Expulsiones exprés: alerta migrante ante el DNU 681

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El Gobierno de Javier Milei endureció la Ley de Migraciones al permitir deportaciones por «discursos de odio» o ultraje a los símbolos patrios. Desde los territorios, referentes sociales y especialistas advierten sobre la discrecionalidad de la medida, denuncian una «mordaza institucional» y anticipan presentaciones por inconstitucionalidad, mientras redoblan la organización en los barrios y ante organismos internacionales.

Por Mario Wilmer para ANRed.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica de manera sustancial la Ley de Migraciones N° 25.871. La nueva reglamentación habilita a la Dirección Nacional de Migraciones a cancelar residencias y expulsar del país a ciudadanos extranjeros acusados de emitir discursos de odio o de ofender los símbolos patrios. La normativa generó una respuesta inmediata y un estado de alerta en las comunidades migrantes y en los organismos de Derechos Humanos, quienes advierten sobre la discrecionalidad, la inconstitucionalidad y el uso político de la medida.

Para analizar el impacto real de este escenario y desentramar la letra chica del decreto, desde ANRed dialogamos con Iber Mamani, referente de la comunidad boliviana en el ámbito migratorio, y con el Dr. Acosta, abogado penalista con estudio en Villa Celina, una de las zonas con mayor concentración de población migrante del conurbano

El migrante como «carne de cañón» y la mordaza institucional

Desde la perspectiva territorial, Iber Mamani señaló que la implementación del decreto genera un estado de vulnerabilidad e incertidumbre en las poblaciones. Para el referente, el presidente Javier Milei «está usando la campaña anti argentina para hacer creer que es un defensor de la patria pero al mismo tiempo se contradice cuando impulsa una ley de extranjerización de las tierras».

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Iber Mamami dando una formación sobre asesoría migrante.

Para el militante social, la medida excede la supuesta protección de la soberanía y se utiliza el DNU para estigmatizar a las colectividades, usándolas como «carne de cañón» frente al desgaste político y social del Gobierno. «Es parte de los objetivos de este decreto generar una mordaza a quienes militamos los derechos humanos y denunciamos el verdadero racismo y xenofobia que se vive en Argentina», aseguró Mamani.

Ambigüedad legal: el peligro de la libre interpretación

La inquietud territorial sobre quién y cómo se aplicará la nueva reglamentación encuentra eco directo en el análisis jurídico. El Dr. Acosta advirtió sobre la falta de precisión técnica en la redacción del texto oficial. «La ley con esta modificación no puntualiza acciones en particular, por lo cual deja que ese criterio quede a la interpretación de la autoridad migratoria y, eventualmente, de los jueces», explicó.

Sobre el peso que la Dirección Nacional de Migraciones adquiere con esta norma, el letrado detalló: “Sí, el DNU pretende darle a las resoluciones de migraciones como si fueran una sentencia definitiva. Pero la ley nos da herramientas para hacer nuestro acto de defensa porque podemos estar ante un error de la autoridad migratoria y pedir su revisión”. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Dr. Acosta

Ante una acusación formal, la autoridad pasará a evaluar si la conducta del extranjero encuadra en la definición de «odio», un término amplio que abarca conceptos como aversión, desprecio o fobia según lo determina la RAE (Real Academia Española). Respecto al ultraje de símbolos nacionales, el penalista aclaró que no constituye un delito nuevo en el ordenamiento jurídico: «El artículo 222 del Código Penal argentino ya prevé una pena de prisión de 1 a 4 años para aquellos que ofendan la bandera; simplemente que ahora se aplica a la ley migratoria a través del DNU».

Debido proceso, defensa e inconstitucionalidad

Frente a la posibilidad de que el Estado aplique sanciones administrativas exprés que fuercen la salida del país, Acosta llevó tranquilidad al asegurar que las garantías del debido proceso continúan vigentes. Ante una notificación, el extranjero tiene el derecho a conocer detalladamente la acusación —fecha, hora y acción específica— para ejercer su defensa, ya que es el Estado quien mantiene la carga probatoria.

«Las herramientas que nos sigue dando la ley son las mismas: la presentación de un recurso jerárquico o directo ante la autoridad migratoria y, eventualmente, pedir la revisión judicial», detalló. Un punto clave para llevar alivio a las comunidades es que la expulsión no queda firme de manera automática: la interposición de un recurso suspende la decisión de Migraciones hasta su resolución final.

Aunque el abogado desestimó que el decreto vulnere la libertad de expresión —dado que excluye explícitamente la crítica ciudadana y el disenso ideológico—, remarcó que la principal estrategia de defensa legal en el planteo de inconstitucionalidad del DNU. «Dado que hay una postura casi unánime, de constitucionalistas y abogados defensores, que no hubo necesidad ni urgencia como para realizar un decreto y que esta ley no vaya por la vía que establece nuestra Constitución, que es a través del Congreso», concluyó.

La resistencia continúa: de los barrios a los tribunales internacionales

Ante la entrada en vigencia de la nueva norma, la respuesta en los territorios se articula como la continuación de un plan de lucha preexistente. Mamani explicó que la resistencia comunitaria se viene construyendo «día a día con la militancia» desde el repudio al decreto 366/2025, normativa que inició esta serie de modificaciones restrictivas a la Ley de Migraciones. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Iber Mamani

Frente a este nuevo embate institucional, las organizaciones decidieron sostener y redoblar su esquema de acción en dos frentes simultáneos. A nivel local, intensificaron las políticas de información, el asesoramiento y el acompañamiento en los trámites de regularización mediante el sistema RADEX.

En el plano internacional, reactivaron los reclamos elevando denuncias, pedidos de informes y solicitudes de audiencias ante organismos internacionales de derechos humanos, a la espera de un pronunciamiento oficial que frene las medidas implementadas por el Ejecutivo.