lo que piensas y dices, las personas y los espacios que frecuentas.
Por eso es importante luchar contra estas medidas represivas, para que nadie vuelva a ser víctima: la restricción de la libertad ajena siempre nos preocupa y nos concierne a todos.
Creemos que la situación europea es particularmente grave en este momento. En este período de gran crisis económica y política mundial, con el genocidio en curso y el «bloque occidental» apresurándose hacia el rearme y la guerra, creemos que este tipo de represión solo empeorará.
Históricamente, la preparación para la guerra siempre ha comenzado reprimiendo la disidencia interna antes de atacar a un enemigo externo.
Quienes se oponen a estas políticas serán cada vez más perseguidos, especialmente si la disidencia adquiere una dimensión internacional. Las relaciones, los viajes y la solidaridad entre diferentes pueblos suponen un peligro para unos Estados que se vuelven cada vez más autoritarios.
Entre los activistas y militantes, los más gravemente afectados son, obviamente, los migrantes, los solicitantes de asilo, los ciudadanos sin ciudadanía y los palestinos. Para ellos, recibir medidas administrativas de este tipo podría significar perder su permiso de residencia o su derecho de asilo, ser recluidos durante meses o años en un centro de detención o ser expulsados a países donde sus vidas correrían peligro, como podría haberle ocurrido en Italia a Mohamed Shahin, un imán de Turín, quien fue arrestado y posteriormente liberado.
Quienes no tienen el privilegio de poseer un pasaporte «occidental» corren, como siempre, un riesgo infinitamente mayor.
Quienes poseen un pasaporte europeo e, incluso enfrentando menores riesgos, tienen la fortuna de recibir más atención mediática, ahora tienen el deber de hablar abiertamente sobre estas medidas, que potencialmente afectan a todxs.
Creemos que es hora de tomar este asunto en serio.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA.
Este uso cada vez más extendido de medidas administrativas y preventivas forma parte de una cooperación cada vez más estrecha entre las fuerzas policiales europeas. Es importante recordar que esta acción complementa la durísima represión criminal contra grupos e individuos que luchan. En este frente también se ha observado un salto cualitativo a partir de 2023. La prueba más contundente son los juicios simulados por los sucesos de Budapest y la asociación fantasma «Antifa Ost», a la que apoya la campaña de solidaridad internacional «FREE ALL ANTIFAS» ( https://freeallantifas.noblogs.org/).
Los incidentes de Budapest y «Antifa Ost» son los ejemplos más graves y contundentes del implacable ataque al antifascismo internacional, en el que destacan los gobiernos húngaro y alemán, y en el que hemos visto a varias fuerzas policiales de la UE cooperar con las «órdenes de detención europeas». También queremos recordar otros episodios menores pero significativos, como la disolución de los grupos «GALE – Groupe Antifasciste Lyon et Environs» y «La Jeune Garde» por parte del gobierno francés.
La represión de los movimientos antifascistas no es responsabilidad de gobiernos autoritarios individuales, sino un fenómeno europeo: las fuerzas policiales de varios países colaboran fichando a sus ciudadanos, creando listas genéricas de «sospechosos» e intercambiando información sobre sus movimientos.
Ni los juicios en Alemania y Hungría, ni las «órdenes de detención europeas», ni los controles, deportaciones y detenciones en Francia y Alemania serían posibles sin este tipo de colaboración.
Finalmente, en un contexto global, recordamos también la reciente inclusión de grupos «Antifa» (incluidos los europeos) en la lista de organizaciones terroristas de Trump, y la escalada de la represión contra el antifascismo militante en Estados Unidos, una operación que abre escenarios represivos cada vez más inquietantes.
CONCLUSIONES:
En una Europa que gira cada vez más a la derecha y se encamina rápidamente hacia la guerra, creemos que es esencial centrarnos en todas las dinámicas descritas y encontrar conjuntamente las contramedidas necesarias. Hoy, necesitamos toda nuestra inteligencia, determinación y creatividad para tener una perspectiva amplia y mantener unidos a los distintos niveles. También sabemos que apelar a las instituciones no es suficiente: se necesita una respuesta política contundente y colectiva.
La libertad de movimiento es un requisito esencial tanto para las necesidades legítimas de las personas como para la acción política de activistas y militantes, especialmente desde una perspectiva internacionalista.
Con este comunicado de prensa (traducido a varios idiomas) queremos llegar al mayor número posible de personas para:
• Concienciar sobre el uso de medidas preventivas y administrativas
• Comprender y difundir al máximo su funcionamiento
• Conocer y recopilar otros casos similares (estamos seguros de que hay muchos)
• Unir a simpatizantes, activistas, militantes y abogados para difundir información y generar solidaridad
• Ayudar a las personas afectadas por estas medidas a recibir asistencia y protección legal
• Desarrollar un análisis político sobre el uso de medidas preventivas y administrativas en la actual fase histórica
• Expresar nuestra solidaridad con todos los antifascistas y compañeros detenidos y afectados por la represión, con todos los presos políticos palestinos y con todas las personas detenidas en CRA/CPR
• Proteger y reclamar nuestros espacios de acción.Solicitamos la máxima difusión y esperamos poder iniciar un debate colectivo lo antes posible.
de TODOS LIBRESAsamblea para la construcción de las jornadas de Dax (Milán)
Fuente: https://daxresiste.noblogs.org/schengen-police-connection/
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Pasaje Seguro denuncia el acoso criminal y xenófobo a personas migrantes sin hogar en Badalona
24 de desembre de 2025, per adiospgou24/12/2025
Fuente:PASAJE SEGURO DENUNCIA EL ACOSO CRIMINAL Y XENÓFOBO A PERSONAS
MIGRANTES SIN HOGAR EN BADALONAEl grupo ciudadano manifiesta su indignación ante la oleada de violencia institucional que se
está produciendo en Badalona, contra cientos de personas migrantes que se veían obligadas a malvivir en el edificio de un centro escolar abandonado debido a la falta de alternativas
habitacionales con un mínimo de dignidad, y para evitar tener que dormir en la calle.Hay que empezar diciendo que entre estas personas migrantes hay niños y niñas, personas
enfermas, y que muchas de estas personas trabajan y se buscan la vida; algunos con contratos legales, los más trabajando en negro para tanto empresario patriota que no quiere trabajadores migrantes con derechos, sino mano de obra sierva. La recogida de chatarra, la construcción, la recogida de fruta son algunas de las actividades esenciales a las que estas personas se dedican.Actividades tan esenciales como mal pagadas, a lo que se une la subida especulativa de los alquileres y la falta de políticas públicas que promuevan la creación de una red de albergues públicos que puedan asistir al creciente número de personas, tanto migrantes como nacionales, que se ven imposibilitados de acceder a una vivienda digna aunque dispongan de un trabajo. Lo que incrementa inevitablemente el sinhogarismo y la ocupación de edificios abandonados.Esta situación de injusticia y de exclusión, corregible con un mínimo de voluntad política, la
aprovecha en Badalona el alcalde del PP, Xavier García Albiol, para lanzar un ataque directo
racista contra las personas migrantes y la convivencia, un pogrom como el que ya lanzó en 2011 contra migrantes rumanos. Garcia Albiol, auténtica punta de lanza de las políticas racistas migratorias con las que el PP quiere emular a Vox, promueve una orden de desalojo del edificio abandonado, criminalizando a sus residentes con acusaciones indemostradas de delincuencia y sin ofrecer ninguna alternativa habitacional, como sería su obligación, a las personas que pretende desalojar. La jueza que concede la orden de desalojo, en base a la insalubridad del edificio, lo hace bajo la premisa de que se alojará debidamente a las personas desalojadas. Sin embargo, García Albiol anuncia que en ningún caso acogerá a los expulsados y que los acoja Pedro Sánchez (sic). ¿Hay quién de más? Pues sí, la jueza no suspende un desalojo que la autoridad municipal se niega a cumplir en su totalidad, y el President de la Generalitat, Salvador Illa, dice que hay que cumplir la orden de desalojo, pero no facilita ni impone ninguna solución habitacional. Días después de un desalojo desalmado que incumple sus propios fundamentos, son los movimientos ciudadanos de solidaridad los que están haciendo frente a la situación, mientras las administraciones públicas arrastran los pies.Si hubiera habido un incendio, o una inundación que hubiera obligado a abandonar varios
edificios, las administraciones públicas hubieran alojado a las personas afectadas en albergues o instalaciones públicas y hubieran utilizado temporalmente recursos de hoteles y pensiones, la ley lo permite. En este caso, se procede a un desalojo por razones de higiene y salubridad, el alcalde dice que no alojará a los afectados y la jueza que firma la orden, y el Presidente de la Comunidad Autónoma, permiten que el desalojo se lleve adelante y la gente se quede en la calle. Violencia institucional más incumplimiento de la ley, a lo que se añade la estigmatización y criminalización de las personas migrantes afectadas, poco más o menos el programa de la extrema derecha.No vamos a aceptar este bucle de deshumanización que pretende la reducción a la servidumbre de las personas migrantes y su segregación, aceptarlo es desaparecer como sociedad democrática, es abrir paso a la servidumbre y la segregación de lo que quede de ciudadanía después. Vamos a pelear por el sentido común de la igualdad entre personas que viven y trabajan juntas, cuyos problemas no son los de la nacionalidad que tienen ni la religión que profesan, son los de la vivienda, el coste de la vida, la sanidad, la educación. Toda sociedad digna es la que mezcla a las personas que la construyen con su trabajo y su presencia. Optar por el odio y la xenofobia es la garantía para la desigualdad y la violencia, y está claro que la extrema derecha va por ese camino que no vamos a seguir.
Exigir el mero cumplimiento de la ley, exigir que se proceda a la regularización de las personas migrantes que deberían tener papeles desde hace años, facilitar la llegada ordenada de las personas migrantes mediante la apertura de rutas seguras para migrar, y el establecimiento de cupos realmente adecuados a la demanda de trabajo y de vida que Europa tiene; son instrumentos mucho más realistas y prácticos que la explotación desmedida de personas sin papeles a las que segrega. No necesitamos protegernos de otros seres humanos, necesitamos trabajar y vivir juntos con los mismos derechos y deberes.
En Cantabria, el cumplimiento de esa ley, la mínima humanidad y racionalidad nos llevan a
recordar al Gobierno regional que cumplir la norma de acogida de los niños y niñas migrantes
hacinados en Canarias que le corresponden, doce hasta ahora, es una obligación honrosa. Por lo que deberían enorgullecerse de ese cumplimiento, ahorrándonos la vergüenza de recursos adobados con la retórica racista que copian de Vox.Imagen extraída por Briega de Elinsurgente
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Agricultura más allá del Estado y el mercado
23 de desembre de 2025, per adiospgou23/12/2025
Fuente:Agricultura más allá del Estado y el mercado
Análisis, 22 de diciembre
El control gubernamental y corporativo ha vaciado la vida rural en Grecia y a nivel internacional, pero una alternativa antiautoritaria basada en el bien común es posible. ~ desde Babilonia ~
El mito de que el Estado sirve al interés público se está derrumbando por todos lados. Se derrumba en el transporte, donde la "seguridad" se medía en muertes en Tempi. Se derrumba en la sanidad, que opera en un estado de crisis permanente. Se derrumba en la energía, entregada a los monopolios. Se derrumba en la vivienda, que ha pasado de ser un derecho social a un producto de inversión. Y hoy se derrumba de la forma más brutal en la producción agrícola.
La imagen de los agricultores en las carreteras es el resultado visible de un sistema en el que los partidos políticos, el Estado y las élites capitalistas gestionan los recursos públicos como si fueran de su propiedad, transfiriendo el coste de las crisis a quienes carecen de poder institucional.
El escándalo en OPEKEPE y la intervención de la Fiscalía Europea no solo expusieron prácticas corruptas. Revelaron cómo la política agrícola se ha transformado en un campo de redes clientelares, cobertura política y saqueo económico. Justo cuando intermediarios, personas con información privilegiada y círculos empresariales desviaban los fondos de la UE, miles de verdaderos productores se volvieron totalmente dependientes de un flujo de dinero controlado por mecanismos a los que no tienen acceso. Cuando este sistema se estanca, la producción se congela, no porque los agricultores no produzcan.
La crisis de pagos es una característica estructural de un Estado que funciona como intermediario entre los fondos europeos y las redes de poder nacionales. Los controles, necesarios para el restablecimiento más básico de la legalidad, se convierten en armas de castigo masivo contra los más débiles. La corrupción sigue siendo sistémica, mientras que la "limpieza" se aplica horizontalmente a expensas de quienes tienen menos poder.
En este marco, el agricultor se presenta como un "emprendedor" que debe adaptarse o como un actor "subvencionado" cuya legitimidad solo existe a través de la dependencia del sistema. Sin embargo, en realidad, el agricultor funciona como un portador de riesgo. Asumen el coste climático, económico y social de la producción, mientras que las decisiones cruciales sobre precios, insumos (agua, energía, fertilizantes, semillas), el valor de la tierra y los productos las toman las multinacionales, los bancos, las redes concentradas de comercio y distribución, y los mecanismos estatales que les sirven.
Cuando este régimen se tambalea, el Estado se enfrenta a la sociedad. A medida que la crisis climática y la escasez de recursos erosionan la estabilidad del modelo capitalista, el Estado se vuelve más autoritario, más disciplinario y más agresivo con la sociedad. No protege la producción; protege su arquitectura institucional, redistribuye las pérdidas y, por lo tanto, revela el verdadero callejón sin salida político. La pregunta que surge, por lo tanto, es quién controla la producción agrícola, para quién y bajo qué condiciones, y si, en este momento, ese control puede permanecer en manos del Estado y las élites capitalistas en un mundo de colapso ecológico y desintegración social.
La trayectoria histórica de la PAC
La crisis del sector agrícola en Grecia no es temporal ni resultado de una mala implementación. Es el resultado de una larga trayectoria histórica de decisiones políticas implementadas con la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea como eje central. Para comprender la asfixia actual del sector agrícola —económica, ambiental y social—, debemos considerar la PAC no como una herramienta técnica para regular la producción, sino como un mecanismo de gestión política y consenso social a escala europea. Históricamente, se construyó para absorber las crisis, pero termina reproduciéndolas bajo nuevas formas. La crisis climática no crea este callejón sin salida; lo multiplica y lo hace visible.
La PAC se estableció a principios de la década de 1960, en el marco del Tratado de Roma, como respuesta a la seguridad alimentaria como un imperativo europeo de posguerra. Los desafíos eran claros y profundamente estatizados. La agricultura se consideró un sector estratégico de seguridad, al mismo nivel que la energía y la industria. El objetivo era aumentar la producción, estabilizar los mercados y asegurar los ingresos de los agricultores mediante precios garantizados y mecanismos de organización común de mercados. En este contexto, el agricultor se concebía más como un eslabón de un sistema de producción en masa, mientras que el poder se concentraba en la planificación y la regulación.
Ya en la década de 1970, con el Plan Mansholt, se hizo evidente que la PAC no solo buscaba apoyar las estructuras agrícolas existentes, sino reestructurarlas profundamente. La búsqueda de mayores explotaciones, la concentración de la producción y el aumento de la productividad marcaron el primer intento sistemático de transformar la agricultura en un sistema agroindustrial de alta eficiencia. La crisis emergente ya no era de escasez, sino de desajuste entre las sociedades rurales tradicionales y un modelo de producción intensificada que requería capital, tecnología y escala.
En la década de 1980, se hizo evidente una contradicción fundamental de la PAC inicial. El mismo sistema diseñado para aumentar la producción agrícola comenzó a producir más de lo que se podía consumir o absorber. La sobreproducción no era una señal de éxito, sino un problema. Los excedentes masivos —conocidos como "montañas de mantequilla" y "lagos de vino"— convirtieron la política agrícola en una cuestión de gasto público y legitimidad social. En lugar de cambiar el modelo, la producción continuó siendo regulada central y jerárquicamente mediante nuevos mecanismos de control, como cuotas y retiradas de productos.
En 1992, la PAC entró en una nueva fase con la llamada reforma McSharry. No se trataba de un mero ajuste técnico, sino de una respuesta a una crisis política más profunda. La agricultura intensiva ya había causado graves impactos ambientales, el coste de la política era objeto de controversia social y las presiones del comercio internacional dificultaban la defensa del modelo anterior. Para preservarlo, la PAC cambió su discurso. El apoyo a los agricultores ya no estaba directamente vinculado a los precios de los productos, sino a los ingresos, y la agricultura se redefinió como «multifuncional». Ahora se esperaba que no solo produjera alimentos, sino también que mantuviera los paisajes, los ecosistemas y la cohesión social en las zonas rurales.
Sin embargo, esta expansión fue en gran medida retórica. El poder permaneció concentrado en las instituciones, los Estados y los mecanismos tecnocráticos europeos que interactuaban con los mercados, las empresas de insumos y las redes comerciales, excluyendo a los productores de cualquier participación sustancial en la toma de decisiones. La política adoptó cada vez más la forma de una gestión tecnocrática. Toda demanda social o ambiental se traducía en indicadores, medidas, controles y regímenes de elegibilidad, convirtiendo el consenso en una cuestión de cumplimiento en lugar de una elección democrática.
Con la Agenda 2000, la PAC intentó demostrar que no solo se centraba en la cantidad de producción, sino también en el desarrollo rural en su conjunto. Se introdujo el llamado segundo pilar, que aparentemente abordaba el desarrollo local, la cohesión social y la infraestructura rural. Sin embargo, la arquitectura de la política se mantuvo prácticamente inalterada. Los principales flujos de recursos y poder siguieron estando determinados centralmente, mientras que se instó a las comunidades locales a "adaptarse" dentro de marcos predefinidos de cumplimiento administrativo en lugar de la planificación democrática.
El período comprendido entre principios de la década de 2000 y 2020 marcó un cambio más profundo en la PAC, lo que podría describirse como la PAC de la disciplina. Las subvenciones se desvincularon de la producción y se presentaron como herramientas de modernización y competitividad. Esta decisión pretendía limitar la sobreproducción sin cambiar el modelo dominante y alinear la PAC con las normas del comercio internacional y del mercado. En la práctica, el riesgo económico y climático se transfirió casi por completo al productor. Los precios se dejaron en manos del mercado, las pérdidas no se compensaron colectivamente y las ayudas se otorgaron solo bajo condiciones de cumplimiento. Los ingresos ya no dependían de qué y cómo se producía, sino de si el agricultor cumplía con una red cada vez más compleja de normas, controles y requisitos administrativos. El conflicto político sobre la producción, los precios y los mercados se despolitizó y fue reemplazado por la vigilancia burocrática.
En este marco, se trataba al agricultor según si cumplía o no con los requisitos administrativos. La producción servía principalmente para mantenerlo dentro del sistema, aceptando el riesgo individual y aceptando colectivamente la despolitización de la producción agrícola.
La fase más reciente de la PAC, para el período 2021-2027, incorpora explícitamente la crisis climática en su discurso y sus herramientas. Los ecoesquemas, los compromisos ambientales y los planes estratégicos nacionales se presentan como evidencia de una nueva PAC "verde". Sin embargo, los requisitos ambientales aumentan sin que se produzcan cambios sustanciales en el control de recursos críticos: agua, tierra, energía, acceso al mercado y seguros contra riesgos.
La crisis climática actúa así como un multiplicador de todas las crisis anteriores —de producción, ingresos, legitimidad y resiliencia—, revelando los límites de un sistema que se reforma incesantemente sin redistribuir el poder.
La crisis climática, además, no llega en un terreno neutral. Se adentra en un panorama rural ya de por sí desigual. En Grecia, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y las olas de calor afectan desproporcionadamente a los pequeños y medianos productores. A medida que aumenta el riesgo climático, el control sobre los insumos permanece concentrado, los seguros son inadecuados o costosos, las compensaciones se retrasan y la «adaptación» se traduce en nuevas inversiones que los productores deben financiar por sí mismos. Así, en lugar de convertirse en una oportunidad para el rediseño democrático de la producción y los recursos comunes, la crisis climática tiende a convertirse en una herramienta para acelerar la concentración. Quienes pueden asumir el riesgo sobreviven; el resto se retira.
Por qué las soluciones dominantes son insuficientes
Las respuestas dominantes a la crisis agrícola se presentan bajo diversos nombres —modernización tecnológica, innovación, digitalización, transición verde, instrumentos financieros—, pero comparten una característica común: no cuestionan la estructura de poder dentro de la cual opera la producción agrícola.
La tecnología, por ejemplo, se presenta como una solución neutral. Sin embargo, en la práctica, la digitalización de la agricultura sin control de datos convierte al agricultor en un proveedor pasivo de información para terceros. Los datos sobre el suelo, los cultivos, el agua y el clima son recopilados, analizados y explotados por plataformas, empresas de insumos o actores financieros, sin que los productores tengan una participación significativa en su uso. El conocimiento se extrae del campo y se reintroduce como un servicio de pago.
De igual manera, se promueve la innovación como motor de la transición sin abordar la propiedad y el control. Cuando la innovación se introduce como un paquete de tecnologías, certificaciones y servicios de consultoría sin estructuras colectivas de propiedad y gestión, se pide a los productores que se «modernicen» sin co-configurar las herramientas que determinan su producción. Incluso las cooperativas, a menudo presentadas como una respuesta a las debilidades individuales, no son garantía de cambio. Cuando reproducen las mismas jerarquías a las que dicen oponerse, se convierten en mecanismos de gestión de subsidios o intermediarios del mercado, en lugar de herramientas de negociación colectiva y autonomía política.
El límite común de todas estas "soluciones" es que tratan la crisis agrícola como un problema técnico de eficiencia, adaptación o innovación. Sin embargo, como demuestra la trayectoria histórica de la PAC, la crisis es principalmente política. Afecta a quién controla los recursos, el conocimiento, las cadenas de valor y el riesgo. Mientras estas cuestiones permanezcan fuera de la mesa, cada nueva solución, por muy "ecológica" o "inteligente" que sea, simplemente añadirá una nueva capa a un sistema que ya ha alcanzado sus límites.
Una perspectiva agrícola antiautoritaria
El debate sobre una perspectiva antiautoritaria en la agricultura y la vida rural es una necesidad política. La crisis climática exige cambios en el poder. Mientras las relaciones fundamentales de control permanezcan inalteradas, todo esfuerzo de adaptación se traducirá en mayores cargas para los mismos sujetos: pequeños y medianos productores y comunidades rurales.
Toda planificación debe comenzar con la descentralización del poder y la devolución del control a los propios productores y a las sociedades locales. En el centro de esta perspectiva se encuentra el control colectivo sobre medios de producción críticos: semillas, almacenamiento, procesamiento e infraestructura básica. Cuando estos nodos permanecen totalmente privatizados o controlados por unos pocos actores poderosos, los productores se ven privados de un verdadero poder de negociación y atrapados en relaciones de dependencia.
Al mismo tiempo, la reconstrucción de las cadenas de valor locales y regionales es necesaria como proyecto político para reducir la dependencia de redes concentradas e impersonales. Reconectar la producción con el procesamiento y el consumo a escala regional fortalece la posición negociadora de los productores y crea condiciones de resiliencia colectiva frente a mercados cada vez más inestables.
Los bienes comunes son fundamentales para esta visión. El agua, la tierra, el conocimiento y los datos no pueden tratarse exclusivamente como mercancías o activos de inversión, especialmente en condiciones de desestabilización climática. Son bienes comunes necesarios, sin los cuales no son posibles la producción sostenible ni la justicia social en las zonas rurales. Su gestión no es una cuestión técnica, sino profundamente política, que se refiere a quién decide, para quién y bajo qué condiciones.
Estas son condiciones necesarias para avanzar en la cuestión de qué cultivos queremos cultivar, con qué criterios decidimos y qué productos agrícolas necesitamos realmente.
Traducción automática. Imagen: World Riots en Facebook.
Traducción automática al castellano desde Briega a partir de la fuente Freedom news
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Dos presos políticos de 'Palestine Action' hospitalizados ante riesgo de muerte por huelga de hambre
23 de desembre de 2025, per adiospgou23/12/2025
Fuente:Dos presos políticos de 'Palestine Action' hospitalizados ante riesgo de muerte por huelga de hambre
Los presos políticos británicos fueron hospitalizados en Londres ante el grave deterioro de su salud y el temor a una muerte inminenteSe trata de Kamran Ahmed, de 28 años, detenido en la prisión HMP Pentonville en Londres, y Amy Gardiner-Gibson, conocida como ‘Amu Gib’, de 30 años, recluida en Bronzefield, en Surrey. Ahmed lleva 44 días sin ingerir alimentos, mientras que Gardiner-Gibson cumple 50 días de huelga de hambre. La hospitalización de Ahmed se produjo el pasado sábado, según comunicó su hermana, Shahmina Alam, a la cadena catarí de noticias Al Jazeera. Además, la activista Amu Gib ingresó en el hospital el viernes.
En una entrevista publicada este domingo por The Daily Telegraph, Ahmed aseguró desde su celda que “vale la pena” arriesgar la vida si ello contribuye a “rebajar la opresión en el extranjero”. “Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo-beneficio y creo que merece la pena”, declaró.
Los activistas se suman a Qesser Zuhrah, de 20 años, hospitalizada la semana pasada tras cumplir 50 días sin ingerir alimentos y detenida bajo la legislación antiterrorista británica. Los tres integran un grupo de seis reclusos que protestan en cinco prisiones del Reino Unido, acusados de robo, daños criminales y desorden violento.
Protestas propalestinas en apoyo a los activistas en la huelga de hambre.
La acción comenzó como protesta por restricciones a la comunicación postal, llamadas y visitas, y los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con el régimen de Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en prisiones británicas desde la organizada por presos del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) en 1981.
Los abogados de los activistas solicitaron reunirse con el ministro de Justicia, David Lammy, advirtiendo del riesgo grave que enfrentan los huelguistas, aunque el Gobierno británico ha rechazado el encuentro, afirmando que se cumplen todos los protocolos establecidos.
El grupo activista propalestino británico se originó en 2020 con el objetivo de denunciar y detener la venta de armas del Reino Unido a Israel, antes de la guerra genocida israelí del 7 de octubre contra la Franja de Gaza.
Palestine Action fue ilegalizada el 5 de julio pasado. En octubre, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido admitió una demanda presentada por la activista y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior, Yvette Cooper, de prohibir al grupo.
Por su parte, el alto comisionado de la ONU para DDHH, Volker Turk, solicitó a finales de julio al gobierno británico que revirtiera la ilegalización de la ONG, señalando que representa un abuso de la excesiva ley antiterrorista de 2000.
Londres arrestará a propalestinos por lema “globalizar la Intifada”
La Policía Metropolitana de Londres (MET) y del Gran Mánchester (GMP) han anunciado este miércoles en un comunicado conjunto que las fuerzas de seguridad arrestarán a manifestantes durante las protestas propalestinas por pancartas o cánticos con la frase “globalizar la Intifada”.
En este sentido, han detallado que el contexto actual tras el tiroteo de Australia “ha cambiado”. “Las palabras tienen significado y consecuencias. Actuaremos con decisión y realizaremos arrestos”, han señalado e indicado los cánticos “tienen consecuencias reales”.
En Dublín, activistas realizaron una manifestación en solidaridad con los presos de Palestine Action en huelga de hambre en el Reino Unido desde el 2 de noviembre.
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Texto completo en: https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/dos-presos-politicos-de-palestine-action-hospitalizados
