Permiso para existir: la trampa burocrática de la Ciudad para expulsar las ceremonias ancestrales del centro porteño

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: Johana Arce.

Sobrerregulación, trámites comerciales y vacío normativo: el Estado porteño asfixia el uso del espacio público para las prácticas espirituales originarias, empujándolas a la irregularidad. Frente a la hostilidad administrativa, la comunidad andina convoca a defender sus raíces y compartir la reciprocidad este sábado 1° de agosto al mediodía frente a los Tribunales.

Por Mario Wilmer, para ANRed.

Este sábado 1° de agosto a las 12:00 horas, las comunidades originarias convocan a rendir homenaje y agradecer a la Pachamama en Plaza Lavalle, frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro andino, que se realiza por cuarto año consecutivo en este espacio, atraviesa hoy un conflicto directo con el Gobierno porteño: para autorizar la ceremonia, el Ejecutivo exige requisitos administrativos y económicos similares a los de una actividad comercial privada.

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

La ceremonia se realizará en la misma «boca de pozo» que el Tercer Malón de la Paz abrió frente a la Corte Suprema de Justicia el 1° de agosto de 2023, tras marchar miles de kilómetros contra las políticas extractivistas del entonces gobernador jujeño Gerardo Morales. Para las comunidades, mantener vivo ese pozo en medio del cemento constituye un acto de resistencia innegociable. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: Johana Arce

Migrar a la gran ciudad implica, muchas veces, enfrentarse a un sistema que empuja a la asimilación forzada y al olvido. En este contexto, Aymara Choque, abogada e investigadora, explica: «La urbe no puede concebirse desde la negación constante de la presencia indígena; por el contrario, debe consolidarse como un territorio de reconocimiento».

En esa misma línea, la referente advierte que obstaculizar el uso del espacio público es más que un simple trámite denegado: «Interrumpir las ceremonias indígenas no es restringir una expresión cultural más, es frenar el mecanismo mismo por el cual esa cosmovisión se reproduce y se transmite a las siguientes generaciones».

La hipocresía institucional: La Ley de papel

En los registros de la Legislatura, la Ley 6550 declara al 1° de agosto como «Día de la Pachamama» en CABA desde el año 2022. Gustavo «Rumi» Sardinas, maestro de ceremonia andino e hijo del Tata Ullpu Carmelo Sardinas, fue uno de los impulsores del proyecto junto a la abogada Paula Alvarado. El objetivo fue «dejarla de ver a la Pacha como un objeto de extracción de recursos, como lo hace este gobierno (Nacional)» e invitar a entender este encuentro «no sólo como una raíz ancestral y espiritual sino como una resistencia y de replantearnos qué relación queremos tener con ella». <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Ley 6550

Sin embargo, del recinto de votación a la Plaza Lavalle, la normativa se diluye. La ley porteña cuenta con apenas tres artículos que celebran la fecha, pero no modifica ni una sola coma del sistema administrativo que regula el uso de las plazas. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: Johana Arce

La trampa administrativa: sobrerregulación y seguros millonarios

Para habilitar la ceremonia frente a los Tribunales, el Ejecutivo porteño solicitó a la organización Qhapaj Ñan los mismos requisitos logísticos y financieros que a una productora de eventos. El trámite demanda la creación de un usuario miBA, copias de DNI y estatutos certificados por escribano. A nivel logístico, se exige un «proyecto» del evento con memoria descriptiva, cronograma de armado y desmantelamiento, croquis y detalles técnicos propios de un evento con fines lucrativos. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: Johana Arce.

Esto evidencia, según Aymara, cómo opera la burocracia estatal: «No existe en el ordenamiento porteño una prohibición expresa hacia la ceremonia; el mecanismo de exclusión opera de manera indirecta, a través del desplazamiento del costo económico». Según la abogada, el desafío pasa por «rediseñar el sistema para que contemple más de una forma legítima de habitar y usar el espacio público». Esta sobrerregulación coloca a las comunidades ante la disyuntiva inaceptable de renunciar a sus derechos o ejercerlos bajo el riesgo permanente de sanciones.

El contraste político: la tierra como mercado o como sujeto de derechos

El laberinto administrativo porteño dialoga directamente con la coyuntura nacional. El próximo 6 de agosto, el Congreso de la Nación debatirá un proyecto de ley enfocado en habilitar la entrega de tierras nacionales a capitales extranjeros.

Desde la organización trazan un paralelismo directo: «El proyecto de ley que se debate el 6 de agosto hace el movimiento inverso con la tierra rural: flexibiliza al máximo su régimen de propiedad y venta, argumentando seguridad jurídica».

Esta contradicción normativa devela el modelo de país en disputa. «Cuando la tierra se concibe como activo comercial explotable por capital extranjero, el Estado remueve barreras; cuando la tierra se concibe como sujeto de derechos comunitarios, el Estado impone las barreras en el sistema administrativo», sentencian. Dos leyes que revelan qué concepción de la tierra privilegia el ordenamiento jurídico cuando hay intereses de mercado de por medio.