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• El profesorado acampa en València para visibilizar su fuerza y sus reivindicaciones

  2 de juny, per  Auri

  Un grupo de huelguistas inicia una acampada indefinida en la céntrica Plaça de la Mare de Deu como medida de presión para que la consellera Ortí negocie un acuerdo digno.

  “Un colectivo de docentes que nos hemos organizado alrededor de esta acción, manifestamos nuestra voluntad de ocupar el espacio público de manera indefinida, dentro del contexto de la huelga que se está llevando a cabo en el ámbito educativo”, explica el primer comunicado emitido desde la acampada de docentes que empezó este lunes por la noche y tiene la vocación de permanecer mientras que las negociaciones no avancen hacia algún acuerdo aceptable para la comunidad educativa.

  Desde la acampada trasmiten que han tomado está decisión por “la necesidad de visibilizar y denunciar la falta de diálogo y de voluntad negociadora que ha mostrado, las últimas semanas, la Consellería de Educación”. Como detonante, la actuación policial del domingo ha servido para movilizarles aún más, incluso, tal y como ejemplifican, “la decisión de cerrar las puertas del edificio de Consellería durante las últimas jornadas de la negociación ha sido uno de los ejemplos más claros del hermetismo y el autoritarismo en el que está instalada la administración ante los y las docentes y sus representantes”.

  Las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo no han avanzado prácticamente en las dos últimas semanas, y la forma de proceder el domingo de la consellera, que convocó a los representates sindicales solo para trasmitirles una propuesta de calendario para ir hablando en mesas separadas sobre las diferentes demandas de los huelguistas, ha sido interpretada como una clara estrategia de dilación y de separar las exigencias de la huelga en bloques para diluir los compromisos.

  Desde el grupo promotor de la acampada explican que han tomado la iniciativa “diversificando las formas de protesta, con la intención de poner en común nuestras reivindicaciones con el conjunto de la sociedad”. Su objetivo, exponen, es “abrir tantos frentes como sea necesario, por todas las vías posibles, para seguir ganando posiciones en el conflicto que mantenemos a estas alturas con Conselleria”.

  Mientras tanto, los pasacalles y concentraciones para visibilizar la huelga han continuado tanto en València como en Alacant, Castelló y Elx, así como en los centros educativos. A las marchas han sumado a otros actores sociales, movilizados en repulsa por la agresión policial y la actuación en el desalojo de Conselleria el pasado domingo 31 de mayo. En Alacant, este martes han confluido dos columnas en las escaleras del Jorge Juan, para realizar una marcha hacia la sede local de Conselleria.

  Por otro lado, la agresión a la maestra ha llegado al Congreso de los Diputados. ERC, Compromís y BNG han registrado hoy una solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informe y dé explicaciones sobre la actuación de la Policía Nacional durante las movilizaciones del profesorado valenciano.

  Este material se comparte con la autorización de El Salto

• Esclavos en la Sierra Tarahumara. Capítulo 4: Cárteles que esclavizan

  2 de juny, per  Auri

  Ilustración de portada por Alejandra Saavedra

  A mediados de la década de 1980, Margarito fue engañado y llevado a trabajar sin paga al rancho El Búfalo, de Caro Quintero, el más grande hasta su tiempo en las planicies desérticas del sur de Chihuahua, donde una organización criminal cultivaba marihuana. De acuerdo con investigadores y periodistas, desde hace décadas que el ‘narco’ mexicano recurre al trabajo esclavo para reducir costos de producción e incrementar sus ganancias. Quizás el Búfalo fue el primer caso en ser descubierto, pero no el último.

  Este es el cuarto de seis capítulos de la investigación “Esclavos en la Sierra Tarahumara”, realizada por el laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab. Los capítulos anteriores narran a detalle el rescate de 21 personas de un campo de trabajo forzado en lo profundo de la Sierra Tarahumara donde estaban esclavizadas, así como la forma en que una organización criminal se aprovechaba de la necesidad de la gente para raptarlas con ofertas de trabajo falsas. Sólo se daban cuenta del engaño una vez que estaban entre los campos de amapola y eran torturados si desobedecían. Además, sus captores les daban drogas. La adicción también era uno de los grilletes.

  A Margarito Guerrero también lo engañaron. Los hombres que llegaron al pueblo de Omeapa, en el municipio de Tixtla, en Guerrero, le dijeron que había trabajo en la pizca de manzana, que la paga era buena. Él les creyó y subió a un autobús que lo llevó —junto con otras personas— al norte de México, al estado de Chihuahua.

  A mediados de los años ochenta, cuando los cárteles mexicanos estaban en plena transformación de organizaciones locales a emporios criminales modernos, Margarito Guerrero fue reclutado en su pueblo con una promesa de trabajo temporal y terminó en un complejo gigantesco donde había tierra preparada para el cultivo de marihuana en lugar de manzanos. El sitio no estaba escondido en la geografía escarpada y espesa de la Sierra Tarahumara; más bien se hallaba entre mezquites, en una planicie del municipio de Allende, muy cerca del poblado El Búfalo. Ese mismo nombre tenía aquel rancho de más de 500 hectáreas al que llegó, propiedad del narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, quien levantó allí el mayor establecimiento de producción de marihuana que se haya conocido en el país. 

  En el rancho había una clara división del trabajo: unos se dedicaban a sembrar, otros a seleccionar las ramas, otros a empaquetar. También estaban los “mayordomos”: hombres armados que se encargaban de que los jornaleros no escaparan. 

  

  Hombres que trabajaban en el Rancho El Búfalo cuando se realizó el operativo. Imagen tomada de la investigación: Caro Quintero: un narco en el limbo.

  

  Quema de los plantíos de drogas que había en el Rancho El Búfalo. Imagen tomada de la investigación: Caro Quintero: un narco en el limbo.

  La escala de la operación era insólita. Medios como Proceso reportaron que en El Búfalo había unos 12 mil trabajadores. Las jornadas de trabajo empezaban a las siete de la mañana y podían llegar hasta las cuatro de la madrugada. Dormían en bodegas. En el mes y medio que Margarito estuvo ahí, nunca hubo paga. Tampoco les permitían salir; si lo intentaban, eran castigados. Había, entre otras, una diferencia importante: no los mataban de hambre. Sí les daban de comer. 

  “Mataban muchas vacas”. Así lo recordó Margarito casi cuatro décadas después, cuando contó su historia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La primera vez que el campesino decidió narrar lo que vivió fue después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Uno de ellos era su hijo, Jhosivani Guerrero de la Cruz. Su antigua experiencia como trabajador esclavizado le permitía abrigar una esperanza: la de que a su hijo lo tuvieran cautivo como mano de obra para la siembra de droga. 

  

  Margarito Guerrero, originario del estado de Guerrero. En la década de los 80,fue llevado a trabajar al rancho El Búfalo, en Chihuahua. Su hijo es uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos./ Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan/Lenin Mosso

  Los primeros días de noviembre de 1984, alrededor de 400 soldados llegaron a El Búfalo para desmantelar aquel complejo y destruir las plantaciones. Los vigilantes escaparon y también varios jornaleros, entre ellos Margarito. En el rancho quedaron algunos miles: son los hombres que aparecen en videos y fotografías que los periódicos publicaron sobre el operativo. Tres filas de jóvenes campesinos flacos, sucios, confusos, que se extienden a lo largo de un campo hasta que se pierden más allá del cuadro de la cámara. 

  Los reportes periodísticos que se escribieron sobre El Búfalo —que operó durante tres años—, ponen énfasis en datos como su extensión, las toneladas de droga aseguradas por los militares o lo cerca que estaba de la ciudad de Jiménez, una de las más importantes del Estado. Describen cómo fueron adquiridos los terrenos y las innovaciones en el sistema de riego que incorporó Caro Quintero para lograr una producción industrial de marihuana. Sólo en unas cuantas líneas algunos mencionan que a los jornaleros los habían llevado con engaños desde Sinaloa, Michoacán, Oaxaca o Guerrero. Que no los dejaban salir, que no les pagaban, que los tenían como esclavos. 

  El caso del rancho El Búfalo fue el primero en exhibir cómo los narcotraficantes engañan y esclavizan a personas para usarlas como mano de obra en la producción de drogas a gran escala. 

  Antes de que se conociera El Búfalo, lo que se sabía era que el narcotráfico pagaba. En su libro El siglo de las drogas, el sociólogo Luis Astorga menciona que, a principios de los ochenta, jóvenes de colonias populares de Culiacán y de rancherías aledañas a la ciudad eran reclutados para ir a la siembra de amapola en el llamado Triángulo Dorado, una zona montañosa y llena de barrancos entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango: “Por allí pasaban camiones de redilas anunciando con magnavoces las ofertas de empleo para la ‘pizca de la manzana’”. A los jóvenes “pizcadores de droga” se les ofrecían buenos sueldos, muy por arriba de lo que les pagaban en tareas agrícolas tradicionales. La retribución era tan buena que “varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos”, escribe Astorga.  

  En la sierra de Guerrero, desde finales de los ochenta, el cultivo de amapola se extendió por las montañas. Los cárteles tomaban pueblos enteros y los obligaban a sembrar la flor. A esos cultivadores también se les pagaba. 

  En Chihuahua, sobre todo en las rancherías del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres e incluso niños se alistaban para la “temporada de amapola”. Eran contratados para ir a rayar el bulbo de la flor y sacar la goma que después se transformaría en heroína. A estos jornaleros también se les pagaba.

  Los sucesos del rancho El Búfalo pusieron en perspectiva ciertas ideas preconcebidas sobre los cárteles. Derrumbaron el mito del narco benefactor, dice la investigadora académica Sibely Cañedo Cázarez, en un artículo que analiza este caso, el de los “enganchados” de Chihuahua: campesinos engañados, esclavizados y forzados a trabajar para lo que ella define como capitalismo criminal. La socióloga describe un momento histórico de expansión del mercado de drogas en Estados Unidos, al que los cárteles responden con un salto de producción. De la siembra a baja escala en las montañas a un modelo agroindustrial en zonas planas o desérticas para ahorrar costos. Y un elemento clave para elevar al máximo la rentabilidad: la mano de obra esclava.  

  Después de El Búfalo, salvo casos menores y ocasionalmente, pasaron varios años hasta que volvió a hablarse de que el narco esclavizaba gente para sembrar droga. Pero a partir de 2012 comenzó a ser más común que colectivos de familiares de personas desaparecidas mencionaran que el crimen organizado capturaba a personas para reclutarlas a la fuerza. 

  

  Fotografías de personas desaparecidas en varios municipios de Chihuahua y desplegadas durante una marcha realizada en la capital del estado, en 2022. Foto: Raúl F. Pérez Lira/Raíchali

  Unos años después, en 2015, los habitantes de algunas rancherías en la zona serrana de Chihuahua empezaron a ver cambios en el territorio: gente de otros estados que llegaba a buscar tierras para sembrar droga, pagaban por la renta de los terrenos y después desplazaban los pobladores. Así sucedió en El Manzano, en el municipio serrano de Urique. Los que llegaban a producir en la zona utilizaban como trabajadores a migrantes que hacían bajar de los trenes. En paralelo, la Casa del Migrante de la ciudad de Chihuahua comenzó a recibir testimonios de migrantes centroamericanos y mexicanos que narraban cómo hombres armados detenían los trenes en los que viajaban, los llevaban a la sierra y los obligaban a cultivar. Al menos dos de esas denuncias —una de finales de 2015 y otra de julio de 2017— quedaron archivadas en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
  

  Esclavizar a gente para emplearla en la producción agrícola y otras actividades del narcotráfico comenzó a ser algo más que una excepción. Y es posible identificar un par de elementos comunes en los casos que salían a la luz: la expansión territorial de los grupos criminales y el proceso de adaptación a una nueva coyuntura de mercado.   
  

  Por ejemplo: en 2012, el año en que los familiares de desaparecidos empezaron a hablar de que el narcotráfico se llevaba gente para obligarla a trabajar, comenzaron a hacerse más evidentes algunos cambios en el mercado de drogas de Norteamérica. Los Estados de Colorado y Washington legalizaron la producción y uso de marihuana, una acción que con el tiempo fue adoptada por otros territorios de Estados Unidos. Simultáneamente, el consumo de fentanilo comenzó a crecer en ese país, sobre todo a partir de 2016. Era un sustituto muy competitivo para la heroína —más barato, mucho más potente, más fácil de producir y de transportar— para una demanda de consumo enorme, alimentada durante décadas por la industria farmacéutica estadounidense. Ambos fenómenos influyeron en la caída de los precios tanto de la marihuana como de la amapola, explica Marco Vizcarra, periodista sinaloense que formó parte del equipo Proyecto Amapola, una investigación profunda sobre las dinámicas sociales, políticas y culturales en México que pueden comprenderse a través de la flor. 

  A mediados de la década de 2010, el kilo de goma de opio —la resina que se obtiene de la amapola y con la que se produce la heroína— llegó a alcanzar precios de entre 30 y 60 mil pesos mexicanos (entre 1,600 y 3,200 dólares, aproximadamente). Cuando hablamos con Vizcarra, a principios de 2025, costaba alrededor de seis mil pesos mexicanos: unos 320 dólares. Para finales del mismo año, el valor había caído casi a la mitad de eso (menos de 200 dólares). El periodista mencionó otro factor que ha influido en los costos: anteriormente había una especie de libre mercado, con múltiples intermediarios involucrados en la compra y venta de la goma, “pero en el 2017 ese negocio se monopoliza”. Únicamente pueden proveer al Cártel de Sinaloa. “Eso les obligó a vender a un solo precio”, dice Vizcarra, “no tienen ganancia”. Como consecuencia, “hay muchos menos campos de amapola”.

  El sociólogo Luis Astorga llama “organizaciones mafioso-paramilitares” a los grupos del crimen organizado que han diversificado sus actividades: ya no sólo se dedican al cultivo y tráfico de marihuana o heroína; han extendido su abanico de actividades para obtener un mayor control territorial. Y para conseguirlo necesitan gente.  

  Para Astorga, el reclutamiento forzado de jornaleros o el uso de mano de obra esclava no es un fenómeno que responde de forma lineal a la disminución de los precios de la marihuana o la heroína, sino que forma parte de un proceso de búsqueda de rentabilidad permanente. Esa es la lógica con la que operan, nos dijo, cuando lo entrevistamos para este reportaje: “Vas a tratar de maximizar la renta de todas las actividades delictivas a las que te dediques”. El autor de El siglo de las drogas apuntó que los carteles no abandonan negocios, y que las drogas más clásicas —marihuana, cocaína, heroína— pueden perder terreno pero nunca han dejado de consumirse. Los reportes de incautaciones en la frontera con Estados Unidos reflejan la vigencia de ese tráfico. 

  Lo que hay, entonces, es un conjunto de factores que determinan cómo operan en un momento histórico determinado: oferta y demanda, diversificación de actividades, búsqueda de hegemonía territorial y cambios en las alianzas de las organizaciones criminales. Y, en ese contexto, hay cuestiones geográficas y generacionales que pueden facilitar los casos de trabajo forzado y esclavitud. “Las dinámicas del campo delictivo se han transformado muchísimo y esta tendencia a tener un perfil más de carácter mafioso —explicó— implica también un mayor grado de violencia sobre la población a la que tienen sometida en un determinado territorio, ya sea para cultivos o para otro tipo de actividades como secuestro, extorsiones, el cobro del piso”. Por otro lado, Astorga dijo que, aunque siempre existe un grado de coacción, puede haber un trato diferenciado según el origen geográfico de las personas y la percepción de su valor dentro de la división del trabajo. 

  A principios de 2019, los periodistas Alejandra Guillén y Diego Petersen publicaron una investigación sobre cómo, desde el 2017, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba a jóvenes con falsas promesas de empleo a través de plataformas como Facebook o TikTok y los obligaba a entrenarse como sicarios en ranchos o campamentos ubicados en la sierra de Ahuisculco, en el municipio de Tala, en la zona centro del estado de Jalisco, a una hora de distancia de la ciudad de Guadalajara. 

  Sucedía en Chihuahua, Jalisco, pero también en Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. 

  Desde el periodismo primero y la academia después, Guillén ha dedicado varios años de investigación al problema de las desapariciones en Jalisco. En su tesis de doctorado —Territorios de desaparición (2024)—, explica que la violencia siempre ha sido un mecanismo útil para acumular capital, “pero lo que vivimos actualmente es una reestructuración del uso de la violencia que en los hechos alimenta el modelo económico”. No es que los cárteles necesariamente recurran al reclutamiento forzado o la esclavitud para acumular más capital. Es que son “el sujeto capitalista que utiliza la violencia como estrategia de conquista territorial”. 

  En violencias como el reclutamiento forzado o la esclavitud hay cuerpos que son más vulnerables que otros. Guillén lo identificó cuando leyó las declaraciones ministeriales de hombres que habían sido engañados y obligados a entrenarse como sicarios:
  

  “Han vivido desprecio y violencia estructural, y justo esa situación los coloca como los cuerpos sacrificables, los que socialmente se permite desaparecer, esclavizar, destruir”.

  Los hombres que fueron forzados a cultivar droga en la Sierra Tarahumara tienen un perfil parecido a los que fueron esclavizados en Jalisco: no tenían empleo, hacían trabajos temporales, algunos acababan de ser padres, tenían problemas de adicción o deudas por pagar. No es una casualidad que, de los 21 que fueron rescatados en el operativo de 2019, sólo cuatro tuvieran reporte como desaparecidos. No había forma de saber si alguien buscaba a los demás. Capturar y esclavizar a los individuos más marginados por la sociedad, a los más aislados y desesperados, es apostar a que no le importan a nadie, a que nadie va a reclamar por ellos. Los grupos criminales terminan una tarea que ya empezó el sistema: ellos son los cuerpos sacrificables. Los que no valen más que la comida que les permita seguir trabajando.

  Si la pobreza estructural y el desamparo generan las condiciones para que puedan ser víctimas de explotación, el sistema de trabajo temporal de jornalero —uno de las pocas alternativas que tienen para sobrevivir— ofrece una cobertura perfecta para la trata. “Miles y miles de personas originarias de la sierra salen a trabajar a los campos agrícolas en Cuauhtémoc, Delicias, Ojinaga o la misma sierra”, describe el periodista Raúl Fernándo Pérez, de Raíchali, el medio que cubre lo que pasa en la Tarahumara. Les pagan mal, viven hacinados y muchos son menores. “Desde los 14 años se van de las comunidades”, explica Pérez. Van de la cosecha de manzana a la de nuez, al chile, después al tomate… Hay gente que pasa años así. “Eso se ha normalizado: llegas a una comunidad y no hay jóvenes porque todos están trabajando fuera, están solos los adultos mayores y a lo mejor algunos chamacos”.  

  Sobre esta base, los grupos criminales solo necesitan dar un paso más para instaurar lo que la antropóloga social Rossana Reguillo nombra como “paralegalidad”: un modo de gestionar territorios y de ejercer el poder “que produce sus propios códigos, normas y rituales que, al ignorar olímpicamente a las instituciones y al contrato social, se constituye paradójicamente en un desafío mayor que la ilegalidad”. En ese orden paralelo, dice Reguillo en su libro Necromáquina, los cuerpos son utilizados para “aumentar la movilidad y la velocidad de la empresa”.    

  No es complicado inferir bajo qué empresa criminal operaban los campos en la Sierra Tarahumara. En los testimonios que pudimos recabar, los sobrevivientes mencionan que los líderes de los campamentos tenían acento sinaloense. El mismo acento que escuchaban en esos grupos de jornaleros que a veces llegaban aparte, que recibían paga y se volvían a sus casas al terminar la cosecha. Según el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, la organización sospechosa de la captura y explotación de los 21 rescatados era el Cártel de Sinaloa. En distintas entrevistas con personal de la fiscalía, un par de funcionarios que pidieron mantener el anonimato sostuvieron que los campamentos eran operados por una familia “independiente” autorizada —a través del pago de un tributo mensual— para la producción de amapola y marihuana, tanto por el Cártel de Sinaloa como por la Línea, grupo armado del Cártel de Juárez. 

  Andrés, uno de los sobrevivientes de los campos de esclavitud en la sierra que estuvo entre los 21 rescatados —y que sí fue buscado por su familia—, cuenta que en las cuevas conoció a hombres que llevaban cautivos tres años, ocho, incluso más. Algunos habían perdido la cuenta. Ya no podían o no tenían voluntad para irse. Entonces se quedaban ahí, “trabajando hasta que no sirvieran”. Todos servían mientras pudieran ser usados, explica. 

  “El que no servía para trabajar, servía para partir leña. El que no servía para partir leña, servía para lavar los trastes. Todos servían”.

  El Estado ni siquiera entraba en los cálculos de Andrés cuando pensaba en lo que les había pasado y en lo que les habían arrebatado. El Estado ya los había abandonado hacía mucho tiempo. Su rencor, cuando hablamos con él, estaba con los explotadores. “Esa persona que se dice narcotraficante, que trabaja con drogas. La droga deja dinero. Antes, los narcotraficantes ayudaban a la gente. No era como hoy en día. Si tú tienes un trabajo que es redituable, que te da dinero, no seas gandalla, no lleves a gente inocente que no quiere trabajar en eso”. 

  
  Para leer o escuchar en audio la investigación completa “Esclavos en la Sierra Tarahumara” completa, visita el sitio web interactivo en www.quintoelab.org/esclavos/o en www.adondevanlosdesaparecidos.org

• El ataque continuo de Israel a Líbano colapsa cualquier avance en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

  2 de juny, per  Admin2

  Foto: Funeral en Beirut en abril de 2026. (Manu Brabo)

  Benjamin Netanyahu, presunto criminal de guerra según el Tribunal Penal Internacional, sigue su hoja de ruta destinada a descarrilar un posible acuerdo entre EEUU e Irán. En la mañana del 1 de junio, el primer ministro israelí anunció que su ejército se dispone al bombardeo del barrio de Dahiyeh, en Beirut, donde reside un núcleo importante de población chiita, y que es considerado uno de los centros de operaciones de la milicia Hezbolá. 

  El modus operandi de Israel es el mismo que ya se ha empleado en Gaza y ha consistido inicialmente en el lanzamiento de octavillas con la orden a los libaneses de que “abandonen sus hogares ante la posibilidad de ataques inminentes”. Los avisos han caído sobre Dahiyeh y otras nueve ciudades del país del cedro.

  Los intentos de la Casa Blanca, a última hora del 1 de junio (hora española), por no cerrar las vías del acuerdo con Irán dieron paso a una afirmación de Trump de que Israel asume que no enviará tropas a Beirut y que eso será suficiente para que Hezbolá no responda. En todo caso, durante toda la jornada ha estado presente la posibilidad de que Irán abandone las conversaciones debido al sabotaje activo de Israel a la búsqueda de un escenario para la pacificación.

  Desde la oficialidad de Líbano, el Parlamento dio a conocer a EEUU durante del domingo 31 de mayo que cuenta con la garantía de Hezbolá de que aceptará el alto el fuego total sin exigir una retirada israelí inmediata de las poblaciones del sur del país. Nabih Berri, presidente del Parlamento, que fue quien aseguró esa posición de Hezbolá es de origen chiita y se le considera cercano a la milicia.

  Según el Ministerio de Sanidad libanés, al menos 3.433 personas han muerto y 10.395 han resultado heridas desde que Israel retomó sus ataques contra el país en marzo

  La agencia iraní de noticias Tasnim anunció el lunes a primera hora de la tarde (hora española) que se suspendía el intercambio de mensajes con Estados Unidos como consecuencia de los ataques a Líbano. Irán, además, advirtió poco antes de las 18h (hora española) a los ciudadanos israelíes del norte de ese Estado de que huyan de sus hogares en el que caso de que Israel cumpliera su amenaza de atacar los suburbios del sur de Beirut.

  Desde el régimen de Teherán se denuncian los intentos de sabotaje de un futuro acuerdo de paz por parte de Israel. “Insistimos en que un alto el fuego en el Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra”, ha declarado el portavoz del gobierno de Irán. El posible acuerdo se encuentra bajo presión “en todos los frentes” debido a las acciones de Israel, según delimitó Teherán.

  Según el Ministerio de Sanidad libanés, al menos 3.433 personas han muerto y 10.395 han resultado heridas desde que Israel retomó sus ataques contra el país en marzo, después del precario alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. En la última semana de mayo, y a medida que parecía acercarse el acuerdo entre Irán y EEUU, los asesinatos por parte de Israel se han acelerado, con ataques que han supuesto una media superior a diez víctimas mortales diarias.

  Mientras que la violencia israelí en Líbano alcanza el punto de hacer imposible el acuerdo entre la Casa Blanca y Teherán, el Gobierno iraní continúa en conversaciones con Omán sobre el control del estrecho de Ormuz.

  En la actualidad, Israel controla 2.000 kilómetros cuadrados de territorio libanés por debajo de la frontera natural del río Litani, lo que supone casi una cuarta parte del país del cedro. El sionismo ha defendido que ese área es parte de una supuesta “frontera natural” del llamado “Gran Israel”, lo que indican las intenciones de al menos una parte del Gobierno de Netanyahu de hacer perenne la actual ocupación. Durante el pasado fin de semana, las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) tomaron el castillo de Beaufort, un emplazamiento clave en términos geográficos e históricos, al norte del Litani.

  Este material se comparte con autorización de El Salto

  
  

• CNTE instala plantón en calles del Centro tras enfrentamientos y cerco policial al Zócalo

  2 de juny, per  Auri

  Foto: Gerardo Magallón

  Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón sobre la calle 20 de Noviembre, en las inmediaciones del Zócalo capitalino, luego de denunciar agresiones durante su intento por ingresar a la Plaza de la Constitución, resguardada por vallas metálicas y elementos de seguridad.

  Tras marchar desde el Ángel de la Independencia, docentes encontraron bloqueados los accesos al Zócalo y se dirigieron por calles aledañas, donde se registraron confrontaciones. La CNTE denunció que profesores fueron rociados con polvo de extintor y agredidos con objetos lanzados desde el otro lado de las vallas. Entre los lesionados se encuentran dos docentes de Guerrero, uno con una herida en la cabeza y otro con una perforación en el rostro. Durante una conferencia de prensa de la dirigencia magisterial también se reportó el lanzamiento de gases irritantes.

  Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9, informó que el campamento permanecerá en 20 de Noviembre como respuesta al operativo de seguridad desplegado alrededor del Zócalo. El magisterio reiteró que su exigencia central es una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, y acusó al gobierno federal de privilegiar el cerco y las barreras físicas por encima del diálogo.

• Esclavos en la Sierra Tarahumara. Capítulo 3: El reclutamiento forzado

  1 de juny, per  Auri

  Ilustración de portada por Alejandra Saavedra

  Andrés fue engañado con una oferta laboral falsa. Subió a una troca con otras personas que también habían aceptado.  En el camino fueron detenidos por una patrulla de la policía estatal, pero se retiraron después de “una mordida”. Eso es lo que consta en su declaración ministerial. Sin embargo, cuando fue entrevistado para esta investigación dijo algo distinto: en realidad fue la policía estatal la que lo entregó al narco. Estuvo cautivo siete meses en la Sierra Tarahumara, forzado a vivir en una cueva y a trabajar en campos de amapola y mariguana, sin paga ni posibilidad de regresar a casa.

  Este es el tercero de seis capítulos de la investigación “Esclavos en la Sierra Tarahumara”, realizada por el laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab. Los primeros dos capítulos narran el operativo que llevó al rescate de 21 personas que fueron llevadas con engaños a trabajar como esclavas en los campos de amapola y marihuana en la Sierra Tarahumara, aprovechándose de su necesidad, así como testimonios de quienes sobrevivieron a este infierno.

  Mientras estaba cautivo, Andrés miraba y trataba de retener información sobre su entorno, porque recordaba un cuento que había leído hacía muchos años en la revista Selecciones. El protagonista era un esclavo negro, amarrado con un grillete a otro esclavo, forzado a trabajar en la construcción de unas vías de tren en el siglo XIX. 

  “Y él empezó a idear su escape, a ver los movimientos de los guardias. Cada cuánto se rotaban, cada cuánto los dejaban descansar y en qué momento los dejaban escapar”, cuenta Andrés ahora, una tarde de junio de 2021, después de cumplir su turno como carnicero del supermercado en un municipio fronterizo, en el límite con Arizona. “Él veía todo eso. No comía todo su alimento. Empezaba a hacer almacén, poco a poquito, para escapar. De todo eso me acordaba”. 

  Tal vez por eso, porque se la pasaba mirando lo que ocurría a su alrededor y pensando en cómo ganarse la confianza de los vigilantes, cómo conseguir más alimento, cómo escapar, Andrés describe detalles de su cautiverio en la Sierra Tarahumara que permiten dimensionar la operación en la que había quedado atrapado y lo que era: un sistema pensado para reducir al máximo los costos en la recolección de goma de opio, la tala de cerros, la cosecha de marihuana y otras tareas agrícolas de producción, sostenido con escuadrones de personas secuestradas y obligadas a trabajar para grupos locales del narcotráfico hasta el límite de sus fuerzas. 

  Andrés fue uno de los 21 rescatados a mediados de julio de 2019, durante el operativo realizado por la fiscalía estatal de Chihuahua. Todavía recuerda el momento en que los familiares de los sobrevivientes fueron a buscarlos a Ciudad Cuauhtémoc, unos días después del rescate. “Me tocó ver a dos que iban conmigo que, cuando los entregaron, pues no, como chavalitos: llore y llore con sus familias. Yo decía: qué loco, si ya está grande”. El papá de Andrés, en cambio, parecía enojado cuando fue a buscarlo. “Como si yo hubiera hecho algo malo”, dice. Su padre se acercó, lo saludó, y le hizo una sola pregunta: 

  —Dime la verdad, loco. ¿Hay problemas? ¿Nos puede pasar algo?

  —No pues quién sabe. 

  —Dime la neta si nos puede pasar algo, para irnos rápido y no estar esperando camión…  

  Andrés le dijo que no sabía, y así se fueron los dos a tomar el camión para su pueblo, incómodos y nerviosos, volteando a ver por encima del hombro a cada rato, mientras su padre le preguntaba si podían matarlos y él le pedía que se callara. Así es como lo recuerda. 

  Dos años después de aquel momento, cuando pudimos entrevistarlo, trataba de retomar su vida pero todavía seguía volteando a mirar a los lados. Cada cierto tiempo cambiaba de casa y de pueblo, y cuando iba a visitar a sus hijos llegaba por la noche —“como bandido, como si debiera algo”— y se volvía a ir al amanecer. “Lamentablemente, así es como llevo mi seguridad”. Después de su liberación vivía con miedo a que lo detuvieran por algún motivo y saliera a flote su pasado reciente.  Que apareciera un reporte con su nombre, asociado a un grupo de hombres hallados en los campos del narco. Esa tarde nos dijo que, cada vez que podía, tomaba sus cosas y se iba a un sitio nuevo. A veces pensaba que hubiera sido mejor que no lo liberaran. “Hubiera preferido escaparme que quedar ahí con el reporte. O quedarme ahí y haberme ido después”. Tampoco sabe si su plan habría funcionado. Lo que sí sabe es que ahora, en todo caso, su vida sería distinta. “Si no me hubieran rescatado, ahorita sería una persona normal, como alguna otra que no tiene nada que ver”. Los meses que mantuvimos contacto con él, antes y después de la entrevista, reflejaban esa inestabilidad. Andrés llamaba desde alguna carretera, fuera de Chihuahua. Después, desaparecía por completo,  aparecía de pronto en Acapulco, otro día en Ciudad de México, y volvía a desaparecer. La tarde que grabamos su testimonio —aceptó la entrevista con la condición de que protegiéramos su identidad— tenía 30 años. En enero de 2019, cuando lo secuestraron, tenía 28. 

  Andrés pasó siete meses esclavizado en la Sierra Tarahumara. Es el único de los rescatados que atribuye una responsabilidad a la policía en su testimonio sobre cómo se lo llevaron. En su declaración ante la fiscalía, su historia empieza como muchas otras: estaba tomando un refresco afuera de un Oxxo, en Chihuahua, enfrente de una pequeña terminal de autobuses, haciendo tiempo para tomar el camión a su pueblo. Un carro blanco se estacionó delante de él y el hombre que iba de copiloto —ropa ranchera, complexión robusta, bigote, dice la declaración— lo mandó a llamar. Le preguntó si sabía colocar postes, le ofreció un trabajo cerca de ciudad Cuauhtémoc y le dijo si no quería ir a ver qué onda. Me voy a ahorrar los 100 pesos del camión, pensó Andrés. Y aceptó. Entonces subió a la parte de atrás y se acomodó junto a otros hombres. Todos creían que iban a colocar postes. 

  Según su declaración ante el Ministerio Público, todavía no habían salido de Chihuahua cuando los detuvo la policía: “Los agentes vestían en azul marino y los vehículos traían el rótulo de policía estatal”. Los hicieron bajar, les preguntaron si iban bebiendo, qué llevaban, cómo se llamaban… Hasta que el hombre de bigote se acercó a un oficial y le habló. “Ese volvió por otro oficial y les dijo que se fueran todos a la chingada. Y vimos cuando le estaba dando dinero al policía que los corrió a todos”. Es un pasaje extraño en su primera declaración. Una denuncia solapada dentro de otra denuncia: si la policía hubiera hecho su trabajo en ese momento, ellos podrían haberse salvado de todo lo que les pasó. 

  En realidad, nos dijo Andrés esa tarde frente a la grabadora, la participación de la policía había sido aún peor: de acuerdo con su relato no oficial, que no figura en los documentos judiciales, fueron los mismo policías quienes lo interceptaron afuera de la central de autobuses y se lo llevaron con la excusa de averiguar sus antecedentes. Pero lo que hicieron fue taparle la cabeza, golpearlo y entregarlo a los reclutadores de esclavos. Andrés explica que cuando testificó, después del rescate, en la fiscalía no le dejaron mantener esa versión: la persona que estaba a cargo de reunir los testimonios leyó su declaración y les dijo que no a sus ayudantes. Esa no la podemos poner. Y les pidió que la rompieran. En la versión que figura hoy en el expediente, la policía solo recibió un soborno. 

  Para Andrés daba un poco lo mismo cómo lo habían atrapado. A diferencia del hombre amarrado con grilletes del texto de la revista Selecciones, dice, él sabía que lo suyo no era un asunto de raza ni de clase. “A mí no me esclavizaron por ser negro, por blanco, por pobre, por rico. A mí me esclavizaron por suerte, corrupción y avaricia. Mi mala suerte de estar en el lugar equivocado”.  

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  “Estar en el lugar equivocado” no es una expresión vacía, sobre todo cuando se habita en los márgenes geográficos y económicos de la sociedad mexicana. Andrés cuenta que en los campos conoció a adolescentes esclavizados a los que habían agarrado en Chihuahua cuando estaban drogados. “Les ofrecían ayudarles, que les iban a dar trabajo y les iban a guardar dinero para cuando estuvieran grandes y se los llevaban”. Recuerda también que una vez llegó al campo un adolescente rarámuri con su mochila de la escuela, con sus útiles. Los encargados de secuestrar gente lo habían encontrado pidiendo aventón cuando iba a estudiar a uno de los poblados cercanos y se lo llevaron. La mala suerte, en las historias de las víctimas, aumenta de forma proporcional a su nivel de desamparo y marginalidad. 

  Un agente de la fiscalía especializada en derechos humanos de Chihuahua, Paulo César Collazo Cordero, describe el método de reclutamiento de forma sencilla: “Aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas y a base de eso, someterlos. Menores, pueblos originarios, personas con problemas de discapacidad, adictos”. Y, como tierra fértil de todo eso, la pobreza extrema: “Gente que quiere ganar dinero para poderse salir de Guachochi e irse a otro lugar, porque si te quedas ahí estás condenado. Los adolescentes o los rarámuris buscando qué llevarse a la boca, porque no hay nada. Literal”.

  Guachochi es un municipio de la Sierra Tarahumara donde la mitad de los habitantes son rarámuris, la mayoría con un grado de marginación muy alto. Collazo lleva un caso de unas 15 personas que fueron levantadas con engaños en esa población y terminaron esclavizadas en los mismos campos donde estuvo Andrés, solo que en 2022. Es decir: tres años después de que la fiscalía estatal llevara a cabo el operativo en el que encontraron a 21 personas, los campos de trabajo forzado seguían funcionando. 

  

  Personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Occidente señala la zona donde se encontraron a los 21 hombres que fueron rescatados en el operativo de julio de 2019. Foto: Marcela Turati.

  “Deben de existir todavía, no lo dudo”, dice Collazo. Cuando hablamos con él, a mediados de 2024, ya habían pasado cinco años del rescate. “Lo que pasa es que la geografía del propio sector donde están establecidos no permite siquiera llegar a ellos. Son personas muy conocedoras de la sierra, de las localidades en donde ponen ese tipo de campamentos. Hay toda una logística”. Y hay otra logística para llevar las víctimas, “para subir la gente, transportarla y que nadie se dé cuenta”. Tal como han descrito casi todos los que sobrevivieron o investigaron estos casos, la operación de captación se monta sobre una cultura de trabajo temporal que existe desde hace décadas en distintos lugares del Estado, lo que hace verosímil la oferta que les hacen. En algunos casos, usan adelantos para convencerlos. “Les daban hasta mil pesos para que generara confianza. Incluso les decía: Vete a tu casa, déjales el dinero y aquí te espero. La gente sí aceptaba y se subía con ellos”, explica el agente del Ministerio Público. Así pasó con Hipólito, que estuvo entre los 21 rescatados en el operativo de 2019. Una mañana salió a buscar trabajo para comprar “unos simples pañales y un bote de leche” y se topó con ellos. “Ese día me dieron mil pesos para ir a poner ese cerco. Fue todo lo que saqué de todos esos siete meses: mil pesos. Y perdí la familia, perdí todo. Ahora simplemente me las vivo en la oscuridad”. Así lo resumió la noche de 2021 que dimos con él, en la misma zona de Chihuahua donde lo habían enganchado junto a otros cuatro vecinos. 

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  Si bien el enganche de personas podía ocurrir en un rango bastante amplio de distancia y de temporalidad, las diferencias en los testimonios de las víctimas se reducen a medida que se adentran en la sierra. Algunos mencionan que en el camino pasaron por San Juanito, un poblado en la Sierra Madre Occidental donde abundan los aserraderos, y tiene incluso una estación del tren turístico El Chepe. Muchos recuerdan que la última comunidad que vieron se llamaba Yoquivo.

  Andrés recuerda que la camioneta avanzó durante un tiempo más, casi sin parar. Percibió cuando entraron a un camino de terracería. Después se detuvieron: los vehículos ya no podían seguir. Ahí, donde los bajaron, los esperaban hombres armados. Andrés volteó para orinar y echó un vistazo alrededor. “Solo veía puros cerros y árboles”. Desde ese punto  caminaron hacia el interior de la sierra varias horas (los testimonios hablan de cuatro a ocho, según el sitio adonde los llevaran). Antes de llegar a lo que parecía una especie de campo base ya se olía a leña quemada, recuerda Andrés, y se alcanzaba a ver un río, que casi todos los sobrevivientes mencionan como referencia geográfica. El lugar al que los llevaron era como una cueva grande, una abertura natural en la montaña, formada por las rocas. “Ahí tenían unas placas de fierro, donde estaban cocinando. Tenían una barra de piedra con cemento. Tenían un cuarto de almacén, donde había alimentos y perros”. Ya anochecía. Algunos de los que iban con Andrés se pusieron detrás de la barra y los sacaron a patadas. La comida no era para ellos. 

  

  Paisaje de la Sierra Tarahumara, entre los municipios de Bocoyna y Ocampo. 2021. Foto: Raúl F. Pérez Lira

  

  En los campamentos siembra de amapola y marihuana, en el municipio de Ocampo, se improvisaron sitios para resguardar los fertilizantes y la leña. Foto: Especial

  

  Los hombres eran obligados a realizar diversas tareas, una de ellas talar los árboles y preparar la madera que serviría de leña. Foto: Especial 

  “Al ratito, por donde bajamos nosotros, empezaron a bajar un chorro de personas. Eran hileras de 50 en 50 más o menos”. Andrés describe un puñado de grupos en una especie de comedor rudimentario, como en una prisión al aire libre, donde les repartían un plato y una cuchara, y pasaban por la barra para recibir un poco de comida y un par de tortillas. Cuando echaron a los de su grupo, empezaron a entender. “Les dijeron: Estos ni le chingan y ya quieren comer. La comida es para quienes ya le chingaron. Ahí ya supimos que se trataba de trabajar”. Al otro día, cuando los mandaron a buscar cobijas para dormir en el suelo, fueron más claros. Andrés recuerda que caminaron tres horas por la sierra hasta que llegaron a otras cuevas, pero cavadas en la tierra. “Eran cuevitas chiquitas, como de unos cuatro metros. Estaban cubiertas de hojarasca. Adentro tenían cobijas nuevas envueltas en hule negro y amarrado”. Entonces les explicaron para qué estaban allí, por si todavía no lo habían entendido: No se asusten, chavalones, no tengan miedo. No los vamos a matar. Ustedes nada más vienen a chingarle. Si le chingan no va a haber golpe, no va a haber nada. Se la van a pasar muy bonito. 

  —¿Alguno reclamó en ese momento, alguno preguntó?

  —¿De nosotros? Pues sí. Hubo varios que, más que preguntar, dijeron que no iban a hacer nada. Y pues ya los demás vimos que no era que quisieras…

  —¿Qué les hicieron?

  —Al que se puso más brusco, al primero, lo amarraron. Y lo golpearon. Lo dejaron todo el día y toda la noche. Amarrado en un árbol. Al otro, no podían con él, porque estaba macizo. Estaba fuerte. No podían con él y lo agarraron a leñazos y lo aventaron al río. Lo amarraron y lo aventaron un rato al río. Lo aventaban y luego lo sacaban. Lo aventaban y lo sacaban. Estaba muy frío el clima. Y, con el agua del río, pues mucho más. Y lo tuvieron amarrado todo el día y toda la noche. Al día siguiente lo soltaron. Y al que dejaron amarrado, no quiso seguir trabajando. Dijo que nel, que él no iba a trabajar. Y pues también, al agua. Así decían: ‘pa’l agua’. Y pues pa’l agua. Y ya se resignó. Y lo peor del caso es que ya estaba todo golpeado y así tuvo que empezar a trabajar también.

  En total, el grupo de Andrés estaba formado por 34 personas. Un día después, cuenta, llegaron otros 60. No recuerda que hubiera un patrón claro del tipo de gente que llevaban. “Les pagaban por persona, no por clase”. Entre los recién llegados “iban personas que se veían que eran adictas, personas que se veía que iban de viaje; iban personas indígenas; iban… pues iban de todo tipo de personas”. Y, entre ellos, algunos que parecían completamente ajenos a ese mundo. “No tanto por su vestimenta, sino por su modo de actuar”. Gente que miraba la tierra bajo sus pies y se les podía adivinar una pregunta en el rostro, dice Andrés: dónde estoy. “Personas que no están acostumbradas a sufrir nada, ni a dormir en el piso, y menos a estar ahí”. No les costaba transformarlos en esclavos, porque el instinto de supervivencia es elocuente. “Ahí les decían claramente: No batalles, güey. El que no quiera trabajar, dale una chinga. Y ponlo a trabajar. Y si no quiere dale otra chinga y otra chinga. Y, si de plano no entiende, mátalo”.  

  —¿Viste que mataran a alguien?

  —Vi que murió uno, porque cuando íbamos a trabajar, cargábamos los garrafones de agua. Y algunos eran garrafones grandes, de 60 litros. Y estaban pesados. De subida, nadie los quería llevar. Estaban muy pesados y luego, a veces, los caminos eran estrechos. En la subida, había puro voladero de un lado; y de otro lado, el risco. No cabía uno bien. Se iba uno raspando el brazo. Y si te lo ponías del otro lado, te jalaba para el voladero. Y uno ahí se puso a discutir. Dijo que ni madres, que no iba a cargar el agua. Y bajó el garrafón y se fue hasta el arroyo. Y llegó uno de los encargados, lo golpeó en la cara, le puso un patadón y lo aventó para el arroyo. Más adelante del arroyo había un lugar donde se juntaban varias aguas y hacía como un remolino. Ahí lo vimos, hasta que se ahogó. No podía salir, no podía salir. Y se ahogó. Y ahí lo dejamos. Nada más nos bajaron por el garrafón.

  ***

  Andrés no sabe cómo se llamaba el hombre que vio morir ahogado. Estaba recién llegado. “Y, la verdad, en ese entonces a mí no me importaba nadie de los demás. A mí me importaba mi persona. En ese momento yo no era de que ‘somos muchos y nos unimos y les ganamos’. No, yo en ese momento estaba nada más observando en qué lugar estaba, en qué situación estaba y cómo podía salir de ahí. Yo vi que por la fuerza no se podía. Y en unión, tampoco, porque muchos ya estaban… ya su mente no ambicionaba salir. Lo único que querían era que les dieran un poquito más de alimento”. 

  O una dosis más, según lo que utilizaran para someter a las personas. Primero, la amenaza de golpes, castigos y muerte. Después, la promesa de más drogas o de una tortilla más, un pan, una soda. Es fácil romper la resistencia de una persona hambrienta, explica Andrés.  “Cuando eres orgulloso dices: no voy a andar rogándoles por un taco. No voy a decirles: dame una tortilla”. Pero eso solo es al principio, “porque va uno bien alimentado”. Al poco tiempo, los guardias los hacían bailar por algo más de comida. Los hacían cantar. Aviéntate una rolita y te damos otra tortilla. Los vigilantes consumían cosas que para los cautivos se habían vuelto lujos, aunque fueran cotidianas. Pan, por ejemplo. “Tú ves un pan dulce y recuerdas a qué sabe un pan dulce, la textura de un pan dulce, y ves que alguien se lo está comiendo y, aunque no quieras, se te antoja”. A veces usaban la comida como represalia: para castigar a uno del escuadrón, les quitaban una tortilla a todos. Eso desataba violencia entre ellos. En su declaración judicial se puede leer esta frase: “Había una regla: si te decían que golpearas a tu compañero, lo tenías que golpear, porque si no lo hacías nos golpeaban a los dos”.

  La palabra “escuadrón” es la que usa Andrés en la entrevista. Primero eran equipos. “El equipo de tal, el equipo de tal. Al último ya nos decían escuadrones. Que el escuadrón de tal, el escuadrón de fulano”. Cuando le pedimos que recuerde como era una jornada habitual, Andrés describe la rutina de una vida embrutecedora, miserable, la misma que llena de resentimiento el relato de todos los sobrevivientes. Los sacaban de las cuevas a las 4:30, los hacían contarse, los formaban en grupos de a 30. Los bajaban al arroyo, les dejaban ir al baño, los metían adentro de la sierra. “Caminábamos hasta el campo donde trabajábamos y, desde que llegábamos, dóblense, dóblense, a trabajar. Ya como a las 10 de la mañana, hablaban por los radios: ey, ya está la comida, que se vengan tantos escuadrones”. Volvían, se formaban, recibían algo de sopa, algo de frijol, cuatro tortillas. Menos, si es que estaban castigados. “Comíamos en unos cinco, diez minutos, y sobres, nos empezábamos a formar y luego ya empezábamos a llenar los galones”. Mientras los últimos terminaban de comer, los otros llenaban garrafones de agua o de ‘loco’, la mezcla de harina de maíz con agua y azúcar que a veces les daban para que resistieran hasta la noche sin desfallecer. Y entonces volvían a los campos a trabajar hasta que caía el sol, los hacían contarse nuevamente, caminaban hasta el campamento base y los metían otra vez en las cuevas. 

  El agotamiento físico y la violencia eran la norma, pero lo que terminaban de romper la dignidad de cada uno podían ser cosas cotidianas, pequeñas, humillaciones que los despojaban de un último refugio de humanidad. Para algunos era eso: no poder ir al baño sin que los vigilaran. O que los hicieran orinar en un balde de 20 litros en la cueva donde comían y dormían. Andrés llegó a andar descalzo y a usar un pantalón con una pierna, pero lo que más le hacía sentir la inhumanidad era no poder bañarse. “No nos daban oportunidad de bañarnos, no nos daban permiso. Un baño te hace sentir bien como persona, te quita todo el cansancio, la fatiga. Y estar cerca del agua todos los días y no poder bañarte…”.  A veces, cuando los usaban de burros de carga y tenían que llevar durante horas garrafones de 60 litros o bolsas de fertilizantes o cualquier otro bulto a través de desfiladeros, Andrés pensaba: “Mejor me arrojo, a la chingada, está más fácil morirme aquí, ya, ahorita que no estoy tan jodido, que morirme al rato más jodido”.
  

  —¿Suicidarse?

  —Pues no suicidarse. No lo veía uno como un suicidio, sino como un desahogo, como liberarte. Una forma más fácil de liberarte.

  Los días que los usaban para cargar solían empezar más tarde, dice Andrés, a las 5:30 o las 6 de la mañana, pero podían llegar a volver a las 2 o las 3 de la madrugada con los últimos bultos. El tramo más corto que hacían era de seis horas de caminata a través de la sierra. Y seis de vuelta. El tramo más largo era de ocho. Ocho y ocho. En los meses que estuvo cautivo le tocó arreglar caminos. Le tocó desmontar. Deshijar plantas. Juntar goma de opio de campos de amapola. “Un día rayar, otro día juntar la goma”. Después arrancar las matas. “Acomodarlas primero para que se secaran y luego después quemarlas”. Le tocó montar un nuevo campamento. “Cambiar las hornillas, las planchas, las cobijas”. Le tocó cultivar y prensar marihuana, porque lo mandaron prestado a otro campo. Llegó a conocer cinco. 

  Vivió en tres de ellos. Un par de veces, como tenía experiencia de carnicero, los encargados le hicieron destazar vacas para comérselas. Le dejaban llevarse una bolsa con restos de carne. A veces, él mismo le ofrecía a los guardias quedarse despierto cuidando de los demás, para ganarse su confianza. Andrés juntaba comida, hacía favores y esperaba.  

  

  Mapa de la zona de campamentos. El dibujo lo realizó Andrés, uno de los 21 hombres rescatados en 2019. 

  Dice que su forma de mantenerse entero en esa situación fue escapar dentro de su cabeza, tratar de tomar distancia. “Pensaba, pues, que yo era más listo. Ellos ya me veían como un ave de corral y yo tenía algo que ellos no podían saber: lo que yo pensaba”. Andrés recuerda que, cinco días antes del operativo en que los rescataron, los encargados del campo andaban más atentos y más armados. “Traían el rifle, varios cargadores y granadas”. Decían que esos días había habido una “matazón” en uno de los campos. Que habían asesinado a todos, a los encargados y a los trabajadores. Parecían a la espera de algo. El día que llegaron los agentes escuchó un disparo, vio correr a todos y creyó que iba a morir. “Yo pensé: nos van a ejecutar”. Cuando todo se aclaró, lo quisieron mandar a buscar a otros hombres, porque uno de los rescatados dijo que él conocía otros campos. Andrés se negó. Recrea la discusión con ellos. 

  —Ve por ellos. 

  —No, pues vamos. 

  —No, ve tú, aquí te esperamos. ¿Tienes miedo o qué? 

  —Pues si ustedes que traen armas nada más están volteando pa arriba, bien paniqueados,  a poco yo no tengo miedo. 

  —No pues haz algo, ayúdalos. Ve por ellos.

  — No, la verdad es que yo solo no voy pa ningún lado. 

  Andrés no fue y los policías tampoco. Un agente dijo que iban a regresar. No lo hicieron. Dos años más tarde, cuando le preguntamos por qué había aceptado darnos una entrevista, Andrés nos explica que después de volver mucha gente no le creía. Dijo que había leído críticas contra ellos: eso les pasa por andar de vagos. “Yo les digo a esas personas que piensen antes de hablar, porque sales de tu casa confiado, vas a tu trabajo, a tu escuela, y no sabes si de repente te toca esa situación. Puedes tener la suerte de que te rescaten, puedes tener la suerte de que te mueras ahí. Yo decidí dar esta entrevista, aceptarla, porque no va a cambiar esto. En México tenemos esclavitud sexual, trata de blancas, tenemos esclavitud laboral y no es de ahorita, es de hace muchos años”. Andrés sabe, dice que él sabe que sus palabras no van a cambiar las cosas, pero que puede ayudar a que la gente no se olvide de que pasan estas cosas. “Puede ser tu hermano, un tío, tu madre, tu hermana, tu prima. Eso de que en boca callada no entran moscas, la verdad es que pasan muchas cosas por nuestra culpa, porque uno se queda callado”.

  A mediados de 2024 se hizo un juicio en contra de un acusado por el delito agravado de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado, ejercido en contra de 24 hombres: los tres aparecidos en entronque Las Estrellas, y los 21 que fueron rescatados en el operativo una semana después. Solo tres de las víctimas acudieron a declarar contra la única persona que estuvo procesada por el caso. Andrés fue uno de ellos.

  
  Para leer o escuchar en audio la investigación completa “Esclavos en la Sierra Tarahumara” completa, visita el sitio web interactivo en www.quintoelab.org/esclavos/o en www.adondevanlosdesaparecidos.org