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Un PROT (Plan Regional de Ordenación Territorial) a la carta
19 de gener, per Nadia19/01/2026
Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han expresado su firme rechazo al nuevo Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) eólico presentado por el Gobierno de Cantabria, que incluye un delirante despliegue de polígonos eólicos en Campoo-Los Valles, Iguña y Soba.
Estos colectivos sostienen que, lejos de promover un desarrollo equilibrado, el PROT reproduce e intensifica una lógica depredadora que condena a la “Cantabria empobrecida” a la ruina y al subdesarrollo.
Cantabria queda dividida en dos
Los colectivos denuncian que este Plan supone el desprecio absoluto y el abandono sistemático del sur de Cantabria y la zona suroriental. “Una Cantabria turística y especulativa, pero sin molinos y otra Cantabria eólica, despoblada y olvidada, donde esquilmar y explotar el territorio en favor de multinacionales eléctricas”, argumentan. De esta forma, sostienen que el PROT, condena a una amplia zona, donde la saturación de proyectos eólicos se anuncia como eje del crecimiento cuando solo supone su concentración en ciertas áreas, condenadas por el Gobierno desde Santander.
Eólicos en la Cantabria arruinada y vaciada
Afirman que, con la aprobación de este plan se consolidará la despoblación, ya que estos megaproyectos terminarán con el paisaje, la economía y los recursos comunales de las comarcas donde se imponen lo que, unido al déficit de servicios básicos y el envejecimiento de la población, forzarán la marcha a otros lugares. En este sentido, insisten en que los impactos acumulativos, especialmente en espacios de alto valor patrimonial, cultural, paisajístico e hidrológico terminarán de arruinar la Cantabria rural.
Un PROT eólico de despacho y teledirigido
Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio denuncian también que la falta de participación real de los habitantes de los pueblos es síntoma de que se trata de un documento hecho en los despachos de Santander y dictado por las multinacionales que en estos proyectos participan. “Es inaceptable que se conciba un desarrollo territorial que prioriza proyectos eólicos mientras nuestras zonas rurales —las que históricamente han mantenido viva la región— son despreciadas como meros vertederos disponibles para albergar estas infraestructuras”, afirma un portavoz de los colectivos.
Además, han señalado que la implantación de polígonos eólicos, tal como se propone en el PROT, refuerza la idea de una Cantabria dual, en la que se protegen unos valles y se condenan otros.
Un PROT a la carta
Afirman que el expolio que supone el polígono eólico El Escudo es la clara evidencia de un plan hecho por la Consejería para complacer a las empresas.
Asimismo, los colectivos vecinales han puesto de manifiesto que pareciera que al gobierno cántabro solo le preocupa hacer el PROT para legalizar la industria eólica, olvidando que es un documento integral y de ordenación general del territorio de Cantabria.
La Fundación Torres Quevedo vinculada a Iberdrola
También apuntan a que parece tendenciosa la participación de la Fundación Leonardo Torres Quevedo y el Instituto de Hidráulica de Cantabria en la redacción de este PROT, ya que ambas han avalado la construcción del macroproyecto eólico de El Escudo en zonas de una riqueza natural incuestionable, respaldada por las figuras de protección que debieran asegurar su conservación.
La lucha contra el expolio del PROT eólico continúa
Debido a lo grave e insólito de esta situación, los colectivos exigen que se abra de forma inmediata un proceso público, transparente y vinculante de participación, con debates territoriales en todas las comarcas afectadas ya que este plan presentado vulnera la voluntad vecinal que se ha manifestado en los últimos años a través de las juntas vecinales y ayuntamientos que han exigido al gobierno regional ser declarados zonas de exclusión eólica.
Insisten en que debe escucharse a la población y no solo a las multinacionales. No se han elaborado evaluaciones independientes del PROT donde se escuche a profesionales expertos e independientes y vecinos afectados. “La Cantabria rural no puede seguir siendo el coladero de decisiones que amenazan a sus habitantes. El PROT tal como está redactado condena a una parte de Cantabria a seguir perdiendo población, recursos y futuro”, subraya otro representante vecinal.
Nueva protesta en las obras del polígono eólico El Escudo para este domingo
Los colectivos han anunciado que, de no producirse cambios sustanciales en el PROT, promoverán movilizaciones —como las que llevan años convocando— y acudirán a instancias autonómicas, estatales y europeas para defender los derechos de las comunidades rurales y la integridad territorial de Cantabria.
En este sentido, han convocado una nueva marcha a las obras del polígono eólico El Escudo, que partirá desde la Braña de San Martín para ver la estación eléctrica, torres eléctricas y eólicos en el municipio de Molledo, el próximo domingo 25 de enero, a las 11:15 h. Para facilitar la llegada al lugar, ofrecen la posibilidad de recogida en vehículos particulares a las 11:00 h. en la Estación de Renfe de Fraguas. Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio vuelven a hacer un llamamiento a toda la población de Cantabria a sumarse a esta nueva convocatoria para subir a observar y ayudarles a visibilizar el ecocidio que se viene realizando en la Sierra del Escudo.
Por último, anuncian también que esta convocatoria se suma al llamamiento internacional a la acción en el aniversario del asesinato, por parte de varios policías, del activista ambiental conocido como Tortuguita, en el bosque Weelaunee, al sureste de Atlanta, Estados Unidos. Todo ello, bajo el lema “luchar es recordar”.
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El "caos eólico" en el Sur de Cantabria: La nulidad de un modelo impuesto desde arriba
18 de gener, per Redacción18/01/2026
El despliegue de proyectos eólicos en el sur de Cantabria enfrenta dos maneras de entender el territorio, la democracia y la transición ecológica. Así lo plantea la Plataforma en su nota de prensa, en la que acusa al Ejecutivo autonómico de impulsar un modelo eólico viciado de origen, diseñado para sortear controles, silenciar a las comunidades afectadas y allanar el camino a las grandes empresas del sector.
Desde la Plataforma insisten en que el problema no es la energía eólica en sí, sino cómo, dónde y para quién se está desplegando y denuncian que el Gobierno regional ha optado por un procedimiento fragmentado y opaco, que disgrega los proyectos parque a parque y línea a línea para rebajar exigencias ambientales y reducir la participación pública a un mero trámite formal. Este troceo administrativo divide artificialmente proyectos de gran escala, para eludir evaluaciones ambientales más estrictas y dificultar que la población afectada pueda comprender el alcance real de lo que se está aprobando. Se trata de una estrategia de ingeniería jurídica ampliamente cuestionada por plataformas sociales y ecologistas en todo el Estado y que, en el caso cántabro, amenaza con vaciar de sentido la legislación ambiental y de ordenación del territorio.
La Plataforma reclama la nulidad de los expedientes y recuerda que la ley obliga a garantizar procesos de información y participación reales y efectivos, especialmente cuando los proyectos afectan a bienes comunales, montes de alto valor ecológico y formas de vida ligadas históricamente al territorio. Para quienes viven en Arcera, Aroco o en la Sierra del Escudo, el conflicto no es una abstracción técnica ni un debate de expertos. Las dehesas, los montes y los terrenos comunales que ahora se reclasifican como «suelo rústico de utilidad pública» forman parte de una economía rural viva, basada en usos ganaderos, forestales y comunitarios que sostienen población y paisaje.
En este contexto, la Plataforma denuncia que el Gobierno regional pretende apropiarse de tierras comunales para ofertarlas a la industria energética como suelo disponible, sin el consentimiento de quienes las habitan y sin abrir un debate público sobre alternativas como la generación distribuida, el autoconsumo o los modelos cooperativos de energía. Una operación que, alertan, vacía de contenido la propia idea de lo comunal.
El conflicto del sur de Cantabria no es una excepción, sino un síntoma. Para la Plataforma, lo que se está desplegando es una falsa transición ecológica que reproduce las viejas lógicas extractivas: territorios periféricos convertidos en zonas de sacrificio, costes ambientales y sociales asumidos por el mundo rural y beneficios concentrados en grandes empresas y centros de consumo urbanos.
Lejos de corregir desigualdades, este modelo las profundiza. Se habla de emergencia climática mientras se toman decisiones sin participación democrática, sin justicia territorial y sin cuestionar quién controla la energía ni con qué fines. Mientras avanzan los recursos judiciales y se estudia la posibilidad de solicitar la revisión de oficio de los expedientes, la Plataforma insiste en que el conflicto no se resolverá únicamente en los tribunales. La defensa del territorio pasa también por la organización social, la circulación de información entre valles y la construcción de alianzas capaces de cuestionar y disputar un modelo energético impuesto desde arriba, en un debate que no puede separarse de la justicia social y del derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
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La ría de Solía, sobre el terreno: ciudadanía ante las subestaciones eólicas
18 de gener, per Redacción18/01/2026
La ría de Solía fue hoy un espacio de atención compartida. En una convocatoria de la Plataforma Son Gigantes, unas sesenta vecinas y vecinos de distintas localidades cántabras se reunieron pese a la lluvia, en una cita que la organización consideró «un éxito» y que sirvió para comprender el alcance de las infraestructuras de evacuación eléctrica vinculadas a diversos proyectos eólicos como Astillero I y II, actualmente en fase de información pública.
La jornada, entre abrigos, chubasqueros y paraguas, se desarrolló a lo largo de un recorrido aproximado de un kilómetro, con salida desde el entorno de Electra de Viesgo. Durante el trayecto, las personas asistentes se detuvieron en distintos puntos para situar las subestaciones proyectadas: la primera, en la parcela donde se prevén las subestaciones de los polígonos eólicos Briesa y Las Américas; la segunda, en el entorno de Benavieja; y la tercera, en la zona vinculada a Astillero I y II.
Durante la explicación se puso el foco en la ausencia de una evaluación ambiental conjunta de estas infraestructuras de evacuación y en el riesgo que supone concentrarlas en un espacio natural sensible, próximo a zonas habitadas y con distintas figuras de protección ambiental. Un impacto que crecería de forma significativa si prosperan Astillero I y II, ya que la evacuación de la energía generada por 35 aerogeneradores (más de 156 MW) se canalizaría a través de este ámbito, incrementando la presión sobre un mismo corredor territorial.
Según Raúl Magni Hontañón, miembro del colectivo ciudadano Son Gigantes, la construcción de nuevas subestaciones saturaría un espacio ya cargado de torres y cableados eléctricos, protegido por el POL, y supondría además la ocupación de grandes superficies —en torno a 8.500 metros cuadrados—.
En la última parada, entre las personas asistentes —varias de ellas residentes directamente afectadas— surgieron preguntas sobre las consecuencias y los posibles beneficios de estas infraestructuras para la población local. Hontañón indicó que, según la experiencia acumulada en proyectos similares, no se identifican beneficios directos para particulares. La explicación contó con el apoyo de miembros de Son Gigantes y de otros colectivos vecinales del territorio. El lema compartido fue «Solía no se expolia», en un clima de interés y preocupación entre las personas asistentes.
Desde la plataforma se subrayó que este tipo de infraestructuras introduce transformaciones difícilmente reversibles, que condicionan el uso del suelo durante décadas. «No se trata solo de construir, sino de cerrar opciones en un territorio finito», señalaron, recordando que la participación ciudadana informada es clave para decidir: «el futuro no se delega, se decide».
La marcha se enmarca en una agenda de acciones que incluye charlas informativas, proyecciones documentales y la recogida de alegaciones contra Astillero I y II hasta el 3 de febrero, con el apoyo de seis ayuntamientos y la colaboración de decenas de establecimientos en 16 localidades. Más información en www.songigantes.net y en las redes sociales de Son Gigantes.
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Groenlandia: extractivismo, competencia imperial y la trampa de la soberanía estatal
18 de gener, per Redacción18/01/2026
El Ártico ha dejado de ser una periferia congelada del sistema mundial para convertirse en uno de los principales escenarios de la crisis contemporánea. Groenlandia, en particular, se sitúa hoy en el cruce entre colapso climático, extractivismo, militarización y competencia entre grandes potencias. Lo que se presenta en los discursos oficiales como un debate técnico sobre seguridad, desarrollo o soberanía es, en realidad, la actualización de una lógica histórica de dominación estatal y acumulación capitalista.
Entender lo que ocurre en Groenlandia exige ir más allá de los titulares geopolíticos y situar el conflicto en una perspectiva crítica que cuestione no solo quién controla el territorio, sino qué formas de poder, de organización social y de relación con la naturaleza se están imponiendo.
El mito del territorio vacío y la continuidad colonial
Groenlandia es la isla más grande del planeta y está habitada mayoritariamente por población inuit. Aunque históricamente se ha representado como un "espacio vacío", esta narrativa oculta las vidas, saberes y prácticas sociales que han existido por miles de años en su territorio y legitimar su apropiación.
Formalmente integrada en el Reino de Dinamarca, Groenlandia posee un alto grado de autonomía administrativa desde 2009, con control sobre muchos de sus recursos naturales. Sin embargo, esta autonomía está limitada por dependencias económicas estructurales y marcos jurídicos ajenos a las tradiciones comunitarias inuit y por su inserción en alianzas militares y económicas decididas fuera de la isla. La colonización no desaparece con la descentralización administrativa: se reconfigura.
Desde una perspectiva antiautoritaria, el Estado moderno —incluso cuando se presenta como democrático o progresista— actúa como un dispositivo de domesticación: impone categorías legales, económicas y territoriales que subordinan las formas de vida comunitarias a las necesidades del capital y de la geopolítica.
2026: el fin de la “excepción ártica”
Durante décadas, el Ártico fue presentado como una región de cooperación científica y gobernanza compartida. Ese relato se ha derrumbado. El año 2026 marca el cierre definitivo de esa ilusión: la presión explícita de Estados Unidos sobre Groenlandia, incluyendo amenazas económicas y la normalización del uso de la fuerza como posibilidad, señala el paso de la diplomacia encubierta a la coerción abierta.
El interés estadounidense no es nuevo. Ya en 1946 Washington intentó comprar la isla. Lo que ha cambiado es el contexto: la crisis climática acelera el deshielo, abre nuevas rutas marítimas y vuelve accesibles recursos antes inaccesibles. Groenlandia se convierte así en un nodo estratégico de la competencia inter-imperialista, especialmente en el intento de Estados Unidos por reducir su dependencia de China en minerales críticos para la industria tecnológica y militar.
Presentar esta dinámica como una cuestión de “seguridad internacional” es una mistificación. Se trata, en esencia, de asegurar cadenas de valor, controlar chokepoints geoestratégicos y anticiparse a un escenario de escasez global.
Extractivismo y la falacia del capitalismo verde
Bajo el hielo groenlandés se encuentran grandes reservar de tierras raras, uranio, zinc, petróleo y gas, junto a otras materias primas estratégicas que son esenciales para la industria tecnológica y la mal llamada "transición verde" del capitalismo global. El discurso dominante apela a la transición energética, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático para justificar su extracción. Sin embargo, esta narrativa no cuestiona la lógica de fondo: la conversión de la naturaleza en mercancía bajo lógicas de acumulación que no responden a las necesidades de las comunidades locales.
La crisis climática, lejos de frenar el capital, se ha transformado en su nuevo motor de expansión en el Ártico y una oportunidad de negocio y expansión para el capital y los grandes poderes. Las maniobras de militarización de la región, incluyendo la creciente presencia de Estados Unidos y de la OTAN bajo el pretexto de "protección ambiental", obedecen a intereses geoestratégicos que buscan garantizar que, cuando el Ártico quede accesible por el deshielo, las rutas comerciales y los yacimientos estratégicos permanezcan bajo control occidental frente a rivales como China y Rusia, destruyendo ecosistemas locales y modos de vida indígenas para sostener la demanda energética y tecnológica del Norte global y su poder.
Las decisiones sobre minería, infraestructuras o explotación energética no responden a las necesidades de las comunidades inuit, sino a las presiones de potencias extranjeras, grandes corporaciones y alianzas militares. En este contexto, el desarrollo extractivo aparece como una imposición y una trampa: financiar la independencia económica de Groenlandia mediante la explotación salvaje de recursos comprometería de forma irreversible el entorno ecológico y las bases mismas de la supervivencia cultural y material de sus habitantes, quedando atrapados entre la tutela colonial prolongada y una soberanía condicionada por el mercado global.
Militarización y violencia estructural
La presencia de instalaciones militares como la base estadounidense de Pituffik y el despliegue recurrente de fuerzas y ejercicios de la OTAN son síntoma de una integración de Groenlandia en la arquitectura militar global. Esta militarización no solo normaliza la fuerza como lenguaje político, sino que convierte el territorio en un punto de amortiguamiento entre bloques de poder.
Desde una perspectiva crítica, la supuesta "protección" que proveen alianzas como la OTAN es menos una liberación que la manifestación de la disciplina estatal sobre territorios y poblaciones. Las comunidades inuit se convierten así en variables secundarias, cuando no como obstáculos.
Para el pensamiento antiautoritario, esta militarización no es un exceso puntual, sino una expresión coherente del Estado moderno: administrar territorios y poblaciones mediante la amenaza o el uso de la violencia, incluso cuando estas nunca han solicitado tal “protección”.
La trampa de la soberanía estatal
Frente a estas presiones, la independencia estatal suele presentarse como la solución evidente. Sin embargo, este enfoque encierra una trampa. Un Estado groenlandés formalmente soberano, pero dependiente de mercados globales, deuda externa y alianzas militares, podría reproducir las mismas estructuras jerárquicas que hoy lo subordinan.
La soberanía estatal no garantiza autodeterminación real; en contextos de competencia entre potencias, los Estados pequeños a menudo se convierten en gestores de intereses ajenos a sus poblaciones. La historia reciente está llena de ejemplos de independencias que derivaron en nuevas formas de dependencia.
Desde una perspectiva libertaria, la autodeterminación no se reduce a cambiar de bandera. Implica que las comunidades decidan directamente sobre sus territorios, economías y formas de vida, sin la mediación coercitiva del Estado ni la imposición del capital.
Hacia una autonomía radical y horizontes de emancipación
Un análisis verdaderamente emancipador debe plantear alternativas que desborden el marco estatal y rompan con la ontología del Estado, inspirándose en las formas de vida que el colonialismo no ha logrado borrar:
- Recuperación de la gestión comunal. En la cosmología inuit, el concepto de Sila une el clima, el cosmos y la inteligencia colectiva. Esta visión es incompatible con la propiedad privada del suelo y el extractivismo. La autonomía radical pasa por restaurar el control colectivo sobre los recursos, donde la tierra no sea un "activo" sino un espacio común de subsistencia, gestionado mediante consejos de ancianos y asambleas locales que ya han demostrado su fuerza al paralizar proyectos como la mina de uranio de Kvanefjeld.
- Desmilitarización y Zonas de Paz. Rechazar la narrativa de la "protección" de la OTAN o de Estados Unidos implica exigir el cierre de infraestructuras como la base de Pituffik y declarar el territorio como zona desmilitarizada. La seguridad no debe medirse en misiles interceptores, sino en soberanía alimentaria y resiliencia climática.
- Redes horizontales de solidaridad ártica. Romper el aislamiento impuesto por las fronteras estatales de Dinamarca o de un futuro Estado groenlandés implica fortalecer alianzas con el pueblo Sámi en el norte de Europa y con las naciones originarias de Canadá y Alaska, creando un bloque de resistencia transártico frente al Consejo del Ártico y las potencias imperialistas.
- Rechazo de la mercantilización de la naturaleza. Redefinir el valor del territorio fuera de la lógica del mercado. Si la “transición verde” del Norte global exige sacrificar el ecosistema ártico, la respuesta debe ser una ecología social que sitúe la reproducción de la vida en el centro y cuestione el metabolismo industrial del capital.
La disputa por Groenlandia no es un episodio excepcional, sino un síntoma avanzado de la crisis del orden global. En un mundo de recursos finitos y colapso climático, los Estados y el capital recurren cada vez más abiertamente a la coerción, el extractivismo y la militarización. El año 2026 nos sitúa ante un espejo: o aceptamos la integración definitiva de Groenlandia en el engranaje de la guerra y el saqueo bajo una nueva bandera, o apoyamos la apertura de grietas autonómicas que desafíen la autoridad centralizada.
La pregunta central no es quién gobernará Groenlandia desde un despacho en Nuuk, Copenhague o Washington, sino si seguiremos aceptando que la autoridad estatal decida sobre territorios y vidas en nombre del progreso. Radicalizar la autodeterminación desde abajo, cuestionar la soberanía estatal y poner la vida en el centro no es solo una opción ética: es una necesidad política urgente frente al asedio del siglo XXI.
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El territorio habla: marcha ciudadana el 18 en la ría de Solía ante las subestaciones eólicas
17 de gener, per Nadia17/01/2026Hay infraestructuras que se ven desde lejos y cuyo impacto se siente aún más cerca —subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión, corredores energéticos—. Ese podría ser el escenario en el entorno natural de la Ría de Solía si avanzan infraestructuras de evacuación asociadas a distintos proyectos eólicos, tramitados por separado pero convergentes en un mismo espacio, como Astillero I y II, junto a otros proyectos previos como Benavieja, Briesa y Las Américas, con subestaciones y líneas concentradas en menos de 300 metros.
Ante esta situación, la Plataforma Ciudadana Son Gigantes convoca una marcha informativa y reivindicativa el domingo 18 de enero a las 12:00 horas, con un recorrido de 1,5 kilómetros desde el aparcamiento cercano a Electra de Viesgo para recorrer el entorno de las subestaciones proyectadas, para recorrer el entorno donde se proyectan distintas subestaciones eléctricas —SE Guarnizo, subestaciones vinculadas a proyectos como Benavieja y Briesa, y la SET Promotores Mustera—, y conocer su impacto real sobre un espacio natural especialmente sensible, sujeto a protección ambiental, y sobre una vida cotidiana amenazada por una lógica técnica que concentra evacuaciones sin evaluar impactos conjuntos.
Un impacto que crecería si salen adelante Astillero I y II, a través de sus infraestructuras de evacuación, asociadas a 35 aerogeneradores y más de 156 MW.
No es una caminata simbólica, sino una oportunidad para recorrer juntas y juntos un entorno que hoy está vivo y que puede seguir siéndolo si el rechazo social se hace visible y compartido.
La marcha se enmarca en una agenda de acciones ciudadanas que comienza el sábado 17 a las 11:30 con la charla La Invasión Eólica en el Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo de El Astillero, organizada por CSC Espacio Abierto, y continúa ese mismo día a las 18:30 con la proyección del documental Vidas Irrenovables en Ágora Solidaria de Santander. La programación prosigue con la charla La Invasión Eólica el viernes 23 a las 19:00 en la Casa de Cultura de La Concha de Villaescusa, y el viernes 30 a las 19:00 en el Centro Social Alberto de la Cantolla de Liérganes. Más información en www.songigantes.net y en las redes sociales de la plataforma.
Además, la Plataforma Ciudadana Son Gigantes coordina la recogida de alegaciones contra los polígonos eólicos Astillero I y II hasta el 3 de febrero, tras su publicación en el BOC, con el apoyo de seis ayuntamientos —Penagos, Santa María de Cayón, Selaya, Villaescusa, Villacarriedo y Villafufre— y de 37 establecimientos repartidos en 16 localidades cántabras. Firmar una alegación, en colectivo, puede frenar proyectos.
Cuando la información se comparte y el rechazo se expresa en común, los proyectos se detienen. El poder —como señalaba Hannah Arendt— no reside en quien decide en solitario, sino en la capacidad de actuar juntas y juntos. Informarse, encontrarse y caminar en común es también una forma legítima de decidir sobre el futuro del territorio.
