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La presión vecinal logra frenar el aparcamiento turístico de Mataleñas
27 de març, per Redacción27/03/2026
Tras meses de movilizaciones y presión vecinal, el Ayuntamiento de Santander se ve obligado a retirar el proyecto de parking para autocaravanas. El nuevo diseño, aceptado por el vecindario como un "mal menor", supone el repliegue de las pretensiones iniciales del consistorio frente a una comunidad organizada que se niega a ser el vertedero logístico de la turistificación.
Tras un pulso sostenido contra los planes de hormigonado del equipo de gobierno, la asamblea vecinal ha decidido validar la última propuesta municipal para el aparcamiento de Mataleñas. El acuerdo llega después de que el vecindario lograra frenar las obras el pasado mes de enero, reclamando el derecho legítimo a decidir colectivamente sobre el futuro y la fisonomía de su propio barrio.
El conflicto estalló en el verano de 2025, cuando saltó la alarma por la intención del Ayuntamiento de plantar un parking de autocaravanas en pleno corazón de Mataleñas. Casi un año después, la constancia vecinal ha obligado al consistorio a capitular en el punto más crítico de su plan de «modernización» turística: se retiran las 30 plazas de autocaravanas previstas. Como señalaban la asociación de vecinos hace apenas unas semanas, la defensa de Mataleñas es una apuesta por la vida y la preservación de los escasos pulmones verdes de la periferia santanderina, frente a un proyecto que pretendía sacrificar un espacio común para entregárselo al modelo de turismo extractivo que asfixia a la ciudad.
Concesiones arrancadas al cemento
El nuevo diseño contempla cambios sustanciales que reflejan las demandas del vecindario. Las modificaciones arrancadas incluyen una reducción del impacto visual y una mayor integración paisajística, tratando de evitar que el cemento devore la identidad periurbana de Cueto. Entre los puntos clave del acuerdo destacan:
- Reducción del impacto visual: Se ha acordado la instalación de barreras vegetales y el uso de materiales menos agresivos para tratar de integrar la infraestructura en el paisaje periurbano.
- Prioridad para la vecindad: Uno de los puntos clave ha sido la garantía de que el aparcamiento no sirva exclusivamente para fomentar la llegada de vehículos con fines turísticos, sino que de respuesta a las carencias de estacionamiento de quienes habitan el barrio.
- Mantenimiento de zonas verdes: El Ayuntamiento se ha visto obligado a sacrificar plazas de cemento para preservar parte del arbolado y las áreas de esparcimiento que la comunidad sentía amenazadas.
Un aviso al modelo de ciudad-negocio
Aunque la aceptación del proyecto rebaja la tensión inmediata, la desconfianza hacia el equipo de gobierno no ha desaparecido. En un contexto donde el avance del ladrillo y la turistificación de la costa cántabra siguen tensionando los barrios, el vecindario se mantiene alerta.
Para la Asociación de vecinos, este acuerdo no es un cheque en blanco. La lucha de estos meses ha demostrado que la organización popular puede descarrilar proyectos millonarios diseñados a espaldas de la gente. El mantra institucional de que «no se puede cambiar el proyecto por los fondos europeos» resultó ser, como tantas otras veces, una mentira para intentar desactivar la protesta y desmovilizar a la comunidad.
Esta victoria parcial demuestra que la defensa vecinal de los barrios y sus espacios comunes sigue siendo la mejor herramienta para contrarrestar la ciudad-negocio que proyecta el Ayuntamiento.
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Fuego, territorio y autogobierno en la montaña cántabra: una aproximación anarquista
7 de febrer, per Redacción07/02/2026
Fuente:Los incendios de hoy son el resultado de la pérdida de siglos de autogestión campesina. La centralización y criminalización estatal convirtió un saber colectivo en clandestinidad. Recuperar el control comunitario sobre el fuego es también recuperar la capacidad de gestionar responsablemente nuestras vidas y nuestro territorio.
Cada invierno y cada primavera, Cantabria vuelve a arder. Las imágenes de montes ennegrecidos y columnas de humo se repiten con una regularidad que suele explicarse como negligencia individual, intencionalidad delictiva o fallos en la extinción. Estas explicaciones, aunque parcialmente ciertas, resultan insuficientes y ajenas a un proceso histórico más amplio. Los incendios actuales son, en gran medida, el síntoma de una ruptura prolongada entre las comunidades locales y la gestión del territorio, marcada por la centralización de las decisiones, la criminalización de prácticas históricas y la pérdida de control colectivo sobre el monte. Arde el monte, pero también arde la memoria de cómo habitarlo.
Una herramienta histórica de gestión territorial
Investigaciones arqueológicas, históricas y ecológicas han mostrado de forma consistente que el fuego ha desempeñado un papel decisivo en la configuración de muchos paisajes europeos. Desde la Prehistoria, las sociedades humanas lo emplearon para despejar vegetación, facilitar la caza, renovar pastos, controlar matorrales, reciclar nutrientes o mantener espacios abiertos.
En la cornisa cantábrica, estas prácticas se integraron durante siglos en sistemas agro-silvo-pastorales adaptados a un relieve abrupto, suelos poco profundos y un clima húmedo. La quema, aplicada generalmente de forma planificada y colectiva, era una herramienta de bajo coste y alta eficacia, estrechamente vinculada a la ganadería extensiva, que actuaba como complemento ecológico mediante el ramoneo, la selección de especies vegetales y la fertilización del suelo.
Durante largos periodos, este uso combinado del fuego y del ganado contribuyó a la creación de paisajes en mosaico —bosques, matorrales y pastos— que limitaban la continuidad del combustible y favorecían determinados niveles de biodiversidad. Muchos de los paisajes considerados hoy “naturales” o característicos de Cantabria son, en realidad, el resultado de esta coevolución entre sociedades humanas y medio ambiente.
Riesgo, regulación y responsabilidad colectiva
El uso del fuego nunca fue una práctica inocua. Las comunidades rurales conocían bien su potencial destructivo y desarrollaron mecanismos para limitarlo. Las quemas estaban sujetas a normas consuetudinarias y, más tarde, a ordenanzas concejiles que fijaban calendarios, condiciones meteorológicas, zonas permitidas, vigilancia y responsabilidades.
Estos sistemas de regulación no eran idílicos ni exentos de conflictos o impactos ambientales. Sin embargo, constituían formas de autorregulación adaptativa, basadas en el conocimiento local y en la dependencia directa del territorio. Cuando los efectos negativos se hacían evidentes —como la erosión del suelo o los daños al arbolado—, las comunidades tendían a ajustar sus prácticas sin necesidad de una autoridad externa permanente.
Cuando el Estado entró en el monte
El equilibrio socieoecológico comenzó a alterarse con la creciente intrusión del Estado en la gestión de los montes. A partir de la Edad Moderna, y especialmente desde el siglo XVIII, el poder central fue desplazando progresivamente a concejos y comunidades locales de la toma de decisiones.
En Cantabria, este proceso estuvo muy ligado a intereses de la Monarquía, especialmente al suministro de madera y carbón vegetal para la construcción naval y otros usos militares. Las ordenanzas forestales borbónicas ampliaron significativamente la jurisdicción estatal sobre los montes, subordinando los usos locales a prioridades externas, no sin generar resistencias y conflictos persistentes.
El resultado fue profundamente destructivo. Por un lado, la intensificación de la explotación forestal contribuyó a uno de los mayores impactos ecológicos de la historia de Cantabria. La pérdida de masa arbórea degradó los suelos, aumentó el arrastre de sedimentos por los ríos —hasta amenazar la colmatación de la bahía de Santander— y alteró los regímenes fluviales, favoreciendo inundaciones recurrentes del Asón, el Miera y el bajo Pas a lo largo del siglo XIX. Por otro, al debilitarse los sistemas comunitarios de gestión, el territorio quedó expuesto a una explotación más intensiva, menos ajustadas a sus límites biofísicos y desvinculada de las dinámicas de corresponsabilidad a largo plazo.
De la quema regulada al incendio conflictivo
La centralización administrativa y la criminalización de las quemas no supusieron su desaparición. Su uso continuó, pero bajo formas cada vez más conflictivas y peligrosas. El fuego pasó de ser una práctica socialmente regulada a una actividad sometida a autorización externa o directamente prohibida.
En este contexto, algunos incendios adquirieron un carácter social y político y, en determinados casos, funcionaron como actos colectivos orientados a defender derechos de uso o desafiar una normativa percibida como injusta y ajena. Al realizarse fuera del control comunitario, estos fuegos tendieron a ser más peligrosos y con mayor impacto potencial.
Criminalización, clandestinidad e irresponsabilidad inducida
Con la consolidación del Estado liberal y la centralización de la gestión forestal, el fuego fue expulsado del ámbito comunitario. La prohibición generalizada y el enfoque punitivo erosionaron los mecanismos locales de corresponsabilidad y cuidado del territorio. Al mismo tiempo, la industrialización y el abandono rural debilitaron la relación cotidiana entre las personas y el monte.
Privadas de capacidad real de decisión, las comunidades pasaron a ser tratadas como sujetos formalmente responsables de cumplir normas que no habían contribuido a definir, pero materialmente irresponsables de la gestión del territorio. El castigo y la clandestinidad sustituyeron a la regulación colectiva; la desconfianza, a la cooperación.
Este proceso ayuda a explicar la elevada recurrencia de incendios en una región húmeda como Cantabria. Los registros paleoambientales sugieren que la presencia histórica del fuego pudo ser comparable o incluso mayor que la actual, pero integrada en regímenes caracterizados por una mayor frecuencia y menor intensidad. El cambio fundamental no es solo ecológico: es político. No es solo la cantidad de fuego lo que ha variado, sino su gobernanza.
El fuego entre el riesgo y la herramienta
Reconocer el papel histórico del fuego no implica minimizar su capacidad destructiva. En el contexto actual de cambio climático, acumulación de combustible vegetal y abandono rural, los incendios pueden alcanzar consecuencias ecológicas y sociales inéditas.
Sin embargo, una política basada exclusivamente en la supresión total de las quemas y en la gestión represiva del problema se muestra limitada e ineficaz. Diversos enfoques científicos señalan que el uso planificado y socialmente controlado del fuego puede contribuir a reducir cargas de combustible, mantener paisajes abiertos y disminuir la intensidad de los grandes incendios.
La alternativa no es entre fuego o no fuego, sino entre un fuego clandestino, descontrolado y socialmente desanclado, y un fuego integrado en una gobernanza territorial responsable.
Recuperar la autogestión en un mundo en crisis
Recuperar formas de gestión comunitaria del fuego no puede plantearse como una simple vuelta al pasado ni como la idealización de prácticas históricas. El contexto ecológico, demográfico y climático es distinto. Cualquier propuesta debe basarse en la articulación entre saberes locales y conocimiento científico, así como en marcos que restauren la capacidad de decisión y responsabilidad real de las comunidades.
Se trata de reconstruir formas de gobernanza territorial adaptativa, capaces de gestionar el monte de manera consciente, solidaria y ecológicamente informada.
Los incendios actuales en Cantabria no son una anomalía reciente. Son el resultado histórico de la desarticulación de sistemas comunitarios, del desplazamiento de la toma de decisiones y de la criminalización de saberes colectivos. Allí donde existió autogestión, hubo regulación y control social; allí donde se impuso la prohibición, surgieron la clandestinidad y el conflicto.
Recuperar el control comunitario del fuego no es una nostalgia romántica, sino una condición necesaria para afrontar los retos ecológicos del presente y del futuro, reconociendo que la gestión responsable del territorio solo puede construirse desde quienes lo habitan y dependen de él.
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Boletín Briega en papel nº 74 ya en las calles
7 de febrer, per adiospgou07/02/2026
Ya podéis ir encontrando el boletín Briega en papel de febrero de 2026 en los habituales puntos de distribución y escribirnos si quereis proponer lugares para ampliar la lista. Los artículos propuestos para este mes son los siguientes:
2. ¿Quién es Ianluca Iannone y por qué no es bienvenido en Santander?
3. Luciano Allende Saiz: Constancia y coherencia de un valluco indómito.
4. Ilustración «La libertad no se regala, se conquista» Homenaje a Piotr Kropotkin por parte de Ak-rata.
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El fracaso del racismo institucional y la fuerza de la comunidad en Cartes
6 de febrer, per Redacción06/02/2026
Lo que empezó como un intento de asfixia administrativa contra la infancia migrante ha provocado algo inesperado: una respuesta colectiva que desborda a las instituciones. Tras el revés judicial a las órdenes de cierre del Ayuntamiento, el conflicto ha salido de los despachos para trasladarse a la calle. La manifestación del próximo 14 de febrero en Santander marca una línea roja contra la instrumentalización del pánico y la gestión policial de la acogida.
Durante semanas, se ha utilizado a estos menores como material inflamable para obtener rédito político, alimentando una «fábrica del miedo» que auguraba el caos y el conflicto vecinal. Sin embargo, la apertura del centro no ha traído el apocalipsis profetizado por el consistorio, sino que ha funcionado como un espejo: ha mostrado la fragilidad de unas instituciones que prefieren segregar antes que cuidar.
El urbanismo como herramienta de exclusión
La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que suspendió el cierre del centro, ha dejado al descubierto una práctica común: usar la burocracia como una forma de violencia.
Intentar paralizar la acogida mediante multas urbanísticas y amenazas de corte de agua y luz no fue un descuido administrativo; fue una maniobra de bloqueo político camuflada de tecnicismo legal. Se intentó reducir un derecho humano básico a una simple disputa de licencias. Hoy, el centro es una realidad habitada. Al entrar en él, estos jóvenes han roto un aislamiento que no buscaba «proteger al pueblo», sino invisibilizar vidas bajo la sospecha y el castigo preventivo. La justicia no ha intervenido por humanidad, sino ante un evidente abuso de poder municipal que pretendía situar la normativa municipal por encima de los derechos fundamentales.
Más allá del ruido: fabricar al extraño
Lo ocurrido en Cartes es un laboratorio de producción de ansiedad social. Cuando las administraciones abrazan el populismo punitivista, el vacío lo llenan rápidamente discursos que convierten al vulnerable en amenaza. Este «escrache institucional» ha legitimado narrativas xenófobas que, bajo la excusa de la seguridad del vecindario, rompen la convivencia y normalizan la segregación como herramienta de cohesión.
Frente a un debate infantil que trata a los menores como cifras o riesgos logísticos, urge recordar que la acogida no es un favor ni un acto paternalista de un Estado dadivoso: es una responsabilidad colectiva. La movilidad humana es una realidad estructural, a menudo forzada por las mismas dinámicas coloniales y globales que hoy intentan levantar muros burocráticos en la cuenca del Besaya.
14 de febrero: desbordar el marco del miedo
La respuesta social en la región demuestra que Cantabria no es el bloque conservador que algunos quieren proyectar. Mientras el discurso oficial intenta ahora fingir «normalidad» tras el varapalo judicial, el tejido social no baja la guardia. La manifestación convocada para el próximo 14 de febrero en Santander, impulsada por Pasaje Seguro y Calles contra el Fascismo, supone un salto cualitativo.
Esta protesta no solo defiende un edificio; impugna el modelo de sociedad que las instituciones quieren imponer. Frente al control y el castigo, la ciudadanía reafirma la potencia de las redes de apoyo mutuo, capaces de borrar el estigma mediante el reconocimiento del otro. Es una respuesta que confronta las fronteras internas y exige una comunidad donde la vecindad no sea un estatus administrativo, sino una identidad definida por la convivencia cotidiana. En este escenario, la solidaridad popular, que no pide permiso a los despachos para ejercerse, se convierte en la única garantía real y autónoma de derechos.
El derecho a habitar
Cartes es hoy el síntoma de una lucha sobre quién tiene derecho a habitar el espacio público. La derrota de los «decretos del miedo» en los juzgados es solo una victoria parcial y el inicio de un camino que se prevé largo. Porque habitar no es solo ocupar un espacio, sino transformar un refugio de emergencia en un hogar digno, una tarea que la burocracia nunca hará voluntariamente. La batalla real se libra ahora en las calles, en los medios y en la capacidad de la comunidad para desbordar las carencias materiales del centro y convertir la desconfianza inducida en cooperación y apoyo mutuo.
El 14 de febrero, la calle recordará que la infancia no es una amenaza ni una moneda de cambio electoral manifestando con fuerza una solidaridad capaz de sostener la vida donde las instituciones solo ofrecieron bloqueo y exclusión.
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Más de 11.000 personas dicen no a los polígonos eólicos Astillero I y II en el cierre del plazo de alegaciones
6 de febrer, per Nadia06/02/2026
Coincidiendo con el cierre del plazo legal de presentación de alegaciones —abierto tras la publicación de los anteproyectos en el BOE y el BOC el 23 de diciembre de 2025—, la oposición ciudadana a los polígonos eólicos Astillero I y Astillero II se hace visible con fuerza: más de 11.000 personas han firmado alegaciones contra estos proyectos y sus infraestructuras asociadas.
La plataforma ciudadana Son Gigantes ha recopilado estas firmas en un proceso sostenido que se ha desarrollado incluso durante el periodo navideño, cuando este tipo de proyectos suele pasar más desapercibido.
Desde julio de 2025, tras la salida a información pública del polígono eólico Benavieja, los proyectos se han sucedido bajo distintos nombres y empresas, generando una tramitación fragmentada cuyos impactos se acumulan sobre las mismas zonas. La plataforma, integrada por vecindad y colectivos de distintos valles, ha coordinado desde entonces un trabajo continuado de información técnica, acompañamiento vecinal y elaboración de alegaciones. En el caso de Astillero I y II, el trabajo del equipo técnico voluntario y especializado ha dado lugar a dos documentos técnicos de más de 200 páginas cada uno, que analizan en detalle los impactos ambientales, paisajísticos, territoriales y socioeconómicos de ambos proyectos.
Las alegaciones han sido presentadas a través de Territorio Cántabro, entidad jurídicamente constituida para la defensa del territorio frente a macroproyectos energéticos. Además de las miles de alegaciones populares, Son Gigantes ha cedido sus alegaciones técnicas a la Mancomunidad de los Valles Pasiegos y a los ayuntamientos de Miera y San Roque de Riomiera, con el objetivo de reforzar la oposición institucional desde el ámbito local.
La pregunta surge de forma recurrente: ¿por qué tanto rechazo si se trata de energías llamadas verdes? La respuesta es menos ideológica que física. Estos proyectos no se implantan en el vacío: se apoyan sobre territorio vivo, suelo productivo, paisaje y economías locales que no son sustituibles. Las alegaciones técnicas advierten, entre otros aspectos, de la exposición de población cercana a niveles de ruido potencialmente superiores a los límites normativos, de la proximidad de líneas de alta tensión a viviendas y de impactos sobre la salud pública, los acuíferos y la biodiversidad, además de una afección directa al modo de vida tradicional de los Valles Pasiegos. Las compensaciones económicas son temporales; la pérdida de valor ambiental, paisajístico y cultural es estructural, con efectos que pueden prolongarse durante generaciones.
Como cierre visible de este proceso, la plataforma convoca a la ciudadanía a celebrar el fruto del esfuerzo compartido y a hacer escuchar la voz de miles de personas que se han levantado para defender su tierra.
El acto público tendrá lugar este viernes 6 de febrero a las 11:00 horas en el Ayuntamiento de Villafufre.
Será también un espacio para la palabra y la música popular. Un grupo de pandereteras pondrá voz a la movilización a través de coplas compartidas:
«Venimos a gritar fuerte
que no queremos molinos;
no los quiero ni en mi casa
ni en la casa del vecino».Los proyectos Astillero I y Astillero II, promovidos por Green Devco Energy 10, S.L.U. y Green Devco Energy 8, S.L.U., contemplan una potencia instalada de 90 MW y 66,5 MW respectivamente, mediante 35 aerogeneradores del modelo Vestas V163-4,5 MW. Según los anteproyectos sometidos a información pública, los aerogeneradores cuentan con 113 metros de altura de torre, 163 metros de diámetro de rotor y alcanzan 194,5 metros de altura máxima a punta de pala, además de incorporar infraestructuras comunes de evacuación —subestaciones y líneas eléctricas— que afectan a numerosos municipios del interior de Cantabria.
