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El territorio habla: marcha ciudadana el 18 en la ría de Solía ante las subestaciones eólicas
17 de gener, per Nadia17/01/2026
Hay infraestructuras que se ven desde lejos y cuyo impacto se siente aún más cerca —subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión, corredores energéticos—. Ese podría ser el escenario en el entorno natural de la Ría de Solía si avanzan infraestructuras de evacuación asociadas a distintos proyectos eólicos, tramitados por separado pero convergentes en un mismo espacio, como Astillero I y II, junto a otros proyectos previos como Benavieja, Briesa y Las Américas, con subestaciones y líneas concentradas en menos de 300 metros.
Ante esta situación, la Plataforma Ciudadana Son Gigantes convoca una marcha informativa y reivindicativa el domingo 18 de enero a las 12:00 horas, con un recorrido de 1,5 kilómetros desde el aparcamiento cercano a Electra de Viesgo para recorrer el entorno de las subestaciones proyectadas, para recorrer el entorno donde se proyectan distintas subestaciones eléctricas —SE Guarnizo, subestaciones vinculadas a proyectos como Benavieja y Briesa, y la SET Promotores Mustera—, y conocer su impacto real sobre un espacio natural especialmente sensible, sujeto a protección ambiental, y sobre una vida cotidiana amenazada por una lógica técnica que concentra evacuaciones sin evaluar impactos conjuntos.
Un impacto que crecería si salen adelante Astillero I y II, a través de sus infraestructuras de evacuación, asociadas a 35 aerogeneradores y más de 156 MW.
No es una caminata simbólica, sino una oportunidad para recorrer juntas y juntos un entorno que hoy está vivo y que puede seguir siéndolo si el rechazo social se hace visible y compartido.
La marcha se enmarca en una agenda de acciones ciudadanas que comienza el sábado 17 a las 11:30 con la charla La Invasión Eólica en el Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo de El Astillero, organizada por CSC Espacio Abierto, y continúa ese mismo día a las 18:30 con la proyección del documental Vidas Irrenovables en Ágora Solidaria de Santander. La programación prosigue con la charla La Invasión Eólica el viernes 23 a las 19:00 en la Casa de Cultura de La Concha de Villaescusa, y el viernes 30 a las 19:00 en el Centro Social Alberto de la Cantolla de Liérganes. Más información en www.songigantes.net y en las redes sociales de la plataforma.
Además, la Plataforma Ciudadana Son Gigantes coordina la recogida de alegaciones contra los polígonos eólicos Astillero I y II hasta el 3 de febrero, tras su publicación en el BOC, con el apoyo de seis ayuntamientos —Penagos, Santa María de Cayón, Selaya, Villaescusa, Villacarriedo y Villafufre— y de 37 establecimientos repartidos en 16 localidades cántabras. Firmar una alegación, en colectivo, puede frenar proyectos.
Cuando la información se comparte y el rechazo se expresa en común, los proyectos se detienen. El poder —como señalaba Hannah Arendt— no reside en quien decide en solitario, sino en la capacidad de actuar juntas y juntos. Informarse, encontrarse y caminar en común es también una forma legítima de decidir sobre el futuro del territorio.
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El territorio no se evacua: marcha contra las subestaciones eólicas en la ría de Solía
17 de gener, per Redacción17/01/2026
Mientras administraciones y empresas energéticas fragmentan proyectos para esquivar evaluaciones globales y diluir responsabilidades, el territorio vuelve a hablar. Este domingo 18 de enero, a las 12:00 horas, la Plataforma Ciudadana Son Gigantes convoca una marcha informativa y reivindicativa en el entorno de la ría de Solía, uno de los espacios naturales más sensibles de la bahía de Santander, amenazado por la concentración de subestaciones eléctricas y líneas de evacuación asociadas a varios proyectos eólicos.
Subestaciones como la SE Guarnizo, las vinculadas a los parques Benavieja y Briesa o la SET Promotores Mustera —todas ellas proyectadas en apenas unos cientos de metros— dibujan un modelo energético basado en la imposición técnica, la ocupación del suelo y el sacrificio de ecosistemas y formas de vida locales en nombre de una supuesta transición verde gestionada desde arriba. A este escenario se sumarían los polígonos eólicos Astillero I y II, con infraestructuras de evacuación asociadas a 35 aerogeneradores y más de 156 MW, tramitados de forma separada pero convergentes en el mismo espacio.
La marcha partirá del aparcamiento cercano a Electra de Viesgo y recorrerá 1,5 kilómetros por el entorno donde se proyectan estas infraestructuras. No se trata de una caminata simbólica ni de una protesta delegada, sino de una invitación a recorrer colectivamente un territorio vivo, a conocer de primera mano el impacto real de estas instalaciones y a romper el relato tecnocrático que reduce el territorio a un simple nodo de evacuación energética.
Desde Son Gigantes insisten en que el problema no es solo cada proyecto aislado, sino la lógica que los sostiene: una planificación energética centralizada, al servicio de grandes intereses empresariales, que convierte rías, montes y pueblos en zonas de sacrificio mientras se vacía de contenido cualquier noción de participación real.
La movilización del domingo se enmarca en una agenda más amplia de autoorganización y difusión. El sábado 17 de enero a las 11:30 tendrá lugar la charla La Invasión Eólica en el Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo de El Astillero, organizada por CSC Espacio Abierto, y ese mismo día a las 18:30 se proyectará el documental Vidas Irrenovables en Ágora Solidaria (Santander). Las charlas continuarán el viernes 23 en Villaescusa y el viernes 30 en Liérganes.
Paralelamente, la plataforma coordina la recogida colectiva de alegaciones contra los polígonos eólicos Astillero I y II hasta el 3 de febrero, con el apoyo de seis ayuntamientos y decenas de establecimientos repartidos por Cantabria. Una herramienta limitada, pero que, usada de forma colectiva y masiva, puede frenar proyectos que avanzan gracias al silencio y la desinformación.
Frente al discurso institucional que presenta estas infraestructuras como inevitables, la respuesta que se construye desde abajo recuerda algo elemental: el poder no reside en despachos ni en boletines oficiales, sino en la capacidad de encontrarse, informarse y actuar juntas y juntos. Defender el territorio no es una cuestión técnica, sino política; no se delega, se practica caminando, compartiendo saberes y haciendo visible el rechazo.
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Quince años luchando por el derecho a la vivienda
16 de gener, per Redacción16/01/2026
Cuando en el 2011 decidimos embarcarnos en la aventura de publicar un periódico mensual, el movimiento por la vivienda estaba empezando a coger fuerza. Todavía teníamos recientes las manifestaciones de V de Vivienda que arrancaron en el 2006, las primeras Plataformas de Afectadas por las Hipotecas (PAHs) se habían creado en 2009 y habían logrado paralizar varios desahucios y, pocos meses después, las asambleas de barrio surgidas durante el 15-M (2011) crearían comisiones de vivienda que lucharían, con mayor o menor éxito, por evitar la expulsión de sus vecinas de sus casas.
La cronificación del problema de acceso a la vivienda
Quince años después, la situación de la vivienda, lejos de mejorar, no ha hecho más que empeorar. Pese a que han proliferado PAHs (como en Madrid Centro, Vallekas o pueblos del sur de Madrid), asambleas de vivienda (como en Villalba, Carabanchel, Latina, etc), sindicatos de barrio (como en Hortaleza o Moratalaz), grupos de Stop Desahucios (Granada, Gipuzkoa, etc) y sindicatos de inquilinas por toda la geografía estatal (Madrid, Barcelona, Málaga, etc) y a pesar a los miles de desalojos parados por la acción directa de las vecinas, la crisis se ha hecho crónica.
Por un lado, más de 1,7 millones de personas han perdido sus casas en este tiempo, produciéndose la mayor cantidad de desahucios no durante los peores años de la crisis, sino en los años posteriores (2012-2019), que eran de supuesto crecimiento de la economía. Por otro lado, el precio de la vivienda a la venta y, sobre todo, en alquiler, ha alcanzado máximos históricos, con subidas de más del 75% en algunos territorios del Estado, según Eurostat.
Ayudas al rentismo para paliar el problema
Pese a llevar más de seis años soportando a los autodenominados gobiernos más progresistas de la galaxia (PSOE, Podemos y Sumar), éstos no han hecho nada por solucionar el problema. Todas sus políticas giran en torno a dar más ayudas a los rentistas, a los que piden que actúen con responsabilidad, pero nunca confrontan o limitan su poder. Nada de fijar precios máximos de alquiler, prohibir los arrendamientos de temporada o aumentar la duración de los contratos. El último ejemplo: a principios de enero de este año, el gobierno anunció un sistema de incentivos para que los propietarios que deben renovar contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio, que se traduce en una bonificación fiscal del 100% del IRPF para aquél que decida no especular (más de lo que ya lo está haciendo). En otras palabras, se trata de subvencionar con dinero público el rentismo, congelando los altos precios que se vienen dando desde hace años.
Decisiones como ésta visibilizan que no es que la socialdemocracia no sea incapaz de solucionar el problema, sino que es parte del mismo.
La sociedad de propietarios y la lucha de clases
A diferencia de lo que hace el movimiento de vivienda, la progresía (que participa alegremente del rentismo) no sitúa el marco de la vivienda en términos de lucha de clases, sino en una simple falta de oportunidades. Así, la izquierda institucional se encuentra mucho más cómoda hablando, por ejemplo, de desigualdad generacional, en vez de clases sociales. Y tiene algunos datos que lo respaldan: en dos décadas, la brecha de riqueza entre quienes tienen 65-74 años y los que hoy rondan los 35-44 se ha multiplicado por nueve.
En esta línea, el informe Brecha generacional: cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles, realizado por el Instituto Juan de Mariana, busca transmitir la idea de que los privilegios de los jubilados lastran a las nuevas generaciones, obligadas a sostener un sistema de pensiones injusto. La conclusión es clara: reformar —y, en la práctica, privatizar— las pensiones.
Sin embargo, si analizamos con detenimiento los datos, podemos observar que en 2008, un joven ganaba el doble de lo que costaba alquilar una vivienda y hoy tendría que destinar el 92% de su salario para emanciparse. Y es que ahí tenemos la respuesta al problema: es la vivienda lo que marca la diferencia, no los jubilados. Por ello, desde 2007, la tasa de emancipación juvenil ha caído al 15%, y tres de cada cuatro chavales con empleo siguen atrapados en casa de sus padres.
¿Existe una desigualdad de riqueza entre los boomers y las nuevas generaciones? Sí, pero gran parte de la misma se explica por la propiedad inmobiliaria. Por ello, no podemos meter en el mismo saco a toda una generación como lo hace, por ejemplo, Analía Plaza (con bastante humor) en La Vida Cañón (Ediciones Temas de Hoy). La diferencia estriba en la clase, no en la edad; y la clase se ve cada vez más definida por el número de viviendas en propiedad.
“Durante los últimos 50 años, la llamada sociedad de propietarios se convirtió en un proyecto central de integración económica y política”, explica el sociólogo Javi Gil en un artículo. “El neoliberalismo hizo de la financiarización de la vivienda la palanca de crecimiento durante décadas. Los hogares accedieron de forma masiva a la propiedad, lo que los transformó en clase media. Y su bienestar comenzó a apoyarse cada vez menos en los salarios o en el Estado de bienestar, y más en la revalorización de sus viviendas.
Conceptos como capitalismo patrimonial o capitalismo rentista se han empezado a utilizar para describir esta nueva realidad: una economía en la que la riqueza depende cada vez menos del trabajo y la producción, y cada vez más de la revalorización de los activos, con la vivienda como eje central. No es un detalle menor que el valor de los bienes inmuebles constituya hoy el mayor depósito de riqueza del planeta, equivalente a casi cuatro veces el PIB mundial.
Esta transformación ha disparado la concentración de riqueza y ensanchado la brecha social. La propiedad de activos se reparte de forma profundamente desigual, y en los últimos 50 años la distancia entre los más ricos y el resto de la sociedad no ha hecho más que crecer.
En 1987, bastaban tres años de salario para comprar una vivienda. Hoy, los jóvenes necesitarían el equivalente a 14 años de sueldo. La conclusión es demoledora: como generación, el acceso a la propiedad es imposible, porque los salarios se han desligado de los precios de la vivienda”.
El colmo es que, pese a que la vivienda está profundizado la desigualdad económica de nuestra sociedad, el discurso de la clase dominante se va imponiendo cada vez más. En quince años hemos pasado de la solidaridad generalizada con las desahuciadas – en 2013 la revista Pronto regalaba pegatinas de “Stop Desahucios” – a que empresas de desokupación influyan en la agenda política, se aplauda a políticos que dejan a familias enteras en la calle como hizo Albiol en Badalona estas navidades y todas las reformas políticas van dirigidas a dar más poder a los propietarios y castigan a quien no tiene casa. Gracias a una alianza entre empresas de seguridad, inmobiliarias, medios de comunicación y políticos de todos los ámbitos – recordemos a Rita Maestre hablando de la okupación como un “problema” o a Manuela Carmena repitiendo los mantras de Desokupa – el español medio empatiza más con el “pequeño” propietario que acumula cuatro inmuebles como fuente de ganancia que con una familia sin alternativa habitacional.
Acabemos con el negocio de la vivienda
Las manifestaciones del 13 de octubre de 2024 (Madrid) y del 5 de abril de 2025 (estatal), en las cuales participaron más de 150.000 personas en cada una, han sido las más masivas por el tema de la vivienda desde la Transición, lo cual evidencia la enorme preocupación que genera la situación actual. En ellas, la demanda principal fue la de poner fin al negocio de la vivienda. Por ejemplo, el comunicado de la segunda de estas manis establecía que “la vivienda debería ser un derecho, no un bien con el que especular. Sin embargo, los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad del Estado y los partidos políticos institucionales, que han convertido la vivienda en un modelo de negocio”.
¿Y cómo se pretende conseguir acabar con la especulación? No es fácil. El movimiento de vivienda es muy amplio, englobando a anarquistas, comunistas, socialistas, reformistas y militantes y afectadas sin adscripción a un marco teórico. Y, por ello, las estrategias escogidas a lo largo de los años han sido variadas (lo cual, a veces, genera conflictos): poner el cuerpo frente a comisiones judiciales y cordones policiales para parar desahucios, negociar alquileres sociales con bancos, okupar edificios y alojar a múltiples familias, hacer campañas visibilizando casos dramáticos, convocar manifestaciones para exigir reformas legislativas, etc. Y, si bien a nivel social no se ha logrado siquiera hacer la vivienda algo más accesible, sí ha logrado encontrar soluciones prácticas e individuales para miles de personas a lo largo de los años. Y eso no es poco.
La lección que podemos sacar de los últimos años es que el asalto institucional que protagonizaron activistas como Ada Colau no ha servido para nada. Todas las victorias se han logrado desde los movimientos sociales, desde la solidaridad y la horizontalidad. Es obvio que ningún gobierno va a acabar con la mercantilización de la vivienda, por lo que algo tan básico como garantizar la cobertura de una necesidad humana parece un objetivo radical que únicamente se conquistará mediante estrategias colectivas igualmente radicales. Y la huelga de alquileres puede ser una de ellas.
Una huelga de alquileres tendría como objetivo desbordar económicamente a grandes fondos, a pequeños propietarios y a empresas de alquiler seguro que garantizan el pago de la renta. Es una propuesta para afectar directamente a sus beneficios, en la que pueden ser parte activa amplios sectores, que delimita claramente los intereses y facciones contrapuestas en este conflicto y que saca la lucha de los pasillos de la política institucional para llevarla a nuestro propio escenario. Una propuesta inspirada por ejemplos de lucha históricos (como la huelga de alquileres de Barcelona de 1931), pero también recientes (como la huelga de cuidados del 8M de 2018 y 2019 o algunas propuestas de impago de las rentas durante la pandemia de 2020).
Durante los últimos quince años el movimiento de vivienda ha demostrado ser resiliente y valiente. No ha parado su actividad pese a que en 2015 se reformaron las leyes administrativas y penales para criminalizarlo (exponiéndose varias a activistas a la posibilidad de ir a prisión), ni a las amenazas de grupos fascistas que están trabajando para algunos fondos. Por ello, esperemos que su lucha continúe y que sepa hacer todo lo necesario para acabar con el negocio de la vivienda de una vez por todas.
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El Gobierno británico cancela el acuerdo de armas con Elbit Systems tras la huelga de hambre al límite
16 de gener, per adiospgou16/01/2026
Fuente:El Gobierno británico cancela el acuerdo de armas con Elbit Systems tras la huelga de hambre al límite
Algunos activistas, como Heba Muraisi, llevaban más de 70 días en huelga de hambre. Su condición física estaba al límite.
Byron Maher Manifestación por Palestina en Londres, en febrero de 2024.
A la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action, tres de los activistas presos han decidido abandonar la huelga de hambre. Una de ellas. Heba Muraisi, de 31 años, llevaba más de 70 días en huelga. Muraisi ha sido trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.
Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. Desde hace días se temía por la vida de estas personas, que han llevado su reivindicaciones al límite. Algunos de ellos habían tenido que ser hospitalizados por estar en riesgo de muerte. Solo una persona, Umer Khalid, que lleva en huelga un mes, es la única persona que mantiene la protesta. “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma a El Salto Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres.
“Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explican desde Prisioners 4 Palestine
Desde esta organización aseguran que los y las huelguistas han permanecido firmes en sus demandas y sabían que el sacrificio era muy grande. “Y no lo hicieron preocupadas por su propia salud, todo lo contrario. Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explica Nadin.
“Una victoria rotunda”
El motivo para abandonar la protesta ha sido el paso dado por el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.
Prisoners 4 Palestine asegura que se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, en la colonización y ocupación de Palestina”. Puntualizan que la pérdida de este contrato de 2000 millones de libras esterlinas marca “un punto de inflexión significativo” en esta “sórdida alianza estratégica” y auguran que “los días de Elbit en Gran Bretaña están contados”.
Se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems
En palabras de Francesca Nadin, “Está claro que esta huelga, además de otras campañas, ha aumentado la presión sobre el Gobierno británico con todo lo que está haciendo con respecto a la represión de activistas y lo que éste sigue haciendo en Palestina. Esto se suma al contexto más grande de la huelga, el poner el foco en eso, y tener a toda la gente de este país hablando de lo mismo”.
Vulneración de derechos básicos
Desde que entraron en prisión, los activistas vienen denunciando una serie de vulneraciones básicas. En primer lugar, no hay que olvidar que el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, pero si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, estos habrán pasado más de un año en prisión preventiva. En segundo lugar, Palestine Action ha asegurado que hasta ahora, los detenidos han vivido sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias.
También esta situación parece que va a empezar a cambiar. Según Prisioners 4 Palestine, “a pesar de la cruel y constante negligencia médica que sufrieron lxs huelguistas de hambre, como la denegación de ambulancias en casos de emergencia vital y los tratos degradantes en el hospital”, los y las responsables de la atención sanitaria en prisiones se habrían reunido con la organización, “a petición del Ministerio de Justicia”, detallan. Los y las activistas presas también han podido empezar a recibir paquetes y correo que antes se les había retenido.
Palestine Action pedía también la documentación que acredite las relaciones entre los funcionarios del Estado británico con Israel —algo que habría podido suceder—, se exige que se publiquen los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años y que se rescindan todos los contratos pendientes con la filial. Por último, también se pide la retirada de cargos de los activistas presos y que se elimine a Palestine Action de la lista de “organizaciones terroristas”.
Una clasificación “desproporcionada”
Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico ha arrestado a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.
“Algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”
A pesar de este panorama, Nadin defiende que la situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.
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«Fuimos todos uno»: el Grupo San Francisco, el barrio en el que «floreció» algo que «sigue vivo»
16 de gener, per adiospgou16/01/2026
Fuente:«Fuimos todos uno»: el Grupo San Francisco, el barrio en el que «floreció» algo que «sigue vivo»
El documental ‘El barrio que no se rindió’ revive las luchas vecinales por servicios básicos y dignidad en el barrio santanderino, con coloquio y música en directo en una actividad organizada por Cantabria No Se Vende
Estaba todo por hacer y lo hicieron. No se preocuparon de si era legal, sólo de si era justo. Le ‘ganaron’ a la Policía, le sacaron los colores al constructor que les estafó. Lo hicieron unidos. Sucedió cuando todo era más difícil, en pleno franquismo. Convirtieron un barrizal en un espacio acogedor. Un hogar.
La historia del barrio San Francisco, el Grupo san Francisco, en Santander suena épica porque, como todas las historias colectivas, lo es. Y además pueden contarlo de viva voz los protagonistas, tanto en sus propios documentos, como en las propias paredes del Barrio –con murales o esculturas, como en los recopilatorios que ha hecho Desmemoriados (I y II) como en el documental ‘El barrio que no se vendió’, dirigido por Guillermo Ruiz y producido por Patxi Gabella.
Un trabajo que se ha proyectado este jueves en La Fabrica de la Creación (en el Centro Cívico Tabacalera, en Castilla-Hermida), en un acto cuya asistencia desbordó la sala, organizado por Cantabria No Se Vende a través de su Conceju en la Bahía de Santander, con la colaboración de La Lleldería.
La película recupera los testimonios de quienes vivieron el proceso de organización comunitaria en San Francisco durante décadas pasadas, cuando el barrio era “un barrizal” sin servicios básicos: “Ni alumbrado había”, recuerdan en el documental los vecinos, que denuncian un urbanismo caótico en el que “construyeron más de lo autorizado” pero sin servicio alguno –ni aceras-, y aderezado con una estafa por parte del constructor.
Ante esta situación, la respuesta fue colectiva: “No faltó un portal sin aportar a la reivindicación”, rememoran. La pieza destaca el papel de una “primera generación de jóvenes” del barrio, que vieron llegar a los primeros curas obreros, «muy raros, con pantalones de pana», entre los que emerge la figura de Ernesto Bustio, «detonante y nexo».Las actividades deportivas o culturales fueron la vía de entrada, y a partir de ahí se dio un paso más: los niños limpiaban jardines o retiraban escombros a través de clubes, y después se implicaron también los padres. Así se consolidó un tejido comunitario que fue desde la restauración de la parroquia hasta la formación de grupos de trabajo específicos.
Una frase resume esa experiencia colectiva: “Fuimos todos uno”. Cada fin de semana, relatan, el barrio trabajaba con “pico y pala” en arreglar, desescombrar, derribar, construir, limpiar. La implicación fue total, y pese a que estamos hablando de hace casi medio siglo, con plena participación de las mujeres en las decisiones.
El relato destaca cómo se desarrollaron estructuras estables como la primera asociación vecinal, integrada por “currantes” —electricistas, carpinteros, entre otros—.
Lo siguiente fue empezar a dar vida a los espacios, y ahí todos tuvieron claro que en los primeros que había que pensar era en los críos y su educación. Tras la negativa institucional a dotar de una escuela al barrio, se ocuparon locales, de una forma organizada, coordinada y planificada, de modo que lograron que en apenas una noche estuvieran adecuados para acoger a unos 40 niños. Esta experiencia derivó en la creación de una biblioteca, talleres de soldadura, y otros espacios formativos impulsados desde la propia comunidad.
El documental recoge también la dimensión política del proceso, que incluyó la reclamación de responsabilidades al Ayuntamiento y a la constructora, así como momentos de confrontación directa con las autoridades.
El 18 de diciembre de 1977, la policía acudió al barrio para desalojar la escuela, pero fue respondida con una acción vecinal en la que “las mujeres llamaban a los timbres” para movilizar al vecindario y salvar la escuela. “La policía sacaba gente de la escuela y las mujeres lo metíamos”, relatan, en lo que supuso un punto de inflexión: “Vimos que podíamos más que la policía”.
La cultura popular formó parte de esta resistencia, con canciones propias, como ese estribillo de “Te caerás, te caerás, te vamos a tirar”, compuesta desde el interior del barrio. Durante la proyección en Tabacalera, la interpretación de ‘Legado’, escrita en plena pandemia, retomó ese espíritu musical colectivo como homenaje.
El relato finaliza volviendo a los espacios politizadores, como “la casa de los curas”, donde se compartían libros, guitarras y artículos que convirtieron a esos adolescentes en unos jóvenes comprometidos. Todo el mundo evolucionó, a un mayor interés por el barrio, pero también por otras causas, otros países. El legado, según la cinta, sigue presente en la identidad colectiva: “Aquí floreció algo que sigue vivo”.
Tras la proyección, se celebró un coloquio moderado por Irene Puente, en el que participaron el director de la cinta, Guillermo Ruiz, y varios de los protagonistas vecinales del documental: Ernesto Bustio, Francisco González ‘Paqui’ y Carmen Rivas.
