Nuevo ajuste de Jorge Macri hace peligrar la continuidad de los bachilleratos populares porteños

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Los profesores del Bachillerato Popular 2 de diciembre, ubicado en el barrio de Barracas, denuncian la precarización de los trabajadores docentes y no docentes, que ahora deben hacerse cargo del financiamiento de los programas y garantizar por sus propios medios la continuidad de las clases. Esto es debido al desconocimiento de las responsabilidades del Estado a través de un “convenio de colaboración” establecido por el Ministerio de Educación de la Ciudad, que afecta a los múltiples bachilleratos que operan bajo la figura de Unidades de Gestión Educativa Experimental (UGEE). Una medida que se inscribe en un contexto de ajuste presupuestario que también afecta a jardines maternales y a otros espacios educativos. Por ANRed.

El Bachillerato popular 2 de diciembre funciona hace 18 años dentro de la Escuela República de Haití, en Barracas. A continuación, difundimos la denuncia pública de sus docentes:

Si los docentes no pagamos la luz y el agua, cierran la escuela

Así de ridículas son las exigencias que el Gobierno de la Ciudad le impone a muchas de las escuelas de adultos que, hace más de 20 años, funcionan en el ámbito de la CABA.

Hacia fines del año 2025, el Ministerio de Educación de la Ciudad nos informó que iniciaba un proceso de actualización de documentación para las Unidades de Gestión Educativa Experimental y Bachilleratos Populares reconocidos por el Ministerio de Educación. Luego de presentar la documentación exigida, el Ministerio nos hizo llegar lo que denomina un “convenio de colaboración”. En dicho convenio, el Ministerio se desentiende de todas las responsabilidades que el Estado tiene en relación con el funcionamiento de una escuela de Gestión Estatal y transfiere todas esas obligaciones a los docentes. Nuestra escuela, la UGEE N° 6 – Bachillerato 2 de Diciembre, funciona desde hace 18 años en el edificio de la Escuela República de Haití, situada en Lafayette 1879. En el citado convenio se nos impone la obligación de hacernos cargo económicamente del pago de servicios y de la limpieza de las instalaciones; también nos obliga a contratar un seguro a cargo de los docentes de la escuela. Tampoco se nos garantiza la estabilidad laboral ya que el convenio establece que el Ministerio puede no hacerse cargo de la totalidad de la planta orgánica ni del vínculo laboral ante posibles acciones legales, civiles o penales. Asimismo, se desentiende de la cuestión salarial y no garantiza presupuesto para el funcionamiento de las escuelas. El Ministerio llega al ridículo de fijar como fecha de vencimiento del convenio el mes de diciembre del año 2027. De esta manera, los estudiantes que se inscribieron este año no tienen garantizado que su escuela esté abierta cuando deban cursar su 3° y último año de educación secundaria.

Al conjunto de los profesores que trabajamos en esta escuela nos resulta imposible aceptar dicho convenio. Entendemos esta acción, no como una medida para regularizar el funcionamiento de una escuela de adultos, sino como un intento de precarizar al máximo el trabajo docente, llegando al extremo –como se expresa en el título de este comunicado- de financiar servicios y costos de funcionamiento —incluyendo mantenimiento e higiene del edificio— que deberían ser garantizados por el Estado.

Queremos denunciar esta situación que está atravesando la Educación de Adultos y solicitar que se dé difusión ante la opinión pública y se visibilice este nuevo ataque a la Educación Pública.

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