Desinformémonos

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• Agresores adolescentes matan a tres personas en el Centro Islámico de San Diego en un presunto delito de odio

  19 de maig, per  Auri

  En el estado de California, dos atacantes adolescentes mataron a tiros a tres personas el lunes en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado de San Diego. Entre las víctimas mortales se encontraba un guardia de seguridad, Amin Abdullah, padre de ocho hijos, quien, según la policía, desempeñó un papel fundamental a la hora de salvar las vidas de las personas que estaban en el lugar. Los sospechosos, de 17 y 19 años, fueron encontrados muertos por aparentes heridas de bala autoinfligidas en un automóvil cerca del lugar de los hechos. La policía investiga el ataque como un delito de odio. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad informaron a la cadena de noticias CNN que encontraron mensajes de incitación al odio garabateados en una de las armas. Según los funcionarios, también encontraron una nota de suicidio que contenía escritos sobre orgullo racial. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses señaló que el ataque se produce al tiempo que las denuncias por prejuicios antimusulmanes alcanzaron su nivel más alto registrado en 2025, con 8.683 denuncias presentadas en todo el país. Estas fueron las palabras expresadas por Taha Hassane, imán y director del Centro Islámico de San Diego.

  Taha Hassane: “Mi comunidad está de luto. Esto es algo que nunca hubiéramos imaginado que pudiera suceder. Pero, al mismo tiempo, la intolerancia religiosa y el odio que, por desgracia, existen en nuestro país no tienen precedentes”.

  Publicado originalmente en Democracy Now

• ¿Y los niños indígenas desaparecidos? Alexis Sánchez Cabanzo y la otra crisis de la desaparición en México

  19 de maig, per  Admin2

  México atraviesa una crisis de desapariciones de dimensiones históricas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó recientemente que existen más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país, además de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. El propio informe reconoce que se trata de una crisis humanitaria sostenida por impunidad estructural, debilidad institucional y graves fallas en los procesos de búsqueda e investigación.

  Dentro de esa enorme cifra nacional existen miles de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Según la CIDH, hasta agosto de 2025 había 18,192 menores desaparecidos en México. El informe también advierte que las adolescentes constituyen uno de los grupos de mayor vulnerabilidad y que, actualmente, desaparecen más niñas que niños.

  Sin embargo, hay una pregunta que aparece apenas de manera marginal en las estadísticas oficiales y en la discusión pública: ¿qué ocurre cuando quien desaparece es un niño indígena?

  La propia CIDH reconoce la escasa información existente sobre desapariciones de personas indígenas y afromexicanas. No se trata solamente de un vacío técnico. La ausencia de registros suficientes revela una forma persistente de invisibilización institucional donde ciertas desapariciones quedan más lejos de las prioridades políticas, de la cobertura mediática y de las capacidades efectivas de procuración de justicia.

  En ese contexto, el informe de la CIDH menciona un caso paradigmático: el de Alexis Sánchez Cabanzo, niño nahua de tres años desaparecido el 2 de diciembre de 2021 en la comunidad nahua de Izhuapa en el municipio de Zoquitlán, al sureste de Puebla cerca de la frontera con Zongolica, en Veracruz. Al momento de su desaparición, Alexis tenía tres años, era monolingüe y aún no estaba escolarizado. Parte importante de su entorno familiar también está conformado por mujeres de la tercera edad y niños monolingües en náhuatl.

  A partir del peritaje psicosocial elaborado a solicitud de su asesoría jurídica, ha sido posible documentar cómo la desaparición no sólo afecta a su familia, sino que ha transformado profundamente la vida comunitaria. La incertidumbre prolongada, la presión institucional, la circulación de rumores y la ausencia de resultados han impactado las formas locales de confianza, reciprocidad y convivencia comunitaria.

  La desaparición no ocurrió en un vacío social. Zoquitlán forma parte de una región atravesada desde hace años por conflictividad territorial, violencia regional y disputas vinculadas a megaproyectos extractivos. En el mismo municipio desapareció en 2018 Sergio Rivera Hernández, defensor nahua opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan quien continúa desaparecido y su caso sigue sin esclarecerse plenamente. El propio informe de la CIDH advierte sobre el incremento de agresiones y desapariciones contra defensores ambientales e indígenas en contextos asociados a megaproyectos y conflictos territoriales. La Comisión señala que la imposición de proyectos extractivos sin legitimidad comunitaria ha generado ataques y desapariciones contra quienes defienden su territorio.

  La coexistencia de desapariciones de defensores territoriales y de niñeces indígenas dentro de una misma región obliga a observar algo más profundo que la suma de casos aislados. En regiones como la Sierra Negra poblana, la violencia se entrecruza con desigualdades históricas, disputas por el territorio y formas persistentes de exclusión que facilitan escenarios de impunidad y violencia.

  Las fallas institucionales observadas durante el proceso reflejan varios de los problemas que la propia CIDH identifica como estructurales: demoras en las investigaciones, dificultades de coordinación, revictimización de las familias, falta de intérpretes idóneos y ausencia de mecanismos culturalmente pertinentes para la atención de personas, comunidades y pueblos indígenas.

  Las primeras horas posteriores a la desaparición estuvieron marcadas por la omisión frente a la gravedad del caso. Conforme avanzaron las diligencias, la comunidad comenzó a experimentar un desgaste colectivo derivado de interrogatorios reiterados y dinámicas de presión institucional que no incorporaron adecuadamente una perspectiva diferenciada para atender a una comunidad indígena con población monolingüe.

  La revictimización no ocurrió únicamente en el plano emocional. También se expresó en la incapacidad institucional para garantizar procesos de búsqueda, comunicación y acceso a la justicia acordes con las obligaciones del propio Estado mexicano en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.

  La CIDH ha advertido precisamente sobre el “déficit importante de confianza” entre familias y autoridades encargadas de investigar desapariciones. También documenta cómo, ante la ineficacia institucional, las propias familias terminan asumiendo tareas de búsqueda e investigación que deberían corresponder al Estado. El caso de Alexis no es diferente.

  Así, mientras el país discute las enormes cifras nacionales de desaparición, casos como el de Alexis muestran que algunas vidas continúan siendo menos visibles que otras. La desaparición de niñas y niños indígenas permanece frecuentemente atrapada entre el silencio estadístico, la demora institucional y la insuficiente capacidad del Estado para responder con eficacia y perspectiva diferenciada.

  Alexis sigue desaparecido.

  ¡Hasta encontrarte! ¡Hasta encontrarles!

  ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

• Ataca grupo armado a la comunidad nahua de Ostula

  19 de maig, per  Admin2

  Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad nahua de Ostula, ubicada en el litoral del Pacífico michoacano, informó de manera urgente que en punto de las 9 de la mañana de este 19 de mayo el Cártel Jalisco Nueva Generación “está atacando nuestra encargatura de la Cofradía y ya las escuelas están siendo evacuadas”.

  En un comunicado en redes, la comunidad informó que la población civil se encuentra refugiada en sus casas mientras que su Guardia Comunal está a cargo de la situación.

  “Exigimos a los tres niveles de gobierno que se pongan a trabajar y cumplan con la obligación de brindar paz y seguridad a toda la población”, advirtieron. En particular hicieron un llamado al gobierno federal “para que deje de reunirse con artistas y mejor atienda la grave situación de violencia se que vive en nuestras comunidades indígenas”.

  Los nahuas de Ostula exigen “el total desmantelamiento de las organizaciones criminales que intentan a toda costa despojarnos de nuestro territorio”.

• La invasión territorial y los nuevos latifundios agroindustriales

  19 de maig, per  Admin2

  Foto de Redsag

  La Revolución mexicana prometió repartir la tierra entre quienes la trabajaban. La reforma agraria de los años noventa traicionó ese pacto: abrió la propiedad colectiva del campo a la privatización y con ella las puertas al acaparamiento. Esta reforma favoreció al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) que delimitó las tierras ejidales y comunales en distintos tipos: común, parceladas y asentamiento humano e incorporó mecanismos legales que son aprovechados por actores empresariales y políticos con mayor capital jurídico y económico.

  Aunque históricamente las transacciones de tierras ejidales y comunales existían desde antes del Procede de 1992, la reforma institucionalizó la posibilidad de privatizar y acaparar las tierras con el cambio a dominio pleno, una figura legal que permite que un ejidatario convierta su parcela en propiedad privada. Esta reestructuración provocó que la tierra, antes comprendida como un bien comunal ligado a la reproducción social campesina, fuera vista como un derecho individual susceptible de transacción.

  Para entender cómo es posible esta privatización, es necesario adentrarse en la arquitectura legal que la reforma de 1992 puso en marcha. Evangelina Robles, abogada agraria, integrante del Colectivo por la Autonomía y de la Red en Defensa del Maíz, en México, lo explica con la claridad de quien ha pasado más de dos décadas defendiendo territorios campesinos e indígenas.

  “A mí me tocó ver cuando se dio la reforma agraria de aquel año, y uno de los temores principales era que se privatizara la propiedad social. En realidad, lo que ahora puedo ver con los años es que la gente mantuvo la tierra todavía en propiedad colectiva. La propiedad social en México era mayor del 60 %. Las tierras que entraron al dominio pleno o a la propiedad privada eran tierras que en su mayoría ya estaban ocupadas por zonas urbanas o las ciudades se las habían comido”.

  Actualmente, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, levantado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), la propiedad social en México abarca 99.7 millones de hectáreas, equivalentes al 51 % del territorio nacional, distribuida en 29 760 ejidos y 2394 comunidades. Éstas constituyen no sólo el soporte físico de la producción rural, sino también un entramado de organización social, cultural y política que ha sobrevivido a siglos de transformaciones.

  En más de dos décadas de reforma agraria, México tan sólo ha perdido el 9 % de la propiedad social que existía en 1992. Sin embargo, y aunque este 9 % puede no ser una cifra alarmante, en los últimos diez años se ha acelerado el despojo, privatización y acaparamiento de tierras de propiedad social. Este despojo es impulsado por el Estado mexicano que ha incrementado la especulación y presión sobre los territorios para desarrollos inmobiliarios, agroindustriales y energéticos.

  En abril de 2025, en un informe confidencial al que Ceiba tuvo acceso, el Registro Agrario Nacional (RAN) enumeró huecos de la Ley Agraria que permiten que terceros transfieran derechos agrarios a personas avecindadas con posibilidad de convertirse en ejidatarios, y así accedan al ejido y utilicen tierras de uso común o las conviertan en parcelas o asentamientos humanos con opción a dominio pleno, es decir, privado. El informe es contundente, pues en México 10 personas concentran 6,697.5 hectáreas de propiedad social.

  ¿Qué significa esto en el territorio? Evangelina explica:

  “El ‘cambio de destino’ es una de las estrategias centrales. La asamblea decide convertir tierras de uso común —que antes eran para todos— en parcelas. Esas parcelas luego pueden ser vendidas a particulares o a empresas. Todo está dentro de la ley o al menos dentro de lo que la ley permite si se cumplen ciertos requisitos. Pero en la práctica, esos requisitos se saltan”.

  El informe del Registro Agrario Nacional confirma la lectura de Evangelina. Es explícito al señalar que “el andamiaje normativo ha permitido que la concentración de tierras se realice a través de cambios de destino de tierras de uso común a parcelas, enajenaciones parcelarias, y la figura del dominio pleno”, y ejemplifica el fenómeno con los datos, al señalar que 202 personas concentran 208 006.55 hectáreas en parcelas, y 209 concentran 130 871.8 hectáreas de asentamiento humano.

  El informe del Registro Agrario señala que se detectaron datos inconsistentes. Entre las anomalías encontradas están sujetos agrarios con Claves de Población apócrifas que no pudieron ser validadas en el Registro Nacional de Población, sujetos fallecidos que aún aparecen con derechos activos, parcelas de grupo con un solo titular activo para eludir el límite de superficie, y acuerdos de asamblea que autorizan el dominio pleno antes de que las parcelas existan.

  Evangelina ha visto de cerca cómo la agroindustria transnacional ha transformado territorios enteros en las últimas dos décadas. En los ejidos San Gabriel y Sayula, al sur de Jalisco, a un costado del océano Pacífico, ahí los campesinos históricamente se han dedicado a la producción agrícola de jitomate y hortaliza; sin embargo, “en los últimos quince años esto cambió a agroindustria transnacional”.

  “Empezaron a rentar tierras o a apropiarse sobre todo de los usos comunes que la gente veía como tierras abandonadas, sin uso. Se generó mucho el discurso de que era un desierto donde no había nada. En los últimos quince años todo esto se llenó de invernaderos transnacionales. Ya son más de 2 mil hectáreas en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Tuxpan de pura agroindustria”.

  La expansión de la agroindustria en México no es un fenómeno aislado. Mientras regiones como el noroeste —Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nayarit— se consolidaron como el motor de la agricultura tecnificada y de exportación, otras regiones vieron transformarse sus sistemas productivos tradicionales bajo la presión de nuevos actores corporativos.

  Tres cultivos condensan las contradicciones del modelo. El maíz, base de la dieta nacional y símbolo de la soberanía alimentaria, es hoy el principal producto importado: México compró en noviembre de 2024 más de 408 millones de dólares en maíz amarillo, destinado casi en su totalidad a la industria ganadera, no al consumo humano. El aguacate, por otro lado, provocó que Michoacán y Jalisco enviaran al exterior más de 175 millones de dólares en un solo mes, pero con un costo que incluye deforestación, acaparamiento de agua y violencia en los territorios productores. Y el agave, que vivió un boom especulativo cuando el precio alcanzó los treinta pesos por kilo, dejó tras de sí ejidos endeudados, tierras hipotecadas y campesinos que firmaron contratos leoninos con empresas tequileras que desaparecieron cuando el precio colapsó a menos de cincuenta centavos.

  La mayor parte de esta producción es acaparada por empresas intermediarias ligadas a las ABCD: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, empresas que controlan la mayor parte del comercio mundial de cereales y oleaginosas, y operan como si fueran un reloj de arena: en un extremo hay millones de productores dispersos; en el otro, miles de millones de consumidores; y en el estrecho túnel del medio, ellas. Son las que fijan los precios de referencia globales, las que deciden cuándo y a qué costo llega el alimento a los puertos mexicanos, las que imponen las condiciones a los productores nacionales.

  En esta estructura, el campo mexicano no compite: se somete. Cuando los precios internacionales suben, la inflación golpea a quienes destinan más de la mitad de su ingreso a comprar alimentos; cuando bajan, los productores locales no pueden sostener sus cosechas. En ambos casos, la tierra se vuelve un activo más para la especulación, y los ejidos se convierten en el blanco fácil de quienes buscan ampliar sus cadenas de suministro con especializaciones productivas que, de acuerdo con Evangelina, “tienen efectos múltiples y encadenados”.

  “Con maquinaria desaparecen toda la cobertura vegetal, modifican el suelo y hacen su cultivo. Toda la diversidad que había ahí desaparece al cien por ciento. No queda ni una planta”.

  Ella recuerda un caso en el ejido San Isidro, también en Jalisco. Recibía agua de tres manantiales, ahora dos están en manos de una empresa aguacatera y el tercero ya no tiene agua. A la comunidad le tienen que llevar agua con pipas dos veces a la semana. Este caso, reflexiona, también demuestra que la agroindustria no sólo acapara agua y suelo, sino también la posibilidad de producir alimentos de manera autónoma.

  “Los ejidatarios de más arriba no rentaron sus tierras, pero pierden el acceso a su parcela porque las empresas aguacateras les cierran los caminos. Cuando logran ingresar en burros, esquivando a las aguacateras, su parcela o su área de uso común ya es una aguacatera. Están siendo invadidas las tierras”.

  En los últimos años ha emergido otra forma de acaparamiento aún más esquiva: la agricultura por contrato.

  Uno de estos casos ocurre en el ejido San Vicente, en la Península de Yucatán. Empresarios limoneros y de la pitaya llegaron con una oferta que no buscaba la propiedad de la tierra, ni siquiera la posesión formal. Ofrecieron a los campesinos un pago por sembrar su producto, asegurando que ellos lo comprarían, pero estableciendo que no podrían sembrar otra cosa en su territorio.

  “A las empresas ya no les interesa la propiedad de la tierra y a veces ni la posesión. Lo que les interesa son los recursos que hay en ella. En muchas páginas web son muy transparentes y dicen: ‘Nuestra prospección en esta región es de quince o de veinte años porque los recursos de agua, de suelo o de personas solamente van a soportar eso’”, comenta Evangelina.

  Recuerda otro caso más en la región del agave para tequila, en Jalisco. Ahí, cuando hubo un boom del precio —treinta pesos el kilo—, las empresas ofrecieron rentas atractivas. “Primero llegaron unos y les decían a los campesinos: ‘Te vamos a pagar 10 mil pesos la hectárea para rentarla por siete años’. A ésos por suerte les pagaron, pero luego cayeron otros empresarios que les dijeron a los campesinos ‘te pagamos en el primer año’, y a ésos ya no les pagaron. Los que llegaron a rentarles las tierras se esfumaron, y de pronto ya había una empresa en posesión de su tierra”. El resultado es una posesión de facto que el derecho agrario no alcanza a regular.

  El avance de la agroindustria y la agricultura por contrato revela un problema estructural de fondo en México: la única alternativa para defender la propiedad social es volver al planteamiento que Emiliano Zapata dibujó durante la revolución mexicana: “la tierra es de quien la trabaja”.

  Sin embargo, el panorama actual muestra que no hay políticas públicas eficientes que se encaminen a fortalecer a las comunidades campesinas para que esto sea una realidad. El único esfuerzo que actualmente existe en el país es el programa Sembrando Vida, iniciado en 2019.

  Pero el programa, si bien intenta reactivar las hectáreas con potencial productivo sin aprovechar, trabajando desde la producción campesina individual y operando en la escala de las familias, para Evangelina esto significa la desestructuración de los espacios colectivos. La transferencia económica de 6 mil pesos mensuales que da el programa se entrega de manera individual a cada productor, no a la asamblea ejidal o comunal.

  “Disgregar los apoyos para el campo fue un golpe muy duro para las comunidades y ejidos. El problema no es menor pues decidieron dar el dinero uno por uno a cada ejidatario en lugar de darlo a la asamblea. Según, la razón era evitar corrupción, pero esto no acaba ahí, pues aun así el fenómeno persiste. Lo que sí es que están acabando con los espacios de discusión y organización colectiva de los campesinos. Están acabando con sus asambleas, pues ya no hay una razón más para que se reúnan. Les quitó fuerza a las asambleas”.

  La asamblea ejidal es el órgano supremo del ejido, donde se construye lo colectivo, se deciden los destinos del territorio y se distribuyen los recursos. Es un espacio en disputa. Al individualizar los apoyos, reflexiona Evangelina, el Estado debilita esa estructura que podría resistir el acaparamiento y, además, no hay una ruta clara que oriente cómo evitarlo.

  “Está muy difícil para el Estado mexicano lograr cambios. Tendrían que cambiar completamente su política y no financiar la agroindustria transnacional. Pero estamos atados de manos con todos los tratados firmados a nivel internacional que tienen que ver con el comercio”. Pone dos ejemplos que desnudan las contradicciones del modelo:

  “En 2013 encontraron 273 personas en situación de esclavitud en empresas agroindustriales del sur de Jalisco. La empresa llegó y encontró a personas que puso a trabajar sin pago, y además les invadió sus tierras. Cuando el caso se ventiló apareció el gobierno federal, y en vez de sancionar a la empresa, les dio 10 millones de pesos para subsanar y mejorar las condiciones de sus empleados. ¿Cómo no va a ser negocio todo esto, si invades tierras, si no estás pagando las concesiones de agua, si tienes trabajo esclavo y aparte te dan subsidios?”.

  El segundo es una historia extensa y compleja.

  La historia comienza el 23 de agosto de 1939, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río firmó una resolución presidencial que dotaba al ejido San Isidro de 536 hectáreas. Pero laóejecución del decreto quedó trunca: los campesinos sólo recibieron 256 hectáreas. Las 280 restantes, correspondientes a una hacienda antigua, fueron entregadas a otros núcleos agrarios en una serie de traspasos y ventas apócrifas que, con el tiempo, llevaron a que en 1994 fueran adquiridas por Nutrilite, una división de la transnacional estadounidense Amway, propiedad de la familia DeVos (la misma de Betsy DeVos, secretaria de Educación durante el primer gobierno de Donald Trump).

  Durante décadas, muchos campesinos empobrecidos por la falta de tierras tuvieron que trabajar como jornaleros en los mismos campos que alguna vez les pertenecieron. Aun así, mantuvieron viva la lucha legal. En 2017, impulsaron una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, donde lograron demostrar que Amway-Nutrilite había violado los derechos humanos de los campesinos a la propiedad, el agua, la dignidad, el libre tránsito y el territorio. El Tribunal Permanente de los Pueblos había recibido ya en 2012 una denuncia sobre las afectaciones ambientales de la empresa: contaminación del agua, daños a la salud, casos de cáncer e insuficiencia renal en la región.

  La lucha jurídica dio frutos. En abril de 2022, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ordenó la ejecución complementaria de la resolución presidencial de 1939. El 30 de junio de ese año, las autoridades federales comenzaron el deslinde de las 280 hectáreas para restituirlas al ejido. Después de cuatro generaciones, los campesinos recuperaban el territorio que les había sido arrebatado. El plan era convertir ese espacio en “una parcela colectiva, una restauración ambiental de las áreas de arroyos”, un proyecto alternativo frente a la agroindustria.

  La reacción de Amway fue presentar una controversia bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigiendo al Estado mexicano una indemnización de casi 3 mil millones de dólares por la expropiación de sus inversiones. Argumentaba que México había tomado tierras privadas sin compensación justa.

  En enero de 2026, un tribunal internacional desestimó la demanda. La decisión fue técnica pero contundente: las reglas comerciales bajo las cuales Amway había presentado su queja ya no estaban vigentes ya que el TLCAN fue reemplazado por el T-MEC en 2020. El tribunal no sólo rechazó los miles de millones de dólares que la empresa exigía, sino que la condenó a pagar cerca de 1.3 millones de dólares por los costos legales y de arbitraje del Estado mexicano.

  “La empresa, que según su escritura compró las tierras ‘sabiendo que son del régimen ejidal’, presentó tres amparos y una controversia en el marco del tratado de libre comercio”, explicó Evangelina. “Imagínate el Estado mexicano, ¿qué puede hacer contra eso? Si decide no dar inversión a las empresas transnacionales o recuperar y darle fuerza a los ejidos y comunidades, las empresas se van a ir contra el Estado”.

  A pesar del panorama sombrío, hay razones para la esperanza. Esa esperanza, dice Evangelina, está en la propiedad social de la tierra. “No es nada más un pedazo de parcela que cultivas y te da algo. No es una mercancía. Es en realidad el territorio con todo el significado amplio o integral de la palabra. Es el espacio donde los colectivos indígenas o campesinos o rurales pueden desarrollarse como pueblos”.

  Ese territorio, explica, “está compuesto no solamente por parcelas productivas, sino por un sistema complejo que reproduce la vida: bosques, selvas bajas caducifolias, semidesiertos donde se reproduce el agua, la flora, la fauna, la biodiversidad. Se reproduce la vida para todas y todos”.

  La defensa de la propiedad social, sostiene, es un logro de la Revolución mexicana que hoy resulta más vigente que nunca.

  – Para descargar el artículo en PDF, haga clic en el siguiente enlace:

  La invasión territorial y l…(1,57 MB)

  Publicado originalmente en Revista Biodiversidad, sustento y culturas #128

• Ataques armados contra comunidades purépechas crecen «con el silencio cómplice de los gobiernos»: CNI

  19 de maig, per  Admin2

  Foto: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

  Ciudad de México | Desinformémonos. «Con absoluta indignación denunciamos que la guerra criminal en contra de las comunidades purépechas de Michoacán, con el silencio cómplice de los gobiernos, sigue creciendo y cobrando vidas», señaló el Congreso Nacional Indígena (CNI) tras el último ataque armado en la región purépecha, perpetrado el pasado 17 de mayo contra la comunidad de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, por el crimen organizado.

  En un comunicado, el CNI denunció el «brutal ataque» contra Sevina que dejó a dos integrantes de la Ronda Comunal muertos y uno «gravemente herido». Se trata del segundo ataque del crimen organizado en contra de la comunidad, después del que el 11 de marzo de 2025 cometió un grupo armado cuando ingresó a Sevina, agredió a elementos de la guardia comunal, destruyó cámaras de vigilancia y amenazó a las autoridades tradicionales.

  «Desde ese entonces, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se comprometió a cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad en la región y establecer, con el concurso de la federación, una Base de Operaciones Interinstitucionales. Sin embargo, nunca cumplió los compromisos minutados con las comunidades de la región y con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), exhibiendo lo que muchas y muchos hemos observado desde hace años: la completa complicidad de su gobierno con los cárteles criminales de todo signo y de manera preponderante con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)», acusó el Congreso Nacional Indígena.

  Tras el ataque del 17 de mayo, el CSIM se declaró «en estado de alerta máximo» e informó que se reservaba el derecho a actual y organizarse en defensa de su territorio y sus comunidades, toda vez que, explicaron, «no vemos en el Estado Mexicano que pueda hacer tal acción».

  Por su parte, el CNI responsabilizó al gobernador de Michoacán y a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado de la violencia contra la región purépecha, y recordó que el pasado 6 de mayo también se registró un ataque a comuneros de la comunidad de Acachuén perpetrado por «un comando del CJNG, protegido por la policía municipal de Chilchota», con un saldo de dos personas muertas y una más herida. Por este ataque, las comunidades del CSIM se movilizaron el pasado 11 de mayo en las carreteras para exigir seguridad, pero fueron reprimidas por la policía estatal.

  «No está de más recordar que durante los dos últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la región purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, incluidos ataques con drones y explosivos, en contra de la población civil, de instalaciones de todo tipo, de autoridades comunitarias y de los cuerpos de seguridad tradicionales», reiteró el CNI.

  Finalmente, el Congreso Nacional Indígena exigió la «actuación inmediata» del ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil del estado «para inhibir los ataques de los cárteles criminales» en la región purépecha y proteger a los pueblos y comunidades de Michoacán mediante el establecimiento y la permanencia de las bases de operaciones que éstos han solicitado, así como demandó que sancione responsables materiales e intelectuales de los crímenes y de la represión contra las comunidades de Acachuén y Santa María Sevina, y contra el CSIM.

  A continuación el comunicado completo:

  A los pueblos de México y del mundo,

  A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

  A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

  A la Sexta Nacional e Internacional,

  A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

  A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

  A los medios libres e independientes,

  A quienes caminan la palabra de la vida.

  18 de mayo de 2026.

  Con absoluta indignación denunciamos que la guerra criminal en contra de las comunidades purépechas de Michoacán, con el silencio cómplice de los gobiernos, sigue creciendo y cobrando vidas.

  El domingo 17 de mayo del presente año, aproximadamente a las 20:30 horas, la comunidad purépecha de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, sufrió un brutal ataque por parte del crimen organizado en el que fueron asesinados dos compañeros integrantes de la Ronda Comunal (institución de seguridad comunitaria en la comunidad) de nombres JESÚS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ e IGNACIO CAMPOS GUERRERO; y otro compañero más se encuentra gravemente herido. Todos ellos son originarios de Sevina.

  Este es el segundo ataque del crimen organizado en contra de la comunidad de Sevina; el anterior ocurrió el 11 de marzo de 2025, cuando un grupo armado ingresó a la comunidad, agredió a elementos de la guardia comunal, destruyó cámaras de vigilancia y amenazó a las autoridades tradicionales.

  Desde ese entonces, el Gobernador de Michoacán, ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, se comprometió a cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad en la región y establecer, con el concurso de la federación, una Base de Operaciones Interinstitucionales. Sin embargo, nunca cumplió los compromisos minutados con las comunidades de la región y con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), exhibiendo lo que muchas y muchos hemos observado desde hace años: la completa complicidad de su gobierno con los cárteles criminales de todo signo y de manera preponderante con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

  En estos momentos la comunidad de Sevina se encuentra de luto, atendiendo rituales funerarios y consultando a sus habitantes sobre los próximos pasos a seguir, razón por la que pedimos estar atentos y en apoyo a las determinaciones que la comunidad, y junto con ella el CSIM, puedan tomar, acudiendo a las convocatorias que se emitan con el fin de exigir justicia y seguridad para la comunidad de Sevina, para el pueblo purépecha y para los pueblos de Michoacán.

  No está de más recordar que durante los 2 últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la región purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, incluidos ataques con drones y explosivos, en contra de la población civil, de instalaciones de todo tipo, de autoridades comunitarias y de los cuerpos de seguridad tradicionales.

  De estos atroces acontecimientos, como de los ocurridos el miércoles 6 de mayo del 2026, cuando un comando del CJNG, protegido por la policía municipal de Chilchota, atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, Michoacán, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida; así como de los acaecidos el pasado 11 de mayo, fecha en la que el CSIM fue cruentamente reprimido por la policía estatal al manifestarse en repudio a los sangrientos sucesos de Acachuén; hacemos responsable al gobernador del estado de Michoacán, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado.

  Exigimos:

  • La actuación inmediata del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil del estado para inhibir los ataques de los cárteles criminales en la región purépecha y proteger a los pueblos y comunidades en todo Michoacán mediante el establecimiento y la permanencia de las bases de operaciones que éstos han solicitado.
  • El Castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes y de la represión cometidos contra las comunidades de Acachuén y Santa María Sevina y contra el CSIM.

  Llamamos urgentemente a los pueblos, organizaciones, colectivos, medios libres y personas solidarias de México y del mundo a realizar acciones urgentes de denuncia, movilización, pronunciamiento y solidaridad en sus calendarios y geografías.

  ¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

  ¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

  CONGRESO NACIONAL INDÍGENA