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Aldarull asume el relevo de la Agenda Llibertària 2026 poniendo el foco en los mecanismos de reclusión
26 de desembre de 2025, per Redacción26/12/2025
El movimiento libertario y los colectivos sociales ya disponen de la nueva Agenda Llibertària 2026. En esta ocasión, la editorial Aldarull asume la responsabilidad de editar este histórico proyecto, recogiendo el testigo del Centre d’Estudis Josep Ester Borràs de Berga, que había liderado la iniciativa en los últimos años.
Cada edición de esta agenda se vertebra sobre un eje temático crítico. Para 2026, Aldarull ha elegido profundizar en «el cierre en todas sus formas». El contenido explora y denuncia los mecanismos de control, desde las cárceles y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), hasta las fronteras y otras formas de reclusión y aislamiento que definen las sociedades contemporáneas.
Fiel a su tradición, la Agenda Llibertària 2026 mantiene un fuerte compromiso con el apoyo mutuo. Los beneficios obtenidos de su venta se destinan íntegramente a proyectos solidarios y de apoyo a personas presas, reforzando su carácter anticarcelario. El contenido se complementa con las habituales efemérides del movimiento anarquista y un directorio de colectivos, todo ello condensado en un formato de bolsillo (14,8×10,5 cm) con 186 páginas diseñado para la utilidad cotidiana.
La agenda ya se puede adquirir a través de Virus Editorial y en una amplia red de librerías asociadas y espacios autogestionados.
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Badalona: discursos de odio y desahucios como infraestructura antinmigratoria
26 de desembre de 2025, per Nadia26/12/2025
Fuente:El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Las derechas catalanas
Las últimas elecciones en Catalunya, así como las encuestas más recientes, revelan que la ultraderecha se encuentra doblemente representada en las instituciones catalanas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
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Renos en Santander, una forma de maltrato animal encubierto bajo la navidad
26 de desembre de 2025, per adiospgou26/12/2025
La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) manifiesta su total rechazo al uso de renos como reclamo en espectáculos y exhibiciones navideñas en espacios urbanos, como los que se están celebrando estos días en la ciudad de Santander, práctica que considera incompatible con el bienestar animal y totalmente injustificable en una sociedad que dice avanzar en sensibilidad y respeto hacia los animales.
Desde la entidad recuerdan que los renos son animales silvestres, no adaptados a entornos urbanos ni a la exposición constante al público, la iluminación artificial, la música, el ruido del tráfico y la manipulación continuada. Estas condiciones generan en los animales altos niveles de estrés, miedo y ansiedad, afectando directamente a su bienestar físico y psicológico.
“El estrés crónico al que se somete a estos animales se manifiesta en comportamientos de alerta permanente, intentos de huida, alteraciones en la alimentación y el descanso, y un evidente deterioro de su estado físico y emocional”, señalan desde DEAN.
Además, la organización subraya que el traslado, confinamiento en recintos reducidos, la exposición continua a la mirada y proximidad de cientos de personas, muchas de ellas niñas y niños, la imposibilidad de huir o aislarse, la alteración de sus rutinas y el transporte previo y posterior a la exhibición constituyen una acumulación de factores de riesgo que vulneran los principios básicos de protección animal.
“Utilizar animales vivos como decoración navideña es una forma de maltrato, aunque se intente disfrazar de tradición o espectáculo familiar”, señala Victoria Cedrún, presidenta y portavoz de la Federación.
La portavoz añade que “no hay ninguna justificación ética para someter a estos animales al estrés y al sufrimiento únicamente para hacerse una foto o atraer público”.
La Federación recuerda que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece la obligación de evitar situaciones de angustia, miedo y estrés innecesarios, principios que no se respetan en este tipo de exhibiciones, especialmente cuando se realizan en espacios urbanos y con gran afluencia de personas.
Asimismo, la organización considera especialmente grave que una administración pública permita o ampare este tipo de actividades, enviando un mensaje educativo erróneo a la ciudadanía y, en particular, a la infancia, normalizando el uso de animales como objetos de entretenimiento.
“Las ciudades deben avanzar hacia celebraciones éticas y responsables. La Navidad no puede seguir construyéndose sobre el sufrimiento de otros seres vivos”, concluye Cedrún.
Por todo ello, la Federación DEAN exige al Ayuntamiento de Santander que ponga fin a este tipo de espectáculos, apueste por alternativas culturales y decorativas sin animales, acordes con una sociedad moderna, respetuosa y verdaderamente comprometida con el bienestar animal.
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Cuando opinar refuerza la voz del Poder y silencia la del pueblo
25 de desembre de 2025, per Redacción25/12/2025
El Parlamento de Cantabria ha aprobado la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, presentada por el Ejecutivo como un avance en transparencia, calidad democrática e implicación social. Sin embargo, un análisis más detenido revela que la norma no transfiere poder real a la ciudadanía, sino que institucionaliza una forma de participación controlada que refuerza el papel del Estado como gestor exclusivo de lo público canalizando y domesticando el descontento social.
El aislamiento como método de control
La ley apuesta por mecanismos como consultas públicas, portales digitales, iniciativas individuales y procesos participativos diseñados, moderados y evaluados íntegramente por la Administración. El sujeto de la participación que promueve no es la comunidad organizada ni el colectivo social, sino el individuo aislado, interpelado de forma puntual y descontextualizada.
Este enfoque de participación mediante encuestas personalizadas y canales digitales, desplaza la deliberación colectiva y debilita la construcción de posiciones comunes. La norma no crea ni reconoce espacios autónomos donde las personas podamos debatir entre iguales, contrastar argumentos o elaborar criterios colectivos antes de intervenir en la esfera pública. La reflexión social no se genera desde abajo: se recopila y elabora desde arriba.
En este esquema, la Administración conserva el control completo del proceso. Pregunta, recoge respuestas, interpreta los datos y adopta la decisión final. La participación se limita a una fase inicial y no vinculante, sin capacidad de seguimiento, corrección o revocación. El flujo de poder nunca se invierte.
Participar sin pensar juntos: un riesgo político evidente
La ausencia de estructuras autónomas de deliberación no es un defecto técnico, sino político. Sin espacios donde se forme criterio colectivo, la opinión social se fragmenta y se diluye en una en pro de una ‘opinión ciudadana’ débil, mediatizada por la agenda institucional, tutelada por el Poder y a merced de la propaganda y el populismo gubernamental.
Cuando la participación se reduce a la suma de opiniones individuales, sin debate previo ni construcción colectiva, lo que emerge no es una voluntad popular consciente, sino su trampantojo: una agregación de percepciones dispersas, fácilmente orientables mediante campañas mediáticas, discursos simplificados o apelaciones emocionales. En ese contexto, la participación deja de ser una herramienta de emancipación y se convierte en un mecanismo de validación de decisiones previamente encauzadas.
Un barniz democrático para una estructura intacta
Lejos de descentralizar el poder, la ley introduce procedimientos más sofisticados —consultas, informes técnicos, evaluaciones de viabilidad— que amplían la distancia entre la sociedad y la decisión final. Se nos permite dar una opinión —de forma no vinculante— sobre cuestiones acotadas, generando una apariencia de participación que legitima decisiones ya encauzadas y refuerza el control del resultado.
Las personas, convertidas en `’ciudadanía’, intervenimos al inicio del proceso, pero quedamos completamente ausentes de su desarrollo y su cierre. No podemos corregir, revocar ni imponer. No gestionamos ni ejecutamos. Solo aportamos información que otros administran.
La ley no descentraliza el poder: lo refina. No lo cuestiona: lo hace más eficiente, más legítimo y menos visible.
El llamado ‘gobierno abierto’ profundiza esta lógica. La transparencia, los datos abiertos y la rendición de cuentas amplían el acceso a la información, pero no alteran la relación de dominación. El poder se muestra, se explica y se justifica, pero no se somete a control directo ni a decisión popular.
La jaula se amplía, se ilumina y se decora. Los barrotes se difuminan. Y precisamente por eso resulta más eficaz: cuando el espacio es suficientemente grande y agradable, el encierro deja de percibirse como tal.
Participación como contención del conflicto social
Al canalizar la intervención social exclusivamente por cauces institucionales, reglados y lentos, la ley convierte el conflicto en procedimiento. La protesta se transforma en expediente; la movilización, en formulario; la demanda colectiva, en estadística. El resultado es una participación que no incomoda al Poder, no altera las prioridades estratégicas ni cuestiona los fundamentos del modelo político y económico. Una participación que pacifica más de lo que transforma.
Un obstáculo para la emancipación social
Lejos de impulsar procesos de autonomía colectiva, la norma refuerza el papel del Estado como gestor exclusivo de lo común. No fomenta comunidades con capacidad de deliberar y decidir por sí mismas, sino ciudadanos-clientes que opinan dentro de un marco ajeno.
En este sentido, la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria no solo es limitada: resulta nociva para cualquier proceso verdaderamente emancipador. Al sustituir la construcción de poder popular por la gestión institucional de la opinión, consolida una democracia de baja intensidad que ofrece participación sin soberanía y voz sin capacidad de mando.
La cuestión de fondo no es cuántas personas participan, sino quién piensa, quién decide y quién controla el resultado. Y en ese punto, la nueva Ley de Participación Ciudadana de Cantabria ofrece una respuesta clara: el Poder sigue exactamente donde estaba, aunque ahora se presente con un rostro más amable.
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Hazas de Cesto: La ofensiva del capital verde contra la autonomía territorial en Cantabria
25 de desembre de 2025, per Redacción25/12/2025
La reciente concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la macroplanta de biogás en Hazas de Cesto representa un nuevo capítulo de la 'acumulación por desposesión' en el medio rural cántabro. El proyecto de Verdalia Bioenergy es el paradigma de un modelo que, bajo la máscara de la «transición energética», subordina la autonomía de los pueblos a los intereses de grandes grupos empresariales.
El proyecto, cuyo coste se ha casi duplicado hasta situarse entre 25 y 30 millones de euros, plantea una concentración masiva de residuos cuyos impactos ambientales y sociales son locales, mientras que los beneficios se exportan hacia capitales externos.
Organización y acción colectiva
La oposición al proyecto, articulada a través de asambleas y miles de alegaciones, ha trascendido la queja técnica o de ubicación para cuestionas el modelo de raíz y denuncia la dependencia del transporte pesado y la ruptura de la gestión de residuos de proximidad. Frente a esta escala industrial, propone alternativas descentralizadas, ligadas a la tierra y al autoconsumo, que prioricen la reducción de residuos en origen y el aprovechamiento directo del digestato.
Aunque la concesión de la Autorización Ambiental Integrada para la planta de Hazas de Cesto es una pésima noticia, el reciente archivo del proyecto de planta de biogás de Cabezón de la Sal, demuestra que la oposición social organizada puede lograr poner en cuestión e incluso frenar proyectos y que la disputa por el modelo de implantación y control del territorio continúa abierta.
El caso de Hazas de Cesto se enmarca en una tendencia de proliferación de proyectos energéticos y de residuos de gran escala (ya sean plantas de biogás o parques eólicos industriales) proyectos que externalizan beneficios y concentran impactos en zonas rurales, mientras la oposición social logra frenar algunos, pero otros siguen adelante, consolidando un modelo energético centralizado que no cuestionan la lógica extractiva ni la dependencia energética de capitales externos.
Pérdida de control sobre el territorio
La entrada de grandes grupos empresariales en estos sectores es facilitada por figuras legales como la ‘Declaración de Interés Social’, permitiendo la ocupación de suelo rústico protegido y reforzando la pérdida progresiva de control local sobre el suelo, la energía y los residuos. En Hazas de Cesto este punto ha sido también objeto de impugnaciones judiciales, con colectivos y formaciones políticas cuestionando la legitimidad de dichos mecanismos y exigiendo mayor transparencia en los procesos de decisión y evaluación.
Más allá de la legalidad de un proyecto específico, lo que está en juego es qué tipo de transición energética se construye y quién decide sobre ella. Hazas de Cesto se ha convertido en un punto de referencia más para pensar alternativas: descentralizadas, autogestionadas y vinculadas a las personas y comunidades. La discusión sobre la energía no puede limitarse a la técnica o al mercado; debe incorporar la justicia social, la soberanía local y la sostenibilidad real del territorio.
