Un femicidio cada 31 horas bajo un gobierno que quiere borrar la palabra

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El último fin de semana dejó al menos tres femicidios que exponen la persistencia de la violencia machista. Los hechos exponen un problema social que no encuentra solución frente a un gobierno que deslegitima y ataca al movimiento transfeminista. Mientras en Córdoba se confirmaba el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, que era intensamente buscada por familiares y organizaciones, en Temperley, al sur del conurbano bonaerense, Noelia era asesinada por su pareja, así como en Misiones, Dulce Candia, adolescente, fue también víctima de femicidio. Por ANRed

La noticia llegó desde Córdoba. Tras días de búsqueda, familiares, amistades y organizaciones conocieron la peor respuesta: Agostina había sido asesinada. Su nombre se sumó a la larga lista de mujeres y adolescentes que desaparecieron en contextos de violencia, para luego ser asesinadas. Mientras los medios comenzaban a difundir y espectacularizar el caso, y crecían los reclamos de justicia, otra historia violenta se desarrollaba a cientos de kilómetros de distancia.

En Temperley, Noelia permanecía secuestrada por su pareja. Las advertencias, los pedidos de auxilio y la urgencia de la situación no alcanzaron para romper la inercia burocrática. Cuando la policía llegó al lugar tras un llamado al 911 del propio femicida, no ingresó al domicilio porque no contaba con una orden de allanamiento. Cuando lo hicieron, ya fue tarde: Noelia había sido asesinada.

Tres femicidios ocurrían casi en simultáneo, revelando una vez más cómo la violencia machista, un problema social, escala ante la falta de respuestas, los cierres de espacios de contención y el ajuste de la educación en general, y de la educación sexual, específicamente.

El último fin de semana también fue de conocimiento público el femicidio de Dulce, una adolescente de Misiones. Su asesinato volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de niñas y jóvenes frente a violencias que, lejos de disminuir, continúan aumentando, truncando vidas.

Estos casos ocurren en las vísperas de un nuevo 3 de junio.

A 11 años del primer Ni Una Menos, el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” registró al menos 3205 víctimas letales de violencia de género en Argentina, entre enero de 2015 y mayo de 2026. 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. Un femicidio cada 31 horas durante estos años.

Los datos muestran también que el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, y que el 63% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor.

Al menos 2714 niñas y niños quedaron huérfanos, producto de la violencia machista.

En el caso de las adolescentes, las cifras revelan patrones que se repiten. Según el mismo informe, el 22% de las menores de 17 años asesinadas había sido previamente desaparecida. Y el 19% sufrió ataques contra su integridad sexual.

Las organizaciones feministas advierten el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y asistir situaciones de violencia de género. En este contexto, adquieren mayor relevancia los discursos oficiales que relativizan o niegan la violencia machista, que funcionan como legitimación de un clima social cada vez más hostil contra mujeres y disidencias.

Lo que ocurrió este fin de semana no es ajeno al clima político que el gobierno de Javier Milei construyó desde el primer día de gestión. En febrero de 2024, por decreto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue desjerarquizado y transformado en una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, reduciendo drásticamente su capacidad de acción, hasta que finalmente se anunció su cierre en junio de ese año. Con él se fueron 1.282 trabajadores, programas de asistencia, redes de contención territorial y presupuesto específico. No fue un recorte técnico: fue una señal política. El mensaje no estaba dirigido a las víctimas; estaba dirigido a quienes las agreden.

El mensaje se completó en el Congreso. La Libertad Avanza presentó la llamada «Ley de igualdad ante la ley» para eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino, en un contexto en que durante 2024 ocurrieron 267 femicidios en el país y en lo que va del 2025 se registra uno cada 20 horas. Eliminar la figura no reduce los crímenes: los vuelve invisibles. El propio gobierno difundió en 2025 un spot institucional sobre el 8M donde aseguraba que «los homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024, rompiendo una tendencia de años», afirmación que Chequeado calificó de falsa. Mientras la propaganda oficial falsificaba estadísticas, las organizaciones contaban los cuerpos.

La violencia que el gobierno ejerce sobre los derechos no se limita a las políticas públicas. Dentro del propio espacio oficialista, la impunidad tiene nombre y apellido. Federico Bojanovich, funcionario del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello y noveno en la lista de candidatos a diputados provinciales de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, enfrentará un juicio oral acusado de golpear a su expareja, impactar su cabeza contra la puerta de un automóvil y propinarle un puñetazo en el rostro. Durante la etapa de instrucción, Bojanovich evitó notificarse de distintas medidas judiciales. El partido lo postuló igual. El ministerio lo conservó igual. Eso también es una política de género

«No son hechos aislados. Son tres nombres, tres vidas truncadas en apenas un fin de semana. Tres historias que vuelven a recordar que la violencia machista sigue siendo una emergencia social y política. Por Agostina, Dulce, Noelia y todas las víctimas nos vemos el miércoles en las calles» expresó una militante feminista.

Mañana habrá movilizaciones en las principales ciudades del país. Las calles volverán a llenarse para exigir justicia, prevención y políticas públicas capaces de evitar que la próxima noticia vuelva a contar otra muerte que pudo haberse evitado.