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• Sobrevivientes de la masacre de Panzós denuncian que siguen siendo víctimas de violencia y desalojos

  2 de juny, per  Auri

  “No estamos reunidos acá para celebrar una fiesta, estamos recordando un momento sangriento y doloroso, esta historia de Panzós nunca se borrará”, expresaron los sobrevivientes de la masacre en Panzós, Alta Verapaz. Hace 48 años, el 29 de mayo de 1978, el ejército disparó contra pobladores Q’eqchi’ que ese día protestaban en la plaza del pueblo. Al menos 53 personas murieron en ese hecho, aunque algunos testimonios de sobrevivientes indican que fueron cientos.

  El 28 de mayo, reunidos en una casa remodelada con block, ubicada cerca del cementerio general de Panzós, Alta Verapaz, las y los sobrevivientes de la masacre señalaron que estaban recordando el día en que sus padres y abuelos fueron masacrados por el ejército de Guatemala cuando buscaban acceso a las tierras para poder cultivar.

  A las nueve de la noche prepararon el altar ceremonial, a medianoche prendieron el fuego de la ceremonia donde entregaron sus ofrendas al Ajaw; las abuelas y abuelos bailaron al son de la marimba alrededor del altar, fumaron puro y compartieron b’oj como hacían sus padres, abuelos y demás seres queridos que fueron masacrados.

  

  Foto: Juan Bautista Xol

  El temor de aquella masacre aún persiste en algunos de los sobrevivientes. Don Mateo como se identificó llevó una fotografía de su padre a la ceremonia, y dijo a Prensa Comunitaria que no quería que se le tomara fotografía porque aun siente que lo persiguen y siente que algún día lo asesinarían como lo hicieron con su padre, aunque solo es un presentimiento de él, según dijo una de sus hijas.

  

  Foto: Juan Bautista Xol

  ¿Qué pasó en 1978?

  Hace 48 años, el 29 de mayo de 1978, el ejército disparó contra pobladores Q’eqchi’ que ese día protestaban en la plaza del pueblo.

  Al menos 53 personas murieron en ese hecho, que terminó con la lucha de las y los campesinos, aunque algunos testimonios de sobrevivientes indican que fueron cientos. 

  “Eran alrededor de las nueve de la mañana del 29 de mayo de 1978, cuando cientos de mujeres y campesinos se concentraron en la plaza de Panzós, ubicado en Alta Verapaz, para demandar al alcalde municipal, Walter Overdick García el acceso a sus tierras que estaban en manos de terratenientes, señalan los sobrevivientes”, indica una nota de Prensa Comunitaria.

  Según lo publicado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), también había soldados en el techo del edificio de la municipalidad, en el techo de la Iglesia y sobre el salón municipal. 

  Don Mateo manifestó que cada vez que llega este día, su corazón se entristece porque a los 13 años presenció la muerte de su padre y la única imagen que pudo rescatar de él para recordarlo es la que fotografía que presentó en la noche del 28 de mayo.

  “Me duele recordar este momento, en la tierra se derramó mucha sangre, la sangre de mi padre don José, además tengo miedo, el miedo que entró en mi desde ese momento”, comentó don Mateo un señor de edad avanzada.

  A las 10 de la noche, los sobrevivientes, familiares, hijos y nietos finalmente se reunieron y entre alegría y tristeza de poder reencontrarse nuevamente se dieron la “Paz de alegría” como lo llaman, un saludo para dar la bienvenida espiritualmente de sus seres queridos en medio del altar ceremonial.

  

  Foto: Juan Bautista Xol

  Ángela Caal, una mujer Q’eqchi’ que acompaña a las y los sobrevivientes desde hace varios años, lamentó que la nieta de Adelina Maquín (Mamá Maquín), no asistiera a la conmemoración de la masacre debido a que su estado de salud es delicado.

  Adelina Caal Maquín, conocida como Mamá Maquín por su liderazgo en defensa de la tierra del pueblo Q’eqchi’ también murió en manos de soldados que eran dirigidos por el militar y presidente, Kjell Eugenio Laugerud García.

  En una entrevista con Prensa Comunitaria, María Maquín la nieta de mamá Maquín, informó que en la conmemoración de los 48 años de la masacre no iba a estar presente debido  a  su estado de salud, sin embargo, desde su casa pidió justicia y respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas.

  El 29 de mayo, los sobrevivientes, familiares, juventudes, mujeres organizadas, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones civiles se reunieron en el Barrio La Soledad de Panzós, lugar donde partieron los masacrados cuando fueron a pedir a la municipalidad el acceso para cultivar en las tierras.

  Desde ese punto los sobrevivientes se organizan para recorrer unos dos kilómetros hasta llegar al parque central donde según los abuelos “derramaron su sangre sus seres queridos”.

  

  Foto: Juan Bautista Xol

  Este 29 de mayo, las consignas, porras, manteles y carteles no faltaron. Los jóvenes gritaban: “¡la sangre no se olvida!”, mientras avanzaba la caminata.

  Al llegar al parque central, varios comunitarios dijeron que durante estos 48 años siguen siendo víctimas de violencia, criminalización, desalojos y hasta con órdenes de captura por seguir exigiendo justicia por lo ocurrido el 29 de mayo de 1978.

  Al finalizar los sobrevivientes agradecieron nuevamente el reencuentro en este 2026 y pidieron que, si algún día no están presentes, es necesario que sus hijos, nietos, y juventudes sigan recordando y exigiendo justicia.

  "El color de la sangre jamás se olvida", grita la juventud en las consignas durante su participación en la caminata de los sobrevivientes de la masacre.
  
  La marcha finalizará en el parque central de Panzós.
  
  Juan Bautista Xol pic.twitter.com/g6M2XfqpSZ

  — Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 29, 2026

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  Este material se comparte con la autorización de Prensa Comunitaria

• Green grabbing y capitales mendigos

  2 de juny, per  Auri

  Había una vez que acaparaban energía verde de los uruguayos y suplicaban al estado por más subsidios.

  Entrevista a Jhony Saldivia, presidente del Sindicato Agrupación de funcionarios de UTE 

  (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas)

  El acaparamiento “verde”, puede ser de tierras, aguas, pero también de energía renovable. En Uruguay las represas hidroeléctricas tienen una larga historia de promoción centralizada del Estado. En los inicios del primer ciclo progresista (2005), el desembarco de megaplantas de celulosa generó un negocio de compra-venta de energía hacia la red estatal en base a la biomasa disponible con los restos de los árboles artificiales. Y a partir del año 2010 el sistema político promueve la energía eólica, y en parte la solar. Pese a la tradición estatalista de las empresas públicas, al día de hoy el 40% de la matriz renovable está en manos privadas, y los megaproyectos que generan y consumen renovables piden cada vez menores precios, o sea más subsidios para las plantas de celulosa y para los proyectos de hidrógeno y metanol verde.  Mientras la tarifa residencial de los hogares del país es una de las más caras de América Latina. En Todos conspiramos hablamos el pasado 25 de mayo con el vocero de los trabajadores de la energía eléctrica, del sindicato de la empresa pública donde se reflejan las tensiones entre el derecho a la energía y el aumento del lucro de grandes capitales. Por razones de espacio transcribimos algunos fragmentos, mientras que la entrevista completa está disponible en un canal de  YouTube .

  Todos Conspiramos (TC): Muy buenos días, muchas gracias Johnny Saldivia, Presidente del Sindicato o Asociación de Trabajadores de la Empresa del Uruguay de Energía Eléctrica(AUTE). Me acuerdo de encontrar en mi casa un banderín de la década, no sé si de los 80, de un sindicato de energía de México, ¿hay una tradición latinoamericana?.

  Jhony Saldivia: (JS) Sí, sí, con el ESMED, el Sindicato de Electricidad Mexicano, tenemos ahí una buena relación, un vínculo histórico de AUTE en realidad y de hecho estamos coordinando alguna actividad para este mes de junio, alguna participación justamente hablando del tema de transiciones y bueno, el tema de Hidrógeno Verde que ellos también lo están trabajando y un poco el tema de la soberanía energética y bueno, la energía en manos del sector público también. Son temas que vamos con la misma bandera, digamos, y hemos hecho bastantes cosas juntos. […)

  Nosotros además de querer integrar, coordinar regionalmente con otros sindicatos, también tenemos algo que es histórico que es, bueno, que la energía sea un derecho, que sea un derecho fundamental, digamos, que sea accesible a todos los uruguayos y uruguayos que viven acá. Es una de las banderas que tiene AUTE, así como la solidaridad es una de las banderas, que la energía sea un derecho es fundamental y para poder lograr eso, sin duda que lo que llevamos adelante es una defensa constante de la UTE estatal y pública, porque entendemos que es la única forma de que se pueda lograr el objetivo, de que todos tengamos energía eléctrica en nuestras casas. Y yo siempre lo digo que los viejos, digamos, los viejos y las viejas que armaron este sindicato, que ya lo tenían muy claro desde un principio, del 49 o previo cuando se estaban ahí por armar, que no sólo discutían su salario sino que discutían el rol de la empresa pública, del trabajador de la empresa pública y del servicio que brindaban.

  Y hay varios ejemplos, pero hay uno muy fundamental para nosotros que es la bajada de palanca del 12 de agosto, que es una medida de lucha muy dura, porque fue un corte programado, estaban en huelga, en 1959. El 12 de agosto del 59, que este año lo declararon como el día del funcionario de AUTE, por suerte, en una reivindicación nuestra, es un día histórico porque ahí hubieron cortes programados a nivel nacional, es decir, se bajó la palanca y estamos hablando del 59, que no había tecnología, no había telecomunicaciones, no teníamos un celular, sino que fue muy trabajado, muy pautado y siempre, si bien se dice, bueno, ese discurso de cuando tomas a la población de rehén con un corte, digamos, se mantuvieron los servicios esenciales, quiere decir que se cortó la luz, pero en todo lo que son servicios esenciales la energía se mantuvo, no se afectó a los servicios esenciales y eso pasó, a la mañana del otro día estaba en todos los titulares y un apoyo de la población enorme, por lo que se estaba viviendo en el 59 también, digamos, no era sólo un problema interno en AUTE, sino toda la problemática a nivel nacional que había, fue tremendo, hay diarios que relatan de cómo fue y el apoyo que tuvo de la población. Entonces creo que eso también es la responsabilidad de brindar el servicio de energía eléctrica de los trabajadores y trabajadoras, bueno, con medidas de lucha, con distintos planteos como lo que estamos haciendo hoy, pero siempre desde el punto de vista de defender la empresa, la empresa que sea estatal y pública, que eso va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras y también vamos a poder cumplir el objetivo de que todos tengamos acceso a la energía eléctrica.

  TC: En el día de hoy en un gobierno progresista tenemos un ministro de economía, como conversábamos alguna vez, autopercibido como liberal de izquierda, en un momento donde la auto percepción se devalúa un poco, (como decíamos jocosamente con el fenómeno Therian), que uno se puede autopercibir de distintas formas, entonces hay gente que no cree. Pero efectivamente hay toda una línea liberal dentro del progresismo que quizás podemos datarla a partir de que en la transición entre el gobierno de Jorge Batlle (200-2005) y la asunción del ministro de economía Danilo Astori (2005), empieza a generarse desde el poder ejecutivo progresista (digamos) una continuidad (a pesar de distintos gobiernos, distintos signos) que el ministro de economía actual, Gabriel O’Donnell, expresa claramente. Él ha dicho que el Uruguay es como la UTE, es caro pero funciona. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se calcula la factura que pagan los hogares? 

  JS: Es caro pero funciona. Nosotros cuando hablamos de la tarifa eléctrica tuvimos una campaña en 2015, justamente criticando un poco el modelo de negocio que era el cambio de matriz energética, las energías renovables y ahí quiero aclarar que nosotros no criticábamos el cambio a las energías renovables porque entendíamos que era necesario, sí criticábamos el modelo de negocio que se generaba con la captación de capitales privados, de inversiones privadas que venían a privatizar la generación de energía eléctrica. Y ahí era la pregunta: La energía es cara y nosotros siempre hablábamos de que el valor de la tarifa eléctrica era injusta, no cara, porque el caro es relativo, es relativo al país, a los recursos que tenga el país.

  Si lo vemos a nivel regional, sí, la tarifa eléctrica de UTE es una de las que pica en punta, acá en Sudamérica están los primeros lugares, pero también tenemos que ver la realidad que somos un país que no tenemos hidrocarburos, que no tenemos un desarrollo industrial como para poder fabricar o construir nuestros propios equipos de generación y somos un país que importamos todo, por eso yo creo que la realidad de que sea caro no es tanto por el funcionamiento de la empresa o no, sino por el contexto en el que estamos y lo que somos como país, como potencia, digamos, ¿no? Si decimos que es injusta, porque en este modelo de negocio lo que decíamos es, bueno, acá paga más el que menos tiene, digamos, ¿no? El peso de poder mantener el servicio eléctrico lo está pagando más aquel que menos tiene, que es el trabajador, trabajadora asalariada, y no el gran empresario, dueño de la gran empresa o gran superficie, que siempre está con un subsidio para poder instalarse en Uruguay, ¿no? Y ahí, capítulo aparte, después hablamos de todo lo que son los subsidios y las garantías que se le dan a los capitales privados para que vengan a invertir o se queden en Uruguay, pero nosotros hicimos un estudio, ahí los compañeros de Comuna nos dieron una mano en aquel 2015 donde hubo todo un relevamiento y habíamos hablado de que en función de los deciles, de los quintiles más bajos, digamos, de salario, la tarifa en un núcleo familiar de un trabajador asalariado pesaba entre el 10 y el 12 por ciento de sus ganancias, ¿no? Del salario que percibe, es decir, el 10 o el 12 por ciento del dinero que ingresaba al hogar iba destinado a la tarifa eléctrica. Y cuando íbamos a una gran superficie, por ejemplo, a una empresa de mediano-gran porte, eso pesaba un 0,4 por ciento de sus ganancias, ¿no? Y ahí vemos, bueno, quién consume más, ¿no? Y cuánto pesa dentro de lo que son las ganancias de cada uno, ¿no? Del salario del trabajador y de la ganancia, la renta que deja la empresa. Por eso decíamos que es injusta, era muy injusta y sigue siendo injusta.

  ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado porque se han hecho políticas o bonos sociales a la población que está más vulnerada, pero no se han dado las soluciones de fondo, en realidad. Al hecho de que hoy tenemos, todos conocemos en Uruguay, distintos lugares donde la energía no llega, donde a veces el cable pasa por la puerta de la casa pero no hay condiciones de que se puedan conectar, o porque tiene un problema habitacional que no puede tener energía, no se puede regularizar, o porque no la puede pagar el vecino a la vecina. Entonces, digamos, cuando nosotros marcamos toda esa transición energética, todo ese cambio que se hizo, digamos, las propagandas de lo verde ecológico, el Uruguay natural, el cambio de matriz energética que todo el mundo lo levanta como una bandera del acuerdo multipartidario del 2010, es decir, hay población que todavía no accede a la energía y termina siendo injusta o cara, digamos, porque cuando hablamos con los vecinos la pregunta siempre es retórica: ¿Qué piensa usted de la energía eléctrica? ¿Qué piensa del recibo de la UTE? Y que es cara. Si es bueno o malo o no, es cara. Es lo primero que te dicen.

  Entonces, nosotros hemos intentado hacerlo en aquel 2015 con las distintas organizaciones. Teníamos una idea de que se formara una unión de usuarios de energía eléctrica para discutir estos temas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El gran capital o las grandes empresas tienen un espacio con voz donde plantear, hacer sus planteos. De reclamar por una tarifa más baja, de exigirle al Estado de que le subsidie la energía.

  Ahora, el usuario residencial no tiene un lugar donde plantear sus peticiones o, bueno, sus reclamos con respecto al servicio de energía eléctrica. Entonces, era bueno de que se puedan organizar y discutir de por qué era cara. Y ahí desglosar cómo se compone la factura eléctrica. Es decir, los costos que tiene la empresa se vuelcan todos a ese pliego tarifario que define el valor de la tarifa eléctrica. Y cuando hablo de costos, mucho se dice de que el tamaño del Estado, la cantidad de funcionarios, todo lo que es la masa salarial del Estado, es una parte muy ínfima dentro de lo que es el pliego tarifario. De lo que compone la tarifa es una parte ínfima. Hoy tenemos un problema muy grande y en aquel 2015 nosotros lo denunciábamos con el cambio de matriz energética. ¿Por qué? Porque se privatizó el 40% del parque generador. Es decir, todos los molinos aerogeneradores que están instalados en el interior, hay casi un 70% entre molinos y paneles fotovoltaicos que son capitales privados, no son de UTE.

  Gran parte de la población piensa que son de UTE, pero no lo son. Esos parques tienen contratos fijos que se les generaron, eran garantías para que vinieran a invertir. Es decir, el Estado, por intermedio de UTE, le garantizaba la compra de toda la energía que puedan generar. Entonces, en ese acuerdo multipartidario del 2010, cuando se acuerda salir en búsqueda de capitales privados que vengan a invertir en energía en Uruguay, se generaron varias garantías. Primero, el Estado uruguayo como garantía frente a cualquier banco internacional. Es decir, el capital venía, presentaba un proyecto, se presentaba una licitación, se le compraba el proyecto y él con la compra y la firma del Estado uruguayo iba al banco a pedir un préstamo.

  

  Jhony Saldivia, presidente del sindicato de AUTE, 2026.

  Entonces, es un país que todos lo dicen, es políticamente estable, genera garantías, cumple con sus acuerdos y con sus contratos. Eso lleva a que sea una buena garantía con respecto a los bancos. Y después que es un negocio redondo, porque el contrato era un contrato a 25 años, que era lo que se estimaba que era la vida útil del aerogenerador, y que en esos 25 años la UTE está comprometida a pagar por toda la energía que pueda generar ese parque, independientemente si la va a utilizar o no, que eso es a veces lo más tremendo.

  ¿A qué lleva esto una pasada de raya simple para que aquellos vecinos o vecinas lo entiendan más? Es que muchas veces se está generando energía eléctrica que no se utiliza para nada, pero se tiene que pagar. Y UTE está obligada a pagar por esa energía. Y eso a lo largo del año, en el balance energético, tira de que bueno, a veces pagás 10, 15 millones de dólares por algo que no usaste, porque estás comprometido en ese contrato.

  Entonces, el capital privado, sí, fue un negocio redondo. Tenía las garantías, tenía el proyecto donde instalarlo, porque además de eso UTE le generaba todos los puntos, los mejores puntos donde conectarse en función de la zona territorial nuestra nacional, se lo brindaba a UTE, el banco le daba el préstamo por las garantías que le generaba, y un negocio que mismo O’Donnell lo dice, que O’Donnell y en aquel momento Ramón Méndez, era uno de los que decía que estos proyectos eran más una inversión económica que un proyecto energético. Que lo importante era tener el capital para el inicio, porque después a corto o mediano plazo ya se levantaba la inversión y el resto era todo ganancia.

  Entonces decían, no, el Estado no tiene todo ese capital para poder invertir, tenemos que ir a los privados que vengan a hacerlo. Y le generaba toda esta ganancia hacia adelante. Y bueno, eso es lo que genera, o gran parte de eso es lo que genera que la tarifa eléctrica sea cara.

  Es que como nosotros tenemos estos contratos fijos, hay variables que ya no se pueden ajustar. Y eso dimensiona el mantener toda la infraestructura de UTE funcionando. Toda la infraestructura de UTE quiere decir que el kilovatio hora cuesta lo mismo en Punta Carreta que en Bella Unión.

  Y eso es gracias a que hay una empresa pública que lo hace, porque si eso fuera una empresa privada, seguro que los costos los iba a tirar en función del costo de mantenimiento que tenga la red eléctrica. Y al mismo tiempo llega energía eléctrica al mismo precio a un barrio más carenciado en Montevideo, por decir algo, o en Salto, pero también le llega aquel productor que está en el campo. Y a veces, todos sabemos, la rentabilidad está donde hay mayor concentración de población, donde hay más demanda, donde vendo más energía.

  Entonces, hay una discusión que hubo con muchos productores donde decían que la UTE era cara, de que el subsidio a las personas más vulnerables era un costo que el Estado tenía que asumir y que lo pagaban ellos. Nosotros tuvimos varias discusiones con ellos porque claramente lo que les decíamos es, para UTE lo más rentable, si lo vemos como una empresa y no como un servicio de energía eléctrica, si lo mercantilizamos bastante como le gusta a ellos, es más rentable vender energía acá, en los centros poblados, que llevar una línea de media tensión y venderle al productor que está a 150 kilómetros de la sustracción de UTE. Entonces, tendría que ser muchísimo más cara para el productor, porque el costo de tender esa línea, mantenerla, operarla y estar 24-7 para cualquier problema que tenga, para un solo productor, es mucho más alto que vender en los centros poblados, digamos, los costos son más altos.

  Entonces, hay una parte que no se dice de quién subsidia a quién, porque todos esos costos, mantener la línea para el productor, van adentro del pliego tarifario y también darle energía a aquellas personas más vulnerables que necesitan un apoyo de toda la sociedad, también van dentro del costo del Estado, del pliego tarifario. Todo eso compone, y los contratos de los generadores también van adentro del pliego tarifario, eso compone la tarifa eléctrica. Hoy realmente tenemos, se está manteniendo el sistema por los clientes residenciales.

  
  ¿Por qué? Porque como está el marco regulatorio hoy y las últimas modificaciones que hubo el Ministerio de Energía, de Industria de Energía, en el periodo anterior, muchas de las empresas que se nombran como Google, como muchas de criptomonedas, como grandes proyectos que vienen a Uruguay a generar supuestas fuentes de trabajo, vienen con la energía subsidiada. Es decir, se le está vendiendo la energía a un precio menor de lo que lo paga UTE. ¿Cómo se banca eso? Bueno, con todos los clientes que pagan la tarifa eléctrica.

  Y bueno, yo creo que ahí es una discusión, un debate donde está bien impulsar la industria, ahora tenemos que empezar a ver a quién impulsamos y cómo impulsamos, y para qué los impulsamos a esas industrias que vienen, qué generan, qué derraman dentro de lo que es el país, la sociedad, la economía, y cómo también brindamos el servicio, el acceso a la energía, a todos los uruguayos, que es el rol de la empresa pública, del servicio de energía pública. Por eso, pelearla como un derecho creo que abarca todo eso, ¿no? A que el Estado pueda incentivar a que se invierta y se desarrolle la industria del país, y también que pueda cubrir las carencias de gran parte de la sociedad que hoy, por ejemplo, no accede a la energía eléctrica. 

  TC: Capaz que esa comparación que hacía el ministro de que la UTE es como el Uruguay, “cara pero funciona”, se puede entender también porque la UTE funciona, ¿no? Es decir, porque tiene esa capacidad, esa eficiencia. […] Entonces, pero también de que el país funciona, en el sentido que lo plantea el ministro, “funciona”, o sea, en ese esquema, digamos, liberal de darle al sector privado, un apoyo público en pro de un supuesto derrame que efectivamente no llega. Es decir, que no se traduce en un bienestar de ese trabajador que no solamente tiene problemas salariales sino que tiene ese alto costo tarifario en relación a sus ingresos, que generalmente el trabajador gasta todos sus ingresos en sobrevivir, no en ahorrar ni en lucrar como el capital, pero ahí también esto de que “funciona” y este histórico que ya explicabas de que, bueno, la privatización también viene con un modelo de negocios volcado hacia lo que es la diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica con las renovable.¿Cómo calculan ustedes que el país está tratando de “funcionar” para atraer a la industria del hidrógeno y el metanol?. Porque en otra entrevista de TC que hacíamos a Humberto Vidal, un especialista de temas energéticos de la Universidad de Magallanes (donde está HIF Global en el sur de Chile), nos decía que allá el costo de kilovatios es de 25 dólares, o sea bastante menor a lo que ustedes están manifestando que tendría el costo para la empresa. Nos decía que tenían allí un factor de planta alto, es decir, que dentro de la región […] era uno de los menores costos que podía llegar a tener [la industria del hidrógeno verde de] HIF Global, sin embargo, a pesar de tener esa ventaja, está  muy interesada en instalarse en Uruguay. Entonces  ¿pagará 80 dólares a la UTE cuando efectivamente vaya a utilizar para electrolizar el agua esta empresa?.[…] ¿Hay como una estabilidad en la oferta de energía que Uruguay le puede dar a la empresa por esa alta diversificación de la matriz que tiene? ¿Y qué porcentaje del año se le podría asegurar hoy en día?. Porque escuché que ustedes están con dudas, a ver si efectivamente a lo largo de todo el año le pueden asegurar energía limpia, que no esté contaminada con la térmica. Entonces, ¿cómo ven esos incentivos para que el país sea efectivamente atractivo y esto no sea, otra búsqueda de apoyo público para un negocio que no sabemos si funcionaría?

  JS: Sí, bueno, ahí el capítulo de Hidrógeno Verde, yo siempre digo que hoy se está cosechando lo que se plantó en el 90. Desde el intento de la ley de empresas públicas, de vender las empresas públicas gracias a un plebiscito no se dio y eso quedó laudado, están en el 97, 98, con el marco regulatorio que se armó, no se vendieron las empresas pero se abrió la puerta a que empresas privadas se instalaran y pudieran entrar dentro de lo que es el monopolio de la energía eléctrica, de las energías, y bueno, nosotros hablamos de la eléctrica, en Uruguay. Y eso no se dio hasta el 2010, porque con todas las puertas abiertas no hubo un capital privado que venga y diga quiero invertir en energía en Uruguay.

  Y eso no se dio porque no se le generaron las garantías que el capital necesita y exige, digamos, ¿no? Que es un poco lo que está pasando hoy. En el 2010 cuando se hace el acuerdo multipartidario, todos de acuerdo a buscar capitales privados, había que hacer una inversión en lo que era la potencia firme, y eso es la central de ciclo combinado de punta del Tigre [que funciona a gas o gas oil]. Ningún capital privado vino a invertir en potencia firme, porque es caro, porque es poco rentable, porque Uruguay no tiene petróleo, no tiene gas natural y todo lo tiene que importar, entonces ningún privado iba a venir a hacerlo.

  El Estado asume el costo y lo hace, y le abren la puerta a que vengan, sí, los privados, por las energías renovables no convencionales. La eólica, la fotovoltaica y la biomasa. Aparece [las megaplantas de celulosa finlandesas (UPM, que es Botnia primero, aparece la planta de Conchillas, de Montes del Plata, de Arauco y Stora Enzo), aparece UPM2 y aparecen todos los generadores eólicos que se instalaron.

  Hoy la mano viene de que van a ser paneles fotovoltaicos, lo que de aquí en más se va a desarrollar por un tema de costos y menores costos, digamos, y ha bajado el precio. ¿Qué pasa con esos 80 dólares? Que es lo que nosotros venimos diciendo en las distintas entrevistas que hemos tenido y es el costo que tiene UTE hoy, como el costo promedio de la energía eléctrica, de las renovables. Realmente hoy, a nivel regional, podemos decir que va fluctuando, pero la energía renovable está entre 30 dólares, 35 dólares.

  Anda ahí, es un valor regional que se puede tomar un indicador. ¿Por qué nosotros pagamos 80 en promedio? Porque quedamos atados a los contratos del 2015, a esos contratos que se hicieron después del acuerdo multipartidario, donde se puso un precio fijo a la energía, quedamos atados a esos contratos y los vamos a tener 15 años para adelante todavía. Todavía tenemos ese contrato para pagar.

  Entonces, sí, a UTE, por eso yo digo que cuando hacemos esos contratos después nos cuesta, no tenemos variable de ajuste, ¿no? Porque si los parques o los generadores fueran de UTE, y bueno, el costo de mantenimiento y el valor de la energía iba a bajar. Pero bueno, hoy el negocio era pagarlo 110 dólares o 90 dólares, como se le pagó a los generadores en el 2015, cuando se firmaron y se instalaron, durante 25 años. Eso lleva a que hoy UTE no pueda bajar el costo de la tarifa, porque si baja, pierde, digamos.

  Es una cuenta de feriante, digamos, ¿no? Si yo compro algo 80, no lo puedo vender a 60, a 50 o a 40. Si lo hago, bueno, voy a tener números negativos que voy a tener que rescatar por otro lado. Hoy vienen empresas que realmente pagan 65 dólares el megavatio, ¿sí? Hay algunas instaladas que están subsidiadas.

  Pasa mucho con la gente, los arroceros y los paquetes de energía que se dan por temporada, en la época del riego, que pagan una energía muy por debajo de lo que la paga UTE. Y ese costo negativo se diluye en la tarifa de todos nosotros. De la tuya, la mía, la del vecino, porque bueno, va todo adentro del pliego tarifario y todos ponemos un poquito para que ese hueco de oferta que se le da al productor de arroz para poder regar, el productor no se vaya a otro país, se vaya al lado brasileño y se quede en Uruguay y siga produciendo.

  Vos sabés muy bien el tema del arroz, después, que es lo que genera. Pongo el arroz como un ejemplo, hay otro para poner. Entonces, sí, nosotros, ¿qué pasa? Hoy Uruguay tiene un promedio UTE, paga 80 dólares el megavatio, en el horario estándar. Porque en los horarios de seca de viento, o en la noche, ese precio puede llegar hasta 120. Porque claro, esto es oferta y demanda. Si no tengo generación, ese precio empieza a subir.

  El problema que con el contrato, y particularmente HIF Global, que es el que está en discusión hoy, que el planteo es que se viene a instalar Uruguay, pero quiere pagar la energía 40 dólares. Entonces ahí hay muchas cosas para discutir sobre eso, pero primero que venga un capital privado a decirte el precio de la energía. Me parece que es una discusión en la cual el Estado Uruguayo no debería entrar.

  Sí negociar, pero hoy se está discutiendo públicamente. En los grandes medios de prensa te dice que yo quiero pagar 40 dólares. Es un antecedente que es tremendo, porque si eso se firma así, el resto de los grandes consumidores van a venir a golpearle la puerta a UTE y decirle, bueno, amigo, yo también quiero pagar 40 dólares.

  Si aquel paga 40, yo también. Entonces si cada uno va a venir a poner el precio de la tarifa eléctrica, es tremendo. Yo, la de mi casa, también me gustaría pagar menos.

  Me imagino que todos los vecinos quieren pagar menos y decirle a UTE cuánto quiere pagar de energía. Esa es una discusión política que creo que debería darse y es un muy mal antecedente si llega a cruzar. El segundo caso es que es peor que eso, porque si vamos directamente a lo del hidrógeno verde, ellos dicen que, bueno, cuando ellos generen, lo que van a hacer es le van a vender toda la energía a UTE para que UTE estabilice la energía y después se la va a comprar de vuelta. Y uno dice, no, si vos vas a generar, ¿para qué se la vas a vender a UTE para comprarse la de vuelta? Es un negocio horrible. […]

• El profesorado acampa en València para visibilizar su fuerza y sus reivindicaciones

  2 de juny, per  Auri

  Un grupo de huelguistas inicia una acampada indefinida en la céntrica Plaça de la Mare de Deu como medida de presión para que la consellera Ortí negocie un acuerdo digno.

  “Un colectivo de docentes que nos hemos organizado alrededor de esta acción, manifestamos nuestra voluntad de ocupar el espacio público de manera indefinida, dentro del contexto de la huelga que se está llevando a cabo en el ámbito educativo”, explica el primer comunicado emitido desde la acampada de docentes que empezó este lunes por la noche y tiene la vocación de permanecer mientras que las negociaciones no avancen hacia algún acuerdo aceptable para la comunidad educativa.

  Desde la acampada trasmiten que han tomado está decisión por “la necesidad de visibilizar y denunciar la falta de diálogo y de voluntad negociadora que ha mostrado, las últimas semanas, la Consellería de Educación”. Como detonante, la actuación policial del domingo ha servido para movilizarles aún más, incluso, tal y como ejemplifican, “la decisión de cerrar las puertas del edificio de Consellería durante las últimas jornadas de la negociación ha sido uno de los ejemplos más claros del hermetismo y el autoritarismo en el que está instalada la administración ante los y las docentes y sus representantes”.

  Las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo no han avanzado prácticamente en las dos últimas semanas, y la forma de proceder el domingo de la consellera, que convocó a los representates sindicales solo para trasmitirles una propuesta de calendario para ir hablando en mesas separadas sobre las diferentes demandas de los huelguistas, ha sido interpretada como una clara estrategia de dilación y de separar las exigencias de la huelga en bloques para diluir los compromisos.

  Desde el grupo promotor de la acampada explican que han tomado la iniciativa “diversificando las formas de protesta, con la intención de poner en común nuestras reivindicaciones con el conjunto de la sociedad”. Su objetivo, exponen, es “abrir tantos frentes como sea necesario, por todas las vías posibles, para seguir ganando posiciones en el conflicto que mantenemos a estas alturas con Conselleria”.

  Mientras tanto, los pasacalles y concentraciones para visibilizar la huelga han continuado tanto en València como en Alacant, Castelló y Elx, así como en los centros educativos. A las marchas han sumado a otros actores sociales, movilizados en repulsa por la agresión policial y la actuación en el desalojo de Conselleria el pasado domingo 31 de mayo. En Alacant, este martes han confluido dos columnas en las escaleras del Jorge Juan, para realizar una marcha hacia la sede local de Conselleria.

  Por otro lado, la agresión a la maestra ha llegado al Congreso de los Diputados. ERC, Compromís y BNG han registrado hoy una solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informe y dé explicaciones sobre la actuación de la Policía Nacional durante las movilizaciones del profesorado valenciano.

  Este material se comparte con la autorización de El Salto

• Esclavos en la Sierra Tarahumara. Capítulo 4: Cárteles que esclavizan

  2 de juny, per  Auri

  Ilustración de portada por Alejandra Saavedra

  A mediados de la década de 1980, Margarito fue engañado y llevado a trabajar sin paga al rancho El Búfalo, de Caro Quintero, el más grande hasta su tiempo en las planicies desérticas del sur de Chihuahua, donde una organización criminal cultivaba marihuana. De acuerdo con investigadores y periodistas, desde hace décadas que el ‘narco’ mexicano recurre al trabajo esclavo para reducir costos de producción e incrementar sus ganancias. Quizás el Búfalo fue el primer caso en ser descubierto, pero no el último.

  Este es el cuarto de seis capítulos de la investigación “Esclavos en la Sierra Tarahumara”, realizada por el laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab. Los capítulos anteriores narran a detalle el rescate de 21 personas de un campo de trabajo forzado en lo profundo de la Sierra Tarahumara donde estaban esclavizadas, así como la forma en que una organización criminal se aprovechaba de la necesidad de la gente para raptarlas con ofertas de trabajo falsas. Sólo se daban cuenta del engaño una vez que estaban entre los campos de amapola y eran torturados si desobedecían. Además, sus captores les daban drogas. La adicción también era uno de los grilletes.

  A Margarito Guerrero también lo engañaron. Los hombres que llegaron al pueblo de Omeapa, en el municipio de Tixtla, en Guerrero, le dijeron que había trabajo en la pizca de manzana, que la paga era buena. Él les creyó y subió a un autobús que lo llevó —junto con otras personas— al norte de México, al estado de Chihuahua.

  A mediados de los años ochenta, cuando los cárteles mexicanos estaban en plena transformación de organizaciones locales a emporios criminales modernos, Margarito Guerrero fue reclutado en su pueblo con una promesa de trabajo temporal y terminó en un complejo gigantesco donde había tierra preparada para el cultivo de marihuana en lugar de manzanos. El sitio no estaba escondido en la geografía escarpada y espesa de la Sierra Tarahumara; más bien se hallaba entre mezquites, en una planicie del municipio de Allende, muy cerca del poblado El Búfalo. Ese mismo nombre tenía aquel rancho de más de 500 hectáreas al que llegó, propiedad del narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, quien levantó allí el mayor establecimiento de producción de marihuana que se haya conocido en el país. 

  En el rancho había una clara división del trabajo: unos se dedicaban a sembrar, otros a seleccionar las ramas, otros a empaquetar. También estaban los “mayordomos”: hombres armados que se encargaban de que los jornaleros no escaparan. 

  

  Hombres que trabajaban en el Rancho El Búfalo cuando se realizó el operativo. Imagen tomada de la investigación: Caro Quintero: un narco en el limbo.

  

  Quema de los plantíos de drogas que había en el Rancho El Búfalo. Imagen tomada de la investigación: Caro Quintero: un narco en el limbo.

  La escala de la operación era insólita. Medios como Proceso reportaron que en El Búfalo había unos 12 mil trabajadores. Las jornadas de trabajo empezaban a las siete de la mañana y podían llegar hasta las cuatro de la madrugada. Dormían en bodegas. En el mes y medio que Margarito estuvo ahí, nunca hubo paga. Tampoco les permitían salir; si lo intentaban, eran castigados. Había, entre otras, una diferencia importante: no los mataban de hambre. Sí les daban de comer. 

  “Mataban muchas vacas”. Así lo recordó Margarito casi cuatro décadas después, cuando contó su historia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La primera vez que el campesino decidió narrar lo que vivió fue después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Uno de ellos era su hijo, Jhosivani Guerrero de la Cruz. Su antigua experiencia como trabajador esclavizado le permitía abrigar una esperanza: la de que a su hijo lo tuvieran cautivo como mano de obra para la siembra de droga. 

  

  Margarito Guerrero, originario del estado de Guerrero. En la década de los 80,fue llevado a trabajar al rancho El Búfalo, en Chihuahua. Su hijo es uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos./ Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan/Lenin Mosso

  Los primeros días de noviembre de 1984, alrededor de 400 soldados llegaron a El Búfalo para desmantelar aquel complejo y destruir las plantaciones. Los vigilantes escaparon y también varios jornaleros, entre ellos Margarito. En el rancho quedaron algunos miles: son los hombres que aparecen en videos y fotografías que los periódicos publicaron sobre el operativo. Tres filas de jóvenes campesinos flacos, sucios, confusos, que se extienden a lo largo de un campo hasta que se pierden más allá del cuadro de la cámara. 

  Los reportes periodísticos que se escribieron sobre El Búfalo —que operó durante tres años—, ponen énfasis en datos como su extensión, las toneladas de droga aseguradas por los militares o lo cerca que estaba de la ciudad de Jiménez, una de las más importantes del Estado. Describen cómo fueron adquiridos los terrenos y las innovaciones en el sistema de riego que incorporó Caro Quintero para lograr una producción industrial de marihuana. Sólo en unas cuantas líneas algunos mencionan que a los jornaleros los habían llevado con engaños desde Sinaloa, Michoacán, Oaxaca o Guerrero. Que no los dejaban salir, que no les pagaban, que los tenían como esclavos. 

  El caso del rancho El Búfalo fue el primero en exhibir cómo los narcotraficantes engañan y esclavizan a personas para usarlas como mano de obra en la producción de drogas a gran escala. 

  Antes de que se conociera El Búfalo, lo que se sabía era que el narcotráfico pagaba. En su libro El siglo de las drogas, el sociólogo Luis Astorga menciona que, a principios de los ochenta, jóvenes de colonias populares de Culiacán y de rancherías aledañas a la ciudad eran reclutados para ir a la siembra de amapola en el llamado Triángulo Dorado, una zona montañosa y llena de barrancos entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango: “Por allí pasaban camiones de redilas anunciando con magnavoces las ofertas de empleo para la ‘pizca de la manzana’”. A los jóvenes “pizcadores de droga” se les ofrecían buenos sueldos, muy por arriba de lo que les pagaban en tareas agrícolas tradicionales. La retribución era tan buena que “varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos”, escribe Astorga.  

  En la sierra de Guerrero, desde finales de los ochenta, el cultivo de amapola se extendió por las montañas. Los cárteles tomaban pueblos enteros y los obligaban a sembrar la flor. A esos cultivadores también se les pagaba. 

  En Chihuahua, sobre todo en las rancherías del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres e incluso niños se alistaban para la “temporada de amapola”. Eran contratados para ir a rayar el bulbo de la flor y sacar la goma que después se transformaría en heroína. A estos jornaleros también se les pagaba.

  Los sucesos del rancho El Búfalo pusieron en perspectiva ciertas ideas preconcebidas sobre los cárteles. Derrumbaron el mito del narco benefactor, dice la investigadora académica Sibely Cañedo Cázarez, en un artículo que analiza este caso, el de los “enganchados” de Chihuahua: campesinos engañados, esclavizados y forzados a trabajar para lo que ella define como capitalismo criminal. La socióloga describe un momento histórico de expansión del mercado de drogas en Estados Unidos, al que los cárteles responden con un salto de producción. De la siembra a baja escala en las montañas a un modelo agroindustrial en zonas planas o desérticas para ahorrar costos. Y un elemento clave para elevar al máximo la rentabilidad: la mano de obra esclava.  

  Después de El Búfalo, salvo casos menores y ocasionalmente, pasaron varios años hasta que volvió a hablarse de que el narco esclavizaba gente para sembrar droga. Pero a partir de 2012 comenzó a ser más común que colectivos de familiares de personas desaparecidas mencionaran que el crimen organizado capturaba a personas para reclutarlas a la fuerza. 

  

  Fotografías de personas desaparecidas en varios municipios de Chihuahua y desplegadas durante una marcha realizada en la capital del estado, en 2022. Foto: Raúl F. Pérez Lira/Raíchali

  Unos años después, en 2015, los habitantes de algunas rancherías en la zona serrana de Chihuahua empezaron a ver cambios en el territorio: gente de otros estados que llegaba a buscar tierras para sembrar droga, pagaban por la renta de los terrenos y después desplazaban los pobladores. Así sucedió en El Manzano, en el municipio serrano de Urique. Los que llegaban a producir en la zona utilizaban como trabajadores a migrantes que hacían bajar de los trenes. En paralelo, la Casa del Migrante de la ciudad de Chihuahua comenzó a recibir testimonios de migrantes centroamericanos y mexicanos que narraban cómo hombres armados detenían los trenes en los que viajaban, los llevaban a la sierra y los obligaban a cultivar. Al menos dos de esas denuncias —una de finales de 2015 y otra de julio de 2017— quedaron archivadas en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
  

  Esclavizar a gente para emplearla en la producción agrícola y otras actividades del narcotráfico comenzó a ser algo más que una excepción. Y es posible identificar un par de elementos comunes en los casos que salían a la luz: la expansión territorial de los grupos criminales y el proceso de adaptación a una nueva coyuntura de mercado.   
  

  Por ejemplo: en 2012, el año en que los familiares de desaparecidos empezaron a hablar de que el narcotráfico se llevaba gente para obligarla a trabajar, comenzaron a hacerse más evidentes algunos cambios en el mercado de drogas de Norteamérica. Los Estados de Colorado y Washington legalizaron la producción y uso de marihuana, una acción que con el tiempo fue adoptada por otros territorios de Estados Unidos. Simultáneamente, el consumo de fentanilo comenzó a crecer en ese país, sobre todo a partir de 2016. Era un sustituto muy competitivo para la heroína —más barato, mucho más potente, más fácil de producir y de transportar— para una demanda de consumo enorme, alimentada durante décadas por la industria farmacéutica estadounidense. Ambos fenómenos influyeron en la caída de los precios tanto de la marihuana como de la amapola, explica Marco Vizcarra, periodista sinaloense que formó parte del equipo Proyecto Amapola, una investigación profunda sobre las dinámicas sociales, políticas y culturales en México que pueden comprenderse a través de la flor. 

  A mediados de la década de 2010, el kilo de goma de opio —la resina que se obtiene de la amapola y con la que se produce la heroína— llegó a alcanzar precios de entre 30 y 60 mil pesos mexicanos (entre 1,600 y 3,200 dólares, aproximadamente). Cuando hablamos con Vizcarra, a principios de 2025, costaba alrededor de seis mil pesos mexicanos: unos 320 dólares. Para finales del mismo año, el valor había caído casi a la mitad de eso (menos de 200 dólares). El periodista mencionó otro factor que ha influido en los costos: anteriormente había una especie de libre mercado, con múltiples intermediarios involucrados en la compra y venta de la goma, “pero en el 2017 ese negocio se monopoliza”. Únicamente pueden proveer al Cártel de Sinaloa. “Eso les obligó a vender a un solo precio”, dice Vizcarra, “no tienen ganancia”. Como consecuencia, “hay muchos menos campos de amapola”.

  El sociólogo Luis Astorga llama “organizaciones mafioso-paramilitares” a los grupos del crimen organizado que han diversificado sus actividades: ya no sólo se dedican al cultivo y tráfico de marihuana o heroína; han extendido su abanico de actividades para obtener un mayor control territorial. Y para conseguirlo necesitan gente.  

  Para Astorga, el reclutamiento forzado de jornaleros o el uso de mano de obra esclava no es un fenómeno que responde de forma lineal a la disminución de los precios de la marihuana o la heroína, sino que forma parte de un proceso de búsqueda de rentabilidad permanente. Esa es la lógica con la que operan, nos dijo, cuando lo entrevistamos para este reportaje: “Vas a tratar de maximizar la renta de todas las actividades delictivas a las que te dediques”. El autor de El siglo de las drogas apuntó que los carteles no abandonan negocios, y que las drogas más clásicas —marihuana, cocaína, heroína— pueden perder terreno pero nunca han dejado de consumirse. Los reportes de incautaciones en la frontera con Estados Unidos reflejan la vigencia de ese tráfico. 

  Lo que hay, entonces, es un conjunto de factores que determinan cómo operan en un momento histórico determinado: oferta y demanda, diversificación de actividades, búsqueda de hegemonía territorial y cambios en las alianzas de las organizaciones criminales. Y, en ese contexto, hay cuestiones geográficas y generacionales que pueden facilitar los casos de trabajo forzado y esclavitud. “Las dinámicas del campo delictivo se han transformado muchísimo y esta tendencia a tener un perfil más de carácter mafioso —explicó— implica también un mayor grado de violencia sobre la población a la que tienen sometida en un determinado territorio, ya sea para cultivos o para otro tipo de actividades como secuestro, extorsiones, el cobro del piso”. Por otro lado, Astorga dijo que, aunque siempre existe un grado de coacción, puede haber un trato diferenciado según el origen geográfico de las personas y la percepción de su valor dentro de la división del trabajo. 

  A principios de 2019, los periodistas Alejandra Guillén y Diego Petersen publicaron una investigación sobre cómo, desde el 2017, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba a jóvenes con falsas promesas de empleo a través de plataformas como Facebook o TikTok y los obligaba a entrenarse como sicarios en ranchos o campamentos ubicados en la sierra de Ahuisculco, en el municipio de Tala, en la zona centro del estado de Jalisco, a una hora de distancia de la ciudad de Guadalajara. 

  Sucedía en Chihuahua, Jalisco, pero también en Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. 

  Desde el periodismo primero y la academia después, Guillén ha dedicado varios años de investigación al problema de las desapariciones en Jalisco. En su tesis de doctorado —Territorios de desaparición (2024)—, explica que la violencia siempre ha sido un mecanismo útil para acumular capital, “pero lo que vivimos actualmente es una reestructuración del uso de la violencia que en los hechos alimenta el modelo económico”. No es que los cárteles necesariamente recurran al reclutamiento forzado o la esclavitud para acumular más capital. Es que son “el sujeto capitalista que utiliza la violencia como estrategia de conquista territorial”. 

  En violencias como el reclutamiento forzado o la esclavitud hay cuerpos que son más vulnerables que otros. Guillén lo identificó cuando leyó las declaraciones ministeriales de hombres que habían sido engañados y obligados a entrenarse como sicarios:
  

  “Han vivido desprecio y violencia estructural, y justo esa situación los coloca como los cuerpos sacrificables, los que socialmente se permite desaparecer, esclavizar, destruir”.

  Los hombres que fueron forzados a cultivar droga en la Sierra Tarahumara tienen un perfil parecido a los que fueron esclavizados en Jalisco: no tenían empleo, hacían trabajos temporales, algunos acababan de ser padres, tenían problemas de adicción o deudas por pagar. No es una casualidad que, de los 21 que fueron rescatados en el operativo de 2019, sólo cuatro tuvieran reporte como desaparecidos. No había forma de saber si alguien buscaba a los demás. Capturar y esclavizar a los individuos más marginados por la sociedad, a los más aislados y desesperados, es apostar a que no le importan a nadie, a que nadie va a reclamar por ellos. Los grupos criminales terminan una tarea que ya empezó el sistema: ellos son los cuerpos sacrificables. Los que no valen más que la comida que les permita seguir trabajando.

  Si la pobreza estructural y el desamparo generan las condiciones para que puedan ser víctimas de explotación, el sistema de trabajo temporal de jornalero —uno de las pocas alternativas que tienen para sobrevivir— ofrece una cobertura perfecta para la trata. “Miles y miles de personas originarias de la sierra salen a trabajar a los campos agrícolas en Cuauhtémoc, Delicias, Ojinaga o la misma sierra”, describe el periodista Raúl Fernándo Pérez, de Raíchali, el medio que cubre lo que pasa en la Tarahumara. Les pagan mal, viven hacinados y muchos son menores. “Desde los 14 años se van de las comunidades”, explica Pérez. Van de la cosecha de manzana a la de nuez, al chile, después al tomate… Hay gente que pasa años así. “Eso se ha normalizado: llegas a una comunidad y no hay jóvenes porque todos están trabajando fuera, están solos los adultos mayores y a lo mejor algunos chamacos”.  

  Sobre esta base, los grupos criminales solo necesitan dar un paso más para instaurar lo que la antropóloga social Rossana Reguillo nombra como “paralegalidad”: un modo de gestionar territorios y de ejercer el poder “que produce sus propios códigos, normas y rituales que, al ignorar olímpicamente a las instituciones y al contrato social, se constituye paradójicamente en un desafío mayor que la ilegalidad”. En ese orden paralelo, dice Reguillo en su libro Necromáquina, los cuerpos son utilizados para “aumentar la movilidad y la velocidad de la empresa”.    

  No es complicado inferir bajo qué empresa criminal operaban los campos en la Sierra Tarahumara. En los testimonios que pudimos recabar, los sobrevivientes mencionan que los líderes de los campamentos tenían acento sinaloense. El mismo acento que escuchaban en esos grupos de jornaleros que a veces llegaban aparte, que recibían paga y se volvían a sus casas al terminar la cosecha. Según el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, la organización sospechosa de la captura y explotación de los 21 rescatados era el Cártel de Sinaloa. En distintas entrevistas con personal de la fiscalía, un par de funcionarios que pidieron mantener el anonimato sostuvieron que los campamentos eran operados por una familia “independiente” autorizada —a través del pago de un tributo mensual— para la producción de amapola y marihuana, tanto por el Cártel de Sinaloa como por la Línea, grupo armado del Cártel de Juárez. 

  Andrés, uno de los sobrevivientes de los campos de esclavitud en la sierra que estuvo entre los 21 rescatados —y que sí fue buscado por su familia—, cuenta que en las cuevas conoció a hombres que llevaban cautivos tres años, ocho, incluso más. Algunos habían perdido la cuenta. Ya no podían o no tenían voluntad para irse. Entonces se quedaban ahí, “trabajando hasta que no sirvieran”. Todos servían mientras pudieran ser usados, explica. 

  “El que no servía para trabajar, servía para partir leña. El que no servía para partir leña, servía para lavar los trastes. Todos servían”.

  El Estado ni siquiera entraba en los cálculos de Andrés cuando pensaba en lo que les había pasado y en lo que les habían arrebatado. El Estado ya los había abandonado hacía mucho tiempo. Su rencor, cuando hablamos con él, estaba con los explotadores. “Esa persona que se dice narcotraficante, que trabaja con drogas. La droga deja dinero. Antes, los narcotraficantes ayudaban a la gente. No era como hoy en día. Si tú tienes un trabajo que es redituable, que te da dinero, no seas gandalla, no lleves a gente inocente que no quiere trabajar en eso”. 

  
  Para leer o escuchar en audio la investigación completa “Esclavos en la Sierra Tarahumara” completa, visita el sitio web interactivo en www.quintoelab.org/esclavos/o en www.adondevanlosdesaparecidos.org

• El ataque continuo de Israel a Líbano colapsa cualquier avance en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

  2 de juny, per  Admin2

  Foto: Funeral en Beirut en abril de 2026. (Manu Brabo)

  Benjamin Netanyahu, presunto criminal de guerra según el Tribunal Penal Internacional, sigue su hoja de ruta destinada a descarrilar un posible acuerdo entre EEUU e Irán. En la mañana del 1 de junio, el primer ministro israelí anunció que su ejército se dispone al bombardeo del barrio de Dahiyeh, en Beirut, donde reside un núcleo importante de población chiita, y que es considerado uno de los centros de operaciones de la milicia Hezbolá. 

  El modus operandi de Israel es el mismo que ya se ha empleado en Gaza y ha consistido inicialmente en el lanzamiento de octavillas con la orden a los libaneses de que “abandonen sus hogares ante la posibilidad de ataques inminentes”. Los avisos han caído sobre Dahiyeh y otras nueve ciudades del país del cedro.

  Los intentos de la Casa Blanca, a última hora del 1 de junio (hora española), por no cerrar las vías del acuerdo con Irán dieron paso a una afirmación de Trump de que Israel asume que no enviará tropas a Beirut y que eso será suficiente para que Hezbolá no responda. En todo caso, durante toda la jornada ha estado presente la posibilidad de que Irán abandone las conversaciones debido al sabotaje activo de Israel a la búsqueda de un escenario para la pacificación.

  Desde la oficialidad de Líbano, el Parlamento dio a conocer a EEUU durante del domingo 31 de mayo que cuenta con la garantía de Hezbolá de que aceptará el alto el fuego total sin exigir una retirada israelí inmediata de las poblaciones del sur del país. Nabih Berri, presidente del Parlamento, que fue quien aseguró esa posición de Hezbolá es de origen chiita y se le considera cercano a la milicia.

  Según el Ministerio de Sanidad libanés, al menos 3.433 personas han muerto y 10.395 han resultado heridas desde que Israel retomó sus ataques contra el país en marzo

  La agencia iraní de noticias Tasnim anunció el lunes a primera hora de la tarde (hora española) que se suspendía el intercambio de mensajes con Estados Unidos como consecuencia de los ataques a Líbano. Irán, además, advirtió poco antes de las 18h (hora española) a los ciudadanos israelíes del norte de ese Estado de que huyan de sus hogares en el que caso de que Israel cumpliera su amenaza de atacar los suburbios del sur de Beirut.

  Desde el régimen de Teherán se denuncian los intentos de sabotaje de un futuro acuerdo de paz por parte de Israel. “Insistimos en que un alto el fuego en el Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra”, ha declarado el portavoz del gobierno de Irán. El posible acuerdo se encuentra bajo presión “en todos los frentes” debido a las acciones de Israel, según delimitó Teherán.

  Según el Ministerio de Sanidad libanés, al menos 3.433 personas han muerto y 10.395 han resultado heridas desde que Israel retomó sus ataques contra el país en marzo, después del precario alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. En la última semana de mayo, y a medida que parecía acercarse el acuerdo entre Irán y EEUU, los asesinatos por parte de Israel se han acelerado, con ataques que han supuesto una media superior a diez víctimas mortales diarias.

  Mientras que la violencia israelí en Líbano alcanza el punto de hacer imposible el acuerdo entre la Casa Blanca y Teherán, el Gobierno iraní continúa en conversaciones con Omán sobre el control del estrecho de Ormuz.

  En la actualidad, Israel controla 2.000 kilómetros cuadrados de territorio libanés por debajo de la frontera natural del río Litani, lo que supone casi una cuarta parte del país del cedro. El sionismo ha defendido que ese área es parte de una supuesta “frontera natural” del llamado “Gran Israel”, lo que indican las intenciones de al menos una parte del Gobierno de Netanyahu de hacer perenne la actual ocupación. Durante el pasado fin de semana, las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) tomaron el castillo de Beaufort, un emplazamiento clave en términos geográficos e históricos, al norte del Litani.

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