Argentina NO se vende

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En 2022 se realizó una reunión en la casa de Joe Lewis en Lago Escondido (Río Negro) que involucró a jueces federales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín. Hay sospecha que luego se realizaron otras reuniones con altos dirigentes políticos del país.

El Proyecto de Ley de extranjerización afecta a toda nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. El actual gobierno de Javier Milei quiere derogar esta Ley, que defiende la soberanía nacional, beneficiando a corporaciones internacionales, como parte de su política de venta del país a capitales extranjeros, concentración de la tierra, desalojos masivos, despojos de los bienes comunes (recursos naturales)- a través de la extracción de materias primas (Extractivismo)- ya sea litio, megaminería, agroindustria o fracking. Por ello el control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito de ese nefasto negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas. Esto es posible a través de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio.

Por Ana Muro, corresponsal de AnRed

El Proyecto de Ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» afecta a nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. Más de 4 mil referentes de todo el país ya firmaron contra el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada».

La Ley 26.737 de Tierras Rurales, fue presentada en el Congreso durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Fue aprobada y promulgada en diciembre de 2011. Luego, Mauricio Macri la modificó en 2016 con el decreto 820/2016, beneficiando a corporaciones internacionales.

Los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias. Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros. El Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación. La Ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para contraponer el profundo déficit de información sobre la posesión de terrenos.

Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%). Por motivo de la modificación de la Ley a partir del decreto 820/2016 de Macri, que levantó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional esos datos no son ciertos. El decreto de Macri recién asumido como presidente, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional (a través del traspaso de acciones). De este modo la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley. Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua. Ya no es un requisito del trámite de certificación que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial.

La Ley de protección de Glaciares también tiene un rol importante en este proceso de extranjerización, ya que, muchos bienes comunes se encuentran en zonas glaciares y periglaciares y la Ley no permite la explotación y exploración de ellos. En 2010 Cristina Kirchner vetó la ley de protección de los Glaciares, que ya había sido aprobada en ambas cámaras (diputados: por unanimidad; senadores: con solo tres votos en contra), para que volviera a la Cámara de Diputados. Esto es similar al procedimiento seguido para aprobar la ley de protección de los bosques autóctonos, ya que se argumentó que la ley perjudicaría el desarrollo económico.

Durante el gobierno macrista, de la mano de Patricia Bullrich, se ordenó la represión feroz en la Pu Lof Cushamen que culminó con la muerte de Santiago Maldonado, que siguió meses después con el allanamiento brutal de la Lof Lafken Winkul Mapu y la cacería del día siguiente que finaliza con el asesinato de Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Naval en Bariloche.

Acumulación por despojo del territorio y por el saqueo de los bienes comunes a traves del extractivismo.

El control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito del negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas y esto posible a traves de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio.

La criminalización a referentes indígenas, la profundización del extractivismo y el proyecto de Ley “inviolabilidad de la Propiedad Privada”, mejor dicho ley de extranjerización de la Tierra, son parte de esta foraz empresa a nivel global del orden mundial imperante basado en la apropiación de los recursos naturales (bienes comunes) en la llamada transición energética.

La violencia institucional y de las fuerzas de seguridad es más visible cuando la Resistencia se organiza. La condena a Jones Huala por la lectura de un poema se inscribe en ese contexto de persecución política a las y los que luchan el extractivismo y defienden su territorio. La condena con más de un año de detención contra el referente mapuche Facundo Jones Huala visibiliza la política contra los pueblos originarios, y a favor de la entrega de territorio. Patricia Bullrich, impulsora de la persecución judicial y política contra las comunidades mapuche desde 2015, como Ministra de Seguridad, es al mismo tiempo una de las promotoras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La muerte de Santiago Maldonado es también cuestionada por parte de organismos de derechos humanos.

Asimismo, el asesinato de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quien el 25 de noviembre de 2017 recibió un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval en Villa Mascardi. El procedimiento se produjo apenas semanas después de la muerte de Santiago Maldonado y en el marco de una política de seguridad encabezada por Patricia Bullrich. Cuatro años después, el 21 de noviembre de 2021, otro joven mapuche fue asesinado durante una recuperación territorial. Elías Garay, integrante de la Lof Quemquemtrew, murió tras ser atacado con armas de fuego en un predio en Cuesta del Ternero, Río Negro.

La represión de Bullrich a comunidades mapuche tenía sentido: extranjerizar la tierra

Mientras se criminalizan a quienes defienden los territorios ancestrales, el Gobierno impulsa normas que facilitan la concentración y venta de grandes extensiones del país.

América Latina es el lugar del mundo donde se asesinan a más ecologistas y defensores de su territorio. En 2023 fueron asesinados 196 ecologistas, el 85 % de ellos en América Latina.

La continuación de prácticas neocoloniales

Se puede observar una continuidad en el orden mundial desde el colonialismo hasta el imperialismo actual. Esta continuidad se manifiesta especialmente en la apropiación y explotación sistemáticas de los bienes communes (recursos naturales) y de los territorios mediante prácticas (neo)extractivistas en los llamados países periféricos. Este modelo conduce a violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos, que se manifiestan, entre otras cosas, en la creciente criminalización de las y los defensores del medio ambiente. Por el contrario, las empresas transnacionales que contribuyen de manera significativa al daño ecológico y social no son perseguidas penalmente ni obligadas a reparar el daño causado; más bien, sus actividades suelen ser favorecidas política, jurídica y económicamente por los Estados.

Las élites políticas y económicas de los países periféricos actúan en muchos casos en su legislación y en la práctica gubernamental en dependencia estructural de las potencias dominantes, independientemente de su orientación ideológica respectiva. El modelo de producción que persiste desde la época colonial permite la apropiación continua de los bienes comunes y, al mismo tiempo, va acompañado de la desindustrialización, la dependencia económica, la destrucción del medio ambiente y la desigualdad social en los países afectados.

Desde la década de 1990, casi todos los gobiernos de América Latina, tanto progresistas como neoliberales, formaron parte de lo que Maristella Svampa llama “consenso de los commodities” (de las materias primas), lo que supuso una mayor profundización de las estrategias extractivistas. La dependencia económica y política de los países proveedores de materias primas está integrada en las estrategias geopolíticas.

Esta nueva hegemonía mundial se ve actualmente amenazada por otros bloques de poder, como Rusia, China y Europa, que no quieren quedarse al margen de la distribución del poder geopolítico y los bienes comunes. Los conflictos actuales giran en torno a los bienes comunes y la transición energética.

Ante la finitud de los recursos no renovables, la lucha por las materias primas y los recursos energéticos estratégicos se convierte en un tema central de las disputas y los conflictos geopolíticos. El sistema financiero los necesita para seguir funcionando.

La industria armamentística también necesita estos minerales para la fabricación de armas. El complejo militar-industrial de las principales potencias bélicas busca nuevos y mejores materiales críticos (para una mayor precisión) para muchos desarrollos de investigación y tecnología en todo el mundo, que se encuentran principalmente en América Latina y África.

La relación entre la extracción de materias primas y las guerras es cada vez más relevante, y las tecnologías y la transición energética desempeñan un papel importante. Ante la nueva dimensión de las guerras, los genocidios y los conflictos armados en el mundo, los bienes comunes desempeñan un papel importante.

Las llamadas energías verdes o renovables que Europa quiere introducir refuerzan el extractivismo latinoamericano y africano. A su vez, esta extracción de materias primas conduce a un aumento del desplazamiento y la apropiación de bienes comunes, lo que agrava aún más la injusticia social y la contaminación ambiental.

Los problemas relacionados con la contaminación se «resuelven» trasladándolos de un lugar a otro , transportando residuos altamente tóxicos a países periféricos y almacenándolos allí donde los jefes de Estado lo permiten.

A pesar de las constituciones nacionales, que garantizan una serie de derechos nacionales e internacionales, así como mecanismos de protección, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, en la práctica política y económica se observa que estas exigencias normativas suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a los intereses geopolíticos y económicos, de modo que las asimetrías de poder suelen beneficiar a los actores hegemónicos.

¿Quiénes son las y los senadores que votarán a favor de la extranjerización de la tierra?

La nueva conquista del “desierto” del Siglo XXI

Durante la época colonial, Europa consolidó su hegemonía gracias a lo que Marx denominó «acumulación originaria», mediante la apropiación y usurpación de territorios indígenas, así como mediante el trabajo forzoso y la apropiación de metales. El colonialismo se basó en justificaciones ideológicas racistas y excluyentes procedentes del centro norte. Las teorías positivistas y, más tarde, biologistas predominantes justificaron este modelo de producción y acumulación capitalista y el sistema jurídico-político y social asociado a él.

“El Estado nacional argentino se construyó con la sangre de los pueblos y culturas indígenas, víctimas de un genocidio” decía Osvaldo Bayer. Luego del genocidio de los pueblos originarios y la siguiente ocupación, el Estado Argentino consolidó la apropiación de los territorios patagónicos. Según Jacinto Oddone, luego de la Campaña del Desierto el Estado Nacional transfirió entre 1876 y 1903, 42 millones de hectáreas a 1.843 personas que se adueñaron de la tierra.

Las oligarquías locales impulsaron un proceso de homogeneización que, sin embargo, era paternalista, ya que consideraban a los indígenas como inferiores. Están integrados en el sistema de producción, el mercado de consumo y el orden social, pero desempeñan el papel de explotados, y de hecho son los más explotados.

La última dictadura militar y los siguientes gobiernos democráticos profundizaron el saqueo, a favor de una clase dominante cada vez más al servicio de intereses extranjeros. Las elites locales y los grupos de poder como Techint, Perez Companc, entre otros, fueron los beneficiados de estas políticas. Asimismo personalidades de la comunicación como Ted Tuner, el Grupo Benetton, a través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino y el magnate británico Joe Lewis, poseen 13.000.000 de hectáreas, sin contar la ilegal apropiación del Lago Escondido que contó con la complicidad judicial descarada. También creció la compra por parte de los Emiratos Árabes y Qatar.

La Resistencia quiso poner fin a ese proceso de saqueos en los 90 con una gran movilización indígena en América Latina. Las sublevaciones maya-zapatista en Chiapas en 1994 y el resurgimiento quechua-aymara desde Ecuador a Bolivia entre 1997 y 2005. De estas influencias surgen reformas constitucionales en varios países latinoamericanos. La reforma constitucional Argentina de 1994 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios por parte del Estado Nacional, asimismo se ratifican Tratados Internacionales de protección a los pueblos indígenas. A pesar de ello, a diario se vulneran esos derechos de manera sistemática por los diferentes gobiernos de turno. 150 años después continuan las mismas prácticas de racistas y de despojo hacia los pueblos originarios, a pesar de una normativa que los protege.

La región latinoamericana se está convirtiendo en un intenso proveedor de bienes comunes sin procesar —sin ningún valor agregado— para el mercado mundial. Se habla de una economía de enclave, ya que crea pocos puestos de trabajo, incluso los desplaza, y apenas tiene vínculos con el resto de la economía. Esto contrapone a la teoría del derrame, con la que los políticos de la justifican la extracción de materias primas. Quienes se benefician de ello ignoran las abrumadoras pruebas documentadas de los daños medioambientales, que no son el resultado de errores o casos aislados, sino que son inherentes a la misma. Las promesas de los distintos gobiernos de que estas empresas transnacionales promoverán el desarrollo y el empleo no se están cumpliendo.

La extracción de materias primas es ecológicamente insostenible debido a su magnitud, intensidad e impacto en las estructuras socioecológicas en las que se basa, y provoca desequilibrios de todo tipo. Según el biólogo Gudynas “No hay forma responsable de llevarla a cabo”. “La extracción de materias primas convierte las zonas en las que se lleva a cabo en zonas de sacrificio”. Sumate a las acciones hechas en todo el país y por argentines viviendo en el exterior para defender la soberanía!

Extranjerización de las tierras: con una agenda de acciones se prepara la movilización del 6 de agosto