«Vení a jugar el partido decisivo»: movilizan al Polo Científico por la prórroga de 400 becas posdoctorales

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La crisis del sistema científico tendrá un nuevo capítulo este miércoles 15 de julio, cuando trabajadoras y trabajadores del CONICET, junto a becarias y becarios posdoctorales, se concentren desde las 10 en el Polo Científico Tecnológico para exigir que el Directorio del organismo otorgue prórrogas a quienes finalizan sus becas, garantice los ingresos pendientes a la Carrera del Investigador Científico (CIC) y revierta el proceso de ajuste que atraviesa el sector. «El presidente Salamone y el Directorio tienen la oportunidad de evitar que 400 becaries posdoctorales que se postularon a CIC queden en la calle al finalizar este mes«, advierten desde la convocatoria, que también reclama «basta de precarización y vaciamiento», recomposición salarial, regularización de la cobertura médico-asistencial, aguinaldo para las y los becarios y la continuidad de los concursos. «La situación que atravesamos es particularmente crítica», señalan desde el Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026). Por ANRed.

Bajo la consigna «La ciencia argentina resiste», este miércoles 15 de julio a las 10, trabajadoras y trabajadores del sistema científico volverán a concentrarse con la camiseta de la Selección Argentina frente al Polo Científico Tecnológico, donde sesionará el Directorio del CONICET, para reclamar una salida urgente a la situación que atraviesan 400 becarias y becarios posdoctorales que podrían quedarse sin trabajo a fin de mes. La jornada reunirá al colectivo de postulantes a la Carrera del Investigador Científico (CIC), trabajadores del organismo y distintos sectores de la comunidad académica, en lo que será una nueva protesta contra el ajuste del gobierno nacional sobre el sistema científico.

La convocatoria advierte que «el presidente Salamone y el Directorio tienen la oportunidad de evitar que 400 becaries posdoctorales que se postularon a CIC queden en la calle al finalizar este mes«. Por eso, llaman a movilizarse «por las prórrogas, por las altas pendientes en CIC y CPA y por la recomposición salarial«, además de reclamar «basta de precarización y vaciamiento«, la regularización de la cobertura médico-asistencial, el pago de aguinaldo para las y los becarios y la vigencia de todos los concursos del Personal de Apoyo (CPA).

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En tanto, desde el Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026) explicaron que el conflicto se originó luego de que en 2024 el CONICET no abriera la convocatoria anual de ingreso a la Carrera del Investigador, incumpliendo el cronograma habitual del organismo. «En 2024 no se abrió la convocatoria anual de ingreso, tal como establece el reglamento, lo que impidió que toda una cohorte de becarias y becarios posdoctorales se puedan presentar en tiempo y forma«, señalaron.

Además, remarcan que la situación se agravó porque la convocatoria recién se abrió en diciembre de 2025 y «los resultados se esperan para agosto de 2027 y con ingresos previstos recién para 2028«. Mientras tanto, remarcan, «quienes finalizamos nuestras becas posdoctorales a fin del corriente mes (31 de julio de 2026) quedaríamos sin ningún vínculo con el organismo, sin prórrogas que permitan dar continuidad a nuestro trabajo«.

El colectivo sostiene que las consecuencias exceden la situación laboral individual de quienes hoy reclaman: «esta situación no solo afecta a cientos de investigadoras e investigadores, sino que compromete la continuidad de líneas de investigación construidas durante años, la formación de recursos humanos y una importante inversión pública destinada a generar conocimiento estratégico para el país«, advirtieron. En los últimos días, numerosas asociaciones científicas, institutos y espacios académicos hicieron públicos sus respaldos al reclamo.

La protesta del 15 de julio se inscribe en una larga serie de movilizaciones protagonizadas por la comunidad científica desde la asunción de Javier Milei. Durante el último año y medio se multiplicaron las denuncias por el congelamiento presupuestario, la paralización de ingresos a la carrera científica, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y becas, el deterioro de las condiciones laborales y la suspensión de programas estratégicos de investigación, en un escenario que distintos sectores califican como un proceso de desmantelamiento del sistema científico nacional.

El conflicto también expresa un problema estructural: mientras el Estado reduce la inversión en investigación y desarrollo, cientos de jóvenes científicos formados durante años con recursos públicos quedan frente a la posibilidad de abandonar el sistema o emigrar al exterior, repitiendo la ya sufrida «fuga de cerebros». En ese marco, las organizaciones del sector sostienen que la ausencia de políticas de continuidad no sólo afecta derechos laborales, sino que implica perder capacidades científicas estratégicas construidas durante décadas, profundizando un modelo de ajuste que expulsa investigadores, paraliza proyectos y debilita la soberanía científica y tecnológica del país.