Poner al pueblo en contra del pueblo, un logro del gobierno

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

28.01.26. Cortes arbitrarios de las calles. Avenida de Mayo casi esquina San José

La libertad de quienes necesitan ir y venir por la ciudad, alrededor del Congreso de la Nación es cercenada sistemáticamente por las Fuerzas nacionales y federales. Miércoles tras miércoles, las Fuerzas Armadas bloquean el tránsito mucho más tiempo que cualquier manifestación. Los operativos policiales (con un gasto promedio de 146,5 millones, a mayo del 2025) además de ahogar la libre expresión producen un efecto entre los vecinos mucho más devastador: responsabilizan al manifestante del caos que genera cada operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad, cortando y vallando toda la zona. Y conviertiéndola casi en territorio de guerra. La estrategia del Ejecutivo, de la mano de sus medios propagandísticos de comunicación, ha sido la de apuntar a los manifestantes como autores del desorden. El gobierno abona la desigualdad y amplía la brecha entre sectores vulnerables y el resto de la sociedad como una de las tantas estrategias para dividir a la población. Contra los jubilados, el ensañamiento es absoluto. No conforme con quitarles las medicaciones, interrumpir tratamientos y disminuir sus haberes a las cifras más bajas de los últimos veinte años (vetó el último aumento de miseria aprobado en diciembre por el Congreso), ni con reducir al mínimo el PAMI, criminaliza la protesta. Aquí se analizan los efectos que la Resolución 943/23, más conocida como protocolo antipiquete, produce en el cuerpo social, pese a haberse aprobado la nulidad de dicho decreto el pasado 30 de diciembre, por sentencia de un Juez Federal. Por Andrés Manrique (ANRed). <https://www.anred.org/wp-content/up...>

22.10.2025. Armas largas, maniobras y ejercicios militares asedian a la población

No hay filmación ni foto neutral. No existen voces inocentes. Miramos, por televisión y en redes, o escuchamos por las radios lo que informan los servicios oficiales de comunicación. Lo que estos canales eligen mostrar y decir de acuerdo a los arreglos convenidos con sectores del poder: lo que inventan queda tan cerca de los intereses de particulares, como lejos de lo que pasa.

El protocolo “antipiquete” que sigue esgrimiendo este gobierno y cuya sentencia de nulidad dada por la justicia viene siendo violada por el Ejecutivo desde diciembre, es la herramienta que tiene para mutilar la histórica protesta de jubiladxs y pensionadxs, así como para disciplinar toda manifestación a lo largo y ancho de la Argentina.

Las fuerzas federales y de la ciudad cortan las calles y avenidas de las inmediaciones del Congreso antes de que se despliegue la primera bandera en la zona. Vallan la avenida Rivadavia en su cruce con Callao. Cortan Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Cortan Riobamba y Rivadavia. Cortan Combate de los Pozos. Despliegan un piquete de infantería de la Policía de la Ciudad en Rivadavia a la altura de Luis Sáenz Peña, y otro más sobre Rivadavia angosta, altura Paraná. Y distribuyen fuerzas federales en todas las bocacalles. La ciudad queda sitiada, en suspenso, debido a las medidas represivas del gobierno. Los vehículos pasan tocando bocina, acelerando y poniendo en riesgo a quienes hacen uso del legítimo derecho a la protesta. Las ambulancias se demoran en peripecias para poder atravesar los piquetes policiales y el vallado militar, los vehículos estacionados en dobles filas sobre 9 de julio, en Carlos Pellegrini y Rivadavia, sobre Callao, sobre Rivadavia y en toda la zona. Mediante estos operativos, el Ejecutivo no solo viola el propio protocolo cortando con vallas las calles, sino además el libre tránsito de todo peatón. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

30.07.2025. Militarización del centro porteño

“Militarizan la ciudad, asedian a vecinos.”

Sonia, una vecina de Balvanera declaró que le daba miedo salir a la calle los miércoles, debido al temerario operativo policial: “Recuerdo épocas en que los militares se paseaban con todo al aire por la ciudad, como si nada. Pero estábamos en dictadura. ¿Esto cómo se llama? Desde hace más de dos años que está militarizado mi barrio, las fuerzas asedian a los vecinos. Disparan armas de fuego y gases en la puerta de mi casa. A mi madre ya ni le digo que venga a casa porque me da miedo. Dos amigas se mudaron el año pasado, hartas de que la policía no las deje pasar. La policía ha convertido las calles donde he jugado en mi infancia en un campo de batalla.” Ante la pregunta de por qué ha salido a la calle, responde que por trámites y comida, pero que al pasar por Bartolomé Mitre, casi Callao vio que la policía le cortaba el paso a un grupo de manifestantes que venía por la vereda.

Que la policía corte la traza vehicular y la peatonal sin diferencias es una práctica habitual de las fuerzas para todo aquel que viene o que cubre estas manifestaciones.

El resultado: miles de autos demorados por grupos de fuerzas por el vallado. Trabajadores que tardan más en desplazarse debido a los desvíos a los que someten el transporte público. Estaciones de subte cerradas. Transeúntes que tienen que rodear la zona, obligándoles a recorrer mucha más distancia que la necesaria para evitar carros hidrantes, camionetas de detención, patrulleros y motos, vallas y uniformados en botas, protectores, escudos y cascos; tonfas y armas largas, tubos de gas, pistolas Byrna y Tyser, poco identificados o con identificaciones tapadas. Desvíos para evitar las paredes de escudos armados que van de un frente al otro en avenidas y calles. El gobierno impone el terror y el caos en el centro porteño a partir del monopolio de la fuerza.

Cada operativo, según datos elaborados a través de la secretaría de Hacienda MECON, tiene un costo estimado de 146,5 millones de pesos (a mayo del 2025). El fin: poner a la población en contra de la población. Criminalizar al que se atreva a pronunciar alguna disidencia. La vieja estrategia de dividir para reinar frente a una oposición debilitada. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

8.10.2025. Vallados, encerronas y capturas de militantes a discreción

Efectos del protocolo: violencia institucional; amedrentamiento por abuso de poder; malversación de fondos públicos; atemorización de vecinos; desarticulación de la legítima protesta; censura y autocensura de toda manifestación; violación del derecho a la reunión; disciplinamiento de quienes desean pronunciarse; delitos por mal desempeño; obstrucción de vía pública;

El modo en que sus procedimientos constituyen delitos lo sintetizan las tres causas penales que fallan contra las fuerzas federales: el caso del gendarme Héctor Guerrero que disparó a línea de horizonte (violando el protocolo de uso regular de su escopeta lanza gases), directo a la cabeza de Pablo Grillo; el caso del prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que le vació un ojo a Jonathan Navarro debido al disparo de una posta de goma a corta distancia; y el de la Policía Federal Argentina, cuando Cristian Rivaldi gatilló el gas pimienta, a quemarropa, sobre una niña de 10 años que iba de la mano de su madre. Tres ejecuciones durante la represión contra la marcha de jubiladxs en el Congreso. ¿No bastan como prueba suficiente para, además de sentenciar la nulidad del protocolo, destituir a Patricia Bullrich, entonces Ministra de Seguridad y actualmente con fueros de senadora? <https://www.anred.org/wp-content/up...>

6.08.2025. Imposición de un modelo de exterminio

El lunes 29 de diciembre de 2025, el Juzgado de 1° instancia Contencioso Administrativo Federal de Capital Federal, a cargo del Juez Martin Cormick, resolvió la nulidad del protocolo. Enseguida, desde el gobierno se apeló la sentencia pese a que el Ministerio no puede asumir competencias legislativas. La férrea división de los Poderes garantiza el sistema democrático, siempre y cuando el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial funcionen de manera independiente y autárquica. La imposición de uno sobre otro, independientemente de la herramienta en juego, destruye a la democracia. Entonces con la vecina de Balvanera nos preguntamos: ¿cómo le llamamos al sistema en que nos han metido?

La profundización de la crisis y las dificultades, todas y cada una, dependen de decisiones políticas que está tomando este gobierno. Dentro de estas políticas represivas, y a pesar de todos los inconvenientes, lxs únicxs que sostienen la lucha son lxs jubiladxs, siempre dispuestos a seguir hasta el último aliento. Y hoy, una vez más, el único grupo de auténtica resistencia. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

28.01.2026. Civiles asediados por las Fuerzas represivas