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• Fracking en México: estudio advierte los impactos en el agua y territorios para más de 6 millones de personas

  18 de juliol, per  Admin2

  Mientras en México se discute la posibilidad de expandir el uso del fracking, poco se dice sobre dónde se podría llevar a cabo y qué impactos podría tener. Un reciente informe de la organización CartoCrítica advierte que la extracción de gas y petróleo mediante este método implicaría una gran intervención en territorios que habitan casi seis millones de personas en el país.

  El estudio —que recopila información de instituciones públicas, atlas geológicos, informes, presentaciones, asignaciones, pozos exploratorios, entre otras fuentes— advierte que las regiones con principales yacimientos no convencionales de hidrocarburos (donde se busca impulsar el fracking) abarcan una zona de influencia de 7.7 millones de hectáreas de siete estados del país. En estas zonas, donde viven unos 6 millones de personas, los investigadores identifican potenciales conflictos por la escasez de agua ante una actividad que demanda grandes cantidades de este recurso, como el fracking.

  La investigación identifica también que las zonas de interés atraviesan localidades rurales dispersas, así como a 2405 propiedades comunales, varias de ellas indígenas o con acceso limitado a servicios básicos, como agua, drenaje y servicios de salud.

  Autores del estudio alertan que la falta de información pública actualizada impide a las comunidades conocer con precisión si sus territorios forman parte de los planes energéticos del país. Además, especialistas consultados por Mongabay Latam explican los impactos que el fracking tiene en este tipo de territorios no solo en México, sino en otras regiones del continente, como la Patagonia argentina o en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos.

  Este medio también consultó a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para saber si los datos de este estudio forman parte del análisis que realiza el Comité de Científicos y Especialistas creado por la presidenta Sheinbaum para dar una recomendación sobre el tema. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta de la dependencia.

  

  Fracking en zonas donde falta agua

  Una de las zonas que destaca el estudio es la región petrolera Sabinas-Burro Picachos, al norte del país, que se ubica en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fronterizos con Estados Unidos. La investigación señala que para extraer solo el 10 % de los recursos proyectados en la región se requeriría la explotación de 2233 pozos y 167.5 millones de metros cúbicos de agua dulce para recuperar 6.7 billones de pies cúbicos de gas, equivalentes a dos años del consumo nacional actual de gas.

  Sin embargo, el estudio advierte que la demanda de agua para fracking recaería en una región donde el 83 % de la superficie se encuentra en estrés hídrico. Además, cuenta con acuíferos en declive y con una proyección de estrés hídrico alto o extremo hacia 2050.

  

  Manuel Llano, director de CartoCrítica y autor del estudio, explica el dato más relevante tomando en cuenta el contexto hídrico: a nivel nacional 18.6 % del agua requerida para fracking caería en cuencas o acuíferos sin disponibilidad actual. En el caso de la región Sabinas-Burro Picachos ese porcentaje es del 100 %, de acuerdo con la investigación.

  “¿De dónde van a sacar el agua, si la cuenca y el acuífero ya no tienen? En el caso de Estados Unidos, ellos utilizan el agua del Río Bravo, pero en el caso de México no tenemos. El conflicto del agua es muy evidente en Sabinas Burro Picachos”, explica el autor a Mongabay Latam.

  En esta región del país donde se podría explotar la extracción de no convencionales viven cerca de 1.3 millones de personas, distribuidas en su gran mayoría en 26 localidades urbanas y 1850 rurales.

  

  La demanda de agua para uso de fracking es un punto clave para dimensionar los impactos ambientales de esta industria no solo en México sino en el mundo. Un ejemplo ocurre en la extracción de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia Argentina, donde cada pozo consume durante su estado operativo cerca de 80 millones de litros de agua, cuenta Javier Grosso, profesor de geografía en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) Fiske Menuco y de la Universidad Nacional del Comahue.

  “Los impuestos que se paguen por agua van a ser clave. Si vas a dar prioridad al uso que tengan las petroleras versus el uso productivo o el consumo humano también va a ser clave. No hay fracking seco, necesita gigantescos volúmenes de agua”, dice el especialista a Mongabay Latam.

  Grosso destaca que si se decide expandir el fracking, las autoridades deben reconocer que los impactos ambientales van a ser grandes y que se debe considerar al abastecimiento de agua no solo en el presente, sino para los próximos 10 años, así como los pasivos ambientales que se acumulen por el agua contaminada que genera esta actividad.

  “Lo que cobre el Estado por esa agua es a sabiendas de que la petrolera te va a devolver un agua totalmente contaminada y que va a inyectar en el subsuelo, ese es un pasivo ambiental acumulativo que en el caso de Texas a fines de 2024 incluso hizo que no se emitieran más permisos de inyección de agua porque no había donde alojarla en el subsuelo. Esa ecuación no se le puede escapar a [Claudia] Sheinbaum”, insiste el especialista.

  

  Entre otros impactos socioambientales asociados al fracking, Grosso también destaca la sismicidad inducida, un fenómeno relacionado a la extracción de no convencionales y que ha sido ampliamente documentado en Sauzal Bonito, una localidad de la provincia de Neuquén, vecina a Vaca Muerta, en Argentina. La zona no había registrado sismos hasta la llegada del fracking.

  “Se transformó en la rotura de muchas viviendas, en algunas con colapsos importantes. Las consecuencias de los sismos se materializaron tanto en la calidad de vida de la población como en la infraestructura”, sostiene el investigador e integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI), que desde el 2019 hace un seguimiento científico del tema.

  De acuerdo con el informe de CartoCrítica, la sismicidad asociada al fracking en Estados Unidos también se ha documentado en Kansas con un sismo de magnitud 4.9 vinculado a la inyección de aguas residuales, así como en Oklahoma, donde se detectó un incremento de 900 veces en la actividad sísmica desde 2008, con sismos de magnitud 5.8 en 2011 y 2016.

  Una actividad que revela más desigualdades

  La región petrolera de Burgos, que abarca zonas de los estados fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas, es otra de las áreas que concentran un gran interés de hidrocarburos no convencionales, especialmente gas seco, compuesto esencialmente por metano; y húmedo, con una proporción de hidrocarburos líquidos, de acuerdo con el estudio, el cual detecta otro conflicto potencial: la dispersión de la población rural de 2651 localidades.

  En el área susceptible de explotación mediante fracking viven más de 358 944 personas y el 22 % de la zona de no convencionales corresponde a ejidos —una forma de propiedad social del territorio— y comunidades.

  El estudio advierte los riesgos de implementar fracking en una región donde una de cada cinco viviendas no tiene drenaje y donde hay mayores dificultades para recibir servicios de salud. “Esto vuelve la extracción de gas no convencional no sólo un asunto técnico o energético, sino una intervención territorial que implicaría ocupación de tierras, servidumbres, tránsito pesado, infraestructura y posibles conflictos por agua y compensaciones”, señala la investigación.

  

  Llano afirma que en esta región del país la población está “atomizada”, es decir, pocas personas con alta dispersión geográfica, lo que dificulta el monitoreo y atención de cualquier impacto que pueda producir el fracking en sus vidas.

  “¿Cómo le haría la autoridad? Que no monitorea ni los pozos que tiene regados en una densidad altísima en torno a Papantla, Poza Rica [en el estado petrolero de Veracruz], una zona súper intervenida por los hidrocarburos y donde están completamente fuera de cualquier regulación”, cuestiona el investigador.

  Para Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, este tipo de conflictos potenciales revelan las desigualdades y presiones que se viven en los territorios donde se busca extraer hidrocarburos no convencionales, por lo que considera que deben evaluarse no solo impactos ambientales, sino también sociales y culturales.

  “El fracking no llega a territorios vacíos ni homogéneos. En Burgos, la dispersión de las comunidades rurales dificulta la información, la organización y la vigilancia, por eso las afectaciones quedan fragmentadas e incluso invisibilizadas. Se demuestra que el fracking agrava problemas preexistentes y produce nuevas formas de despojo y conflictividad”, señala la experta a Mongabay Latam.

  Esto suele reflejarse, explica Azamar, en la privatización de espacios comunes necesarios para la vida y para actividades productivas que van fragmentando el paisaje. “Se cierran pozos, se impide el paso a lagos o se contaminan los ríos y eso afecta el consumo doméstico, la agricultura, la ganadería y la vida misma de las familias. Son afectaciones que pueden parecer aisladas, pero que juntas modifican la vida de estos lugares”, agrega.

  

  Al respecto, Grosso señala que la llegada de fracking a zonas que no estaban habituadas a este tipo de actividades cambia drásticamente el territorio, lo que impacta en la vida diaria de las poblaciones, como en el caso de Sauzal Bonito, Argentina, que desde 2018 comenzó a registrar actividad sísmica frecuente por la extracción de hidrocarburos. De acuerdo con el Observatorio de Sismicidad Inducida, hasta mayo de 2026 se registraron 508 sismos en torno al proyecto de Vaca Muerta.

  “El paisaje del fracking en una zona en la que no ha habido actividad hidrocarburífera es muy acelerado, cambia drásticamente en poco tiempo. En los alrededores de Añelo, que es el centro del fracking en Vaca Muerta, en los 15 años en los que ha desembarcado el proyecto ha cambiado absolutamente”, cuenta el especialista.

  La transformación, especialmente en ambiente semiáridos, implica el levantamiento de polvo que provoca deficiencia en la fotosíntesis de la vegetación cercana a las rutas de los pozos y de la cual se alimentan otras especies.

  “La fauna natural se ha ido alejando de esos espacios por el propio movimiento, el ruido. Animales que antes se veían en estas zonas, como el guanaco, los armadillos, liebres, siempre han estado presentes. Hoy ya se ven muy pocos animales”, señala Grosso.

  

  Conflictos potenciales (y actuales) en territorios indígenas

  La investigación de CartoCrítica expone un tercer foco rojo en la explotación del fracking ubicado en la región Tampico-Misantla, que abarca zonas de los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Además del riesgo crítico por el agua, el estudio apunta a conflictos territoriales, ya que atravesaría 2081 ejidos y bienes comunales y los territorios de 871 066 hablantes de lenguas indígenas, entre ellas teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco.

  En la zona de potenciales impactos viven más de 4.4 millones de personas, distribuidas entre 132 localidades urbanas y más de 13 500 localidades rurales. “Tampico-Misantla plantea un balance difícil de sostener: recursos prospectivos y de horizonte limitado frente a una intervención hídrica, territorial y social de gran escala”, advierte el documento.

  

  En esta región los conflictos por fracking ya existen desde 1997 en el municipio de Papantla, Veracruz, donde las comunidades indígenas mantienen una resistencia a la expansión del fracking en sus territorios.

  Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador y coordinador de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), una organización que acompaña casos de poblaciones indígenas afectadas, explica que pueblos totonacos han sido desplazados y afectados por esta industria, por lo que existe una fuerte resistencia a que la extracción de no convencionales avance en la región.

  “En el caso de los totonacos, estamos viendo la invasión de su territorio sin que se les haya brindado información suficiente, completa y culturalmente adecuada, sin que hayan obtenido su consentimiento. El fracking a la escala que se practica es un megaproyecto y la consecuencia es que te desplazan”, dice el defensor a Mongabay Latam.

  

  Si bien en esta región el estudio identifica un menor estrés hídrico que las otras regiones, un 9 % de la zona de interés y con declive en un 27 % de sus acuíferos, la demanda de fracking consumiría casi el 75 % del agua disponible en la zona.

  “En el pueblo de Emiliano Zapata [Papantla, Veracruz] la gente construyó sus pozos artesanales con sus manos, con sus recursos y de pronto el agua empezó a aparecer con aceites”, cuenta Martínez y agrega que desde 2022 se presentó un amparo para detener la exploración y explotación de pozos del municipio mediante fracking.

  

  La Asamblea del Trueno, que agrupa a poblaciones indígenas que rechazan el fracking en la región, emitió un posicionamiento en junio pasado donde expone afectaciones históricas en la región y la falta de consulta. Además, llama a la presidenta Claudia Sheinbaum a replantear la intención de seguir explotando hidrocarburos.

  “Evidenciamos afectaciones en la salud de nuestros animales, plantas y cultivos, así como la esterilización de la tierra como resultado de la presencia de sustancias venenosas en el subsuelo, lo que a su vez provoca una baja producción en el campo y la migración constante de nuestros jóvenes fuera del territorio, ante la falta de oportunidades y la preocupación e incertidumbre permanente por el futuro en la región”, sostiene el posicionamiento ante lo que identifican como una cada vez mayor contaminación de agua y el suelo por derrames.

  Azamar, quien ha estudiado la conflictividad del fracking en México, sostiene que en esta región el principal riesgo es que profundice procesos de despojo que suelen darse mediante la expulsión directa de comunidades o el abandono institucional.

  “Muchas veces el despojo también lo hacen por medio de contratos leoninos, servidumbres, ocupaciones temporales, compensaciones económicas o acuerdos de palabra que no se cumplen”, explica la especialista a Mongabay Latam y agrega que la regulación y la consulta son indispensables.

  “En las condiciones actuales difícilmente serían suficientes para prevenir los conflictos, pues para regular una actividad de alto riesgo se necesita, primero, información pública, precisa y verificable. Desafortunadamente no es algo a lo que se pueda acceder en nuestro país de forma sencilla”, sostiene.

  Azamar advierte que sin información pública sobre la ubicación de los pozos, las sustancias utilizadas, los volúmenes de agua requeridos y las condiciones ambientales de cada territorio, la vigilancia se vuelve “prácticamente imposible”.

  Tanto Azamar como Grosso coinciden en que existe también un riesgo de cooptación y división en los territorios que son de interés para la industria del fracking.

  “Van a buscar la ruptura, las tensiones y van a romper lazos comunitarios a través del dinero. Tienen un caudal de capital gigantesco, además de que el tiempo corre a favor de ellos. El escenario para el que deben prepararse es de fractura”, advierte Grosso

  *Imagen principal: las regiones donde se busca expandir el fracking en México son zonas donde viven más de 6 millones de personas. Foto: cortesía Alianza Mexicana contra el Fracking

  Publicado originalmente en Mongabay Latam

• Federación Internacional de Periodistas exige investigación sobre asesinato de Josué Martínez en Puebla

  17 de juliol, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, perpetrado el pasado 16 de julio en Puebla, y exigió a las autoridades una investigación «contundente, exhaustiva e independiente» sobre el crimen.

  Martínez Contreras era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan. La mañana de este jueves fue víctima de un ataque directo por dos sujetos armados en una motocicleta, que le dispararon frente a su domicilio en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

  «Este hecho no puede analizarse de forma aislada, sino que responde a un patrón de hostigamiento. De acuerdo con testimonios de vecinos, reportes de la prensa local y hasta un video grabado por la víctima tiempo atrás, el comunicador había estado recibiendo amenazas desde principios de año, las cuales provenían presuntamente del presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Eder Montalvo», acusó la FIP en un pronunciamiento.

  La Federación demandó una investigación que incluya las amenazas contra Martínez para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen, y se unió al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) para exigir al gobierno de Puebla, a la Secretaría de Gobernación y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas «que coordinen urgentemente un esquema de acompañamiento integral —psicológico, jurídico y de seguridad— que priorice la protección de la familia del periodista».

  La FIP subrayó que se trata del tercer homicidio de un periodista en menos de un mes en México, luego de los asesinatos de la reportera Roxana Guzmán Ramírez, en Veracruz, y del comunicador Alex Serna, en Guerrero, por lo que la FIP instó a la comunidad internacional, las autoridades nacionales y a la sociedad civil «a permanecer en máxima alerta ante una crisis estructural que sigue enlutando al periodismo mexicano».

• Al menos 14 ciudades protestarán contra acuerdo hídrico entre Chihuahua e Israel

  17 de juliol, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. Colectivos en al menos 14 ciudades del país protestarán el próximo 1 de agosto contra el acuerdo de cooperación hídrica firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores , y en exigencia de que el Estado mexicano rompa todo tipo de relaciones con Israel por el genocidio que comete contra el pueblo palestino.

  “Quien niega el agua a un pueblo no puede aconsejar cómo administrarla”, denunció el colectivo Chihuahua Intifada, que participará en la convocatoria con una marcha pacífica en la capital del estado, desde el parque Revolución hasta la JCAS.

  De acuerdo con el gobierno de Chihuahua, con el acuerdo firmado entre México e Israel “se trabajará en el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas hídricos a implementarse en situaciones de crisis y condiciones críticas, por medio de la transferencia de conocimiento y tecnologías exitosas en el Estado de Israel”. Sin embargo, los colectivos en defensa de la tierra y el agua, así como de solidaridad con Palestina, denunciaron la ilegalidad del acuerdo:

  “El gobierno de Chihuahua firmó un acuerdo ilegal con Israel. El convenio beneficia empresas privadas israelíes. Exigimos transparencia, anular dichos convenios y juicio político para los funcionarios implicados. El agua de Chihuahua no se vende”, se lee en la convocatoria.

  

  Asimismo, Chihuahua Intifada recordó que “ningún convenio es técnico si legitima violaciones a derechos humanos. Ninguna tecnología es neutral cuando proviene de un Estado señalado por violar derechos humanos de manera sistemática. Las soluciones a la crisis hídrica requieren transparencia, sustentabilidad y pensamiento crítico, no la compra de tecnologías presentadas como remedios mágicos”.

  El rechazo al acuerdo se enmarca también en servicio intermitente de agua que se ha registrado en la entidad en las últimas semanas, sin que hasta ahora las autoridades atiendan las demandas de solución por parte de los vecinos que en diferentes colonias han protestado por las fallas.

  Hasta, las movilizaciones están convocadas simultáneamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Tampico, Durango, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca, Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala y Mérida.

  

• Israel aprovecha la guerra contra Irán para intensificar sus ataques en Gaza

  17 de juliol, per  Admin2

  Israel, a quien Estados Unidos ha dejado totalmente fuera de las conversaciones de alto el fuego con la República Islámica, continúa mirando de reojo a Teherán y, si bien no ha continuado atacando objetivos iraníes desde que se firmara el memorando de entendimiento, sí ha amenazado con retomar las hostilidades si Irán le ataca. Donde sí continúa bombardeando es hacia Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado mes de octubre y a pesar del compromiso de no bombardear territorio gazatí. En un alarde —una vez más— de su impunidad, Tel Aviv mantiene la violencia contra los gazatíes y el goteo de personas asesinadas por el ejército sionista no deja de aumentar: un padre, una madre y su hija de seis años el pasado 15 de julio —sobrevivió uno de los hijos de la pareja—; seis agentes de policía en la comisaría en el campamento de Jabalia y dos civiles, en el norte, el 14 de julio; tres jóvenes muertos y 15 heridos por el ataque de un dron el 13 de julio; una niña de nueve años a causa de unos disparos el pasado 12 de julio…

  Siguiendo su tónica habitual desde el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí apunta de manera arbitraria y abre fuego contra civiles, ya sea contra las tiendas de refugiados en los campamentos donde malviven los desplazados palestinos o hacia las pocas viviendas que quedan en pie en los diferentes núcleos urbanos del enclave. Los ataques se suceden bajo la atenta mirada de una comunidad internacional cómplice con el genocidio y mientras los soldados israelís continúan expandiendo su dominio en territorio gazatí, donde ya se han hecho con el 70% de territorio.

  Las incursiones mortales bajo el pretexto de las “amenazas” de Hamás por parte de las IDF continúan siendo lo habitual en Gaza, donde el objetivo de Israel sigue siendo el hacer que el territorio sea completamente inhabitable, a pesar de haber firmado un alto el fuego y haberse comprometido con la Administración Trump, artífice de la denominada “Junta de Paz” que tendría que reconstruir el enclave, pero que, a día de hoy, sigue parada.

  Bloqueo y más asesinatos

  Con casi 74.000 palestinos muertos a sus espaldas —entre los que se encuentran unos 20.000 niños y niñas—, según los datos que maneja la Oficina de Prensa del Gobierno en Gaza, Israel habría violado el alto el fuego hasta en 3.689 ocasiones, según el citado departamento. Esto se traduce en 1.122 palestinos asesinados desde que se alcanzara el supuesto alto el fuego y casi 3.600 personas heridas. 

  Hace apenas unos días, Médicos Sin Fronteras (MSF) reiteraba la urgencia de que se lleven a cabo evacuaciones médicas desde el enclave palestino, donde “miles de pacientes con lesiones relacionadas con la guerra o con enfermedades crónicas y otras potencialmente mortales, como el cáncer, necesitan una atención que el sistema sanitario de Gaza, prácticamente aniquilado por las fuerzas israelíes y que padece una grave escasez de suministros médicos esenciales, no puede brindar”. 

  La OMS asegura que hay 18.500 personas en estado crítico, entre los cuales se encuentran 4.000 niños y niñas

  Mientras Tel Aviv continúa bombardeando a los gazatíes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hay 18.500 personas en estado crítico, entre los cuales se encuentran 4.000 niños. Tal y como recuerda MSF y con los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza “más de 1.400 pacientes han muerto mientras esperaban una evacuación. Según la OMS, una media de 65 pacientes al mes falleció mientras esperaban una evacuación”. En este contexto, desde la organización se mira hacia, una vez más, hacia el comportamiento y la responsabilidad de los Estados miembros de la UE, que apenas han acogido al 2% de todos los pacientes evacuados por motivos médicos desde Gaza desde principios de 2026.

  Objetivo: arrasar con todo

  Además de un violencia que no parece tener fin, el deterioro de las condiciones de vida en Gaza no deja de aumentar. Las miles de personas desplazadas de manera forzosa y el colapso de la gran mayoría de infraestructuras mantiene a la población gazatí sumergida en una crisis permanente. “Las necesidades crecientes no pueden ser cubiertas por un sistema sanitario prácticamente aniquilado por las fuerzas israelíes y que no tiene capacidad para proporcionar el nivel de atención necesario. Con gran parte de la infraestructura sanitaria de Gaza destruida, una grave escasez de suministros médicos esenciales y vías limitadas para que los pacientes accedan a tratamiento fuera de la Franja, la brecha entre las necesidades y los servicios disponibles sigue ampliándose”, reiteran desde MSF. 

  La comunidad política internacional, sin embargo, continúa manteniéndose en silencio ante los numerosos quebrantamientos del derecho internacional por parte del Estado sionista

  Además de bloquear la entrada de los suministros médicos necesarios —según las autoridades gazatíes solo se está autorizando la entrada de un 35% de los camiones con ayuda humanitaria— y la entrada de personal sanitario, el gobierno israelí impide que las personas que necesitan atención fuera del enclave palestino puedan salir. Se calcula que del 100% de personas que precisan ayuda médica, solo el 36% consigue salir del enclave. Israel mantiene una serie de barreras administrativas absurdas que tienen como objetivo continuar con el genocidio del pueblo palestino, vulnerando de esta manera —y por enésima vez desde 1948— los principios más básicos del derecho internacional. La comunidad política internacional, sin embargo, continúa manteniéndose en silencio ante los numerosos quebrantamientos del derecho internacional por parte del Estado sionista. 

  Además de bombardear a civiles, Israel ha proseguido a lo largo de estos meses con la destrucción de hospitales y las pocas escuelas que quedan en pie, con la meta de barrer de manera definitiva la poca vida que queda en el enclave palestino. A pesar de que el pasado 6 de julio Hamás anunció la disolución de su comité administrativo —para ceder las competencias a un grupo de tecnócratas— para cumplir con los acuerdos alcanzados por la “Junta de Paz”que dirige Donald Trump y mantener sus compromisos para con el alto el fuego, Israel no está dispuesto a cumplir con su parte.

  Los bombardeos sionistas no solo cercenan la vida de personas inocentes, sino que impiden cualquier atisbo de transición política y reconstrucción del enclave. En este contexto, las acciones de la denominada Junta de Paz se mantienen paralizadas. Ocupado con una guerra contra Irán de la que no sabe cómo salir, Trump parece haber abandonado la cuestión gazatí a su suerte, algo que es aprovechado por Tel Aviv para proseguir con su plan de aniquilación. 

  La comunidad internacional permanece impasible pero Israel pierde apoyos

  Todo lo mencionado anteriormente ocurre ante los ojos de una Unión Europea que sigue sin anular el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania. El pasado 13 de julio, y reunidos en el Parlamento Europeo en Bruselas, los titulares de Exteriores de la UE no lograron —una vez más— llegar a un consenso sobre un posible paquete de sanciones al Estado sionista por los crímenes cometidos. Para sacar adelante la medida se necesita unanimidad; pero hay diferentes voces críticas que apuestan porque se vote y se pueda aprobar por mayoría cualificada.

  La asignación presupuestaria a Israel no solo levanta ampollas entre algunos sectores de los demócratas, sino también en algunos sectores del Partido Republicano y en una parte importante del movimiento MAGA

  Los Veintisiete, si bien sí con capaces de ponerse de acuerdo para la adopción de medidas migratorias que atenta contra los derechos humanos de las personas migrantes, no parecen llegar a un acuerdo para sancionar a un Estado que, según la Justicia internacional, está cometiendo un genocidio. Entre los países más complacientes con Israel se encuentra Alemania, que se continúa oponiendo a señalar al gobierno de Netanyahu por sus crímenes. La Unión Europea, insiste en perder, de nuevo, una oportunidad para cortar lazos con Israel.

  Mientras tanto, en Estados Unidos, el miércoles 15 de julio, 103 congresistas demócratas votaban a favor de una enmienda a un proyecto de ley de asignaciones presupuestarias que tenía como objetivo cancelar la ayuda estadounidense a Tel Aviv. La enmienda no prosperó pero señala el deterioro de la imagen de Israel en Estados Unidos. La asignación presupuestaria a Israel no solo levanta ampollas entre algunos sectores demócratas, sino también en algunos sectores del Partido Republicano y en una parte importante del movimiento MAGA (Make America Great Again), a los que Trump prometió centrarse en Estados Unidos y no inmiscuirse en asuntos exteriores. Lo mismo ocurre con la guerra contra Irán, cada vez más impopular entre la ciudadanía del país, que ve cómo la contienda se alarga sin que Trump consiga doblegar a los iraníes.

  Este material se comparte con autorización de El Salto

• La dictadura Ortega-Murillo no nació de la Revolución

  17 de juliol, per  Admin2

  Cada 19 de julio vuelve la misma discusión. La dictadura Ortega-Murillo insiste en presentarse como heredera de la Revolución Popular Sandinista. Al mismo tiempo, parte de la oposición acepta ese relato y termina reforzándolo al afirmar que el régimen actual no es más que la consecuencia lógica de la revolución de 1979.

  Ambas versiones son profundamente equivocadas.

  La dictadura que hoy oprime a Nicaragua no nació de la Revolución. Nació de la progresiva concentración del poder, del abandono de los principios democráticos y de la degradación ética de una parte de la dirigencia que terminó traicionando los ideales que decía representar. La Revolución no engendró esta dictadura. La engendraron los siete pecados capitales de la política.

  La memoria también puede ser secuestrada

  La insurrección que culminó el 19 de julio de 1979 no fue obra exclusiva de una vanguardia, y mucho menos de un pequeño grupo de dirigentes. Fue una rebelión nacional contra un régimen que había agotado toda legitimidad. Participaron campesinos, estudiantes, obreros, empresarios, religiosos, intelectuales y ciudadanos sin militancia política. Miles de jóvenes entregaron incluso su vida para hacerlo posible. Como ocurre con los grandes acontecimientos históricos, la Revolución solo fue posible cuando se volvió inevitable.

  Reducir aquella gesta a la figura de Daniel Ortega constituye una de las mayores falsificaciones de la historia reciente de Nicaragua. Basta observar quiénes protagonizaron realmente la Revolución y dónde están hoy. Muchos de sus dirigentes históricos rompieron con Ortega mucho antes de abril de 2018. Fueron perseguidos, encarcelados, desnacionalizados o forzados al exilio. Otros murieron en prisión bajo la persecución del mismo régimen que ahora pretende apropiarse de su legado.

  Rosario Murillo comprendió hace años que la memoria también es un espacio de poder. Por eso desplazó sistemáticamente a los protagonistas históricos y construyó un aparato político integrado, en muchos casos, por personas que jamás participaron en la lucha contra Somoza e incluso por antiguos colaboradores del régimen derrocado. La ironía es devastadora: quienes combatieron una dictadura terminaron siendo perseguidos por otra que habla en su nombre.

  Las revoluciones pueden derrotar una dictadura sin haber construido todavía una democracia

  La Revolución de 1979 nació de un amplio consenso nacional y de una participación popular extraordinaria, expresada en la Cruzada Nacional de Alfabetización, la salud comunitaria, la reforma agraria y un florecimiento excepcional de la cultura, la educación, la música y la poesía. También sembró una ciudadanía mucho más activa, que después de la derrota electoral de 1990 encontraría nuevas expresiones en los movimientos feministas, ambientalistas, municipalistas y de derechos ciudadanos.

  Nada de esto significa convertir la Revolución en un proceso perfecto. Sería tan falso como el relato oficial. Toda revolución tiene claroscuros. También la nicaragüense.

  Su historia no puede analizarse ignorando la guerra promovida por la administración Reagan, la agresión armada de la contrarrevolución ni las enormes tensiones que enfrentó el nuevo gobierno. Pero tampoco pueden ocultarse los errores propios: las violaciones a los derechos humanos, la represión contra comunidades indígenas y campesinas, las restricciones a las libertades públicas y, sobre todo, la creciente concentración del poder en un reducido grupo de comandantes. Quizá allí comenzó a incubarse una de las lecciones más importantes que la historia dejó pendientes.

  La responsabilidad, sin embargo, tampoco termina allí.

  Después de la derrota electoral de 1990, Nicaragua tuvo la oportunidad de construir una democracia republicana sólida. Pero las políticas económicas que profundizaron las desigualdades, la incapacidad para sanar las heridas de la guerra y la ausencia de una verdadera reconciliación nacional alimentaron el resurgimiento del caudillismo bajo las figuras populistas de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Debe reconocerse, al mismo tiempo, la vocación democrática de gobiernos como los de Violeta Barrios de Chamorro y Enrique Bolaños, que jamás encarcelaron ni persiguieron a sus adversarios por razones políticas.

  La historia demuestra que los populismos autoritarios, sean de derecha o de izquierda, prosperan cuando las democracias fracasan en responder a las necesidades de la población. Sobre ese terreno fértil reapareció Ortega. Y, una vez iniciado ese proceso, demasiados actores decidieron acomodarse.

  Dieciséis años después regresó a la Presidencia. Pero el régimen que construyó ya no representaba la continuidad de una revolución, sino el triunfo de los verdaderos pecados que hicieron posible la nueva dictadura: el caudillismo, la corrupción, la soberbia del poder absoluto, la codicia por perpetuarse en el gobierno, el culto a la personalidad, la mentira convertida en política de Estado y la impunidad como sistema.

  Ninguno de esos males nació en 1979. Fueron creciendo durante décadas hasta desembocar en el régimen que hoy oprime a Nicaragua.

  Los liberales y sectores socialcristianos, conservadores y contras, pactaron. El gran capital privilegió la estabilidad de sus negocios. Sectores importantes de las jerarquías religiosas legitimaron al nuevo caudillo. Organismos internacionales minimizaron las señales del deterioro institucional e incluso parte de la comunidad internacional llegó a presentar el modelo nicaragüense como un ejemplo de gobernabilidad.

  Mientras tanto, Ortega desmontaba una a una las garantías democráticas, capturaba el sistema electoral, subordinaba los demás poderes del Estado y preparaba la instauración de un régimen familiar.

  Por eso resulta intelectualmente insuficiente afirmar que la dictadura actual es simplemente una consecuencia de la Revolución.

  No,

  También es consecuencia del pacto con Arnoldo Alemán; del fraude institucionalizado; del silencio empresarial; de las complicidades religiosas; de la indiferencia internacional; de los errores del propio sandinismo democrático y de la incapacidad colectiva para defender, a tiempo, las instituciones republicanas.

  Reconocer esa responsabilidad compartida no disminuye la responsabilidad del orteguismo. La explica. Permite comprender cómo una sociedad puede perder sus libertades de manera gradual, hasta que un día descubre que casi todas han desaparecido.

  La Rebelión de Abril de 2018 demostró, sin embargo, que la memoria democrática seguía viva. Las barricadas, las marchas, la organización territorial y hasta antiguas consignas reaparecieron como expresión de una ciudadanía que volvió a decir basta. En ellas participaron jóvenes que no habían nacido en 1979 y antiguos sandinistas que volvieron a enfrentar otra dictadura. La lucha dejó de pertenecer a una ideología para volver a pertenecer a la nación.

  Esa quizá sea la mayor enseñanza de nuestra historia reciente.

  Las dictaduras no siempre irrumpen mediante un golpe de Estado. Muchas se construyen lentamente: concentran el poder, destruyen los contrapesos institucionales, normalizan la corrupción y se alimentan de las complicidades y de los silencios. Esa es una verdad incómoda, pero indispensable si queremos ofrecer a las nuevas generaciones una explicación honesta de nuestra historia.

  La Revolución de 1979 podrá ser recordada, como dijo Ernesto Cardenal, como una revolución perdida. Otros la consideran una revolución traicionada. Quizá ambas afirmaciones contengan parte de la verdad. Lo que la historia no puede aceptar es que la dictadura Ortega-Murillo sea presentada como su desenlace inevitable.

  Las revoluciones no producen inevitablemente dictaduras. Lo que las produce es la ausencia de límites al poder; la renuncia de las instituciones a cumplir su papel; el miedo convertido en forma de gobierno y la decisión de demasiados de acomodarse antes que resistir.

  Esa fue la verdadera semilla del orteguismo.

  La lección para las nuevas generaciones no consiste en renunciar a los ideales de justicia social y libertad que movilizaron a miles de nicaragüenses en 1979. Consiste en comprender que ninguna causa, por noble que sea, justifica la concentración del poder en un solo hombre o en una sola familia.

  Porque la democracia rara vez desaparece de un día para otro. Se pierde lentamente, cada vez que una sociedad tolera que alguien se coloque por encima de la ley.

  Y también se recupera lentamente, cuando un pueblo decide que el miedo dejará de gobernar su destino.

  El exilio, julio de 2026.